Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa V-7247
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: V-7247 Sentencia: 2779 Actor: VAZQUEZ, Omar Eduardo Demandada: AVILA, Esther Elena Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 26-04-2019 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los veintiséis días del mes de abril de dos mil diecinueve, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “VÁZQUEZ, Omar Eduardo c/ AVILA, Esther Elena s/ daños y perjuicios”, Expte. Nº 16.205 del año 2014 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de la ciudad de Pico Truncado, que tuviera ingreso en esta instancia bajo el Nº 7.247. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dr. Humberto Eduardo Monelos, Dra. Connie R. Naves, y Dra. Griselda I. Bard para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Debe declararse desierto el recurso? SEGUNDA: En caso contrario:¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que el actor Omar Eduardo Vázquez, por medio de su apoderado el Dr. Alberto Luciani, con el escrito de fs. 5/12 promueve demanda por daños y perjuicios por enriquecimiento sin causa por la suma de $ 300.000 contra la Sra. Esther Elena Ávila, con el fin de lograr que se le reintegre el automotor Chevrolet Cobalt 1.8 dominio MMC.590 modelo 2013 que por abuso de confianza anotara a su sólo nombre, pero que fue adquirido con dinero de su representado más el daño emergente, lucro cesante y daño moral o lo mas o menos que resulte de la prueba a rendirse y los intereses de uso judicial con imposición de costas. Al relatar los hechos hace referencia a que las partes vivieron en concubinato desde el año 2013, que el actor trabajaba en Petroquímica Comodoro Rivadavia y era el único medio de vida de la pareja dado que ella solo contaba con su jubilación provincial por lo que razona que le hubiera resultado imposible adquirir el vehículo.
Sostiene que al haber egresado de la empresa en el año 2017 se le indemnizó con la suma de $ 360.000 con la que se adquirió una camioneta Ford Eco Sport modelo 2011 y que la demandada sugirió adquirir un automotor nuevo para destinarlo al servicio de remis que se pondría a nombre de ambos lo que no se cumplió, continuando el actor trabajando en herrería mientras la demandada adquirió y anotó en el Registro del Automotor local y nunca gestionó la licencia del servicio de remis. Posteriormente sobrevino la separación personal y ella continua como única propietaria del referido automotor. Tras mucha espera relata que el actor la intimó por carta documento sin obtener respuesta alguna, y que tomó conocimiento que la demandada pretende vender los vehículos para su propio provecho para burlar los derechos de Vázquez.
Por ello promueve la demanda por enriquecimiento sin causa a fin de recuperar el referido automotor y la mitad del valor de la camioneta que se adquirieron con dinero de propiedad del actor, además del monto de pesos 50.000 que aportó para la compra de todos los electrodomésticos de la casa de la demandada además de pesos 70.000 por lucro cesante de la ganancia esperada del servicio de remis a que estaba destinado el Chevrolet. Sostiene que la demandada no podrá demostrar que hizo algún aporte dinerario o de otra forma para la adquisición de los automotores referenciados. Pide que su reclamo sea tratado como enriquecimiento sin causa reclamando el automotor inscripto sólo a su nombre, la mitad del valor de la camioneta ECO SPORT más el resto del dinero.
Resuelve, como previo hacer algunas precisiones conceptuales sobre lo que se entiende por concubinato, que se tiene presente y se pregunta si la convivencia hace presumir la constitución de una sociedad de hecho ni implica la transmisión de bienes del patrimonio de uno de los sujetos al otro, no la prestación de servicios ni la asociación de intereses y esfuerzos con objetivos comunes económicamente variables. En los casos que aparezcan a nombre de uno solo y se sostenga que pertenecen al haber societario se recurre por la jurisprudencia a la sociedad de hecho, simulación e interposición de persona. Cita la opinión doctrinaria de la Dra. Medina y los requisitos que la autora entiende que deben concurrir para que funcione la teoría del enriquecimiento sin causa y proceda la acción de “in rem verso”, la opinión de Malaurie y Aynes y diversos juristas y jurisprudencia para establecer que es primordial la noción de transferencia patrimonial sin causa que se relaciona con la equidad.
Pide se haga lugar a la demanda incoada para no lesionar el derecho de propiedad del actor. Ofrece prueba, cuantifica los rubros reclamados, reserva el caso federal. Solicita una medida cautelar que es denegada.
II. Que corrido traslado con la documental de fs. 21/55 y escrito de fs.56/60 la demandada se presenta por propio derecho, con el patrocinio letrado del Dr. Carlos G. Toledo Vargas, a contestar la demanda pidiendo el rechazo de la misma en todas sus partes con costas. Comienza con una pormenorizada serie de negativas que se tienen presente. Indica que la demanda contiene una serie de inexactitudes, que es el actor quien pretende enriquecerse sin causa y aclara que, a contrario del descredito y desprestigio hacia su persona que se manifiesta en la demanda, ella no va a incurrir en la misma tesitura y analizará los puntos objeto de reclamo ejerciendo su defensa frente a la embestida improcedente del actor. Respecto del rodado Ford Escort expresa que fue adquirido con su dinero sin que el actor haya tenido participación ni injerencia en la compra. Indica la agencia en la que realizó la compra, que entregó su rodado Chevrolet Corsa Dominio HNL 889 más un crédito prendario y un adicional de $20.000 y da detalles de la operación. Califica de improcedente el reclamo y solicita el rechazo con imposición de costas.
Con relación al Chevrolet Cobalt niega que hubiera una maniobra dolosa y que se registró el automotor a su nombre por voluntad del actor, que le hizo el regalo en agradecimiento y compensación de todos los favores recibidos. Aclara que el actor solo puso una parte del precio el rodado pues el resto lo puso ella con el sobrante del préstamo bancario, un adicional de $19.000 que le abonó la Municipalidad al momento de jubilarse a fines de 2010. Explica que el resto fue una liberalidad del actor como promete acreditar sin que existiera una revocación de dicha liberalidad por lo que la demanda resulta manifiestamente improcedente. Califica también de improcedente el reclamo de lucro cesante porque jamás existió acuerdo para comprar el vehículo y afectarlo al servicio de remis. Entiende que no procede el reclamo de daño moral por no existir incumplimiento de su parte. Niega e impugna la procedencia como los montos de estos rubros.
Se refiere a las circunstancias fácticas que entiende tienen conexidad con el reclamo. Explica que era ella con su haber jubilatorio y el sueldo de su hijo los que aportaban para el sostenimiento del hogar pues los ingresos del actor eran magros por retenciones por alimentos y embargos como surge de los últimos recibos de haberes del actor que quedaron en el domicilio y por ende en su poder. Refiere remesas que ella efectuó a la esposa del actor y expresa que el actor recibió ayuda de su parte al haberlo recibido en su hogar, haberlo albergado y alimentado y que como agradecimiento le ofreció comprar el Chevrolet lo que aceptó sin que exista acto o causal de revocación. Detalla otros parientes del actor a los que albergó en su domicilio. Califica de insólito, en atención a los magros ingresos, que se reclame arreglos en la casa o compra de electrodomésticos que niega.
Niega que el actor hubiera percibido $360.000 sino que solo percibió $ 150.000 como surge del recibo que agrega e invoca haber gestionado un préstamo en el Banco Santa Cruz por $32.000 y reitera que el actor no ha colaborado económica o materialmente con ella. Pide el rechazo de la demanda con costas. Funda en derecho y ofrece las pruebas de las que intentará valerse.
III. Que a fs. 63 se abre la causa a prueba proveyéndose la prueba considerada pertinente. Producida la obrante en autos que se tiene presente y de la que informa la certificación actuarial de fs. 252 a fs. 252 vta. se clausura el periodo probatorio y se ponen los autos a disposición de las partes a los fines del art. 460 del CPCC. La demandada acompaño en sobre cerrado alegato de bien probado a fs.255 y 256. A fs. 258 se le da a la parte actora por perdido el derecho de alegar y se dispone la apertura del sobre y agregación del alegato de la demandada que queda glosado a fs. 260/262. Se llama autos a sentencia a fs. 263, que obra a fs. 264/268 que acoge parcialmente la demanda incoada por el Sr. OMAR EDUARDO VÁZQUEZ contra la Sra. ESTHER ELENA ÁVILA a quien condena a abonar, por daños y perjuicios por enriquecimiento sin causa, en el término de quince días de que adquiera firmeza la presente la suma de pesos ciento cincuenta mil en concepto de daño emergente y la suma de pesos treinta mil en concepto de daño moral. Desestima el rubro lucro cesante y reintegro del valor de los electrodomésticos y establece que los montos determinados en el punto 1º serán acrecidos con los intereses a la tasa activa del Banco de la Nación desde el 26/12/2013 hasta el efectivo pago. Condena en costas a la demandada por aplicación del principio objetivo de la derrota y difiere la regulación de los honorarios de los abogados intervinientes. La demandada con el escrito de fs. 270 interpone recurso de apelación que se le concede libremente y con efecto suspensivo que funda con el memorial de agravios de fs.274/275 los que son contestados por el apoderado del actor que pretende la declaración de deserción y en subsidio contesta los vertidos. Los autos se elevan con la certificación actuaria de fs. 282 y recibidos se dispone el llamado de autos a sentencia de fs. 283. Consentido, a fs. 284 se ordena el pase de los autos a estudio y se establece el orden para ello.
IV. Que la demandada se agravia contra la sentencia que la condena a abonar $150.000 por daños y perjuicios y enriquecimiento sin causa más la suma de $ 30.000 por daño moral por considerar equivocado el razonamiento y sus conclusiones al incursionar en la teoría de la arbitrariedad al carecer de elementos probatorios que permitan sustentarla y solicita la revocación con costas. Critica que la Sra. Juez a quo entienda que constituye una presunción en su contra por haber omitido la presentación de la documentación del rodado y lo considera equivocado por entender que la carga de la prueba correspondía al actor que no aportó un solo elemento probatorio referido al Chevrolet Cobalt. Critica que la Sra.
Juez está invirtiendo la carga de la prueba y señala que el actor pudo recurrir a otros elementos probatorios como informe del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, inspección ocular o constatación que no usó. Afirma que no existe elemento probatorio de la adquisición, registración del rodado Chevrolet Cobalt en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y que los testigos del actor no identifican el rodado. Desde otro ángulo le agravia que la Sra. Jueza sostenga que ha existido un enriquecimiento sin causa. Expresa que si existió un regalo por parte del actor se trató de una acción voluntaria, sin perseguir ningún beneficio por parte de la agasajada sino una cuestión de amor cuando eran pareja.
Recuerda que sostuvo que sí en virtud del concubinato el actor efectuó una liberalidad a su favor jamás fue obligado a ello ni se ha probado vicio alguno, ni que haya existido abuso de confianza, no se maquinó un ardid para perjudicar al actor ni se lo obligó y al no existir dolo no hay enriquecimiento sin causa. Con cita del art. 1794 del Código Civil y Comercial que establece la necesidad de la ausencia de una causa lícita para enriquecerse a expensas de otro y que el requisito de “sin causa lícita” no está presente en autos explicando que la causa lícita se encuentra en la situación de concubinato o convivencia entre las partes y que no se encuentra acreditada una causa ilícita. Sostiene que no existe daño o perjuicio del actor ni enriquecimiento sin causa de la demandada por no encontrarse reunidos elementos objetivos ni subjetivos para constituir esta causal por lo que se debe revocar el decisorio.
Se agravia por la imposición de costas para el improbable caso que la demanda prospere tal como decidió la Sra. Juez. Se refiere a los rubros que fueron rechazados y recuerda que la sentencia hace lugar parcialmente a la demanda de modo que como consecuencia las costas deben seguir idéntico criterio y considera ajustado que se impongan en subsidio en un 50% a las partes de acuerdo al éxito obtenido.
V. Que el actor solicita en primer término que se declare la deserción del recurso por pobreza de argumentos y explica que en solo cuatro fojas (en realidad cuatro carillas) la demandada pretende revertir (sic) la sentencia (entiendo que habrá querido decir revocar la sentencia pues revertir tiene otro significado en derecho – ver arts.1566 y 1567 CCyC). Imputa que ni siquiera se arrima fundamentos doctrinarios y jurisprudenciales en apoyo de su posición que como dice es necesario hacer para dar fundamento a la apertura del recurso. Sostiene que el tiempo juega a favor de la contraparte que contando en que solamente se actualizará en el peor de los casos el crédito establecido en la sentencia a la tasa pasiva (sic) y cita jurisprudencia.
Especula en que el crédito se habrá licuado y la demandada seguramente se habrá insolventado como es de practica en juicios laborales, sobre todo los patrocinados con algunos abogados del foro local. Insiste en que se debe criticar la sentencia y no repetir alegatos porque bien o mal se han juzgado y pide se rechace el recurso por falta de fundamentación. Cita doctrina y jurisprudencia. Critica que, pese a las deficiencias del escrito recursivo, se ingrese a su análisis para resguardar la defensa en juicio y cita al Dr. Hitters en cuanto entiende que no es de buena técnica afirmar la insuficiencia del recurso y luego tratarlo. Sostiene que los jueces deben ejecutar la ley y no pueden modificarla y que se deben respetar los recaudos mínimos que impone el rito para el escrito de agravios los jueces deben acatarla.
Discurre lo que debe entenderse como crítica concreta y razonada explicando que criticar es distinto que disentir. Sin perjuicio de ello contesta los agravios y hace notar que se trae a colación una norma del Código Civil y Comercial siendo que la sentencia explica bien claro porque aplicaba el Código Civil. Entiende correcta la subsunción de los hechos en el enriquecimiento sin causa por ajustarse a derecho y entiende que se debe mantener. Invoca la declaración de los testigos Argañaráz y Cisneros contestes en cuanto al cobro de una indemnización y posterior compra del vehículo en lo que entiende indicios claros, serios, graves, homogéneos y convergentes a favor de la pretensión de su parte a lo que se agrega la confesión judicial de la contestación de la demanda en cuanto a la adquisición del rodado por Vázquez aunque intente introducir que ello es una especie de donación del actor a la demandada.
Pide el rechazo del agravio relativo a las costas por la condición de perdedora en lo sustancial y la norma procesal y formula un esquema básico de imposición de costas. Entiende que el recurso debe ser rechazado manteniendo firme la condena con expresa imposición de costas.
VI. Que luego de este resumen de la causa y de la posición de cada parte entiendo que por una cuestión de lógica se debe ingresar al pedido del actor que se declare desierto el recurso. Se apoya aunque no lo menciona en los arts. 264 y 265 del CPCC que en lo pertinente establecen:
“264.- El escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores….” “265.- Si el apelante no expresare agravios dentro del plazo o no lo hiciere en la forma prescripta en el artículo anterior la cámara declarara desierto el recurso señalando en su caso cuales son las motivaciones esenciales del pronunciamiento que no han sido eficazmente rebatidas….”
Comentando normas semejantes del rito de Nación y de la provincia de Buenos Aires en la obra colectiva “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial…” de Augusto Mario Morello, Gualberto Lucas Sosa y Roberto Omar Berizonce se expresaba con claridad que:
“…Integrativamente se ha de poner de resalto, con trazos firmes, el punto de equilibrio en que debe ubicarse la Casación al evaluar el escrito recursivo que, si llena su finalidad, aunque lo haga con estrechez o bordeando los límites técnicos tolerables, no debe desmerecerse ( a través de lo que puede considerarse un tobogán de descarte) por insuficiente. La eficacia de los agravios no demanda, por otra parte un preciosismo extremo, aunque ha de guardar una elaboración crítica, objetiva, fundada con alto poder de demostración. No ha de seguirse en la replica del juzgamiento una actitud disvaliosa porque se pecaría de exceso ritual manifiesto acerca de un propio y logrado alcance…..Evaluar los porqués, motivos, fines, las razones y argumentos y aún las distintas interpretaciones de la situación que se esta juzgando, se halla dentro de las razonables potestades del tribunal que cuenta con deberes de ejercicio activo en la esfera del rol actual de la casación. En pocas palabras, no corresponde auspiciar una postura rígida que se amuralle en escrúpulos tenidos de ceremoniosidad, tampoco una libérrima actitud oficiosa que, superando a la justicia rogada provocaría disfuncionalmente lesión al principio de bilateralidad…” (obra citada, cuarta edición, tomo IV, páginas 263 y 364) Juan Carlos Hitters sobre el tema así discurre:
“ De lo expuesto se infiere que ha sido la doctrina del foro quien ha delineado el rostro que debe tener la expresión de agravios para cumplimentar los requisitos mínimos para la apertura de la segunda instancia. De ahí entonces que la misma debe apuntar sus baterías hacia la sentencia, y en especial a sus basamentos; siendo necesario que el quejoso lleve a cabo un balance crítico y concreto de los errores que le imputa el decisorio, con indicación específica del perjuicio que le producen. En consecuencia, se le atribuye al juzgador de origen un error de hecho habrá que precisar en qué consiste el mismo; si se hace referencia a un yerro en la valoración de la prueba es necesario indicar la forma y modo que en que la misma se ha producido. Si se le endilga al proveimiento una falla en la aplicación del derecho, es imperativo indicar como se ha producido esa violación y cual es la norma que corresponde aplicar. (Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Ordinarios” Librería Editora Platense, 2ª reimpresión inalterada mayo 2000, pág. 446). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido:
“La valoración de la expresión de agravios , a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio o con palmario apartamiento de lo que de ella se desprende con inequívoca claridad, pues si así se actúa cabe descalificar lo resuelto por haberse incurrido en arbitrariedad” ( Ver La Ley 1980-C-255 y Fallos 328:4009 citados por Morello-Sosa Berizonce en su Códigos…)
La demandada critica el fallo e insiste en la carencia de elementos probatorios y considera que, al hacer jugar un apercibimiento por la no presentación de documentación del rodado al ser intimada, se invirtió la carga de la prueba y señala los aspectos no probados. Realizó consideraciones sobre los actos de liberalidad. Se agravia además la demandada por la imposición de costas por haber progresado la demanda parcialmente.
Este último agravio no ha sido cuestionado por el actor como falto de crítica. Y la sanción del art. 265 del CPCC abarca al recurso, que es uno, de tal manera que no puede sostenerse que quedaron desiertos aspectos de la sentencia por falta de crítica y sostenida la apelación en otros aspectos. Y habida cuenta que, aún la precariedad de la crítica permite tener por sostenido el recurso, la pretensión del actor no es procedente a mi entender.
Resta señalar que para apoyar el pedido de deserción del recurso se hace hincapié en que el tiempo juega a favor de la contraparte por la licuación de la moneda, contando que solamente se actualizará, en el peor de los casos el crédito establecido en la sentencia a la tasa pasiva…(fs. 277 in fine) pero el argumento no es atendible toda vez que la sentencia en el punto 3º del fallo dispone que se utilizará la tasa activa.
Y, con apoyo en este criterio amplio, considero que se debe rechazar el planteo de declaración de deserción del recurso habida cuenta que la demandada atacó aspectos de la sentencia que hacen al fundamento de la misma. Contesto pues, en forma negativa, a la primera cuestión sometida a estudio. Así lo voto y propongo al Acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Naves dijo:
VII. Que considero, como el primer votante, que la demandada ha sostenido su recurso y no corresponde declarar desierto el recurso como se pretende. Por ello adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VIII. Que al responder a la anterior cuestión se ha realizado un resumen de la litis, la sentencia y los agravios de la recurrente y su traslado. Que al ingresar al examen del recurso vemos que la apelante critica el alcance que la magistrado ha dado a la no presentación de la documentación del rodado. Veamos: a fs. 10 en el punto 6 la parte actora solicitó “se fija día y hora de audiencia a los fines que la demandada exhiba la documentación referida al reclamado automotor”. No especifica de cual de los dos. Al contestar la demanda se acompañó documentación del Ford Ecosport, respecto del cual se determinó, en considerandos, que el 100% del dominio había sido adquirido con recursos de la demandada (fs. 267 in fine), aunque nada se dice en el fallo. Al proveer la prueba se dijo: “intímese a la demandada Sra. Ávila Esther Elena a efectos que en el plazo de VEINTE -20- días de notificada acompañe la documentación legal correspondiente al automotor marca Chevrolet Cobalt 1.8 dominio MMC-590, modelo año 2013; bajo apercibimiento de lo normado por los (arts. 365-366 CPCC).” (fs. 63) Atento lo impreciso de la propuesta ejerció la magistrado su facultad ordenatoria y detalló de que vehículo se debía acompañar la “documentación legal”. Entiendo que se está refiriendo al título del automotor y la cédula verde, documentación que acredita el dominio. Demás esta decir que esta fuera de discusión en autos que el dominio está en cabeza de la demanda. Lo que se discute es si hubo enriquecimiento sin causa. No se puede dar al apercibimiento del rito un alcance mayor que el que tiene. Veamos: los artículos referidos determinan:
“Art. 365- Las partes y los terceros en cuyo poder se encuentre documentos esenciales para la solución del litigio, estarán obligados a exhibirlos o a designar el protocolo o archivo en que se hallen los originales. El Juez ordenará la exhibición de los documentos sin sustanciación alguna dentro del plazo que señale.” “Art. 366. Si el documento se encontrare en poder de una de las partes, se le intimará su presentación en el plazo que el juez determine. Cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a presentarlos constituirá presunción en su contra.” El tema es el alcance de este presunción. He destacado con negrita los requisitos que se exige.
En primer lugar se debe tratar de documentos esenciales, lo que nos lleva a recordar, como anotáramos más arriba, que al ofrecerse la prueba la parte se limitó a referirse a la “documentación referida al reclamado automotor” sin otra identificación ni aclarar de que automotor. Por ello la magistrado, sin observaciones por el interesado, lo limitó a “la documentación legal correspondiente al automotor marca Chevrolet Cobalt 1.8 dominio MMC-590, modelo año 2013; bajo apercibimiento de lo normado por los (arts. 365-366 CPCC)” es decir no dijo “toda documentación que tenga relación” sino la “documentación legal”, que no es otra que titulo de dominio, cédula verde al ser la documentación legal para acreditar la propiedad, y cuya existencia es verosímil, lo que excluye, todo otro tipo de documental.
Puede presumirse incluso verosímil la existencia del seguro obligatorio o de seguros más amplios y de las constancias de pago de las patentes. De esos documentos surge la titularidad del bien y el pago de los seguros y patentes. No se discute en autos que el rodado de referencia esté o hubiera estado en cabeza de la demandada, toda vez que ello es lo que está invocando el propio actor y admite implícitamente la demandada al referirse a un acto de liberalidad entre concubinos. El actor no alegó en la demanda que se hubieran pagado seguros o patentes a su nombre. Ergo la presunción que puede surgir de la no presentación de la “documentación legal correspondiente al automotor marca Chevrolet……” es que el mismo está en cabeza exclusiva de la demandada, pero no extender la presunción a una maniobra abusiva para obtener un enriquecimiento ilegítimo toda vez que ello no surge del título de dominio.
Para seguir en el análisis quiero y debo antes recordar las palabras de Santiago Sentis Melendo quien enseñaba que lo que se prueba no son los hechos, que estos existen, sino las afirmaciones y decía que:
“El proceso, como hemos dicho, se inicia con afirmaciones, la parte no tiene derecho a dudar; no puede presentarse ante el juez diciéndole que duda: la primera carga suya es la de afirmar; después viene la de probar lo que ha afirmado…” (autor citado “la Prueba-Los grandes temas de derecho probatorio” ed. EJEA, pág. 434).
Y de un examen de la demanda se advierte vaguedad en las afirmaciones. La demanda comienza indicando en capítulo inicial a fs. 5, como objeto, el reintegro “del automotor marca Chevrolet Cobalt 1.8 dominio MMC-590 que, por abuso de confianza anotara a su sólo nombre pero que fuera adquirido con dinero de esta parte más los montos y rubros que este parte especifica en apartado especial que esta parte reclama en concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral…”. Ya fuera del capítulo “objeto” incluye otro automotor y electrodomésticos. Pero lo cierto es que el actor no cumple con la carga de afirmar como se concretó el aporte del capital para la compra, cuanto era, donde se compró, como se pagó, quien formalizó la compra, si fue en una agencia o a un particular, como se conseguiría la licencia para remís, quien lo trabajaría etc., pero sobre todo detallar los documentos que probarían sus dichos. No describe la maniobra que atribuye a la contraria. Solo pide como prueba la “documentación referida al reclamado automotor” que la magistrado limita a la documentación legal. No se invoca como verosímil la existencia de otra documentación que la legal que detalló la magistrado. Y la presunción que puede extraerse de la no presentación de la documentación legal es que el mencionado vehículo esta inscripto a nombre de la demandada. Nunca se puede, sobre la base de no presentar el título del automotor o la cédula verde, presumir como se lo adquirió, si fue una liberalidad o existió un abuso o incumplimiento de un pacto.
La carga de la prueba de quien invoca un abuso de confianza un accionar “de muy mala fe a espaldas del suscripto” o “apropiación dolosa de su parte y la separación personal” es a cargo de quien lo invoca (art 355 del CPCC), y a mi criterio no se ha probado.
La actora sostiene en su responde que no hubo maniobra dolosa en que se haya registrado el bien a su nombre, que se hizo por voluntad del actor y porque fue quien me hizo el regalo, en agradecimiento y compensación de todos los favores recibidos y aclara que solo puso una parte del precio de rodado y que el resto lo puso ella, producto del sobrante del préstamo bancario y un adicional de $ 19.000 que le abonó la municipalidad al jubilarse y hace hincapié en que no se ha demandado por revocación de la donación.
Ya me referí a la carga de las afirmaciones y en autos llama la atención que se afirme, suelto de cuerpo, haber sido indemnizado por Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. en pesos trescientos sesenta mil ($360.000.=) y que con esa suma aportó por el 50% de la Ecosport, electrodomésticos por $ 50.000 y haber adquirido el Chevrolet. Las afirmaciones tienen que ajustarse a la realidad por el deber de las partes de obrar con lealtad, probidad y buena fe. Y no es veraz el actor cuando eleva a $ 360.000 la indemnización referida. A fs. 125 Petroquímica informa que el monto del acuerdo suscripto con el Sr. Vázquez ascendió a la suma de $ 150.000. Y si bien ese informe descoloca el relato de la parte actora, el expediente nº 20.627 de la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social (fs. 201/235) lo descoloca más y pone las cosas en su justo punto.
Se trata esa actuación de dos operarios que se desvinculan y formulan un acuerdo en sede administrativa. El actor con el patrocinio letrado del Dr. Alberto Luciani (ver fs. 218) llega a un acuerdo sobre su renuncia y un pago extraordinario en razón de su trayectoria laboral por el cual se le reconoce la suma de $ 150.000, que comprende la liquidación final, pero se deja constancia que la empresa retendrá por el juicio de alimentos y dos embargos $81.870,56 y del resto, $67.500 por alimentos, lo retiene la empresa hasta que se informe en el Juzgado interviniente si el embargo alcanza a la suma de $150.000 y en base a la contestación se procederá al depósito de los $67.500.- (ver clausula 3ª).
En la clausula 6ª el Sr. Vázquez, aquí actor, también se hace cargo de los honorarios del Dr. Luciani que se conviene en la suma de $ 15.000 y presta conformidad con que se deduzca del importe a percibir de la patronal y que ésta lo deposite en la cuenta de Caja de Ahorro del Dr. Luciani. A fs. 220 se modifica el acta acuerdo y se conviene, con respecto al Sr. Vázquez, que de la cláusula tercera última parte “la parte autoriza y presta conformidad a que la patronal deposite directamente a la suma retenida en concepto de alimentos al Juzgado y autos intervinientes por dichos conceptos (fs. 220). La aritmética enseña que $150.000 menos $81.870,56 menos $ 15.000 reduce la liquidación final a la suma de $53.129.
Lejos, muy lejos, de la suma indicada en el escrito de demanda. Estamos de acuerdo que con esa suma no se pudo pagar la mitad de la Ecosport, el total de la Chevrolet Cobalt, y electrodomésticos por $50.000 como se afirma livianamente en el escrito de demanda, con el patrocinio letrado, precisamente, de quien lo asesoró en el convenio con la patronal y a quien lo le pudo pasar desapercibida esa inconsistencia. Si sacamos de la litis la camioneta Ecosport, como hizo la sentencia, no alcanza lo percibido por la desvinculación para comprar el Chevrolet y $ 50.000 por electrodomésticos. Por lo tanto está huérfana de razonabilidad la pretensión pues el monto percibido de indemnización no permite acreditar que el actor hubiera podido ser aportante de los fondos que alega.
Aclarado ello, e ingresando a otro aspecto de agravios y contestación respecto la aplicación de la ley en el tiempo, es bueno recordar que el Código Civil y Comercial ha incorporado do lo que la doctrina y jurisprudencia entendía. No se trata de nuevas instituciones. Por esa razón me permito citar a Gustavo A. Bossert en la 4ª edición actualizada y ampliada, 3ª reimpresión año 2006 de su obra “Régimen Jurídico del Concubinato” al referirse a la acción entre concubinos fundada en el enriquecimiento sin causa ingresaba al tema en estos términos:
“Cuando ha mediado el empobrecimiento de un sujeto y el correlativo enriquecimiento de otro a expensas de aquel, sin causa que lo justifique, si el perjudicado no dispone de otra acción para reclamar su resarcimiento puede ejercer la acción in rem verso, fundado en el principio del enriquecimiento sin causa….Reiteradamente se ha señalado en este sentido, que para que la acción in rem verso resulte viable, es menester que no exista una razón que justifique el provecho o el beneficio, esto es, que no exista una relación jurídica ya constituida que sirva de causa que legitime el beneficio del enriquecimiento de la parte demandada….” (Obra citada, pág. 100/101) Como se advierte de la cita doctrinaria el Código Civil y Comercial en la materia se ajustó a lo que ya aceptaba la doctrina y la jurisprudencia por lo que el argumento del actor al contestar agravios respecto de la no vigencia del nuevo ordenamiento civil y comercial nos deja en que durante la época de los hechos eran aplicables los mismos fundamentos incorporados al CCyC y no quita fuerza al agravio.
Por otro lado la donación entre concubinos es perfectamente válida y no puede ser impugnada en razón de la existencia del concubinato y son válidos los actos de liberalidad en tanto el concubino actuó libremente, con el real y libre ánimo de beneficiar a su compañera, como relata la testigo Hilda Aída Aldauc a fs. 146 repitiendo palabras del actor al responder a la quinta y sexta pregunta. En el caso de autos se acreditó que el actor vivió en concubinato con la demandada en la casa de ella y que durante esa convivencia era poco lo que el actor podía aportar para los gastos de la casa y en el aspecto solamente económico le resultaba conveniente, desde que tenía casa gratis, por lo que no es desacertado admitir que, como se sostiene en el responde se trató de un aporte parcial en el precio del Chevrolet en lo que era “un regalo en agradecimiento y compensación de todos los favores recibidos”. Y en ello no hay una causa torpe o pretium stupri sino que respondía a un móvil afectivo y de agradecimiento de quien vivió en la casa de la actora, por varios años, con un ingreso de bolsillo escaso como surge de los recibos de haberes del actor de fs. 98 a 113, pero especialmente los de fs. 99 y 101. Y además usando la camioneta Ecosport como dicen sus testigos a fs. 77 y 78. En tales condiciones no advierto, tomando en consideración todo el lapso de convivencia, que se hubiera acreditado un enriquecimiento sin causa en perjuicio del actor y beneficio de la demandada al no darse los elementos objetivos y subjetivos de la figura.
Debo aquí hacer notar que no ha sido materia de agravios la condena a abonar $ 30.000 en concepto de daño moral impuesta en el punto 1º del fallo, y aunque ello obedezca a que la demandada entienda (por mala lectura de la sentencia) que el rubro ha seguido la misma suerte del lucro cesante (ver fs. 275), lo cierto es que la falta de agravios nos veda el ingreso del rubro. En efecto el ámbito de conocimiento del tribunal se encuentra primero en las pretensiones planteadas en primera instancia en los escritos con los que quedó trabada la litis y en segundo lugar lo está además por el alcance dado a los recursos de apelación en virtud del principio de congruencia y el principio dispositivo es decir la facultad de cada parte de determinar el alcance de su queja. Los agravios constituyen el ámbito exclusivo sobre el que debemos resolver. Solo podemos revisar lo apelado o sea el principio tantum devolutum quantum apellatum, aún cuando se trate de la aplicación de leyes de orden público. El thema decidendum de la alzada es autónomo del dirimido en primera instancia. Hago esta aclaración para que no se entienda que no se advirtió que al revés de lo expresado por la demandada el daño moral no fue apelado, como no se atacó la tasa de interés. Ingresando ahora en el tema de las costas, sin perjuicio que este tribunal está enrolado en el principio objetivo de la derrota, aunque sea parcial, debemos, si mi voto es compartido por mis colegas, atender a la manda del art. 278 del CPCC en cuanto dispone:
“Cuando la sentencia o resolución fuere revocatoria o modificatoria de la primera instancia, el tribunal adecuará las costas y el monto de los honorarios al contenido de su pronunciamiento, aunque no hubiesen sido materia de apelación.”
Conforme lo expuesto, entiendo que se debe modificar la sentencia manteniendo la condena en lo que hace al rubro daño moral. Si mi voto es compartido nos encontramos con un caso extremo en que al progresar únicamente el rubro daño moral (en un 10% del monto reclamado) en que no es dable exigir de la parte que se allane a satisfacerlo, debemos aplicar el art. 71 del CPCC y en consecuencia imponer las costas en un 50% a cada parte como limita su pretensión la demandada.
IX. Que por estas consideraciones respondo en forma negativa a la segunda cuestión sometida al Acuerdo al entender que la sentencia en crisis no es justa. Así lo voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Naves dijo:
X. Que por las mismas razones que el preopinante entiendo que la sentencia en crisis no es justa y deben admitirse parcialmente los agravios. Adhiero al voto que antecede.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XI. Que en función de las razones expuestas al responder a las cuestiones precedentes, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechácese la pretensión de aplicación del art. 265 del CPCC requerida por el actor al contestar los agravios. 2º) Admítanse los agravios expuestos por la demandada y modifíquese la sentencia en los aspectos recurridos y en consecuencia rechácese la condena a abonar suma alguna por daño emergente y por aplicación del art. 71 del CPCC distribúyanse las costas en un 50% a cada parte como limitó la demandada su pretensión y confírmesela en todo cuanto no fuera materia de agravios. Las costas de la instancia se imponen en la totalidad a la parte actora por resultar vencida al resistir los agravios (art. 68 del CPCC). 3º) difiérase la regulación de agravios hasta tanto no se determinen los correspondientes a primera instancia. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA TERCERA CUESTIÓN la Dra. Naves dijo:
XII. Que considero justa y equitativa la propuesta realizada por el preopinante. Por ello adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 26 de abril de dos mil diecinueve
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales doctrinarias y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechácese la pretensión de aplicación del art. 265 del CPCC requerida por el actor al contestar los agravios.
2. Admítanse los agravios expuestos por la demandada y modifíquese la sentencia en los aspectos recurridos y en consecuencia rechácese la condena a abonar suma alguna por daño emergente y por aplicación del art. 71 del CPCC distribúyanse las costas en un 50% a cada parte como limitó la demandada su pretensión y confírmesela en todo cuanto no fuera materia de agravios. Las costas de la instancia se imponen en la totalidad a la parte actora por resultar vencida al resistir los agravios (art. 68 del CPCC).
3. difiérase la regulación de agravios hasta tanto no se determinen los correspondientes a primera instancia.
4. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.
La Dra. Bard suscribe el presente sin emitir opinión por no existir disidencia.
FDO. Connie R. Naves -Jueza de Cámara-, Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara- Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara.
Protocolización: A201014S.191 Tomo: XC Sentencia: 2779 Folio Nº: 155/165 Secretaria: 1
Fin de la sentencia