Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa V-690/10-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a lo peticionado en PE1535427-2024, ESC00371723.pdf, y en consecuencia, disponer la ejecución directa de la sentencia y su aclaratoria dictada en autos en PE740288-2022 y en PE800588-2023, ordenando que la Presidenta del Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz, dé cumplimiento a lo allí dispuesto en el plazo perentorio de veinte (20) días hábiles, haciéndole saber que es personal y solidariamente responsable con la entidad estatal mencionada, por los daños y perjuicios que ocasione su irregular actuación.-
2Rechazar por improcedente el planteo efectuado por la actora, en cuanto solicita se ordene el pago de la sentencia, con sus intereses y costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: V-690/10-TSJ Sentencia N°: 1164 Actor: VAZQUEZ MIRIAM Demandado: CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 05/12/24 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1164 FOLIO Nº 3831/3833 PROT. ELECT. TSS1 021 C.241
Río Gallegos, 5 de diciembre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “VAZQUEZ MIRIAM C/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. N° V-690/10-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de los Dres. Fernando Miguel Basanta, Romina Vanessa Saúl, Carlos Enrique Arenillas y Eduardo Gabriel López:
I. Se presenta la parte actora alegando el incumplimiento de la demandada respecto de las obligaciones emergentes de la sentencia dictada en autos en PE740288-2022, y vencido el plazo para ello, solicita su ejecución directa en los términos del artículo 94 del CPCA, Ley N° 2600 (cfr. PE1535427-2024, ESC00371723.pdf).- En dicho sentido, solicita se ordene a la Sra. Presidenta del Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz -Prof. Iris Adriana Rasgido- el pago de la sentencia de autos, con más intereses y costas (cfr. PE cit.).-
Los presentes pasan al Acuerdo en PE942134-2024.-
II. Ahora bien, de las constancias de autos surge que en PE740288-2022, se dictó sentencia definitiva el 29 de noviembre de 2022, en la cual se hace lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. Miriam Vázquez contra el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz, se declara la inconstitucionalidad absoluta de los artículos 8 y 16 del Decreto N° 1599/89 bis (modificado por el Decreto N° 1922/00) y, también, la nulidad absoluta de la Resolución N° 2054/10 emanada del mencionado Organismo estatal y, en consecuencia, se dispone que la demandada dicte un nuevo acto administrativo, en el término de treinta (30) días hábiles, según los parámetros establecidos en el considerando VI (cfr. aclaratoria obrante en PE800588-2023).- En cuanto al pago de la sentencia, con sus intereses y costas, debemos señalar que el planteo introducido por la parte actora excede el marco de lo decidido en la sentencia y su aclaratoria dictadas y, por consiguiente, debe ser rechazado por improcedente.-
Respecto al cumplimiento de sus pronunciamientos, ha dicho este Alto Cuerpo que: “‘La Administración debe cumplir con las sentencias dictadas en su contra. Lo correcto, lo lógico, lo normal en un Estado de derecho es que la Ad-ministración cumpla con los mandatos judiciales sin que sea necesario ejercer fuerza alguna sobre ella. Más aun, es lo que ocurre en los países civilizados [...] si se impidiera a los jueces ordenar la ejecución forzosa de las sentencias contra la Administración, no ejercerían propiamente una función jurisdiccional, sus decisiones carecerían de eficacia y el derecho de los agraviados por una actuación estatal ilícita sería sólo una expresión de deseo o un mero acto declarativo. Los derechos subjetivos quedarían a merced de la buena voluntad de las autoridades y la Administración se colocaría fuera del orden jurídico. Habrían transcurrido en vano varios siglos de lucha para instaurar el Estado de derecho.’ (cfr. Roberto Enrique Luqui, ‘Revisión judicial de la actividad administrativa’, Tomo 2, Buenos Aires, Astrea, 2005, págs. 415/416). No podemos soslayar que cuando la Administración no acata lo decidido en un fallo judicial se altera el principio de división de poderes y el equilibrio que entre los poderes del estado ha diseñado la Constitución Nacional.” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1064, Folio 3355/3358).- En sintonía con lo expuesto, encontrándose la sentencia y su aclaratoria recaídas en autos firme y consentida, habida cuenta el vencimiento del plazo impuesto sin que la orden se encuentre cumplida, corresponde hacer lugar a lo peticionado en los términos del artículo 94 de la Ley N° 2600, y en consecuencia, disponer su ejecución directa ordenando que la Presidenta del Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz, dé cumplimiento a lo allí dispuesto en el plazo perentorio de veinte (20) días hábiles, haciéndole saber que es personal y solidariamente responsable con la entidad estatal mencionada, por los daños y perjuicios que ocasione su irregular actuación, de conformidad con los términos del artículo 95 del CPCA, Ley N° 2600; imponiendo las costas por su orden (cfr. art. 90 del CPCA, Ley Nº 2600); y difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora-, hasta tanto dé cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999). Así lo votamos.- Voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández:
Si bien coincido con la solución propuesta por la y los distinguidos colegas preopinantes, considero necesario formular las siguientes observaciones:
En el momento de pronunciarme sobre el fondo de la cuestión, emití mi voto en minoría, propiciando el rechazo de la demanda al considerar que la decisión administrativa impugnada superaba adecuadamente el estricto escrutinio aplicado en el caso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, la mayoría del Tribunal resolvió hacer lugar a la pretensión de la actora, declarando la inconstitucionalidad de los artículos 8 y 16 del Decreto N° 1599/89 bis, modificado por el Decreto N° 1922/00, y de la Resolución N° 2054/10 emanada del Consejo Provincial de Educación y ordenó a esa autoridad pública emitir un nuevo acto administrativo en el plazo de treinta (30) días hábiles.- Aunque mantengo mi convicción respecto del voto emitido, resulta imperioso subrayar que, en un Estado de Derecho, el cumplimiento efectivo y fiel de las sentencias judiciales es ineludible.
Dicha observancia no solo es una obligación para los particulares, sino que adquiere especial relevancia cuando el destinatario es una autoridad pública. En una República, la subordinación de los actos estatales a las decisiones judiciales resulta esencial para el mantenimiento del orden constitucional y la preservación del equilibrio entre los poderes del Estado, constituyendo una garantía fundamental para la ciudadanía y una manifestación efectiva de la igualdad ante la ley.- A pesar de mi voto en disidencia, el fallo de este Alto Cuerpo dispuso que el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz dicte un nuevo acto administrativo en el término de treinta (30) días hábiles, según las consideraciones allí establecidas, siendo dicho cumplimiento obligatorio para las autoridades involucradas.
El respeto a la independencia del Poder Judicial y el principio de legalidad exige a las autoridades administrativas el acatamiento irrestricto de los mandatos judiciales, no solo por imperativo normativo sino como una manifestación concreta de lealtad institucional y respeto al orden democrático.- Por todo lo cual, y en concordancia con el voto emitido por la y los distinguidos colegas preopinantes, considero que debe hacerse lugar a lo peticionado en PE1535427-2024 y, en consecuencia, disponer la ejecución directa de la sentencia dictada en autos, ordenando que la Sra. Presidenta del Consejo Provincial de Educación, Lic. Iris Adriana Rasgido, dé cumplimiento a lo allí dispuesto en el plazo perentorio de veinte (20) días hábiles, haciéndole saber que es personal y solidariamente responsable con la entidad estatal mencionada, por los daños y perjuicios que ocasione su irregular actuación.
Asimismo, corresponde rechazar por improcedente el planteo de la actora, en cuanto solicita que se ordene el pago de la sentencia, con sus intereses y costas. Deviene pertinente, igualmente, imponer las costas en el orden causado y diferir la regulación de los honorarios de la letrada de la parte actora, hasta tanto dé estricto cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999). Así lo voto.- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayo-ritario y concordante del Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta y de los Sres. Vocales Subrogantes, Dra. Romina Vanessa Saúl, Dr. Carlos Enrique Arenillas y Dr. Eduardo Gabriel López; y el voto de la Sra.
Vocal a cargo de Presidencia, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a lo peticionado en PE1535427-2024, ESC00371723.pdf, y en consecuencia, disponer la ejecución directa de la sentencia y su aclaratoria dictada en autos en PE740288-2022 y en PE800588-2023, ordenando que la Presidenta del Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz, dé cumplimiento a lo allí dispuesto en el plazo perentorio de veinte (20) días hábiles, haciéndole saber que es personal y solidariamente responsable con la entidad estatal mencionada, por los daños y perjuicios que ocasione su irregular actuación.-
2. Rechazar por improcedente el planteo efectuado por la actora, en cuanto solicita se ordene el pago de la sentencia, con sus intereses y costas.-
4. Difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora-, hasta tanto dé cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).-
5. Regístrese y notifíquese a las partes intervinientes y en la persona de la Presidenta del Consejo Provincial de Educación. Oportunamente archívese la presente causa.-
Fdo. Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal a/c de Presidencia-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Dra. Romina Vanessa Saúl -Vocal Subrogante-, Dr. Carlos Enrique Arenillas -Vocal Subrogante-, Dr. Eduardo Gabriel López -Vocal Subrogante-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1021C.241 Tomo: XX Sentencia: 1164 Folio N°: 3831/3833 Secretaría: 1
Fin de la sentencia