Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa A-17861-BB0E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Facundo Martín Varela con fecha 04-09-2026, y confirmar el fallo de grado en cuanto fue materia de agravio. Costas de alzada en el orden causado (cfr. arts. 68, segundo párrafo, del CPCC; art. 25 de la ley 13.928, modif. por ley 14.192 y Considerando III).
2Estese a la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia que se practica por separado.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa A-17861-BB0E "VARELA, FACUNDO MARTIN c. DIRECCION OBRA SOCIAL EMPLEADOS MUNICIPALES (DOSEM) s. AMPARO" , con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Ucín y Mora .
I. Mediante sentencia dictada con fecha 01-09-2026 la magistrada a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 7 del Departamento Judicial de Bahía Blanca rechazó la acción de amparo promovida por Facundo Martín Varela contra la Dirección Obra Social Empleados Municipales (DOSEM), al no encontrar configurado un accionar manifiestamente ilegítimo o arbitrario de la Entidad demandada respecto de la prestación reclamada por su afiliado.
II. Contra del citado fallo el amparista interpuso recurso de apelación en legal tiempo y forma (cfr. presentación de fecha 04-09-2026), el cual fue concedido el 07-09-2026) y replicado por la contraria el día 10-09-2026.
III. Radicado el expediente electrónico ante esta Alzada, y puestos los autos al Acuerdo para examen de admisibilidad del recurso y, en su caso, para sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Es fundado el recurso articulado por el actor contra el rechazo de la demanda?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Ucín dijo:
I.1. Luego de una atenta lectura de las constancias que conforman el expediente electrónico radicado ante esta Alzada, se extraen los siguientes datos útiles para dar respuesta al interrogante planteado.
1.1. Facundo Martín Varela promovió la presente acción constitucional con el objeto de obtener un mandato jurisdiccional que ordene, a la citada Obra Social municipal, otorgar cobertura total e integral (al 100%) de la prestación así especificada: " intervención quirúrgica de Cirugía Bariátrica y/o toda otra prestación (previa y posterior a la mencionada intervención), relativa al tratamiento y/o rehabilitación definitiva de la enfermedad, solicitando en este acto y por los fundamentos que detallaré que dicho tratamiento sea realizado por la Dra. Priscila Antozzi, y su equipo multidisciplinario, en las instalaciones del Hospital Regional Español, y/o en el Hospital Italiano Regional del Sur y/o en la Clínica Raúl Matera y/o cualquier otra institución sita en la ciudad de Bahía Blanca que la Dra. Antozzi y su equipo médico designen a tal fin, debiendo la demandada costear la cobertura mencionada de acuerdo a los presupuestos médicos acompañados en autos (de los cuales se solicitará su actualización al momento de la sentencia definitiva), haciendo cesar así su actual conducta lesiva (conf. apartado "I. Objeto", del escrito de demanda digitalizado con fecha 24-10-2025, mantenido en la presentación del 27-03-2026 y en la ampliación de prueba presentada el 16-04-2026) .
A fin de sustentar la pretensión formulada en tales términos, alegó que presentó a la accionada todos los antecedentes que le fueron requeridos y, si bien DOSEM reconoció la cobertura de la cirugía bariátrica, la condicionó a la intervención de un médico diverso a la Dra. Antozzi, profesional por el elegida (v. en este punto, aclaraciones efectuadas en la presentación de fecha 27-03-2026).
Señaló que, el comportamiento de la demandada lesionó con ilegitimidad manifiesta su derecho fundamental a la salud y a una adecuada calidad de vida, por cuanto soslayó, la resolución 742/2009, la cual reconoce el derecho del paciente a la libre elección del profesional tratante. Máxime -agregó-, cuando la Dra. Priscila Antozzi, con quien generó un excelente vínculo de confianza, figura en la cartilla de prestadores de DOSEM.
Destacó que la Dra. Antozzi es la única en Bahía Blanca que cuenta con la tecnología, experiencia y equipo multidisciplinario adecuados para el tratamiento de la obesidad, por lo que obligarlo a someterse a una intervención compleja, como lo es la cirugía bariátrica, con un médico desconocido aumenta innecesariamente el riesgo de complicaciones y compromete seriamente el éxito del tratamiento (v. apartado "IV.5." del escrito de demanda).
Argumentó acerca de la importancia del vínculo médico paciente y de como la confianza repercute en el resultado de la intervención, su seguimiento y tratamiento postquirúrgico, el cual -según expresó- es aún más relevante que la cirugía.
Por último, señaló que el costo de la cobertura reclamada surge claramente de los presupuestos acompañados con la demanda (cfr. apartado "IV.9" del escrito de demanda).
Citó extensos pasajes de fallos y profusa normativa que estimó aplicables al caso, y respaldó los extremos reseñados en la prueba documental que se detalla a continuación: (i) cartilla de profesionales médicos prestadores de DOSEM, en la cual figura la Dra. Priscila Antozzi - clínica quirúrgica; (ii) intercambio de mensajes vía WhatsApp entre el afiliado y DOSEM; (iii) prescripción médica suscripta por la mencionada profesional con fecha 04-08-2025 que señala "solicito autorización para realizar cirugía bariátrica" (seguidamente se indican los insumos requeridos para la operación); (iv) consentimiento informado para cirugía bariátrica suscripto por el amparista con fecha 30-09-2025; (v) presupuesto emitido con fecha 29-07-2025 por el Centro de Cirugías Especiales, por un total de $14.909.600, que no incluye gastos sanatoriales ni honorarios del médico anestesista; (vi) presupuesto emitido con fecha 29-07-2025 por el Centro de Cirugías Especiales, por un total de $4.734.800, que no incluye insumos necesarios para la cirugía, ni gastos sanatoriales, ni honorarios del médico anestesista; (vii) resumen de historia clínica suscripto con fecha 29-07-2025 por la Dra.
Priscila Antozzi, en el que consigna "Paciente de 43 años con diagnóstico de obesidad grado III, con antecedentes de obesidad desde la niñez. Desde hace más de 5 años padece aumento progresivo del peso, sin lograr reducirlo a través de diferentes tratamientos alternativos. Dichos tratamientos los ha realizado con profesionales de la salud, durante más de 1 año, para poder controlar su obesidad, y que, si bien tenían éxito inicial, fracasaban luego por no poder sostenerlos en el tiempo. Actualmente tiene un índice de masa corporal de 60.24 Kg/m2 y presenta distintas co-enfermedades asociadas directamente a su obesidad (Antecedentes personales de Hipertensión Arterial, SAHOS con requerimiento de CPAP, esteatosis hepática, insulino resistencia, gastritis crónica, varicopatía y edemas de miembros inferiores, estrías, dolores osteoarticulares crónicos, trastorno de adaptación psicosocial secundario a la obesidad) que empeoran su calidad de vida.
El riesgo quirúrgico, evaluado según escala ASA (American Society of Anesthesiologists Physical Status Scale) es aceptable. No es adicto a las drogas ni al alcohol y tiene estabilidad psicológica. El paciente comprende claramente la cirugía y tratamiento posterior a realizarse, aceptando el mismo y estando dispuesto a someterse a las directivas que imparta el equipo multidisciplinario en pos del cuidado y evolución favorable de la intervención realizada. Muestra entera confianza en los profesionales actuantes, por la idoneidad y experiencia de estos, y por haber sido quienes trataron su enfermedad hasta ahora. Luego de haber evaluado sus antecedentes, su condición clínica, nutricional y psicológica, este equipo médico propone como único tratamiento con probabilidades concretas de éxito se someta a cirugía bariátrica"; (viii) informe de antecedentes clínicos familiares y personales de fecha 23-07-2025; (ix) liquidación de haberes correspondiente al mes de septiembre de 2025, por la suma de $942.883; (x) nota de fecha 30-09-2025, suscripta por Rubén Oscar Rivera, en carácter de Director de la Obra Social municipal que dice ". en relación con la solicitud presentada por usted, respecto de la práctica quirúrgica cirugía bariátrica, se informa lo siguiente: 1.
Cobertura reconocida: La intervención requerida se encuentra contemplada dentro de las prestaciones obligatorias establecidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO) y normativa vigente en materia de salud (Ley 23.660, Ley 23.661 y sus modificatorias), motivo por el cual DOSEM garantiza su cobertura integral. 2. Evaluación presupuestaria y principio de equidad: Analizada la documentación acompañada, se efectuó la correspondiente comparación de presupuestos entre distintos prestadores habilitados. En dicha evaluación se constató que, por igual prestación quirúrgica, uno de los prestadores -el Dr. López- cotizó la suma de $3.893.762, importe notoriamente inferior al presupuesto inicialmente acompañado.
Conforme al principio de equidad, al principio de igualdad de trato entre afiliados y al principio de sostenibilidad financiera y solidaridad que rige a las obras sociales sindicales y municipales, corresponde a DOSEM optar por el presupuesto menor, siempre que garantice la misma calidad y eficacia de la práctica médica requerida. 3. Imposibilidad de aceptar valores discrecionales: Resulta improcedente que la Obra Social deba someterse a valores discrecionales o exorbitantes fijados unilateralmente por determinados profesionales, en tanto ello importaría un grave perjuicio para el erario común de la institución y, por ende, para la totalidad de los afiliados que sostienen el sistema solidario.
El reconocimiento de coberturas debe ceñirse a parámetros razonables, objetivos y proporcionales, evitando inequidades o privilegios que vulneren la igualdad prestacional. 4. Prestación autorizada: En virtud de lo expuesto, DOSEM autoriza la cirugía solicitada con cobertura integral conforme al presupuesto del Dr. López. 5. Opción del afiliado: En caso de que el afiliado elija llevar adelante la intervención con un prestador distinto, DOSEM reconocerá hasta el valor autorizado conforme al presupuesto del Dr. López, quedando a cargo del afiliado la diferencia resultante. De este modo, se garantiza el acceso a la práctica solicitada en los términos de la normativa vigente, respetando los principios de equidad, solidaridad y sostenibilidad que rigen el sistema de salud municipal"; (xi) presupuesto emitido por el Dr.
López por la suma de $3.893.762, que no incluye honorarios de anestesiología ni gastos sanatoriales; (xii) informe nutricional suscripto con fecha 29-07-2025 por la Lic. Gisela Latini, integrante del Centro de Cirugías Especiales e (xiii) informe psicológico suscripto con fecha 01-09-2025 por el Lic. Nicolás Leobono.
1.2. En oportunidad de replicar los argumentos actorales (cfr. presentación de fecha 16-04-2026), la letrada representante de la Entidad demandada postuló que, a través de la acción constitucional intentada, el amparista procura obligar judicialmente a DOSEM a afrontar una erogación extraordinariamente superior al costo de la cirugía autorizada, exclusivamente por su preferencia personal respecto de la profesional elegida, sin acreditar circunstancia médica objetiva alguna que torne indispensable, excluyente o irreemplazable la intervención de la Dra. Priscila Antozzi.
Destacó que DOSEM reconoció la necesidad de que el afiliado se someta a la cirugía bariátrica prescripta y, además, garantizó la cobertura. De allí que -según lo apuntó- el actor no pretende obtener por esta excepcional vía la referida prestación, sino trasladar al sistema solidario una preferencia estrictamente individual y económicamente desmedida.
Adujo que la diferencia de costos entre ambas alternativas prestacionales resulta manifiestamente desproporcionada, pues el presupuesto emitido por la Dra. Antozzi supera en el doble al correspondiente a análoga práctica quirúrgica ofrecida por DOSEM mediante otro profesional plenamente habilitado e idóneo.
Señaló que el carril del amparo no puede ser utilizado como herramienta destinada a imponer preferencias personales, criterios subjetivos o modalidades prestacionales económicamente más gravosas cuando el derecho a la salud ya se encuentra debidamente garantizado; circunstancia que permite descartar los argumentos planteados por el actor en orden a la existencia de una arbitraria negativa de cobertura, que lesionó con ilegalidad manifiesta los derechos invocados en la demanda.
Sostuvo que, admitir la pretensión articulada por el accionante implicaría imponer a la Obra Social la obligación de convalidar erogaciones manifiestamente superiores a las ofrecidas, carentes de sustento médico objetivo suficiente, comprometiendo gravemente los principios de razonabilidad administrativa, equidad entre afiliados y sustentabilidad financiera que necesariamente deben regir la actuación de una Entidad de naturaleza pública y solidaria.
Acompañó con su responde: (i) carta documento remitida por el Sr. Varela a DOSEM el día 16-08-2025; (ii) carta documento de fecha 27-08-2025 dirigida al actor, en la cual se requirió la observancia de los recaudos exigidos en la Resolución 1420/2022; (iii) nota de fecha 30-09-2025, mediante la cual se autorizó la cobertura (íntegramente transcripta en el apartado anterior).
En los términos precedentemente reseñados quedó trabada la litis .
2. Concluida la etapa probatoria, la jueza de grado dictó sentencia desestimatoria de la pretensión.
Para así decidir, consideró que, si bien no se encontraban controvertidos el diagnóstico del actor, la indicación quirúrgica ni la obligación de cobertura de la demandada, no se demostró que la alternativa prestacional ofrecida por DOSEM resultara médicamente inadecuada o que la intervención de la profesional elegida por el amparista revista carácter indispensable.
Tuvo en cuenta el dictamen médico presentado con fecha 02-06-2026, en el siguiente punto: "si la cirugía bariátrica indicada al actor puede ser válidamente realizada por distintos profesionales debidamente habilitados en la especialidad, resulta afirmativa. A su vez seguidamente la Dra. Scoppa - médica legista oficial de la Asesoría Pericial Departamental- indica que no existe elemento médico objetivo que permita concluir que únicamente la Dra. Priscila Antozzi puede efectuar la práctica requerida, que la intervención ofrecida mediante el Dr. Hernán Martín López resulta equivalente desde el punto de vista terapéutico y quirúrgico y que la documentación acompañada no acredita ningún riesgo diferencial, técnica exclusiva o circunstancia excepcional que justifique necesariamente la elección pretendida por el actor" .
Apreció que similar panorama se reflejaba en los informes realizados por el perito psicólogo designado en autos. Al respecto, verificó que, "en las explicaciones brindadas por dicho profesional en su presentación de fecha 12-08-2026, al ser consultado sobre cuál es el perjuicio que causa a un obeso mórbido la imposición de profesionales médicos que no son de su confianza, indicó que no responde a una particularidad del obseso mórbido el perjuicio que puede causar la imposición del profesional tratante, estará el efecto propio de cualquier cosa impuesta a cualquier sujeto, pero no en su calidad de sujeto con obesidad mórbida ni por la imposición per se". A su vez en relación con cuáles son los beneficios que trae aparejada la realización de cirugía bariátrica en pacientes obsesos mórbidos, el perito sostuvo que, los beneficios psíquicos primarios a nivel imaginario, del narcicismo del sujeto, pueden resultar evidentes: aumento de autoestima, aumento de valía persona, mayor productividad, desinhibición. Sin embargo, implica reencontrarse con aquello que subyace como causa, con aquello a lo que la obesidad respondía y eso puede resultar un cimbronazo para el sujeto, no siempre benéfico en el primer momento. Ahí radica la importancia de un espacio psicoterapéutico no orientado en la reeducación, sino en la causalidad psíquica de su padecimiento".
A partir de tales datos, concluyó que no existían elementos a partir de los cuales inferir razonablemente que la realización de la cirugía por un profesional distinto al seleccionado por el actor condicionaría los resultados pretendidos con la intervención ni la efectividad del tratamiento propuesto.
Con esa perspectiva, ponderó los presupuestos obrantes en las actuaciones, y constató que ambas opciones no diferían en cuanto al material quirúrgico, y/o kit de cirugía bariátrica contemplados, ni en lo atinente al alcance de la cobertura. Constató, además, que ninguno incluía derechos sanatoriales ni honorarios del anestesista. Verificado ello, expuso que la diferencia entre ambas propuestas sólo residía en los valores de los honorarios profesionales y aparatología.
Destacó, también, que el amparista no logró demostrar que el profesional propuesto por la Obra Social resultaba menos idóneo para llevar adelante la referida práctica; que su intervención pudiera condicionar el resultado de la cirugía o que incida en la efectividad del tratamiento. Y tampoco que represente un menoscabo a su bienestar psico-físico o restrinja, altere o afecte de algún modo su derecho a la salud de manera que permita calificar tal accionar como ilegítimo, arbitrario o irrazonable en modo alguno.
Por último, sostuvo que la circunstancia de que la Dra. Antozzi sea efectivamente prestadora de la accionada no obliga a ésta a autorizar sus presupuestos en forma automática, ni le impide optar por otros prestadores que resulten opciones igualmente válidas con menor costo. Máxime, si de esa forma se posibilita un razonable manejo de los recursos disponibles de manera de dar respuesta adecuada y garantizar los derechos de la totalidad de los afiliados.
Y ello -concluyó-, no implica desatender el seguimiento posquirúrgico a través de dicha profesional y su equipo interdisciplinario, pues advirtió que tal circunstancia no fue materia de debate en las actuaciones ni figura presupuestado.
En base a tales fundamentos rechazó la pretensión actoral.
3. El amparista puso en crisis el fallo de grado en función de los siguientes argumentos.
Señaló, inicialmente, que el verdadero objeto de su pretensión consistía en preservar la continuidad del tratamiento interdisciplinario iniciado con la profesional elegida y su equipo. Reiteró que la Dra. Antozzi integra la cartilla de prestadores de DOSEM y que, junto con su equipo, intervino en las etapas de evaluación, diagnóstico, preparación nutricional, clínica y psicológica, razón por la cual prescribió la cirugía.
Expuso que la sentenciante omitió examinar si resultaba legítimo que la Obra Social sustituya unilateralmente a los profesionales tratantes, una vez desarrollado ese proceso asistencial y consolidada la relación de confianza medico paciente.
Sostuvo que la magistrada apuntaló el fallo en las conclusiones de la pericia médica relativas a la equivalencia técnica y quirúrgica de las alternativas ofrecidas, más soslayó que la cirugía constituye solamente una etapa del tratamiento integral de la obesidad mórbida. Aseveró que el abordaje de su enfermedad comprende prestaciones clínicas, nutricionales y psicológicas, tanto previas como posteriores a la intervención, cuya importancia se encuentra reconocida en la resolución 742/2009.
Alegó que la equivalencia entre dos procedimientos quirúrgicos no permite concluir que los tratamientos interdisciplinarios resulten igualmente equivalentes, a la vez que objetó el tratamiento aislado que la magistrada confirió a la práctica quirúrgica, con desatención de la continuidad del proceso terapéutico.
Reiteró la relevancia del vínculo médico-paciente contemplado en el inciso 12 del apartado 4 del anexo I de la resolución 742/2009, y señaló que ese requisito se encuentra debidamente acreditado en la historia clínica adjuntada como prueba. Destacó que no pretende obtener cobertura mediante un profesional ajeno al sistema prestacional, sino mantener la atención con quien fue elegido entre los profesionales ofrecidos por la propia Entidad y con cuyo equipo inició el tratamiento.
Señaló que la sentencia desconoció que el principio de autonomía del paciente, reconocido por la ley 26.529, no se limita a la posibilidad de aceptar o rechazar una intervención quirúrgica, sino que comprende el respeto por la voluntad, dignidad y participación del paciente en las decisiones relativas a su atención sanitaria.
Censuró la valoración efectuada por la magistrada respecto de la prueba pericia psicológica. Adujo que el profesional destacó la importancia del acompañamiento psicoterapéutico para sostener los efectos de la intervención quirúrgica, lo cual confirma que el tratamiento de la obesidad mórbida no se agota en la realización de la cirugía.
Por último, controvirtió que la sentencia haya otorgado especial relevancia a la diferencia económica existente entre los presupuestos presentados por ambos profesionales, sin atender suficientemente a las circunstancias particulares del tratamiento.
4. En la presentación de fecha 01-09-2026 la demandada replicó los agravios de su contraria y expresó las razones por las cuales el fallo de grado debía ser íntegramente confirmado.
II. Así planteada la controversia, cabe adelantar que la sentencia deberá ser confirmada por los fundamentos que se desarrollaran a continuación.
De modo preliminar, cabe precisar que arribaron firmes a esta instancia revisora los siguientes aspectos del caso: (i) que el Sr. Facundo Martín Varela presenta un diagnóstico de obesidad grado III, que no logró revertir mediante los diferentes tratamientos realizados, y padece -además- distintas patologías asociadas a la enfermedad de base; (ii) que el tratamiento indicado es la realización de una cirugía bariátrica y (iii) que la obligación legal de DOSEM comprende la cobertura a tal prestación.
La controversia se planteó en torno al alcance de esa obligación que debe asumir la accionada. En efecto, mientras que el amparista, con invocación de la resolución ministerial n° 742/2009, sostuvo que DOSEM debe afrontar los valores presupuestados por la Dra. Antozzi, en tanto ha desarrollado con dicha profesional y su equipo interdisciplinario un vínculo de confianza que debe respetarse; la representación legal de la entidad señaló que el actor no logró demostrar circunstancia médica objetiva alguna que torne indispensable, excluyente o irreemplazable la intervención de la citada profesional en el tratamiento prescripto.
En ese contexto, el núcleo de la controversia radica, entonces, en determinar si la decisión de DOSEM de autorizar la cobertura de la cirugía bariátrica mediante un profesional distinto de aquel elegido por el amparista, con quien desarrolló las etapas previas de su tratamiento, configura una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima, susceptible de lesionar el derecho a la salud cuya tutela procura obtener mediante esta acción constitucional.
2. Sentado lo anterior, corresponde puntualizar que el derecho a la salud, máxime cuando se trata de patologías severas, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo éste el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional. El hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (cfr. CSJN Fallos 323:3229; 329:1638; 329:4918; 330:3853; 4647; 331:453).
Y si bien ello impone a los sujetos obligados el deber de garantizar prestaciones adecuadas, oportunas y eficaces para atender las necesidades de sus afiliados, no se deriva, sin más, que la entidad encargada de brindar cobertura se encuentre obligada a financiar cualquier modalidad prestacional elegida por el beneficiario, con independencia de las alternativas que razonablemente pueda ofrecer para satisfacer la necesidad médica acreditada (cfr. arg. doct. SCBA causas A. 76471 "Sánchez", sent. del 30-03-2021; A. 77.130 "Sabbatini", sent. del 23-02-2022; A. 78.071 "Sansone", sent. del 11-08-2023; esta Cámara causa A-16821-MP0E "Sanabria" , sent. del 16-04-2026).
Desde ya que ello no implica reconocer a las obras sociales una facultad irrestricta para sustituir profesionales o modificar tratamientos, pues sus atribuciones de organización prestacional encuentran un límite en la obligación de asegurar una atención adecuada a las particulares condiciones de salud de cada paciente.
De allí que la razonabilidad de la conducta cuestionada por el amparista deba examinarse a partir de las circunstancias concretas de la causa y, particularmente, de los elementos probatorios que permitan establecer si la alternativa prestacional ofrecida, en el caso, por DOSEM resulta médicamente adecuada para atender la patología de aquel, sin conferir carácter decisivo, de manera aislada, ni a la preferencia manifestada por el afiliado ni a las razones económicas invocadas por la Entidad demandada.
3.1. En esa labor, adquiere particular relevancia la prueba pericial producida en las actuaciones.
Así, cabe reparar que, en oportunidad de presentar su dictamen (cfr. presentación de fecha 02-06-2026), la Dra. Gabriela A. Scoppa (perito médica legista oficial de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Bahía Blanca), en relación a los aspectos que el actor pretendió demostrar, expuso: a la pregunta (f) ¿qué riesgos pueden surgir si, tanto la cirugía bariátrica, como el tratamiento posterior, son realizados por médicos que no cuentan con la confianza del paciente?, que los riegos son los propios e inherentes al tipo de intervención quirúrgica; a la pregunta (h) ¿qué riesgos pueden surgir si el paciente realiza la cirugía bariátrica y/o el tratamiento posterior en un lugar alejado de su residencia, y por médicos que no cuentan con la confianza del paciente?, que debía estarse a la respuesta al punto (f) de los puntos de pericia para medico clínico; y a la pregunta (i) ¿cuáles son las ventajas que un paciente sea intervenido quirúrgicamente y tratado posteriormente por médicos que cuentan con su confianza?, que mejora la adherencia al tratamiento.
Y en cuanto a los puntos de pericia formulados por la accionada: (i) si la cirugía bariátrica indicada al actor puede ser válidamente realizada por distintos profesionales debidamente habilitados en la especialidad, contestó que si; (ii) si existe elemento médico objetivo que permita concluir que únicamente la Dra. Priscila Antozzi puede efectuar la práctica requerida, consignó que no; (iii) si la intervención ofrecida mediante el Dr. Hernán Martín López resulta equivalente desde el punto de vista terapéutico y quirúrgico respecto de la pretendida por la actora, respondió que si; (iv) si existe contraindicación médica concreta respecto de la realización de la cirugía mediante el profesional ofrecido por DOSEM, contestó que no, siempre que exista consentimiento de ambas partes; (v) si la documentación acompañada acredita algún riesgo diferencial, técnica exclusiva o circunstancia excepcional que justifique necesariamente la elección pretendida por el actor, dijo que no.
Posteriormente, y ante el pedido de explicaciones formulado por el actor, en lo que aquí interesa, puntualizó que: "la documentación utilizada es la que se encuentra adjuntada en la presentación de la demanda del expediente electrónico y la documentación aportada por el peritado al momento de la entrevista médica . los fundamentos científicos se basan en estudios científicos" (que detalló pormenorizadamente); "en cuanto a los presupuestos, no es función de esta perito sino de un perito contador, analizar los presupuestos tal como se cuestiona en la impugnación. Se realizó una comparación de los materiales solicitados para el acto quirúrgico y los mismos son coincidentes en ambos presupuestos, por lo que se infiere que son para la misma técnica quirúrgica . asimismo, se valoró la especialidad de ambos profesionales expuestos en sus sellos, que expresan en ambos: Cirugía General, por lo que se infiere que son igualmente idóneos para la cirugía en cuestión" (v. informe de fecha 12-06-2026) .
3.2. Por su parte, el Licenciado Jorge Pontet Scolari, perito psicólogo oficial del Departamento Judicial Bahía Blanca, respecto a los puntos de pericia solicitados por la parte actora expuso: "no pueden realizarse generalidades de todos los sujetos con obesidad mórbida, pues eso implicaría que todos somos iguales, que una condición nos define y nos iguala. Lo mismo sucede respecto a las consecuencias, así como la causa de la condición. Por supuesto estarán las consecuencias y causas que resultan obvias como efecto directo del sobrepeso sostenido en el tiempo, pero cómo afecta subjetivamente a cada quien es un trabajo individual. El ajuste subjetivo del presente caso es la cuestión que intentó responderse en el presente informe, con la salvedad de tratarse de un intervención puntual y acotada que restringe un desarrollo mayor" (v. informe pericial de fecha 04-08-2026) .
Luego, ante el pedido de explicaciones formulado por el actor, aclaró: ".las características de personalidad del Sr. Varela se encuentran desarrolladas extensamente en el informe oportunamente efectuado. Las mismas no responde a su cuestión de peso, sino a la historia vital y de la insondable decisión del sujeto . las consecuencias psíquicas en el Sr. Varela posiblemente se encuentren aquellas que pueden resultar obvias - vergüenza, evitación de circulación social, introversión - como efecto imaginario directo del sobrepeso. Sin embargo, aquellas que afectan subjetivamente al Sr. Varela se encuentra desarrolladas en el informe oportunamente efectuado." . Y en orden a la pregunta ¿Cuál es el perjuicio que causa a un obeso mórbido la imposición de profesionales médicos que no son de su confianza? Puntualizó: ".en términos psíquicos el perjuicio es incalculable, se mide por los efectos, así cómo no responde a una particularidad del "obseso mórbido" el perjuicio que puede causar la imposición del profesional tratante. Insisto estará el efecto propio de cualquier cosa impuesta a cualquier sujeto, pero no en su calidad de sujeto con obesidad mórbida ni por la imposición per se. Sin embargo, puede realizarse cierto cálculo como se realiza respecto a la resonancia de la presente causa y la causa subjetiva oportunamente informada. Ahora bien, el valor vinculante de la consideración profesional es facultad de su Señoría" (v. dictamen de fecha 12-08-2026, parte pertinente) .
3.3. De la ponderación de tales elementos de convicción en forma conjunta (cfr. art. 384 del CPCC; aplicable al presente por conducto del art. 25 de la ley 13.928, texto según ley 14.192), puede colegirse plausiblemente -al igual que lo hizo la jueza de grado- que el amparista no logró acreditar la existencia de circunstancias médicas objetivas que tornen indispensable la realización de la intervención quirúrgica mediante la Dra. Antozzi, ni que permitan considerar inadecuada, desde el punto de vista terapéutico, la alternativa ofrecida por DOSEM.
En efecto, la Dra. Scoppa fue concluyente al señalar que la cirugía bariátrica indicada puede ser válidamente realizada por distintos profesionales debidamente habilitados, en la medida que la documentación acompañada no acredita un riesgo diferencial, técnica exclusiva o circunstancia excepcional que justifique necesariamente la elección de la Dra. Antozzi, pretendida por el actor.
Y si bien, al brindar las explicaciones requeridas, la experta sustentó la equivalencia de ambas intervenciones en la coincidencia de los materiales quirúrgicos presupuestados y en la especialidad consignada por los profesionales, sin efectuar una evaluación comparativa de sus respectivos equipos interdisciplinarios, ello no desvirtúa la conclusión relativa a la ausencia de elementos médicos concretos que impongan la intervención de la profesional elegida.
Tampoco las conclusiones de la pericia psicológica permiten arribar a una solución diferente.
Si bien no puede soslayarse la importancia que reviste para el amparista la relación de confianza establecida con la Dra. Antozzi y su equipo tratante, ni la incidencia que una modificación de ese vínculo pudiera eventualmente tener en su esfera subjetiva, lo cierto es que el experto no identificó una circunstancia particular que permita concluir que la intervención quirúrgica mediante otro profesional resulte incompatible con las condiciones psicológicas del actor, ni afirmó que la continuidad con la médica elegida constituya una exigencia terapéutica insustituible.
Antes bien, al expedirse acerca de los perjuicios derivados de la imposición de un profesional que no cuenta con la confianza del paciente, el experto destacó el carácter individual de sus posibles consecuencias, sin establecer que, en el caso concreto, aquellas determinen la imposibilidad de llevar adelante la práctica mediante un profesional distinto.
En tales condiciones, aun reconociendo la relevancia del vínculo asistencial previamente constituido y su posible incidencia en la adherencia al tratamiento, esas circunstancias no resultan suficientes, por sí solas, para tener por acreditada la necesidad médica de que la intervención quirúrgica sea realizada exclusivamente por la Dra. Antozzi.
De modo que, frente a la ausencia de una contraindicación médica concreta respecto de la alternativa ofrecida por DOSEM, o de elementos que permitan establecer un riesgo diferencial derivado de su realización mediante el profesional autorizado, no se vislumbra que la decisión de la Entidad demandada configure una conducta manifiestamente arbitraria o ilegítima, susceptible de justificar la procedencia de la pretensión en los términos planteados por el amparista.
4. Tampoco se aprecia que los extremos contemplados en la resolución 742/2009 del Ministerio de Salud de la Nación, invocada por el recurrente en sustento de su pretensión, conduzcan a una solución diferente.
Llegado este punto, es del caso aclarar que el anexo I de esa normativa fue sustituido por la resolución n° 1420/2022 (esto es, con anterioridad a la promoción de la presente acción), de modo que la exigencia de una "buena relación médico-paciente", contemplada expresamente en el apartado 4, punto 12, de su redacción original, no se encuentra reproducida en esos términos en el régimen actualmente vigente. Y ello, pues si bien este último reconoce la importancia del abordaje interdisciplinario, la evaluación previa, el consentimiento informado y el seguimiento posterior a la intervención, no establece que la cirugía deba ser necesariamente practicada por el profesional que intervino en las etapas preparatorias del tratamiento.
De nuevo, lo expuesto no importa desconocer la relevancia del vínculo de confianza establecido entre el amparista y la Dra. Antozzi y su equipo tratante, ni su posible incidencia en la adherencia al tratamiento. No obstante, la normativa examinada no permite atribuir a tal circunstancia entidad suficiente para imponer a DOSEM la cobertura de la intervención mediante la profesional elegida, con prescindencia de la alternativa quirúrgica ofrecida. Máxime cuando, conforme surge de la prueba pericial producida, no se acreditaron elementos médicos objetivos que tornaran indispensable su intervención, ni una contraindicación concreta respecto de la práctica autorizada por la entidad demandada.
5. Por último, la misma suerte adversa se verifica respecto del cuestionamiento inherente a la ponderación económica existente entre las alternativas prestacionales examinadas.
De los presupuestos incorporados a las actuaciones fácil es advertir una considerable diferencia entre los valores correspondientes a la intervención quirúrgica propuesta por la Dra. Antozzi y aquellos contemplados en la alternativa autorizada por DOSEM.
Tal circunstancia, si bien no podría justificar por sí sola una restricción al derecho a la salud del afiliado, constituye un elemento susceptible de ser sopesado al examinar la razonabilidad de la decisión adoptada por la Entidad, en tanto no se demostró que la opción ofrecida resulte médicamente inadecuada para satisfacer la necesidad asistencial reconocida.
A ello cabe agregar que, tal como valoró la magistrada de grado, los presupuestos confrontados se refieren a la práctica quirúrgica y no comprenden las prestaciones correspondientes al tratamiento interdisciplinario previo y posterior, sobre cuya continuidad el amparista sustenta buena parte de su pretensión. De modo que la diferencia económica examinada no puede atribuirse, sin más, a la inclusión de un abordaje terapéutico integral en una de las propuestas y su ausencia en la restante.
Por lo demás, tampoco surge de la comunicación cursada por DOSEM con fecha 30-09-2025 una negativa expresa a brindar cobertura a las prestaciones interdisciplinarias que pudiera requerir el actor con posterioridad a la intervención; cuestión que, en su caso, deberá ser examinada a partir de las concretas indicaciones médicas y las solicitudes de cobertura que se formulen.
Apreciadas de tal modo las circunstancias particulares del caso, y los elementos probatorios incorporados a las actuaciones, cabe concluir, entonces, que el amparista no logró demostrar que la modalidad prestacional autorizada por DOSEM resulte manifiestamente arbitraria o ilegítima, ni que la intervención de la profesional elegida constituya una exigencia médica insustituible que justifique imponer a la demandada la cobertura pretendida.
III. Si lo expuesto es compartido, se proponeal Acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto por el amparista con fecha 04-09-2026, y confirmar el fallo de grado en cuanto fue materia de agravio. En cuanto a las costas de esta instancia, deberían ser distribuidas en el orden causado, en tanto las particulares circunstancias del caso permiten razonablemente concluir que el amparista pudo creerse con derecho a reclamar judicialmente la cobertura de la prestación en las condiciones pretendidas (cfr. arts. 68, segundo párrafo, del CPCC; art. 25 de la ley 13.928, modif. por ley 14.192).
Con el alcance indicado, doy mi voto por la negativa.
El señor Juez doctor Mora, por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Ucín, vota la cuestión planteada también por la negativa .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Facundo Martín Varela con fecha 04-09-2026, y confirmar el fallo de grado en cuanto fue materia de agravio. Costas de alzada en el orden causado (cfr. arts. 68, segundo párrafo, del CPCC; art. 25 de la ley 13.928, modif. por ley 14.192 y Considerando III).
2. Estese a la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia que se practica por separado.
Notifíquese por Secretaría electrónicamente cfr. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA N° 4013/21 -t.o. Ac. SCBA 4039/21-. Fecho, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1008-2026
Fin de la sentencia