Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a los agravios vertidos por la parte actora apelante, revocar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios y hacer lugar a la demanda promovida por el Sr. Miguel Vega (DNI 14.674.587).-
2En consecuencia condenar al Sr. Luis Enrique Espinosa (DNI 6.964.737) subinquilinos y/o ocupantes a desalojar el inmueble sito en la calle 25 de Mayo 337 de la ciudad de Pico Truncado dentro del plazo de quince días poniéndolo a disposición del actor libre de ocupantes, bajo apercibimiento de lanzamiento con el uso de la fuerza pública. Las costas de la instancia se imponen en el orden causado por no haberse contestado los agravios oportunamente. Se difiere la regulación de honorarios y la determinación de la tasa de justicia para la etapa de ejecución de sentencia.-
3Tener presente las reservas del escrito de inicio y la reserva del caso federal formulada en PE 1241959/2024.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8499/24 Sentencia: Definitiva Actor: Vega Miguel C.
Demandada: Espinosa, Luis Enrique y Otros.
Objeto: Desalojo Fecha: 02-12-2024.
Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los DOS días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “VEGA, Miguel c/ ESPINOSA, Luis Enrique y otros s/desalojo” Expediente Nº 21.004/21 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de la Ciudad de Pico Truncado, que ingresaron en la instancia bajo el Nº8499. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio Humberto E. Monelos, Griselda I. Bard y Horacio M. Fernández para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que este expediente en formato digital es iniciado por Miguel Vega representado por los Dres. Sergio E. Acevedo y Víctor V. Mártensen. Se demanda al Sr. Luis Enrique Espinosa y/o contra cualquier inquilino, subinquilino u ocupante por desalojo de la vivienda de la calle 25 de Mayo Nº 337 de la ciudad de Pico Truncado. Se indica que el actor es único y universal heredero de su hermana Reina Pascuala Vega conforme declaratoria de herederos y posterior reconocimiento como adjudicatario del inmueble por la Municipalidad de Pico Truncado conforme documentación que se adjunta para acreditar la legitimación sustancial para promover esta acción (Decreto Municipal Nº 0950/2021 en Expte.20005/1961) y por la que desde el mismo día del fallecimiento de la causante la sucede en la adjudicación municipal oportunamente inscripta a nombre del heredero. Se relata que el demandado ocupa el inmueble por haber sido concubino de Reina P. Vega, convivencia que finalizó el 13 de noviembre de 2018 por fallecimiento de ésta. Se aclara que dicha convivencia no constituyó una unión convivencial toda vez que la Sra. Vega era casada, sin haberse nunca divorciado de su esposo. Se indica que el actor como un mero acto de consideración con el demandado, ante su pedido de un plazo prudencial de no más de seis meses para la entrega, pues se iría a vivir a Caleta Olivia con una hermana lo concede. Pero transcurrido el plazo y ante el incumplimiento de su palabra ni voluntad de desocupar la vivienda el actor lo intima por carta documento que se adjunta que fuera rechazada. Se indica que el demandado tiene bienes, es jubilado y se desempeña como remisero por lo que no existen motivos excepcionales que obstaculicen el progreso de la acción. Se sostiene que la causante era la poseedora y quien siempre abonó las tasas, impuestos, contribuciones y servicios. Se descarta que la circunstancia de haber sido el demandado concubino o conviviente de la difunta hermana del actor de ninguna manera le otorga el carácter de poseedor o le corresponde algún derecho para permanecer en la vivienda. Se funda en derecho la acción. A esta demanda se le imprime el trámite de juicio ordinario.-
II. Que en PE271780/2021 el demandado contesta la demanda con el patrocinio de la Dra. Nora Belxi Zorzón. Opone como de previo y especial pronunciamiento la excepción de falta de legitimación activa por cuanto el actor no es titular del inmueble, que la Sra. Reina Pascuala Vega era casada sin estar divorciada por lo que entiende el inmueble a desalojar es un bien ganancial por lo que no le corresponde al actor iniciar el desalojo por la totalidad como si lo fuere. Argumenta desde otro ángulo que la causante habría comprado las mejoras no el inmueble, que solo se trata de derechos y acciones, que no consta título que le otorgue derecho al desalojo.- Al responder al fondo de la cuestión formaliza negativas afirmando haber vivido hace 27 años en la casa de 25 de mayo 337 compartiendo la convivencia con la Sra. Reina Paulina Vega que si bien casada en la Provincia de Neuquén estaba separada de hecho y en el anterior Código no se contemplaba el aparente matrimonio o la unión de convivencia. Relata la compra que decidieron siendo la Sra. Vega quien se encargó de los trámites de la compra de la casa. Dice que luego él se encargó de edificar agregando una pieza, un lavadero y un garaje. Afirma que fallecida sorpresivamente su pareja él continuó viviendo y que los pagos fueron compartidos y que los servicios los abona personalmente hasta la fecha. Expone estar ejerciendo la posesión desde 1993 y niega un actuar malicioso o estar gozando de cosa ajena. Ofrece prueba y acompaña prueba documental.-
III. Que mediante PE 291987/2022 se difiere la excepción de falta de legitimación para la sentencia. Se abre la causa a prueba en PE 480911/2022 proveyendo y produciendo la obrante en autos de la que certifica la actuaria en PE 737725/2022. Las partes no alegan sobre el mérito de la misma y quedan los autos en estado de dictar sentencia que obra en PE1226868/2024 donde el magistrado en considerandos desestima la excepción interpuesta con costas a la demandada y falla desestimando la demanda incoada por el Señor Miguel Vega contra el demandado Luis Enrique Espinosa, y/o ocupantes, inquilinos o subinquilinos conforme lo manifestado en el considerando II y lo dispuesto en los arts. 509 y concordantes del CCyC y 671 y siguientes del CPCC. Impone las costas en el orden causado (art. 68 del CPCC) y difiere la regulación de honorarios. El resto son disposiciones de estilo.-
IV. Que el actor disconforme con lo decidido en PE 1241959/2024 interpone y funda recurso de apelación, que le es concedido libremente y con efecto suspensivo por providencia simple en PE 765600/2024 que concede traslado de los agravios.-
El demandado pretende contestar los agravios pero en PE 800851/2024 se declara extemporánea la presentación y los autos se elevan. Ante el nombramiento del nuevo integrante del tribunal se revoca el Autos a sentencia y se notifica nueva integración en PE 1521766/2024 se llama autos a sentencia. En PE 1569199/2024 se dispone un nuevo orden de estudio..
V. Que el recurrente ataca la sentencia por varios carriles impugnativos. Por la primera se agravia por cuanto la sentencia pretende tener por probada la existencia de una unión convivencial entre el demandado y la Sra. Reina P. Vega cuando a pesar de tratarse de una convivencia de hecho ella no es generadora de efecto jurídico apoyando su crítica en el art. 510 inc. d) del CCyC e interpretando las palabras conforme el art 2 del mismo cuerpo legal señala la existencia de un impedimento de ligamen al estar casada y no divorciada.-
Desde otro carril se queja que se haya determinado que no existe intrusión, comodato o tenencia precaria por parte del demandado al que le atribuye el ejercicio de una posesión que legitima que continúe en el bien. Critica este razonamiento pues sostiene que su representado es quien continúa en el ejercicio de la posesión que le fuera transmitido de su difunta hermana lo que obsta a tener por probada una posesión por el demandado con invocación del art. 1913 del CCyC. Explica que la posesión de la Sra. Vega y continuada por el actor es exclusiva y ello fue reconocido por la sentencia al citar el fallo Francone, Carlos A. y otros sobre desalojo transcribiendo un sumario para concluir que esta cita enfatiza que la posesión del propietario sobre el inmueble sede del hogar convivencial es inalterable por la permanencia y estabilidad de hecho en el inmueble, lo que a su juicio vuelve infundada lo tenido por probado en la sentencia.-
Por ello se pregunta cuál es el derecho que le asiste al demandado para continuar ocupando el inmueble. Califica de ineficaz la interversión del título que pretende el demandado por aplicación del art. 1915 del CCyC y sostiene que el demandado es tenedor ilegítimo y entiende que no existe norma jurídica que sustente la legitimidad de la tenencia del inmueble por el demandado.-
Razona porque el demandado no tiene un derecho real de habitación que prevé del art. 527 del CCyC de haberlo pretendido, por no haber existido, a su entender, una unión convivencial generadora de efectos jurídicos, toda vez que de haber tenido esos efectos, ellos tenían un plazo máximo de dos años que se encuentra vencido al interponerse la demanda y explica por qué el legislador otorgó amparo al conviviente supérstite con el reconocimiento de un derecho real de habitación que está sujeto al cumplimiento de recaudos y con un límite en la extensión temporal de dos años. Concluye que no hay un marco legal para garantizar al demandado un plazo indeterminado para ocupar el inmueble afectando su derecho constitucional de propiedad al ser el inmueble parte del acervo hereditario y por ende integrante del patrimonio de los herederos afectado, de confirmarse la sentencia al no poder disponer de su propiedad y asimilarse la situación en una analogía con el derecho real de habitación vitalicio y gratuito que se acuerda al cónyuge supérstite que no se acuerda al conviviente, criterio compartido por el magistrado en los considerandos mediante la cita de fallos jurisprudenciales. Hace hincapié en que no es responsabilidad del actor asumir las obligaciones del estado en cuanto a una vivienda digna o la protección en la ancianidad.- Le agravia que el magistrado entienda, como una solución justa la de rechazar la demanda con el único fundamento de la situación de vulnerabilidad y avanzada edad del demandado. Argumenta que ello que no resulta un justificativo válido para encontrar una solución a la situación habitacional del demandado toda vez que implica apartarse de lo que marca la ley. Pide se revoque la sentencia en cuanto fuera de agravio. Reserva el caso federal y funda en derecho.-
VI. Que la sentencia sólo ha sido apelada por la parte actora. El demandado ha consentido las afirmaciones y conclusiones contenidas en ella. En primer lugar no está en discusión la legitimación activa del actor cuestionada en el escrito de responde en cuanto se discutió la titularidad del inmueble con el argumento que la causante, era de estado casada y separada de hecho por lo que el inmueble sería ganancial por lo que no puede demandar el desalojo por la totalidad. Por otro lado sostiene que del boleto de compraventa y el decreto Municipal surge que compró la mejora y no el inmueble. Se la rechazo sosteniendo que el juicio de desalojo no requiere la propiedad y puede ser promovido por quienes tengan derecho a la recuperación de la tenencia del inmueble contra todo aquel cuya obligación de restituir sea exigible y que para enervar la acción no basta invocar la calidad de poseedor del inmueble, sino que es necesario acreditarlo. También se dejó en claro que, tratándose de una acción personal puede ejercerla no solo el propietario sino toda persona que tenga una vinculación contractual con aquel que detenta la cosa. Y se estableció que el fallecimiento de una persona produce entre otros efectos la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia, transmisión que se opera desde el mismo momento de producido el fallecimiento de la persona y el heredero es propietario, poseedor, acreedor o deudor con excepción de aquellos que no son transmisibles por sucesión. La sentencia destacó que el nuevo artículo 2337 del CCyC consagra expresamente la facultad de los herederos de ejercer las acciones transmisibles, y se agregó que el demandado se halla obligado a restituir el bien a requerimiento del actor aún en el supuesto de no existir vinculación contractual alguna pues se trata de un ocupante meramente circunstancial o transitorio que no aspira al ejercicio de la posesión con cita de doctrina.- Descartó la sentencia que se pueda discutir el derecho a la posesión, como tampoco la legitimidad de ella o si es de buena o mala fe. Por ello tras valorar el boleto de compraventa y el decreto Municipal por el cual se declara al actor como único titular del inmueble materia de juicio, como único heredero de la Sra. Reina Pascuala Vega reconoce el interés legítimo para ser titular de esta acción.-
La sentencia estableció que no se acreditó la posesión invocada por el demandado y ello no ha sido discutido por Luis Enrique Espinosa. Queda establecer entonces a qué título puede el demandado pretender continuar en la tenencia del bien. Surge de autos que el nombrado ha sido concubino de la Sra. Reina Pascuala Vega, hermana del actor, quien fuera declarado único y universal heredero. El actor sostuvo que unilateralmente le otorgó el uso gratuito del bien por un mero acto de consideración mientras el demandado al contestar la intimación negó y rechazó que le correspondiera hacerle entrega de las llaves del inmueble y pertenencias de su difunta hermana e invocó haber ocupado el inmueble animus domini por más de 20 años.- Entiendo admisible el agravio del actor en cuanto la sentencia contradiciendo lo expuesto al rechazar la excepción de falta de legitimación sostiene que no existe en este caso concreto una intrusión, comodato o tenencia precaria por parte del demandado sino que éste ejerció una posesión que genera una causa legítima para continuar la ocupación.-
En efecto reitero hay una evidente contradicción de la sentencia en cuanto rechaza la excepción de falta de legitimación por no haberse acreditado la posesión y luego al tratar el fondo de la cuestión explica que el concubino no titular del inmueble sólo es un simple tenedor para luego en el anteúltimo párrafo antes del fallo sostener que “efectivamente el Sr. Espinosa ejerció una posesión que, a mi criterio, constituye una causa legítima para continuar la ocupación.”- Lógicamente es atendible el agravio habida cuenta que estos considerandos violan el art. 1913 del CCyC toda vez que existiría dos posesiones que se excluyen. Y ello sería incongruente. El magistrado sostiene que acreditada la convivencia del demandado con la fallecida Reina Vega por más de 20 años y agrega “unión convivencial que ha cesado por el fallecimiento de la propietaria Reina Vega situación que lleva al suscripto a apreciar con criterio restrictivo el desalojo incoado.”- Este argumento que sirve de fundamento a la sentencia ha sido materia de ataque por parte del recurrente.
Una convivencia por muchos años no otorga por el paso del tiempo derecho a continuar en el bien. El art. 509 del CCyC la define como la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo. El matrimonio anterior es señalado por el demandado en la excepción de falta de legitimación. El actor al contestar la excepción señala que la Sra. Reina Pascuala Vega era de estado viuda y pensionada. Aunque no surge la fecha en que comenzó su viudez y si transcurrió el plazo de dos años de convivencia a partir de quedar viuda, no se ha acreditado la registración de la unión, para la que, a estar a lo que surge de la causa, no existiría impedimento.
Y, si no registraron la unión los convivientes sabrán sus motivos o, si existía al quedar viuda un proyecto de vida en común.- Como se razona en agravios, aunque se entendiera que el demandado es acreedor al beneficio del derecho que acuerda el art. 527 del CCyC al conviviente supérstite que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que le aseguren el acceso a esta, no lo solicitó en el responde. Tampoco corresponde desestimar la acción de desalojamiento con fundamento en un derecho de habitación gratuito, aparte de no haberlo solicitado, en razón que habría transcurrido a la fecha de la promoción de la demanda el plazo máximo de dos años desde la muerte de la Sra. Reina Pascuala Vega.
Es decir que el demandado estuvo gozando de la tenencia del inmueble por el plazo que le otorga la ley al conviviente supérstite que carece de vivienda propia habitable o recursos. El paso del tiempo máximo del derecho real de habitación gratuito me releva de examinar si se dan los requisitos del art. 527 del CCyC.- En este punto se debe señalar que la sentencia ha ido más lejos pues al resolver como lo hace equipara al demandado en la situación del cónyuge supérstite del art. 2332 último párrafo del CCyC, siendo que el Sr. Espinosa no se encontraba unido en matrimonio con la Sra. Reina Pascuala Vega.-
Se ha dictado una sentencia pretoriana, cual legislador habida cuenta que en la práctica le habría otorgado al demandado un derecho real de habitación gratuita (vitalicio aunque no lo diga). En efecto rechazada la acción de desalojamiento de quedar firme le ha privado o vuelto riesgoso al actor ejercer una acción de reivindicación toda vez que entendió el Sr. Juez que Espinosa ejerció una posesión que a su criterio constituye una causa legítima para continuar la ocupación. Ello sin perjuicio que en la etapa de ejecución de sentencia como se propone en agravios, se ordenen medidas oficiando a la Municipalidad local para atender la necesidad habitacional del demandado.- En los considerandos de la sentencia se rechaza la excepción de falta de legitimación activa con costas al demandado, y en la parte dispositiva se imponen las costas en el orden causado. Este aspecto de la sentencia no ha sido cuestionado.-
VII. Que por estas consideraciones respondo en forma negativa a la primera cuestión sometida al Acuerdo. Considero que se debe revocar la sentencia por no ser justa y hacer lugar a la demanda promovida condenando al demandado y cualquier otro ocupante cualquiera sea el título en que lo haga, al desalojo de la vivienda materia de autos dentro del plazo de quince días y poniéndola a disposición del actor y teniendo presentes las reservas formuladas. Las costas de la instancia se deben imponer en el orden causado al no haberse contestado los agravios (art 68 del CPCC).-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Dra. Bard dijo:
VIII. Comparto el análisis de los autos y de los agravios desarrollado por el primer votante y adhiero a su voto.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IX. Que por las consideraciones y fundamentos expuestos propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Hacer lugar a los agravios vertidos por la parte actora apelante, revocar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios y hacer lugar a la demanda promovida por el Sr. Miguel Vega (DNI 14.674.587). 2º) En consecuencia, condenar al Sr. Luis Enrique Espinosa (DNI 6.964.737) subinquilinos y/o ocupantes a desalojar el inmueble sito en la calle 25 de Mayo 337 de la ciudad de Pico Truncado dentro del plazo de quince días poniéndolo a disposición del actor libre de ocupantes, bajo apercibimiento de lanzamiento con el uso de la fuerza pública. Las costas de la instancia se imponen en el orden causado por no haberse contestado los agravios oportunamente. Se difiere la regulación de honorarios y la determinación de la tasa de justicia para la etapa de ejecución de sentencia. 3°) Tener presente las reservas del escrito de inicio y la reserva del caso federal formulada en PE 1241959/2024. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
X. Examinada la causa y los agravios vertidos llego a la misma conclusión que el preopinante y adhiero a su voto.-
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 02 de diciembre de dos mil veinticuatro
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial
1. Hacer lugar a los agravios vertidos por la parte actora apelante, revocar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios y hacer lugar a la demanda promovida por el Sr. Miguel Vega (DNI 14.674.587).-
2. En consecuencia condenar al Sr. Luis Enrique Espinosa (DNI 6.964.737) subinquilinos y/o ocupantes a desalojar el inmueble sito en la calle 25 de Mayo 337 de la ciudad de Pico Truncado dentro del plazo de quince días poniéndolo a disposición del actor libre de ocupantes, bajo apercibimiento de lanzamiento con el uso de la fuerza pública. Las costas de la instancia se imponen en el orden causado por no haberse contestado los agravios oportunamente. Se difiere la regulación de honorarios y la determinación de la tasa de justicia para la etapa de ejecución de sentencia.-
3. Tener presente las reservas del escrito de inicio y la reserva del caso federal formulada en PE 1241959/2024.-
4. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen. El Dr. Horacio Fernández no firma por no existir disidencias.- Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Humberto E. Monelos- Juez de Cámara Presidente; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara.
Protocolización: A201048S.241 Tomo: CI Sentencia: 3088 Folio Nº: 138/143 Secretaria: 1
Fin de la sentencia