Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar condonadas las multas aplicadas en la Resolución N° 191882-2, por los períodos fiscales febrero de 2009, únicamente en relación a la suma cancelada de $104.997,78, y mayo y junio de 2009 y en la Resolución N° 209526-2 por los períodos fiscales julio, septiembre y octubre de 2009, conforme lo dispuesto por la ley 27.260 y sus reglam., con costas por su orden.
2Confirmar la multa aplicada en la Resolución N° 209526-2 por el período fiscal mayo de 2008, y la multa aplicada en la Resolución N° 191882-2, por los períodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre de 2008 y enero y febrero del 2009, este último en relación a la suma de $60.000, con costas.
3Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Vecom Comercializadora S.A., por la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida, teniendo en consideración el monto del litigio, el resultado obtenido en el punto 2) y demás pautas dispuestas por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, a. Por su actuación en el Expediente N° 35.469-I, en las sumas de $40.297 por la representación procesal y $61.995 por el patrocinio letrado.
B. Por su actuación en el Expediente N° 45.144-I, en las sumas de $40.297 por la representación procesal y $61.995 por el patrocinio letrado.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-121306444-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 31 de Octubre de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 35.469-I (y su acum. N° 45.144-I) caratulado “Vecom Comercializadora S.A.”
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Vecom Comercializadora S.A. interpone el recurso de apelación que establece el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 209526-2 y 191882-2, dictadas en la Dirección Regional Mendoza de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en las que se le aplicaron dos multas de $52.908,48 y $1.000.158,72, respectivamente, imputándole la omisión en las declaraciones juradas en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales mayo 2008 y julio, septiembre y octubre de 2009, por un lado, y julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2008 y enero, febrero, mayo y junio de 2009.
En ambos casos, las sanciones corresponden a la defraudación tipificada en el art. 46 de la ley 11.683, y se presume el dolo en la conducta de Vecom Comercializadora S.A. por aplicación del art. 47, inc. a) y c) de la misma ley. En sus presentaciones ante este Tribunal, sostiene que para que la conducta configure defraudación debe ser acompañada del propósito de dañar y que no basta solamente con su comprobación objetiva. Agrega que, por el tipo de conducta punible, es necesario que no haya ninguna duda respecto de su comisión ni de la intención con la cual se cometió. Destaca que en el caso, se observaron operaciones con proveedores aun cuando había hecho todos los controles que las normas le imponían, como constatar su inscripción y verificar la vigencia del CAI, y que por ello no se podían tildar de apócrifas a las facturas ya que respondían a servicios que incorporó a su proceso económico.
Por ello, pide que se dejen sin efecto las sanciones y, eventualmente, que se reencuadre su conducta en la figura de omisión del art. 45 de la ley. II. A fs. 61/77 y fs.187/197 contesta el traslado de los recursos el Fisco Nacional, solicitando por las mismas razones esgrimidas por el juez administrativo, que se confirmen las multas aplicadas en las Resoluciones, con costas.
III. A fs. 105 y 203 se le requirió al Fisco Nacional que informara si las multas se encontraban alcanzadas por el beneficio de condonación establecido en la ley 27.260, obrando su respuesta a fs. 131 y fs. 224/225, respectivamente. Informa allí la representación fiscal que no corresponde la condonación de las multas por las obligaciones de los períodos fiscales mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2008 porque fueron canceladas por compensación con saldos a favor declarados en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2010.
Agrega que dicha declaración jurada fue impugnada, mediante la Resolución N° 13/2016 (DV RRME), por lo que devinieron inexistentes los saldos a favor con los cuales Vecom Comercializadora S.A pretendió cancelar sus obligaciones del impuesto al valor agregado. Informa, además, que dicho acto fue apelado por el contribuyente ante este Tribunal (Expte. N° 46.307-I, acum. al N° 46.304-I).
Respecto del período fiscal febrero de 2009 informó que una parte -$60.000- fue compensada también con el saldo de la misma declaración jurada, y que $104.997,78 fue regularizado en un plan de pagos que al 22 de julio de 2016 estaba cancelado.
Del mismo modo, informó la regularización de los períodos fiscales mayo y junio de 2009 en el mismo plan de pagos y su cancelación a la misma fecha, que es la de la sanción de la ley 27.260 (BO 22/7/2016).
En atención a la sentencia dictada por esta Sala en el Expte. N° 46.304-I y sus acum., a fs. 250 y 261 se solicitó nuevamente a las partes que informaran si las obligaciones que dieron lugar a las multas recurridas, además de las regularizadas según la información dada a fs. 224/225 se habían cancelado, solicitud que fue respondida por el Fisco Nacional a fs. 263/266.
Allí indicó que las obligaciones respecto de los períodos fiscales mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2008, enero de 2009 y febrero de 2009 por la suma de $60.000 se encuentran impagas.
A fs. 246 obra la acumulación del Expte. N° 45.144-I al 35.469-I.
Como no habían pruebas ofrecidas a producir, por proveído del 13 de septiembre de 2024 se elevaron los autos a consideración de la Sala y a fs. 270 quedaron en estado de dictarse la sentencia.
IV. Con dicho propósito, debe tenerse en cuenta que no se encuentra en discusión que la empresa rectificó las declaraciones juradas objetadas del impuesto al valor agregado que dieron lugar a las sanciones recurridas en este Expediente detrayendo de ellas el crédito fiscal computado por las operaciones observadas con proveedores calificados de apócrifos. Así se desprende de los Considerandos de los citados actos administrativos.
i. Por su parte, a fs. 127, 225 y 265, surge que las obligaciones correspondientes a los períodos fiscales febrero, únicamente por la suma de $104.997,78, mayo, junio de 2009 (según la Resolución N° 191882-2), julio, septiembre y octubre de 2009 (según la Resolución N° 209526-2) fueron regularizadas en el plan de facilidades de pago N° D793964, consolidado el 4 de noviembre de 2011, que fue cancelado antes del 22 de julio de 2016, fecha de sanción de la ley 27.260.
Por ello, respecto a tales períodos y parcialmente por febrero de 2009, corresponde declarar condonadas las multas, en los términos del art. 55 y del art. 56 de dicha norma.
Las costas, conforme a las normas de régimen, se imponen por su orden. Además, es jurisprudencia de este Tribunal que en estos supuestos no hay parte vencida.
ii. Respecto de las restantes posiciones que integran las multas aplicadas en las Resoluciones, debe decirse que por sentencia dictada por esta Sala el 7 de febrero 2024 en el Expediente N° 46.304-I y sus acumulados Nros. 46.307-I, 48.010-I, 48.011-I, 48.032-I y 48.033-I, también caratulada “Vecom Comercializadora S.A. s/recurso de apelación”, se tuvo a la recurrente por desistida de la acción y el derecho en los términos de la ley 27.613 –Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda- del recurso de apelación que había deducido contra la Resolución N° 13/2016, determinativa del impuesto a las ganancias del período fiscal 2010 y 2011.
Cabe recordar aquí que el saldo a favor que arrojó dicha declaración había sido utilizado por la empresa para compensar las obligaciones del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2008 y enero, febrero de 2009 (éste último solo por $60.000).
Por ende, dichas obligaciones no fueron regularizadas ni en dicho régimen ni en ningún otro y tampoco quedaron alcanzadas por posibles beneficios que sólo alcanzan a la parte normalizada. Asiste razón entonces a la representación fiscal cuando alega que al impugnarse el saldo a favor que se utilizó en la compensación, las obligaciones que dieron lugar a las multas quedaron impagas. Así surge, además, de lo que informara a requerimiento de la Vocalía Instructora a fs. 263/266.
V. Corresponde entonces expedirse sobre la legitimidad de las multas aplicadas en el impuesto al valor agregado, de los períodos fiscales mayo 2008 – correspondiente a la Resolución N° 209526-2-, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre de 2008 y enero y febrero del 2009 -este último en forma parcial por la suma de $60.000-, correspondientes a la Resolución N° 191882-2.
Para ello, debe estarse a los agravios formulados en los recursos de apelación.
Allí Vecom Comercializadora S.A. se explaya genéricamente sobre las facturas que fueron calificadas como apócrifas, citando jurisprudencia y doctrina sobre la materia, e insiste en la veracidad de las operaciones efectuadas con los proveedores objetados, pero sin particularizar su defensa en la situación de cada uno de ellos. No se encuentra en discusión que en el proceso de fiscalización aceptó la pretensión fiscal y rectificó las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado en las que incluyó los créditos fiscales tildados de apócrifos.
Ello, a falta de otros elementos y pruebas, basta para tener por configurado el elemento objetivo del tipo reglado en el art. 46 de la ley 11.683 que castiga, precisamente, la presentación de declaraciones juradas inexactas por haber computado créditos fiscales de operaciones cuya existencia no pudo acreditar.
Respecto al elemento subjetivo, recaía sobre la recurrente probar en contra de su culpabilidad que el juez administrativo presumió por aplicación de los incs. a) y c) del art. 47 de la ley 11.683; sin embargo, en sus presentaciones ante esta instancia se limitó a afirmar que las declaraciones juradas rectificativas tuvieron lugar antes de que se le corriera la vista de los ajustes -art. 17-, deduciendo de ello que su conducta fue voluntaria. De las actuaciones administrativas, por el contrario, surge que las declaraciones juradas fueron presentadas durante y a instancia del procedimiento de fiscalización, quedando sin sustento el agravio que formula al respecto.
Además, aunque facultada para hacerlo, Vecom Comercializadora S.A. no ofreció en esta instancia ninguna prueba tendiente a probar en concreto sobre la ausencia de obrar doloso que alega, ni tampoco probó en contrario de las presunciones de dolo aplicadas por el juez administrativo.
Si bien es cierto que no es la mera presentación de declaraciones juradas rectificativas lo que sanciona la norma, ni tampoco las diferencias numéricas que éstas puedan arrojar, conforme a lo manifestado en más de una oportunidad por la Cámara (conf. “Laboratorio Pyam S.A.”, del 28/3/2005, entre muchos otros), en el caso la propia conducta de Vecom Comercializadora S.A. que rectificó no espontáneamente sino a instancias de la fiscalización sus declaraciones juradas originales, sumado a que no invocó, menos aún probó, otras circunstancias excepcionales que debidamente justificadas pudieren atenuar o inclusive eliminar la imputación infraccional, llevan a este Tribunal a confirmarla (conf. “Importaciones Alfatex S.A.”, del 9/5/02, entre otros).
Por otro lado, las inexactitudes constatadas por la fiscalización y reconocidas por la propia recurrente hubieran pasado inadvertidas si el organismo recaudador no hubiese ejercido sus facultades de verificación, lo que elimina la voluntariedad en el cumplimiento que invoca para que se recalifique su conducta en la figura más leve del art. 45 de la ley 11.683. Es que, como en más de una oportunidad dijo la Cámara, “… estas conductas exceden, a todas luces, la tipificación culposa del art. 45 y trascienden al campo defraudatorio del art. 46 en tanto se sustentan en la utilización de facturas apócrifas (cfr. esta Sala, causa Nº 13.068/2010, in re "Ambulancias Privadas Argentinas SA (TF 20638- 1) C / DGI", del 23/02/11; esta Cámara, Sala IV, causa Nº 7.094/2011, "Gramont SA (TF 25880-I) c/DGI", del 29/11/11)”. Por lo expresado, no existe razón para dejar sin efecto la pena que según la ley es la que corresponde a dicha conducta que es la prevista en el art. 46 de la ley 11.683, por lo que corresponde confirmar las multas aplicadas en el impuesto al valor agregado, de los períodos fiscales mayo 2008 – correspondiente a la Resolución N° 209526-2-, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre de 2008 y enero y febrero del 2009 -este último por la suma de $60.000-, correspondientes a la Resolución N° 191882-2, con costas.
El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
En atención a la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar condonadas las multas aplicadas en la Resolución N° 191882-2, por los períodos fiscales febrero de 2009, únicamente en relación a la suma cancelada de $104.997,78, y mayo y junio de 2009 y en la Resolución N° 209526-2 por los períodos fiscales julio, septiembre y octubre de 2009, conforme lo dispuesto por la ley 27.260 y sus reglam., con costas por su orden.
2. Confirmar la multa aplicada en la Resolución N° 209526-2 por el período fiscal mayo de 2008, y la multa aplicada en la Resolución N° 191882-2, por los períodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre de 2008 y enero y febrero del 2009, este último en relación a la suma de $60.000, con costas.
3. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Vecom Comercializadora S.A., por la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida, teniendo en consideración el monto del litigio, el resultado obtenido en el punto 2) y demás pautas dispuestas por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, a. Por su actuación en el Expediente N° 35.469-I, en las sumas de $40.297 por la representación procesal y $61.995 por el patrocinio letrado.
b. Por su actuación en el Expediente N° 45.144-I, en las sumas de $40.297 por la representación procesal y $61.995 por el patrocinio letrado.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse las actuaciones administrativas, y archívese.
Date: 2025.10.30 16:25:39 -03:00 Date: 2025.10.30 17:10:14 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.31 11:29:49 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.31 11:29:50 -03:00
Fin de la sentencia