Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa V-1.728/10-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 919/969 vta. por la demandada empresa DYCASA S.A. y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 896/912, con costas.-
2Diferir la regulación de honorarios hasta tanto ocurra lo propio en la anterior instancia.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: V-1.728/10-TSJ Sentencia N°: 568 Actor: VEGA JUAN CARLOS Demandado: EMPRESA DYCASA Y OTRA Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 06-05-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J.-
REGISTRO Nº 568.-
FOLIO Nº 3.231/3.237 PROT. ELECT. TSS1 007 S.141
Río Gallegos, 6 de mayo de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “VEGA JUAN CARLOS c/ EMPRESA DYCASA Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº V-6.761/01 (V-1.728/10-TSJ) venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada a fs. 919/969 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 896/912, mediante la cual se revocó el fallo de primera instancia, se hizo lugar, parcialmente, a la demanda y se condenó a la Empresa Dycasa S.A., a abonar a la actora la suma de pesos ciento diez mil ochocientos setenta y siete con veintiocho centavos ($ 110.877,28) con más los intereses establecidos a fs. 910 y las costas del juicio. Asimismo se rechazó la pretensión de extender la condena, en forma solidaria, contra la ART Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A..- Inicia estas actuaciones Juan Carlos Vega, quien dice haber sufrido un accidente mientras trabajaba para la empresa Dycasa S.A. realizando tareas de hormigonado. Denuncia que la incapacidad que padece es consecuencia de dicho accidente, el cual se produjo por el contacto con una cosa riesgosa mientras realizaba una tarea peligrosa, sin contar con la capacitación ni seguridad suficientes. Encuadra el caso en el art. 1113 del Código Civil, imputándole responsabilidad por los perjuicios sufridos a la empleadora Dycasa S.A., en su calidad de dueño o guardián de la cosa, y a Consolidar ART S.A, por la omisión de realizar los controles y capacitación de los operarios, a efectos de evitar riesgos laborales que hubieran evitado el infortunio que padeció. Para viabilizar su reclamo, plantea la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24557, puesto que éste impide aplicar a los accidentes laborales la vía reparadora del Código Civil.- Por su parte la demandada Dycasa S.A., se opone a la declaración de inconstitucionalidad, al tiempo que defiende el régimen previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT). Asimismo, si bien reconoce el accidente, niega que le haya producido al actor las secuelas que indica. Por el contrario, señala que éste se haya en total aptitud laboral.-
Consolidar ART S.A., en su responde, sostiene la constitucionalidad del sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo. Agrega que su responsabilidad se limita a la prevista en la LRT, de allí que el reclamo por la vía del derecho común no puede alcanzarla. Destaca que sólo debe responder por las enfermedades derivadas del trabajo que figuran en el listado del art. 6º. Considera, así, que en caso de resultar aplicable el régimen civil, la ART queda exenta de responsabilidad, pues no puede responder por circunstancias no convenidas en el contrato de afiliación, toda vez que la cobertura a la que se obligó, únicamente cubre las prestaciones contempladas en la ley 24557 y en las condiciones allí establecidas.- La demanda fue rechazada en primera instancia, y la Cámara revocó dicha sentencia e hizo lugar al reclamo dirigido contra Dycasa S.A., desestimándolo respecto a Consolidar ART S.A..
Para así decidir esta última, en primer lugar se declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT, en cuanto veda la posibilidad de reclamar el resarcimiento por la vía prevista en el Código Civil. Luego, se encuadró la acción en el art. 1113 del Código citado y así se tuvo por probado que el actor realizaba una actividad riesgosa para la empleadora, que las lesiones que sufrió se produjeron mientras desarrollaba sus tareas en beneficio de aquella sin que se hubieran tomado medidas de seguridad idóneas para evitar accidentes. Se consideró que, establecida la relación causal entre el accidente y la lesión, la relación de dependencia del actor con la demandada Dycasa S.A. y que el infortunio había ocurrido cuando Vega desempeñaba tareas para dicha empresa, ésta última, para liberarse de responsabilidad, “…debió acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por el que no debe responder… Al no haber probado la culpa de la víctima o de un tercero por el que no debe responder, debe reparar la consecuencias dañosas del accidente de trabajo que aquí se examina…” (confr. fs. 906 y vta.).
En relación a la ART, si bien se le tuvo por no contestada la demanda porque quienes se presentaron como apoderados carecían de instrumento idóneo para acreditar dicha personería (confr. fs. 897), la exoneraron de responsabilidad, considerando que había dado cumplimiento a su deber de contralor de las medidas de seguridad efectuadas en la obra, y promovido cursos de capacitación sobre la materia. Así, expresaron que “…no obstante no haberse presentado legalmente representada a contestar la acción, resulta improcedente hacer extensiva la condena a la aseguradora de riesgos del trabajo en los términos del artículo 1074 del Código Civil, toda vez que, solo la presencia del encargado de seguridad de la ART el día del hecho hubiera podido desaconsejar que se usara una tabla de aglomerado para superar con la carretilla un escalón o desnivel o en todo caso exigir que pusieran más ladrillos abajo.
Y no puede pretenderse que sea necesaria la presencia diaria de la ART en la obra, pues para ello está la supervisión que debe ejercer la patronal por intermedio de sus capataces...” (confr. fs. 907 vta.).- En cuanto a los rubros reclamados, se hizo lugar al daño material por la suma de $ 105.877,28 y al daño moral por la suma de $ 5.000, rechazándose la pretensión por lucro cesante, pérdida de chance y daño psicológico. Fue condenada, entonces, únicamente la codemandada Dycasa S.A., a abonar la suma de $ 110.877,28, con más sus intereses, a calcularse desde la fecha del evento y hasta su efectivo pago, a la tasa pasiva promedio mensual que fija el Banco Central de la República Argentina, y las costas del juicio.-
Contra dicho pronunciamiento se alza en casación la codemandada mencionada. Sostiene, en apoyo de su recurso, que la Cámara ha incurrido en violación de la ley y arbitrariedad. En el primer caso, indica las normas que han sido, según su entender, violadas. En el segundo señala que el fallo no resulta derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, lo que habilita su tacha de arbitrariedad y consecuentemente, su descalificación como acto jurisdiccional válido. Ello, dice, por cuanto la solución del pleito con prescindencia manifiesta de la prueba incorporada a los autos impone la invalidación del fallo recurrido. Específicamente se agravia por: a) La carga de la prueba.
Sobre el particular expone que no existe prueba alguna de la relación causal entre el accidente y la dolencia del actor. Agrega que el deber de acreditarla le correspondía al actor y no como señala la Cámara a su parte. Aduce, por ello, que se ha violado el art. 355 del CPC y C que establece que es lo que cada parte debe probar. Insiste en que no se pudo condenar a la demandada cuando no se ha probado la relación de causalidad entre el accidente y la dolencia del reclamante y explica, con cita de las testimoniales y la pericia en seguridad e higiene, cómo es que, a su entender, ello no se ha demostrado en autos.- b) La eximición de responsabilidad de la ART Consolidar. Expresa que se le tuvo por no contestada la demanda, pero no se tuvieron en cuenta los efectos que dicha situación procesal implica.
Dice al respecto: “…sabido es que el hecho de no responder la acción conlleva el reconocimiento de los hechos afirmados por el accionante, y al no negarlos ni existir prueba en contrario … se debió inexorablemente en la sentencia extender la condena a la ART (arts. 59, 60 y 334 inc. 1ro C.P.C. y C)...” (confr. fs. 959 vta.). Asimismo, señala que la eximición de responsabilidad se efectuó en base a documentos posteriores al hecho: “...Desde el momento mismo que en autos está acreditado que las medidas de seguridad implementadas por la ART fueron posteriores al hecho que motiva los presentes, no cabe más que presumirse que aquellos tuvieron como causa a aquél, lo que es lo mismo que sostener que lo decidido por la Excma.
Cámara en el sentido que ‘no existió incumplimiento de las medidas de prevención que le impone a las ART la ley de riesgos del trabajo’ no puede ser confirmado por V.E....” (confr. fs. 960). Además, aduce que en este punto el fallo contradice lo decidido por la Corte Suprema de la Nación en el caso Aquino.- c) La extensión de la condena hasta una edad jubilatoria que no es la que corresponde al actor. Explica que el actor se encuentra dentro de la previsión del art. 1º de la ley 26494, de acuerdo al cual, los trabajadores de la construcción gozan de un régimen previsional diferencial, pudiendo acceder a la jubilación cuando alcancen la edad de 55 años. No obstante en la sentencia atacada, se ha tomado como edad jubilatoria los 65 años, excediéndose en 10 años el lapso por el cual se lo debe indemnizar; “…deviene como incontestable conclusión que se ha impuesto a mi mandante una condena por lapso mayor, al que en realidad corresponde...” (confr. fs. 961).- d) La transgresión del límite indemnizatorio fijado por la Corte Suprema de la Nación.
Los montos fijados en concepto de indemnización exceden el límite fijado por el Alto Tribunal en la causa “Medina Sixto L. c/ Lipez Carlos”. Dice que en dicha causa se estableció que se afecta el derecho de propiedad del obligado al pago si el monto que se fija en calidad de indemnización por los ingresos dejados de percibir resulta ser un capital que puede producir una renta mensual superior a aquellos ingresos dejados de percibir. Realiza una serie de cálculos a efectos de demostrar, dice, que la renta mensual que el monto de condena produciría es muy superior a los ingresos dejados de percibir por el actor.- Además, expone que al fijar el monto de la condena, se tomó la suma establecida en la pericia contable, la cual se hallaba actualizada al momento en que ésta fue realizada; de allí que al disponerse que sobre dicho monto deban aplicarse intereses, desde el momento del hecho, se está violando su derecho de propiedad, atento que se impone que se calculen intereses sobre un importe que se había actualizado a la fecha de emisión del dictamen pericial.
Asimismo ratifica reserva del caso Federal.-
A fs. 992/994 dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien sostiene -por los argumentos que allí esgrime y a los cuales nos remitimos “brevitatis causae”- que el recurso de casación interpuesto por la demandada resulta inadmisible, debiendo confirmarse la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones.-
Se deja constancia que por interlocutorio de fs. 1006 y vta., en virtud de las razones que allí se expresan y a las cuales remitimos en homenaje a la brevedad, se ordenó citar a la codemandada Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en su domicilio real, a efectos de que comparezca a tomar intervención en autos “…debidamente representada y en su caso consienta todo lo actuado…” (confr. fs. 1006). Medida que finalmente se cumplimentó a fs. 1022 y vta., sin que la nombrada hubiera comparecido. Asimismo, conforme surge de fs. 1015/1016 y 1019, se aclara que la ART ut supra mencionada cambió su denominación por la de Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A..-
II. A efectos de una mayor claridad, examinaremos uno por uno los agravios vertidos por la recurrente.-
En primer lugar aduce que no se pudo condenar a su parte porque no se ha probado la relación de causalidad entre el accidente y la dolencia del reclamante.-
Esta es una cuestión de hecho y prueba que, en principio es extraña a la instancia casatoria a menos que se demuestre arbitrariedad.
En el concreto caso de autos, debemos señalar que los argumentos esbozados por la recurrente no logran alterar la doctrina de este Tribunal, que establece que las cuestiones atinentes a la valoración de la prueba, son ajenas al ámbito de la casación, en la medida en que no se demuestre que el fallo atacado adolezca de arbitrariedad o que haya violado o aplicado erróneamente la ley. Circunstancias éstas últimas que no acontecen en la especie, toda vez que -más allá de la discordancia que pueda mantenerse con los criterios sustentados por los jueces- el fallo, en éste punto, se encuentra suficientemente fundado.- Ha expresado este Tribunal que “...no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación...” (confr. Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2618, Folio 3914/3917; Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2661, Folio 4030/4032; Tomo XXIV, Interlocutorio, Reg. 2917, Folio 4650/4654, entre otros).-
Se advierte, en la especie, que los agravios vertidos sobre la cuestión bajo análisis, se basan en cuestiones de hecho y prueba y contienen discrepancias con los fundamentos del decisorio pero no logran demostrar la sin razón de aquellos. Esgrime, el recurrente, argumentos cuya revisión no compete a este Tribunal. Los agravios remiten a materias propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia casatoria. En efecto, la recurrente señala que el fallo se encuentra viciado de errores de consideración y apreciación de los hechos y las pruebas, respecto de las que alega han sido consideradas de modo equívoco. Las críticas del quejoso sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2767, Folio 4301/4305).- Reiteradamente este Tribunal ha sostenido que “?el magistrado es soberano en la apreciación de la prueba, analizada como se hizo, conforme las reglas de la sana crítica (art. 364 Cód. Procesal), motivo este que no puede ser objeto de apelación extraordinaria?” como pretende la recurrente (confr. Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2644, Folio 3980/3984, entre otros).-
Así también ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la interpretación del Juez debe ajustarse a las reglas de la sana crítica, que exigen armonizar e integrar debidamente las pruebas producidas, debiendo las sentencias ser fundadas y constituir la derivación razonada del derecho vigente, con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos 323:3937, entre otros); recaudos que se han cumplido en el decisorio atacado.-
Sobre el punto, es tesis de este Tribunal que en principio no procede por vía del recurso de casación provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios en que se apoya la sentencia, por cuanto el valor de las pruebas no está prefijado o predeterminado de antemano y corresponde, la apreciación de las mismas al tribunal de juicio. Así ha resuelto que “...Resulta clara la improcedencia del recurso impetrado cuando se invoca una reconsideración de la prueba intentada y una nueva valoración o debate de los hechos definitivamente prefigurados en la causa...” (confr. Tomo VII, Sentencia, Reg. 254, Folio 1383/1389).- En el sub lite, los magistrados intervinientes han explicado cuales son las pruebas que entendieron conducentes a las resolución del conflicto, como el grado de convencimiento que aquellas han logrado producir, sin que dicho tribunal deba justificar por qué otorgó mayor o menor mérito a una prueba que a otra. Menos aún cuando, como ocurre en la especie, no se advierte absurdo en la valoración efectuada (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XIII, Sentencia, Reg. 446, Folio 2431/2439; Tomo XI, Interlocutorio, Reg. 1462, Folio 2044/2045).-
En lo atinente a que no se hizo extensiva la condena a la aseguradora de la demandada, Consolidar ART S.A., es importante puntualizar que la pretensión integral contra la Aseguradora de Riesgos del Trabajo sólo corresponderá, eventualmente, cuando sea dable predicar que algún hecho propio (activo u omisivo) la emplaza como coautora del daño causado al trabajador. En ausencia de esa configuración sólo responderá en el marco sistémico-tarifado, si se tratare de un siniestro asegurado, o no responderá en absoluto. La ley las emplazó también como efectoras de prevención de accidentes en el ámbito del trabajo, imponiéndoles una serie de deberes: inspeccionar, asesorar, controlar y denunciar. Ello determina un plexo de posible antijuridicidad en su obrar que franquea el acceso a la responsabilidad por omisión en los términos requeridos por el art. 1074 del Código Civil. La obligación de resarcir de la ART surgirá cuando se demuestre que por dicha omisión se le sustrajo a la víctima una posibilidad suficientemente seria (previsible) de no sufrir el daño (confr. Machado, José Daniel, “Perfiles y matices de la acción civil contra las ART”, publicado en Revista de Derecho Laboral 2010-1, Ley de Riesgos del Trabajo, Tomo III, Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, 2010, págs. 151/159).- En síntesis, las ART tienen responsabilidad, en el marco del derecho civil, por el daño al trabajador que reconoce relación de causalidad adecuada con la omisión o cumplimiento deficiente de las obligaciones que la ley 24557 y sus normas reglamentarias y complementarias le imponen en materia de prevención de accidentes o enfermedades del trabajo.-
En el sub lite, el rechazo de la pretensión contra Consolidar ART S.A. se justificó, fundamentalmente, en la falta de relación causal entre la omisión de la nombrada y el accidente sufrido por el actor. Toda vez que resulta imprescindible para la atribución de responsabilidad a la ART, la configuración del nexo de causalidad adecuado entre la conducta omisiva reprochada a la aseguradora y el daño cuya reparación se pretende.-
Mario Ackerman nos ilustra sobre el particular. Explica que existen en doctrina dos criterios: El amplio, según el cual el sólo incumplimiento por la ART de las obligaciones de prevención que le competen, permite inferir su responsabilidad, sin necesidad de precisar como operó causalmente la omisión imputada ni indicar en que medida el cumplimiento habría evitado la producción del daño. Y el restrictivo que exige un escrutinio riguroso de la configuración de un nexo de causalidad adecuado entre la conducta omisiva reprochada a la aseguradora y el daño cuya reparación se pretende. Agrega el citado autor que ésta última es la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostenida en los casos “Rivero c/ Techo Técnica” (del 3-12-2002), “Soria J.L. c/ R.A y C.E.S. SA” (del 10.4.2007) y “Torrillo c/Gulf Oil Argentina” (del 31-3-2009) (confr. Ackerman, Mario E., Ley de Riesgos del Trabajo Comentada y Concordada, Rubinzal – Culzoni editores, Santa Fe, 2da. Edición, 2013, págs. 181/189).- Los Jueces de Cámara, tal como surge del fallo bajo análisis, han seguido el criterio restrictivo a la hora de extender la responsabilidad a la aseguradora. De allí que se asentara, siempre en referencia a lo expuesto por la Alzada, que “…no basta el mero incumplimiento a los fines del art. 1074 del Código Civil para imputarle responsabilidad. Y no se trata de una mera afirmación dogmática pues no alcanzo a entender cómo puedo formular un razonamiento lógico jurídico para demostrar la relación de causalidad entre un eventual incumplimiento y el accidente de autos…” (confr. fs. 907 vta.).-
La postura adoptada, si bien puede ser opinable, no amerita “per se” ser merecedora de censura en esta instancia, en la medida que se encuentra debidamente sustentada. Sobre el particular ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “…si el fallo apelado, dictado por lo jueces de la causa, es fundado y serio, aún cuando pueda discutirse con base legal la doctrina que consagra o sus consecuencias prácticas, no resulta aplicable la jurisprudencia excepcional establecida en materia de arbitrariedad…” (confr. Fallos 237:69), toda vez que “…la impugnación por arbitrariedad no consiste exclusivamente en la disconformidad con la interpretación que hacen los tribunales de justicia de las leyes que aplican, en tanto no exceden las facultades que son propias de su función… y cuyo acierto o error no incumbe al Tribunal revisar…” (confr.
Fallos 237:142, cit. en Carrió, Genaro, “El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria en la Jurisprudencia de la Corte Suprema”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1967, págs. 29/30).- Cuando existen distintas visiones sobre el “thema decidendum”, como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría por parte del Juzgador (aunque sea minoritaria) no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica -en principio- el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad. Siguiendo esta línea de pensamiento, ha expresado este Tribunal “…Como vemos, a favor de una y otra postura se alistan distinguidos autores, siendo por ello que no se encuentra en la adscripción por parte del juzgador de grado a una u otra teoría -en principio- fundamento bastante para agraviarse de arbitrariedad y por lo tanto, si el fallo tiene un fundamento serio basado en una postura jurídica -sea o no mayoritaria-, la circunstancia que el recurrente considere aplicable a su favor una de tales tendencias no habilita “per se”, la admisión de su queja…” (confr.
Tomo XI, Sentencia, Reg. 398, Folio 2154/2157; Tomo XII, Sentencia, Reg. 418, Folio 2282/2288). Por ello es que no se observa en el fallo atacado vicio alguno que, en éste punto, habilite su tratamiento en esta instancia. Mas allá de la discrepancia con la postura de la Alzada que el recurrente pudiera tener.- A mayor abundamiento, cabe señalar que indagar sobre el nexo causal constituye una cuestión de hecho y prueba, ajena a la casación, tal como se puntualizara en el considerando precedente y respecto a la cual cabe reiterar los argumentos allí expuestos que conducen al rechazo del agravio bajo análisis.-
Es importante destacar que la declaración de rebeldía no implica necesaria y automáticamente la veracidad de los hechos invocados por la actora, porque, en definitiva, la presunción que crea a favor del accionante debe ser ratificada o robustecida mediante la prueba pertinente. Sabido es que la rebeldía, no altera la secuencia normal del proceso y debe dictarse sentencia según el mérito de la causa, en forma tal que le incumbe al juez, valorando los elementos del juicio incorporados al proceso, estimar si la incomparecencia o el abandono importan o no, el reconocimiento de los hechos afirmados por la otra parte. Es él quien establecerá si la presunción favorable a la parte que obtuvo la declaración tiene corroboración con la prueba producida en apoyo de la acción instaurada.- En este sentido, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha expresado que “...La declaración de rebeldía sólo crea una presunción a favor de la veracidad de los hechos que constan en demanda, pero no tiene por sí el efecto de que la misma sea procedente, siendo facultad privativa del juez de instancia el determinar si, no obstante que la misma se configura, se encuentren o no acreditados los presupuestos fácticos del reclamo impetrado...” (confr.
“Mazor, Arturo C. c. Obregón Hnos.”, cita la ley online AR/JUR/421/1994); así como también que “...La declaración de rebeldía de la demandada sólo crea una presunción a favor del actor pero no tiene como efecto que la demanda deba declararse procedente (conf. arts. 354 inc. 1° y 60. Cód. Procesal; 28, decreto-ley 7718/71 -Adla, XXXI-B, 2192-). El tribunal del trabajo no está obligado a acceder por la sola incontestación de la demanda automática o mecánicamente a las pretensiones deducidas, ya que tal incontestación no exime a la parte actora de aportar a la causa los elementos de convicción necesarios que justifiquen la legitimidad del reclamo...” (confr. “Pueblas, Pedro A. y otro c. Frigorífico Mellino S.
A.”, cita la ley online AR/JUR/2229/1991).- Cabe así concluir, que, en la especie, la Cámara no estaba obligada (como pretende la recurrente) a acceder en forma automática, ante la declaración de rebeldía de la ART, a las pretensiones deducidas por la actora, pues, tal omisión, no eximía a los magistrados de valorar si existían, en la causa, los elementos de convicción necesarios que justificaran la legitimidad del reclamo, ya que, reiteramos, la declaración de rebeldía no altera la secuela normal del proceso y debe dictarse sentencia según el mérito de la causa, extremo que supone la verificación de los hechos fundantes de la demanda.- Todo ello, debe aclararse, sin perjuicio de las obligaciones que respecto a la ART pudieran surgir de la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557 (confr. arts. 11 y ccs.; Vázquez, Graciela Alejandra, “La Responsabilidad Civil de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
Presupuestos”, publicado en Revista de Derecho Laboral 2010-1, Ley de Riesgos del Trabajo, Tomo III, Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, 2010, págs. 174/193; Ackerman, Mario E., Tratado de Derecho del Trabajo, Tomo VI, Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, 2007, págs 230/232 y 249), cuestión que no ha sido planteada y, por lo tanto, es ajena a este recurso.-
III. Procede referirnos al agravio basado en que, según el recurrente, se ha tomado una edad jubilatoria que no es la que corresponde a la actividad del actor, debido a que la ley 26494 prevé un régimen diferencial para los obreros de la construcción que les permite jubilarse a los 55 años de edad.-
Ahora bien, el accidente motivo de autos ocurrió el 16 de junio del 2000, y la presente causa se inició el 16 de octubre de dicho año, mientras que las disposiciones de la ley 26494 rigen a partir del 1 de mayo de 2009, previéndose una disminución gradual de la edad jubilatoria para llegar, recién luego del cuarto año de vigencia de la norma, a la edad de 55 años (confr. art. 3º ley 26494). Así este caso queda enmarcado en el régimen anterior a la precitada norma; donde, si bien los trabajadores de la construcción contaban con un régimen especial (ley 22250), este no preveía un sistema jubilatorio diferente (confr. Vázquez Vialard, Antonio, Tratado de Derecho del Trabajo, Tomo 6, Buenos Aires, Astrea, 1985, pág. 10), de manera tal que se aplicaba el general previsto en la ley 24241 (art. 19). Consecuentemente, no se hallan reunidos los supuestos que tornarían aplicable, al actor, la norma de referencia. Lo cual conlleva, sin más, al rechazo del agravio en tratamiento.-
IV. En cuanto a la, alegada, transgresión al límite indemnizatorio fijado por la Corte Suprema de la Nación en la causa “Medina Sixto c/ Lipez Carlos”, debemos apuntar que la fijación del monto de las condenas, en cuanto a su cálculo aritmético y quantum, resulta, en principio, ajeno a la casación. Ha establecido este Alto Cuerpo, que la cuantificación del resarcimiento en acciones de daños y perjuicios como la del sub lite, sólo encuentran acogida por la vía casatoria, si se logra demostrar el manifiesto absurdo que permita el excepcional estudio de hechos y pruebas porque “…el monto indemnizatorio constituye una cuestión que pertenece al ámbito de conocimiento y juzgamiento de los jueces de grado, quedando ubicada en el espacio de la razonable discreción de éstos… circunstancias ajenas -en principio- al recurso de casación…” (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XI, Sentencia, Reg. 375, Folio 2016/2020). En igual sentido, ha reiterado este Alto Cuerpo que la determinación del monto del juicio o indemnizatorio es una cuestión de carácter fáctico y procesal que queda en el espacio de la razonable discreción del juzgador y es inescrutable por vía del recurso extraordinario provincial, salvo que se demuestre arbitrariedad (confr. Tomo VI, Sentencia, Reg. 217, Folio 1171/1175; Tomo XVIII, Interlocutorio, Reg. 2310, Folio 3403/3408).- A mayor abundamiento, respecto del agravio referido a la renta que se podría obtener del monto de la indemnización, vale agregar que el fallo cuya aplicación pretende la demandada, data del 27 de julio de 1978, en el cual se dijo que la indemnización no podía consistir en una suma de dinero que le permita obtener, al damnificado, una renta superior a la que se hubiere dejado de percibir. Ello no es doctrina actual de nuestro Máximo Tribunal.-
Por el contrario, este último en la causa “Aquino”, ha expresado que la reparación juzgada a la luz del derecho civil no está sujeta por el ordenamiento sustantivo a ninguna fórmula matemática o tarifa preestablecida, su cuantificación debe relacionarse con las particularidades del caso y orientarse a la integralidad. Se trata de reparar la incapacidad genérica y no la meramente laboral para lo cual debe partirse de una comprensión integral de la proyección existencial humana pues la persona no constituye un capital que se mide solamente por lo que pueda rendir o ganar. La indemnización integral debe ser justa, alcanzando este estatus cuando exime de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, ya que el valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos. No se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquellas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo (confr. Fallos: 327:3753; así como también: “P., M. A. vs. S. A. L. N. s. Despido”, 18/02/2013, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I).- En éste orden, la cuantificación del daño efectuada en el pronunciamiento atacado no contiene los vicios que la recurrente le atribuye. Así, no habiendo absurdo ni incongruencias lógicas que se desprendan de las constancias que emergen de la causa, los agravios antes mencionados, no puede tener favorable acogida.-
V. La recurrente, ataca, también, el fallo bajo revisión porque -respecto al quantum de la indemnización fijada en concepto de daño material- se ha establecido que corran intereses desde el momento del hecho, cuando, a su entender, dicha suma, que es la establecida por el perito contador a fs. 829, ya tenía adicionados intereses al tiempo de la presentación del dictamen.-
Esta pretensión tampoco puede tener favorable acogida, pues ya hemos señalado la facultad del tribunal de grado para fijar el monto de la condena -reconocida en el considerando que antecede- la que sólo podría ser alterada si se advirtiera absurdo o arbitrariedad en su cuantificación, supuesto que no acontece en la especie; toda vez que la indemnización establecida por la Cámara por el rubro daño material (confr. fs. 908/909) es la misma a la que arribó el perito contador en el informe pericial de fs. 828/830 vta., y ésta última no contenía los intereses a la fecha de presentación del mencionado informe, como pretende la recurrente. Ello surge de fs. 828 vta./829 si se aprecia que el monto en concepto de “capital por daño material” deriva de aplicar la fórmula (que señala el experto a fs. 28 vta. “in fine”) al monto nominal del salario de $ 599,39 (v. recuadro de fs. 829). Más aún, es el propio perito el que señala que a la suma así obtenida “…deberán agregársele los correspondientes intereses compensatorios y moratorios desde la fecha de producción del infortunio?” (confr. fs. 829).- A mayor abundamiento cabe resaltar que dicho dictamen no mereció impugnación alguna, ni tampoco pedido de explicaciones al experto de parte del recurrente para el hipotético caso que, a criterio de éste último, hubieran existido en dicho informe puntos que tuviera que cuestionar.
En consecuencia, el cuestionamiento formulado sobre el punto debe ser desestimado.
VI. Finalmente, con relación a la arbitrariedad que denuncia la recurrente, ésta no puede prosperar toda vez que no se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que la configuran. Sobre la materia, es tesis de este Tribunal que: “...La doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...” (confr. Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros). Circunstancias que, de conformidad a los argumentos reseñados en los párrafos precedentes, no han acontecido en la especie.-
VII. Conforme a los argumentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 919/969 vta. por la demandada empresa DYCASA S.A. y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 896/912, con costas (confr. art. 68, CPC y C) y teniéndose presente la reserva del caso federal.-
Por todo ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 919/969 vta. por la demandada empresa DYCASA S.A. y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 896/912, con costas.-
2. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto ocurra lo propio en la anterior instancia.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, de la ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1007S.141 Tomo: XVII Sentencia: 568.-
Folio N°: 3.231/3.237.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia