Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 46.304-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a Vecom Comercializadora S.A. por desistida de la acción y el derecho, incluso el de repetición en los términos de la ley 27.613, con costas.
2Declarar abstracto los recursos presentados por Yaciófano Arturo Antonio y Pablo Maximiliano Moya, respecto de su responsabilidad solidaria, con costas por su orden.
3Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado en la suma de $ 6.557.468 (Pesos seis millones quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y ocho) equivalente a 214,56 (214 con 56/100) UMA y para la representación procesal, la suma de $ 2.622.987 (Pesos dos millones seiscientos veintidós mil novecientos ochenta y siete) equivalente a 85,83 ( ochenta y cinco con 83/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de Vecom Comercializadora S.A., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, art. 6 inc. b) de la ley 27.653 y la Acordada N° 30/23 (11/10/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-14012752-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 7 de Febrero de 2024 S/recurso de apelación.
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el expediente Expte Nº 46.304-I y sus acumulados Nº 46.307-I, 48.010-I, 48.011-I, 48.032-I y 48.033-I caratulado VECOM COMERCIALIZADORA S.A. S/recurso de apelación.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 438/500, 1069/1124, 1235/1266, 1328/1358 vta., 1419/1450 y 1510/1540 vta., se presentan Vecom Comercializadora S.A, Yaciófano Arturo Antonio y Moya Pablo Maximiliano e interponen sendos recursos de apelación en los términos del artículo 76 inc. b) de la ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones) contra las resoluciones 12/2016, 13/2016 (12 de febrero 2016), 242/2017, 243/2017, 244/2017 y 245/2017, todas ellas dictadas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de Mendoza de la D.G.I-A.F.I.P, a través de las cuales:
a) Se determinó de oficio en conjunto con los accesorios la obligación del contribuyente Vecom Comercializadora S.A. en el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales julio 2009 a mayo 2012, dejando en suspenso el juzgamiento de la conducta en los términos del artículo 20 de la ley 24.769 (texto actualmente derogado por el art. 280 de la Ley N° 27.430 Titulo IX- Régimen Penal Tributario y sustituido por el artículo 279)- Resolución 12/2016-
b) Se estableció el gravamen mas los intereses resarcitorios del contribuyente Vecom Comercializadora S.A. en el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2010 y 2011, dejando en suspenso el juzgamiento de la conducta en los términos del artículo 20 de la ley 24.769 (texto vigente)- Resolución 13/2016-
c) Se determinó de oficio junto con los accesorios la responsabilidad personal y solidaria del Sr. Arturo Antonio Yaciófano, en los términos del artículo 8 inc. a) por el impuesto y ejercicios apelados en la resolución Nº 13/2016 (Impuesto a las Ganancias 2010 y 2011), dejando en suspenso el juzgamiento de la conducta en los términos de la citada ley- Resolución 242/2017-
d) Se determinó de oficio junto con los accesorios la responsabilidad personal y solidaria del Sr. Arturo Antonio Yaciófano con relación con la obligación de la contribuyente Vecom Comercializadora S.A en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales julio 2009 a mayo 2012, dejando en suspenso el juzgamiento de la conducta en los términos de la Ley Penal Tributaria. – Resolución 243/2017-
e) Se determinó en conjunto con los intereses resarcitorios la responsabilidad personal y solidaria prevista en el artículo 8 de la ley 11.683 (t.o 1998 y sus mod) del Sr. Pablo Maximiliano Moya con relación con la obligación de Vecom Comercializadora S.A en el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2010 y 2011, dejando en suspenso el juzgamiento de la conducta en los términos del 20 de la Ley 24.769 (texto vigente) -Resolución 244/2017-
f) Se determinó de oficio junto con los accesorios la responsabilidad personal y solidaria del Sr. Pablo Maximiliano Moya, en los términos del artículo 8 inc. a) por el impuesto y periodos apelados en la resolución Nº 12/2016, (Impuesto al Valor Agregado julio 2009 a mayo 2012), dejando en suspenso el juzgamiento de la conducta en los términos de la citada ley- Resolución 245/2017-
En primer lugar, Vecom Comercializadora S.A. plantea de previo y especial pronunciamiento la nulidad de las resoluciones apeladas de fecha 12 de febrero de 2016 (resolución N° 12/2016 y 13/2016) al considerar que la notificación de la vista regulada por el artículo 17 de la ley de rito (resoluciones 399/2015 y 400/2015 del 7 de octubre de 2015) se hizo al domicilio anterior de la empresa, motivo por el cual recién pudo tener conocimiento de la vista del proceso administrativo el 17 de febrero de 2016 – en oportunidad de la resolución de la determinación de oficio practicada-, es decir tres meses después de que se haya efectuado la notificación. En este sentido, expone que la firma se dedica al negocio de telecomunicaciones en todo el país, iniciando su actividad en la provincia de Mendoza, para luego mudarse a Av. Córdoba 1324 Piso 6 Departamento B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde constituye su domicilio fiscal el 8 de octubre de 2015.
Asimismo, señala que informó en etapa administrativa el cambio de domicilio legal y que efectuó los trámites necesarios en la IGJ para modificar el mismo.
En virtud de ello, manifiesta que la resolución 400/2015 y 399/2015 referida a la vista del ajuste en el Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado fueron recibidas el 8 de octubre de 2015 por la Sra. Carolina Gutiérrez en San Martin 815, provincia de Mendoza, sin embargo el ente recaudador no corroboró que dicho sujeto fuera en ese tiempo empleada o tuviera vinculación con la empresa.
Resalta que a su entender el Fisco Nacional reconoce fehacientemente que dicha notificación estuvo mal efectuada, toda vez que otorgó una prórroga extraordinaria con copia de ambas resoluciones originales N° 399/2015 y 400/2015 referidas a los ajustes en Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, respectivamente y las notificó en el verdadero domicilio legal y fiscal situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Destaca que la inspección poseía conocimiento del nuevo domicilio de la sociedad ya que el 6 de noviembre de 2015 comunicó el cierre de la O.I: 757.511.
Explica que la irregularidad formal de la notificación, la confusión que realizó el ente fiscal entre la vista regulada en el artículo 17 de la ley de rito y la compulsa de las actuaciones junto con la ausencia en el sumario de documental esencial y la no suspensión de los plazos vulneraron el principio constitucional del debido proceso, defensa en juicio e igualdad y derecho de propiedad amparados por la Constitución Nacional en sus artículos 16, 17 y 18.
En subsidio, alega la improcedencia de los ajustes practicados (impugnación de créditos fiscales y gastos por la presunta existencia de proveedores apócrifos), manifestando que el Fisco Nacional no comprende la operatoria comercial de la sociedad, lo que provoca a su entender ajustes sumamente arbitrarios. Explica que el circuito de pagos no lo puede demostrar ya que es AMX ARGENTINA S.A. quien recibe el dinero de las tarjetas y no ella por lo que no existen pagos al proveedor.
Continúa haciendo un relato individualizando a los contribuyentes cuestionados y las tareas que los mismos llevaban a cabo. Indica que con cada uno de ellos tenía un contrato que amparaba el vínculo comercial. Manifiesta que actuó de buena fe aportando la documentación solicitada en la etapa de inspección, a través de la cual se desprende que las facturas observadas poseían CAI vigente, las empresas estaban debidamente inscriptas ante la A.F.I.P., y que a la fecha de realización de las operaciones no figuraban en la base apoc. Posteriormente, informa que tanto la empresa como los accionistas Pablo Maximiliano Moya y Arturo Yaciófano se acogieron al régimen de la ley 26.860 exteriorizando la sociedad U$S 500.000 y las personas humanas citadas U$S 470.000 y U$$ 630.000 respectivamente, los que a su entender no fueron considerados por la inspección actuante ya que la misma no aplicó los beneficios previstos en los artículos 9 y 10 de la citada ley, violando en consecuencia las normas constitucionales e impositivas.
Respecto a la responsabilidad solidaria que se les imputa a Yaciófano Arturo Antonio y Pablo Maximiliano Moya, ambos manifiestan la nulidad de las actuaciones por falta de motivación toda vez que el acta notificada no expone las razones por las que se les extendió la responsabilidad, no menciona el origen de la misma ni el número de orden de intervención bajo el cual tramitó la deuda que se pretende extender, así como tampoco hace referencia a la fecha de la notificación de las determinaciones de oficio realizada a la empresa. En este sentido señalan que las cuatro resoluciones de la extensión de la responsabilidad hacia ellos se dictaron el 6 de noviembre de 2015 mientras que la notificación de las determinaciones de oficio a Vecom Comercializadora S.A. fue el 18 de febrero de 2016, es decir tres meses después. (sic) –fs. 1517 vta.)
Expone que el ente fiscal no informó el procedimiento seguido contra la firma y tampoco acreditó haber reclamado a la sociedad dichas sumas. En este orden de ideas, destaca que no existió una intimación de pago previa al deudor principal, sino un procedimiento de vista en el cual la empresa podía ejercer su derecho de defensa o conformar las liquidaciones propuestas, por lo que consideran que al no existir intimación previa a la deudora principal el Fisco Nacional no puede dar inicio a un procedimiento de extensión de responsabilidad. En este contexto, alegan que para que la misma pueda ser efectiva resulta imprescindible probar su participación personal, directa y reiterada en el control de los fondos destinados al pago de los tributos de la sociedad y no sólo ser atribuida por el hecho de ocupar un cargo en esta última.
En efecto, Pablo Maximiliano Moya expone que se le imputa una responsabilidad en periodos en los que no ejerció como representante legal de la sociedad, aclarando que desempeñó la función de presidente de la firma desde abril 2011 a mayo 2012.
Con relación a la multa, si bien la misma se encuentra suspendida, consideran que la extensión de la responsabilidad por las infracciones previstas en los artículos 46 y 47 inc. b) y c) se vería invalidada por los vicios en el procedimiento, exponiendo además que a su entender no se configuran los elementos objetivo y subjetivo que la norma requiere.
Por los motivos expuestos los recurrentes solicitan que se revoquen las resoluciones apeladas, con costas. Ofrecen prueba instrumental, informativa y pericial contable. Formulan reserva del caso federal.
II. Que a fs. 532/567, 1144/1188, 1286/1299 y 1554/1568 vta. el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos.
En primer término, señala que de los considerandos de las resoluciones apeladas surge en forma clara que no se está frente a un acto carente de causa por no existir la misma o ser falsos los actos invocados, sino que por el contrario su accionar se fundamenta en los hechos verificados a través de sus funcionarios y en el derecho vigente y aplicable al caso de marras.
Luego continúa describiendo la operatoria comercial de Vecom Comercializadora S.A. realizando un análisis pormenorizado de las irregularidades que presentaban los proveedores que efectuaron las operaciones impugnadas, quienes manifestaron en varios casos que los mismos desconocen a la sociedad de autos o no comercializaron con ella.
Explica que la documentación obtenida durante la etapa de fiscalización evidencia para los demás casos la falta de capacidad productiva de los proveedores objetados, no surgiendo indicios que permitan demostrar que ellos poseen una estructura económica y comercial para operar. Señala que aun cuando los requisitos formales de la documentación se cumplan, éstos por si solos no acreditan la realidad fáctica de las operaciones, por lo que le corresponde al contribuyente demostrar mediante prueba fehaciente que las mismas son válidas.
Respecto a la excepción de nulidad planteada por las recurrentes, enumera las notificaciones que fueron cursadas desde el inicio de la inspección y destaca que a la fecha de la emisión de la notificación de la vista, la actora no le había comunicado el cambio de domicilio. En este sentido, indica que dicha notificación fue recibida por la Sra. Gutiérrez, habiendo el oficial notificador informado de qué contribuyente se trataba y que ese lugar era el domicilio declarado.
Resalta que a los fines de garantizar los derechos de defensa de la recurrente, el 18 de noviembre de 2015 dictó la resolución 448/2015 como medida de mejor proveer en donde se dispuso modificar el momento desde el cual comenzaban a correr las prórrogas a las respectivas fechas de notificación. Sin embargo, dado que la actora no presentó descargo ni defensa en respuesta a los cargos formulados en las vistas, procedió a dictar las resoluciones que se apelan en autos.
Finalmente manifiesta que la responsabilidad solidaria y personal de los Sres. Yaciófano Arturo Antonio y Moya Pablo Maximiliano se efectuó de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 de la ley Nº 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones), los cuales establecen que los directores de la sociedad responden como responsables por deuda ajena; es decir que primero se le reclama al deudor principal, Vecom Comercializadora S.A. y luego a los que responden subsidiariamente. En consecuencia, teniendo en cuenta que de los antecedentes administrativos surge el carácter de presidente y vicepresidente que poseen dichos contribuyentes frente a la sociedad de autos, considera procedente la responsabilidad solidaria que se les imputa. En este sentido, indica que los actores debieron acompañar pruebas para acreditar su falta de responsabilidad, hecho no efectuado en autos. En virtud de lo expuesto, solicita que se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas. Se opone a la prueba ofrecida. Aporta antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 1198 la Secretaría General de Asuntos Impositivos acumula el expediente Nº 46.307-I al Nº 46.304- I de acuerdo a lo ordenado en la sentencia de Tribunal en Pleno obrante a fs. 1197/1197vta.
Posteriormente a fs. 1585 procedió acumular al expediente de menor numeración los que llevan los Nº 48.010-I, 48.011-I, 48.032-I y 48.033-I dando cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de Tribunal en Pleno que luce a fs. 1617/1617vta.
IV. Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Procedimiento Tributario – Apertura a Prueba–, a fs. 576 se admitió la prueba informativa, pericial contable y pericial económica ofrecida por Vecom Comercializadora S.A. a fs. 494 vta. y 498vta./499 respectivamente. En la primera de ellas solicitó librar oficio al Banco Central de la República Argentina para que informe si las recurrentes adhirieron al régimen de la ley 26.860, obrando la respuesta del mismo a fs. 586/587. Respecto a la prueba pericial contable se designó al Dr. Jaled Osman Hadid a propuesta de la actora y al Dr. Rafael De Luca a propuesta del Fisco Nacional para que conjuntamente presenten el informe de los puntos consignados a fs. 498vta ptos a) a c), el que luce a fs. 590/592. Finalmente acerca de la prueba pericial económica se designó a Lic. Francisco Esquembre, a propuesta de la recurrente y Marcos Daniel en representación del organismo fiscal para que ambos presenten el informe que obra a fs. 605/627.
Que a fs. 1623 pto. 1º) se cierra el período de instrucción por los expedientes Nº 46.304-I y 46.307-I., ordenando en el pto. 3º) la apertura a prueba por los expedientes Nº 48.010-I, 48.011-I, 48.032-I y 48.033-I. Por consiguiente, se admitió la prueba informativa ofrecida a fs. 1265vta, 1358, 1449vta y 1540/1540vta, y la prueba pericial contable designándose a los Dres. Jaled Osman Hadid en representación de la recurrente y al Dr. Carlos Alberto Loiut a propuesta del Fisco Nacional. Sin embargo dichas probanzas fueron decaídas a fs. 1654 frente al desinterés de las actoras en producirlas. Finalmente a fs. 1663 se clausuró el período de instrucción por los citados expedientes.
V. Que a fs. 1671 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D” y a fs. 1680 se dictan los autos para alegar, obrando los del Fisco Nacional a fs. 1689/1696 y a fs. 1697/1711 la contestación del actor en la cual solicita la suspensión del llamado de autos para alegar VI.- Que corresponde tratar el agravio esgrimido por Vecom Comercializadora S.A. con relación a la nulidad de las resoluciones por las que se le confirió la vista normada en el artículo 17 de la ley de rito. Que el 7 de octubre de 2015 a través de las resoluciones 399/2015 y 400/2015 (fs. 621/669 cuerpo Nº 4 Impuesto a las Ganancias Expte Nº 46.307-I) se confirió la vista citada respecto de las liquidaciones proyectadas en el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales julio 2009 a mayo 2012 e Impuesto a las Ganancias por los ejercicios 2010 y 2011, respectivamente, siendo al día siguiente notificada en San Martín 815, provincia de Mendoza y recibida por la Sra. Carolina Gutiérrez a las 11.30 am ( fs. 617 del cuerpo Nº 4 Impuesto a las Ganancias Expte Nº 46.307-I)
Que el 8 de octubre a las 16:08 hs. la sociedad de autos (fs. 27 del cuerpo de antecedentes Expte 48.011-I “Yaciofano Arturo Antonio), informa mediante sistema registral el cambio de su domicilio fiscal a Av. Córdoba 1324- Piso 6 Departamento A y B, Cuidad Autónoma de Buenos Aires Posteriormente, el 15 de octubre – 7 días después- la Sra. Gutiérrez emite una nota con el objeto de devolver la cédula de notificación manifestando que la misma se encuentra relacionada a Vecom Comercializadora S.A y ella no posee vinculación alguna con la mencionada empresa. (fs. 619 del cuerpo Nº 4 Impuesto a las Ganancias Expte Nº 46.307-I). Sin embargo, en ningún momento aporta documentación para fundamentar sus dichos ni explica en qué circunstancias estaba en el lugar ni las razones de haberse atribuido el derecho de recibir algo que no le correspondía. Tampoco acreditó el vínculo la sociedad de marras.
Que en este contexto, cabe señalar que el artículo 3 de la ley 11.683 (t.o 1988 y sus mod) dispone que “el domicilio de los responsables en el concepto de esta ley y de las leyes de tributos a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, es el real, o en su caso, el legal de carácter general, legislado en el Código Civil, ajustado a lo que establece el presente artículo y a lo que determine la reglamentación.”
Asimismo establece que “sólo se considerará que existe cambio de domicilio cuando se haya efectuado la traslación del anteriormente mencionado o también, si se tratara de un domicilio legal, cuando el mismo hubiere desaparecido de acuerdo con lo previsto en el Código Civil. Todo responsable que haya presentado una vez declaración jurada u otra comunicación a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS está obligado a denunciar cualquier cambio de domicilio dentro de los DIEZ (10) días de efectuado, quedando en caso contrario sujeto a las sanciones de esta ley. La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS sólo quedará obligada a tener en cuenta el cambio de domicilio si la respectiva notificación hubiera sido hecha por el responsable en la forma que determine la reglamentación”.
Por su parte, el artículo 100 enumera las formas de notificación, mencionando en el inc. e) que la misma puede ser por cédula, por medio de los empleados que designe el Administrador Federal, quienes en las diligencias deberán observar las normas que sobre la materia establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Que sin perjuicio de ello, cabe resaltar que el 9 de noviembre por medio de la resolución 425/2015 (fs. 237/239vta) el Fisco Nacional concede una prórroga de la vista efectuada en las resoluciones 399/2015 y 400/2015 a los efectos de resguardar el derecho de defensa del contribuyente, notificando dicha decisión en los domicilios situados en la Provincia de Mendoza y Cuidad Autónoma de Buenos Aires.
Que el 18 de noviembre vuelve a dictar como medida de mejor proveer la resolución 448/2015 (fs. 248/250) a través de la cual dispuso modificar el momento desde el cual comienzan a correr las prórrogas, hecho que nuevamente beneficia a la contribuyente.
Que frente a ello la actora interpone un recurso de aclaratoria (fs. 252/257) y un pronto despacho (fs. 259/265), los cuales fueron denegados por el organismo fiscal mediante la Nota 31/2015 (DV RRME) de fecha 12 de enero de 2016 (fs. 770/780 de los antecedentes administrativos). Analizados los mismos coincido con los motivos del rechazo.
Que pese a las reiteradas oportunidades conferidas, Vecom Comercializadora S.A., no efectuó el descargo alguno y nunca contestó las vistas conferidas, por lo que una vez vencidos los plazos el ente fiscal emitió las resoluciones de determinación de oficio apeladas en autos.
Que en efecto, y en virtud de que la recurrente no contestó las vistas dispuestas en el artículo 17 de la ley de rito siendo éstas emitidas de acuerdo a los requisitos normados y correctamente notificada al haber sido recibida por la Sra. Gutiérrez y toda vez que la actora a la fecha de la notificación (7/10/2015) el domicilio constituido era San Martín 815, provincia de Mendoza, siendo que a su vez tuvo la oportunidad de producir su descargo con nuevos plazos y no lo hizo. Todo el proceso de cambio de domicilio, lejos de ser un hecho aleatorio luce como una respuesta al proceso de fiscalización que estaba en trámite. Por lo tanto, no cabe atender el planteo esgrimido por la actora.
VII. Que ello así, cabe evaluar la procedencia del acogimiento formulado por Vecom Comercializadora S.A., Moya Pablo Maximiliano y Yaciófano Arturo Antonio en los términos de la ley 26.860.
Que el 19 de mayo de 2015 las contribuyentes se acogieron a los beneficios del Régimen de Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera previsto en la citada norma, adjuntando fotocopias de Certificados de Depósitos para Inversión (CEDIN); solicitando en consecuencia que se lo exima del pago de todos los impuestos omitidos de declarar, conforme lo dispuesto por el artículo 9 inc. c). (fs. 695 de los antecedentes administrativos Cuerpo Nº4 Impuesto a las Ganancias Expte Nº46.307-I)
Que en el marco de la resolución 3509/2013 el Banco Central de la República Argentina informó al ente fiscal que Vecom Comercializadora S.A. exteriorizó U$S 500.000 que afectó a la suscripción de CEDINES detallando los números de títulos, montos, fechas de suscripción y entrega, mientras que los accionistas Moya Pablo Maximiliano y Yaciófano Arturo Antonio declararon U$S 470.000 y U$$ 630.000, respectivamente; los cuales surgen a fs. 330/ 331 y 408/411.
Que en los términos del artículo 10 las recurrentes solicitan la liberación de las obligaciones fiscales, reclamando que este beneficio no fue contemplado por la inspección.
Que el citado artículo en su primer párrafo dispone que la exteriorización efectuada por las sociedades comprendidas en el inciso b) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones) liberará del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los socios, en proporción a la materia imponible que les sea atribuible, de acuerdo con su participación en la misma.
Que a continuación el segundo párrafo advierte que la exteriorización efectuada por personas físicas podrá liberar las obligaciones fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales Que en consecuencia se observa que Vecom Comercializadora S. A en su calidad de sociedad anónima no se encuentra comprendido en ninguno de los dos universos y por ende las exteriorizaciones de los accionistas no liberan a la empresa.
Que de la resolución apelada surge que el ente fiscal proyectó las liquidaciones rectificativas en el Impuesto al Valor Agregado por los periodos julio 2009 a mayo 2012.
Que por lo tanto corresponde no hacer lugar al planteo invocado por las recurrentes.
VIII. Que corresponde establecer si las resoluciones 12/2016 y 13/2016 dictadas contra Vecom Comercializadora S.A referidas al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, se ajustan o no a derecho, considerando los agravios planteados por la actora, respecto a las determinaciones de oficio practicadas.
Que, conforme surge de las resoluciones recurridas, los antecedentes administrativos y el informe final de inspección que se desprende de ellos, la sociedad de autos se dedica a la comercialización de equipos y tarjetas prepagas por cuenta y orden de AMX ARGENTINA S.A.; a la venta directa de equipos de telefonía celular prepagos y a la venta de decodificadores de señal y accesorios de televisión satelital de Direct TV. Cabe destacar que dicha tarea no consiste en prestar y revender servicios telefónicos sino que se basa en brindar un servicio de intermediación, a través del cual la recurrente recibe una retribución que factura a la prestataria. Que a los fines de llevar a cabo la actividad, AMX ARGENTINA S.A (en adelante CLARO) entrega a Vecom Comercializadora S.A., en forma periódica, las tarjetas prepagas para que éstas sean repartidas por su cuenta y orden o a través de subdistribuidores, es decir que el traspaso de las tarjetas físicas hasta el usuario final se realiza en forma directa o por utilización de intermediarios minoristas – cabinas telefónicas, locutorios, kioskos u otros comercios de venta al por menor- estableciéndose en consecuencia una retribución por cada eslabón de la cadena. Que con el objeto de ejercer la intermediación que se describe, la actora informó que por las tarjetas compradas a AMX ARGENTINA S.A., le cobra un 8% de comisión, facturando a CLARO ese importe más el IVA correspondiente - representando ello el débito fiscal de su declaración-, mientras que los subdistribuidores le facturan a Vecom Comercializadora S.A. el 6,5% de comisión más IVA -crédito fiscal de la empresa- obteniendo de esta forma un margen de utilidad que oscila alrededor del 1, 5%.
Que en las presentes actuaciones se verificó el accionar de la actora al declarar impuesto en menor medida, como consecuencia de las operaciones realizadas con los siguientes proveedores: Bordón Fidel Alcides, Jara Julio César, Fernández Juan Andrés, Palma Córdoba Claudia Marcela, García Susana Esther, Cosmo S.A.,Kugler Juan Ricardo, Bruno Jesús Luis, Meyli Alfredo Gaspar, Bassa Eladio Juan, Parisi Jorge Alberto, Garat Juan Carlos, Sanchez Jose Antonio, Corvera Raúl Alejandro, Rochetti Daniel Amado, Rust Raul Norberto, Palmucci Fabio Hernán, Fontemachi Diego Roberto, Inostroza Nestor Mario, Vàzquez Marcela, Gimenez Mario Santiago, Bauza Silvio Orlando, Romero Stella Maris, Capelli Rosa Ana, Confitería Nuria S.R.L, Construcciones Normalizadas Viedma S.A., Fernández Eugenio Fernández Antonio Fernández Roberto y Fernández Héctor S.H, Antar S.A., Smyk S.A., Mercocargo S.A., Ophtalmic S.R.L., Cooperativa de Provisión de Bienes y Servicios de Exportación y Crédito “Comarca Ltda”, Quatro S.A., Recaudo S.A., Nicora Hernàn M Nicora Paulina S.H.., Conculsof S.R.L., Anpinel Sociedad de Hecho, Transporte Servibaires S.R.L., Pappatico José Pappatico Domingo Pappatico Ruben S. H., Molina Carlos Humberto,Succar Alerto Daniel Antonio, Peralta Osvaldo Sergio, Gugliemi Leandro, Autotransportes Andesmar S.A., Amx Argentina S.A., M.H S.R.L., Pinweb S.R.L, Distel Comunicaciones S.R.L., Apolo Sur S.A., Mendez Alejandro Guzmán, Tezzoto Daniel Carlos, Sucesión de Caporaletti Espacio, González Adrián Teodoro, Dure Olindo Omar, Capitanich Rubén Dario, Cornier Alberto Enrique, Espinoza Juan Alberto, Giménez José Horacio, Benites Esteban Ivan, Penna Liliana María Rosa, Portillo Nilda Ignacia, Phenicy Consultora S.A., Palamaru S.R.L. y Mell-Com S.R.L.
Que dichas operaciones fueron impugnadas por el ente fiscal por cuatro motivos principales: i) los proveedores circularizados manifestaron desconocer o no haber comercializado con la sociedad de autos; ii) la actora no aportó las facturas de compra y las mismas no pudieron ser obtenidas fruto de la fiscalización efectuada; iii) las operaciones informadas y declaradas por los contribuyentes en cuestión son inferiores a las declaradas por Vecom Comercializadora S.A. y iv) muchos de los citados contribuyentes se encontraban incluidos en la base apoc. Que a continuación se mencionan los proveedores encuadrados en el primer grupo descripto: Bordón Fidel Alcides, Jara Julio César, Palma Córdoba Claudia Marcela, Cosmo S.A., Kugler Juan Ricardo, Meyli Alfredo Gaspar, Bassa Eladio Juan, Parisi Jorge Alberto, , Sánchez Jose Antonio, Corvera Raúl Alejandro, Rochetti Daniel Amado, Palmucci Fabio Hernán, Vázquez Marcela, Giménez Mario Santiago, Capelli Rosa Ana, Confitería Nuria S.R.L., Fernández Eugenio, Antonio Roberto y Héctor Antar S.A., Smyk S.A., Mercocargo S.A., Ophtalmic S.A., Cooperativa de Provisión de Bienes y Servicios de Exportación y Crédito “Comarca Ltda”, Quatro S.A., Recaudo S.A., Nicora Hernán M Nicora Paulina S.H., Conculsof S.R.L., Anpinel Sociedad de Hecho, Transporte Servibaires S.R.L. y Pappatico José, Pappatico Domingo ,Pappatico Rubén, Dure Olindo Omar, Cornier Alberto Enrique, Espinoza Juan Alberto, Giménez José Horacio, Penna Liliana María Rosa, Portillo Nilda Ignacia, Phenicy Consultora S.A., Rust Raul Norberto, Bauza Silvio Orlando, Construcciones Normalizadas Viedma S.A., Sucesión de Caporaletti Espacio, Capitanich Rubén Dario. Ellos, manifestaron no haber comercializado con la recurrente, conforme surge de los antecedentes administrativos. Asimismo, de la inspección actuante se desprenden varias inconsistencias que presentan los mismos tal como la no posesión de bienes muebles e inmuebles u otros bienes registrables, la ausencia de movimientos en sus cuentas bancarias o no disponer de las mismas, la presentación de declaraciones juradas en cero, de manera tardía o por importes menores, la no inscripción como empleador así como también la falta de demostración del circuito de pagos, entre otros. Dichos hechos vislumbran la falta de capacidad económica y financiera de los proveedores para realizar las operaciones facturadas, lo que se suma a la declaración de los involucrados.
Que respecto de los créditos fiscales computados de los proveedores Méndez Alejandro Guzmán y Tezzoto Daniel Carlos, cabe señalar que los mismos fueron impugnados por el ente fiscal debido a que ninguna de las partes aportó los comprobantes que respalden las operaciones, no pudiendo éstos ser obtenidas en la circularización puesto a que los citados contribuyentes no fueron ser localizados.
Que los Sres. Molina Carlos Humberto, Succar Alberto Daniel Antonio, Peralta Osvaldo Sergio, Guglemi Leandro, Autotransportes Andesmar, AMX Argentina S.A., M.H S.R.L., Pinweb S.R.L., Distel Comunicaciones S.R.L., Apolo Sur S.A., informaron y declararon menos operaciones que las registradas por la sociedad de autos, por lo que el Fisco Nacional sólo consideró computables los comprobantes relevados por estos proveedores, impugnando en consecuencia el resto de los créditos fiscales registrados en el libro IVA Compras, ya que la actora no demostró la existencia de los mismos.
Que finalmente las operaciones con los proveedores Inostroza Néstor Mario, Bruno Jesús Luis, Garat Juan Carlos, Romero Stella Maris, Fernández Juan Andrés, García Susana Esther, Mell-Com S.R.L., González Adrián Teodoro, Benites Esteban Iván, fueron impugnadas en virtud de que los mismos carecen de una estructura comercial y económica para efectuar dichas actividades.
Que frente a esta circunstancia, la actora sostiene en su defensa que las facturas que instrumentan las operaciones cumplen con las disposiciones vigentes y que ninguna norma impone a su cargo el deber de constatar el cumplimiento que el proveedor de a sus obligaciones fiscales.
Que dichos argumentos se refieren a aspectos formales, al hacer referencia únicamente a las facturas y a los comprobantes que verifican la validez de las mismas, extremos que por sí solos no logran demostrar la realidad de las operaciones contenidas en dicha facturación, al no acreditar que las prestaciones de servicio hayan sido reales y efectuadas por los proveedores cuestionados en autos.
Que asimismo cabe señalar que los agravios vertidos por la recurrente deben ser rechazados en virtud de que la circunstancia descripta no implica que los proveedores cuestionados posean capacidad operativa para comerciar; es decir, la sola inclusión en la base apoc por sí misma no constituye el motivo del cuestionamiento de la validez de su facturación, sino que a ello se le debe agregar las restantes constataciones efectuadas por el personal fiscalizador. En consecuencia, no resulta suficiente el cumplimiento de los recaudos formales sino que también es necesario la consumación del aspecto material referido a la existencia de las operaciones. (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Que no debe ignorarse el caso de los proveedores Kugler Juan Ricardo, Cosmo S.A., Parisi Juan Alberto, Inostroza Néstor Mario, Bauza Silvio Orlando, SMYK S.A., Concusof S.R.L., Pappatico Jose Pappatico Domingo y Pappatico Ruben , los cuales se encontraban inscriptos en actividades de distinta naturaleza a las facturadas, por lo que la discordancia entre la naturaleza de la actividad declarada y los servicios facturados constituye una anomalía que demuestra la falta de veracidad de las operaciones aquí cuestionadas.
Que en este sentido es importante mencionar que los contratos aportados por la recurrente en etapa de fiscalización a los fines de justificar el vínculo comercial que poseía con los proveedores impugnados carecen de validez ya que los mismos no se encuentran certificados, algunos no poseen firma, entre otros defectos que presentan. Incluso es la propia actora quien es su escrito recursivo manifiesta que no cumple con todas las cláusulas que se desprenden de ellos.
Que en efecto, con los elementos colectados por la inspección ha quedado demostrado que los proveedores mencionados no tenían la capacidad operativa para desarrollar las operaciones supuestamente facturadas, al carecer de personal en relación de dependencia, bienes registrables, cuentas bancarias para recepcionar los pagos. En esta línea de pensamiento, cabe resaltar que tanto la prueba pericial contable obrante a fs. 590/595 como la pericial económica a fs. 605/627 vta. no justifican la operatoria impugnada, sino que describen de manera detallada la tarea efectuada por la empresa y su negocio.
Que asimismo, tampoco se pudo obtener información por medio de las otras pruebas ofrecidas, ya que la pericial contable e informativas ordenadas en los expedientes Nº 48.010-I, 48.011-I, 48.032-I y 48.033-I, se las consideró decaídas a fs. 1654 ante la falta de interés de los actores en producirlas.
Que por lo tanto, teniendo en cuenta la prueba colectada y los antecedentes administrativos, cabe concluir que la recurrente no aportó elementos de convicción que permitan descalificar las objeciones realizadas por el Fisco Nacional con relación a los proveedores impugnados, en particular respecto a la falta de capacidad económica y operativa constatada. Dicha convicción conduce a sostener que los contribuyentes bajo análisis no resultaban hábiles para ser generadores de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado en manos de Vecom Comercializadora S.A.
Que respecto al ajuste propuesto en el Impuesto a las Ganancias, de la resolución 13/2016 (fs. 763) se desprende que el Fisco Nacional consideró procedente computar como gastos en cada periodo fiscal el monto que surge de aplicar el porcentaje convenido de comisiones sobre el total de las facturas de venta de tarjetas prepagas e impugnar el excedente registrado en tal concepto.
Que por lo tanto y en virtud de los argumentos esgrimidos con anterioridad, resulta adecuado el criterio fiscal plasmado en los actos recurridos en autos.
IX. Que respecto de los responsables solidarios, cabe resolver si las resoluciones 242/2017, 243/2017 244/2017 y 245/2017se ajustan a derecho, analizando la procedencia de la extensión de responsabilidad de los Sres. Yaciofano Arturo Antonio y Moya Pablo Maximiliano por el incumplimiento de Vecom Comercializadora S.A. en el pago de su deuda tributaria en el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias.
Que el artículo 8° en su inciso a) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.) establece -en su parte pertinente- que: “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco (5) incisos del art. 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17. No existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.”
A lo que cabe agregar que el art. 17 de la ley de procedimiento fiscal dispone que en todos los casos en que pretenda hacerse efectiva la responsabilidad solidaria, deberá sustanciarse el procedimiento de determinación de oficio reglado en dicho artículo.
Que la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal señala en el fallo Citroni, René Nerio (TF 28.112-I) c/DGI de fecha 16/04/2013, que la responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por el organismo recaudador; es decir que la falta de cumplimiento por parte del deudor principal a la intimación es el hecho que habilita al Fisco Nacional a extender la responsabilidad al solidario. La determinación de oficio cumplida respecto de aquel a quien se quiere hacer efectiva la responsabilidad solidaria solo se puede dictar una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal: solamente a su expiración se podrá tener por configurado el incumplimiento del deudor principal que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad al responsable por deuda ajena, sin que se advierta obstáculo legal alguno para que el Fisco comience el procedimiento de determinación de oficio con el objeto de verificar la eventual responsabilidad solidaria, aun antes de intimar de pago al deudor principal.
Que ello así, cabe resaltar que el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen toda vez que la resoluciones 242/2017, 243/2017, 244/217 y 245/2017, de fecha 28 de abril de 2017 determinaron la materia imponible en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos julio 2009 a mayo 2012 y el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2010 y 2011 del deudor principal, “Vecom Comercializadora S.A.”, las cuales fueron notificadas el 8 de mayo de dicho año (fs. 234 antecedentes administrativos Expte Nº 48.010-I.). Mientras que las resoluciones 12/2016 y 13/2016 se dictaron el 12 de febrero de 2016 y fueron notificadas el 17 de febrero, habiéndose iniciado la inspección el 7 de octubre de 2015, notificada el día siguiente (fs. 29 y 130 de los antecedentes administrativos Expte Nº 48.010-I) por lo que la intimación de pago al deudor principal fue previa a la efectuada a los responsables solidarios. Que asimismo, respecto al agravio esgrimido por los recurrentes al manifestar la improcedencia del ajuste fiscal toda vez que la deuda principal se encuentra en discusión ante este Tribunal; es preciso mencionar el criterio del Máximo Tribunal en la causa “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) el DGI” de fecha 11/02/2014 al señalar que “la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769).”. Por lo tanto, no corresponde hacer lugar al planteo bajo trato.
Que a fs. 25/35 obra el estatuto de la firma Vecom Comercializadora S.A del cual surge el carácter de accionistas de los Sres. Pablo Maximiliano Moya y Yaciofano Arturo Antonio.
Que del artículo undécimo del mismo (fs. 31) se desprende que la administración de la sociedad estará a cargo del Directorio, quien en su primer reunión designará a un presidente y vicepresidente, actuando este último solo en los casos de ausencia o impedimento del primero.
Que el Sr. Yaciófano Arturo Antonio ejerció durante los meses julio 2009 a marzo 2011 el cargo de Presidente de Directorio y de abril 2011 a mayo 2012 el de vicepresidente. Mientras que el Sr. Moya ocupó durante el periodo comprendido entre los meses julio 2009 a marzo 2011 el cargo de vicepresidente de la firma y de abril 2011 a mayo 2012 el de presidente del Directorio, conforme obra en las actas de Asamblea que lucen en los antecedentes administrativos (fs. 212 Cuerpo Nº2 Impuesto a las Ganancias Expte Nº 46.307-I).
Que de las manifestaciones efectuadas por el Fisco Nacional a fs. 1562/1562 vta. surge que el Sr. Yaciófano durante su vicepresidencia presentó declaraciones juradas y a su vez intervino en las actuaciones, notificándose de ajustes y liquidaciones impositivas proyectadas, solicitando ante la administración ampliación de plazos, vista de las actuaciones y aportando documentación referente de los proveedores.
Asimismo en las bases de datos del organismo fiscal obra que el Sr. Moya se registra como administrador de las claves fiscales del deudor principal y es cotitular y/o persona con firma autorizada para el manejo de las cuentas bancarias registradas a nombre de Vecom Comercializadora S.A., cuyos saldos mensuales resultan superiores a las obligaciones tributarias reclamadas.
Que por lo tanto, resulta adecuado el criterio fiscal para establecer la responsabilidad solidaria de los actores.
X. Que sin perjuicio de lo desarrollado en los considerandos anteriores, durante la etapa de alegatos Vecom Comercializadora S.A. informa que se acogió a los beneficios dispuestos por la ley 27.613 denominada “Incentivo a la Construcción Federal Argentina y acceso a la vivienda”, acompañando a fs. 1699/1702 los Formularios Nº 408 NM de “allanamiento” por los impuestos al Valor Agregado y Ganancias reclamados por el Fisco Nacional y los respectivos comprobantes de pago del impuesto especial a fs. 1703/1709. En virtud de ello, expone que los montos exteriorizados son suficientes para cubrir el monto de las obligaciones apeladas. Que en efecto, luego de las prórrogas solicitadas a fs. 1725/1730 y 1734/1737 el Fisco Nacional contesta el traslado conferido a fs. 1710. Señala que la actora no posee juicios en trámite, finalizados ni paralizados, aunque si dispone de dos causas penales: Nº 6265/2016 caratulada “Yaciófano Arturo y/o otros s/ infracción ley 24.769 querellante AFIP-DGI en trámite ante el Juzgado Federal de Mendoza y Nº 32019523/10E caratulada “Yaciófano Arturo s/ av infracción ley 24.769 en trámite ante el mismo juzgado la cual se encuentra finalizada el 02/02/2017 por extensión de la acción por pago de la pretensión fiscal- art.54 ley 27.260. Asimismo manifiesta que no importa la aceptación del acogimiento formulado por la actora en los términos de la ley 27.613, ni el reconocimiento del derecho del solicitante a gozar de los beneficios establecidos por esta, asi como las normas complementarias y reglamentarias dictadas en relación a la misma; situaciones que serán discernidas por el área competente para la recepción o trámite del referido acogimiento. Finalmente respecto de los pagos realizados por la recurrente a fs. 1703/1709 destaca que la dependencia Agencia Sede Mendoza Nº2 verificó su veracidad por lo que procede a acompañar el listado y detalle de los mismos a fs. 1736/1736 vta. XI.- Que teniendo en cuenta las presentaciones efectuadas por las partes, en la PV-2023-108663467-APN- VOCXII#TFN (fs. 1738) se intimó al Fisco Nacional a que manifieste si presta conformidad frente al desistimiento formulado por la recurrente a fs. 1697/1709 y a la actora a que informe con carácter de declaración jurada sobre las causales de exclusión dispuestas en los artículos 16 y 15 inc. c) y d) de la ley 27.613 y que se expidiera respecto de la condición prevista en el artículo 17 de la citada norma.
Que a fs. 1740/1755 la recurrente manifiesta, con carácter de declaración jurada que no se encuentra comprendida en las causales de exclusión previstas en los artículos 16 y 15 inc. c) y d) de la ley 27.613.Al mismo tiempo manifiesta, en los términos del artículo 17 de la mencionada norma, la expresa renuncia a la promoción de cualquier procedimiento judicial o administrativo para reclamar con fines impositivos la aplicación de los procedimientos de actualización de cualquier naturaleza.
Que luego de las prórrogas solicitadas, el organismo recaudador se manifestó a fs. 1777/1779 reiterando los fundamentos ya expuestos a fs. 1725/1730 y 1734/1737.
XII. Que por lo tanto, en el caso a resolver se encuentra involucrado un reclamo de impuesto más sus intereses resarcitorios, y tal como surge del detalle que acompañó la actora, Vecom Comercializadora S.A. se acogió al régimen de exteriorización de moneda nacional y/o extranjera que concede beneficios fiscales, ellos dispuestos en la ley 27.613. En consecuencia, resta evaluar, el planteo de allanamiento y desistimiento formulado por la sociedad de autos.
Que con carácter previo entiendo necesario describir el contexto normativo que posee el caso de marras. Que la citada ley implementó el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, destinado a promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios realizados en el territorio de la República Argentina.
Que el artículo 6º de la mencionada norma dispuso que las personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos establecidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), residentes en la República Argentina, podrán declarar de manera voluntaria ante la A.F.I.P, la tenencia de moneda extranjera y/o moneda nacional en el país y en el exterior, en las condiciones previstas dentro de un plazo que se extenderá desde la fecha de entrada en vigencia de la ley (12/03/2021) hasta ciento veinte (120) días corridos (julio 2021) posteriores, ambas fechas inclusive.
Dicho período fue ampliado por la ley 27.679, la cual restableció el régimen desde la fecha de entrada en vigencia de la citada norma (22/08/2022) hasta trescientos sesenta (360) días corridos (17/08/2023).
Que el artículo 7º de la ley 27.613 señala que los fondos declarados deberán depositarse en una Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina en algunas de las entidades comprendidas en el régimen de la ley 21.526 y sus modificaciones, en la forma y en los plazos que establezca la A.F.I.P y el Banco Central de la República Argentina.
Asimismo establece que dichos fondos podrán afectarse, únicamente, al desarrollo o la inversión en los proyectos inmobiliarios en la República Argentina, pudiendo ser transitoriamente aplicados a la compra de títulos públicos nacionales, e inmediatamente invertidos en los destinos mencionados.
Que el artículo s/n incorporado a continuación del art. 1º de la ley 27.679 amplía el destino de los fondos declarados a inmuebles usados, no resultando aplicables al presente caso.
Que en tal sentido, el artículo 2º de la ley 26.713 define el término proyectos inmobiliarios entendiendo a los mismos como aquellas obras privadas nuevas que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la presente ley (construcciones, ampliaciones, instalaciones, entre otras) y que, de acuerdo con los códigos de edificación o disposiciones semejantes, se encuentren sujetos a denuncia, autorización o aprobación por autoridad competente. Quedan comprendidas dentro de ésta definición aquellas que a la fecha de entrada en vigencia de la norma posean un grado de avance inferior al cincuenta por ciento (50%) de la finalización de la obra.
Que el artículo 9 estableció un impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial, conforme las alícuotas allí dispuestas. Que en virtud de ello, el artículo 10 destaca que la falta de pago del tributo especial dentro de los plazos fijados, privará al sujeto que realiza la declaración voluntaria de la totalidad de los beneficios aquí previstos. Que respecto de éstos últimos el artículo 11 detalla los mismos indicando que por los montos declarados los solicitantes: a) no estarán sujetos a lo dispuesto en el inciso f) del artículo 18 de la ley 11.683, (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), respecto de las tenencias exteriorizadas; b) quedan liberados de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder y c) quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, de acuerdo con las siguientes disposiciones: i) Impuestos a las ganancias, a las salidas no documentadas conforme al artículo 40 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas y sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias: respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, el importe equivalente en moneda nacional de la tenencia de moneda extranjera y/o moneda nacional, que se declara voluntariamente; ii) Impuestos internos y al valor agregado: el monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en moneda nacional de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de operaciones declaradas -o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada- por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar; iii) Impuesto sobre los bienes personales y de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas: respecto del impuesto originado por el incremento de los bienes sujetos al impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en moneda nacional a las tenencias declaradas voluntariamente y iv) Impuesto a las ganancias por las ganancias netas no declaradas: en su equivalente en moneda nacional, obtenidas en el exterior, correspondiente a las tenencias que se declaran voluntariamente.
Sin embargo dichos beneficios podrán ser gozados siempre y cuando los contribuyentes no se encuentren alcanzados por las exclusiones previstas en los artículos 15 y 16.
Que no obstante ello cabe destacar que el artículo 17 establece que los sujetos que se acojan al régimen deberán previamente renunciar a la promoción de cualquier procedimiento judicial o administrativo para reclamar con fines impositivos la aplicación de procedimientos de actualización de cualquier naturaleza. Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley ya hubieran promovido tales procesos, como así cualquier otro de naturaleza tributaria, deberán desistir de las acciones y derechos allí invocados.
XIII. Que por lo tanto, habiendo expuesto algunos elementos marco-referenciales, cabe evaluar el caso de marras.
Que a fs. 1697/1698 Vecom Comercializadora S.A. informa se acogió a los beneficios dispuestos en la ley 27.613, acompañando a fs. 1699/1702 los Formularios Nº 408 NM, a fs. 1702vta/1703 la declaración jurada de normalización de la tenencia de moneda en los términos de la citada norma y a fs. 1703 vta. /1709 los respectivos comprobantes de pago del impuesto especial. Dichas presentaciones fueron efectuadas el 09/03/2023 por lo que en principio y en los términos de la ley 27.679 la recurrente se encontraría alcanzada por los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda.
Que si bien a fs. 1703 surge que la recurrente depositó el dinero exteriorizado ($78.000.000) en la cuenta especial del Banco Macro (CBU finalizado 8058) y abonó el tributo especial conforme obra a fs. 1704/1709, lo cierto es que de las contestaciones efectuadas por el Fisco Nacional a fs. 1725/1730 y 1777/1779 no surge si dicho CBU pertenece a una Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina en algunas de las entidades comprendidas en el régimen de la ley 21.526, tal como establece la ley 27.613 en su artículo 7. En este sentido advierto que la verificación de ello conlleva, en principio, que el organismo recaudador consulte en sus base de datos o en las dependencias o jefaturas correspondientes o que efectué un proceso de circularización a la mencionada entidad bancaria a los fines de que se informe el destino y clase de la mencionada cuenta, encontrándose ello sujeto a la evaluación que luego realice el Fisco Nacional.
Por dichos motivo comparto, la conducta del Fisco Nacional al manifestar en sus presentaciones que “no importa aceptación del acogimiento ni reconocimiento del derecho del solicitante a gozar de los beneficios establecidos en la ley 27.613 ni el reconocimiento del derecho de la solicitante a gozar de los beneficios establecidos por esta, así como las normas complementarias y reglamentadas dictadas en relación a la misma; situaciones éstas que serán discernidas por el área competente para la recepción y trámite del referido acogimiento”.
Asimismo el artículo 7º señala que el dinero exteriorizado podrá ser aplicado únicamente al desarrollo o inversión de proyectos inmobiliarios, existiendo la posibilidad de destinar transitoriamente dicho capital a la compra de títulos públicos nacionales e inmediatamente invertidos en los destinos mencionados. La ley 27.679 amplía las posibilidades de aplicación de dicho blanqueo indicando que el dinero también puede ser utilizado en la adquisición de un inmueble usado que sea afectado a la casa habitación o a la locación de casa habitación por un plazo no inferior a los 10 años.
Que en lo que aquí respecta, cabe señalar que la normativa aplicable no establece un periodo en el cual las obras efectuadas deben estar finalizadas, o si durante el transcurso del mismo el contribuyente debe informar el grado de avance de la obra y las tareas que va realizando. Tampoco indica qué sucede si se cumple de manera parcial con dichos requisitos.
Dicho contexto de incertidumbre en el cumplimiento del régimen muestra la flexibilidad que permite la norma para efectuar su proyecto inmobiliario y la consecuente evaluación que debe realizar a futuro el organismo fiscal a los fines de verificar si las condiciones fueron cumplidas. Todo ello prueba la imposibilidad de expedirse en esta oportunidad sobre los beneficios que le cabe a la actora.
Que respecto de las exclusiones detalladas en el artículo 16 y 15 de la ley 27.613 cabe señalar que a fs. 1777/1779 el Fisco Nacional informa que la actora no posee juicios en trámite, finalizados ni paralizados, aunque si dispone de dos causas penales: Nº 6265/2016 caratulada “Yaciófano Arturo y/o otros s/ infracción ley 24.769 querellante AFIP-DGI en trámite ante el Juzgado Federal de Mendoza y Nº 32019523/10E caratulada “Yaciófano Arturo s/ av infracción ley 24.769 en trámite ante el mismo juzgado la cual se encuentra finalizada el 02/02/2017 por extensión de la acción por pago de la pretensión fiscal- art.54 ley 27.260, siendo dichos elementos los únicos dispone en sus bases de datos, no pudiendo referirse al resto de las causales de exclusión previstas en el artículo 15 inc. c) y d) y 16 de la ley 27.613.
Que a fs. 1740 el recurrente informa con carácter de declaración jurada que no se encuentra alcanzado por las causales de exclusión previstas en los incisos c) y d) del artículo 15 y 16 de la citada norma. Asimismo renuncia a la promoción de cualquier procedimiento judicial o administrativo para reclamar con fines impositivos la aplicación de procedimientos de actualización de cualquier naturaleza. Respecto los tributarios lo manifestó mediante los Formularios Nº 408 NM.
Que por lo tanto, encontrándose a fs. 1699/1702 acreditada la presentación de los Formularios F. 408/NM acompañado los respectivos comprobantes de pago a fs. 1703vta /1709, habiendo el Fisco Nacional confirmado la recepción de los mismos, y toda vez que la recurrente no se encuentra alcanzada por las causales de exclusión previstas en los artículos 15 y 16, y renunció en los términos del artículo 17 a cualquier procedimiento judicial o administrativo para reclamar con fines impositivos la aplicación de procedimientos de actualización de cualquier naturaleza, corresponde tener a Vecom Comercializadora S.A. por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición en la presente causa, con costas -conforme lo establecido por el artículo 17 de la ley 27.613, todo ello sujeto a la verificación que posteriormente realice el organismo fiscal al momento de aplicar las condiciones previstas en la normativa aplicable.
En consecuencia, declárese abstracto los recursos presentados por los Sres. Yaciófano Arturo Antonio y Pablo Maximiliano Moya, respecto de su responsabilidad solidaria, con costas por su orden.
La Dra. Gómez dijo:
I. Cabe señalar que en virtud de la invariable jurisprudencia de esta Corte, según la cual sus sentencias deben atender a la situación existente al momento de decidir (Fallos: 311:870; 314:568; 315:2684; 318:342, entre muchos otros), con lo cual corresponde expedirse sobre el desistimiento formulado por Vecom Comercializadora S.A. de acuerdo a las disposiciones de la Ley 27.613.
Ello así, atento lo expresamente manifestando por ésta, la presentación de los F408 NM (vide IF-2023- 33684510-APN-DTD#JGM y también el IF-2023-110770904-APN-DTD#JGM e IF-2023-110771134-APN- DTD#JGM) y lo expuesto por el Fisco Nacional en los escritos identificados como RE-2023-66585640-APN- DTD#JGM, RE-2023-9228631-APN-DTD#JGM y RE-2023-129015975-APN-DTD#JGM más la documentación obrante en el RE-2023-92228814-APN-DTD#JGM, corresponde tener a Vecom Comercializadora S.A. por desistida de la acción y el derecho, incluso el de repetición en los términos de la Ley 27.613, con costas.
II. Que en lo que se refiere a la atribución de responsabilidad solidaria a los Sres. Arturo Antonio Yaciófano y Pablo Maximiliano Moya y teniendo en cuenta lo expuesto en el punto anterior, corresponde declarar abstracto sendos recursos de apelación; señalando que la forma en que se decide, configura una causal suficiente y razonable para el apartamiento del principio objetivo de la derrota, debiéndose imponer las costas por su orden conforme lo sostuviera la Sala I de la Alzada in re “Buchanan, Tomás Eduardo” del 23 de diciembre de 2021, al confirmar el criterio de esta esta Sala “D” del 6 de marzo de 2019.
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Gómez.
Que del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Tener a Vecom Comercializadora S.A. por desistida de la acción y el derecho, incluso el de repetición en los términos de la ley 27.613, con costas.
2. Declarar abstracto los recursos presentados por Yaciófano Arturo Antonio y Pablo Maximiliano Moya, respecto de su responsabilidad solidaria, con costas por su orden.
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado en la suma de $ 6.557.468 (Pesos seis millones quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y ocho) equivalente a 214,56 (214 con 56/100) UMA y para la representación procesal, la suma de $ 2.622.987 (Pesos dos millones seiscientos veintidós mil novecientos ochenta y siete) equivalente a 85,83 ( ochenta y cinco con 83/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de Vecom Comercializadora S.A., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, art. 6 inc. b) de la ley 27.653 y la Acordada N° 30/23 (11/10/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
4. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 5.220.446 (Pesos cinco millones doscientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y seis ) por el patrocinio letrado y $ 2.088.178 (Pesos dos millones ochenta y ocho mil ciento setenta y ocho) por la representación procesal los que quedan a cargo de Vecom Comercializadora S.A, teniendo en cuenta a tal fin el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada por los profesionales intervinientes en autos en las dos etapas en conformidad con las pautas establecidas en la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
5. Regular los honorarios del Dr. Rafael De Luca, por su actuación como perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $ 2.135.637 (Pesos dos millones ciento treinta y cinco mil seiscientos treinta y siete), los que quedan a cargo de Vecom Comercializadora S.A., teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por el mismo en las etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
6. Regular los honorarios del Dr. Marcos Daniel, por su actuación como perito económico designado a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $ 2.135.637 (Pesos dos millones ciento treinta y cinco mil seiscientos treinta y siete), los que quedan a cargo de Vecom Comercializadora S.A., teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por el mismo en las etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos al Organismo Fiscal y archívese. – Date: 2024.02.07 14:37:22 -03:00 Date: 2024.02.07 14:48:35 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.07 16:33:51 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.07 16:33:52 -03:00
Fin de la sentencia