Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 02/11 vta. de autos, por resultar formalmente inadmisible.
2Costas a la parte recurrente.
3Diferir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto se practique en la instancia pertinente.
SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Veintidós.
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los cuatro días del mes de agosto de dos mil veintiséis, se reúne la Sala de Recursos Ordinarios y Extraordinarios de ésta Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. FABIANA EDITH GOMEZ, JOSE RICARDO CACERES y CARLOS MIGUEL FIGUEROA VICARIO, bajo la presidencia de la Dra. FABIANA EDITH GÓMEZ, Secretaria Dra. DELIA ISABEL ARIAS, para decidir sobre la viabilidad formal del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nº 016/26, “Vega, César Ricardo c/ FACOR S.R.L. s/ Beneficios Laborales s/ Casación”, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:
1. ¿Es admisible el Recurso de Casación interpuesto?
2. Costas.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, los Señores Ministros por unanimidad dijeron:
Que los apoderados de la parte actora interponen recurso de casación en contra de la Sentencia Definitiva N° 05, de fecha 13 de marzo de 2026, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Minas y del Trabajo de Primera Nominación, que resuelve hacer lugar al recurso de apelación deducido por la demandada FACOR S.R.L. y, en consecuencia, revoca la condena impuesta a su parte en la Sentencia Definitiva N° 108/2024, rechazando la demanda entablada en su contra. Asimismo, declara sin materia el recurso de apelación articulado por la parte actora en todo lo que fue materia de agravios de dicha parte; todo ello, con costas por el orden causado.
Fundan el remedio extraordinario en las causales previstas en los incs. a), b) y c), del art. 298 del C.P.C.C.
Efectúan un relato de los antecedentes del caso que estiman relevantes, a cuya lectura nos remitimos, en honor a la brevedad.
Desarrollan las causales postuladas en este recurso a través de cuatro apartados, peticionando que se declare la procedencia formal y ulteriormente se admita el recurso.
Corrido el traslado de ley, luce a fs. 14/23vta. la contestación respectiva, en la que se peticiona el rechazo del recurso intentado por inadmisibilidad formal e improcedencia sustancial, con costas; también, se formula reserva del caso federal.
A fs. 24 se ordena elevar las presentes actuaciones a este Tribunal, quedando la causa en estado para determinar la viabilidad formal del recurso interpuesto (fs. 26).
Cabe recordar que el recurso de casación es un medio excepcional de impugnación y, conforme a ello, para su admisibilidad formal debe reunir ciertos recaudos. La tarea de examinar la presencia de éstos recae en este Tribunal, a través de la Sala de Recursos Ordinarios y Extraordinarios, en el marco de las facultades establecidas en el art. 292 del C.P.C.C.
Es de señalar que dentro de los requisitos previstos por la ley para habilitar la instancia extraordinaria se encuentra la exigencia prevista por el art. 297 del C.P.C.C., que establece como valladar para la viabilidad formal que el valor del pleito exceda la suma que corresponda al doble del sueldo básico de un juez de primera instancia. Asimismo, este recaudo se encuentra reglamentado en la Acordada N° 4070/2008 (art. 2, inc. “h”).
Por tal motivo, inicialmente, debe establecerse si el valor de lo que se propone a revisión mediante el presente recurso reúne los requisitos de admisibilidad formal, conforme las disposiciones de la norma, en razón que de no encontrarse cumplido el mismo, resulta inoficioso tratar los demás requisitos de forma, ya que torna ineficaz toda otra consideración sobre los temas traídos a conocimiento del Tribunal.
Se destaca que la casación es un recurso extraordinario, una vía excepcional, que tiene -como se dijo- por ley establecido el límite del monto de la cuestión debatida, por ello el capital comprometido en la apelación es el elemento determinante que conforme la aplicación del art. 297 del C.P.C.C., antes analizado, define primeramente la admisibilidad del recurso.
Ahora bien, corresponde al casacionista demostrar el origen del monto del proceso; y “que la suma debatida en último término supera de forma precisa, concreta, suficiente y conforme las constancias de autos, el mínimo legal a la fecha de interposición del recurso” (cfr. Elena Highton y Beatriz Areán, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, ed. Hammurabi, tomo 5, Buenos Aires, 2006, p. 15). Es decir, tal tarea constituye una carga procesal de ineludible cumplimiento respecto de quien recurre, no pudiendo este Tribunal suplir tal actividad.
Ello se explica en razón de que el valor del pleito a que refiere el art. 297 del C.P.C.C. difiere para ambas partes, en tanto se constituye por el monto en que las partes se agravian. Así lo ha precisado esta Corte de Justicia, marcando que: “(…) los valores no son fijos para las partes sino depende del valor de la cuestión de la cual pretende el recurrente su revisión a través del recurso de casación” (Sentencia Definitiva N° 23/2022, autos Corte Nº 031/22, “Romano, María del Valle c/ Vaquel, Ramón Aurelio y Otros s/ Daños y Perjuicios s/ Casación”).
En atención a lo señalado, en el presente caso se observa que la parte recurrente no desarrolla ninguna consideración en relación al monto de la cuestión traída a debate que habilita el recurso. En efecto, en el memorial de agravios no se aprecia que exista una argumentación concreta y precisa que justifique que el mismo supera el mínimo legal o que exista alguna coyuntura que obste su determinación, según lo estipulado por el art. 297 del C.P.C.C.
Únicamente en la carátula anexada al recurso de casación se consigna: “monto de la cuestión debatida: exento por tratarse de una cuestión laboral planteada por el trabajador” (fs. 01), lo cual resulta improcedente, a la luz de lo normado en el art. 297 del ordenamiento adjetivo citado.
Precisamente, la norma examinada no contempla el supuesto de exención pretendido por la parte recurrente, sino que, por el contrario, establece la exigencia relativa al valor del pleito sin distinción de la materia involucrada (art. 297, primera parte, del C.P.C.C.), es decir, para todo tipo de procesos, por lo que no existe razón para apartarse de la expresa disposición legal.
Tampoco la exención postulada por los impugnantes encuadra en los determinados casos en los cuales el recurso de casación procede sin limitación, esto es, cuando el valor del juicio fuere indeterminado o no susceptible de apreciación pecuniaria (art. 297, última parte, del C.P.C.C.). Ello se corrobora de la compulsa de las actuaciones principales, de las que se desprende que la parte actora en su demanda reclamó el pago de una suma de dinero por diferentes rubros y/o conceptos consignados en la planilla de liquidación faccionada en el escrito inicial, que ascendía a $543.365,14, con más intereses (fs. 13/19, Expte. N° 011/22), siendo admitida parcialmente por Sentencia Definitiva N° 108, del 18/12/2024, del Juzgado Laboral N° 1, mediante la cual se condenó a la demandada al pago de la suma de $153.236,51, y se fijó la tasa de interés aplicada (AD N° 108758); decisión posteriormente revocada por la resolución en crisis (AD N° 28915).
Sobre ello, los montos apuntados no alcanzan el límite establecido por la norma referida, el que, a la fecha de interposición de este recurso (14/04/2026, cargo de fs.11vta.) asciende a la suma de $6.196.780,90 (Resolución de Corte N° 248 S.C.), es decir, superior a los individualizados, careciendo del requisito formal.
Además, este Tribunal ha expresado en reiteradas oportunidades que no le corresponde ingresar a efectuar operaciones matemáticas o hacer deducciones a través de injerencias para establecer si el monto actualizado a la fecha de interposición del recurso alcanza o supera el límite establecido por la norma procesal de cita, el mismo debe surgir en forma clara y fehaciente del memorial recursivo (cfr. Sentencia Definitiva N° 20, del 16/05/2023, autos Corte Nº 11/23, caratulado: “Suarez, José Gustavo c/ Pucheta, Amalia Magdalena s/Beneficios Laborales s/Recurso de Casación”, entre otros).
La jurisprudencia siempre ha sido constante respecto de la exigencia del cumplimiento del requisito de mención, así se dijo: “Corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si el monto cuestionado ante la instancia extraordinaria no excede la suma fijada por el art. 278 del Código Procesal Civil para su admisibilidad y no se configura ninguno de los supuestos de excepción previstos” (SCBA, L. 35.758, To. 131, pág. 390 DJBA). Que la base mínima del valor económico del proceso para poder deducir este recurso extraordinario de casación se encuentra en un límite razonable y no vulnera las garantías constitucionales (MORELLO, “El Recurso Extraordinario”, pág. 378). También lo tiene dicho esta Corte de Justicia en numerosos pronunciamientos (Exptes. Corte Nº 28/16, S.I. Nº 45/16; Corte Nº 49/16, S.I. Nº 67/16; Corte Nº 54/16, S.I. Nº 76/16; Corte N° 021/17, S.I. N° 47/17; Corte N° 055/23, S.D. N° 02/2024, entre otros).
Si bien lo señalado resulta suficiente para rechazar el recurso de casación interpuesto, por inadmisibilidad formal, del examen antes efectuado en torno a este requisito formal se advierten otras tachas en orden al recurso intentado.-
Sobre el particular, la Acordada N° 4070, de fecha 15 de julio de 2008, fue dictada con el objeto de homogeneizar las presentaciones para agilizar la tarea del Tribunal en la observación del cumplimiento de los recaudos formales que debe contener la presentación del recurso a los fines de su viabilidad. Siendo, por tanto, necesario que el memorial se ajuste a dichas exigencias en la que se ha señalado con claridad cuáles son los datos que deben consignarse en la carátula y determinar las circunstancias que deben exponerse en las páginas subsiguientes del escrito recursivo, procurando inducir a una exposición precisa de la pretensión recursiva y que al mismo tiempo facilite al juez o tribunal el examen de la pretensión. No surge de tal reglamento que esa modalidad pueda quedar a criterio discrecional del recurrente.
Por su parte, el art. 299 del C.P.C.C. exige, entre otros requisitos, que el recurso se baste a sí mismo, siendo reiterada la doctrina y jurisprudencia en el sentido que para satisfacer el requisito de mención el recurrente debe hacer un relato de los antecedentes esenciales del pleito de modo prolijo, circunstanciado, especialmente de los argumentos de la sentencia que se pretende impugnar, a fin que el tribunal tome conocimiento de la causa y pueda establecer la relación de éstos con los agravios vertidos en el recurso.
Teniendo en cuenta lo expuesto, en el presente caso se observa que no se tuvo en cuenta las formalidades establecidas por dicha Acordada, puesto que los impugnantes no cumplieron con las siguientes disposiciones, a saber: art. 3, inc. c) del reglamento, que refiere a la exigencia de que el recurso se baste a sí mismo, dado el carácter autónomo que posee, siendo necesario que su sola lectura sea suficiente para el conocimiento del caso, requisito éste que solo se encuentra satisfecho a través de un relato claro y concreto de los hechos relevantes de la causa, en sentido concordante a lo normado por el art. 299 del ordenamiento adjetivo mencionado. En efecto, de la lectura del memorial de agravios se advierte que dicho capítulo (punto III) se limita a una reproducción de la demanda laboral, de los términos en que se trabó la litis y de las constancias probatorias aportadas por el accionante y producidas en primera instancia, omitiéndose circunstancias relevantes de la causa principal, especialmente de la sentencia que se pretende impugnar, así como de su antecesora, a efectos de poder advertir el vínculo de éstas con las cuestiones que se desean someter a consideración del Tribunal, por lo que el recurso no se basta a sí mismo. Asimismo, el memorial de agravios no contiene, en el capítulo correspondiente, la crítica del fallo, conforme lo dispuesto en el art. 3, inc. d), de igual ordenamiento analizado.
Siguiendo con el examen, se omite el cumplimiento del requisito establecido en el art. 3, inc. f), de la Acordada de mención, en tanto los impugnantes no consignan, ni demuestran, en el capítulo respectivo, que el pronunciamiento les ocasiona un gravamen personal, concreto y actual y no derivado de su propia actuación.
Tampoco escapa al escrutinio de este recurso las deficiencias relativas a la causal de aplicación o interpretación errónea de la doctrina legal esgrimida por los impugnantes (art. 298, inc. b, del C.P.C.C.), por cuanto no se indica cuál es la doctrina legal a que se refieren, más precisamente, los antecedentes jurisprudenciales de este Tribunal y/o de la Sala de Recursos Ordinarios y Extraordinarios (carátula y número del expediente, número y fecha de sentencia), en su actual integración.
Por todas las razones dadas, no encontrándose cumplimentados los requisitos mínimos del recurso de casación, y atento a lo dispuesto por el art. 3, inc. g) de la Acordada N° 4070/2008 y arts. 297 y 299 y conc. del C.P.C.C., corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 02/11vta., por resultar formalmente inadmisible.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Señora Ministra Dra. Gómez dijo:
En atención a las circunstancias particulares de la presente causa, al contar la parte actora con una sentencia de primera instancia favorable (Sentencia Definitiva N° 108/24, Fallo, punto 1), propongo que las costas sean impuestas por el orden causado.
Conforme lo expresado por la suscripta en causas similares mediante S.D. N° 3/2021, de fecha 18 de febrero de 2021, autos Corte Nº 034/20 “MATURANO, Marisa Claudia c/ SABRI S.A. CATAMARCA -s/ Laboral s/ CASACIÓN” y S.D. N° 9/2022, de fecha 14 de junio de 2022, autos Corte Nº 022/22 “VIVAS, Carlos Abraham c/ ARCOR SAIC y/o Q.R.R. s/ Demanda Laboral s/ RECURSO DE CASACION”, entendiendo que, el procedimiento laboral, objeto del presente litigio, debe respetar los fundamentos, principios y particularidades del derecho del trabajo, en especial con su carácter protector, del que deriva la irrenunciabilidad de los derechos que consagra. “No es posible una aplicación de los Códigos Procesales Civiles, fundados en la igualdad formal de las partes, sin rastros de una prelación jurídico procesal del trabajador, ni de tutela de la indemnidad de sus créditos, el proceso laboral sería la vía y la ocasión para la irrealización garantizada de los derechos que debe asegurar y hacer cumplir” así lo ha dicho ELFFMAN, Mario y CASSINA, Jorge L.: «Los Principios del Derecho del Trabajo en el Derecho Procesal Laboral», en Revista de Derecho Laboral, Procedimiento Laboral I, N.° 1, p. 9. S. l., Rubinzal Culzoni, 2007.
En la inteligencia que, en materia laboral, la condena en costas implicaría que el actor trabajador, aun estando convencido de que le asiste derecho para reclamar, se abstendría de hacerlo por temor a las consecuencias económicas, circunstancia que, a juicio de la suscripta, implicaría una negación del derecho de acceso a la justicia. Que, en tales términos, se estaría conculcando el paradigma de los «derechos humanos fundamentales» (art. 75, inc. 22, de la CN), como así también la interpretación que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los estándares sobre el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resultan idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de derechos fundamentales.
Como ya lo ha dicho la CSJN “las consecuencias disvaliosas de las deficiencias de naturaleza técnico jurídicas, no pueden ser atribuidas al actor que actúa en defensa de sus derechos” Fallo: 323:1229.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, los Sres. Ministros Dres. Cáceres y Figueroa Vicario dijeron:
Costas a la parte recurrente.
De conformidad a los precedentes que registra este Tribunal para el supuesto de improcedencia del recurso por no cumplir con el monto mínimo exigido y la necesidad de acreditar tal extremo, en oportunidad de tratar la cuestión de la admisibilidad, entre otras, S.I. Nº 47 de fecha 07 de Agosto de 2017, causa Corte Nº 021/17: CEBALLO, Nadia A. c/ Jardín Maternal San Nicolás S.H. y/o Montañez María de Jesús y DOMINGUEZ Silvana del Valle y otra s/ Beneficios Laborales s/ CASACION; S.I. Nº 66, de fecha 12 de Diciembre de 2018, en causa Corte Nº 052/18, PALACIOS Carlos Guillermo y GORDILLO María Esther c/ Energía de Catamarca S.A. s/ Ejecución de Sentencia s/ Recurso de Casación; S.D. Nº 28, de fecha 25 de Octubre de 2.018, en causa Corte Nº 038/18- MOLINA Verónica Soledad c/ LESCHINKY Daniel y/o Helacor S.A. s/ Beneficios Laborales s/ CASACION; S.D. N° 3/2021, de fecha 18 de febrero de 2021, autos Corte Nº 034/20, “MATURANO, Marisa Claudia c/ SABRI S.A. CATAMARCA -s/ Laboral s/ CASACIÓN”; y, S.D. N° 9/2022, de fecha 14 de junio de 2022, autos Corte Nº 022/22, “VIVAS, Carlos Abraham c/ ARCOR SAIC y/o Q.R.R. s/ Demanda Laboral s/ RECURSO DE CASACION”.
Por todo ello,
LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
(con disidencia parcial respecto a las costas de la Dra. Gómez)
1. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 02/11 vta. de autos, por resultar formalmente inadmisible.
2. Costas a la parte recurrente.
3. Diferir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto se practique en la instancia pertinente.
4. Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, bajen los autos a la Cámara de origen.
Presidenta: Dra. Fabiana Edith GOMEZ.-
Ministros: Dr. José Ricardo CÁCERES.-
Dr. Carlos Miguel FIGUEROA VICARIO.-
Secretaria: Dra. Delia Isabel ARIAS.-
Fin de la sentencia