Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa V-1.891/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 326/329 y, en consecuencia, decretar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 316/321, debiendo pasar la causa a los respectivos subrogantes legales de la referida Cámara de Apelaciones para que dicten un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo establecido en el presente.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: V-1.891/13-TSJ Sentencia N°: 572.-
Actor: VELAZCO RODOLFO FERNANDO Demandado: PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Y CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION Objeto: ACCION DE AMPARO Fecha: 29-05-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 572.-
FOLIO Nº 3.256/3.261.-
PROT. ELECT. TSS1 011 S.141
Río Gallegos, 29 de mayo de 2014.-
Los presentes autos caratulados “VELAZCO RODOLFO FERNANDO c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Y CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO”, Expte. Nº V-2.730/10 (V-1.891/13-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación que interpusiera la parte actora a fs. 326/329 vta. contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 316/321 vta.; la cual rechazó la demanda por considerar que el amparo no era la vía idónea para encauzar la pretensión del actor. Este último invoca, para sostener su planteo, errónea aplicación de la ley (art. 3º, ley 1687) y arbitrariedad.- Que a fs. 88/100 Rodolfo Fernando Velazco interpuso acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Provincial y el Consejo Provincial de Educación, a fin de obtener que se lo restablezca en el cargo de vicedirector de la Escuela General Básica N° 60 de la localidad de Río Turbio, del cual fue removido mediante decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 532 del 5 de abril de 2010.
Asimismo impugna la nota N° 500/10 del 20 de abril de 2010, emitida por el Consejo Provincial de Educación, donde se le comunica: “?QUE CORRESPONDE según Decreto 532/10 DAR de BAJA al docente VELAZCO, Rodolfo DNI N° 13.419.925 en el cargo Vicedirector de EGB I y II, carácter Suplente, y DAR de ALTA al docente PAVEZ, Claudia Elizabet DNI N° 22.236.726 en el cargo de Vicedirector de EGB I y II de la Escuela General Básica N° 60 a partir del 20 de abril de 2010?”; (confr 69 del Expte. Adm.. Nº 638.374/2009). El amparista, fundó su pretensión, en sustancial síntesis, en que los actos impugnados vulneran, con ilegalidad manifiesta, diversos derechos protegidos por la Constitución Nacional y los tratados sobre derechos humanos jerarquizados por el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna.
Refiere así, al derecho al honor, a trabajar, a la estabilidad del empleo público, a la carrera, a la defensa en juicio y debido proceso y a la propiedad; a la vez que atenta contra el principio de estabilidad de los actos administrativos. Ello es así, en su concepto, porque el acto de su designación se otorgó en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en la materia y fundamentalmente porque no se le dio ninguna intervención en el procedimiento que finalmente concluyó con su reemplazo en el cargo de vicedirector por la Sra. Pavez.- En primera instancia se hizo lugar a la demanda; básicamente porque no se le dio al Sr. Velazco participación en el expediente administrativo en el cual se revocó su designación como vicedirector.
“?Más allá del incumplimiento a la normativa procedimental administrativa, es patente que la falta de intervención del Sr. Velazco en el trámite de marras resulta violatorio del art. 18 de la Constitución Nacional, art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y concordantes?“ (confr. fs. 240).-
La Cámara de Apelaciones revocó el pronunciamiento de primera instancia que había hecho lugar al planteo del actor y rechazó el amparo. Para así resolver, el tribunal ad quem, tras recordar que dicha acción es excepcional y procede en delicadas y extremas situaciones en salvaguarda de los derechos fundamentales -por la carencia de otras vías aptas- y que su apertura exige determinadas circunstancias; consideró que el amparista no demostró la inidoneidad de las vías ordinarias previstas para el caso como así también que la complejidad, lo extenso de la cuestión, así como la necesidad de variadas medidas probatorias, exceden el estrecho marco cognoscitivo de este tipo de procesos (confr. fs. 316/321 vta.).- Disconforme, el amparista interpuso el recurso de casación que obra a fs. 326/329 vta.. Allí insiste en la aptitud de la vía elegida ante la necesidad de una rápida reparación de los derechos fundamentales que considera afectados. “?La declaración de la improcedencia formal de la vía, priva al accionante del acceso a una tutela jurídica efectiva y constituye un exceso de rigor formal para el caso en el que se prioriza tan solo preservar -luego de varios años- un remedio constitucional en vez de preservar derechos humanos para el cual ese remedio fue pensado excepcionalmente, sin que resulte necesaria la producción de prueba alguna para su comprobación, también contrariamente a la errónea interpretación de los sentenciantes?“ (confr. fs. 328 vta.).- A fs. 331 la Cámara declara admisible dicho recurso de casación y este Tribunal lo declara bien concedido a fs. 341 y vta..-
A fs. 345/346 vta., la codemandada Estado Provincial presenta el memorial conforme lo previsto por el artículo 8 de la ley 1687, en el cual solicita el rechazo del recurso de casación, sosteniendo los argumentos brindados en segunda instancia.-
A fs. 348/350, dictamina el Agente Fiscal ante este Tribunal, quien postula en base a los argumentos que allí esgrime y a los cuales remitimos “brevitatis causae” que el recurso de casación interpuesto no es procedente.-
II. Ante todo, es preciso recordar que, a efectos de habilitar la instancia extraordinaria provincial, el recurso debe dirigirse contra una sentencia definitiva o asimilable, calidad de la que, en principio, carecen las que rechazan la acción de amparo pues dejan subsistente el acceso a la revisión judicial a través de la instancia ordinaria. Este Tribunal tiene establecido: “…a efectos de habilitar la instancia de la casación, el recurso debe dirigirse contra una sentencia definitiva o asimilable (confr. art. 1º ley 1687), calidad de la que carecen las que rechazan la acción de amparo porque dejan subsistente el acceso a una nueva revisión a través de la instancia ordinaria?” (confr. Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2686, Folio 4100/4102).- En igual sentido se ha expresado el máximo Tribunal Federal, sosteniendo que no es sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario federal, la decisión que rechazó la acción de amparo (Fallos: 311: 2319, entre otros).-
Sin embargo, tal principio no es absoluto y admite excepciones cuando la resolución causa un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior (confr. CSJN, Fallos: 315:1361; 316:1909; 317:164; 322:3008), o lo resuelto conduce, sin suficientes fundamentos, a la frustración de una vía apta para el reconocimiento de los derechos, lo que se traduce en una violación de la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional (confr. CSJN, Fallos: 324:2766), circunstancias excepcionales que, en opinión de este Tribunal, concurren en el sub lite, pues afirma el amparista que la Administración decidió su remoción en un proceso en el cual no se le dio intervención.- Así entonces, la procedencia de la acción de amparo se circunscribe al planteo de la existencia de una lesión actual e inminente que resulte de un acto u omisión manifiestamente arbitraria o ilegal, en los derechos o garantías constitucionales del amparista.-
III. En primer término, con relación a la vía elegida, debe dejarse debidamente esclarecido que, la acción de amparo es un proceso excepcional que resulta apta sólo frente a situaciones extremas y delicadas, ante las cuales la ineficacia de otros procedimientos origine un daño concreto y grave, sólo reparable por esta vía urgente y expeditiva (confr. CSJN, Fallos: Tomo: 325 Folio: 396; Tomo: 321 Folio: 1252, etc.). No debe perderse de vista entonces, que el amparo -aún con la amplitud reconocida en la nueva redacción del artículo 43 de la Constitución Nacional- es un remedio excepcional ante circunstancias excepcionales.- En la órbita provincial rige la ley 1117, la cual, para su admisión, exige como requisito esencial, justamente, la existencia de cualquier acto, acción u omisión que se origine en órganos o agentes de la Administración Pública Provincial o Municipal que, en forma actual o inminente y con ostensible arbitrariedad o ilegalidad, altere, amenace, lesione, restrinja o de cualquier modo impida el normal ejercicio de los derechos expresa o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional o Provincial, con exclusión del derecho a la libertad física (confr. art. 2º).- Por el contrario, cuando existan recursos o remedios, judiciales o administrativos, que permitan obtener la protección del derecho constitucional que se trate, la acción de amparo no resultará procedente; salvo que, de acudirse a tales procedimientos, los efectos del acto, acción u omisión causen daño grave e irreparable o exista la posibilidad inminente y cierta de inferirlo (confr. art. 3°, ley 1117, en su redacción modificada por ley 1186).-
Sentado lo anterior, si bien es cierto que la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de las controversias, también lo es que su exclusión por la necesidad de mayor debate y prueba, derivada de la complejidad de la causa, no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, sino que debe responder a un examen atento de los particulares pormenores del caso, toda vez que aquel instituto tiene por objeto una efectiva protección de los derechos fundamentales involucrados en la litis (confr. CSJN, Fallos: 320:1339 y 2711).- Este Tribunal Superior de Justicia, no obstante haber sustentado, como principio, un criterio restrictivo sobre la procedencia de la vía del amparo, tiene sentada doctrina legal en favor de la admisibilidad cuando exista una lesión arbitraria e ilegítima de un derecho o garantía constitucional y no medie otro remedio protectorio de aquel derecho, ni sea necesario una mayor amplitud de debate (confr. Tomo XIX, Interlocutorio, Reg. 2477, Folio 3752/3764).-
Debe, además, ponderarse que, cuando se invoca la existencia de otras vías, éstas, para ser consideradas más idóneas, deben ser más eficaces, en la salvaguarda del derecho fundamental lesionado, que el amparo. Teniendo en cuenta que la envergadura de los derechos en juego requieren una respuesta inmediata.-
Sostiene Lino E. Palacio: “?En trance ahora de formular mi propio punto de vista sobre el tema, estimo ante todo conveniente recordar que el art. 43 de la Constitución reformada no sólo confirió al amparo el carácter de derecho constitucional expreso -razón por la cual prevalece respecto de cualquier limitación o restricción contenida no sólo en leyes nacionales o provinciales- sino que también, por un lado, extendió su ámbito de admisibilidad a actos y omisiones provenientes de particulares y, por otro lado, amplió el tipo de derechos susceptibles de tutela a través de ese remedio, que no se circunscriben ahora a los reconocidos por la Constitución, sino que también comprenden a los que se encuentran reconocidos por un tratado o una ley.
En segundo lugar es del caso reiterar la conclusión más arriba expuesta y conforme a la cual, en el actual estado de la legislación vigente en el orden nacional no se halla previsto, frente a actos u omisiones de autoridades públicas, un tipo de proceso más expeditivo y rápido que el de amparo, regulado, conforme a la ley 16.986, sobre la base de un esquema configurado, fundamentalmente, por demanda (art. 6°), informe de la autoridad demandada (art. 8°), producción de toda la prueba en una audiencia que debe tener lugar dentro del tercer día (art. 9°), pronunciamiento de sentencia dentro del mismo plazo (art. 11), posibilidad de recurrirla dentro de 48 horas (art. 15) y prescindencia de recusaciones sin causa, cuestiones de competencia, excepciones previas e incidentes (art. 16).
Interesa agregar que la conclusión es fundamentalmente la misma si la óptica se extiende a las leyes locales -que en general reglamentan al amparo en forma similar a la de la ley nacional-, pues los llamados juicios de mínima cuantía o juicios verbales regulados por algunas de ellas (v.gr. Córdoba, San Juan), son, a lo sumo, tan sumarísimos como aquél, pero no en mayor medida. En tercer lugar, la propia redacción acordada al art. 43 de la Constitución sugiere, con evidencia, que la “idoneidad” a que alude es concepto que equivale estrictamente al de celeridad o rapidez, porque si la norma citada comienza refiriéndose a la “acción expedita y rápida de amparo” y continúa aclarando que ésta sólo puede ser desplazada por otro “medio judicial más idóneo”, es obvio que éste debe ser más expedito y rápido que aquél.
De lo dicho se sigue que, en presencia de un acto u omisión que lesione o restrinja, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley y siempre, desde luego, que tales circunstancias sean alegadas y acreditadas por el interesado siquiera prima facie, el proceso ordinario no puede en ningún caso ser considerado un remedio judicial más idóneo que el amparo?“ (confr. aut. cit., “La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994”, Publicado en: LA LEY 1995-D, 1237).- Cuesta entender que las vías ordinarias del ordenamiento jurídico puedan presentarse como más idóneas para prestar tutela efectiva y sumarísima a un derecho o garantía de fuente o jerarquía constitucional, afectado con arbitrariedad manifiesta por un acto u omisión de autoridad pública o un particular (confr.
Ferreyra, Raúl Gustavo, Notas sobre Derecho Constitucional y Garantías, Buenos Aires, Ediar, pág. 313).-
IV. Analizado el caso de autos, a la luz de los antecedentes y doctrina ut supra reseñados, no podría argumentarse que la cuestión en debate requeriría un espacio cognoscitivo y probatorio, mayor al que ofrece normalmente el amparo. Los antecedentes del caso permiten sostener que esta vía luce más idónea y efectiva para la tutela judicial de los derechos de raigambre constitucional comprometidos.-
Máxime si tomamos en consideración el estado avanzado del proceso, llegado ya a un punto en el que sería altamente disfuncional, si no inviable, replantear la vía para entender en el asunto. Entonces, adoptar una solución distinta en este supuesto supondría iniciar otro proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio del principio de seguridad jurídica, a lo que se suma la extensión temporal que ello provocaría; en detrimento del reclamo que tiene sustento en derechos de honda raíz constitucional y convencional.-
En tales circunstancias, la vía del amparo del artículo 43 de la CN provee un instrumento judicial de protección “expedita y rápida”. Y agrega que este instituto “?cumple la función de hacer inmediatamente operativos los derechos subjetivos lesionados en forma actual o inminente, tanto por actos u omisiones de los particulares como de la Administración?”. Resultando el término “acto” utilizado en su acepción amplia de “hecho o acción” (confr. Dromi, Roberto “Derecho Administrativo”, Ed. Ciudad Argentina, 7ma. Edición actualizada, 1998, págs. 230 y 231, puntos 2 y ss.).- Llegado a este punto, es oportuno reiterar lo dicho por este Tribunal, donde, en base a citas de fallos de la Corte Suprema Nacional expresara que “?“?si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios instituidos para la solución de las controversias (Fallos 300:1033), su exclusión por la existencia de otros recursos administrativos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias (Fallos 299:358). Que siendo así, la invocación de garantías constitucionales que requieren una pronta y eficaz protección, resulta conducente para habilitar la instancia extraordinaria cuando, como en el caso, las atribuciones que la ley confiere al organismo oficial en orden a la medida impugnada, aparecen ejercitadas en forma inadecuada y traducen un serio menoscabo al derecho de defensa de los beneficiarios…” (Fallos 305:307)?” (confr. Tomo XII, Sentencia, Reg. 420, Folio 2294/2303, in re: “Ramos”, 12-10-05, del voto en disidencia de los Dres. Mariani y Peretti).- Por su parte la Constitución Provincial, en su artículo 15, prescribe: “Los Jueces prestarán amparo a todo derecho reconocido por la Constitución Nacional y ésta, y si no hubiera reglamentación o procedimiento legal, arbitrará a ese efecto trámites breves” (más el ágil proceso determinado por la ley 1117 y sus modificatorias).-
Desde esta perspectiva, consideramos que la decisión del ad quem de desestimar la vía por entender que el tema debatido exigía mayor amplitud de debate y prueba, importa la adopción de un criterio extremadamente formalista, que atenta contra el concreto restablecimiento de los derechos esenciales afectados que el amparo busca asegurar y se despreocupa de las concretas circunstancias planteadas en el sub lite y de la posición de las partes.-
En efecto, aun cuando en términos generales pueda sostenerse que el tema de fondo discutido en autos resulta complejo y su dilucidación requiera la producción de prueba, tal juicio no se puede efectuar en forma abstracta, sino atendiendo a los recaudos señalados precedentemente. Esto es, no es suficiente afirmar la necesidad de mayor debate y prueba, sino que es necesario, a fin de fundar la decisión, indicar de modo concreto cuáles eran los elementos probatorios que no se pudieron utilizar para resolver la cuestión, así como la incidencia que éstos hubieran podido tener sobre el resultado final del proceso (confr. Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, sala civil y penal, “R.
E. C. c. Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Mendoza s/ amparo”, 02/09/2011, Publicado en: LLNOA 2011 (diciembre), 1171; LLNOA 2012 (febrero), 29, Sup. Const. 2012 (marzo), 61, La Ley 2012-B, 414, cita online: AR/JUR/47688/2011); máxime en supuestos como el de autos, en donde las demandadas sólo se limitaron genéricamente a señalar aquella cuestión para oponerse al progreso del amparo, pero no mencionaron los medios de los cuales se vieron privadas para ejercer su defensa ni su utilidad.- Además, la decisión que propiciamos halla sustento en que luego de la reforma de 1994, se han incorporado a nuestra Carta Magna, los tratados internacionales de derechos humanos citados en el art. 75 inc. 22, los cuales integran el rango normativo superior del Estado y la Constitución debe ser interpretada en consonancia con ellos, sin que pueda negarse la existencia o el alcance de algún derecho de carácter supranacional sobre la base de la interpretación restrictiva o limitativa de alguna norma constitucional (confr.
Gordillo, Agustín, Derechos Humanos, 5ª. edición, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2005, págs. XVII-1/XVII-21).- Que “?cabe hablar de un amparo de raíz supranacional. En efecto la acción de amparo reglada en el art. 43 de la C.N. debe complementarse con las previsiones normativas contenidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que por imperativo del art. 75 inc. 22, tienen jerarquía constitucional. Las reglas internacionales aludidas pueden ser caracterizadas bajo el denominador común de que todas se refieren al amparo como remedio judicial breve y sencillo, enderezado a la protección jurisdiccional rápida y efectiva de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en los pactos de derechos humanos, la Constitución y las leyes, contra actos de las autoridades o particulares que los afecten?” (confr.
Ferreyra, Raúl Gustavo, ob. cit., págs. 292/293).- Estos instrumentos amparísticos de naturaleza internacional son: a) art. 8 de la “Declaración Universal de Derechos Humanos”; b) art. 2 inc. 3 apartado “a” del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”; c) art. 25 inc.1 de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” y d) art. 18 de la “Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre” (confr. Ferreyra, Raúl Gustavo, ob. cit., pág. 293).-
Así, tenemos en la normativa internacional mecanismos de tutela análogos al amparo, que deben ser interpretados en armonía con la Ley Suprema. Sobre la materia, el art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dice que “Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos H umanos dispone: “Art. 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de funciones oficiales”. Similares preceptos hallamos en la “Declaración Universal de Derechos Humanos” y en el “Pacto Internacional de Derechos Culturales, Civiles y Políticos”.- La redacción de las normas referenciadas es clara, los países signatarios deben brindar un remedio rápido, sencillo, breve y expedito cuando se afecten derechos fundamentales, y en ellas no se exigen condicionamientos ni se imponen limitaciones formales.-
La privación de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención, constituye una transgresión de la misma por el Estado parte en el cual semejante situación tenga lugar; que le genera a éste último responsabilidad internacional. La Corte Interamericana en el caso “Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú” (sentencia del 24 de noviembre de 2006) sostuvo que dicho Estado había violado el mencionado artículo (art. 25 de la CADH), por cuanto se había impedido a los trabajadores del Congreso acceder a un recurso rápido y efectivo (confr. Gil Domínguez, Andrés, Constitución Socioeconómica y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2009, págs. 249/251).- En consecuencia, interpretados armónicamente los tratados citados y el artículo 43 de la CN, y teniendo en cuenta el carácter de los derechos en juego referidos por el recurrente, en especial el derecho de defensa y debido proceso, y los daños que la decisión impugnada puedan acarrear al actor ante el peligro natural que conlleva el tiempo de resolución de cualquier proceso, la vía intentada es procedente.-
Si bien los jueces deben prevenir todo empleo inapropiado del amparo, para evitar su degradamiento como garantía de derechos constitucionales lesionados con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, por actos u omisiones de autoridad pública; la actividad judicial que lleve al exceso el rigor de las formas, corre el seguro riesgo de desnaturalizar tan potente garantía, tornándola de casi imposible actuación ante los estrados judiciales (confr. CSJN Fallos: 316:2997, del voto en disidencia de los Dres. Fayt y Petracchi). “En suma, el mero señalamiento de la existencia de “otras vías procesales” implica desconocer que no se debe resistir dogmáticamente la admisibilidad del amparo para ventilar un asunto que, como cualquier otro que se promueva a través de esa acción, contaría, desde luego, con dichas vías alternativas.
De otro modo cabría considerar que la Constitución Nacional en su art. 43, ha establecido una garantía procesal que, en definitiva, resultaría intransitable” (confr. CSJN, “Rozniatowski, Rosa Cristina c. EN - Secretaría de Energía de la Nación”, 03/03/2009).- Esta solución condice con el principio “pro homine” que informa todo el derecho de los derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado: “?En tal sentido cabe recordar que las garantías emanadas de los tratados sobre derechos humanos deben entenderse en función de la protección de los derechos esenciales del ser humano. Sobre el particular la Corte Interamericana, cuya jurisprudencia debe seguir como guía para la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de dicho tribunal para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de los preceptos convencionales (conf. arts. 41, 62 y 64 de la Convención y 2° de la ley 23.054), dispuso: “Los Estados... asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados sino hacia los individuos bajo su jurisdicción” (O.C. - 2/82, 24 de septiembre de 1982, parágrafo 29, Fallos: 320:2145 -La Ley, 1997-F, 697; DJ, 1998-1-404; IMP, 1998-A, 637-)?
Que cabe señalar que la Convención Americana (arts. 1.1 y 2) impone el deber para los estados partes de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la convención reconoce. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideró que es “deber de los Estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos” (O.C. 11/90, parágrafo 23). Asimismo, debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos, jurisdiccionales y legislativos lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, a fin de no comprometer su responsabilidad internacional (Fallos: 319:2411, 3148 -La Ley, 1997-A, 227; DJ, 1997-1-506; La Ley, 1997-C, 150- y 323:4130)?” (confr.
CSJN, Portal de Belén – Asociación Civil sin Fines de Lucro c. M.S.y A.S. 05/03/2002, Publicado en: DJ 2002-1, 664; LA LEY 2002-B, 520, Fallos Corte: 325:292).- En tales condiciones, las constancias de la causa y lo expresado en ella por las partes resultan suficientes para esclarecer si el acto impugnado ha provocado o no la lesión de los derechos que se dicen conculcados.-
Para concluir, no es ocioso recordar las palabras de nuestro máximo Tribunal Federal en dos fallos paradigmáticos del instituto del amparo, al señalar que “…las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias…” (in re: Siri Ángel, CSJN Fallos: 239:459) y que siempre que aparezca de modo claro y manifiesto, la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de la persona, así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponde que los jueces restablezcan de forma rápida el derecho restringido por la vía del recurso de amparo (in re Samuel Kot S.R.L., CSJN, Fallos: 241:291).- Lo expuesto, en modo alguno significa emitir opinión sobre el tema de fondo, que deberá ser resuelto por los jueces de la causa.-
Conteste con lo señalado precedentemente, corresponde revocar la sentencia recurrida y devolver las actuaciones a la Cámara de origen para que, por medio de jueces subrogantes legales, se dicte una nueva ajustada a las pautas de este fallo.-
V. En definitiva, la sentencia analizada adolece de faltas que impiden tenerlo como acto judicial válido y propicio para surtir efectos legales. Por tal motivo corresponde decretar la nulidad del veredicto bajo análisis, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 2º (quebrantamiento de forma) y 14º de la ley 1687, debiéndose devolver las actuaciones a la Cámara de origen a fin de que, por jueces subrogantes legales se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo establecido en el presente.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 326/329 y, en consecuencia, decretar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 316/321, debiendo pasar la causa a los respectivos subrogantes legales de la referida Cámara de Apelaciones para que dicten un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo establecido en el presente.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, de la ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1011S.141 Tomo: XVII Sentencia: 572.-
Folio N°: 3.256/3.261.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia