Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa C-14887-NE1E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación deducidos por la accionada y por el demandante. Consecuentemente, revocar el pronunciamiento de grado en cuanto rechazó la defensa de prescripción opuesta por la demandada y en tanto condenó al pago del " equivalente a los 25 módulos otorgados por el decreto 1828/15 en forma mensual por los periodos desde noviembre de 2015 a junio de 2018 ", y disponer que la liquidación del crédito reconocido en concepto de diferencias salariales devengadas se liquide -según los lineamientos indicados en el fallo de grado, en cuanto no han sido materia de impugnación, aunque en la proporción correspondiente al parcial goce de haberes previsto para el régimen de pasividad anticipada- por los periodos transcurridos desde diciembre de 2018 a octubre de 2020, con la observancia de integración de los aportes y contribuciones pertinentes (conf. arts. 158, 159 y 160, CCT; 4 -incs. "a", y "c"-, 5, 10 -inc. "a"-, 14, 15, 40 y 41, decreto-ley 9650/80). Asimismo, ordenar a la accionada a la rectificación -o, en su caso, la nueva emisión- de la certificación de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos, con arreglo a lo aquí resuelto y en los términos impuestos por la legislación aplicable al presente caso (conf. arts. 158, 159 y 160, CCT; 10 -inc. "d"-, 15, 40 y 41, decreto-ley 9650/80; 10 -inc. "c"- y 13 -inc. "a"-, dec. 476/81). …
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-14887-NE1E "VECCIA LUIS ALBERTO c. MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA s. PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO", con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Riccitelli, Ucín y Mora.
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Necochea dictó sentencia y resolvió: i) hacer lugar a la demanda incoada por Luis Alberto Veccia " decretando la invalidez del decreto 3610/22, de la Municipalidad de Necochea, ordenando se abone a la actora el equivalente a los 25 módulos otorgados por el decreto 1828/15 en forma mensual por los periodos desde noviembre de 2015 a junio de 2018 tal como se reclama teniendo en cuenta los beneficios y aportes correspondientes (sean personales y/o patronales), y tomando como base el sueldo de un agente de igual categoría y condiciones al momento de la aprobación de la misma que se producirá como máximo dentro del plazo de 60 días de firme la presente (art. 177 ord. 974/86, art. 7 dec 27/89 y 15 ley 14798). A los importes adeudados deberá adicionarse un interés del seis por ciento 6% anual, desde la fecha en que hubiere correspondido su pago en cada uno de los períodos y hasta el efectivo pago de la liquidación ordenada precedentemente "; ii) rechazar la excepción de prescripción opuesta por la demandada; iii) impone las costas a la parte vencida y iv) diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.
II. Declarada por esta Alzada la admisibilidad de los recursos de apelación interpuestos por el Municipio accionado y por el demandante, y puestos los autos al Acuerdo para dictar sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Son fundados los recursos de apelación deducidos por ambas contendientes?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Ucín dijo:
I.1. El magistrado de grado se pronunció con el alcance indicado.
Tras reseñar las postulaciones de las contendientes, enlazó el objeto procesal de autos a la instada pretensión de nulidad del decreto 3610/22 emitido por el Intendente de la Municipalidad de Necochea, por cuyo intermedio rechazó la solicitud de pago de la bonificación de 25 módulos por ascenso otorgada mediante decreto 1828/15, por el periodo transcurrido entre el 1-11-2015 y el 30-6-2018.
Primeramente, desestimó la excepción de prescripción opuesta por la accionada sustentada -con cita del art. 2562 inc. 2 del Cód. Civ. y Com.- en que pasaron más de cinco años entre el reclamo del 18-12-2020 y el dictado del decreto 1828/15. Fundó tal decisión en que la excepcionante no interpretó adecuadamente el planteo actoral, toda vez que -en visión del a quo - el actor no invocó un " hecho causal de una obligación ocurrido en 2015 " sino que " por el contrario lo que se pretende es el abono de una bonificación laboral otorgada expresamente por acto administrativo de fecha 31 de agosto de 2015 ". Luego, meritó que el crédito reclamado se devengó desde el 31-8-2015, que resulta de aplicación el art. 2560 del Código Civil y Comercial y que, a tenor del carácter interruptivo del reclamo administrativo, el plazo de cinco años allí previsto no habría vencido.
Zanjado lo anterior, enunció como circunstancias relevante del caso que: i) el 31-8-2015, mediante decreto 1828/15, se estableció que el Sr. Veccia percibirá el equivalente a 25 módulos por ascensos adeudados; ii) desde el 1-7-2018 a octubre de 2020 se acogió al régimen de pasividad adelantada; iii) el 1-11-2020 adquirió el beneficio de jubilación ordinaria; iv) el 18-12-2020, formuló el reclamo administrativo el cual motivó el trámite del expediente administrativo N° 6980/20 y v) el 22-11-2022, mediante decreto 3610/22, se rechazó su reclamo.
Delimitado tal contexto, en atención al vicio en la causa que el actor endilgó al acto impugnado, ponderó las previsiones del Convenio Colectivo de Trabajo de los agentes de la Municipalidad de Necochea (CCT), particularmente los arts. 199 y 234 relativos a la integración del escalafón y el sistema de ascensos.
Luego de remitir a su decisión respecto de la defensa de prescripción (ello ante la parcela del acto administrativo atinente a dicho tópico), puso de relieve que la motivación del acto atacado " en forma muy genérica enuncia la existencia de dictámenes de la Asesoría de Gobierno, que por la condición de pasivo lo inhibe para solicitar una modificación de sus haberes " y censuró que más " allá de no precisar o argumentar los dictámenes en que basa su motivación, tampoco hace referencia a norma legal o jurisprudencia que avale en forma concreta dicho argumento ". Agregó que esta Alzada se habría pronunciado en sentido contrario a tal tesitura al fallar en la causa G-744-NE1 "Acacio" (sent. del 1-7-2009).
Seguidamente, valoró que la pericia contable de autos exhibe que el actor " antes del decreto 1818/15, tenía acreditada en sus haberes 10 módulos, los cuales fueron incrementados desde noviembre de 2017, los cuales serían considerados como pagos parciales de lo reconocido en el decreto mencionado " y que " la demandada no ha acreditado la el pago de los reclamado. ".
Sin más consideraciones, coligió que " cabe tener por acreditado la nulidad del decreto 3610/22, por estar afectado con el vicio en su elemento motivación. " y que, por tal motivo, " corresponde reconocer al sr. Veccia se le abone el equivalente a los 25 módulos otorgados por el decreto 1828/15 en forma mensual por los periodos desde noviembre de 2015 a junio de 2018 ... teniendo en cuenta los beneficios y aportes correspondientes (sean personales y/o patronales), y tomando como base el sueldo de un agente de igual categoría y condiciones al momento de la aprobación de la misma que se producirá como máximo dentro del plazo de 60 días de firme la presente (art. 177 ord. 974/86, art. 7 dec 27/89 y 15 ley 14798) ", con más la adición de " un interés del seis por ciento 6% anual, desde la fecha en que hubiere correspondido su pago en cada uno de los períodos y hasta el efectivo pago de la liquidación ordenada precedentemente " y la aclaración de que se deberá " computar al momento de la liquidación como pago a cuenta de ello, los 10 módulos percibidos y reconocidos entre noviembre de 2017 a junio de 2018 ".
2. No conforme con ello, la accionada dedujo recurso de apelación.
De modo inicial, al objetar la declaración de invalidez del decreto 3610/22, adujo que se soslayó que los veinticinco módulos otorgados (equivalentes a más de diez años de prestación efectiva de trabajo, según CCT), no lo fueron por el paso del tiempo con calificaciones aprobadas, sino por el decreto 1828/15. Postuló, así, que el actor no los recibió por el transcurso en su carrera municipal, sino por una decisión unilateral del Departamento Ejecutivo de aquel entonces, cuando él era la autoridad máxima del área de Personal. Añadió que -en su visión- el supuesto apartamiento del CCT que se le reprochó no fue verificado por cuanto el origen del reclamo es un acto administrativo y no la falta de encuadramiento legislativo.
Posteriormente, cuestionó la remisión a lo fallado por esta Cámara en la causa G-744-NE1 "Acacio" (sent. del 1-7-2009), pues -afirmó- tal precedente resultaría incompatible para fundar la decisión en tanto fue emitido respecto de un cambio de régimen laboral y el reemplazo de un cuadro escalafonario por otro, y lo allí debatido era " la 'categoría' que si afectaba la forma de liquidar su jubilación ". Empero, en autos la categoría del interesado " no va a cambiar por cuanto al momento de jubilarse el accionante había obtenido la máxima que podía lograr ".
Por otro lado, se agravió del rechazo de su defensa de prescripción. Con señalamiento del reclamo administrativo formulado el 18-12-2020, estimó que el plazo de prescripción aplicable al caso es el bienal (conf. art. 2562 inc. 2 del C.C.C.) y no el de cinco años meritado por el juzgador con cita del art. 2560 del referido digesto. En cuanto a la naturaleza de la obligación examinada, arguyó que el decreto 1828/15 otorgó un derecho a futuro, como lo sería " la dación de 25 módulos, que como unidad de valor se liquidan mes a mes en la remuneración que en forma mensual ... cobra el trabajador "), y que el derecho a su pago periódico nació el 31-8-2015.
En esa postura, indicó que, al haberse interpuesto el reclamo administrativo el 18-12-2020, el actor sólo estaría habilitado para instar su pretensión por las diferencias de haberes devengados a partir del 18-12-2018. No obstante, tras destacar que el agente obtuvo su jubilación el 30-6-2018, aseveró que el total de su crédito se encuentra prescripto.
Añadió que aun de computarse el plazo de prescripción teniendo en cuenta la fecha del acto administrativo que da origen al derecho al cobro pretendido, en atención a la naturaleza laboral del requerimiento, el resultado sería análogo, según derivó de lo normado por el art. 256 de la Ley 20.744.
Por último, objetó la imposición de costas. Solicitó que, una vez revocada la sentencia atacada, se impongan los gastos procesales al actor vencido, ya que no tiene relación laboral con el Municipio.
3. También el actor dedujo recurso de apelación contra el fallo de grado.
Liminarmente, cuestionó que, si bien el pronunciamiento anuló el decreto 3610/22 y le reconoció las diferencias salariales por veinticinco (25) módulos, ello sólo lo fue por el período de noviembre de 2015 a junio de 2018, pero omitió toda resolución sobre el pedido de la rectificación del certificado de servicios desde el momento en que aquellos módulos le fueron reconocidos.
Explicó que tal omisión, de no rectificarse -o confeccionarse nuevamente- el certificado de servicios tiene incidencia directa en la percepción de sus haberes jubilatorios. Expuso que el decreto 1828/15 le reconoció módulos atrasados, a percibir desde mayo de 2015 y que, aun cuando al tiempo del reclamo administrativo ya había prescripto algunos meses de diferencias salariales (desde mayo a octubre de 2015), lo pretendido es su reconocimiento desde el 1-5-2015.
En paralelo, esgrimió que similar omisión se verificó respecto de su pretensión de reconocimiento y pago de diferencias salariales durante la etapa en que su situación de revista lo fue bajo el régimen de pasividad anticipada (conf. arts. 157 y ss., CCT), transcurrida desde julio de 2018 a octubre de 2020. Sostuvo que, como consecuencia de no habérsele abonado aquellos módulos reconocidos por decreto 1828/15 hasta junio de 2018 (etapa de actividad), tampoco los percibió -en su respectiva proporción- en la etapa de pasividad anticipada.
4. Sustanciados ambos embates, tanto el accionante como la demandada los replicaron y solicitaron el rechazo del remedio intentado por su contraria.
II.1. A tenor de los agravios planteados por los recurrentes, algunos de modo antitético respecto de una misma materia, evidentes razones metodológicas denotan la conveniencia de no abordar cada uno de los recursos en forma independiente, sino considerarlos a partir de la parcela del pronunciamiento que, a través de cada pieza impugnatoria, se somete a revisión de esta Alzada.
1.1. En esa labor, ha de proveerse inicial respuesta a las quejas esgrimidas por la accionada respecto de la anulación del decreto 3610/22. De resultar adversa, corresponderá determinar el acierto -o no- del alcance temporal del reconocimiento del derecho al cobro de las diferencias salariales (con sus respectivos aportes, personales y patronales) pronunciado en el fallo apelado, ello -de un lado- ante la objeción del actor en punto a la omisión de consideración de una parcela de su reclamo, y -de otro- ante la defensa de prescripción articulada por la demandada.
Dilucidada tal cuestión, incumbirá examinar el planteo formulado en relación a la pretendida rectificación de la certificación de servicios expedida respecto del actor.
1.2. Al examen de tales cuestiones corresponde ceñirse seguidamente, sin necesidad de analizar a otros aspectos que fueron evaluados en el pronunciamiento de grado, los que más allá de su acierto o sinrazón, arriban firmes a esta instancia de apelación (conf. arts. 272 y ccdtes., CPCC; 77, CCA).
Debe recordarse, en tal sentido, que la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los recursos concedidos; pues si se prescinde de esa limitación y se resuelven cuestiones que han quedado firmes [en concreto, que -según surge de la prueba pericial producida- " la demandada no ha acreditado ... el pago de los reclamado por el accionante" y que en tanto " ...el Sr. Veccia antes del decreto 1818/15, tenía acreditada en sus haberes 10 módulos, los cuales fueron incrementados desde noviembre de 2017", tales conceptos " serían considerados como pagos parciales de lo reconocido en el decreto mencionado " (cfr. sent. del 30-7-2024, consid. único -párr. decimo quinto-)], se causa agravio a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y la propiedad (conf. doct. C.S.J.N. Fallos 260:216; 268:323; 276:216; 281:300; 301:925; 304:355: 307:948; 310:999; S.C.B.A. causas Ac. 94.251 "F., R.", sent. del 6-12-2006; Ac. 89.165 "Rodríguez", sent. del 16-5-2007; cfr. argto. doct. esta Cámara causas C-9138-NE1 "Coop. De Trabajo de Investigación y Vigilancia Bahiense LTDA" , sent. del 21-5-2020; C-12543-MP2E "Estrans S.A." , sent. del 11-4-2023; C-13263-AZ1 "Banco de la Provincia de Buenos Aires" , sent. del 29-5-2025).
2. Delineado tal marco de revisión, se advierte que los cuestionamientos ensayados en el memorial de la accionada para revertir la declaración de invalidez del decreto 3610/22 no merecen estima.
2.1. Así, la inicial crítica, sustentada en que el a quo en su pronunciamiento " Obvia que los módulos otorgados (25) -equivalentes a más de diez años de prestación efectiva de trabajo para el resto de los trabajadores, según CCT-, no fueron otorgados por el paso del tiempo con calificaciones aprobadas, sino por el Decreto 1828/15 " y en que " la inaplicabilidad del CCT en el caso de referencia de la forma en que es citado .... por cuanto el Sr. Veccia no los recibió por el transcurso en su carrera municipal regida por el CCT 25/17, sino por una decisión unilateral del Departamento Ejecutivo " (cfr. presentación electrónica del 19-8-2024, apdo. "III.1." -párrs. quinto y sexto-), luce manifiestamente inhábil e inconducente para evidenciar yerro alguno en el pronunciamiento de grado.
En puridad, la apuntada manifestación soslaya que el juzgador de grado meritó adecuadamente que el actor instó el presente proceso y articuló pretensión de nulidad del decreto 3610/22 de rechazo de su solicitud de " pago de la bonificación de 25 módulos por ascenso otorgada por decreto municipal n° 1828/15 ", ello por cuanto procura " el abono de una bonificación laboral otorgada expresamente por acto administrativo de fecha 31 de agosto de 2015 " y " el crédito reclamado tiene su inicio el 31 de agosto de 2015, fecha del decreto de otorgamiento por decreto n° 1818/15 " (cfr. sent. del 30-7-2024, consid. único -párrs. primero, tercero y cuarto-).
En ese marco, y luego de desautorizar las consideraciones del acto administrativo impugnado en relación a la supuesta prescripción del crédito reclamado y a la invocada situación de pasividad que -en criterio de órgano administrativo emisor del decreto atacado- inhibiría al peticionante para requerir una modificación de sus haberes, ultimó el juzgador, a partir de la prueba pericial producida, que " la demandada no ha acreditado la el pago de los reclamado por el accionante a lo largo de este proceso " (cfr. sent. del 30-7-2024, consid. único -párrs. décimo tercero a décimo quinto-).
En efecto, lejos estuvo el magistrado anterior de motivar su decisión nulidicente en " el supuesto apartamiento a lo normado por el CCT " y omitir que " el origen del reclamo es un acto administrativo y no la falta de encuadramiento legislativo en el convenio aplicable " (cfr. presentación electrónica del 19-8-2024, apdo. "III.1." -párr. séptimo-). Por el contrario, el juez meritó -tal como lo aduce la recurrente- que el invocado crédito por diferencias salariales encuentra su fuente inmediata en el referido decreto 1828/15, para luego constatar -al menos parcialmente- su falta de pago. En definitiva, el agravio en estudio no ha evidenciado yerro o equívoco alguno que justifique la revocación del fallo de grado en el segmento aquí abordado.
En ese sentido, ha señalado esta Alzada que si el apelante construye su agravio a partir de una lectura distorsionada del fallo de grado, atribuyendo a éste un contenido que no es tal, coloca al agravio en condición de desierto, en la medida que no alcanza el mínimo umbral de suficiencia para constituir la crítica exigida por la normativa procesal aplicable (cfr. doct. esta Cámara causas A-8862-MP0 "Hernández ", sent. de 16-05-2019; C-11176-NE1E "Fernandez" , sent. de 27-10-2022; C-14089-MP1E "Maffei" , sent. del 4-06-2024; C-11586-NE1 "Telecom" , sent. de 12-09-2024; A-14593-DO0E "Vivas" , sent. del 27-05-2025).
De allí que el planteo sub examine dista de conformar una crítica concreta y razonada del pronunciamiento en los términos del art. 56 inc. 3 del CCA.
2.2. Tampoco es atendible la impugnación direccionada contra aquella parcela del fallo en el que se censuró la motivación del acto administrativo toda vez que " en forma muy genérica enuncia la existencia de dictámenes de la Asesoría de Gobierno, que por la condición de pasivo lo inhibe para solicitar una modificación de sus haberes ", que mas " allá de no precisar o argumentar los dictámenes en que basa su motivación, tampoco hace referencia a norma legal o jurisprudencia que avale en forma concreta dicho argumento " y que esta Alzada "se ha manifestado expresamente en sentido contrario con motivo de la revocación parcial producida en la causa G-744-NE1 'Acacio contra Municipalidad de Necochea' " (cfr. sent. del 30-7-2024, consid. único -párr. décimo cuarto-).
Mal se encamina la accionada en postular -exclusivamente- que de " la lectura de los autos de referencia, surge la incompatibilidad para ser utilizado como fundamento ", pues -adujo- en tal precedente se debatía " el cambio de régimen laboral y de la situación de revista " ante " el reemplazo de un cuadro escalafonario por otro, una vez derogada la ley 11.757 y lo que allí estaba en juego era la 'categoría' " (cfr. presentación electrónica del 19-8-2024, apdo. "III.1." -párrs. octavo y noveno-).
Lejos de trazar parangón alguno entre las particulares circunstancias que rodearon al litigio resuelto por esta Cámara en el pronunciamiento citado y los del presente caso, la sentencia en crisis solo se ha valido del referido precedente para descalificar aquella premisa contenida en el acto administrativo atacado relativa a que " la condición de pasivo (del aquí actor) lo inhibe para solicitar una modificación de sus habere s", tal como surge del texto de sus considerandos, en los que el órgano administrativo emisor aseveró -complementariamente- que constituye un valladar al requerimiento del peticionante " no encontrarse en situación de activo al momento de realizarlo, basado en los principios de preclusión y seguridad jurídica " [v. decreto 3616/22 -fs. 19/20, expte. adm. N° 6980/22- (v. archivo adjunto a presentación electrónica del 22-8-2023)].
Y tal razonamiento es conteste con aquella premisa formulada en el citado pronunciamiento atinente a que la adquisición de un derecho, previo cumplimiento de los recaudos necesarios a tal efecto, consolida un status jurídico concreto y determinado en cabeza de su beneficiario que, como tal, adviene inquebrantable y no podrá ser suprimido posteriormente sin agravio del derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de nuestra Constitución Nacional (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 326:417; 325:28; 324:1481; doct. S.C.B.A. causas I. 2.028 "Sind. de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. del 27-12-2000; I. 1.912 "Barsottelli", sent. del 19-9-2007; esta Cámara causa A-506-MP0 "Bernardo" , sent. del 30-12-2008); y que, tanto en casos como el citado, como así también en el presente, el derecho consolidado por el agente al amparo de la legislación aplicable habrá de permanecer incólume, y la fecha de su cese en la planta municipal -a los fines jubilatorios- deberá ser tomada, no para exceptuarla de su ejercicio, sino -exclusivamente- para trazar los límites temporales de su goce, en lo que respecta al cómputo de los ítems derivados de su implementación (v. gr. la fecha de cese marcará el tope de la recomposición salarial dispuesta en la sentencia).
2.3. Para más, en clara desatención de su carga de fundar debidamente su embate (conf. art. 56 inc. 3 del CCA), tampoco puso en crisis la apelante las consideraciones del magistrado de grado en cuanto a la total de ausencia de plafón normativo o jurisprudencial alguno susceptible de dar fundamento a la razón expuesta por el órgano administrativo para desestimar la procedencia formal del reclamo efectuado ante su propia sede por el aquí demandante.
Siendo ello así, y sin perjuicio de las consideraciones que seguidamente se expondrán respecto de la invocada prescripción del crédito reclamado, deviene claramente insuficiente la objeción enarbolada por la accionada contra la decisión de grado de invalidar el acto administrativo impugnado con fundamento en su viciada motivación.
3. Resuelto lo anterior, y tal como se adelantó, se impone de dar tratamiento a las postulaciones recursivas de las partes en relación al lapso temporal del reconocimiento del derecho al cobro de las diferencias salariales reclamadas. En tal tarea, se observa que los embates de aquella resultan parcialmente atendibles.
3.1. Lleva la razón el accionante en cuanto reprocha que el pronunciamiento de grado carece de toda consideración y resolución respecto de su pretensión de cobro de diferencias salariales durante el período de tiempo transcurrido desde julio de 2018 a octubre de 2020, esto es, cuando revistió bajo el régimen de pasividad anticipada (conf. arts. 157 y ss., CCT).
Es que, dilucidada la obligación al pago de los módulos reconocidos en favor del actor mediante el decreto 1828/15, como así también su falta de liquidación oportuna (con exclusión de aquellos " 10 módulos percibidos y reconocidos entre noviembre de 2017 a junio de 2018 " que se ordenó " computar al momento de la liquidación como pago a cuenta de ello "), ninguna razón hubo expuesto el magistrado para establecer que la condena al pago de las diferencias salariales devengadas como consecuencia de su falta de abono lo sea -tan solo- por los periodos transcurridos desde noviembre de 2015 a junio de 2018, con exclusión -tácita- de aquella postrer etapa de la relación de empleo público en la se acogió al régimen de pasividad anticipada reglado por los arts. 157 a 160 del CCT (en consonancia con lo dispuesto en los arts. 19 a 22 de la ley 14.656), que se verificó desde el 1-7-2018 y hasta el 31-10-2020.
En ese contexto, es menester contemplar que la pasividad anticipada importa una causal de cese de funciones específica (conf. art. 23 inc. 6, CCT) en relación a los agentes que no reúnen las condiciones para acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria, cuando le faltaren dos años de edad o servicios para obtener tal beneficio previsional (conf. art. 157, CCT), con goce parcial de haberes (conf. art. 158, CCT), de modo que la remuneración a percibir -durante el período que restare hasta cumplir con las condiciones necesarias para su obtención- lo es en el equivalente al sesenta por ciento (60%) de la correspondiente a su cargo, nivel y antigüedad, con aplicación de los descuentos por aportes -y los que legalmente correspondan- calculados sobre el cien por ciento (100 %) del salario que le corresponda en actividad, a la vez que la Administración debe efectuar los aportes patronales también tomando como base el cien por ciento (100%) de la remuneración del agente (conf. art. 159, CCT). También ha previsto dicho régimen que, cumplidas las condiciones necesarias para la obtención del beneficio previsional, "el trabajador obtendrá su jubilación ordinaria en las mismas condiciones que si hubiera prestado servicio efectivo, durante el período de pasividad " (conf. art. 160, CCT).
Ante tal panorama, la pretensión del accionante direccionada a que el reconocimiento de las diferencias salariales en cuestión sea comprensivo de aquel período de tiempo en que su situación de revista lo fue bajo el régimen de pasividad anticipada debe ser atendida, aunque en la proporción correspondiente al parcial goce de haberes previsto para el régimen de pasividad anticipada, y ello con la observancia de integración de los aportes y contribuciones pertinentes (conf. arts. 158, 159 y 160, CCT; 4 -incs. "a", y "c"-, 5, 10 -inc. "a"-, 14, 15, 40 y 41, decreto-ley 9650/80) y -en lo que aquí sigue- con el condicionamiento que pueda surgir de la respuesta a brindar a la defensa de prescripción opuesta por la accionada.
Con dicho alcance, ha de prosperar el agravio formulado por el accionante en la materia aquí abordada.
3.2. Tal como se anticipó, también atinado el agravio de la accionada direccionado contra el rechazo total de la defensa de prescripción opuesta con sustento en el plazo reglado en el art. 2562 inc. "c" del Código Civil y Comercial.
3.2.1. En lo concerniente, y sin perjuicio de lo oportunamente sostenido por esta Alzada -con apego a la doctrina legal por entonces vigente- en punto a que el reconocimiento de diferencias salariales en el marco del empleo público debía encuadrarse en el plazo genérico previsto en el art. 2560 del Código Civil y Comercial (conf. causa C-12099-BB1E "Castro" , sent. del 24-9-2024, entre otras), tal temperamento debe ser revisado a la luz de la reciente doctrina legal establecida por la Suprema Corte provincial.
En efecto, a partir de lo decidido por ese Tribunal en la causa A. 78.420 "Ledesma" (sent. del 11-9-2025) "las sumas debidas al agente en tanto tengan su origen en diferencias en la liquidación mensual de los salarios o adicionales salariales que le son debidos " y que " son determinadas o determinables en tanto su fijación depende de una operación matemática ", constituyen supuestos de atrasos en los términos de la normativa civil, y por ello les resulta aplicable el plazo especial previsto para las obligaciones que deben cumplirse por períodos regulares (art. 4072 inc. 3 del Código Civil).
El referido criterio ha sido reiterado y consolidado en pronunciamientos ulteriores del Máximo Tribunal provincial, en los que se puntualizó que, bajo la vigencia del Código Civil y Comercial, la regla a utilizarse en tales supuestos es la contenida en el art. 2562 inc. "c", que fija un plazo de prescripción de dos años para " todo lo que se devenga por años o por plazos periódicos más cortos ", desplazando así el término genérico (cfr. doct. SCBA causas A. 78.892 "Mendivil" y A. 79.131 "Vogel", ambas sentencias del 14-10-2025).
Asimismo, se señaló que esa solución resulta aplicable en tanto " pueda reputarse que lo que se reclama es un 'atraso' en la obligación a cargo de la Administración empleadora. Esto es, algo que pueda traducirse en un incumplimiento o infracción a un deber de pago que debe llevarse a cabo a plazos y en forma periódica " (cfr. doct. SCBA causas "Mendivil" y "Vogel", cit.).
3.2.2. En el caso, el reclamo del actor cuya tempestiva postulación judicial fue controvertida (dirigido al reconocimiento y pago de las diferencias resultantes de los módulos devengados con sus haberes salariales) se inscribe dentro de la referida categoría, toda vez que se trata de una bonificación de naturaleza remuneratoria que debió ser liquidada en forma periódica junto con los haberes mensuales, configurándose así un supuesto de atraso en los términos de la doctrina legal antedicha (cfr. doct. esta Cámara en causas C-16330-BB1E "Delgado" , sent. del 12-5-2026; C-13389-BB1E "Arias ", sent. del 21-5-2026).
Definida la naturaleza del crédito y el plazo aplicable, y teniendo en cuenta que el juzgador de grado hizo mérito del reclamo administrativo formulado por el accionante el 18-12-2020 como causal de interrupción de la prescripción (extremo respecto del cual no se planteó agravio alguno en el memorial en tratamiento), cabe concluir que, al momento de la interposición de la demanda de autos, se encontraban prescriptas las acreencias devengadas con anterioridad a los dos años previos, esto es, las correspondientes al período anterior a diciembre de 2018.
Es doctrina de Suprema Corte de Justicia provincial que debe asimilarse la presentación efectuada en sede administrativa reclamando el derecho pretendido, a la demanda judicial prevista en el art. 3986 del Código Civil derogado -Ley 340- (análoga previsión al art. 2546, Cód. Civ. y Com.) como acto idóneo para la interrupción de la prescripción, en el marco de la doctrina general que considera con ese efecto a cualquier acto que demuestre en forma auténtica que no hay abandono y sí intención y propósito de no perder el derecho a ejercitar (conf. doctr. causas B. 49.479 "Philips", sent. del 11-8-1987; Ac. 44.606, "Leonelli", sent. del 10-12-1991; B. 53.126, "Hernández de Fernández", sent. del 3-5-1995; B. 53.126, "Bonifetto", sent. del 29-4-1997; B. 60.456, "Calabró", sent. del 7-9-2016).
Y al amparo de la doctrina precedentemente reseñada, también se ha entendido los efectos de aquel acto interruptivo continúan en tanto y en cuanto se mantenga la instancia administrativa, la que decae por la existencia de una resolución firme y consentida (lo cual requiere que el acto administrativo esté definitivamente notificado) o por declaración de caducidad (cfr. doct. S.C.B.A. causas doctr. causas B. 56.183, "Albarracín", sent. del 8-9-1998; B. 59.239, "Ferrari", sent. del 7-3-2001; B. 58.497, "Strata", sent. del 16-5-2001; B. 62.520, "Ormazábal", sent. de l26-11-2008, B. 67.581, "Gatti", sent. del 31-5-2021; esta Cámara en causas C-1384-MP2 "Ceuninck" , sent. del 6-5-2010; C-13389-BB1E "Arias " , cit.).
En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente a la defensa en estudio y, en consecuencia, limitar el reconocimiento de las diferencias salariales devengadas al período no alcanzado por la prescripción, esto es, desde diciembre de 2018 en adelante.
3.3. En suma, la admisión favorable de las postulaciones vertidas por ambas recurrentes en relación al lapso temporal del reconocimiento del derecho al cobro de las diferencias salariales reclamadas, en atención a resultar atendible tanto la crítica del actor concerniente a la falta de pronunciamiento en el fallo de grado respecto de la procedencia de su reclamo en relación al tiempo que revistió bajo el régimen de pasividad anticipada, como así también aquel agravio de la accionada en derredor a la prescripción de aquellos períodos anteriores a diciembre de 2018, impone ordenar que la condena al pago de la diferencias salariales devengadas debe ser liquidada -según los lineamientos indicados en el fallo de grado, en cuanto no ha sido materia de impugnación, aunque en la proporción correspondiente al parcial goce de haberes previsto para el régimen de pasividad anticipada- por los periodos transcurridos desde diciembre de 2018 a octubre de 2020, con la observancia de integración de los aportes y contribuciones pertinentes (conf. arts. 158, 159 y 160, CCT; 4 -incs. "a", y "c"-, 5, 10 -inc. "a"-, 14, 15, 40 y 41, decreto-ley 9650/80).
4. Llegado a este punto, y a tenor de las consecuencias materiales del reconocimiento de derecho y la condena al pago de las diferencias salariales devengadas, luce también admisible la pretensión del accionante enderezada a obtener la rectificación -o, en su caso, una nueva emisión- de la certificación de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos, con arreglo a lo aquí resuelto y en los términos impuestos por la legislación aplicable al presente caso (conf. arts. 158, 159 y 160, CCT; 10 -inc. "d"-, 15, 40 y 41, decreto-ley 9650/80; 10 -inc. "c"- y 13 -inc. "a"-, dec. 476/81).
III. Si lo expuesto es compartido, se propone al Acuerdo hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación deducidos por la accionada y por el demandante. Consecuentemente, revocar el pronunciamiento de grado en cuanto rechazó la defensa de prescripción opuesta por la demandada y en tanto condenó al pago del " equivalente a los 25 módulos otorgados por el decreto 1828/15 en forma mensual por los periodos desde noviembre de 2015 a junio de 2018 " y disponer que la liquidación del crédito reconocido en concepto de diferencias salariales devengadas debe ser liquidada -según los lineamientos indicados en el fallo de grado, en cuanto no han sido materia de impugnación, aunque en la proporción correspondiente al parcial goce de haberes previsto para el régimen de pasividad anticipada- por los periodos transcurridos desde diciembre de 2018 a octubre de 2020, con la observancia de integración de los aportes y contribuciones pertinentes (conf. arts. 158, 159 y 160, CCT; 4 -incs. "a", y "c"-, 5, 10 -inc. "a"-, 14, 15, 40 y 41, decreto-ley 9650/80). Asimismo, ordenar a la accionada a la rectificación -o, en su caso, la nueva emisión- de la certificación de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos, con arreglo a lo aquí resuelto y en los términos impuestos por la legislación aplicable al presente caso (conf. arts. 158, 159 y 160, CCT; 10 -inc. "d"-, 15, 40 y 41, decreto-ley 9650/80; 10 -inc. "c"- y 13 -inc. "a"-, dec. 476/81).
En atención a los vencimientos parciales y mutuos, las costas de Alzada deberían imponerse en el orden causado (conf. art. 51, inc. 1 -segunda parte-, CCA -texto según ley 14.437-).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Mora, por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Ucín, vota la cuestión planteada en el mismo sentido.
El señor Juez doctor Riccitelli no vota la presente por hallarse en uso de licencia (conf. arts. 47 y 48, ley 5.827).
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación deducidos por la accionada y por el demandante. Consecuentemente, revocar el pronunciamiento de grado en cuanto rechazó la defensa de prescripción opuesta por la demandada y en tanto condenó al pago del " equivalente a los 25 módulos otorgados por el decreto 1828/15 en forma mensual por los periodos desde noviembre de 2015 a junio de 2018 ", y disponer que la liquidación del crédito reconocido en concepto de diferencias salariales devengadas se liquide -según los lineamientos indicados en el fallo de grado, en cuanto no han sido materia de impugnación, aunque en la proporción correspondiente al parcial goce de haberes previsto para el régimen de pasividad anticipada- por los periodos transcurridos desde diciembre de 2018 a octubre de 2020, con la observancia de integración de los aportes y contribuciones pertinentes (conf. arts. 158, 159 y 160, CCT; 4 -incs. "a", y "c"-, 5, 10 -inc. "a"-, 14, 15, 40 y 41, decreto-ley 9650/80). Asimismo, ordenar a la accionada a la rectificación -o, en su caso, la nueva emisión- de la certificación de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos, con arreglo a lo aquí resuelto y en los términos impuestos por la legislación aplicable al presente caso (conf. arts. 158, 159 y 160, CCT; 10 -inc. "d"-, 15, 40 y 41, decreto-ley 9650/80; 10 -inc. "c"- y 13 -inc. "a"-, dec. 476/81).
Las costas de Alzada se imponen en el orden causado (conf. art. 51, inc. 1 -segunda parte-, CCA -texto según ley 14.437-).
2. Diferir la regulación de honorarios por trabajos de alzada para su oportunidad.
Regístrese y notifíquese por Secretaría electrónicamente (conf. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA N° 4013/21 -t.o. Ac. 4039/21-). Hecho, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1014-2026
Fin de la sentencia