Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa V-690/10-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. Miriam Vásquez contra el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz a fs. 3/15 vta., declarando la inconstitucionalidad absoluta de los artículos 8° y 16 del Decreto Nº 1599/89 bis (modificado por el Decreto N° 1922/00) y la nulidad de la Resolución Nº 2054/10 del Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz.-
2Disponiendo que el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz dicte un nuevo acto administrativo, en el término de treinta (30) días hábiles, según los parámetros establecidos en el considerando V.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: V-690/10-TSJ Sentencia N°: 1112 Actor: VAZQUEZ MIRIAM Demandado: CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 29/11/22 TOMO XVIII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1112 FOLIO Nº 3565/3574 PROT. ELECT. TSS1 017 C.221
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 29 días del mes de noviembre de dos mil veintidós, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con el Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta y los Sres. Vocales Subrogantes, Dres. Domingo Norberto Fernández, Carlos Enrique Arenillas y Diego Mario Lerena, presidencia a cargo de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, para dictar sentencia en los autos: “VAZQUEZ MIRIAM C/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. N° V-690/10-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Carlos Enrique Arenillas, 2º) Dr. Fernando Miguel Basanta, 3º) Dr. Domingo Norberto Fernández, 4º) Dr. Diego Mario Lerena, 5º) Dra. Reneé Guadalupe Fernández; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión el Dr. Arenillas dijo:
I. Que, a fs. 3/15 vta. se presenta la Sra. Miriam Vázquez, promoviendo demanda contencioso administrativa contra el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz, tendiente a obtener: “Se decrete la nulidad de la Resolución Nro. 2.054/10 de la Presidencia del Consejo Provincial de Educación; declarándose la inconstitucionalidad del art. 8 del Decreto 1.599/89 bis modificado por art. 1 del Decreto 1.922/00, y el art. 16 del Decreto 1.599/89 bis modificado por el art. 2 del Decreto Nº 1.922/00, por cuanto violan los arts. 14 bis, 16, 28, 31, 75 inc. 12, art. 121 y concordantes de la Constitución Nacional...” y los artículos 9º, 58 y 60 de la Constitución Provincial y los Tratados de Derechos Humanos que identifica (cfr. foja 3).- Solicita se reconozca su derecho a percibir las asignaciones familiares por hijo, ayuda escolar y familia numerosa; y se ordene a la demandada a abonárselas, como asimismo a pagarle las asignaciones adeudadas desde la fecha de interposición del reclamo administrativo con más sus intereses (cfr. fs. 3 y vta.).-
Detalla el cumplimiento de los extremos procesales que hacen a la procedencia formal de la presente demanda y refiere que es madre de tres niños y que su esposo y padre de las mismas “...presta servicios en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, percibiendo un salario superior a los 4800...” y que por superar el monto límite establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 24.714 el nombrado no percibe las asignaciones familiares de su empleador (cfr. foja 4).-
Refiere que habiendo solicitado su pago ante su empleador (Consejo Provincial de Educación) el mismo le fue denegado en atención a lo estipulado por los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 1922/00 modificatorio de los artículos 8º y 16 del Decreto Nº 1599/89 bis, respectivamente, reglamentario de la Ley Provincial de Asignaciones Familiares Nº 1863/86 (cfr. foja 4 vta.).-
Memora el derrotero administrativo seguido para lograr la revocación de dicha negativa y el resultado infructuoso obtenido.-
Argumenta que: “...si mi esposo estuviere en mi lugar y yo en el de él, es decir, si quien dependiera del CPE fuera el Sr. Regalado y yo fuera quien trabajara en la UNPA con un sueldo que supere el tope del art. 3 de la Ley 24.714, a él si le pagarían las asignaciones familiares. No encuentro otr[a] forma de llamar a tal situación como discriminación en razón del sexo, y, más allá de las consideraciones que seguidamente se brindarán, la fundamentación del presente recurso bien podría terminar con lo ya dicho, pues, resulta más que intolerable que en una sociedad cuyos gobernantes se presentan como progresistas e impulsan políticas tendientes a eliminar las discriminaciones hacia sectores marginados, paralelamente no me paguen las asignaciones familiares por el hecho de que soy mujer...” (cfr. fs. 6 y vta.).- Transcribe la normativa que aplica el CPE para fundar su negativa y la ataca de inconstitucional por ser violatoria del principio de igualdad ante la ley, explícitamente discriminatoria y arbitraria en razón del sexo (cfr. fs. 6 vta./7), enumerando los artículos de las Constituciones Nacional y Provincial que considera vulnerados, y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en los que Argentina es parte (cfr. fs. 9 vta./13 vta.).-
Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar a la demanda (cfr. fs. 14 vta./15 vta.).-
Que a fs. 30/39 contesta demanda el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz, negando pormenorizadamente las afirmaciones de la demanda y defendiendo la validez de su actuación y la constitucionalidad de la normativa atacada por la actora. Funda en derecho, se adhiere a la prueba ofrecida por la actora y solicita el rechazo de la acción.-
Que, a fs. 41 y vta., contesta vista el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictamina que la demanda es formalmente admisible.-
A foja 48 se ordena la apertura a prueba de la causa. Certificada su producción y puestos los autos a disposición de las partes para alegar a fs. 127, las mismas no hicieron uso de este derecho.-
Se llaman autos para sentencia en PE261059-2021, pasando a estudio en PE278808-2021.-
II. Que, tal como ha sido planteada la litis, la actora solicita que su empleadora (organismo provincial) le abone las asignaciones familiares que su esposo no puede cobrar a través de su empleo en una universidad nacional.-
Este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que: “El art. 16 de la Constitución Nacional que, en lo que aquí interesa, dispone: ‘…Todos sus habitantes [de la Nación Argentina] son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad’. El señalado principio de igualdad protege a las personas frente a toda discriminación o arbitrario distingo e implica reconocer idénticos derechos a todos los habitantes que se hallan en situaciones idénticas o sustancialmente equiparables. El respeto de esa igualdad y a la no discriminación compromete a toda autoridad pública (art. 3º, en conc. art. 9, Constitución Provincial) y, en el plano normativo, impide establecer categorías que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias (CSJN, Fallos 13:118; 123:106; 306:1844; 321:92).
En nuestro ordenamiento jurídico el campo de aplicación de este principio rector ampara, normalmente con parejo alcance, a nacionales y extranjeros (arts. 14, 16 y 20, CN). Su vigencia invalida toda norma que regule de modo disímil supuestos esencialmente asimilables, que introduzca distinciones arbitrarias, irrazonables o inspiradas en fines de ilegítima persecución o de indebido privilegio de personas o grupos de personas (CSJN, Fallos 205:68; 237:334; 238:60; 289:197; 293:335; 305:823, entre otros). Es cierto ‘que no toda desigualdad de trato encierra una infracción constitucional, sino sólo aquélla que ‘...introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable.
El principio de igualdad exige que a…iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciados sea arbitraria o carezca de fundamento racional (cfr. Tribunal Constitucional de España; v. sent. 154/2006 de 22/5/2006 [RTC 2006, 154]; sent. 214/2006 de 3/7/2006 [RTC 2006, 214]; y, más recientemente, sent. 5/2007 de 15/01/2007’’ (confr.SCBA in re ‘Gerez, María Cecilia contra Dirección General de Cultura y Educación. Consejo Escolar Quilmes. Amparo’ causa B. 65.948, 19/12/2007). La CSJN ha dicho -reiteradamente- que la igualdad establecida por el artículo 16 de la Constitución no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales circunstancias se concede a otros (Fallos: 153:67, entre muchos otros).
También ha dicho la Corte que el ámbito de dicho precepto admite las gradaciones, las apreciaciones de más o de menos, el balance y la ponderación, en tanto no se altere lo central del principio que consagra la igualdad entre nacionales y extranjeros, todos ellos ‘habitantes de la Nación’.” (cfr. Sentencia, Tomo XVI, Reg. 534, Folio 3005/3012; y Reg. 540, Folio 3040/3047).- También el artículo 1° de la Ley Nº 23.592 impone el cese de actos discriminatorios especialmente por causas como raza, nacionalidad, religión, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos, aunque sólo se concretará su descalificación y consiguiente reparación, cuando el acto reúna los extremos que hacen a la discriminación vedada por la Constitución Nacional y los Pactos de igual jerarquía.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha construido sus resoluciones -en las cuales se acusaba la discriminación en razón de la nacionalidad- bajo los parámetros de la “categoría sospechosa de discriminación y portadora de una presunción de inconstitucionalidad que corresponde a la demandada levantar” (cfr. causa “Hooft”, Fallos 327:5118, considerando 4º y sus citas). Estas “categorías sospechosas”, tienen como consecuencia la inversión del onus probandi que esa presunción de inconstitucionalidad trae aparejada. Por ello ésta, sólo podría ser levantada por la demandada con una cuidadosa prueba sobre los fines que ha intentado resguardar y sobre los medios que ha utilizado al efecto.- Los fines perseguidos deben ser sustanciales y no bastará que sean meramente convenientes; respecto de los medios, es insuficiente una genérica “adecuación” a los fines, sino que deberá juzgarse si los promueven efectivamente y, además, si no existen otras alternativas menos restrictivas para los derechos en juego que las impuestas por la regulación cuestionada.-
Retomando entonces, la idea de “razonabilidad” del requisito, es evidente que en el análisis de estas “categorías sospechosas” se debe adoptar, un criterio de ponderación más exigente.-
En efecto, la “mera razonabilidad” funciona cuando se trata de la impugnación de normativas que gozan de la presunción de constitucionalidad, pero resulta insuficiente cuando se está en presencia de preceptos legales afectados por la presunción inversa (Fallos 329:2986) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia cit.).-
III. Bajo esta óptica se debe encarar el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del Decreto Provincial Nº 1599/89 bis (arts. 8° y 16, modificados por los arts. 1° y 2° del Decreto Provincial Nº 1922/00) acusado de resultar discriminatorio hacia las mujeres.-
El artículo 8° del Decreto Nº 1599/89 bis (modificado por el art. 1º del Decreto Nº 1922/00) en lo que aquí concierne, estipulaba: “...No tendrá derecho a la percepción de asignaciones familiares la agente cuyo cónyuge o unido de hecho se encuentre comprendido en el Artículo 3° de la Ley Nº 24.714. Las presentaciones o reclamos efectuados desde la vigencia de la Ley Nº 24.714 se regirán por lo dispuesto en el presente.”.-
A su vez, el artículo 16, último párrafo, de dicho decreto (modificado por el art. 2º del Decreto Nº 1922/00), prescribía: “No será contemplada la situación en que el padre no tenga derecho a percibir las mencionadas asignaciones por aplicación de las normas nacionales vigentes en la materia (Artículo 3° Ley Nacional Nº 24.714).”.-
Por su parte, el artículo 3° de la Ley Nº 24.714 establece que quedan excluidos de las prestaciones de esa ley, con excepción de las asignaciones familiares por maternidad y por hijos con discapacidad, los trabajadores que perciban una remuneración por encima de cierto monto, el que ha ido variando a lo largo del tiempo.-
Tal como lo ha manifestado el Procurador General de la Nación resulta central tratar el planteo articulado por la actora consistente en que la norma local establece una distinción de trato discriminatoria en razón del sexo al excluir del cobro de las asignaciones familiares únicamente a las empleadas mujeres cuyos cónyuges exceden el tope salarial establecido en el artículo 3° de la Ley Nº 24.714 y habilitar el cobro de tales prestaciones a los agentes varones en idéntica situación (cfr. foja 390 vta.).-
Debo evaluar la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación y ponderar que la tacha de inconstitucionalidad presentada por la actora compromete una distinción basada en una de las categorías sospechosas como es el sexo, sujeta a la aplicación del test de escrutinio estricto.-
Parafraseando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, diremos que: “...la igualdad establecida en el art. 16 citado [de la Constitución Nacional], impide que se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales circunstancias se concede a otros (Fallos: 153:67, entre muchos otros). Al mismo tiempo, el Tribunal ha aplicado un escrutinio riguroso sobre las normas que establecen clasificaciones basadas en criterios específicamente prohibidos (también llamados sospechosos de inconstitucionalidad), tales como la raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición social (art. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Fallos: 329:2986).
Que, en efecto, cuando esta Corte ha tenido que expedirse sobre la validez de las leyes que utilizan como en el caso alguno de esos criterios de clasificación expresamente prohibidos, lo ha hecho partiendo de una presunción de inconstitucionalidad (Fallos: 327:5118 ‘Hooft’, 329:2986 ‘Gottschau’, y 331:1715 ‘Mantecón Valdés’), que sólo cae si la demandada justifica los fines sustanciales que la norma quiso resguardar y demuestra que el medio utilizado era absolutamente necesario para alcanzar el propósito enunciado. Que la demandada no ha justificado que la exclusión de los varones del derecho de pensión reconocido a las concubinas (sic) responda a un fin trascendente que únicamente puede ser alcanzado por ese medio, ya que se ha limitado a señalar a lo largo del proceso que la ley impugnada no los amparaba y a citar otra norma del mismo cuerpo legal que también deparaba un tratamiento diferenciado a hombres y mujeres para acceder a la pensión por viudez.
Que la existencia de otra disposición en igual sentido, no logra justificar la compatibilidad del precepto impugnado con la Constitución Nacional, pues omite el tratamiento en concreto de la cuestión planteada (conf. arg. causa 329:2986 ‘Gottschau’, considerando 7° del voto de la mayoría).” (cfr. “Z., J. J. c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba s/ plena jurisdicción”, del 20/08/2014, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/43864/2014).- En el sistema interamericano, el concepto de categoría sospechosa fue introducido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del caso “Atala Riffo”. En dicho caso, la Corte IDH reiteró que el artículo 1.1 de la Convención es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado y dispone la obligación de los Estados Parte de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos “sin discriminación alguna”.
Indicó: “...Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es per se incompatible con la misma.” (cfr. “Caso Atala Riffo y niñas c/ Chile. Fondo, Reparaciones y Costas”, del 24/02/2012, párrafo 78).-
IV. Evaluando las constancias del expediente, destaco que al contestar la demanda el Consejo Provincial de Educación esbozó las siguientes argumentaciones: “El titular del Poder Ejecutivo, en su carácter de Jefe de la Administración...debe tomar las medidas necesarias para el buen orden de la misma, en el caso concreto, se traducen en evitar que en virtud de disposiciones emanadas de leyes nacionales se produzcan efectos negativos en el régimen de asignaciones instaurado por le (sic) ley 1863, provocando un desequilibrio en el sistema de asignaciones por quebrantamiento de la igualdad. Es por ello, y teniendo en cuenta los efectos de lo prescripto por los Arts. 3 y 4 de la lery (sic) 24.714 en el ámbito del sector público provincial, que se dicta el Decreto 1922/00.” (cfr. foja 36 vta.) y que: “...no va en desmedro económico de las contingencias sociales que sucedan a una pareja en la cual la mujer no cobra las asignaciones por ser agente nacional y tener un sueldo mayor de $ 4.800 y su esposo agente provincial y por lo tanto, las cobra, ello, pues en la situación inversa, nada se le quita a la mujer en iguales circunstancias de experimentar las mismas contingencias sociales, pues su esposo nivela económicamente el desequilibrio que pueda llegar a provocar el no pago en el ámbito provincial del subsidio.” (cfr. foja 38) sin dar explicación alguna de qué modo se evaluó que pagar asignaciones familiares a las mujeres que trabajan para el estado provincial (y cuyos maridos en el sistema nacional) provocaría un desequilibrio en el sistema de asignaciones familiares provincial, como tampoco justificó cómo resulta adecuado que el “esposo nivele económicamente el desequilibrio” provocado por el no pago de las asignaciones, cuando en la situación inversa no se provoca este “desequilibrio”, ya que el marido que trabaja en el sistema público provincial sí las cobra.- Así, la pericia contable realizada en autos (cfr. fs. 116/118 vta.) refiere que para que una dependiente del Estado Provincial perciba las asignaciones familiares se le solicita la siguiente documentación: “a) Si el esposo es desempleado, deberá presentar constancia de desempleo, emitida por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. b) Si es trabajador monotributista, comprobante de pago monotributo actualizado. c) En ambos casos deberá presentar Declaración Jurada de la situación laboral, efectuada por la Docente ante el Juez de paz. d) Certificación negativa de ANSES del esposo.
Respecto a lo mencionado en el punto d), se informa que la misma certifica que el esposo no registra en la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES): Declaraciones juradas como trabajador en actividad. Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA. Transferencias como Autónomo, Monotributista o Servicio Doméstico. Prestación por Desempleo. Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo...” y otras cinco circunstancias más, concluyendo que: “...el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz no liquida la asignación familiar a sus dependientes mujeres, cuando se encuentran casadas y su cónyuge no la percibe por trabajar en la administración pública nacional y superar el tope del artículo 3º de la Ley 24.714.” (cfr. fs. 116 vta./117).
Asimismo refiere el perito que: “Se solicitó al Departamento Certificaciones y Asignaciones Familiares dependiente de la Dirección General de Personal Docente del Consejo Provincial de Educación, detalle de la documentación requerida a sus dependientes hombres para la percepción de las asignaciones familiares. Analizado que fuera, no se incluyen en él documentación referida a la situación laboral de su esposa.” (cfr. foja 117), no habiendo dicha pericia merecido objeciones por parte del Consejo Provincial de Educación.- Así las cosas se concluye que:
a) la distinción que realiza el artículo 8° del Decreto N° 1599/89 bis (modificado por el Decreto Nº 1922/00) establece una discriminación en contra de las mujeres dependientes del Estado Provincial cuando sus esposos trabajan en la Administración Pública Nacional o deben percibir asignaciones familiares a través de la ANSES y el salario de éstos supera el límite establecido en el artículo 3º de la Ley Nacional N° 24.714.-
b) dicha discriminación encuadra en lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece como “categoría sospechosa”, en razón de ser un distingo en razón del sexo. En tal sentido cabe recordar la definición realizada por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW-: “A los efectos de la presente Convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” (cfr. art. 1º).- c) el Consejo Provincial de Educación no argumentó ni probó las razones ni la razonabilidad de dicha discriminación.-
d) Se ha probado que se trata diferente a las mujeres que a los varones que se encuentran en igual situación, un claro ejemplo es el género con que se identifica a los sujetos excluidos en el artículo 8º. Además, nótese por ejemplo, el cúmulo de documentación que se le requiere a las mujeres cuando solicitan cobrar las asignaciones familiares, cosa que no ocurre cuando el peticionante es hombre.-
V. Del detalle realizado supra, se concluye que la normativa cuestionada niega a las mujeres lo que le concede a los hombres en idéntica situación violando de esta manera los artículos 16 y 75, incs. 19, 22 y 23 de la Constitución Nacional; 4, inciso f) y 6, inciso a) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belem Do Pará”; 11, inciso d) de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1° y 2° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; II de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 1º, 17.4 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”; 2°, 3°, 23.4 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 2.2 y 3° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.-
VI. Como corolario de lo antedicho, corresponde hacer lugar a la demanda instaurada por la Sra. Miriam Vazquez, declarar la inconstitucionalidad absoluta de los artículos 8° y 16 del Decreto N° 1599/89 bis (modificado por el Decreto N° 1922/00) y la nulidad de la Resolución Nº 2054/2010 del Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz que rechazó el recurso jerárquico contra la decisión del Departamento de Certificaciones y Asignaciones Familiares que le denegaba el pago de las asignaciones familiares. Como consecuencia de ello se ordena al Consejo Provincial de Educación demandado que dicte un nuevo acto administrativo ordenando abonar a la actora las asignaciones familiares, asignación por hijo, ayuda escolar y familia numerosa desde que se solicitó la liquidación de dichos beneficios sociales (06/05/2010, cfr. fs. 23/26 del Expediente Administrativo N° 641.613/10, caratulado: “Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos s/ Solicitud por cobro de Asignaciones Familiares Docente Miriam Vazquez”); y hasta el momento en que se las comenzaran a liquidar en virtud de la derogación del Decreto Nº 1599/89 bis por medio del Decreto Nº 2711 dictado el 30 de diciembre de 2014 y publicado en el Boletín Oficial del 21 de julio de 2015, con más los intereses correspondientes desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago, en el término de treinta (30) días hábiles.- En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la afirmativa.-
Los Dres. Fernando Miguel Basanta, Domingo Norberto Fernández y Diego Mario Lerena, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto del Dr. Carlos Enrique Arenillas.-
A la primera cuestión la Dra. Fernández dijo:
I. Disiento con la solución propiciada por mis distinguidos colegas preopinantes pues, en mi criterio, la demanda promovida por la señora Miriam Vazquez debe ser rechazada.-
II. En orden a contextualizar el caso, cabe recordar que la accionante procura la nulidad de la Resolución Nº 2054/10 de la Presidencia del Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz, que rechazó un recurso jerárquico contra una decisión del Departamento de Certificaciones y Asignaciones Familiares que le denegaba el pago de las asignaciones familiares. Denuncia la inconstitucionalidad de los artículos 8º y 16 del Decreto Nº 1599/89 bis (modificados por los arts. 1º y 2º del Decreto Nº 1922/00, respectivamente). En consecuencia, peticiona que se reconozca su derecho a la percepción de las asignaciones familiares por hijo, ayuda escolar y familia numerosa y se ordene a la Autoridad Administrativa demandada a abonarle estos beneficios, desde la interposición del reclamo que formuló en sede administrativa, con más sus intereses (cfr. fs. 3/15 vta.).- El Consejo Provincial de Educación contesta demanda, negando pormenorizadamente los hechos alegados por la actora, ofreciendo su propia versión de los hechos, pregonando la validez de su resolución administrativa así como la constitucionalidad de la normativa reglamentaria involucrada (cfr. fs. 30/39).-
El 8 de junio de 2015 este Tribunal Superior de Justicia rechazó la demanda incoada por Vázquez (cfr. fs. 132/135), frente a lo cual la actora interpuso Recurso Extraordinario Federal (cfr. fs. 141/187), cuya denegación (cfr. fs. 208/211 vta.) derivó en un recurso de queja (cfr. fs. 223/382 vta.) que fue receptado favorablemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ordenándose el dictado de un nuevo pronunciamiento por parte de este Tribunal de origen (cfr. 388/393 vta.).-
Recepcionadas las presentes actuaciones (cfr. foja 394), se llaman autos para dictar sentencia en PE261059-2021 y pasan las presentes actuaciones a estudio en PE278808-2021.-
III. Conforme los antecedentes reseñados, estimo conveniente detenerme inicialmente en el pronunciamiento dictado por el Alto Tribunal.-
Los jueces de la Corte remitieron a los fundamentos y conclusiones del Dictamen del Sr. Procurador General de la Nación, en razón de “brevedad”.-
Singular concepción imprime el Supremo Tribunal al término brevedad, por cuanto nadie puede dudar de que evidentemente conspira contra el adecuado funcionamiento de la administración de justicia una lacónica decisión que insumió casi tres años desde que el dictamen había sido emitido. Las agujas del reloj procesal arrojan este penoso saldo tras un simple cotejo entre las fechas del dictamen (29-12-2017) y la decisión jurisdiccional (29-10-2020).-
Con su brevísima remisión al Dictamen del Procurador General en “Vázquez” refleja un razonamiento trunco. El vacío luce palmario al verificarse la ausencia de “fundamentos propios”. Si la Corte es “suprema”, y ella misma se titula como intérprete final de la Constitución Nacional, sus fallos han de ser algo más que genéricas remisiones estampadas en dos ceñidos párrafos de diez (en el caso de los votos de la mayoría) once (en el caso del voto concurrente del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti) o doce líneas (en el caso del voto concurrente del Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz). Siguiendo esa senda, el Máximo Tribunal del país intenta situarse al margen de los recaudos normativos que el legislador impone a los jueces en el dictado de sus sentencias (cfr. arts. 163 y 164 del CPCyCN). Un acto decisorio así formulado padece una patología de una magnitud tal que lo coloca a las puertas de la misma arbitrariedad que tantas veces le ha enrostrado a los tribunales inferiores.- La exigencia de la “debida” fundamentación de los fallos judiciales (cfr. art. 3º del CCyCN) tiene en mira no sólo la necesidad de garantizar los intereses de las partes en el proceso sino que trasciende ese marco para convertirse en uno de los pilares básicos del Estado de derecho y del sistema republicano de gobierno que fundado en la publicidad de los actos de gobierno y la responsabilidad de los funcionarios que los practican, exige que se conozcan las razones a que obedecen sus decisiones, a fin de posibilitar el control de la comunidad.-
En una sociedad moderna, la gente exige no sólo decisiones dotadas de autoridad sino que pide razones. Esto vale también para la administración de justicia. La responsabilidad del juez se ha convertido cada vez más en la responsabilidad de justificar sus decisiones. Es específicamente a través de la justificación como el decisor crea la credibilidad en la que descansa la confianza que los ciudadanos tienen en él (cfr. Aarnio, Aulis: “Lo racional como razonable. Un tratado sobre la justificación jurídica”, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, trad. de Garzón Valdés, Ernesto, pág. 29).-
De este modo, es el propio último intérprete de la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que facilita la erosión de uno de los pilares organizacionales de nuestro país -el federalismo-, al revocar de esta manera el pronunciamiento de un Máximo Tribunal de provincia, afectando gravemente las instituciones. Nada puede hacernos olvidar -ni por un instante- que nuestra histórica Constitución de 1853/1860 ha adoptado un modelo de estado federal, reforzado en la reforma de 1994, como salida política adecuada para evitar la dispersión de los pueblos que, necesitados de unidad, precisaban también de autonomía diferenciadora. Autonomía que no se suspende en ningún momento de la vida institucional de las provincias ni que puede ser restringida por el Estado Federal mientras no se conmueva la supremacía constitucional.
Las provincias son unidades políticas indestructibles que se dan sus propias instituciones locales (dictan su propia Constitución conforme lo dispuesto en los arts. 5 y 123 de la CN) y se rigen por ellas (cfr. art. 122 de la CN). Es decir, crean su propio derecho en el marco de la supremacía federal (cfr. art. 31 de la CN).- El legítimo ejercicio del propósito preambular de “afianzar la justicia” requiere que se asegure la administración de justicia en las provincias, pues tal como ha señalado Joaquín V. González, “...Si la justicia es el más firme cimiento del orden social, no podía crearse una Nación si a la vez no se «afianzaba» tan preciosa prerrogativa en cada uno de los Estados de la misma...” (cfr. aut. cit., “Manual de la Constitución Argentina”, Ángel Estrada y Cía., 17ª ed., pág. 677).
Ha sido el propio Máximo Tribunal Nacional quien reconoció -en otra oportunidad- que la autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias requiere que se reserven a sus jueces las causas que -en lo sustancial- versan sobre aspectos propios de esa jurisdicción, en virtud del respeto debido a sus facultades de darse sus propias instituciones y regirse por ellas (Fallos 339:1483 y sus citas). El ejercicio de un auténtico federalismo, en su dimensión judicial, requiere inexorablemente el respeto de la autonomía estadual, dejando que el análisis de cuestiones de derecho público local queden exclusivamente en mano de sus propios órganos.- De su lado, para arribar a la conclusión de que lo oportunamente fallado por este Tribunal Superior de Justicia no constituía un acto jurisdiccional válido, el dictamen del Procurador Fiscal -el cual no podría calificarse per se como una decisión judicial- consideró que se había omitido tratar el planteo de inconstitucionalidad introducido en la demanda respecto a la normativa reglamentaria antes precitada, por resultar discriminatoria en razón del sexo.
Así pues, dijo que se debió analizar la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación pero también precisó como debió realizarse esa faena: acudiendo al escrutinio estricto aplicable a las distinciones basadas en categorías sospechosas (cfr. foja 390 vta.).- En suma, el Dictamen del Procurador General de la Nación -recogido luego por la Corte- estimó que la sentencia emitida en el año 2015 por este Tribunal Superior de Justicia era arbitraria. Como supo aseverar una de las más connotadas integrantes de ese Máximo Tribunal: “Poco tiempo demanda la destrucción; esfuerzo, paciencia y mucho tiempo requiere la reconstrucción. Esta afirmación es válida en todos los aspectos de la vida humana…entre ellos el ejercicio de la jurisdicción, como medio de solución de conflictos […] Con una rápida compulsa de los fallos de la Corte se advierte que las variaciones...han terminado por transformarse en la regla…En un terreno similar se sitúa la doctrina de la arbitrariedad de sentencia […] Esta convicción...parte de una exagerada autoestima -por no decir soberbia- que implica desprecio o, cuanto menos, indeferencia por las opiniones diferentes.
Si a este convencimiento de superioridad le unimos un ingrediente de facilismo y comodidad, es claro que la doctrina de la arbitrariedad tenía [tiene] un fértil campo en el cual desarrollarse notoriamente […] la decisión de la Corte de utilizar la doctrina de la arbitrariedad para conocer en alguna causa, ha venido a mostrar que en sí misma es arbitraria...subyace una (y casi) única razón para abrir esos recursos: la sentencia sujeta a revisión ha hecho una interpretación de la ley que es distinta a la que preconizan los ministros de la Corte.” (cfr. Argibay, Carmen M.: “La Balanza de la Justicia (O cómo aprendí a desconfiar de la doctrina de la arbitrariedad)” en “La balanza de la justicia” coord. por Da Roccha, Joaquín P., 1ª ed., Buenos Aires, Ad Hoc, 2007, págs. 13/17).-
IV. Frente al horizonte impuesto es importante advertir, de inicio, que por el tipo de intervención judicial que la presencia de una categoría sospechosa dispara, la designación prematura de una distinción como tal afecta negativamente el balance que debe existir entre el Poder Judicial y el proceso democrático. Deviene imperioso, entonces, repensar el modo en que se utiliza esta doctrina en el ámbito nacional. Lo cierto es que, en rigor, su empleo omitiendo considerar la especial razón que habilita al juzgador a recurrir al test severo para examinar la norma llevada a su control podría significar un desborde en las atribuciones propias del órgano jurisdiccional, con la consecuente vulneración del principio republicano de división de poderes (cfr. Sánchez Caparrós, Mariana: “Categorías sospechosas”, 1ª ed., CABA, Astrea, 2020, págs. 78 y 100).- El escrutinio estricto que el Máximo Tribunal de la República ha considerado pertinente para dirimir el caso de marras no puede hacernos perder de vista que ha sido ese mismo órgano quien ha sostenido que el control judicial que cabe de actos legislativos o administrativos dictados en virtud de las facultades estatales de reglamentar debe ser ejercido con la mayor mesura (Fallos 307:1159, disidencia del Dr. Carlos S. Fayt), en tanto la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes (Fallos 334:3011 y 344:2339, entre otros). A lo que cabe agregar que está vedado a los tribunales el juicio sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades (Fallos 306:1074), en tanto el control de constitucionalidad no autoriza a sustituir en su función a aquellos (Sum. Fallos 256:386).-
V. Para encuadrar de manera correcta el objeto del debate, cabe resaltar que la regulación reprochada en este juicio no prohibía de manera absoluta el derecho de las mujeres a la percepción de las asignaciones familiares, sino que limitaba la posibilidad de acceder a estos beneficios de la seguridad social a aquellas trabajadoras cuyo cónyuge o unido de hecho percibiera una remuneración superior al tope previsto en el artículo 3º de la Ley Nº 24.714.-
Es necesario enfatizar que, a tenor del principio de “relatividad”, todos los derechos de rango constitucional -incluidos los beneficios de la seguridad social contemplados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional- lo son con el alcance y extensión que les asignen “las leyes que reglamenten su ejercicio” (cfr. art. 14 de la CN), más allá de que dicha legislación requiera satisfacer la regla de la “razonabilidad” (cfr. arts. 28 y 33 de la CN).-
Desde este prisma, cuadra resaltar que el artículo 8º del Decreto Nº 1599/89 bis (modificado por el art. 1º del Decreto Nº 1922/00), en lo pertinente, disponía: “En el caso de que ambos cónyuges trabajen en relación de dependencia, la asignación por hijo será percibida por el padre. Cuando por la situación laboral del padre no le corresponda percibir el beneficio por tratarse de trabajador autónomo o estar desocupado, lo cobrará la agente madre...No tendrá derecho a la percepción de asignaciones familiares la agente cuyo cónyuge o unido de hecho se encuentre comprendido en el Artículo 3º de la Ley Nº 24.714. Las presentaciones o reclamos efectuados desde la vigencia de la Ley Nº 24.714 se regirán por lo dispuesto en el presente.”.- A su turno, el artículo 16 del Decreto en cuestión estipulaba: “Las asignaciones por:…hijo…ayuda pre-escolar, escolar primaria y escolar media y superior, preescolaridad y escolaridad, se liquidarán al agente varón que trabaje en relación de dependencia…Únicamente corresponderá liquidar dichas asignaciones al agente mujer cuando, además de cumplir los otros requisitos previstos en las presentes normas acredite que su cónyuge o unido de hecho no tiene derecho a tales beneficios…”, texto al cual el artículo 2º del Decreto Nº 1922/00 le adicionó un último párrafo: “No será contemplada la situación en que el padre no tenga derecho a percibir las mencionadas asignaciones por aplicación de las normas nacionales vigentes en la materia (Artículo 3º, Ley Nacional Nº 24.714).”.- Se ha dicho que: “El costado pasivo de la validez de los derechos permite que los derechos puedan ser limitados. Los derechos valen en el marco de un conjunto de normas, por ello, para su concretización se debe considerar la validez de las otras normas que conforman el sistema jurídico.” (cfr. Clérico, Laura: “El examen de proporcionalidad en el Derecho Constitucional”, 1ª ed. 1ª reimp., Buenos Aires, Eudeba, 2016, pág. 24); por consiguiente, medir la constitucionalidad de los artículos 8º y 16 del Decreto Nº 1599/89 bis (modificados por los arts. 1º y 2º del Decreto Nº 1922/00, respectivamente) requiere inexorablemente sopesar la validez del artículo 3º de la Ley Nacional Nº 24.714.- Esta última regla excluye de las prestaciones fijadas en esa ley, con excepción de las asignaciones familiares por maternidad y por hijos con discapacidad, a los trabajadores que perciban una remuneración superior a cierto monto, que ha ido variando a lo largo del tiempo.-
En el año 2002 la constitucionalidad de este régimen ha sido convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Adamini” (Fallos 323:2409).-
En esa oportunidad, con remisión al Dictamen del Procurador General de la Nación, se admitió que: “…la emergencia económica del sistema fue el presupuesto que determinó la sanción de la ley, y que tal situación, junto a la búsqueda de una mejor redistribución de los recursos del subsistema, a fin de beneficiar a los trabajadores que están en situación económica menos favorable, constituyó el justificativo que se dio a tal normativa para convalidar sus disposiciones.” y destacó que: “…se trata de un sistema que interesa a una materia relacionada con aspectos tan variables y peculiares como lo son los socio-económicos…” (cfr. Fallos cit.).- Las variaciones introducidas por el Decreto Nº 1922/00 sujetaron el pago de las asignaciones familiares en beneficio de los agentes provinciales al mismo espíritu que le imprimió el Congreso de la Nación, dentro de su ámbito, a la Ley Nº 24.714. El sentido y alcance delineado en sus propios considerandos no deja lugar a duda, en tanto refieren a:
(i) la necesidad de prever en los dispositivos provinciales las nuevas situaciones generadas por el artículo 3° de la Ley 24.714;
(ii) la finalidad de resguardar la igualdad y la equidad de los agentes públicos, contemplando esas nuevas circunstancias;
(iii) la exigencia de dictar un régimen aclaratorio que contemple las situaciones planteadas desde la vigencia de la Ley 24.714.-
Al replicar la demanda, la autoridad gubernamental también aportó diversos fundamentos que resultan de interés para examinar el estado de cosas perseguido por la medida estatal cuya constitucionalidad se impugna.-
En lo sustancial, sostuvo que: “...la mujer no es discriminada en el cobro de las asignaciones familiares en el actual régimen legal instituido por el Decreto Reglamentario del Poder Ejecutivo Provincial Número 1599/bis/89 (sic), dado que expresamente el art. 16 de dicho decreto dispone que la mujer cobrará la ayuda cuando su cónyuge o unido de hecho no tenga derecho a tales beneficios. Pero, cuando el cónyuge o unido de hecho no cobra la ayuda, no por ser autónomo ni por estar desocupado, sino por tener un sueldo mayor a $4.800 entonces, tampoco la cobrará la mujer. Como se ve, hay casos en que la mujer cobra las asignaciones familiares...si se analiza detenidamente el caso en que la mujer es excluida del cobro de las asignaciones familiares, se verá que solo es cuando obtiene ingresos económicos por otra vía que le permiten afrontar o sirven de auxilio económico frente a las contingencias sociales que sobreviene al empleado al igual que las sumas de dinero de las asignaciones familiares, es decir, la mujer no cobra esta ayuda de parte del Estado cuando es el propio Estado que le hace llegar a la mujer el dinero a través del sueldo del esposo o concubino en cantidad suficiente como para que cumplan el mismo objetivo de auxilio que las asignaciones familiares, entendiendo el Estado Nacional que logra ese objetivo cuando paga un sueldo mensual mayor a $4.800...Esta (sic) es el motivo de la exclusión, en el que nada tiene que ver la condición sexual […] En lo que concierne al argumento de que las normas provinciales impugnadas no excluyen al agente varón en el cobro de las asignaciones familiares cuando a la inversa es la mujer la que tiene un sueldo que supera los $4.800 sostengo que en este caso, las normas provinciales legislan a favor de sus agentes, por lo tanto, la mujer se verá beneficiada por un mayor aporte económico sin que ello implique que a la inversa (caso de la actora) se vean perjudicadas, ya que mínima y básicamente, las contingencias sociales están atendidas por el mayor sueldo del esposo...la razón de este desigual tratamiento no es la condición sexual, sino la redistribución de los recursos para la cobertura de las contingencias sociales.” (cfr. fs. 33 vta./34 vta.).- Dijo, asimismo, que: “El titular del Poder Ejecutivo, en su carácter de Jefe de la Administración...debe tomar las medidas necesarias para el buen orden de la misma, en el caso concreto, se traducen en evitar que en virtud de disposiciones emanadas de leyes nacionales se produzcan efectos negativos en el régimen de asignaciones instaurado por le (sic) ley 1863, provocando un desequilibrio en el sistema de asignaciones por quebrantamiento de la igualdad.
Es por ello, y teniendo en cuenta los efectos de lo prescripto por los Arts. 3 y 4 de la lery (sic) 24.714 en el ámbito del sector público provincial, que se dicta el Decreto Nº 1922/00.” (cfr. foja 36 vta.) y concluye que: “...la ley que regula las asignaciones familiares en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz ha sido reglamentada (conforme surge de los considerandos del decreto 1922/00) a fin de regular la nueva situación creada en virtud de lo establecido en el art. 3° de la ley 24.714. Esta circunstancia demandaba contemplar a aquellos trabajadores que quedaban alcanzados por la citada norma, teniendo en cuenta que en el ámbito provincial, si ambos cónyuges trabajan en relación de dependencia, la asignación por hijo será percibida por el padre...” (cfr. fs. 37 y vta.).- Está claro, entonces, que al dictar la nueva reglamentación el Poder Ejecutivo Provincial decidió continuar con la política asistencial entablada a nivel nacional, ajustándose al sistema de reparto y al paradigma vigente en aquella época.
Con ello, es dable entender que la accionada ha logrado eficazmente demostrar que su actuación respondió a fines claramente sustanciales -y no meramente convenientes- focalizando las políticas públicas sobre aquellos sectores que requerían una atención prioritaria.-
En función del fin descripto, se aprecia que el medio empleado por el poder reglamentador devenía necesario y aparecía como la alternativa menos gravosa, por cuanto la regulación no vedaba de manera absoluta el derecho de las mujeres a acceder a las asignaciones familiares, sino que por cuestiones de equidad, política social y disponibilidad de recursos, se optó por excluir de su ámbito de aplicación (y en consonancia con el régimen nacional) únicamente a un sector específico de ellas, sin que sea dable reconocer detrás de él la construcción de estereotipos o perjuicios discriminatorios en razón del sexo.- Articular los derechos y objetivos perseguidos a través del sistema de la seguridad social requiere tener en cuenta que: “…la garantía consagrada en el art. 14 bis de la Carta Magna no especifica el procedimiento a seguir para el logro del objetivo...dejando librado el punto al criterio legislativo.
Y ello es así, toda vez que el contenido y alcance de esa garantía no son conceptos lineales y unívocos que dan lugar a una exégesis única, reglamentaria e inmodificable sino que, por el contrario, son susceptibles de ser moldeados y adaptados a la evolución que resulte de las concepciones políticas, jurídicas, sociales y económicas dominantes que imperan en la comunidad en un momento dado...” (Fallos 321:2181).- Al hilo de este razonamiento, mal podría reputarse irrazonable o violatorio del principio de igualdad jurídica (cfr. art. 16 de la CN) una reglamentación que fue construida con el propósito de ordenar la actividad intersubjetiva de los miembros destinatarios del régimen de asignaciones familiares con sujeción a los factores socioeconómicos dominantes en la época de su sanción.
Tampoco logran brindar sustento suficiente a la demanda propiciada las genéricas remisiones que la actora esboza con apoyo en diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en tanto no permiten fundar un derecho absoluto a obtener la percepción de los beneficios de la seguridad social bajo cualquier circunstancia, de modo que aparece injustificada. Desde esta inteligencia, tampoco puedo dejar de señalar que el sistema actual que rige la materia (Ley Nº 1863, modif. en el año 2013 por la Ley Nº 3339 y la reglamentación plasmada en el Decreto Nº 2711/14) readecua el régimen de asignaciones familiares, instituyendo a la mujer como principal receptora y reconociéndola como un pilar fundamental en el que se apoya la familia y la sociedad.
Todo ello, bajo el amparo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (especialmente su art. 3°) y la Ley Nº 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” sancionada en el año 2009, que presenta entre sus objetivos la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida (cfr. art. 2, inc. a) y consagra la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres (cfr. art. 3. inc. j), consagrando de este modo la implementación de políticas públicas que garanticen la igualdad en todos los ámbitos, como condición necesaria para alcanzar una democracia inclusiva.- En suma, considero que los artículos 8º y 16 del Decreto Nº 1599/89 bis (modificados por los arts. 1º y 2º del Decreto Nº 1922/00, respectivamente) superan exitosamente el escrutinio estricto que impuso para el caso bajo concreto la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, por ende, no existe mérito alguno para declarar la nulidad de la Resolución Nº 2054/10 de la Presidencia del Consejo Provincial de Educación, que se apoyó en aquellas reglas.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la negativa.-
A la segunda cuestión el Dr. Arenillas dijo:
Atento a la forma en que me he pronunciado respecto de la primera cuestión, propongo se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. Miriam Vásquez contra el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz a fs. 3/15 vta., declarando la inconstitucionalidad absoluta de los artículos 8° y 16 del Decreto 1599/89 bis (modificado por los arts. 1º y 2º del Decreto N° 1922/00) y la nulidad de la Resolución Nº 2054/10 del Consejo Provincial de Educación que rechazó el recurso jerárquico contra la decisión del Departamento de Certificaciones y Asignaciones Familiares que le denegaba el pago de las asignaciones familiares. Como consecuencia de ello, ordenar al Consejo Provincial de Educación demandado que dicte un nuevo acto administrativo en el término de treinta (30) días hábiles según los parámetros establecidos en el considerando V; imponiendo las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600 y difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes -por la parte actora- y del Perito Contador, CPN Rodrigo Sebastián López, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Los Dres. Fernando Miguel Basanta, Domingo Norberto Fernández y Diego Mario Lerena, adhieren al pronunciamiento propuesto por el Dr. Carlos Enrique Arenillas.-
A la segunda cuestión la Dra. Fernández dijo:
Atento la forma en que me he pronunciado respecto de la primera cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. Miriam Vázquez contra el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz a fs. 3/15 vta., imponiendo las costas en el orden causado (cfr. art. 90 del CPCA, Ley Nº 2600) y difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes -por la parte actora- y del Perito Contador, CPN Rodrigo Sebastián López, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 29 de noviembre de 2022.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante del Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta y de los Sres. Vocales Subrogantes, Dres. Domingo Norberto Fernández, Carlos Enrique Arenillas, Diego Mario Lerena; el voto en disidencia de la Sra. Vocal a cargo de Presidencia, Dra. Reneé Guadalupe Fernández; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Haciendo lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. Miriam Vásquez contra el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz a fs. 3/15 vta., declarando la inconstitucionalidad absoluta de los artículos 8° y 16 del Decreto Nº 1599/89 bis (modificado por el Decreto N° 1922/00) y la nulidad de la Resolución Nº 2054/10 del Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz.-
2. Disponiendo que el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz dicte un nuevo acto administrativo, en el término de treinta (30) días hábiles, según los parámetros establecidos en el considerando V.-
4. Difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes -por la parte actora- y del Perito Contador, CPN Rodrigo Sebastián López, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).-
5. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-, Dr. Carlos Enrique Arenillas -Vocal Subrogante-, Dr. Diego Mario Lerena -Vocal Subrogante-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1017C.221 Tomo: XVIII Sentencia: 1112 Folio N°: 3565/3574 Secretaría: 1
Fin de la sentencia