Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los agravios esgrimidos por la demandada.-
2Confirmar la sentencia en todo lo que fuera materia de agravios.-
3Las costas de la instancia se imponen a la parte demandada por su calidad de vencida (art. 68 del CPCC).-
4Regular los honorarios en esta instancia para el Dr. Julián Michavila en un 34% y al Dr. Carlos Enrique Linares en un 32% de lo que oportunamente se determine en la instancia de grado para la parte actora y demandada (art. 30 ley 3950).-
5Tener presente la reserva del caso federal.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8997/25 Sentencia: Definitiva Actor: Vasque Víctor Eduardo Demandada: La Segunda ART SA Objeto: Accidente de Trabajo Fecha: 29-10-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 29 días del mes de octubre de 2.025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en la Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “VASQUE VÍCTOR EDUARDO C/ LA SEGUNDA ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO” Expte. Nº 20.614/22 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, que ingresaron en la instancia bajo el Nº 8997/25. A estos fines de se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda I. Bard, Horacio Fernánez y Humberto E. Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: Que pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
I. A PE704037-2022 se presenta Víctor Eduardo Vasque con el patrocinio de los Dres. Fernando Hernán Kustich, Julián Michavila y Ramiro Esteban Castillo y demanda a La Segunda ART S.A. persiguiendo el cobro de $7.234.056,16 que estima provisoriamente, o lo que más o menos resulte de la prueba, en concepto de las prestaciones dinerarias tarifadas previstas por el Régimen de Reparación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Relata que se desempeñó en Quintana Wellpro S.A. desde el 15/10/2015, y el 01/11/2020 fue traspasado a Servicom Argentina S.A., donde se desempeñó hasta el 14/04/2022. Realiza detalle de las remuneraciones que percibió durante los últimos doce meses de la relación laboral, en virtud de que la primera manifestación invalidante se produjo con posterioridad a la fecha de extinción del vínculo, esto es, el 20/06/22 conforme certificado médico extendido por el Especialista en Medicina Legal y Medicina Laboral Dr. José Daniel Del Colle, que acompaña a los presentes, y en donde se diagnostica Lumbalgia moderada bilateral, espondilo artrosis de columna lumbar como consecuencia de la exposición a vibraciones del cuerpo entero, con una pérdida de la capacidad laboral del 14,04% de la T.O. Alega que en sus exámenes de ingreso y periódicos no se constató lesión alguna de columna. Explica que para las empleadoras se desempeñó como operario de boca de pozo, en equipos de terminación y pulling. Describe que la tarea normal y habitual era manipular de manera constante grandes caños y varillas que se utilizan en la explotación del petróleo, debiendo trasladarse de pozo en pozo, para montar y desmontar los equipos que transportaban. Especifica la modalidad de dichas tareas y los pesos de las herramientas y caños que manipulaba manualmente. Continúa diciendo que para desempeñar su trabajo recorría largas distancias, desde tres hasta cinco horas de viaje en camioneta, lo que no siempre se hacía por caminos principales, sino por algunos de ripio, por lo que las vibraciones y el traqueteo eran permanentes. Funda en derecho, plantea la inconstitucionalidad de las normas que establecen la obligatoriedad del trámite ante la Comisión Médica (Arts. 8, 21 Y 22 de la LRT, Decreto 717/96, Decreto 1278/00 y Decreto 54/2017), además de los decretos 658/96 y 659/96 que contienen el listado de enfermedades profesionales y la tabla de evaluación de incapacidades. Hace reserva del caso federal y ofrece prueba.-
II. A través de PE743086-2022, el Dr. Ramiro Castillo acompaña poder otorgado Víctor Eduardo Vasque a su favor y al de los Dres. Fernando Hernán Kustich y Julián Michavila.-
III. A través de PE758372-2022 el Dr. Carlos Enrique Linares y la Dra. Silvina Godoy, apoderados de la Segunda ART S.A. contestan demanda. Luego de las negativas de rigor, desconocen que el actor padezca de patología alguna que resulte ser enfermedad profesional en los términos de la Ley N° 24.557, por los cuales su representada deba responder. Niegan el porcentaje de incapacidad denunciado y sostienen que el actor realizó denuncia de la supuesta enfermedad profesional que manifiesta padecer el 11/08/2022, por lo que la aseguradora dio inicio al trámite administrativo correspondiente, mediantes los siniestros Nro. 1168745, por la enfermedad de “hernia discal lumbar”, Nro. 1168746, referido a la “lumbalgia” y Nro. 1168747, referido a la “espondiloartrosis lumbar”, sin embargo expresa, que el actor omitió mencionar que respecto a la tercera de las patologías, no compareció a la citación efectuada con el fin de ser evaluado por los profesionales médicos prestadores de la aseguradora, cuya obligación se encuentra prevista en el art. 6° del Decreto Reglamentario 717/96, razón por la cual la denuncia del siniestro fue rechazada, lo que fue debidamente notificado, conforme constancia expedida por el Correo Argentino que adjunta.
Afirma que en misma notificación se le hizo saber que en caso de discrepancia con la decisión, podía concurrir ante la Comisión Médica Nro. 201 de Caleta Olivia, de acuerdo a lo previsto por el art. 44 Ley 24557, trámite expresamente previsto por la Ley de Riesgos del Trabajo que el actor jamás realizó. Sobre la patología denunciada como "lumbalgia" explica que el támite concluyó con el rechazo por constituir la misma una patología inculpable, no incluida en el listado de enfermedades profesionales previsto en el Decreto 658/96, lo que fue notificado, por lo que sumado a la incomparecencia del actor, la Segunda ART S.A. no debe responder. En relación a la patología “hernia discal lumbar" manifiesta que fue rechazado el trámite administrativo debido a que el actor no se encontraba expuesto al agente de riesgo causante de dicha patología, según lo que fuera declarado por la empleadora del mismo en oportunidad de la presentación del Relevamiento de Agentes de Riesgo (R.A.R) presentado.
Agrega que el certificdo médico refiere que las patologías descriptas –hernia discal lumbar a nivel L4-L5- “se evidencia mediante estudios complementarios y clínicos”, pero sin embargo, la contraria no aporta como prueba a la presente causa dichos estudios médicos, ni ofrece otra prueba para tener por acreditado el resultado del mismo. Por otro lado expresa que su mandante dio cumplimiento con sus obligaciones en materia de prevención, higiene y seguridad desde la celebración de contrato con Servicom Argentina S.A. y efectuó las denuncias pertinentes por incumplimientos detectados, entre otras. Desconoce el porcentaje de incapacidad estimado por la contraria y el ingreso base mensual denunciado.
Impugna la liquidación practicada. Subsidiariamente, plantea que para el improbable caso en que se demuestre que existiría algún tipo de relación entre las dolencias denunciadas y las tareas laborales por él desempeñadas, deberá determinarse la existencias de concausas, y acreditarse mediante la prueba a producirse en qué porcentaje podría haber colaborado el trabajo con la aparición de las dolencias que el actor podría padecer, y qué porcentaje se debe a factores externos al trabajo, pudiendo en tal caso únicamente corresponder a su mandante responder por el que guarde relación con las actividades desarrolladas. Solicita el rechazo de los planteos de inconstitucionalidad efectuados por la parte actora, cita doctrina y jurisprudencia para sustentar su petición.
Requiere la aplicación de los arts. 730 del C.C.C.N. y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. Formula reserva del caso federal y de ejercer acción de repetición contra Servicom Argentina S.A.. Funda en derecho y ofrece prueba.-
IV. En PE777581-2023 los representantes de la demandada amplían ofrecimiento de prueba.-
V. Mediante PE544008-2023 se dispuso la apertura a prueba. A PE1557472-2024 se clausuró el periodo probatorio y se fijó fecha de audiencia para alegar. Realizando lo propio el actor mediante PE1609785-2024.-
VI. En PE1198194-2023 se presenta la Dra. Julieta Anahí Diaz en representación del actor, acompaña poder para acreditar la personería que invoca y constituye nuevos domicilios procesal y electrónico.-
VII. A PE1857190-2025 se dicta sentencia de primera instancia que declara la inconstitucional de los arts. 8 inc. 3, 21 y 22 de la Ley 24.557, Decreto 717/96, 1278/2000 y Decreto 54/2017. Declara abstracto el planteo de inconstitucionalidad del art. 6 inc. 2 de la Ley 24.557, Decreto 658/96 y Decreto 659/96. Admite la demanda interpuesta por Víctor Eduardo Vasque en contra de La Segunda ART S.A. condenándola al pago de la indemnización del art. 14 apartado 2 inc. a) de la ley 24.557 y adicional art. 3 ley 26.773 por la incapacidad sufrida del 5,6 % de la T.O. Dispone la forma de liquidación del monto de condena, impone las costas a cargo de la demandada y difiere la regulación de honorarios y determinación de la tasa de justicia.-
VIII. Disconforme con lo resuelto, la demandada interpuso recurso de apelación en PE1872890-2025. En sus agravios expone que demostró fehacientemente en la pericia médica realizada, que no existe motivo documental ni fundamento fisiopatológico, como tampoco medico legal que justifique con apego a la ley 24557 la incapacidad otorgada, ya que no hay valor médico legal que avale la lesión anatómica aguda generada en el siniestro denunciado y mucho menos una secuela incapacitante relacionada con el mismo, por lo tanto sostiene, que al ser los hallazgos constatados en el acto pericial consecuencia de una patología total y absolutamente inculpable, debe ser desestimada. Alega que no debe tenerse en cuenta el porcentaje de incapacidad determinado, ya que la misma no posee un fundamento concierne con la supuesta incapacidad, toda vez que han sido demostrados claramente los términos “genéricos y carentes de precisión” en cuanto a las tareas realizadas por el actor. Agrega que se ha explicado que los traslados en transporte de pasajeros, no pueden ocasionar por la vibración un agravamiento de una supuesta patología. Se agravia también de los fundamentos del fallo y del monto de la liquidación indicado en la sentencia, por considerarla excesiva, en virtud de la impugnación presentada por su parte. Hace reserva del caso federal.-
IX. Corrido el traslado a la parte actora, contestó a PE1897505-2025. Afirma que la pericia médica oficial, realizada por un profesional independiente del Cuerpo Médico Forense, que ratificó sus conclusiones tras la impugnación, y que fue valorada por el Juez siguiendo las reglas de la sana crítica, posee plena fuerza probatoria y constituye el fundamento esencial para la determinación de la incapacidad. Expresa que el sentenciante fue categórico en sus fundamentos, donde estableció que no existe actividad probatoria alguna que ponga en duda lo aseverado por el profesional interviniente, no existiendo razón ni pruebas que justifiquen apartarse de las consideraciones realizadas. Sobre el segundo agravio sostiene que correctamente el Juez determinó que la responsabilidad de la demandada surge del contrato de seguros celebrado con la empleadora en los términos de la ley 24.557, cuando estableció que la incapacidad del 5,6% que padece Víctor Vasque es "el producto de una enfermedad profesional y no de un accidente de trabajo".
Asimismo manifiesta, se suma a la prueba testimonial producida que acredita cabalmente la presencia de los agentes de riesgos necesarios en las tareas que el trabajador realiza a favor del empleador, y la aptitud de las mismas para producir incapacidad. En relación a la supuesta falta de precisión en los hechos y la exposición al riesgo alegada por el recurrente, expresa que ello es infundado, toda vez que el Juez valoró debidamente la prueba testimonial producida, hace mención a las declaraciones de 4 testigos que trabajaron con el actor y realizaron las mismas tareas. Agrega que también el sentenciante destacó que la aseguradora no cumplió en acompañar constancias de exámenes de salud periódicos durante la vigencia de la relación laboral del actor, lo que refuerza la validez de la prueba testimonial y pericial que sí fue aportada.
Respecto al monto de la liquidación alega que el Juez fue claro al disponer que el cálculo del Ingreso Base Mensual y la liquidación final serían practicados por el Gabinete Contable Oficial, determinó los parámetros para dicho cálculo y estableció los intereses que las sumas devengarían, por lo que, al no haber sido aún calculadas, invalida cualquier apelación en ese sentido, además expresa que la sentencia ha dispuesto una metodología de cálculo que asegura la justa reparación. Solicita se rechace el recurso y se confirme la sentencia recurrida.- Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo. Se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.-
X. Establecido el correspondiente orden de estudio, comienzo con el tratamiento del recurso por el cual estas actuaciones fueron elevadas a esta instancia.-
La queja del recurrente se centra en primer término, en el porcentaje de incapacidad determinado a Víctor Vasque. Aduce que demostró que no existe motivo documental ni fundamento fisiopatológico ni médico legal que la justifique con apego a la Ley N° 24.557. Sostiene además, que los hallazgos constatados en la pericia medica practicada son consecuencia de una patología total y absolutamente inculpable y por tal debe ser desestimada.-
En relación a ello corresponde mencionar que comparto los fundamentos expuestos por el sentenciante de grado, y debo agregar que en procesos de esta índole, se invierte la carga de la prueba recayendo sobre la parte que invoca la eximente la obligación de demostrar la causalidad inversa. En los presentes, la demandada no aportó prueba alguna que permita desvirtuar el nexo causal entre la incapacidad determinada y las actividades realizadas por el actor para su empleadora. Asimismo, cabe agregar que no se exige una causalidad exclusiva y, en pericia médica obrante a PE1484168-2024 el galeno fue determinante al responder al punto de pericia número 5 ofrecido por la demandada que, "la patológia que presenta el actor es producto de su trabajo".- Resulta importante mencionar que si bien, conforme lo explica el legista en pericia precedentemente mencionada, las causas y concausas de las afecciones que sufre el actor son de tipo multicausal, la demandada no acompañó prueba para apoyar su postura acerca de que la incapacidad determinada sea de tipo inculpable, en los términos del art. 6° de la Ley N° 24.557.-
En ese mismo orden, se observa que en respuesta remitida por Quintana Wellpro S.A. -primera empleadora del actor- obrante a PE911309-2023, el examen periódico practicado por la misma con fecha 23/07/2019 indica en página 3 de archivo pdf identificado como AGR00066157.pdf psicotécnico apto con observaciones Rx Lumbar Pinzamiento Discal L5-S1, entre otras afecciones. Ello demuestra que ya en el año 2.019 se detectó una afección que pudo verse agravada por el transcurso del tiempo y las tareas realizadas por el actor. Por el contrario, la demandada no acompañó prueba que sustente la postura asumida al contestar demanda, como podíría haber sido el examen psico-físico efectuado al iniciar la relación laboral.- Sumado a lo antes dicho, tengo presente la impugnación realizada a PE1501075-2024 por el apoderado de la demandada a la pericia médica labrada a PE1484168-2024, y las explicaciones dadas por el galeno en PE1523221-2024 en los términos del art. 451 del C.P.C.C. aplicable por remisión expresa del art. 121 Ley N° 1.444. Asimismo, considero importante destacar la facultad conferida a la magistratura por el art. 455 C.P.C.C., de estimar la fuerza probatoria de la pericia teniendo en cuenta la competenia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicacición con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca, y estimo que así lo hizo el sentenciante de grado conforme surge de los fundamentos expuestos.- En razón de todo lo dicho considero que los agravios expresados por el recurrente no resultan suficientes para revocar la incapacidad determinada al actor.-
Igual suerte corre el agravio referido al monto de la liquidación que la parte demandada expresa, fue indicado en la sentencia. En efecto, y tal como lo afirma el apoderado de la actora al contestar agravios, el monto propiamente dicho no se encuentra aún determinado toda vez que en el punto 4 del fallo se dispone el pase al Gabinete Contable con la finalidad de efectuar la liquidación. Por ello considero no atendible el agravio vertido en este sentido.-
En cuanto a las costas de la instancia se imponen a la parte demandada en atención a su calidad de vencida (art. 68 del CPCC).-
Los honorarios en esta instancia se establecen e para el Dr. Julián Michavila en un 34% y al Dr. Carlos Enrique Linares en un 32% de lo que oportunamente se determine en la instancia de grado para la parte actora y demandada (art. 30 ley 3950).-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XI. Comparto el relato de las cuestiones traídas a resolver. Adhiero al voto que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
XII. Que en función de las consideraciones vertidas al responder a la anterior cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios esgrimidos por la demandada 2º) Confirmar la sentencia en todo lo que fuera materia de agravios. 3º) Las costas de la instancia se imponen a la parte demandada por su calidad de vencida (art. 68 del CPCC). 4°) Regular los honorarios en esta instancia se establecen e para el Dr. Julián Michavila en un 34% y al Dr. Carlos Enrique Linares en un 32% de lo que oportunamente se determine en la instancia de grado para la parte actora y demandada (art. 30 ley 3950). 5º) Tener presente la reserva del caso federal. 6º) Registrar, notificar y consentida devolver al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XIII. Al ajustarse la propuesta a lo establecido en el Acuerdo al tratar la primera cuestión comparto la propuesta que antecede y adhiero al voto del preopinante.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 29 de octubre de dos mil veinticinco
Y
La deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales, doctrinarias y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial
1. Rechazar los agravios esgrimidos por la demandada.- 2º) Confirmar la sentencia en todo lo que fuera materia de agravios.- 3º) Las costas de la instancia se imponen a la parte demandada por su calidad de vencida (art. 68 del CPCC).- 4°) Regular los honorarios en esta instancia para el Dr. Julián Michavila en un 34% y al Dr. Carlos Enrique Linares en un 32% de lo que oportunamente se determine en la instancia de grado para la parte actora y demandada (art. 30 ley 3950).- 5º) Tener presente la reserva del caso federal.- 6º) Registrar, notificar y consentida devolver al Juzgado de origen. El Dr. Humberto E. Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes.- Fdo. Horacio Fernández - Juez de Cámara; Griselda I. Bard- Jueza de Cámara- Presidenta; Ante mí: Carolina M. Lima- Secretaria.- Protocolización: A201056S.251 Tomo: CIV Sentencia: 3152 Folio Nº: 017/022 Secretaria: 1
Fin de la sentencia