Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa V-2229/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la demandada a fs. 754/765.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: V-2229/18-TSJ Interlocutorio N°: 415.-
Actor: VARGAS ALEJANDRA ESTELA Demandada: BANCO DE SANTA CRUZ Objeto: LABORAL Fecha: 26-02-2019 Texto: TOMO VIII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 415 FOLIO Nº 1575/1578 PROT. ELECT. TSS1 003 O.191
Río Gallegos, 26 de febrero de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “VARGAS ALEJANDRA ESTELA c/ BANCO DE SANTA CRUZ s/ LABORAL”, Expte. Nº V-24.398/12 (V-2229/18-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso extraordinario federal que articulara la demandada, por intermedio de su letrado apoderado, a fs. 754/765, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución interlocutoria dictada por este Alto Cuerpo a fs. 748/751, la que declara mal concedido el recurso de casa- ción interpuesto por la demandada a fs. 728/734.-
La recurrente alega: “…esta parte no discute que la instancia casatoria es de carácter extraordinaria. Tampoco se pretende que la misma constituya una tercera instancia. Lo que se ha solicitado solicita (sic) es la revisión de lo resuelto por la Excma. Cámara de Apelaciones que había incurrido en manifiesto errores de apreciación de los hechos y, en definitiva, convalidado una decisión también arbitra- ria emitida por el Sr. Juez de Primera Instancia […] es claro que descartar a priori la procedencia de los recursos extraordinarios por la simple circunstancia de que los planteos de los litigantes refieran a la valoración de los hechos excluiría de este reme- dio federal a casi la totalidad de las causas judiciales en trámite y ello resulta inconce- bible...” (cfr. foja 760).- Expresa: “Lo que se dijo es que no se habían considerado con corrección importantes aspectos del caso tales como la condición de empleada banca- ria de la actora y que ello determinaba una especial connotación a la causal de pérdida de confianza que se esgrimiera al momento de determinarse el distracto.
La actora, re- cordemos, no fue despedida por la comisión de un delito penal sino por las graves fal- tas laborales en la que incurriera y que habían determinado la configuración de una pérdida de confianza que dada su condición de empleada bancaria no consentía la prosecución de la vinculación laboral. En el caso de autos prácticamente la totalidad de los testigos que declararon pusieron de manifiesto la conducta de la actora que ha- bía utilizado una tarjeta de débito de un cliente para realizar extracciones en su prove- cho. Existían secuencias fílmicas o fotográficas que evidenciaban su protagonismos, informes internos de sistemas (gerente de operaciones, etc), documentación. Todo ello evidenciaba la comisión de una injuria laboral, máxime si se consideraba, como se dijo, su condición de empleada bancaria…De lo que hablamos, en definitiva es de la descalificación injustificada de elementos de pruebas conducentes y variados que acreditaban la configuración de la causal invocada por mi representada al momento de despedir a la dependiente bancaria por pérdida de confianza...” (cfr. fs. 761 vta./ 762).- Por último asevera: “Como puede apreciarse ha mediado en el caso al momento de analizar las constancias de autos una manifiesta falta de racioci- nio, un error grave y manifiesto, un desvío significativo de las leyes de la lógica que han conducido al inconcebible descarte de elementos de convicción variados y coinci- dentes que avalaban que el despido de la actora fue ajustado a derecho.
A sus efectos debe tenerse en consideración que en autos se ha configurado una hipótesis de absur- da y arbitraria valoración de la prueba y que ello habilita la procedencia del recurso intentado...” (cfr. fs. 763 vta./764).- La parte actora por medio de su apoderado a fs. 767/772 con- testa el traslado del recurso conferido a foja 766. Allí expresa: “Claramente, en autos no existe cuestión federal alguna […] ninguno de estos ‘agravios’ constituye cuestión federal, en el sentido de que remiten, todos y cada uno de ellos, primero, a cuestiones meramente fácticas y propias de la instancia ordinaria, y en segundo término, a nor- mas y principios -como la pérdida de confianza- que constituyen derecho común, es decir, que carecen de la naturaleza federal necesaria para la apertura de la instancia extraordinaria […] no existe en el caso un supuesto de arbitrariedad que amerite la apertura de la instancia extraordinaria, por lo que solicitamos el rechazo del REF...” (cfr. fs. 767 vta./769 vta.).- A foja 773, se ordena correr vista al Sr.
Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo quien dictamina a fs. 774/775. Allí expresa -sobre la base de los argu- mentos que esgrime y a los cuales nos remitimos brevitatis causae- que debe decla- rarse inadmisible el recurso impetrado.-
A foja 776 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
II. Que corresponde entonces que este Tribunal Superior de Justicia verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustancia- les del recurso articulado por la parte demandada, tal y como lo dispone el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), 31/2011 y 38/2011 (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 351, Folio 1331/1335).- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presen- te recurso se articuló ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 de CPC y C de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que la recurrente dio cumpli- miento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al presentar el recurso deducido en formato de hoja A4.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde entonces, su análisis a la luz de las previsiones de la Acorda- da 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta lo dis- puesto por el artículo 2º de la Acordada N° 3/2012 y el punto 2° de la Acordada 31/ 2011, que regula los requisitos que debe cumplir el escrito de interposición de un re- curso extraordinario federal.-
En este análisis se constata que la presentación no supera las 40 páginas, cada página no sobrepasa los 26 renglones y ha sido escrita con letra clara- mente legible (art. 1). Cuenta, asimismo, con la carátula en hoja aparte con las exi- gencias establecidas en el artículo 2º de la norma mencionada.-
Asimismo, se advierte que la recurrente constituyó domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. artículo 2º, inciso d) de la Acordada Nº 4/2007) y que consignó el código de usuario contemplado en la Acordada 31/2011, el cual resulta obligatorio en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º de la Acordada Nº 3/2012.-
Por otra parte, al analizar los recaudos dispuestos por el artícu- lo 3º de la Acordada Nº 4/2007 se observa que se encuentra cumplimentado el inciso a).-
En relación a los restantes requisitos del artículo 3º de la Acor- dada 4/2007, el recurso no consigue satisfacer lo mencionado en los incisos b), c), d) y e) del citado artículo.-
El recaudo del inciso b) del artículo 3º implica un relato de las circunstancias relevantes del caso vinculadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal que, supuestamente, han sido violadas, lo cual no se ha cumplido acabadamente en la especie.-
Asimismo, no logra demostrar cuál es el perjuicio constitucio- nal personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación que el pronuncia- miento impugnado le ocasiona, sino que sólo se limita a mencionar en la carátula al artículo 18 de la Constitución Nacional que, dice, ha sido violado (cfr. art. 3º inc. c), de la Acordada 4/2007).-
No se ha debatido en el pleito una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos de los incisos d) y e) del mencionado artí- culo, ni del artículo 14 de la Ley Nº 48 (cfr. sum. Fallos 101:70; 148:62; 306:1740; 307:129), ya que las cuestiones traídas a juzgamiento de este Tribunal Superior de Justicia atañen exclusivamente al orden local. Se trata de cuestiones de hecho y prue- ba, ajenas por su naturaleza a la vía extraordinaria que se intenta.- Según la doctrina, la cuestión federal es aquella que versa so- bre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de au- toridades nacionales o locales (cfr.
Carlos R. Tribiño “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 104), por tal motivo la ma- teria debatida en el sub lite es extraña al artículo 14 de la Ley Nº 48.- Cabe agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no al- canza para abrir la vía extraordinaria (cfr. sum. Fallos 165:62; entre otros). No basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo, la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo lí- mite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Consti- tución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no fede- ral (cfr. sum.
Fallos 310:2306).- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario re- quiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cues- tión federal. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la inter- pretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacio- nales o locales (cfr. Carlos R. Tribiño “El Recurso Extraordinario ante la Corte Su- prema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 104).- La parte demandada si bien menciona el artículo 14º de la Ley Nº 48, no especifica en cuál de sus incisos funda su pretensión impugnativa, así como tampoco indica adecuadamente de qué forma fueron vulneradas las normas que considera infringidas.-
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se re- solvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14º, inc. 1 de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley Nº 48), ni tampoco se resolvió en contra de la va- lidez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Cons- titución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley Nº 48). Al contrario, en el interlocutorio recurrido se resolvió que el recurso de casación in- terpuesto por la demandada contenía solo meras discrepancias con los argumentos y fundamentos de la sentencia atacada, y que la materia debatida era propia de los jue- ces de la causa y ajenas a la instancia casatoria, además que tampoco se encontraba configurado, a criterio de este Tribunal Superior de Justicia, un supuesto de arbi- trariedad de sentencia.- En ese orden, no se advierte en el escrito “la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas” (cfr. Acordada 4/2007, inciso d) del art. 3º), como así tampoco la “fundamentación autónoma” que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia la presentación recursiva de- be contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que el recurrente de- be rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclu- siones que lo agravian (cfr. sum. Fallos 308:2421). No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en el recurso en estudio, los agravios vertidos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (cfr. sum. Fallos 311:499 y 331:809).- Por último, no se advierte “la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y re- suelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas” (cfr. Acordada 4/2007, inciso e), art. 3º).-
Esto se sigue -como se observó más arriba- de la inexistencia de cuestión federal (cfr. art. 14 de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión fede- ral y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr. Palacio de Caeiro, Silvia B., Recurso Extraordinario Federal, 2º Ed. Bs. As., La Ley 2012, págs. 431/432) (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 362, Folio 1365/1368).-
III. Con respecto del otro carril por el que pretende encauzar la recurrente su recurso, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Na- ción ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la “senten- cia fundada en ley” que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Fe- deral (Fallos 325:3265 y sus citas).- Conteste con lo señalado ut supra, en materia de sentencias ar- bitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivoca- das (cfr. sum.
Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (cfr. sum. Fallos 237: 74). Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias compro- badas de la causa (cfr. sum. Fallos 261:209 y 279:355).- Asimismo, no puede prosperar la arbitrariedad que se le enros- tra a la resolución de marras, toda vez que no se observan en el pronunciamiento im- pugnado ninguno de los presupuestos que la configuran.
Sobre la materia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que: “…no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia ya que sólo se desprende del recurso una exposición rei- terada de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el deciso- rio todo ellos relativos a cuestiones de hecho, prueba y a la interpretación asignada a normas de derecho común…” (Fallos 325:2192 del Dictamen del Pocurador General que la Corte hace suyo).- La tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronuncia- mientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (cfr. sum. Fallos 311:1950 del dic- tamen del Procurador General que la Corte Suprema comparte; asimismo 323:3139 del Dictamen del Procurador General al que la Corte remite).
Ninguna de las circuns- tancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal Superior de Justicia ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoya la decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.- En consecuencia, corresponde concluir que los planteos efec- tuados resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que, además de no existir cuestión federal alguna, y de no haber dado cumplimiento con los recaudos previstos en los incisos b), c), d) y e) del artículo 3º de la Acordada Nº 4/ 2007, aquellos carecen de debida fundamentación, soslayan los argumentos de la re- solución cuestionada y sólo consisten en una mera disconformidad con el criterio jurí- dico aplicado en la solución dada a la causa.-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribu- nal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la demandada a fs. 754/765.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé G. Fernández y en uso de licencia compensatoria de feria judicial la Sra. Vocal Dra. Alicia de los Ánge- les Mercau (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti -, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1003O.191 Tomo: VIII Interlocutorio: 415.-
Folio N°: 1575/1578.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia