Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa V-2283/18
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente a los recursos de casación inter- puestos por las partes actora a fs. 780/792 vta. y demandada a fs. 796/827, por quebrantamiento de formas sustanciales, y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 767/776, reenvíando las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte nuevo pronunciamiento, debiendo tener presente las consideraciones desarrolla-das precedentemente por este Alto Cuerpo.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: V-2283/18 Interlocutorio N°: 684 Actor: VARGAS FELISA INÉS Y OTROS Demandada: PAN AMERICAN ENERGY LLC Objeto: DEMANDA LABORAL Fecha: 26-04-21 Texto: TOMO XX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 684 FOLIO Nº 3984/3991 PROT. ELECT. TSS1 012 S.211
Río Gallegos, 26 de abril de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “VARGAS FELISA INÉS Y OTROS C/ PAN AMERICAN ENERGY LLC S/ DEMANDA LABORAL”, Expte. Nº V-12.905/11 (V-2283/18-TSJ) y su acumulado “CAYUN ANTONELLA JUDITH Y OTROS C/ PAN AMERICAN ENERGY LLC S/ DEMANDA LA- BORAL”, Expte. Nº C-12.906/11, venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de los recursos de casación articulados: por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Miguel Nicolás Cano a fs. 780/792 vta., y por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Federico Ferreyra Amuchastegui a fs. 796/827, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 767/776, que confirmó la sentencia de Primera Instancia, salvo en materia de costas, las que distribuyó en el orden causado. Esta última hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a la accionada a pagar a cada una de las actoras la suma de pesos siete mil quinientos ($7.500), con más los intereses (cfr. fs. 713/725 vta.).-
II. En la especie, un conjunto de mujeres promovieron deman- da laboral contra Pan American Energy LLC, con el objeto de percibir las indemniza- ciones derivadas del despido indirecto en el que se colocaron y el cobro de salarios adeudados.-
En su libelo de inicio sostuvieron que desde diciembre de 2010 a junio de 2011 asistieron a una serie de cursos de capacitación, a partir de un conve- nio celebrado entre la empresa demandada y Consultar Group y en cuya formación también intervino el Sindicato de Petroleros Privados. En este contexto, aseveraron que la concurrencia a los mismos debe ser valorada como verdadera prestación de servicios a favor de la accionada, lo que torna operativo la presunción contemplada en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Además, precisaron que las rela- ciones aparecían disfrazadas como contratos de aprendizaje, configurando un fraude laboral (cfr. foja 57/58 vta.).- Expresaron -igualmente- que intimaron a la empresa para que registre debidamente la relación laboral y que tras la negativa de ésta última decidie- ron finalizar el vínculo laboral (cfr. fs. 58 vta./59).-
En su réplica, la parte demandada -tras las negativas de rigor- explicó que en el marco de los deberes impuestos por la responsabilidad social em- presaria acordó con la Asociación Civil “Escuela del Trabajador” el desarrollo de un curso de capacitación, del que las actoras participaron, percibiendo una compensación que era abonada por dicha escuela. Puntualizó asimismo que las actoras jamás reali- zaron actos, ejecutaron obras o prestaron servicios en su favor y que, por el contrario, lo realizado redundó en favor de ellas (cfr. foja 105).- El magistrado de origen hizo lugar parcialmente a la demanda. Al justificar su decisión, sostuvo que no se acreditó la prestación de servicios a favor de la empresa demandada, por lo que resultaba inviable aplicar la presunción prevista en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo; por ende, rechazó las indemniza- ciones pretendidas por las accionantes. No obstante, entendió que existió compromiso laboral entre las partes, por lo que a tenor de lo prescripto por el artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo fijó una indemnización en concepto de daños y perjuicios (cfr. fs. 713/725 vta.).- Ambas partes apelaron este pronunciamiento (cfr. fs. 728/734 vta. y 737/747 vta.).-
A su turno, la Excma. Cámara de Apelaciones confirmó la sen- tencia de Primera Instancia, salvo en materia de costas, las que distribuyó en el orden causado (cfr. fs. 767/776).-
Para así decidir, en lo que interesa destacar, consideró que la prestación de servicios propia de una relación laboral no fue probada. Asimismo pre- cisó que la empresa no obtuvo ningún provecho o beneficio de los cursos impartidos, ya que las capacitaciones versaron sobre temáticas genéricas (cfr. foja 772 vta.).-
Por otra parte, desestimó el planteo de la accionada respecto de que el juez de grado habría emitido una decisión extra petita al admitir parcialmente la demanda con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. foja 773). Igualmente entendió que las actoras desarrollaron las capacitaciones incen- tivadas por la existencia de un futuro trabajo bajo las órdenes de la demandada, por lo que reafirmó la existencia de un compromiso laboral que fue incumplido por ésta últi- ma y, en consecuencia, confirmó el resarcimiento determinado en la instancia de ori- gen (cfr. foja 775).-
III. Contra este último pronunciamiento, la parte actora y la parte demandada interponen sendos recursos de casación (cfr. fs. 780/792 vta. y 796/ 827, respectivamente).-
La parte actora sustenta su recurso de casación en los términos de los artículos 2º y 3º, incisos a) y b) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Para- grafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, aduciendo quebrantamiento de forma y violación de la ley (cfr. fs. 780, 783 vta. y 791 y vta.).-
Denuncia que la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones omite o aplica erróneamente las normas civiles y laborales, incurre en absurdos y vio- la el principio de congruencia, la sana crítica, la defensa en juicio y el derecho de pro- piedad (cfr. foja 780 vta.).-
Afirma que el pronunciamiento en crisis denota una postura in- congruente, parcial y arbitraria, en cuanto se aparta del thema decidendum (cfr. foja 783 vta.).-
Manifiesta que en los presentes autos surge con claridad la exis- tencia de un contrato de aprendizaje o capacitación -tal como lo alegó al demandar- derivado de los convenios celebrados entre la demandada y la Asociación Civil “Es- cuela del Trabajador” (cfr. foja 784).-
En lo esencial, alega que nos encontramos ante un verdadero contrato de trabajo, cuyo imperativo legal surge de conformidad a lo previsto en el ar- tículo 1º de la Ley Nº 25.013 (cfr. fs. 784 y vta./785).-
Con relación a los argumentos brindados por el Tribunal a quo en torno a la inexistencia de un provecho o beneficio a favor de la demandada respec- to a los cursos impartidos, recuerda que quien asume los riesgos económicos es la empresa, quien tuvo en miras la formación de trabajadores capacitados, lo que a corto o largo plazo le importaría beneficios (cfr. foja 784 vta.).-
Refiere a la necesidad económica como elemento de la relación de dependencia y en tal sentido expresa que las mujeres percibieron como contrapres- tación un beneficio económico de carácter remunerativo (cfr. foja 785 y vta.).-
Alude asimismo al aspecto jurídico como otro elemento carac- terístico de la subordinación, postulando que Pan American Energy LLC fue quien dispuso la realización de los cursos de capacitación (cfr. foja 786).-
En otro orden de ideas, cuestiona que el Tribunal de mérito ha- ya confirmado la decisión del juez de Primera Instancia de subsumir los hechos en el marco de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tras seña- lar cuáles son los presupuestos para que resulte operativa la norma precitada, descarta que la misma sea de aplicación al caso de autos (cfr. foja 787 vta.).-
Afirma, entonces, que el juez de grado no suplió ninguna omi- sión de su parte sino que modificó lisa y llanamente el objeto de la demanda, fallando extra petita (cfr. foja 788). Por lo tanto, considera que la Excma. Cámara de Apela- ciones yerra al sostener que el juzgador otorgó el derecho que su parte intentó hacer valer (cfr. foja 788 vta.). Añade que en el presente caso se ha cambiado una acción la- boral por una que debe ser juzgada por las disposiciones del derecho común, al haber- se pronunciado sobre peticiones que no fueron formuladas por las partes (cfr. foja 789).- Por último, denuncia la aplicación errónea de los artículos 7 y 14 bis de la Constitución Nacional y del artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo así como la violación de los artículos 21, 22 y 23 del ordenamiento legal referido y del artículo 1º de la Ley Nº 25.013, cuya aplicación fue omitida en la instancia ante- rior (cfr. foja 791 vta.).-
Hace reserva del caso federal (cfr. foja 792).-
IV. Por su parte, la demandada motiva su recurso en las causa- les de quebrantamiento de forma y violación de la ley y la doctrina legal en los términos de los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. foja 815 vta./816).-
Aduce la violación de los artículos 24 de la Ley de Contrato de Trabajo, 40 de la Ley Nº 1444, 34 inciso 4º, 164 inciso 6º, 355 y 364 del CPC y C y 18 de la Constitución Nacional (cfr. foja cit.).-
En su agravio inaugural, plantea la violación del principio de congruencia (cfr. foja 818).-
Desde esta perspectiva, objeta el pronunciamiento de grado por- que -en su opinión- refleja un apartamiento inequívoco del deber de los jueces de so- meterse a los términos en que se trabó la relación procesal. En ese orden, recuerda que la pretensión dirigida en su contra pretende que se reconozca la existencia de un vínculo contractual de linaje laboral y no el pago de la indemnización contemplada en el artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que evidencia una arbitrariedad manifiesta (cfr. foja 819 y vta.).- En segundo lugar, cuestiona el valor probatorio que el Tribunal a quo le adjudica a unos CDs acompañados por la actora que contienen grabaciones audiovisuales (cfr. foja 822). Sostiene, en este punto, que tras la negativa formulada oportunamente por su parte, la contraria debió acreditar por otros medios su autentici- dad. Frente a ello, argumenta que la meritación de la Excma. Cámara de Apelaciones deviene arbitraria e infringe el artículo 355 del CPC y C (cfr. foja 824).-
Para concluir, afirma que la sentencia en crisis ingresa indebi- damente al análisis del artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo, aplicándolo in- correctamente, lo que trasluce una violación a expresas garantías constitucionales (cfr. foja 825).-
Ratifica su reserva del caso federal (cfr. 826 y vta.).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisibles los recursos de casación interpuestos a fs. 829 y vta. y este Tribunal Superior de Justicia los declara bien concedidos a fs. 858 y vta., poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin que ninguna de las partes haya hecho uso de este derecho (cfr. certificación de foja 863).- A fs. 864/868 vta. dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien luego de efectuar un estudio de las constancias de la causa, concluye que debe hacerse lugar a los recursos de casación interpuestos por las partes, por quebrantamiento de formas, siendo nula la sentencia impugnada (cfr. foja 868).-
A foja 869 se llamó autos para dictar sentencia, pasando a estudio a foja 870.-
V. El orden de tratamiento de los agravios propuestos en los recursos será invertido por razones metodológicas, en atención a la similitud de uno de los agravios en ellos contenidos, mediante el cual se pretende descalificar el fallo en crisis, por cuanto habría incurrido en un supuesto de incongruencia extra petita.-
1. En el ámbito del procedimiento laboral, algunos de los prin- cipios generales inherentes a todo tipo de proceso han merecido un desarrollo especí- fico a los fines de adecuar la normativa ritual a los principios específicos que inspiran el ordenamiento sustantivo, en especial al principio protectorio. Tal es el caso de los principios iuria novit curia (“el juez conoce el derecho”) y de congruencia.-
El primero alude a la necesaria libertad con que debe contar el sentenciante para subsumir los hechos alegados y probados por las partes, dentro de las previsiones normativas que rigen el caso, sin reparar en que los litigantes pudieran haber efectuado un encuadre diverso.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que los jueces están facultados para calificar jurídicamente los hechos de la causa y elegir las normas que a su criterio los rigen (cfr. Fallos 249:581; 266:106 y 268:157). En similares términos, también indicó que el principio iuria novit curia faculta al juzga- dor a discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, califi- cando la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que la rigen con prescinden- cia de los fundamentos jurídicos que invoquen las partes (cfr. Fallos: 310:2733; 321: 1167 y V. 49. XXXIX. RO. “Venturini, Omar c/ ANSeS s/ prestaciones varias”, del 05/06/07).- A su turno, este Tribunal Superior de Justicia ha señalado que: “…el principio iura novit curia autoriza al juzgador a emitir su opinión crítica y jurí- dicamente valorativa sobre los componentes fácticos presentados por las partes…” (cfr. Sentencia, Tomo XIV, Reg. 485, Folio 2635/2645).-
Por su parte, el principio de congruencia exige una real corres- pondencia entre la sentencia y lo peticionado o planteado por las partes. Ha sido con- ceptualizado por este Alto Cuerpo como: “…la correlación que debe haber entre la pretensión y la decisión, aspecto éste que fluye naturalmente en nuestra normativa procesal, incorporada por el art. 34, inc. 4º y desarrollado conceptualmente en el art. 164 inc. 6°, ambas disposiciones del Cód. Proc. Civ. y Comercial, sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas…” (cfr. Sentencia, Tomo I, Reg. 24, Folio 95/102; Tomo II, Reg. 84, Folio 369/374; Tomo IV, Reg. 144, Folio 699/705; Tomo VII, Reg. 237, Folio 1280/1287; Tomo XII, Reg. 414, Folio 2257/2260, entre otros).
Éste último mandato adjetivo resulta extensible también a las sentencias de Segunda Instancia, según lo preceptuado por el artículo 165 del mismo cuerpo normativo. A su vez, estas disposiciones resultan de aplicación a los procesos laborales, en virtud de la remisión normativa contenida en el artículo 121 de la Ley N° 1444.- Tal como se anticipó, estos principios adquieren matices singu- lares en el procedimiento laboral, puesto que: “Lo difuso de la litis laboral concede una discrecionalidad reglada al sentenciante a fin de actuar el principio de la verdad real, y hacer posible el deber de buscar la verdad…” (cfr. Tosto, Gabriel; Marcellino, Verónica y Keselman, Sofía Andrea: “Recursos Extraordinarios en el Procedimiento Laboral de Córdoba”, 2ª edición actualizada, Alveroni Ediciones, 2009, pag. 129).
Esa búsqueda es un deber primordial de los jueces en pos de brindar un adecuado servicio de justicia (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 577, Folio 3289/3295).- Sobre este imperativo en el ámbito del fuero laboral, ya se ha expedido este Alto Tribunal al afirmar que: “La función primordial que compete al Juez es brindar la solución justa a un caso concreto…La búsqueda de la verdad real es el norte que guía al juzgador en su tarea. Así pues, para arribar a un resultado justo de la controversia (misión fundamental del Poder Judicial) debemos ir más allá de las cuestiones formales y analizar las demás circunstancias en que se produjeron los acontecimientos, sin perder de vista que además de las normas específicas también deben aplicarse los principios fundamentales del derecho laboral y las garantías con las que la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos (art. 75, inc. 22, CN) amparan a los trabajadores.
En la medida en que el trabajo es considerado como actividad básica para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona humana y de su familia y en la construcción del bien común, merece, en nuestro país, una protección privilegiada.” (cfr. Sentencia, Tomo XIV, Reg. 487, Folio 2649/2656).- De acuerdo al brocárdico iuria novit curia incumbe a los juzga- dores determinar en definitiva cuál es la normativa que rige la situación, pudiendo afirmarse que la invocación que realizan las partes del régimen jurídico es meramente tentativa, estimativa o provisional. Este deber de los jueces de conocer el derecho aplicable, traerlo al juicio oficiosamente y aplicarlo, tiene una lógica impecable basa- da en el carácter estatal del Derecho, y resulta particularmente razonable en el ámbito del Derecho del Trabajo, en el que la mayoría de las normas son de orden público (cfr.
Maza, Miguel Ángel: “El principio procesal ‘iuria curia novit’ y el debido proce- so adjetivo”, www.rubinzalonline.com.ar. Cita Online: RC D 3406/2012).- De su lado, la congruencia en los procedimientos laborales exhibe confines más laxos, al punto de que se autoriza a los jueces a resolver ultra pe- tita. Así, el artículo 40 de la Ley Nº 1444 (texto según Ley Nº 2435) dispone que: “Los tribunales podrán fallar ‘ultra petita’ supliendo la omisión del demandante. La sentencia fijará los importes de los créditos siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultase justificado su monto.”.-
Esta disposición, a su vez, se funda en el principio de irrenun- ciabilidad de los derechos del trabajador, que consagra el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIII, Reg. 455, Folio 2474/2482). En línea coincidente, Alejandro Aníbal Segura ha sostenido que: “…si es cierto que el juez laboral, cuando dicta sentencia está imbuido de los lineamientos de los arts. 11 y 12 de la LCT, en el caso de que del análisis de la prueba resulte que lo debido al trabajador es más que lo reclamado, está obligado a condenar por la cuantía de los créditos que correspondan.” (cfr. autor cit., en Allocati, Amadeo -Director- y Pirolo, Miguel Ángel -Coordinador-: “Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 1990, Tomo I, pág. 333).- Según Guillermo Snopek la norma impone a los magistrados la obligación de acatar las disposiciones de preeminente observancia de las leyes labora- les, y a evitar que por reclamos deficientes, fallas u omisiones de la demanda, se vul- neren los principios fundamentales de orden público que inspiran los respectivos pre- ceptos. De otra manera los jueces podrían verse constreñidos a admitir renuncias ile- gales, encubiertas o pactos leoninos disfrazados con formas aparentemente jurídicas, lo que haría ilusorias las garantías del ordenamiento de fondo, vulneraría el derecho objetivo y podría convertir a la justicia social en palabra vana (cfr. op. cit. en Livellara, Carlos Alberto: “La facultad del juez laboral de calificar la acción y de fallar ‘ultra petita’”, www.rubinzalonline.com.ar. Cita Online: RC D 2380/2012).-
2. Ahora bien, la puesta en marcha de estos principios en su- puestos concretos se encuentra sujeta a ciertas condiciones.-
En función del principio iuria novit curia los jueces deben apli- car la norma inherente al caso, pero siempre enmarcado dentro de las situaciones pre- sentadas por las partes, pues dicho principio no autoriza a cambiar la pretensión inter- puesta ni a modificar los términos en que ha quedado trabada la litis. De lo contrario, se produciría un menoscabo al derecho de defensa en juicio y a las reglas del debido proceso adjetivo.-
Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que los jueces -en el cumplimiento de su misión constitucional de discurrir los conflictos litigiosos- tienen el deber de examinar autónomamente la realidad fáctica subsumién- dola en las normas jurídicas que la rigen. Esta atribución, por ser propia y privativa de la función jurisdiccional, lleva a prescindir de los fundamentos y calificaciones nor- mativas que postulen las partes, aun cuando concordaren en ellos; pero dicha facultad encuentra su límite en el respeto al principio de congruencia, de raigambre constitu- cional, en cuanto invalida todo pronunciamiento que altere la causa petendi o intro- duzca planteos o defensas no esgrimidas por las partes (cfr.
Fallos: 313:915; 322:2525; 324:1234; 329:349; 329:4372 y 329:3517).- Cabe destacar que: “…‘el juez puede razonar sin limitación desde el punto de vista jurídico, y puede buscar y aplicar libremente las normas jurí- dicas apropiadas, pero siempre que se mueva dentro de las cuestiones jurídicas plan- teadas por las partes.’” (cfr. Carreras, Jorge, op. cit. en Roberto G. Loutayf Ranea -Director-: “Principio dispositivo”, Astrea, 1ª edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014, pág. 352). En este sentido, cabe advertir que: “…el tribunal laboral tendrá una facultad limitada al calificar la acción, porque no puede apartarse de la plataforma fáctica del caso, ni introducir acciones no planteadas por las partes.”.
(cfr. autor cit., “La facultad del juez laboral…” cit.).- Con gran agudeza, Miguel Ángel Maza explica que en el marco del moderno juicio reglado se debe hoy un gran respeto por el debido proceso adjeti- vo y por la defensa en juicio. En ese marco de complejidad legal, el demandado debe saber concretamente que norma se invoca para apoyar la acción para estructurar su defensa y sus producciones probatorias; y es deber judicial resguardar y hacer respe- tar esa garantía. Ante ello, el mentado autor opina que debe hacerse una aplicación muy prudente, restrictiva y cuidadosa de la regla iuria curia novit, más allá del deber del tribunal de conocer el contenido y alcances de las leyes y demás preceptos, pues el cambio del encuadre normativo puede afectar los términos de la litis trabada y afectar el derecho de defensa de cualquier de las partes (cfr. autor cit., “El principio procesal…” cit.).- En relación al principio de congruencia, de inicio cabe advertir que si bien los jueces laborales tienen la atribución de fallar ultra petita, les está ve- dada la posibilidad de resolver extra petita (“por fuera de lo pedido”), hipótesis que se configura cuando el sentenciante decide sobre lo que no está en juicio -materia de debate-, conteniendo el fallo algo distinto a lo que fue objeto de la pretensión y de la oposición.-
El Máximo Tribunal de la Nación tiene dicho sobre este punto que el fallo judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos resulta incompa- tible con las garantías constitucionales de defensa y propiedad, y con el principio de congruencia toda vez que el juzgador no puede convertirse en intérprete de la volun- tad implícita de una de las partes sin alterar, de tal modo, el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria (cfr. Fallos 342:1580 del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite).-
3. Los contornos de la ecuación procesal a la que se encuentran sujetos los principios mencionados pueden trazarse de acuerdo a los siguientes pará- metros.-
En el marco de un procesal laboral, quien demanda debe identi- ficar con precisión la cosa demanda, explicar con claridad los hechos en que se funde e invocar de forma sucinta el derecho sobre el que funde su reclamo (art. 45, incs. 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 1444).-
La cosa demandada es lo que se pide en concreto, el objeto pre- tendido o reclamado. Es necesaria cierta precisión en la determinación del objeto de la demanda, pues ello marcará el epicentro de la lid y será lo que permita al accionado allanarse o replicar la pretensión. Por su parte, los hechos jurídicamente relevantes constituyen la causa que se invoca como fundamento de la pretensión y como base del derecho aplicable. Además, se debe individualizar y mentar, aun sucintamente, los preceptos legales cuya aplicación se pide al tribunal (cfr. Mazza, Miguel Ángel en Allocati, Amadeo -Director- y Pirolo, Miguel Ángel -Coordinador-: “Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 1990, Tomo II, págs. 13, 15 y 21).- A su turno, la réplica de la demanda debe ajustarse -en lo perti- nente- al mencionado artículo 45 de la Ley Nº 1444 y al artículo 334 del CPC y C. Representa la oportunidad procesal más significativa que tiene el accionado para ejer- cer su derecho de defensa. Produce la importante consecuencia de incorporar al pro- ceso las circunstancias invocadas por el demandado para desvirtuar la pretensión del actor (autor y ob. cit., págs. 114/115).-
Seguidamente, la prueba producida en la causa podrá versar ex- clusivamente sobre los hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escri- tos respectivos (art. 342, primer párrafo, del CPC y C, aplicable a los procedimientos laborales a tenor de lo prescripto por el art. 121 de la Ley Nº 1444).-
Finalmente, el juzgador decidirá el encuadramiento jurídico que corresponde dar a las circunstancias fácticas acreditadas, haciendo operar las conse- cuencias legalmente previstas.-
La instancia revisora ordinaria también ve acotado su terreno de actuación. Así: “En nuestro sistema procesal, el ámbito de conocimiento del tribunal de apelación tiene un doble orden de limitaciones: en primer lugar, el tribunal de alza- da está limitado por las pretensiones planteadas en los escritos introductorios del pro- ceso. En segundo lugar, y siempre dentro del marco de las pretensiones planteadas en primera instancia, el tribunal de alzada lo está por el alcance que las partes han dado a los recursos de apelación interpuestos…Es decir, los jueces en la alzada deben respetar el principio de congruencia en un doble aspecto: uno, el que resulta de la relación procesal; y el otro, nacido de la propia limitación que el apelante haya impuesto a su recurso.” (cfr. Loutayf Ranea, Roberto G.: “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, Astrea, 2ª ed., Buenos Aires, 2009, Tomo 1, págs. 125/126).-
4. Determinar, entonces, si en el presente caso el Tribunal de Alzada incurrió efectivamente en el vicio que denuncian las recurrentes torna necesa- rio rememorar los términos en los que la litis fue demarcada.-
Al promover la demanda laboral, las actoras reclamaron explí- citamente las indemnizaciones derivadas del despido indirecto en el que se colocaron y el cobro de créditos salariales adeudados.-
Para sustentar sus pretensiones, postularon que la relación enta- blada con la demandada respondía a un vínculo de linaje laboral, lo que se evidencia- ba con la asistencia a una serie de cursos de capacitación que Pan American Energy LLC organizó; esto reflejaba -a juicio de las actoras- una prestación de servicios que hacía operativa la presunción contemplada en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Describieron asimismo el intercambio epistolar suscitado entre las partes, a partir del cual surge que intimaron a la empresa para que registre debidamente el vín- culo laboral, y que tras la negativa de ésta última, decidieron darse por despedidas sin justa causa, al entender que la negativa configuraba una injuria grave (cfr. fs. 57/63).- En su réplica, la accionada -tras las negativas de rigor- explicó que en el marco de los deberes impuestos por la responsabilidad social empresaria acordó con la Asociación Civil “Escuela del Trabajador” el desarrollo de un curso de capacitación, del que las actoras participaron, percibiendo una compensación que era abonada por dicha escuela. Puntualizó asimismo que las actoras jamás realizaron ac- to, ejecutaron obra o prestaron servicios en su favor y que, por el contrario, lo realiza- do redundó en favor de ellas (cfr. fs. 99/110 vta.).- Al resolver la contienda, el juez de origen rechazó el reclamo de las actoras. Sin embargo, entendió que de los convenios suscriptos surgía la obliga- ción de brindar trabajo efectivo, lo que fue incumplido por la empresa demandada. Como corolario de ello, determinó una indemnización en concepto de daños y perjui- cios, en orden a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo. Apontocó su actuación en el marco de lo prescripto por el artículo 40 de la Ley Nº 1444, que autoriza a los jueces laborales a fallar ultra petita (“más allá de lo pedido”) (cfr. fs. 713/725 vta.).- Esta decisión fue impugnada por ambas partes (cfr. fs. 728/734 vta. y 737/747 vta.).-
En lo que aquí resulta pertinente, la actora sostuvo en su recurso de apelación que el juez de grado se apartó del thema decidendum (“tema de deci- sión”) e insertó cuestiones que no fueron alegadas por las partes, que nunca citaron el artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. foja 732 vta.). Ahondando su tesi- tura, continuó diciendo que las partes no acordaron ni tampoco se mencionó en los es- critos postulatorios que el contrato de trabajo comenzaría a ejecutarse en una fecha posterior a su celebración (cfr. foja 733). En esta senda, concluyó que se trató de un contrato de trabajo totalmente ejecutado y no sin principio de ejecución, como afirmó el juzgador, por lo que no correspondía concurrir al derecho común (cfr. foja 733 vta.).- De su lado, la demandada reprodujo un agravio análogo, al pos- tular en su apelación que el magistrado resolvió extra petita, por cuanto admitió par- cialmente la demanda con fundamento en lo indicado por el artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando ninguna de las partes invocó este precepto legal al tra- barse la litis (cfr. foja 739 vta.).-
Al emitir su pronunciamiento, el Tribunal de Alzada desestimó la pretensión recursiva reseñada, considerando que el sentenciante subsumió los he- chos en la norma jurídica, otorgando a la accionante el derecho que intentaba hacer valer (cfr. foja 773). Además, consideró -al igual que el juez de origen- que existió un compromiso laboral incumplido por la accionada, que ameritaba una condena indem- nizatoria en el marco del artículo 24 del régimen laboral (cfr. foja 775).-
De lo expuesto se colige que, al resolver como lo hizo, el Tribu- nal a quo, infringió el principio de congruencia, alterando flagrantemente la relación procesal.-
Al confirmar el resarcimiento determinado en la instancia de origen en el marco de lo estipulado por el artículo 24 de la Ley de Contrato de Traba- jo, la Excma. Cámara de Apelaciones otorgó algo distinto a lo reclamado (indemniza- ción por despido sin justa causa y deudas salariales) modificando indebidamente el objeto de la pretensión de las actoras. Es decir que traspasó indebidamente la primera frontera que cercenaba su margen de decisión, la que venía dada -tal como se dijo- por las pretensiones planteadas en los escritos introductorios del proceso.- En este contexto, aciertan las recurrentes al sostener que la de- cisión en crisis incurrió en un supuesto de incongruencia extra petita.-
Resulta cierto que el Tribunal de Alzada emitió un pronuncia- miento -en tal porción- por fuera de lo pedido, incurriendo de tal modo en el vicio procesal de incongruencia con directa afectación a la garantía constitucional de defen- sa en juicio de la parte demandada.-
Y ello es así desde que la demandada no tuvo oportunidad de expedirse, habida cuenta de que no contó con la oportunidad de plantear aquello que hiciera a su posición defensiva con respecto a este puntual rubro que sorpresivamente y sin petición de las actoras, fuera incorporado en la sentencia dictada por el magis- trado de origen y, ulteriormente, confirmada por el Tribunal de Alzada.-
Así las cosas, cabe rememorar que este Alto Cuerpo ha sosteni- do que: “…‘Una de las garantías del debido proceso consiste en el marco que tiene la judicatura para no introducir alegaciones o cuestiones de hecho sorpresivamente, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa; por ello, la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa, es ineludible exigencia de principios sustanciales del juicio relativos a la igual- dad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites de los po- deres del juez. Superando este marco, se produce el quebrantamiento del principio de congruencia’…‘El destino del principio de congruencia es conducir el proceso en tér- minos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio y exige que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa’…porque ‘La conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa, es ineludible exigencia de cumplimiento de principios sustanciales del juicio, relativos a la bilateralidad, igualdad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los limites de los poderes del juez, conculcándose el principio constitucional de la defensa en juicio cuando el decisorio recae sobre una cosa no re- clamada o sobre un hecho que no ha sido propuesto a decisión.’…” (cfr. Sentencia, Tomo XII, Reg. 425, Folio Nº 2322/2327).- No se debe confundir la atribución de los jueces laborales de emitir pronunciamientos ultra petita, es decir, en más de lo pedido, supliendo omisio- nes o subsanando errores, lo cual se encuentra habilitado por el artículo 40 de la Ley Nº 1444 en vías de satisfacer el fin tuitivo del derecho laboral, con expedirse por fue- ra de lo pedido o extra petita.-
5. A esta altura, conviene precisar que la indemnización esti- pulada en el artículo 24 del régimen laboral presupone la existencia de un contrato de trabajo que no ha tenido principio de ejecución.-
En punto a ello se ha sostenido que: “…un contrato de trabajo puede constituirse y ser válido, aunque se haya diferido el comienzo de la ejecución de las prestaciones de tareas; entonces es posible afirmar que durante dicho ínterin las partes no están exentas del cumplimiento de los débitos que tienen su causa fuente en el contrato concertado. En este sentido, el artículo 24 de la LCT otorga un escueto tra- tamiento de los efectos del contrato de trabajo en esta instancia, situación que la legis- lación laboral desvía al derecho común. Cabe destacar que la derivación al ámbito ci- vil representa una excepción al principio general por el cual el contrato de trabajo desde su inicio a fin y sus consecuencias se rigen por la LCT.
Esta singularidad solo se explica porque la extinción del contrato de trabajo sucede antes de iniciarse la prestación de servicios, faltando el elemento ponderable de la antigüedad o tiempo de servicio con el cual se basa la graduación de las indemnizaciones por despido. Se en- tiende que el legislador ha adoptado esta solución especial ante la imposibilidad de aplicar los principios que regulan la extinción del contrato de trabajo -por falta de an- tigüedad- y no porque se haya querido que este tramo de la relación jurídica se rija por normas extralaborales.” (cfr. Figueredo, Pablo A.: “La responsabilidad precontractual. Qué sucede si no se formaliza el contrato de trabajo” de agosto de 2018, Tomo X, www.eol.errepar.com, Cita digital: EOLDC098064A).- Lo que hace la ley entonces es contemplar, brevemente, el caso de la existencia de un contrato de trabajo sin que haya contemporáneamente una pres- tación laboral, que el contrato deja para más adelante (cfr.
Montoro Gil, Gonzalo V. y Vicente Echegaray, Valeria G.: “Contrato de trabajo sin relación de trabajo. Efectos por ruptura anticipada” del 12/05/2014, www.eldial.com, Cita online: elDial DC1CBB). En este sentido, Juan Carlos Fernández Madrid afirma que: “…la natura- leza consensual del contrato de trabajo determina que la relación jurídica quede per- feccionada por el acuerdo de voluntades. A partir de ese momento, las partes tienen derecho a exigirse el cumplimiento de las obligaciones recíprocas, pero como no hay relación de trabajo, la que sólo comienza cuando se inicia la efectiva prestación de servicios, los efectos del incumplimiento del contrato en esta etapa se juzgarán por las disposiciones del derecho común…” (cfr. autor cit., “Ley de Contrato de Trabajo Co- mentada y Anotada”, La Ley, 1ª edición, Buenos Aires, 2009, Tomo I, pág. 532).- En suma: “En comentario a la norma señalada, la doctrina y la jurisprudencia sostienen, en forma concordante, que la extinción de ese contrato que no llegó a ejecutarse no se rige por las reglas generales de la Ley de Contrato de Tra- bajo, es decir, no son aplicables las normas sobre preaviso ni sobre indemnización ta- rifada por despido del art. 245 ni tampoco las relativas al aspecto formal de la desvin- culación: no se rige por formas solemnes.
En dicha situación, el caso queda compren- dido en la norma del art. 24, LCT, que, a su vez, remite a pautas de derecho común para juzgar los efectos de la extinción, de modo que no rigen en tal supuesto los arts. 240 y 241, LCT, que requieren, en cambio, formas solemnes para la extinción por re- nuncia o por voluntad concurrente.” (cfr. Benitez, Norma A.: “El reclamo en los tér- minos del art. 24, LCT”, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: 0003/402710).-
6. Sentado lo que antecede, vale puntualizar que en orden a la prueba de los hechos o la prueba de los enunciados asertivos o proposiciones formu- ladas, la aportación de los elementos probatorios queda limitada a los alegados por las partes, en tanto que pudieron ser controvertidos por la contraria y en la medida que son conducentes.-
En tal dirección, resulta insoslayable que la demandada en autos no tuvo la oportunidad de plantear oportunamente defensa alguna en relación a la re- paración ordenada en sede de grado al amparo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo.-
Las accionantes plantearon en la faz postulatoria del proceso la existencia de un contrato de trabajo que reflejaba la prestación de servicios a favor de la demandada, materializada en la asistencia a diferentes cursos de capacitación; y ante la negativa a registrar en debida forma la relación laboral fue que decidieron extinguirla de manera indirecta, lo que a la postre, motivó el reclamo de las indemni- zaciones por despido y por diversos créditos salariales.-
Considerar, entonces, como lo hizo el juez de grado y luego fuera confirmado por el Tribunal de Alzada, que existió un compromiso laboral que no tuvo principio de ejecución y que, por ende, debe fijarse una indemnización en el marco de la norma precitada, implica una mutación de la plataforma fáctica allegada por los litigantes y un apartamiento palmario del objeto litigioso; ello, en razón de que dicha circunstancia no fue afirmada en el escrito inicial que respondiera la accio- nada. Y desde que no pudo plantear defensa controvirtiendo sobre aquello que no fue afirmado, mal pudo ofrecer prueba sobre un planteo defensivo que se vio impedida de esgrimir. Como se advierte sin dificultad, esta porción de lo decidido que se encuen- tra en crisis, afecta al principio procesal de contradicción que es tributario de la ga- rantía constitucional de defensa en juicio y del debido proceso.- En sentido concordante a lo aquí indicado, la Sala II de la Cá- mara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha expresado: “Los accionantes no han re- clamado una indemnización por daños y perjuicios, tal como lo prevé el art. 24, LCT, para los casos en los cuales el contrato de trabajo se disuelve antes de que se inicie la prestación de los servicios; y, es obvio que la facultad que emerge del principio iura curia novit no incluye la posibilidad de que los jueces introduzcan de oficio un recla- mo indemnizatorio que no fue efectuado; ni de que se pronuncien en torno a la proce- dencia de una indemnización que no fue reclamada…” (cfr. Sala y Cámara cit., “Grunstein, Diego P. y otro c/ Básica Cine S.A.” del 27/12/2010, www.información- legal.com.ar. Cita Online: 40060239).-
7. En definitiva, al resolver como lo hizo el Tribunal a quo soslayó el limite fijado por el principio de congruencia, erigido en defensa del dere- cho de propiedad y de la defensa en juicio, ello pues en ningún momento las actoras demandaron la reparación originada en un contrato de trabajo sin principio de ejecu- ción. En esas condiciones, las decisiones de autos -al alterar las bases fácticas del liti- gio- se revelan falta de toda congruencia con los términos de la demanda, de tal forma que -lejos de suplir una omisión de las litigantes en la calificación jurídica- vinieron a modificar la pretensión originariamente deducida con mengua del derecho de defensa de la demandada, quien por esa vía se vio privada tanto de la oportunidad de contro- vertir esta nueva imputación, como de ofrecer y producir la prueba conducente a esos fines.-
VI. A la luz de los argumentos hasta aquí vertidos, cabe concluir que la irregularidad sindicada resulta de una gravedad tal que conlleva la anula- ción de la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones, por lo que corresponde re- vocar el pronunciamiento en crisis, en los términos del 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/ 15 -Decreto Nº 2228/15- por quebrantamiento de las formas sustanciales. debiendo reenviarse las presentes actuaciones a los respectivos subrogantes legales para que dicten sentencia conforme a derecho y según corresponda (cfr. art. 14 del Libro I, Ti- tulo IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-), con costas en el orden causado en razón de la forma en que se resuelve (art. 68, segundo párrafo del CPC y C, aplicable al sub judi- ce de conformidad a lo prescripto por el artículo 121 de la Ley N° 1444).- Como consecuencia de lo aquí expresado, es necesario advertir que lo resuelto no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que en definiti- va merezca el litigio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 589, Folio 3377/3382).-
En virtud del resultado al que se arriba no corresponde pronunciarse en relación al resto de los agravios esgrimidos por ambos recurrentes.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar parcialmente a los recursos de casación inter- puestos por las partes actora a fs. 780/792 vta. y demandada a fs. 796/827, por quebrantamiento de formas sustanciales, y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 767/776, reenvíando las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte nuevo pronunciamiento, debiendo tener presente las consideraciones desarrolla-das precedentemente por este Alto Cuerpo.-
3. Agregar en el expediente acumulado: “Cayun Antonella Judith y Otros c/ Pan American Energy LLC s/ Demanda Laboral”, Expte. Nº C-12.906/11, copia certificada de la presente sentencia.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1012S.211 Tomo: XX Interlocutorio: 684 Folio N°: 3984/3991 Secretaría: 1
Fin de la sentencia