Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la COMPETENCIA del Juzgado de Instrucción y del Menor de la localidad de Puerto Deseado para entender en los presentes autos, debiendo ser remitidos los mismos para ser continuados conforme a derecho y según corresponda.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA INTERLOCUTORIO Nº:035 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 19 de Febrero de 2014.-
AUTOS: “COMPETENCIA NEGATIVA ENTRE EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y DEL MENOR Nº 1 DE PUERTO SAN JULIÁN Y EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE PICO TRUNCADO EN AUTOS: “VAZQUEZ, ROQUE S/ HURTO DE GANADO MAYOR Y AMENAZAS”, Expte. C-817/13 Río Gallegos, 19 de febrero de 2014.-
Los presentes autos caratulados “COMPETENCIA NEGATIVA ENTRE EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y DEL MENOR Nº 1 DE PUERTO SAN JULIÁN Y EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE PICO TRUNCADO EN AUTOS: “VAZQUEZ, ROQUE S/ HURTO DE GANADO MAYOR Y AMENAZAS”, Expte. C-817/13, venidos al Acuerdo para resolver; y
I.-) Llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, con la finalidad de resolver la cuestión de competencia negativa trabada entre el Juzgado de Instrucción y del Menor Nº 1 de Puerto San Julián y el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, a fin de determinar el Juzgado que ha de conocer en los autos caratulados: “VAZQUEZ, ROQUE S/ HURTO DE GANADO MAYOR Y AMENAZAS”, iniciada a través de las actuaciones prevencionales en la comisaría Seccional Segunda de la localidad de Puerto San Julián, ante la denuncia radicada en dicha sede policial por el ciudadano Jorge Omar GARCÍA por un hecho ocurrido en la Estancia "Santa Clara" sobre las Rutas Provinciales Nº 12 y 77.- II.-) El Sr. García radica la denuncia ante el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y del Menor N° 1 de la localidad de Puerto San Julián.-
El Sr. Agente Fiscal a fs. 31 dictamina: “...Compulsada la mapoteca de esta sede, surge que la zona del establecimiento enunciado como Ea. Santa Clara, sobre las rutas Provinciales Nº 12 y 77, no corresponde a esta jurisdicción, por lo que solicita: Declare la incompetencia Territorial de este Juzgado y remita la causa al Juzgado de Pico Truncado...”.- En tal sentido el Sr. Juez de la localidad de San Julián resuelve, a fs. 32 y vta., con fecha 29 de julio de 2013, declarar la incompetencia territorial para entender en la causa, en la inteligencia que el hecho “...ha tenido lugar en jurisdicción territorial extraña a esta sede; correspondiendo en virtud de las disposiciones aplicables al caso sub estudio contenidas en la ley N° 1, continuar con la instrucción al Sr.
Juez de Instrucción de la ciudad de Pico Truncado...”; por lo que declina la competencia a favor del Juez de Instrucción con asiento en la ciudad Pico Truncado.- III.-) El Sr. agente Fiscal de la localidad de Pico Truncado, a fs. 35, con fecha 21 de agosto de 2013, dictaminó que: “... teniendo en cuenta que el hecho denunciado ocurrió en la estancia Santa Clara, la que se encuentra dentro del distrito de Gobernador Gregores, cuya jurisdicción corresponde a la ciudad de San Julián, V.S no resulta competente para entender en la presente, por lo que corresponde declinar la competencia al Juzgado de igual grado y jerarquía de esa ciudad...”.- En virtud de lo manifestado, el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción N° 1, Dr.
Cimini, a fs. 36 y vta., de fecha 23 de agosto de 2013, considera “...Que habiendo examinado el mapa correspondiente a los distritos, surge del mismo que la Estancia Santa Clara se encuentra fuera del departamento que resulta de competencia este juzgado, por lo que el suscripto comparte en un todo con el criterio sustentado por el titular del Ministerio Fiscal, para que este Tribunal sea incompetente, por lo que debe declinar la competencia de este juzgado remitiendo las actuaciones al juzgado de origen...”, así, declara la incompetencia remitiendo el presente al Juzgado de Instrucción de Puerto San Julián.- IV.-) Que, recepcionados que fueran los autos en esta instancia con la finalidad de dirimir el conflicto de competencia negativa trabada entre ambas sedes judiciales, se acompañaron los mapas de fs. 137/139, manifestó el Sr.
Fiscal a fs. 142 y vta. que "...planteada la cuestión de competencia negativa en razón del territorio y a los fines de dilucidar la contienda se solicitó informe al Consejo Agrario Provincial y a la Dirección de Catastro, de donde surge que la "Estancia Santa Clara" está ubicada en el departamento Deseado, adjuntándose asimismo copia del plano de la provincia con los sectores catastrales. Que en función de todo lo expuesto e informado precedentemente, el que resulta competente para entender en los presentes autos es el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción y del Menor de Puerto Deseado...".- V.-) En cuestiones como la planteada el Código Procesal Penal encuentra su respuesta en la Sección III, Competencia Territorial, Regla subsidiaria, art. 32 “...Si se ignora o duda en qué circunscripción se cometió el delito, será competente el Tribunal que previno en la causa...”.-
En virtud de lo manifestado, es dable destacar que atento las constancias de autos, puede arribarse a que es competente para entender en los presentes el Juzgado de Instrucción y del Menor Nº 1 de Puerto San Julián.-
Ante este cuadro de situación, al ingresar al análisis de la cuestión de competencia planteada, este Alto Cuerpo debe expresar en primer término que las reglas de competencia son de orden público y están destinadas a asegurar un mejor servicio de justicia en favor de la comunidad, esto es, alcanzar el objeto procesal sometido a consideración de los jueces por las partes en forma expedita, salvaguardando los principios de intervención en la causa del juez natural y el mejor respeto del derecho de defensa del justiciable.- En este sentido, conviene resaltar que en materia de competencia, cuando se trata de determinar con exactitud cual es el lugar de la comisión del hecho, se han suscitado soluciones absolutamente contradictorias.-
En efecto, ello obedece a que en doctrina no hay un único criterio para resolver la problemática sino que hay por lo menos cuatro teorías, las cuales, dado su importancia, corresponde enunciar sintéticamente.-
Que, así siguiendo los lineamientos del maestro Ricardo C. Nuñez en “Derecho Penal Argentino” Tomo I, págs. 276/279, la primera de las teorías se conoce como a) Teoría de la actividad: (residencia o ubicación). La acción se comete en el lugar y en el momento en que el autor desenvuelve su conducta, actuando o manteniéndose inactivo. La acción pues, tiene lugar en el sitio y en el momento en que se expresa la manifestación de voluntad. b) Teoría del resultado final: la acción se comete en el lugar y en el momento en que se produce el resultado delictivo de daño o de peligro. c) Teoría del resultado intermedio: Esta teoría ha tratado de salvar los defectos de la teoría del resultado final, sosteniendo que la comisión está en el lugar y tiempo de resultado antijurídico más próximo propuesto por la acción. d) Teoría unitaria (mixta o de la ubicuidad), para la cual interesa tanto la conducta como el resultado. Pero se le ha dado, también el contenido más amplio según el cual: el delito se comete en todos los lugares y tiempos en los cuales se ha realizado uno de sus elementos típicos.- Es conveniente aclarar que más adelante el mencionado tratadista, precisa que ninguna de estas teorías es de aplicación absoluta, pues los casos particulares no se amoldan a una regla constante y general.-
Por lo que, luego analiza los hechos desde el punto de vista del derecho adjetivo y da a la expresión “Comisión” un sentido distinto al del art. 1º inc. 1º del Código Penal, ya que luego de analizar las dos posiciones, (lugar donde el autor desenvuelve la conducta, o lugar donde los efectos del delito se han producido o debían producirse), concluye que se incurre en error cuando esta alternativa se decide solamente en base a consideraciones de derecho material que no atañen sino a la estructura de la figura delictuosa.- En tal sentido, desde el punto de vista procesal, se tiene en cuenta la distribución jurisdiccional de las autonomías locales; en palabras del autor, se trata de una razón política de carácter práctico, tendiente a conseguir una mejor actuación de la justicia: acercando al juez y a las partes al lugar y al ambiente del hecho y de las pruebas para facilitar la investigación, la defensa y el fallo.- Resumiendo, podemos afirmar que sin perjuicio de que por regla lo determinante del lugar de la comisión del delito sea el de la consumación jurídica, este principio debe estar subordinado en última instancia, a los objetivos procesales como ser el debido proceso, prueba, defensa, etc.-
Se ha dicho que la finalidad de una mejor justicia, en la distribución territorial de las causas penales, está fundada principalmente en el acercamiento del tribunal al lugar del hecho, para favorecer la garantía individual de la defensa en juicio, y con gran ventaja al mismo tiempo para la eficacia en la formación del sumario y para el éxito de los debates. De esta manera se satisface en forma práctica el principio de economía procesal, pues “la persecución penal se realizará en aquel lugar de la manera más rápida, más sencilla y más barata...” (Conf. Beling, Derecho Procesal Penal, trad. Fenech, Barcelona, 1945, pág. 52).- VI.-) Siguiendo la clásica distinción entre delitos formales y materiales, tenemos que en los primero no interesa la producción del resultado para que se consideren consumados o cometidos, en cambio en los delitos materiales exigen el evento previsto en la norma, sin lo cual no hay delito completo.-
Por lo tanto, en los delitos formales han de considerarse cometidos cuando la actuación queda definitivamente concluida, sin esperar el resultado esperado por el agente. Es decir, allí donde concluye la acción queda fijada la competencia.-
En cambio en el delito material, como se ha dicho, resulta un elemento necesario, la producción del evento. Ahora bien, la problemática se plantea a los fines de la competencia, cuando la conducta del agente se realiza en un lugar y el evento o resultado se produce en otro.-
En tal sentido, parte de la doctrina entiende que al ser el evento condición inevitable para la punibilidad de la conducta, aquel, debe producirse para que exista consumación objetiva; el delito recién se comete cuando existe el resultado, y el juez del lugar donde este acaece será el competente (Fallos: 35:224).-
Atento a ello, el momento de la acción delictiva -a los fines de la competencia- sólo podría establecer una consumación subjetiva, propia de la tentativa, pero inaplicable a criterios objetivos.-
VII.-) Concretamente, a fin de dilucidar la mejor solución para el caso en estudio, este Tribunal entiende que corresponde atribuir competencia para entender en los presentes al Juzgado de Instrucción y del Menor Nº 1 de la localidad de Puerto Deseado, toda vez que la estancia donde se cometiera el presunto hecho denunciado pertenece al departamento Deseado, surgiendo claramente de la ley uno, en su texto original, que la jurisdicción del Juzgado con asiento en la ciudad de Puerto Deseado comprende los departamentos Deseado y Lago Buenos Aires, lo que fuera modificado en lo que respecta a este último con la creación de los Juzgados de Las Heras y Pico Truncado (en este caso el límite territorial sur lo constituye el paralelo 47, art. 2 ley 1694 y art. 1 ley 2428) y en la parte norte del departamento Deseado con la creación de los Juzgados de Caleta Olivia.- Atento a ello, es que sin perjuicio de la intervención que ha tenido el Juez de la localidad de Puerto San Julián es que corresponde declarar la competencia a favor del Juzgado de Instrucción y del Menor de la localidad de Puerto Deseado para entender en los presentes autos.-
Por todo ello, lo manifestado por el Sr. Fiscal ante este Tribunal, informes presentados por la dirección Provincial de Catastro y lo emergente del CPP, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. DECLARAR LA COMPETENCIA del Juzgado de Instrucción y del Menor de la localidad de Puerto Deseado para entender en los presentes autos, debiendo ser remitidos los mismos para ser continuados conforme a derecho y según corresponda.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro vocales del Tribunal por resultar mayoría concordante en la solución del caso y encontrarse en uso de licencia la Dra. Clara Salazar (art. 27 de la Ley Pcial. Nº Uno – T.O. Ley Pcial. 2.404).-
FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariani-Vocal a/c Presidencia Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos-Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2002I.141 TOMO:XVII– INTERLOCUTORIOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:035 FOLIO Nº:157/159 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia