Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 29247-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a la parte actora por desistida de la acción y del derecho, incluso del de repetición, y por condonados los intereses pertinentes y la sanción aplicada por las Resoluciones Nº 3/2007 y Nº 47/2013 DV RJUN (cfr. Considerando III).
2Distribuir las costas del proceso en los términos fijados en el Considerando IV; es decir: costas a la actora respecto de los tributos por los que formula desistimiento y costas por su orden con relación a los conceptos condonados.
3Diferir la regulación de honorarios correspondientes a esta Alzada para el momento en que sean establecidos los emolumentos de la dirección letrada y representación del Fisco Nacional por su labor ante el Tribunal Fiscal de la Nación (cfr. art. 60 y 61 de la RG AFIP 5101). A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAF 67914/2015/CA2; VARGAS JULIO CESAR (TF
29247-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de junio de 2022.- PDP
La adhesión de la parte actora al régimen de la ley 27.653 a fin de regularizar sus obligaciones tributarias con fecha 4/3/22 [10:48 hs], el allanamiento, desistimiento y renuncia de la acción y del derecho formulado con fecha 13/5/22 [8:14 hs], cuyo traslado conferido el 8/3/22 fuera replicado por el Fisco Nacional con fecha 15/3/22 [13:48 hs]; y
I. Que ambas partes apelaron la sentencia dictada en autos por el Tribunal Fiscal de la Nación el 5/2/19 (fs. 894/901), la cual, en lo sustancial, confirmó parcialmente la Resolución Nº 3/2007 (DV RJUN) del 16/1/07 –que había determinado de oficio la materia imponible en el IVA, períodos fiscales 4/02 a 4/04, fijando “saldos a ingresar” en los períodos 4-5-6-7/02, 2-6-11/03 y 2/04, liquidado los intereses resarcitorios y aplicado una multa en los términos del artículo 46 de la ley 11.683 respecto de los períodos fiscales 2-6-11/03 y 2/04 (fs. 4/19)– y la Resolución Nº 47/2013 (DV RJUN) del 29/7/13 (fs. 799/816), que aplicó otra multa en iguales términos respecto de los períodos fiscales 4-5-6- 7/02. A fs. 957 el a quo tuvo a la parte demandada por desistida del recurso concedido a fs. 906.
Elevadas las actuaciones a esta Alzada, con fecha 4/3/22 [10:48 hs] la actora informó que el 17/2/22 adhirió al régimen de la ley 27.653 a fin de regularizar las obligaciones tributarias discutidas en auto, y acompañó el formulario F.408/PD –junto con la aclaración formulada digitalmente a la Agencia Sede Junín, el 4/3/22– y el formulario F.1003 “Mis Facilidades. Ley 27.653”, correspondiente al Plan Nº P795789, con fecha de consolidación 17/2/22, a nombre de Julio César Vargas, en el que se incluyeron los conceptos debatidos en autos, por valor total de $ 298.152,71.-
Posteriormente, en su presentación del 13/5/22 [8:14 hs], la actora informó que: (i) desistió de la acción y del derecho, incluso del de repetición, allanándose en su totalidad a la pretensión fiscal; (ii) no se encuentra alcanzado por ninguna de las causales de exclusión previstas en el artículo 16 de la ley 27.541 y artículo 11 de la ley 27.653, ni tampoco incursa en las hipótesis descriptas en el artículo 8º de la ley 27.541, y (iii) no posee bienes en el exterior. En orden a ello, solicita que se registre la condonación de pleno derecho de las multas e intereses correspondientes.
II. Que con fecha 8/3/22 esta Sala corrió traslado de dicha presentación, el cual fue contestado por el Fisco Nacional con fecha 15/3/22.
Al respecto, la demandada informó: (i) que la actora presentó el 11/3/22 las declaraciones juradas vinculadas con las obligaciones regularizadas; (ii) que de la consulta efectuada al “Sistema Atenea - Módulo Juicios Universales” no surge que posea juicios en trámite, finalizados ni paralizados (cfr. art. 16 inciso a, ley 27.541), y (iii) que registra la causa penal “Vargas Julio Cesar s/ Infracción Ley 24769”, finalizada por sobreseimiento en virtud del principio de ley penal más benigna.
III. Que la ley 27.653 dispuso en su Título II, Capítulo II la ampliación de la moratoria de regularización de obligaciones tributarias aprobada por la ley 27.541 (modif., por ley 27.562), alcanzando a las obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2021 –inclusive– (art. 5º). Asimismo, en el Capítulo III estableció la ampliación para los contribuyentes que pretendan regularizar sumas adeudados, resultantes de la actividad fiscalizadora de la AFIP. Para estos últimos el acogimiento al régimen tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite (art. 7º).
Por su parte, el artículo 6º de la ley 27.653 –en lo que aquí interesa– concede el beneficio de: (i) condonación total de los intereses resarcitorios y punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683, en el importe que, por el total, supere los porcentuales descriptos en el inciso b) de aquél precepto, y (ii) de liberación de las multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas hasta CAF 67914/2015/CA2; VARGAS JULIO CESAR (TF 29247-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO el 31 de agosto de 2021, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia del Título II de la ley 27.653 y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. El inciso a) del mentado artículo estatuye que se podrán regularizar las obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras vencidas al 31 de agosto de 2021, estableciendo en el inciso f) las condiciones de los planes de facilidades de pago.
A su vez, el artículo 13 de la misma ley dispone que los beneficios procederán en la medida que los sujetos cumplan, respecto del capital, multas firmes e intereses no condonados, sin otro requisito, alguna de las siguientes condiciones: a) compensación; b) cancelación mediante pago al contado, o c) cancelación total mediante alguno de los planes de facilidades de pago.
Por último, el artículo 8º de la ley 27.653 establece que resultan de aplicación todas las disposiciones previstas en su Título II y, subsidiariamente, y en la forma que establezca la reglamentación, las disposiciones de la ley 27.541 (modif. por ley 27.562).
Cabe mencionar que el artículo 8º de la ley 27.541 (modif. por ley 27.562) –parte pertinente– excluye del régimen a las “Personas humanas o jurídicas que, no revistiendo la condición de: i) MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el treinta por ciento (30%) del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación”.
IV. Que en virtud de la normativa reseñada, lo expresado por las partes y la documentación obrante en la causa, corresponde tener a la actora por desistida de la acción y el derecho, incluso del de repetición, de conformidad con los términos previstos en la ley 27.653 y en la resolución general (AFIP) 5101 de 2021.
Por otra parte, la adhesión de la responsable al régimen aludido implica la eximición de las sanciones y de los intereses, motivo por el cual incumbe tener por condonada las multas aplicadas en las Resoluciones Nº 3/2007 y Nº 47/2013 (DV RJUN), como así también los intereses que correspondan, de conformidad con lo previsto en el artículo 6º inciso b) de la ley 27.653.
Ello es así, sin perjuicio del control que el organismo fiscal efectúe en su oportunidad, respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos en el régimen de regularización excepcional, como así también de los extremos que debe satisfacer la actora para gozar de los beneficios establecidos en la ley. V. Que con relación a los gastos del litigio, cabe colegir que el segundo párrafo del artículo 7º de la ley 27.653 establece que el acogimiento al régimen genera –además del allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite– que el responsable asume el pago de las costas y gastos causídicos. Siendo ello así, respecto del monto por el que la parte actora se allana, las costas deben ser impuestas a su cargo, ya que, al adherir al régimen y/o al presentar el Formulario F408, asume hacerse cargo de ellas.
En cambio, distinta resulta la solución con relación a las costas referidas a la condonación de intereses y sanciones. Ello así, en atención a que –como se dijo–, respecto de la obligación tributaria discutida judicial o administrativamente, se exige como condición para la procedencia del beneficio que el allanamiento o desistimiento de la acción y derecho sea “asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos”. Sin embargo, este último requisito no se exige, ni corresponde válidamente extenderlo a la eximición de los intereses y la liberación de las multas, por cuanto CAF 67914/2015/CA2; VARGAS JULIO CESAR (TF 29247-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO respecto de ellos la condonación operaría de pleno derecho, al cumplirse las condiciones que establece la ley, sin que pueda entenderse que exista un vencido en la causa, con la consiguiente imposición de costas. Tal es la doctrina legal que emerge del Plenario “ALPARGATAS SAIC c/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” del 16/12/20, en el sentido de que: “No corresponde incluir dentro del pago de las costas y gastos causídicos que se asume, a los intereses y/o multas alcanzadas por el beneficio de exención o condonación establecido en el régimen de regularización de obligaciones tributarias previsto en el Título II de la ley 27.260 (art. 55)”.
Al respecto, cabe aplicar mutatis mutandis esa doctrina legal al sub judice, toda vez que el régimen legal allí examinado guarda sustancial semejanza con el que aquí analizado.
VI. Que finalmente, en cuanto a la regulación de honorarios, corresponderá que esta Sala intervenga una vez que sea fijada la retribución que les corresponda a los profesionales que intervinieron por el Fisco Nacional por su actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. A tal fin, cabe dejar sentado que resulta de aplicación al caso la reducción prevista en los artículos 60 y 61 de la resolución general (AFIP) 5101.
Por ello, en mérito a lo precedentemente expuesto, SE
1. Tener a la parte actora por desistida de la acción y del derecho, incluso del de repetición, y por condonados los intereses pertinentes y la sanción aplicada por las Resoluciones Nº 3/2007 y Nº 47/2013 DV RJUN (cfr. Considerando III).
2. Distribuir las costas del proceso en los términos fijados en el Considerando IV; es decir: costas a la actora respecto de los tributos por los que formula desistimiento y costas por su orden con relación a los conceptos condonados.
3. Diferir la regulación de honorarios correspondientes a esta Alzada para el momento en que sean establecidos los emolumentos de la dirección letrada y representación del Fisco Nacional por su labor ante el Tribunal Fiscal de la Nación (cfr. art. 60 y 61 de la RG AFIP 5101). A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia