Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 36.966-I
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-139777262-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 28 de Diciembre de 2022 En el día de la fecha, reunidos los miembros de la Sala C del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación), Juan Carlos Vicchi (Vocal Titular de la 9° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver el expediente N° 36.966-I caratulado “VARGAS, RODOLFO JAVIER s/ recurso de apelación”
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 95/121vta. se interpuso recurso de apelación contra las Res. 128/2012 y 129/2012, ambas del 01/11/2012 que determinaron de oficio el impuesto a las ganancias (IG) del período fiscal 2006 y el IVA de 01 a 12/2006, reduciéndose los saldos a favor del contribuyente hasta el período 08/2006 que resultaron absorbidos, en ambos casos se intimó el pago con más los intereses resarcitorios. Asimismo, ambas resoluciones aplicaron 2 multas graduadas en el 70% del IG y del IVA, sólo por los ejercicios 9 a 12/06 (cfme. art. 45, ley 11.683).
La recurrente indicó que le resultó sorprendente que la determinación se haya practicado sobre base presunta pese a que los elementos necesarios para efectuar una adecuada valoración del hecho y la base imponible estuvieron a entera disposición del organismo recaudador. Entendió que el fisco realizó una sesgada apreciación de la documental involucrada (principalmente se reparó en el inaplicable requisito de la fecha cierta y la negativa a examinar los movimientos bancarios de los fondos) y que la prueba rendida durante el procedimiento de determinación de oficio no fue objeto de análisis.
Explicó que los indicios deben ser plurales, graves, precisos y concordantes y detalló que en el caso, sólo existe un único indicio, cual es la supuesta falta de fecha cierta.
Destacó que la interpretación del fisco por la que impugna el mutuo concertado no hace más que apartarse de los conceptos jurídicos volcados en el ordenamiento vigente sin fundamento alguno y que en este caso, por omisión de reglamentación particular, ha optado por valerse de los conceptos jurídicos propios del derecho civil y comercial. Indicó que el origen de la impugnación de la operación de préstamo se funda en la exigencia de una serie de requisitos no contemplados en la integridad del ordenamiento jurídico vigente y que tampoco se desprenden, ni condicen, con los antecedentes jurisprudenciales existentes. Alegó que el fisco no controvirtió la verificación de los elementos tipificantes del acuerdo de mutuo celebrado, esto es, la autorización de uso, cuya finalidad estaba ordenada a fines comerciales relacionados con OH! VARGAS ni el interés fijado como precio de la citada autorización de uso en el contrato. Afirmó que la impugnación del fisco no puede prosperar debido a que existe un contrato certificado y legalizado, con fecha cierta, aún antes del inicio de la fiscalización; existen plazos de devolución de capital y de intereses que no se encuentran incumplidos; se ha efectuado la devolución íntegra del capital dentro del plazo estipulado; y no se constituyó ningún tipo de aval o garantía sobre el préstamo obtenido en virtud de la relación de amistad entre ambas partes.
Puntualizó que el fisco considera que como no se estipuló en el mutuo el lugar de suscripción del mismo, dicho acuerdo no existió. Si bien la estipulación del lugar de suscripción del contrato no se encuentra contemplado en las normas vigentes en relación a la configuración del préstamo, destacó que el 01/12/2006 el Sr. Thomas Tyler Schwaninger, domiciliado en Maryland, EEUU, formuló una propuesta de contrato de mutuo al Sr. Vargas, domiciliado en la Argentina, que fue enviada por correspondencia a éste y que aparece suscripta por su destinatario indicando la aceptación de la misma.
Explicó que el mutuo se enmarca dentro de los contratos celebrados entre ausentes, es decir, los efectuados por personas domiciliadas, radicadas o ubicadas en lugares diferentes o bien, las convenciones efectuadas por personas que, si bien están radicadas en una misma ciudad, no expresan su consentimiento simultáneamente en un mismo instrumento.
En virtud de ello, destacó que la documental suministrada como prueba del préstamo no puede ser controvertida por el fisco sobre la base de que se encontraba en el país al 01/12/2006, máxime cuando jamás fue cuestionada esa afirmación por el Sr. Vargas.
Destacó que yerra el fisco al afirmar que la falta de avales y garantías conspira contra la existencia del préstamo, en tanto las garantías son elementos accesorios y no esenciales del contrato de mutuo. La constitución de avales y garantías de ningún modo pueden ser consideradas como elemento constitutivo de un determinado tipo contractual cuando, como en el caso, son elementos comunes, accesorios y de aplicación discrecional a todo el universo de los contratos.
Con relación al argumento fiscal relativo a la falta de fecha cierta, indicó que la firma del Sr. Thomas Schwaninger se encuentra certificada con fecha 01/12/2006 por la escribana Christine R. Nulty, con anterioridad al inicio de la inspección, momento en el cual el contrato adquirió fecha cierta. Entendió que aunque la firma del Sr. Vargas fue ratificada y certificada con posterioridad (el 08/04/2009) por la escribana Stephanie Paola Guilty, Commission Nro. 01GU6110028 y el apostillado del mutuo también fue realizado en esa fecha, no puede válidamente sostenerse que el mutuo carecía de fecha cierta al momento de iniciada la verificación y por lo tanto, resultaría no apto para probar la operación. Destacó que el instrumento de mutuo constituye una prueba preconstituida al inicio de la fiscalización, pues la intervención de la escribana Nulty al certificar la firma del acreedor, le otorgó fecha cierta. El fisco también adujo que el acreedor no percibió ingreso alguno por el repago del mutuo antes del inicio de la fiscalización, no siendo el repago del préstamo un elemento típico del contrato de mutuo, sino que es una exigencia posterior al perfeccionamiento del mismo que en nada puede alterar su existencia y entidad como tal. En este sentido, destacó que se encuentra probada la ulterior remesa de los fondos al exterior en concepto de capital adeudado realizada en el mes de 03/2012, esto es, antes del vencimiento del plazo del contrato que operaba el 01/12/2016. Asimismo, el contrato de mutuo dispone expresamente que el préstamo no seria cancelado antes del 01/12/2008, por lo que parecen inverosímiles todas las elucubraciones del fisco en torno a la falta de devolución del préstamo y remesa de fondos. Planteó que le resulta inaudito que el fisco entienda que no existió mutuo en tanto el servicio de la deuda no fue cumplido a la fecha de las resoluciones determinativas, olvidándose evaluar que de acuerdo con los términos del contrato, no existe un plazo incumplido.
Entendió que tal como lo disponen las normas del código de fondo, el contrato de mutuo queda perfeccionado al momento de la recepción de los fondos, siendo jurídicamente imposible impugnar desde ese momento lo que la ley civil y comercial de fondo (ley a la que un órgano meramente administrativo como la AFIP debe someterse), califica como mutuo, sólo porque una “sospecha” lleva a la inspección a pensar que la transacción es inexistente.
Advirtió que las sumas que conformaban el préstamo se han transferido desde la cuenta bancaria del Citibank (EE.UU.) a nombre del Sr. Schwaninger, a la cuenta del Banco HSBC (Argentina) del Sr. Vargas al 19/12/2006 y aclaró que a la inversa ocurrió al momento de la cancelación.
Ello así, resumió que se desprende en forma clara que las sumas objeto del mutuo no provienen de ingresos “no registrados” del Sr. Vargas, sino del referido préstamo tomado del Sr. Thomas Tyler Schwaninger y que el mismo fue otorgado y efectivamente transferido al Sr. Vargas, pues las sumas ingresaron al patrimonio de éste y se aplicaron para la compra de un inmueble sito en Gorostiaga 1557, piso 3, depto. C, CABA y que el supuesto incumplimiento de ciertas formalidades imputadas por el fisco, no puede privar a esa operación de la legitimidad que posee y por ende, son totalmente ineficaces para revertir la carga de la prueba e inferir la existencia de un presunto incremento patrimonial no justificado.
Sostuvo que el fisco jamás reparó en el origen de los fondos que ingresaron al patrimonio del Sr. Vargas con motivo de la asistencia financiera concedida por el acreedor. Además, indicó que los fondos circularon por las cuentas bancarias de los sujetos involucrados en la operación, produciéndose el traspaso de las sumas de un patrimonio al otro. Entendió que esta circunstancia de hecho tiene una entidad tal que no debió ser soslayada en las resoluciones apeladas porque ese origen de los fondos prestados resulta suficiente para desbaratar la presunción aplicada, ya que se desvirtúa la posibilidad de que ellos provengan de ventas omitidas o de rentas sustraídas de la potestad tributaria del fisco nacional.
En cuanto a las multas impuestas, manifestó que no se ha configurado la omisión del pago del impuesto ni el ingreso en menor medida, en tanto se encuentra probado que las sumas objeto del préstamo no provienen de ingresos no registrados. Relató que en el presente caso no se configuró el elemento subjetivo en su accionar, por cuanto, a su criterio, efectuó una interpretación discreta y razonable de la normativa aplicable al caso.
Finalmente, entendió que para el caso de considerarse que se haya configurado el aspecto objetivo y subjetivo del tipo penal, cabría la exoneración de las sanciones aplicadas en virtud de la eventual existencia de un error excusable.
Citó jurisprudencia en apoyo de su postura, ofreció prueba y peticionó que se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 135/147vta. se presentó el fisco nacional y contestó el traslado de los recursos, acompañando los antecedentes administrativos (a.a.). Solicitó que oportunamente se rechacen los argumentos vertidos por la recurrente y se confirmen en todas sus partes las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que a fs. 158/158vta. se abrió la causa a prueba, a fs. 421 se clausuró el período probatorio y se elevaron los autos a consideración de la Sala “C” y a fs. 425 se pusieron autos para alegar. A fs. 431/432vta y fs. 433/440vta obran los alegatos del fisco nacional y de la recurrente respectivamente. A fs. 441 se llamaron autos a dictar sentencia.
IV. Que primeramente corresponde señalar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfme. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros).
V. Que de los antecedentes administrativos (a.a.) que corren por cuerda separada (v. informe final de inspección obrante a fs. 122/126) y de las resoluciones apeladas surge que la actora tiene como actividad principal declarada la de “Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios o arrendados NCP”, “Confección de prendas de vestir NCP excepto las de piel, cuero y sucedáneos, pilotos e impermeables”, “Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico” y “Fabricación de calzado de tela, plásticos, goma, caucho y otros materiales”.
Cabe señalar que las presentes actuaciones tuvieron origen en la observación de pasivos cuyo monto supera la capacidad de pago exteriorizada en relación a las rentas gravadas y exentas, declaradas en el IG del ejercicio 2007.
Según lo informado por el fiscalizado y a tenor del pagaré aportado (v. fs. 5/7 y fs. 36/52, aa) surge que la fecha de suscripción fue el 01/12/2006, en idioma inglés, por el Sr. Vargas y el Sr. Schwaninger, por U$S 100.000, cancelándose en un pago antes del 01/12/2016 pero no antes del 1/12/2008, con un interés anual del 5%, para los fines comerciales relacionados con OH! Vargas, siendo la ley aplicable la de Maryland. Asimismo, no se especifica lugar de suscripción, forma de entrega, ni garantías. Finalmente, a fs. 40 de los antecedentes el contribuyente informa que no se efectuaron devoluciones, ni pago de intereses y que los fondos han sido aplicados a la compra de un inmueble sito en Gorostiaga 1557, 3° “C”, CABA. En conclusión, el fisco impugnó el pasivo del exterior por un monto de $305.000 con origen en el período 2006, toda vez que: a) el documento aportado (mutuo) fue apostillado en el mes de 04/2009, luego de iniciada la fiscalización, b) no se encuentra estipulado en él, el lugar de suscripción, no obstante al estar redactado en idioma extranjero (inglés) y ser la ley aplicable la vigente en Maryland (USA), se infiere que ha sido suscripto en el exterior, lo cual no es concordante con la información recibida de la Dirección Nacional de Migraciones, en el sentido que el Sr. Vargas se encontraba en el país al momento de la suscripción del citado documento, c) no se han pactado avales ni garantías, d) no se han efectuado devoluciones, e) no se ha probado la capacidad económica del supuesto acreedor, f) falta de acreditación del movimiento de fondos desde el patrimonio del presunto prestamista extranjero hasta el ingreso del patrimonio del supuesto deudor local, toda vez que lo aportado como prueba no contempla lo establecido por el art. 28 del dto. reg. de la ley 19.549 y g) ausencia de pago de intereses.
Por ello, el ente fiscal aplicó la presunción del art, 18, inc. f) de la ley 11.683 como incremento patrimonial no justificado en el IG, determinándose la incidencia en el IVA.
VI. Que habiéndose objetado un contrato de mutuo, y tal como lo ha sentenciado la CSJN en Fallos 334:249, deben observarse los arts. 1034, 1035 y 2246 del CC –vigentes al momento de los hechos-. El último disponía que “el mutuo puede ser contratado verbalmente, pero no podrá probarse sino por instrumento público, o por instrumento privado de fecha cierta, si el empréstito pasa el valor de diez mil pesos”. En efecto, en los términos del Código de fondo, de no existir instrumento público o privado de fecha cierta, el contrato será inoponible a terceros por no reunir ninguno de los supuestos dispuestos por el art. 1035 de dicho cuerpo legal.
Ahora bien, ante la ausencia de instrumentos que acrediten en forma indubitable el préstamo, la prueba tendiente a comprobar la realidad del pasivo debe ser fehaciente, esto es, debe acreditarse la secuencia completa de la operatoria, lo que implica también acreditar la titularidad de los fondos en cabeza de quien presta, su entrega al deudor, la aplicación de los mismos por parte de éste y, si fuera del caso, su posterior restitución.
Ello así, resulta aplicable la regla del “onus probandi incumbit et qui dicit” (la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos), receptada por el art. 377 del CPCCN que dispone que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de aquello que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Ahora bien, del “pagaré” acompañado en autos surge que el mismo fue por U$S100.000 pagadero dentro de los 10 años con interés anual vencido, renovable, de allí en adelante, sujeto a mutuo acuerdo para ser utilizado con fines comerciales relacionados con OH! Vargas, incluyendo la adquisición de bienes reales. Se pactó un interés del 5% anual, pagadero por año vencido, sobre cualquier saldo pendiente. Asimismo, se estipuló que el prestatario promete efectuar un solo pago final por todo el saldo adeudado al beneficiario en o antes del 01/12/2016, pero no antes del 01/12/2008. Asimismo, el prestatario prometió abonar a la orden del beneficiario el importe del capital más el interés a la tasa indicada, como así también a renunciar a toda solicitud de pago, aviso de aceleración de vencimiento, protestos y avisos de protesto en la medida permitida por la ley. También, se establece que el interés sobre la deuda no deberá exceder el monto máximo de interés no usurario que se pudiera contraer, tomar, reservar, cargar o recibir. Finalmente, se convino que el pagaré se regirá y se interpretará por, a través, y según las leyes del Estado de Maryland, EEUU.
En el caso, si bien el contrato acompañado por la actora para acreditar el aumento patrimonial en el ejercicio 2006 no poseía fecha cierta ya que la intervención del notario fue realizada con posterioridad al inicio de la inspección, el 08/04/2009 (v. fs. 39/60), lo cierto es que dicha intervención sólo acredita la existencia formal del documento pero, por sí sola, no da fe de la veracidad de los hechos que el mismo contiene, por lo que es necesario analizar el elenco probatorio ofrecido y producido en autos a fin de observar lo acontecido a los fines de evaluar, si por otros medios, se logró acreditar la veracidad del contrato celebrado por la actora.
En esta línea, el contribuyente ofreció:
1. Copia del contrato de mutuo con la firma certificada del Sr. Thomas Tyler Schwaninger expedida por la escribana Christine R. Nulty (Commission#1525208), con su traducción (v. fs. 39/60 y 68/72) y respuesta al oficio dirigido al Departamento de Justicia de los EE.UU. informando el domicilio y vigencia del mandato como Notaria de Christine Nulty, con su traducción (v. fs. 313/316).
Asimismo, a fs. 379/390 obra la respuesta al exhorto dirigido a los EEUU con su correspondiente traducción a fs. 401/408vta. mediante el cual Christine R. Nulty corrobora la veracidad de la constancia de certificación de la firma del Sr. Thomas Tyler Schwaninger de fecha 01/12/2006, adjuntando una copia de su acta de protocolo notarial para ser incorporada a esta causa, 2. Declaración testimonial del Sr. Thomas Schwaninger de fecha 04/02/2014, con su correspondiente declaración jurada de impuestos e informe de inversiones, con sus respectivas traducciones (v. fs. 231/244vta.), 3. Copia de la solicitud de autorización de transferencia de fondos presentada en el Banco Citibank (EEUU) el 07/12/2006 por el Sr. Schwaninger (v. fs. 74/80). Respuesta al oficio dirigido al Banco Citibank EEUU con las certificaciones del extracto bancario de la cuenta 3405177 perteneciente al Sr. Schwanninger, correspondiente al período 01/12/2006 a 01/01/2007 con sus respectivas traducciones (v. fs. 317/347vta.) de la que se desprende que con fecha 07/12/2006 se produjo el egreso de los U$S100.000.- de dicha cuenta y cuyo beneficiario fue el Sr. Rodolfo Javier Vargas (v. especialmente fs. 325/326 y 342/343), 4. Copia de la nota del 08/10/2010 emitida por el Banco HSBC en la que ratifica el boleto ingresado ante el BCRA por la suma de U$S100.000.- ($304,500) el día 19/12/2006 (v. fs. 82), 5. Constancia del resumen de la caja de ahorros Nro. 081-6-11639-1 del Banco HSBC del Sr. Vargas con el ingreso del dinero (v. fs. 84), 6. Copia del certificado de validación de fecha 01/03/2012 para la compra de divisas para la cancelación del préstamo (v. fs. 92/94), 7. Copia de la solicitud de transferencia al exterior de fecha 14/03/2012 a favor del Sr. Schwaninger presentada en el Banco HSBC (v. fs. 87/90), 8. Respuesta al oficio librado al Banco HSBC en la que acompañan los resúmenes bancarios de los meses 12/2006 y 03/2012 de las respectivas transferencias receptora (Cta. Caja de Ahorros Nro. 0816-11639-1) y emisora (Cta. Cte. Nro. 0813-22921-6) donde en fecha 22/03/2012 se observa un débito por $438.643,57 por transferencia al exterior (v. fs. 178/186), 9. Escritura de compraventa del inmueble ubicado en la calle Gorostiaga 1557, piso 3, depto. C, CABA (v. fs. 62/67).
Respecto de la fecha cierta en los contratos de mutuo, debe puntualizarse que la inoponibilidad frente a terceros que se pregona en el derecho de fondo no determina en el ámbito tributario necesariamente la pérdida del valor probatorio de los contratos privados que se hayan suscripto para respaldar declaraciones juradas, cuando -como se adelantó en el segundo párrafo de este Considerando- los mismos se encuentren acreditados por una serie de indicios precisos y concordantes que, apreciados en forma conjunta, puedan formar en el juzgador razonable convicción de su celebración en la fecha indicada, a fin de descartar la existencia de maniobras concertadas -luego del comienzo de una fiscalización- para justificar un pasivo originariamente inexistente.
Ello así, conforme surge de la prueba testimonial obrante a fs. 231/244vta. y de la documental acompañada en dicho acto por el Sr. Schwaninger (F. 1040 de declaración jurada de impuestos en EEUU e informe de inversiones en “The Vanguard”), dicho mutuante afirmó haber efectuado la transferencia de U$S100.000.- a favor del Sr. Vargas a su cuenta Nro. 081-6-11639-1 del HSBC el 07/12/2006. Asimismo, acreditó que para el año 2006 poseía una ganancia bruta de U$S651.211 y según el informe de Inversiones Vanguard poseía U$S2.000.000 en ahorros a fines de ese año. Asimismo, informó que en 03/2012 el Sr. Vargas canceló la totalidad del préstamo otorgado.
De dicha probanza se desprende que el Sr. Schwaninger poseía un patrimonio considerable en el período fiscal 2006 que excedía holgadamente el objeto del mutuo, por lo que debe considerarse acreditada su capacidad económica para realizar el préstamo.
En cuanto a la remisión de fondos, corresponde destacar que el Sr. Schwaninger ordenó al Citibank que transfiera desde la cuenta que poseía en dicha entidad la suma de U$S100.000 a la cuenta que tenía el Sr. Rodolfo Javier Vargas en el Banco HSBC con fecha 7/12/2006, para el propósito determinado en el mutuo, con lo cual el contrato tuvo principio de ejecución en esta fecha, lo que se encuentra documentado con los extractos bancarios que forman parte de la respuesta del exhorto por parte del Citibank (v. fs. 317/347vta.). A fin de demostrar la recepción de los fondos de esta operación, a fs. 178/186 obra la respuesta al oficio al Banco HSBC por la que se acompañaron los resúmenes de fechas: a) 12/2006 del que surge un ingreso de $ 304.241,12 (U$S 100.000) y b) 03/2012 del que se desprende que se giró el mismo importe en dólares al exterior.
Con relación al destino otorgado al dinero objeto del contrato, el mismo fue dirigido al pago del precio de la escritura del inmueble sito en Gorostiaga 1557 3° “C”, CABA, otorgada el día 28/12/2006 (v. fs. 62/67). De lo expuesto en los párrafos precedentes y partiendo de la principal impugnación del ente fiscal que radica en la ausencia de fecha cierta del contrato que respalda al pasivo del exterior, se desprende que la obligación que surge del contrato no sólo tuvo principio de ejecución con fecha 07/12/2006 sino que dicho acuerdo fue finalmente cumplido con la devolución del importe objeto del mutuo según el plazo convenido entre las partes. Es más, el hecho de que se haya acreditado la transferencia bancaria a la cuenta de la actora en el año 2006 -y la posterior restitución del dinero- impide que el suscripto tenga por razonable el criterio del ente fiscal que sostiene que el contrato carecía de fecha cierta en dicho período, pues -como se analizó previamente- se ha logrado acreditar por las restantes pruebas producidas en autos, la trazabilidad temporal de la operatoria que culminó con la devolución del importe convenido en el ejercicio 2012. En efecto, los elementos reseñados, permiten tener por debida y suficientemente demostrado tanto el otorgamiento del crédito, así como el destino y la aplicación de los fondos objeto del mismo, lo cual acredita el circuito financiero completo concerniente a la operatoria invocada por el contribuyente. Así pues y de acuerdo con tales pautas, quedó acreditada la veracidad y sustancia de la operación, habiendose demostrado en autos tanto la existencia del contrato, como las transferencias interbancarias y el destino para el que fuera utilizado su monto, todo ello con anterioridad a la fiscalización.
En este sentido, las probanzas documentales aportadas en autos, conforme se analizara en los párrafos precedentes, forman un plexo probatorio que llevan a la convicción de que se encuentra desvirtuada la presunción del art. 18, inc. f) de la ley 11.683 aplicada por el fisco, debiendo revocarse, con costas, las resoluciones apeladas.
Los Dres. Vicchi y Marmillon dijeron:
Que adhieren al voto del Vocal preopinante.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar las resoluciones apeladas, con costas.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos de la causa y, oportunamente archívese.- Date: 2022.12.22 15:51:04 -03:00 Date: 2022.12.22 16:02:55 -03:00 Juan Carlos Vicchi Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.28 16:21:38 -03:00 Claudio Esteban Luis Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.28 16:21:39 -03:00
Fin de la sentencia