Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello considero no atendible el agravio vertido por la parte actora propiciado su rechazo.
En cuanto a las costas de la instancia se imponen en el orden causado en atención al éxito sólo parcial del recurso de la demandada y el rechazo del agravio del actor. (art. 68 del CPCC) y regular el honorario del Dr. Alberto César Haag como letrado apoderado del actor en el veinticinco por ciento (25%) de lo que se le regule en la instancia de grado. Igual porcentaje del veinticinco por ciento (25%) se regula para la Dra. Mariana Clement como letrada apoderada de la parte demandada teniendo en cuenta la importancia, calidad y eficacia de su labor en la instancia (arts. 13, 18, 19, 24 y concordantes de la ley 3330)
IX. Que por estas razones respondo en forma negativa a la primera cuestión toda vez que entiendo que la sentencia en crisis en cuanto en el último párrafo del considerando IV determina la aplicación (de modo retroactivo) el art. 12 inc. 2 de la LRT según reforma introducida por el art 11 de la ley 27348, sin perjuicio de la justicia del resto de la sentencia. Así lo voto.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8.336/23 Sentencia: Definitiva Actor: Varas Roque David Demandada: Experta ART S.A Objeto: Accidente de trabajo Fecha: 05-06-2.024 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los cinco días del mes de junio de dos mil veinticuatro se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en la Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “VARAS, Roque David c/ Experta ART S.A. s/ accidente de trabajo” Expte. Nº V-36708 del año 2018 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Secretaría Nº 1 de esta ciudad, que ingresaron en la instancia bajo el Nº 8336. A estos fines de se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: Que pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que Roque David Varas con el patrocinio del Dr. Alberto Cesar Haag demanda a Experta ART S.A. persiguiendo el cobro de $ 1.328.780,27 que estima provisoriamente, o lo más o menos a que resulte de la prueba, actualización intereses desde que cada suma es debida y costas en concepto de diferencia de indemnización de pago único, establecida por el art. 14 de la L.R.T. por incapacidad permanente parcial y definitiva resultante de un accidente de trabajo que sufriera como dependiente de San Antonio Internacional S.A. el 17 de noviembre de 2010. Plantea la inconstitucionalidad de normas legales como se resume en la sentencia a la que me remito por brevedad. A fs. 263 se declara la nulidad de la contestación de demanda por no estar matriculada en la provincia la Dra. Clement. A fs. 266 se tiene por no contestada la demanda y a fs. 270 se dispone la apertura a prueba. A fs. 332/341 se presenta la Dra. Mariana Clement por la demandada. Producida la prueba obrante en autos y en la etapa de expedirse sobre el mérito de la prueba solo hace uso del derecho de alegar la parte actora y, cómo surge del acta labrada en PE 463149/2022, ratificó los términos del memorial en PE 728209/2022. Se expide en PE 7833291/2023 el Sr. Agente Fiscal a cargo de la Fiscalía Nº 2 Dr. Martín Sedán contestando la vista conferida con relación a las inconstitucionalidades planteadas.
II. Que se dispuso en PE 498984/2023 el pase de los autos a despacho para dictar sentencia la que se dicta y obra en PE 1075737/2023. En su parte dispositiva declara la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.577, de la resolución 298/17 que regula el procedimiento ante las comisiones médicas, como así de las disposiciones de los Decretos 717/96; 1278/00 y 410/01 en lo que estrictamente se refiere a la regulación de la actuación de los trabajadores ante las comisiones médicas y su competencia conforme considerando II. Declara la inconstitucionalidad del DNU 669/19 conforme los argumentos expuestos en el punto IV de los considerandos. Desestima el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23928 y art. 4 de la ley 25561 en atención al considerando VI. Hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Roque David Varas DNI Nº 26.367.886 en contra de la demandada Experta ART S.A. condenándola al pago de la indemnización del art. 14 inc. 2º apartado a) de la ley 24.557 por la incapacidad sufrida del 15,30% de la T.O. a consecuencia del accidente laboral ocurrido el día 22/05/2015, debiéndose abonar en el plazo de diez días de encontrarse notificada la liquidación a practicarse por el Gabinete Contable Oficial. Dispone en el punto 5 el pase a al Gabinete Contable Oficial a los fines de practicar el cálculo de ingreso base y actualización de las sumas adeudadas, teniendo presente la fecha de la primera manifestación invalidante -22/05/2015- y la redacción establecida para el art. 12 de la ley 24.557, en el art. 11 de la ley 27.348 conforme los parámetros dados en el considerando VII. A continuación impone las costas a cargo de la demandada en calidad de vencida y difiere la regulación de honorarios y determinación de la tasa de justicia al momento procesal oportuno. El resto es de forma.
III. Que ambas partes, disconformes con lo resuelto, interpusieron sendos recursos de apelación. La parte actora lo hace en PE 1098707/2023 y se le concede en PE 682047/2023 libremente y con efecto suspensivo corriendo traslado que es contestado por la demandada en PE 1123368 y en PE695902/2023 se le tiene por contestado en tiempo y forma. La demanda a su turno apela con la pieza de PE 1089059/2023 y se le concede en PE 675925/2023 libremente y con efecto suspensivo y se corre traslado que no es contestado por la parte actora.
Los autos se elevan con la certificación de estilo de PE 1169875/2023. Recibidos se integra Cámara con el Dr. Jorge O. Alonso en PE 1176707 y consentida la integración se dispone llamar autos a sentencia fijando el orden de estudio.
IV. Que la parte actora, como se indicó más arriba, en PE 1098707/2023 se agravia por la ausencia de aplicación del art. 770 inc. b y c del Código Civil y Comercial y lo califica como un yerro, con transcripción del inciso b de ese artículo. Tras señalar los distintos pasos del trámite seguido por el actor hasta que finalizó el trámite ante la Comisión Médica el 11/8/2016, fecha en la que se encontraba vigente el Código Civil y Comercial. Invoca su eficacia temporal conforme el art. 7 de ese cuerpo y doctrina sobre la capitalización de intereses dispuesta por el acta 2764 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo respecto de que ese inciso abarca todo tipo de obligaciones demandadas judicialmente.
Transcribe la opinión del Dr. Roberto C. Pompa en un artículo doctrinario “La capitalización de intereses dispuesta por el Acta 2764 de la Cámara Nacional de Apelaciones del trabajo” publicado en La Ley del 8 de noviembre de 2022. Por ello entiende que corresponde capitalizar los intereses y remite a un cuadro comparativo para demostrar el yerro de la sentencia. Solicita se aplique una capitalización semestral para evitar la pérdida de poder adquisitivo del actor invocando los incisos b) y c) del art. 770 del CCyC. Pide se aplique la tasa activa Banco de la Nación Cartera General Nominal Anual vencida desde la fecha del siniestro hasta el pago de la ART en Comisión Médica (26/8/2016, imputando ese pago primero a intereses y luego a capital (art. 900 CCyC).
Y sobre el saldo resultante de la correcta imputación del pago parcial no cancelatorio de la ART (capital remanente o integro) entiende que continuará devengando intereses desde el día posterior al pago efectuado por la ART en la Comisión Médica (27/8/16) hasta la notificación del traslado de la demanda (art. 770 inc. b CCyC) aplicando la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días (art. 12 LRT modificada por el art. 12 ley 27.348). Continua, pretendiendo que, desde el día siguiente de la notificación de la demanda se acumularán intereses por aplicación analógica del art. 770 inc. c) CCyC a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días (art. 12 LRT modificada por el art. 12 ley 27.348) y operada la mora en el pago de la indemnización se aplicará un interés conforme al promedio tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días (art. 12 LRT modificada por el art. 12 ley 27.348) hasta la efectiva cancelación acumulando los intereses en forma semestral según lo establecido en el art 770 inc. b) del CCyC por aplicación analógica del art. 770 inc. a) del CCyC.
Y en un cuadro demostrativo encuentra una diferencia de $ 31.493.527,6 y por ello entiende afectado el derecho a la propiedad del trabajador y a ser indemnizado justamente. Hace un cuadro demostrativo de la pérdida de poder adquisitivo tomando en cuenta la canasta Básica Alimentaria a la fecha de la sentencia y la del accidente. Formula disquisiciones que se tienen presente. Reserva el caso federal y pide se modifique la sentencia admitiendo se agravio.
V. Que la Dra. Mariana Clément contesta agravios en representación de la demandada. Afirma que el planteo resulta una novedad extemporánea incorporada en esta instancia a pesar que la demanda se había iniciado con posterioridad a la sanción y la entrada en vigencia del nuevo código sin haberse peticionado en el escrito de inicio. Entiende que la pretensión de intereses postulada en ese entonces es también errada al superponer al capital liquidado en función del IBM actualización por art. 12 conforme ley 27.348 (que considera inaplicable a esta causa) desde la fecha del accidente en adelante duplicando la compensación del mismo crédito. (afirma haberla resistida al contestar pero el responde fue anulado).
Sostiene que la falta de requerimiento oportuno impide la capitalización ahora pretendida so pena de violar el principio de congruencia. Invoca el art. 4 de la ley 26.773 y decreto 472/14 la mora en el pago de las prestaciones dinerarias sistémicas opera a los 15 días de notificada la determinación de incapacidad laboral. Afirma que la ILP fijada en sede administrativa fue indemnizada en su oportunidad y por ello entiende que su representada solo puede ser considerada en mora respecto de su pago pasados los 15 días de notificada y firme la sentencia. Sostiene que no corresponde la aplicación del anatocismo del art. 770 CCyC en estos casos pues la norma supone la existencia de una deuda líquida y exigible.
Se refiere a los antecedentes de esta norma el art. 569 del Código Civil al regular el contrato de mutuo, y para intereses moratorios. Por ello estima que no resulta aplicable en los casos en que la deuda no se encuentra determinada al inicio de la demanda, como ocurre en autos donde se persigue el reconocimiento de daños y perjuicios derivados de un régimen especial (LRT) y enmarcarlos en el derecho común cuando dependen de una determinación judicial. Sostiene que esta es la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 342: 85). En el siguiente capítulo sostiene la irretroactividad de la ley 27.348. Cita jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Chubut sobre lo que considera la recta interpretación del art. 12 según texto cuya aplicación se persigue (art. 11 de la ley 27348) y cuyos párrafos en lo que hace al caso transcribe y que se tiene presente.
Sostiene que la ART en el caso cumplió con el pago de la prestación dineraria de conformidad con la liquidación aprobada en aquel entonces y la diferencia aquí reclamada depende de una descalificación constitucional del derecho que regía el caso en materia de liquidaciones por lo que la diferencia no puede considerarse adeudada desde ningún momento anterior a la sentencia. Hace notar que el actor no indica fundamento normativo a la periodicidad semestral de capitalización que no surge de la ley 27348, sino del DNU 669/19 que, en este caso, ha sido declarado inconstitucional. Pide se rechace la capitalización semestral pretendida con base en el art. 770 inc. c del CCyC. Mantiene la reserva del caso federal y pide se rechace la apelación del actor en todas sus partes.
VI. Que la demandada en PE 1089059/2023 había expresado agravios contra la sentencia que no fueron contestados. En el primer agravio ataca la declaración de inconstitucionalidad en abstracto y recuerda, en su argumentación, que el objeto de la demanda es una diferencia en la liquidación de la indemnización de un accidente de trabajo del 22/5/2015 y prestación dineraria correspondiente a una incapacidad laboral permanente del actor del 15,3% por la que se indemnizó en su oportunidad en la suma de $671.310,40. Se había planteado la inconstitucionalidad del valor de ingreso tomado en cuenta por no computar sumas no remunerativas y no actualizadas y pidiendo se aplicara la ley 27.348 vigente a la interposición de la demanda.
Critica la valoración realizada en la sentencia sin analizar la integración efectiva del salario al tiempo del accidente, ni compararla con el valor del ingreso base mensual calculado conforme la ley entonces vigente. Transcribe los términos de la sentencia que reflejan el razonamiento completo del magistrado excluyendo las citas jurisprudenciales y se queja por la ponderación de las variables del caso para demostrar el agravio constitucional que supondría la aplicación del IBM según definición legal. Sostiene que se debió demostrar el agravio concreto probando la magnitud de la reducción de la indemnización de haberse respetado la definición legal del IBM entonces vigente comparándolo con el salario bruto y actualizado al tiempo del siniestro.
Invoca la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en precedentes “Mil de Pereyra” y sucesivos cuyos sumarios transcribe y se tienen presentes. Sostiene que se condenó a su representada por un hecho imposible toda vez que Experta jamás tuvo siquiera la posibilidad de aplicar al caso la ley reclamada, por cuanto el hecho que se juzga ocurrió antes de la sanción de la ley 27348 y afirma que se está juzgando a su representada a la luz de una ley posterior en el tiempo. Ello viola el principio de legalidad del art. 19 de la Constitución Nacional. Indica la fecha del pago efectuado que era anterior a la reforma de la ley. Recuerda que Varas no impugnó en su oportunidad el pago recibido y estar el monto del pago determinado por una disposición legal y de orden público.
Invoca el efecto cancelatorio del pago con cita de jurisprudencia. Concreta el agravio calificando la sentencia de ilegal al apartarse de la norma de regía el caso; ilegítima por haber juzgado en función de una ley inexistente al momento de los hechos; inconstitucional al violar principios de legalidad y debido proceso y confiscatoria respecto de la propiedad de la demandada. Indica el valor del ingreso al tiempo del pago y sostiene que esa es la cuantía de la suma asegurada. Cierra este primer agravio señalando que el IBM aplicado a esta condena y el reclamado en la demanda $113.838,85 no es atendible toda vez que se actualizó a la fecha de la liquidación en lugar de hacerlo a la fecha del siniestro.
En un segundo agravio ataca la sentencia por aplicación retroactiva de la ley 27.348 y desconocer “la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“in re “Espósito Dardo Luis c/ Provincia ART SA s/ accidente-ley especial” 7/06/16)”
Transcribe el art. 20 de la ley 27348 que establece la aplicación posterior a la primera manifestación invalidante y hace hincapié en que la obligación indemnizatoria de Experta nació el mismo día en que tuvo lugar el accidente de trabajo en función de su relación aseguradora por entonces vigente de conformidad con sus pautas y tarifa acordada con cita de jurisprudencia y de doctrina. Explica que al pretender utilizar pautas que no integraban la relación jurídico contractual que motivada la cobertura del siniestro se rompe inevitablemente la relación de equilibrio como ocurrió en este caso y desarrolla la operación matemática que se tiene presente. Defiende la legalidad de la solución del art. 20 de la ley 27.348 al prohibir la aplicación retroactiva de esa ley. Recuerda que no es un ente estatal financiado con impuestos y explica la relación entre lo que cobra por sus servicios y sus costos y que sus capitas por asegurar a los trabajadores antes de la vigencia del nuevo régimen guardaban relación mediante cálculos actuariales con las prestaciones regladas por la LRT. Y que al incrementarse el costo de las prestaciones mediante el RIPTE las capitas se incrementaron lógicamente hacia el futuro por no ser posible aplicarlas retroactivamente.
Argumenta que imponer a una ART la obligación de cubrir prestaciones no aseguradas oportunamente implica una sutil forma de expropiación violatoria del art. 12 de la Constitución Nacional con invocación de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuyos argumentos transcribe y cita.
Sostiene que la inaplicabilidad de la ley 27.348 impide valorar este pago en discordancia con el DNU 669/19 (declarado inconstitucional en la sentencia. Sostiene que ese decreto en tanto modificatorio de la ley 27.348 no es aplicable a pagos ocurridos con anterioridad al dictado de la propia ley que tuvo por objeto reformarla. Tampoco se había dictado cuando tuvieron lugar los hechos de la causa.
Como corolario sostiene que ni la ley 27.348 ni el DNU 660/19 eran pautas válidas para juzgar la constitucionalidad del pago que fue anterior a la existencia de esas normas.
Sostiene que el planteo de inconstitucionalidad debió quedar centrado en el análisis del art. 12 según texto reformado por el DNU 1278/00 que no computaba las sumas no remunerativas y se basaba en las 12 remuneraciones del año anterior.
Hace notar que juzgados los hechos al tiempo en que tuvieron lugar, “lo único que el actor pudo plantear y no lo hizo, fue una diferencia significativa (al punto de afectar su derecho de propiedad de amparo constitucional) entre la remuneración bruta percibida a la fecha del accidente y el IBM que se tomó por base de su indemnización.” Es decir resulta inferior a la pauta brindada por la CSJN para descalificar como inconstitucional la base salarial a los fines indemnizatorios. Por ello sostiene, con números, que existe una diferencia que no alcanza al 10% y transcribe fundamentos de la sentencia de Fallos 327:3677. Pide se revoque la sentencia y se disponga el rechazo de la demanda. Mantiene la reserva del caso federal.
VII. Que en primer lugar debo aclarar que cuando la demandada contesta agravios sostiene haber resistido, en la contestación de demanda, la capitalización de intereses (último renglón capítulo II párrafo A al dorso). Pero en autos se ha declarado la nulidad del escrito de responde, a fs. 263 por falta de reempadronamiento de la Dra. Clement, y no cumplir la intimación, providencia que no fuera materia de recurso. Por ello esa manifestación queda como un develamiento de una intención no materializada en la causa, en la etapa de traba de la litis.
Aclarado ello, por un motivo de lógica comenzaré el examen de los recursos ingresando primero en los vertidos por la parte demandada, habida cuenta que el resultado de este examen puede influir en los agravios de la parte actora.
Así, a fin de ir clarificando los temas traídos a conocimiento de esta instancia considero que en primer lugar debo tratar la queja de la demandada desarrollada en su segundo agravio donde se queja por la aplicación retroactiva de la ley 27.348. Para este análisis se debe tener en cuenta que la propia norma establece en su art. 20 que:
“La modificación prevista al artículo 12 de la ley 24.557 y sus modificatorias, se aplicará a las contingencias cuya primera manifestación invalidante resulte posterior a la entrada de la presente ley.”
Ello es claro en el sentido que se encuentra vedada la aplicación retroactiva de la modificación del art. 12 de la ley 24.555, que solo se aplicará a las contingencias cuya primera manifestación invalidante resulte posterior a la entrada en vigencia de esa ley (5 de marzo de 2017) publicada en el BO el 24 de febrero de 2017. Y, de autos se desprende que la primera manifestación invalidante ocurre, indudable y concurrentemente, el mismo día del accidente (22 de mayo de 2015) toda vez que sufre, entre otras lesiones, la amputación a nivel interfalángico del dedo meñique de la mano izquierda. O sea, que ninguna duda o esperanza de curación total podía aspirar por la atención médica. Así lo resolvió la sentencia en crisis en el punto 5 del fallo, al establecer esa fecha, sin que fuera controvertido por recurso. Ergo, en la sentencia se incurre en el error de, no obstante establecer la fecha de la primera manifestación invalidante el 22/05/2015, y sin perjuicio de ello, instruye a la Oficina Contable para que, a los fines del cálculo del ingreso base y actualización de las sumas adeudadas, tenga presente la fecha de la primera manifestación invalidante y la redacción establecida para el art. 12 de la ley 24.557 en el art. 11 de la ley 27348 conforme los parámetros dados en el considerando VII. No se ha declarado la inconstitucionalidad del art. 20 de la ley 27.348 que, aunque fue solicitada, no es procedente, y se fija pautas para que el gabinete contable practique una liquidación aplicando una norma que la misma ley declara no aplicable al caso. Choca además contra una norma general, tal es el art. 7 del Código Civil y Comercial que dispone: “Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.”
La norma es clara, y en el caso del art. 12 sin que se haya dispuesto su aplicación retroactiva, sino que en el art. 20 se descarta su aplicación en el caso. Por ende no pudo ser aplicable sobre todo teniendo en cuenta que a la fecha del dictado de la ley 27.348 se había abonado el siniestro por una compañía aseguradora de riesgos del trabajo que, como tal, se encuentra obligada a cumplir con toda la reglamentación y someterse a auditorías y controles por la autoridad. Por ello se admite este segundo agravio y se modifica la sentencia en cuanto impone a la Oficina Contable la utilización retroactiva del art. 12 de la ley 24557 en la redacción establecida en el art. 11 de la ley 27.348 violando lo dispuesto en dicha ley en su art. 20 y los principios de irretroactividad de las leyes.
Debemos ahora ingresar en el primer agravio de la demandada en que se queja por lo que entiende se trata de una declaración de inconstitucionalidad en abstracto. En la sentencia el magistrado afirma que debe expedirse acerca del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.552 en su redacción original (ver considerando IV tercer párrafo) pues el actor solicitó se aplique el art. 12 con la modificación del art. 11 de la ley 27.348 (aunque debo agregar que el actor pidió expresa y concretamente se declarara esa inconstitucionalidad a fs. 33 y siguientes). Pero en la parte resolutiva del pronunciamiento en crisis no menciona al art 12 de la ley 24.552 (ni en la nueva o vieja redacción) entre las otras normas afectadas por la declaración de inconstitucionalidad contenida en los puntos 1 y 2 del fallo, ni en el punto 3, la incluye entre las normas cuyos planteos de inconstitucionalidad fueron desestimados.
Sólo hace referencia al art. 12 de la ley 24.557, conforme redacción art. 11 de la ley 27348, en el punto 5 del fallo en cuanto fija las pautas al Gabinete Contable para realizar la liquidación. Pero en el texto del considerando IV se pronuncia por la inconstitucionalidad de la norma, pero con fundamentos que la demandada califica de abstractos al no analizar las circunstancias de autos. Entiendo que, como sostiene la demandada, cualquier declaración de inconstitucionalidad no debe realizarse en abstracto sino relacionándola con las variables de caso pues toda declaración de inconstitucionalidad sólo tiene alcance para el caso particular. Es decir, se debe fundar con relación a las circunstancias de hecho y derecho del caso en que se pronuncia La sentencia entre los elementos que pondera se encuentra el dictamen fiscal en PE 783291/2023 y cita jurisprudencia pero no analiza si el sistema de la LRT en su art. 12 ha causado un perjuicio que supere el porcentaje aceptado para considerar confiscatorio al utilizar el porcentaje de un año sin tener en cuenta la desvalorización monetaria en cada período.
Pero, la demandada en “conclusiones” de sus agravios señala una diferencia significativa en el cálculo del IBM al tomar la remuneración “al punto de afectar su derecho de propiedad de amparo constitucional entre la remuneración bruta percibida a la fecha del accidente y el IBM que se tomó por base de su indemnización. Esta admisión permite que no se tenga en cuenta sí se realizó o no este reclamo en la demanda toda vez que por imperio de lo dispuesto por el art. 40 de la ley 1444 los tribunales estamos autorizados a fallar “ultra petita” supliendo la omisión del demandado para llegar a un resultado justo. Por ello ante esta admisión de la parte demandada se debe rechazar el primer agravio y mantener la declaración de inconstitucionalidad expuesta en el considerando IV, pero sólo en tanto y en cuanto no incluye los componentes no remunerativos de los haberes del actor a los fines de determinar el IBM, modificando en este sentido la sentencia. Así lo propongo al Acuerdo.
VIII. Que establecido lo que antecede queda abierto el camino para analizar los agravios vertidos por el actor en PE 1098707/2023 y contestado por la demandada en PE1123368/2023.
Que en su agravio la parte actora cita y se apoya en su recurso en la opinión del Dr. Roberto C. Pompa exteriorizado en un artículo doctrinario “La capitalización de intereses dispuesta por el Acta 2764 de la Cámara Nacional de Apelaciones del trabajo”, acta de la que extrae los argumentos de su agravio.
Pero esa Acta 2764 de la Cámara Nacional del Trabajo fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa 'Olivia Fabio Omar c/ Coma S.A. s/ despido'” del 29 de febrero de este año 2024, de amplia repercusión.
Sostuvo en resumen la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la capitalización periódica establecida en el acta referida y ordenada por la Cámara en ese caso contradice el art. 770 del CCyC que prohíbe los intereses sobre intereses y que esa capitalización periódica y sucesiva dispuesta según acta 2764/2022 carece de fundamento en las disposiciones legales invocadas por el tribunal. Recordó que, aunque los jueces tienen discreción en la aplicación de intereses en causas laborales, ello no justifica resultados desproporcionados ignorantes de la realidad económica. Se sostuvo que el art. 770 establece que no se deben cobrar intereses sobre intereses, salvo excepciones que no se daban en el caso. Afirmó que, en el fallo y en el acta 2764, se ignoró el principio general establecido por el legislador y se creó una excepción no contemplada. Esa capitalización periódica y sucesiva de intereses ha resultado en un incremento desmesurado de la deuda, sin justificación económica excediendo, sin justificación, los límites razonables que establece la ley. Al entender que el fallo al aplicar el acta referida, no se basó en una interpretación razonable del derecho vigente, lo desestima por aplicación de la doctrina establecida por la Corte Suprema en los casos de sentencias arbitrarias. En efecto, en esa causa, se excedieron los límites razonables toda vez que, sobre un capital que al 27 de febrero de 2015 arrojaba un total de $2.107.531,75, el 24 de noviembre de 2023 se aprobó una liquidación, con capitalizaciones anuales progresivas de intereses a la suma de $ 165.342.185,66 o sea un incremento del capital del 7.745,30%.
No se tiene una idea, en abstracto, de lo exorbitante de los incrementos a que lleva el anatocismo. En el caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia referido, con capitalización anual (se debe tener presente que en estos autos se pidió capitalización por períodos semestrales) en ocho años el capital se multiplicó un poco más de 77 veces. Shylock se frotaría de gusto sus manos con una inversión semejante que diera tan usuraria renta.
No debemos olvidar por otro lado que, si la intención del legislador ha sido la de sancionar al deudor moroso, no es de aplicación la norma habida cuenta que no se puede entender que la ART demandada incurrió en mora.
En efecto, debemos tener presente que el art. 886 del Código Civil y Comercial, en su primer párrafo (que es el que nos interesa) dispone:
“la mora del deudor se produce por el transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación”
Mientras que el art. 887 del mismo cuerpo legal se refiere a las excepciones al principio de la mora automática.
Pero, en el caso de autos, hasta que un pronunciamiento judicial firme determine una obligación por parte de Experta ART SA aquí demandada, no existía mora de su parte. Ella había cumplido con los pagos correspondientes al dictamen de la Comisión Médica.
Mal podría estar en mora de una obligación que (con independencia del resultado de este recurso) precisamente se determinó en la sentencia en crisis y se fijó un plazo para el pago. Por ende no se puede sostener que existe un incumplimiento deliberado de su parte. Aquí debemos tener en cuenta además que, como aseguradora de riesgos del trabajo, cuenta con una serie de controles de las normas reglamentarias del sistema, para evitar el desfinanciamiento mediante pagos sin causa.
Por ello considero no atendible el agravio vertido por la parte actora propiciado su rechazo.
En cuanto a las costas de la instancia se imponen en el orden causado en atención al éxito sólo parcial del recurso de la demandada y el rechazo del agravio del actor. (art. 68 del CPCC) y regular el honorario del Dr. Alberto César Haag como letrado apoderado del actor en el veinticinco por ciento (25%) de lo que se le regule en la instancia de grado. Igual porcentaje del veinticinco por ciento (25%) se regula para la Dra. Mariana Clement como letrada apoderada de la parte demandada teniendo en cuenta la importancia, calidad y eficacia de su labor en la instancia (arts. 13, 18, 19, 24 y concordantes de la ley 3330)
IX. Que por estas razones respondo en forma negativa a la primera cuestión toda vez que entiendo que la sentencia en crisis en cuanto en el último párrafo del considerando IV determina la aplicación (de modo retroactivo) el art. 12 inc. 2 de la LRT según reforma introducida por el art 11 de la ley 27348, sin perjuicio de la justicia del resto de la sentencia. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
X. Comparto el relato de las cuestiones traídas a resolver, y en particular sobre la interpretación de la capitalización de intereses reitero lo decidido en los autos "PEREA, VICENTE RAMÓN C/ SWISS MEDICAL ART S.A. S/ LABORAL" Expte. N° 37369 (T: XCIX SENTENCIAS, REG.3034, F.137/139, Prot. Elec.- A201 046 S.231) y “BARRIA JONATHAN AUGUSTO C/EXPERTA ART SA S/ LABORAL" Expte. N° 37544 (T:C SENTENCIAS, REG.: 3049, F: 054/057, PROT. ELECT. A201 009 S241, 15/4/2024) en cuanto a que la posibilidad de capitalizar intereses desde la notificación de la demanda no fue un capítulo propuesto el Juez de grado en la demanda. Al momento de iniciar la causa en sede judicial ya se encontraba vigente el actual Código Civil y Comercial. El art. 90 de la ley 1444 de similar redacción que el art. 264 del CPCC señala que los agravios deben contener una crítica concreta y razonada de la sentencia; y no se puede en dicha oportunidad procesal introducir capítulos nuevos sin riesgo de transgredir el principio de congruencia de raigambre constitucional (art. 18 CN). Comparto además el análisis de interpretación del art. 12 de la ley de especial y demás cuestiones analizadas. Adhiero al voto que antecede. -
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XI. Que en función de las consideraciones vertidas al responder a la anterior cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir parcialmente los agravios vertidos por la demandada y rechazar el agravio expresado por el actor. 2º) Mantener parcialmente la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24557 expuesta en el considerando IV pero sólo en tanto y en cuanto no incluye los componentes no remunerativos de los haberes del actor a los fines de determinar el IBM y modificar el punto 5 de la sentencia y señalar como pauta al Gabinete Contable que, a los fines de determinar el IBM, deben tomarse además los componentes no remunerativos y como la primera manifestación invalidante el 22/5/2015 y confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de agravios. 3º) Las costas de la instancia se imponen en el orden causado (art. 68 del CPCC) y regular el honorario del Dr. Alberto César Haag como letrado apoderado del actor en el veinticinco por ciento (25%) de lo que se le regule en la instancia de grado. Igual porcentaje del veinticinco por ciento (25%) se regula para la Dra. Mariana Clement como letrada apoderada de la parte demandada teniendo en cuenta la importancia, calidad y eficacia de su labor en la instancia (arts. 13, 18, 19, 24 y concordantes de la ley 3330) 4º) Tener presente la reserva del caso federal de PE 1098707/2023; PE 1089059/2023 mantenida en PE 1123368/2023. 5º) Regístrese, notifíquese y consentida remítase al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XII. Al ajustarse la propuesta a lo establecido en el Acuerdo al tratar la primera cuestión comparto la propuesta que antecede y adhiero al voto del preopinante.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 05 de junio de dos mil veinticuatro
Y
1. Admitir parcialmente los agravios vertidos por la demandada y rechazar el agravio expresado por el actor.
2. Mantener parcialmente la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24557 expuesta en el considerando IV pero sólo en tanto y en cuanto no incluye los componentes no remunerativos de los haberes del actor a los fines de determinar el IBM y modificar el punto 5 de la sentencia y señalar como pauta al Gabinete Contable que, a los fines de determinar el IBM, deben tomarse además los componentes no remunerativos y como la primera manifestación invalidante el 22/5/2015 y confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de agravios.
3. Las costas de la instancia se imponen en el orden causado (art. 68 del CPCC) y regular el honorario del Dr. Alberto César Haag como letrado apoderado del actor en el veinticinco por ciento (25%) de lo que se le regule en la instancia de grado. Igual porcentaje del veinticinco por ciento (25%) se regula para la Dra. Mariana Clement como letrada apoderada de la parte demandada teniendo en cuenta la importancia, calidad y eficacia de su labor en la instancia (arts. 13, 18, 19, 24 y concordantes de la ley 3330)
4. Tener presente la reserva del caso federal de PE 1098707/2023; PE 1089059/2023 mantenida en PE 1123368/2023.
5. Regístrese, notifíquese y consentida remítase al Juzgado de origen. El Dr. Mario A. Albarrán no suscribe la presente por no existir disidencia. - FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201018S.241 Tomo: C Sentencia: 3058 Folio Nº: 110/119 Secretaria: 1
Fin de la sentencia