Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa V-690/10-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la actora a fs. 168/187.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: V-690/10-TSJ Sentencia N°: 382 Actor: VAZQUEZ MIRIAM Demandado: CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 03/06/16 Texto:
TOMO VIII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 382 FOLIO Nº 1446/1449 PROT. ELECT. TSS1014O.161
Río Gallegos, 3 de junio de 2016.-
Los presentes autos caratulados “VAZQUEZ MIRIAM C/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº V-690/10, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal, en virtud del recurso extraordinario federal que articulara la actora a fs. 168/187 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la sentencia dictada por este Alto Cuerpo a fs. 132/135, que rechazó la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 3/15 vta..-
Su tratamiento se efectuará a la luz de la doctrina sentada por el Alto Tribunal (Fallos: 310:1789; 313:934; 332:2813 y 333:360) y por este Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz (conf. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente por el Tribunal Superior de la causa si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que lo originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- La recurrente suscita la instancia extraordinaria federal alegando que se planteó en autos la oposición de los artículos 8 y 16 del Decreto Provincial Nº 1599/89 bis “…a la Ley Nacional Nº 24714, a la Constitución Nacional… y Tratados Internacionales de Derechos Humanos con Jerarquía Constitucional… y la decisión judicial fue a favor de la validez de los artículos de los Decreto [s] antes mencionado [s], por lo que existe un CASO FEDERAL en los términos del art. 14 de la Ley 48” (cfr. fs. 169).
También argumenta que existe arbitrariedad en la resolución en crisis “…por cuanto la sentencia que rechaza la demanda contencioso administrativa no trató la pretensión articulada por esta parte ni analizó la especial situación de hecho ventilada en autos…” (cfr. fs. 169 y vta.).- Se agravia de que “La Sentencia atacada, no da tratamiento a la denuncia de trato discriminatorio, señalando como uno de sus pilares para el rechazo de la demanda que existe una ‘presunción de constitucionalidad’ de los Decretos Provinciales, y que quien alega el trato desigualitario (sic) debe probarlo. Ello es incorrecto” (cfr. fs. 174 vta.). Agrega al respecto que “…cuando la norma establece discriminaciones fundadas en ‘categorías sospechosas’ de trato discriminatorio, debe fundamentar suficientemente la razonabilidad e interés legítimo en tal discriminación, produciéndose una inversión del onus probandi, de modo tal que, la mera ausencia de justificación explícita, dará pie a la presunción de discriminación arbitraria y censurable” (cfr. fs. 174 vta./175).- Luego de transcribir las normas que considera que se han violado (conf. fs. 176 vta./180), continúa su recurso afirmando que “Todas las normas supra transcriptas, lo que proscriben son las discriminaciones caprichosas, irrazonables, arbitrarias.
A su vez, esta arbitrariedad, lleva a desconocer el derecho a la percepción de un beneficio de la seguridad social, sin fundamento alguno. El estado lo reconoce primero, pero ante igual supuesto de hombre y mujer, lo reconoce solo para el hombre…” (cfr. fs. 178 vta.).- Por otro lado, expresa que el Poder Ejecutivo Provincial carecía de facultades para reglamentar la Ley Nº 1863 del modo en que lo hizo, violando el principio de jerarquía normativa, ya que “…el sistema de asignaciones familiares se encuentra delegado a la reglamentación del poder central (Nación) pudiendo la Provincia solo modificarlo a favor de los ciudadanos, pero no en su perjuicio, como aquí lo hace. Y la limitación en función de la condición sexual del agente solo existe en el orden provincial, de allí que establecer esta diferenciación resulta violatoria de la distribución de competencias, por carecer el gobierno provincial de atribuciones para legislar en menos que el gobierno nacional” (cfr. fs. 180 y vta.).- Por último, alega que respecto de la “…pretensión concreta articulada por esta parte en autos, nada dijo el TSJ, resaltando que no hay ni siquiera una alusión en toda la sentencia a la discriminación por sexo y/o por ser mujer.
Advertir esa sola circunstancia demuestra el desentendimiento por la situación de hecho ventilada en autos, y patentiza la omisión palmaria de tratamiento en que ha incurrido el Tribunal junto con el grave [in]cumplimiento de su deber principal en tanto órgano jurisdiccional, que es resolver las pretensiones que los justiciables le planteen” (cfr. fs. 184 vta.).- A fs. 188 se ordenó correr traslado a la parte contraria del recurso interpuesto por el término de ley, quien debidamente notificada, lo contestó a fs. 194/203.-
En efecto, el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Laura Bárbara Goñi, contestó el traslado conferido, solicitando que se rechace en todas sus partes el recurso intentado, con costas (conf. fs. 194 vta.).-
Afirma, que “…la recurrente estima que, existe una sentencia arbitraria por cuanto no se contemplaron las situaciones de hecho ventiladas en autos y, contrario ello, la recurrente no aportó ninguna situación de hecho específica y cotejable que tornará (sic) a la norma inconstitucional en su caso particular, exceptuando las reiteración (sic) exhaustivas a su condición de mujer en el proceso primigenio, y luego en el presente [no] menciona siquiera cuales situaciones de hecho han sido desatendidas y debieran ser consideradas CONDUCENTES por el Tribunal a fin de modificar su tesitura. Ello implica que se limita a expresar dogmática y genéricamente un incumplimiento sin aportar ejemplos concretos de la arbitrariedad aludida y, es dable recordar que, es a esa parte a quien le corresponde la carga procesal de atacar fundadamente la sentencia” (cfr. fs. 198 vta.).- Arguye, que “La recurrente se limita a manifestar su discrepancia con la sentencia apelada y a proponer una solución jurídica distinta, sin rebatir adecuadamente los argumentos en que aquélla se sustenta, no se da cumplimiento a los requisitos de fundamentación suficiente exigido por el art. 15 de la ley 48 y la doctrina de la Corte. De la lectura de la presentación efectuada, se desprende claramente que, el planteo de los actores (sic) se agota en manifestar su discrepancia con el alcance otorgado por el Tribunal a la legislación aplicable y su desacuerdo con la valoración de las normas, lo que torna improcedente el recurso intentado” (cfr. fs. 201 vta.).- A fs. 204, se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo quien dictamina a fs. 205/206. Allí expresa -sobre la base de los argumentos que esgrime y a los cuales nos remitimos ‘brevitatis causae’- que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.-
II. Que, corresponde entonces que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado por la parte actora (conf. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VI, Reg. 351, Folio 1331/1335) tal y como lo dispone el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nros. 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/2012), 31/2011 y 38/2011.- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo previsto en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa, que el recurrente dio cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011, al presentar el recurso deducido en formato de hoja A 4.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde analizar el recurso a la luz de las previsiones contenidas en el reglamento aprobado mediante la Acordada Nº 4/2007, que regula los requisitos formales y sustanciales que debe cumplir el escrito de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En este análisis, se advierte que la presentación no supera las cuarenta (40) páginas -sin contar el anexo normativo-, ha sido escrita con letra claramente legible y cumple, además, con el recaudo de no superar los veintiséis (26) renglones en cada página (conf. art. 1º de la Acordada Nº 4/2007 citada).-
Cuenta, asimismo, con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2º de la norma mencionada (conf. fs. 141 y vta); y de igual modo se advierte que el recurrente constituyó domicilio en la Capital Federal (conf. art. 2º, inc. d) de la Acordada Nº 4/2007), integrando dicho requisito, con el código de usuario contemplado en la Acordada Nº 31/2011, el cual resulta obligatorio en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º de la Acordada Nº 3/2012.- Ahora bien, continuando con el estudio del recurso vemos que el escrito no cumple acabadamente con los recaudos previstos en los incisos d) y e) del artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007.-
Dicho artículo exige que el recurrente demuestre que la decisión apelada proviene del Superior Tribunal de la causa y que es definitiva o equiparable a tal, según la jurisprudencia de la Corte Federal (conf. inc. a)), así como también requiere un relato de las circunstancias relevantes del caso relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal (conf. inc. b)), también la demostración de un perjuicio personal, concreto y actual que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, y que tal menoscabo no haya derivado de su propia actuación (conf. inc. c)), lo cual se encuentra cumplido en la presentación en estudio. Pero hasta aquí llega el cumplimiento de los requisitos del citado artículo 3º.- En efecto, no se ha debatido en el pleito una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos de los incisos d) y e) del mencionado artículo 3º, ni del artículo 14 de la ley Nº 48 (Fallos: 148:62; 306:1740 y 307:129), ya que las cuestiones traídas a juzgamiento de este Tribunal atañen exclusivamente al orden local.-
En el ‘sub lite’ la demanda contencioso administrativa interpuesta fue rechazada en virtud de la doctrina de este Tribunal aplicable al caso que entiende que la Administración emitió un acto regular al momento de su dictado, en consecuencia, obró legítimamente y dentro de sus atribuciones (conf. fs. 134).-
No se advierte en el escrito “la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas” (cfr. inciso d) del artículo 3º citado), como así tampoco la “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que el apelante debe rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:2421; 310:722; 311:499 y 331:2149).- No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en el recurso en estudio, los agravios vertidos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (Fallos: 323:1261 y 331:809). La recurrente reedita planteos que ya han tenido correcto tratamiento en el decisorio cuestionado, no consiguiendo en ningún momento desvirtuar el razonamiento desplegado en el fallo atacado.-
Por último, no se advierte “la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas…” (cfr. Acordada Nº 4/2007, art. 3º, inc. e)).-
Esto se sigue, como se observó más arriba, de la inexistencia de cuestión federal (conf. artículo 14 de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse para el análisis de la admisibilidad el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (conf. Palacio de Caeiro, Silvia B. “Recurso Extraordinario Federal”, 2º Ed. Bs. As., La Ley 2012. pag. 431/432) (conf. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 368, Folio 1392/1396).-
III. Con relación al carril por el que pretende encauzar la recurrente su agravio, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 325:3265 y sus citas).- En consonancia con lo arriba señalado, también ha establecido reiteradamente que esa doctrina no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos: 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos: 237:74).-
La tacha de arbitrariedad, en consecuencia, procede sólo frente a “…desaciertos y omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional…” (del dictamen del Procurador General al cual remitió la Corte Suprema en Fallos: 311:1950; en igual sentido: Fallos: 323:3139 y el voto de la Dra. Highton de Nolasco en Fallos: 329:646).-
Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoyó su decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.-
Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559; 315:2969; 316:2718; 319:103 y 321:1909; ver asimismo, TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 358, Folio 1351/1355, entre otros).- Por lo demás, las críticas que la recurrente dirige contra la sentencia de este Alto Cuerpo son insuficientes para demostrar -con el rigor necesario-, la arbitrariedad de la sentencia recurrida, que se haya vulnerado “…el principio de jerarquía normativa…” (cfr. fs. 180) o el “…principio de igualdad ante la ley y derecho a la no discriminación…” (cfr. fs. 181 vta.).-
A mayor abundamiento, cabe agregar sobre la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional (en el caso artículos 14 bis -beneficios de la seguridad social-, 16 -principio de igualdad-, 18 -tutela judicial efectiva- y 75, inc. 22 -que otorga jerarquía constitucional a ciertos Tratados Internacionales-); y los Tratados Internacionales (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana Sobre Derechos Humanos), que tales dichos constituyen una mera enunciación incapaz de habilitar la vía extraordinaria si no se logra demostrar de qué manera han sido vulnerados tales principios.- Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (Fallos: 165:62 y 266:135; entre otros). No basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarde para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (Fallos: 310:2306).- En autos, la recurrente sólo se ha limitado a enumerar derechos constitucionales que considera menoscabados, y a sostener que la explicación brindada, acerca de la forma en que fueron vulnerados, se encuentra basada en una distinta interpretación de la normativa aplicable al caso.-
En este sentido, el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido que “…para descalificar una sentencia por causa de arbitrariedad en el razonamiento legal se debe efectuar un análisis de los defectos lógicos que justifican tan excepcionalísima conclusión. Este no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional, en que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impida considerar el pronunciamiento de los jueces del proceso como la ‘sentencia fundada en ley’ a que hacen referencia los art. 17 y 18 de la Constitución Nacional (conf. doctrina de Fallos: 311:786; 312:608; 314:458; 324:1378, entre muchos otros)... la arbitrariedad no puede resultar de la sola disconformidad con la solución adoptada, sino que requiere la constatación de un apartamiento de los criterios mínimos de la argumentación jurídica” (Fallos: 330:3483).- Corresponde concluir entonces, que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que, además de no existir cuestión federal alguna, y de no haber dado cumplimiento con los recaudos previstos en los incisos d) y e) del artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en el artículo 15 de la Ley Nº 48, aquellos carecen de debida fundamentación y soslayan en definitiva los argumentos de la sentencia, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado.-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la actora a fs. 168/187.-
2. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1014O.161 Tomo: VIII Sentencia: 382 Folio N°: 1446/1449 Secretaría: 1
Fin de la sentencia