Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa V-2315/19
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 550/570 vta., y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 575/576.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: V-2315/19 Interlocutorio N°: 3510 Actor: VELAZQUEZ CARLOS RUBEN Demandada: SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S.A.
Objeto: LABORAL - COBRO DE PESOS Fecha: 04-10-19 Texto: TOMO XXXI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3510 FOLIO Nº 6012/6016 PROT. ELECT. TSS1 052 I.191
Río Gallegos, 4 de octubre de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “VELAZQUEZ CARLOS RUBEN c/ SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S.A. s/ LABORAL - COBRO DE PESOS”, Expte. N° V-17.475/15 (V-2315/19-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Federico Ferreyra Amuchastegui (cfr. fs. 550/570 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 536/543, que revocó el pronunciamiento de Primera Instancia, considerando injustificado el despido del actor.- La accionada interpone su recurso por quebrantamiento de forma y errónea aplicación de la ley, en los términos de los artículos 2° y 3°, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. foja 562 vta.).-
II. En la especie, el actor promovió demanda laboral con el objeto de percibir las indemnizaciones derivadas del despido incausado y el incremento indemnizatorio previsto en el artículo 2° de la ley 25.323 (cfr. fs. 42/54 vta.). Este reclamo fue repelido por la contraria, aduciendo que la extinción del vínculo laboral se concretó con justa causa. Ello, en razón de que la conducta exhibida por el trabajador el día 17 de abril de 2015 importó una grave injuria que no consentía la prosecución del vínculo laboral, al haber incurrido en una flagrante violación a las normas internas y de procedimiento de la empresa en materia de prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y otorgarle asimismo la conducción de un vehículo a su compañero que se encontraba en estado de ebriedad evidente (cfr. fs. 95/117 vta.).- El juez de origen consideró que el despido fue con justa causa, por lo que rechazó las indemnizaciones exigidas por el actor. No obstante, condenó a la demandada a abonar los créditos laborales relativos a la falta de preaviso, integración del mes de despido y sueldo anual complementario sobre los rubros mencionados (cfr. fs. 497/501 bis).-
Apelada esta decisión por ambas partes, la Cámara la revocó, declarando que el despido fue injustificado (cfr. fs. 536/543).-
Para así decidir, los magistrados precisaron que no se probó que el actor se encontrara alcoholizado y, por ende, que hubiere violentado las normas internas de la empresa. Destacaron que no era responsabilidad del actor supervisar a un compañero de trabajo de igual categoría que se encontraba bajo los efectos del alcohol (cfr. foja 538 vta.).-
Igualmente sostuvieron que no se acreditó que el dependiente haya cedido la conducción del camión en el que viajaba junto a su par, a sabiendas de que éste último se encontraba en estado de embriaguez. En tal sentido, puntualizaron que el actor iba durmiendo al momento de ser detenidos por la policía local y que no se verificó que su compañero ingirió bebidas a la vista o en forma conjunta con él. Señalaron que, en todo caso, se lo podría haber sancionado con una penalidad menor (cfr. foja cit.).- Contra este pronunciamiento, la demandada interpuso recurso de casación aduciendo quebrantamiento de forma, errónea aplicación de la ley y arbitrariedad.-
Aduce la violación de los siguientes artículos: 9, 242 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo; 367 y 373 del CPC y C; 296 del Código Civil y Comercial de la Nación y 18 de la Constitución Nacional (cfr. foja 562 vta.).-
Esgrime dos agravios: el primero de ellos, denuncia la arbitraria variación de la causal del despido invocada y, la segunda, la arbitraria desestimación de la justa causa de despido.-
Al sustentar su agravio inaugural, la recurrente sostiene que: “El fallo de autos…termina resolviendo la causa alterando los motivos de la legal y legítima resolución contractual que mi mandante dispuso. Ello es así por cuanto la regla del art. 243 LCT o sea el de la invariabilidad de la causa de despido, no solo alcanza a las partes sino también al propio Juez…” (cfr. foja 565 vta.). En tal sentido, manifiesta que: “Tan evidente es la violación de la sentencia que se denuncia, que toda su atención se centra en el hecho que mi parte no ha probado la 'ebriedad' de Velazquez, cuando lo cierto es que ni por asomo, existió imputación de esa naturaleza. Muy por el contrario al actor se le atribuyo (sic) haber violado la política de alcohol y drogas y además haber entregado la unidad a alguien que como Tolaba, exhibía patente estado de abriedad…” (cfr. foja cit.).- Asevera que: “Desde el momento mismo que se encuentra plenamente corroborado que en un ámbito de mi mandante como lo es el camión en que se conducía el actor y su compañero Tolaba, hubo consumo de bebidas alcohólicas y restos visibles de ello, ninguna duda puede existir en el sentido que se encuentra acreditada la transgresión a tales políticas.
Dable es señalar además que las muy completas y prolijas políticas agregada (sic) a la causa demuestran también que si un empleado advierte que se está incurriendo en esa violación al consumo por parte de otro personal, tiene la obligación de comunicarlo a su empleadora…” (cfr. foja 566).- En lo relativo al segundo agravio, refiere que: “Si el personal policial interviniente señala que tanto el conductor Tolaya (sic) como Velázquez presentan 'aliento etílico' y 'se encuentran presumiblemente bajo los efectos del alcohol', tenemos incorporado a la causa elementos definitorios llegado el momento de corroborar el estado de ebriedad de ambos, y por lógica consecuencia la veracidad de los hechos enunciados al momento de concretar el despido por justa causa del actor.” (cfr. foja 567 vta.).- Postula que: “La certificada existencia de aliento etílico en ambos ocupantes, sella la suerte del actor, porque demuestra que violó la política interna que le prohibe (sic) no solo consumir bebidas alcohólicas, sino además el deber de denunciar ese quebrantamiento por parte de otro personal, y si a ello le sumamos que le confió el manejo a su acompañente (sic) ebrio…es indiscutible que su despido resulta legal y legítimo.” (cfr. foja 568 vta.).- Puntualiza que: “El despido es absolutamente proporcional a la gravísima inconducta del actor, y como esta es nítida, la invocación que se hace del art. 9 LCT, carece de todo sustento, porque ninguna duda puede existir en…que el actor quebrantó sus deberes contractuales, y la justa causa que prevé el art. 242 del mismo cuerpo legal, deviene diáfana.” (cfr. foja 570).-
Hace reserva del caso federal (cfr. foja cit.).-
A fs. 575/576 la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A foja 597 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Para realizar esta faena no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido reiteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio.- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.- En términos generales, este Alto Tribunal ha sostenido que la crítica concreta y razonada que se exige como requisito de la fundamentación de la senda recursiva debe apuntar a demostrar la incorrecta demarcación de la base fáctica (incorrecta valoración de la prueba y de la limitación de la situación y relaciones jurídicas) o la incorrecta calificación legal de la misma, esto es, la deficiente conexión de los hechos con el ordenamiento. Es decir, que si la recurrente ataca uno, o todos los elementos del silogismo utilizado por el magistrado para arribar a su conclusión, esto es, la base fáctica, la base normativa o la base resolutiva, la fundamentación del recurso debe consistir en una operación lógica, que apunte a demostrar la falsedad de la premisa mayor, de la menor o de la conclusión (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 574, Folio 3266/3273).-
IV. A la luz de las premisas indicadas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva de fs. 550/570 vta. no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
Las censuras sometidas a juzgamiento pretenden la revisión de cuestiones de hecho y prueba, ajenas al acotado margen por el que transita el andarivel recursivo de marras, como lo son aquellas vinculadas a la configuración de las causales de despido invocadas para justificar la rescisión del contrato de trabajo y la valoración de las injurias llevada a cabo por el tribunal de mérito. Únicamente cabe hacer excepción ante la denuncia idónea y efectiva de la existencia de absurdo o arbitrariedad, lo que no se vislumbra en el sub lite.- En esta senda, este Alto Cuerpo ha sostenido recientemente que: “…'…tanto la apreciación del material probatorio, como la determinación de la existencia o no de injuria que justifique la extinción del vínculo laboral constituye materia reservada a los jueces de mérito. El límite que encuentra tal facultad lo constituye la eficaz alegación y demostración de absurdo al apreciar los hechos y las pruebas de la causa, o en la afirmación y comprobación de que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige -art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo-...Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa…'…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3481, Folio 5947/5951).- La revocación de una sentencia por absurdo es un remedio excepcional (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos VIII, Reg. 282, Folio 1531/1533 y XV, Reg. 513, Folio 2877/2883) para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946, entre otros).-
En tal inteligencia este Alto Cuerpo ha entendido que: “…para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que 'el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento'…” (cfr. Interlocutorio, Tomos IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788; XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003 y XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946).- Bajo el contexto de análisis expuesto, no se advierten configuradas las señaladas hipótesis de excepción que habiliten el examen en esta instancia extraordinaria. Ello, en razón de que el pronunciamiento impugnado contiene un adecuado escrutinio de las circunstancias que originaron la extinción de la relación de trabajo.-
Al tiempo de evaluar las cuestiones de hecho que estructuran el acto sentencial en crisis, el tribunal de alzada concluye que el despido fue sin justa causa, en base a las causales invocadas en la epistolar que comunicó el despido, los testimonios rendidos en el proceso y el informe médico de la policía obrante en autos.-
Frente a este discurrir argumental, se advierte que el escrito portador del recurso evidencia endebles críticas no apontocadas en argumentos jurídicos y fácticos que permitan calificarlas de razonadas o fundadas, omitiendo rebatir las razones esenciales brindadas por los jueces de la Cámara. Por el contrario, la recurrente pretende discurrir libremente sobre su particular interpretación del caso y la forma en que debió fallarse. Empero, omite desplegar un desarrollo argumental que patentice un yerro en el razonamiento revelado en el acto sentencial cuestionado, resultando insuficiente para este cometido la cita de normas presuntamente infringidas, si no se justifica en el caso concreto cómo se produjo esa violación.- Es que, apartándose de la línea reflexiva que llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión objetada, la casacionista se limita a proponer un renovado análisis de los hechos y las pruebas según su propio y personal criterio valorativo, poniendo sólo en evidencia la pretensión de disputarles el ejercicio de la facultad que les asiste -en modo privativo- en lo vinculado a la interpretación de la conducta del trabajador previa a la concreción del despido.- La mera expresión de una opinión discrepante no basta para acreditar -ante las cuestiones de hecho- que las definiciones que contiene a su respecto el pronunciamiento del tribunal de grado sean portadoras del vicio del absurdo.-
En tal sentido, este Tribunal Superior de Justicia ha señalado, reiteradamente, que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente, por ende, para demostrar que esta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación. En la especie, los agravios remiten a materias propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia casatoria (cfr. Interlocutorio, Tomos VI, Reg. 893, Folio 1044/ 1046; XI, Reg. 1462, Folio 2044/ 2045, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de cuestiones de hecho y prueba, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (cfr. TSJ Interlocutorios, Tomos XXI, Reg. 2685, Folio 4097/4099; Reg. 2661, Folio 4030/4032; XXII, Reg. 2767, Folio 4301/4305), circunstancias, estas últimas que no acontecen en el sub judice.- La casacionista omite igualmente suministrar argumentos jurídicos certeros que patenticen la infracción de los artículos 9, 242 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo; 367 y 373 del CPC y C; 296 del Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto no esgrime ningún embate concreto que evidencie un error en los preceptos legales citados.-
Tampoco resulta de recibo el esfuerzo argumental dirigido a demostrar que los jueces incurrieron en una alteración arbitraria, al evaluar las razones que sustentaron la extinción del vínculo laboral. En este punto, el recurso se exhibe insuficiente porque la casacionista no ha logrado demostrar un error grave, palmario o manifiesto en el juicio o raciocinio del tribunal de Alzada que patentice un grosero desvío lógico que, a la postre, conduzca a decisiones inconciliables con las constancias de la causa.- Más aún, los términos vertidos por la propia recurrente traslucen contradicciones que lo alejan de un desarrollo argumental coherente y atinente; ello en razón de que, por un lado, aduce que la sentencia centra su atención en el hecho de que su parte no probó la ebriedad del trabajador, cuando ni por asomo existió una imputación de esa naturaleza (cfr. foja 565 vta.), mientras que por el otro, expone que en la causa se encuentran incorporados elementos definitorios que corroboran el estado de ebriedad de los dos dependientes involucrados y por lógica consecuencia la veracidad de los hechos denunciados al momento de concretar el despido (cfr. foja 567 vta.). Igualmente afirma que la existencia de aliento etílico en ambos ocupantes sella la suerte del actor, porque demuestra que violó la política interna que le prohíbe consumir bebidas alcohólicas (cfr. foja 568 vta.).- En suma, se observa que la recurrente pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (conf. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2701, Folio 4131/4135), lo que torna inhábil al recurso en estudio para ser considerado admisible.-
Idéntica suerte adversa debe correr la supuesta afectación de derechos o garantías de orden constitucional como la contenida en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en la medida en que la impugnante omite indicar de qué forma se produjo la transgresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las prerrogativas que esa cláusula constitucional tutela. En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros)- Tampoco puede acogerse la parcela del recurso que denuncia el quebrantamiento de forma, en tanto la casacionista no logra evidenciar la configuración de vicio alguno en torno a las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento y el acto sentencial. Más aún, la simple lectura de la pieza recursiva denota de forma prístina la ausencia total de toda crítica tendiente a abonar la causal invocada.-
Las razones hasta aquí brindadas resultan asimismo suficientemente justificativas de la ausencia de arbitrariedad del pronunciamiento atacado.-
Este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que: “...'…La doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...'…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3370, Folio 5629/5633, entre otros).- En el caso de autos la recurrente no logra demostrar la arbitrariedad que achaca al dispositivo sentencial que pretende postrar. Sólo se desprende del recurso impetrado -como se dijo anteriormente- una exposición reiterada de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho y prueba. No se demuestra ni se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales; antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con los criterios sustentados por los jueces, el fallo abunda en fundamentos de diverso orden que le dan suficiente consistencia jurídica.-
V. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte demandada a fs. 550/570 vta. no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 575/576, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a foja 570.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 550/570 vta., y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 575/576.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1052I.191 Tomo: XXXI Interlocutorio: 3510 Folio N°: 6012/6016 Secretaría: 1
Fin de la sentencia