Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 49.481-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos e intereses resarcitorios y multas, reduciendo la graduación de la correspondiente al Impuesto a las Ganancias del período 2011 a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-75289133-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 11 de Julio de 2025 VOC 1RA En el día de la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por el Dr. José Luis Pérez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), la Dra. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y el Dr. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para dictar sentencia en el expediente Nº 49.481-I, caratulado: “VELLA CARMEN ROSA BEATRIZ s/ Recurso de Apelación” y su acumulado Expediente Nº 49.482-I;
El Dr. Pérez dijo:
I. Que a fs. 47/72vta y 164/188vta la apelante Carmen Rosa Beatriz Vella interpone sendos recursos de apelación contra las Resoluciones N° 180/2018 (DV RR1R) y Nº 179/2018 (DV RR1R) respectivamente, ambas de fecha 12/11/2018, dictadas por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos 1 de la Dirección Regional Rosario de la Dirección General Impositiva Administración Federal de Ingresos Públicos.
La apelante impugna las mencionadas resoluciones relativas a la extensión de la responsabilidad personal y solidaria por obligaciones atribuidas a la firma Patagonia Asador Criollo SRL en:
1. el Impuesto a las Ganancias periodos fiscales 2011 y 2012 por la suma de $134.431,75 y $139.611,15 respectivamente con más $602.195,16 en concepto de intereses resarcitorios y se le aplica una multa de $403.295,25 por el periodo fiscal 2011 conforme art. 46 de la Ley 11.683 y de $69.805,58 por el periodo fiscal 2012 conforme art. 45 de la Ley 11.683 y, 2) el Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales 01/2011 a 09/2012 por la suma de $163.896,97, más intereses resarcitorios por $408.581,02 y se aplica una multa por los periodos 01/2011 a 06/2012 de $81.948,49 por infracción del art. 45 de la Ley 11.683, y nuevos saldos técnicos y de libre disponibilidad por los periodos fiscales 07/2012 a 09/2012, de los que resulta un nuevo saldo a favor en el periodo 09/2012 de $11.722,00.
Que la recurrente solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoquen los actos administrativos en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
La recurrente manifiesta que se le hace extensiva la responsabilidad solidaria de la firma Patagonia Asador Criollo SRL, de la que –dice- jamás tuvo conocimiento previo ni como representante de la constituyente ni a título personal.
Señala que la resolución determinativa y sancionatoria dirigida a la sociedad de responsabilidad limitada habría sido notificada mediante la vía del art. 100 de la Ley 11.683 el 25/07/2017 y agrega que en el domicilio donde se hizo la notificación, desde diciembre de 2012, no funciona ningún establecimiento comercial ni de ninguna otra índole perteneciente a su mandante.
Sostiene que transcurrido un año de dicha notificación la AFIP resolvió iniciar el procedimiento para hacer extensiva la responsabilidad solidaria en cabeza de su mandante.
Plantea la nulidad del procedimiento, esgrime que su mandante ofreció pruebas y ninguna de ellas fue admitida para resolver la causa, y que, la denegación de la producción de medios probatorios implica la violación del derecho de defensa.
Plantea la prescripción de las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar la responsabilidad solidaria por el IVA correspondiente a los periodos fiscales 01 a 11/2011, por encontrarse prescriptas al momento de iniciar el procedimiento del art. 17 de la Ley 11.683.
Expresa que la sociedad ingresó su obligación tributaria de modo correcto. Sostiene que, respecto de los créditos fiscales, la AFIP ha impugnado créditos de operaciones realizadas por el mero hecho de haber admitido únicamente aquellos créditos informados por clientes que los declararon con sustento en circularizaciones que habrían sido efectuadas por los actuantes ignorando que la totalidad de los créditos fiscales originados en las operaciones realizadas por la sociedad resultan procedentes.
Alega que la obligación del responsable es subsidiaria por ello son responsables solidarios, pero no deudores solidarios.
Expresa que, según documentación de la AFIP, la notificación de la resolución de vista habría sido dirigida al domicilio de la calle Nansen 323 donde dice que hace casi seis años dicha sociedad dejó de funcionar. Agrega que, a la fecha de la invocada notificación de la resolución determinativa y sancionatoria, la sociedad ya hacía más de cuatro años que no se encontraba funcionando en dicho domicilio y no recibió ninguna notificación fehaciente de ello.
Indica que al no haber tomado conocimiento fehaciente la sociedad de la determinación de oficio y de la aplicación de la sanción, no se ha verificado el requisito de incumplimiento de la intimación previa al deudor y, por ende, -dice- no resulta viable la determinación de la responsabilidad solidaria de oficio. Considera que el hecho de haber sido la administradora de la sociedad no implica que haya incurrido en las causales que habilitan la extensión de la responsabilidad solidaria.
Se agravia de los intereses resarcitorios y de las infracciones a los arts. 46 y 45 de la Ley 11.683. Entiende que es improcedente la responsabilidad solidaria por el incumplimiento por parte del Fisco del requisito de la intimación previa al deudor fehacientemente notificada y de la ausencia de imputabilidad subjetiva. Acompaña documental y ofrece prueba informativa, reconocimiento del lugar y pericial. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar a los recursos de apelación en todas sus partes y se revoquen las determinaciones de oficio. Con costas.
II. Que a fs. 84/110 y 199/221vta contesta los traslados la representación fiscal solicitando, por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos del recurrente y que se confirmen los actos apelados, con costas.
La representación fiscal niega en forma terminante todos y cada uno de los hechos, documentación y fundamento esgrimido en la demanda, que no sean objeto de aceptación o de un expreso reconocimiento de su parte.
Indica que la excepción de prescripción planteada no registra menor fundamento por lo que cabe su rechazo. Que el vencimiento para la presentación de la declaración jurada periodo fiscal 01/2011 operó el día 01/02/2011 comenzando a correr los cinco años de prescripción el 01/01/2012 suspendiéndose dicho plazo el 03/06/2013 por la aplicación del art. 17 de la Ley 26.860, por lo cual corresponde calcular el plazo total para la prescripción desde el 01/01/2013.
Señala que la nulidad planteada es improcedente ya que la actora no esgrime ningún argumento válido que permita fundamentar la misma.
Con respecto a las pruebas ofrecidas expresa que las mismas fueron debidamente merituadas por el juez administrativo y agrega que el rubrado ha contado con todas las oportunidades legales para ejercer su derecho de defensa, ser oído y producir la prueba respectiva, y que las resoluciones atacadas reúnen todos los requisitos esenciales del art. 7 de la Ley 19.549.
Indica que la fiscalización llevada a la firma Patagonia Asador Criollo SRL constató la existencia de actividad alcanzada por el Impuesto a las Ganancias durante los periodos fiscales 2011 y 2012 e impugnó los créditos fiscales consignados en las declaraciones juradas de los periodos 01/2011 a 09/2012. Sostiene que tanto los créditos fiscales impugnados -01/2011 a 06/2012- como los verificados -07/2012 a 09/2012- encuentran sustento probatorio en una ardua tarea de la fiscalizadora, quien ante la falta de aporte de los libros IVA por parte de Patagonia Asador Criollo SRL, reconstruyó los mismos a partir de documentación aportada por la firma.
Expone que constató que la sociedad presentó la declaración jurada de Impuesto a las Ganancias periodo 2011 sin movimiento y en el periodo 2012 no realizó presentación alguna.
Señala que, es la sociedad de responsabilidad limitada bajo la gerencia de la señora Carmen Rosa Beatriz Vella, quien mantiene incluso al día de la fecha el inmueble sito en la calle Nansen 323 de la Ciudad de Rosario como asiento jurídico para la ley fiscal.
Asimismo, advierte que hasta el día de la fecha las obligaciones reclamadas se encuentran impagas, que las intimaciones de pago fueron practicadas y notificadas en las fechas que surgen de los antecedentes administrativos, que no es el Organismo Fiscal el que debe demostrar que la sociedad estaba en posibilidad de cumplir oportunamente con sus deberes tributarios, en virtud de la carga de la prueba que rige en materia de responsabilidad solidaria.
Entiende que dicha responsabilidad debe imputarse a las personas que, en virtud de las funciones que desempeñaron, tuvieron facultades de decisión en materia tributaria o el control de la correcta administración de la sociedad o en el manejo de los fondos.
Asevera que, según los antecedentes administrativos, no se observaron pagos en cancelación de la obligación tributarias adeudada ni de los accesorios por parte de la empresa.
Por otra parte, aclara que la señora Vella no niega su carácter de socia gerente de la firma en cuestión, y que según constancias extraídas de las bases de datos con que cuenta la Repartición, ella es la “Administradora de relaciones de la clave fiscal” de la firma.
Indica que la responsable debió arbitrar y extremar los medios de prueba que permitieran considerar excluida la responsabilidad en torno a los hechos investigados o la imposibilidad en que lo hubiese colocado el deudor principal para cumplir con las obligaciones a su cargo, circunstancia esta que no se acreditó en las presentes actuaciones.
Respecto de los intereses resarcitorios, manifiesta que se aplicó el art. 37 de la ley procedimental. En cuanto a las sanciones aplicadas señala que, en relación a la responsabilidad de la actora por infracciones y multas, no pueden prosperar sus argumentos toda vez que la propia sociedad fue quien le imposibilitó hacer frente a cualquier obligación, siendo una argumentación carente de sustento fáctico, con la intención de deslindarse sistemáticamente de la responsabilidad que le es propia.
Acompaña antecedentes administrativos, se opone a la prueba informativa ofrecida por los recurrentes, hacen reserva de la cuestión federal y solicitan se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 226 el Tribunal resuelve acumular el expediente Nº 49.482-I al que lleva el Nº 49.481-I. Que a fs. 241 el Tribunal resuelve correr traslado a la recurrente por el término de diez días de la oposición a las medidas probatorias planteadas por el Fisco Nacional, y a fs. 252/254vta la actora contesta dicho traslado.
Que a fs. 256 el Tribunal resuelve abrir la causa a prueba y hacer lugar a la prueba informativa ofrecida por el apelante dirigida a Cencosud SA.
Que a fs. 261vta/263vta la recurrente interpone recurso de revocatoria y apelación y nulidad en subsidio contra la resolución que hizo lugar parcialmente a la oposición del Fisco Nacional.
Que a fs. 265 Cencosud contesta el oficio diligenciado.
Que a fs. 269vta. El Tribunal resuelve rechazar el recurso de reposición y el de apelación interpuesto en subsidio; y tener por acreditado el diligenciamiento del oficio a fs. 261.
IV. Que en atención al estado de la causa por a fs. 286 se elevan los autos a consideración de la sala “A”, la que a fs. 287 los pone para alegar y a fs. 305 llama autos para sentencia.
V. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que los presentes actuados tienen su génesis en la fiscalización a la contribuyente principal Patagonia Asador Criollo, como consecuencia de la lectura de memoria del Controlador Fiscal que utiliza la firma para respaldar sus operaciones de venta en el local comercial sito en Av. Lagos 1444 Rosario, donde desarrolla la actividad comercial de parrilla restaurante. Surge que se encuentra relacionado con Vella Carmen Rosa Beatriz por ser Representante Legal y con Peuquen SRL contribuyente representado en el Administrador de Relaciones (ADREL).
También se relaciona con Avalle Juan José María y Vella Carmen Rosa Beatriz como integrantes de sociedad según RG 4120; conforme surge del contrato social de Patagonia Asador Criollo SRL (actuaciones administrativas fs. 1147/1154).
Se le realizó requerimiento en el cual se le solicitó Libros IVA Compras IVA Ventas y Documentación respaldatoria.
Al vencimiento del plazo otorgado se hizo presente en la oficina de la División Fiscalización una persona quién manifestó llamarse Juliana quien dijo ser la contadora del Fideicomiso Vientos del Sur manifestando verbalmente que en el domicilio fiscal y comercial en que se notificó el Requerimiento funciona actualmente la razón social mencionada desde 06/2009. Agregó que no se realizó transferencia de Fondo de Comercio y que la nueva firma no tiene relación alguna con la sociedad bajo fiscalización. No aportó documentación que respalde sus dichos.
Se realizó consulta de la firma Fideicomiso Vientos del Sur y se constató que la misma posee el mismo domicilio fiscal que la sociedad fiscalizada.
En cuanto a la contribuyente Patagonia Asador Criollo SRL, surge que tiene una cuenta corriente en el HSBC Bank Argentina SA en la que la sociedad es la única titular. Las acreditaciones en el 2009 ascendieron a $264.539, en 2010 a $467.674, en 2011 a $438.331 y hasta febrero de 2012 a $68.730. En el Impuesto al Valor Agregado, presentó declaraciones juradas desde 01/2009 a 11/2010 con saldo a favor de AFIP en todos los periodos y desde 12/2010 a 02/2012 presenta declaraciones juradas en cero. En el Impuesto a las Ganancias la última declaración jurada corresponde al periodo 2008. No es informado como consumidor relevante desde el año 2004.
Respecto a la señora Vella, afirma en su descargo (conforme A.A.) que no se ha cumplido con la exigencia legal de notificación fehaciente previa al deudor principal en cuanto se ha notificado al deudor principal a un domicilio donde hace cinco años la firma dejó de funcionar. Aduce que, frente al reiterado efecto negativo de las múltiples notificaciones fallidas, esa AFIP debió arbitrar los medios para que las mismas sean dirigidas a un domicilio donde produjeran sus efectos. Puntualiza que ha cumplido con la totalidad de los deberes a su cargo y fue la contribuyente quien la colocó en situación de imposibilidad de cumplir. Asimismo, de acuerdo a las constancias, surge que la señora Carmen Rosa Beatriz Vella revestía la calidad de socia gerente de la firma Patagonia Asador Criollo SRL a los vencimientos de las obligaciones tributarias de la responsable por deuda propia. No habiendo la rubrada cumplimentado la intimación administrativa de pago dentro del plazo previsto se procede a iniciar el procedimiento a fin de determinar la responsabilidad personal y solidaria conforme art. 8 inc a) de la Ley 11.683.
VI. Que, en primer lugar, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto considera la nulidad absoluta e insanable de las resoluciones administrativas por vicios en su motivación, finalidad y afectación de su derecho de defensa.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que, respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Que, por otra parte, debe tenerse en cuenta que: "...cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (cfr. CSJN, fallos 205:549, 247:52, 267:393).
Que, respecto a la supuesta falta de notificación de la intimación de pago a la sociedad como deudora principal, cabe señalar que, conforme surge de los antecedentes administrativos, la determinación de oficio, con la respectiva intimación de pago, le fue notificada por cédula en los términos del artículo 100, inciso e), de la Ley 11683, en el domicilio fiscal (ver cédula agregada a fs. 1633 de los referidos antecedentes). Hay que destacar que es la sociedad de responsabilidad limitada quien mantuvo el inmueble sito en la calle Nansen 323 depto 2145 de la Ciudad de Rosario como asiento jurídico con todos los efectos legales.
Que, en efecto, el domicilio donde se diligenciaron las notificaciones era el domicilio fiscal declarado de la empresa, no habiendo constancias ni habiendo acreditado la aquí actora en esta instancia, de que se hubiera denunciado el cambio del mismo ante el Organismo Fiscal.
Ello así, conforme el art. 3 de la Ley 11.683 el mismo produce efecto de domicilio constituido, razón por la cual la notificación practicada en los términos del art. 100 inciso e) resulta válida a los efectos que aquí interesan.
Que, en cuanto a la no admisión de una prueba la ponderación de la admisibilidad o pertinencia de las medidas propuestas por el contribuyente, realizada por el Juez Administrativo, resulta un aspecto del acto que se encuentra dentro de la potestad revisora de este Tribunal. Empero, aun en el caso de una “desestimación arbitraria” de las medias, tal agravio no resulta suficiente, por sí solo para ocasionar la nulidad del acto en un planteo por vía excepcional, aunque pueda originar, sin dudas, la revocación del mismo al momento de analizar el fondo de la cuestión controvertida.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada, por lo que procede rechazar el planteo de nulidad.
Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485- XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VII. Que corresponde expedirse ahora con relación al planteo de prescripción efectuado por la actora y analizar, en consecuencia, si la acción del fisco para determinar el Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal 01/2011 a 11/2011, se encuentra prescripta de conformidad con lo previsto por las disposiciones de la ley 11.683.
Que dicha ley, en su artículo 56, dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito prescriben, conforme el inc. a), por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, por su parte el art. 57 establece que comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen. Por otro lado, el art. 58 establece, que el término de la prescripción de la acción para aplicar multas comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales.
Es dable destacar que el planteo de la prescripción elaborado por la recurrente se extiende al tributo de Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales 01 a 11/2011. Cabe dejar sentado que, respecto del período por el cual se opone la excepción, conforme se desprende de las constancias de autos, el vencimiento del plazo para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen, se habría producido durante el año 2011, por lo cual el plazo de prescripción comenzaría a correr el día 01/01/2012.
Siendo así, prima facie, se podría sostener que el plazo de prescripción habría operado el 01/01/2017 para el Impuesto en trato.
Ello así, toda vez que la resolución apelada es de fecha 12/11/2018, corresponde analizar si se presenta en el caso algún supuesto de suspensión y/o interrupción del término de la prescripción.
Que en el caso corresponde contemplar la Ley Nº 26.860 (B.O. 03/06/20213) que en su artículo 17 dispuso: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 18 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Además, cabe señalar que la Resolución N° 85/2017 que determina la deuda tributaria de PATAGONIA ASADOR CRIOLLO SRL respecto del Impuesto al Valor Agregado, e íntima el pago de las sumas adeudadas, le fue notificada a aquella el 25/07/2017, suspendiendo el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales respecto de la responsable solidaria, ello conforme lo establecido en el último párrafo del inc a) del art. 65 de la Ley 11.683.
En efecto, el artículo 65 inc. a) dispone: “Se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales: a) Desde la fecha de intimación administrativa de pago de tributos determinados, cierta o presuntivamente con relación a las acciones y poderes fiscales para exigir el pago intimado. Cuando mediare recurso de apelación ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, la suspensión, hasta el importe del tributo liquidado, se prolongará hasta NOVENTA (90) días después de notificada la sentencia del mismo que declare su incompetencia, o determine el tributo, o apruebe la liquidación practicada en su consecuencia.
Cuando la determinación aludida impugne total o parcialmente saldos a favor del contribuyente o responsable que hubieren sido aplicados a la cancelación —por compensación— de otras obligaciones tributarias, la suspensión comprenderá también a la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para exigir el pago de las obligaciones pretendidamente canceladas con dichos saldos a favor. La intimación de pago efectuada al deudor principal, suspende la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar el impuesto y exigir su pago respecto de los responsables solidarios.” Por lo expuesto, las facultades del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos por los períodos fiscales citados precedentemente, no se encontraban prescriptas a la fecha del dictado de la resolución ya que el término de prescripción quedó suspendido conforme los términos del artículo antes citado. Asimismo, en lo que hace a las facultades del fisco para aplicar sanciones por dichos períodos, cabe destacar que el art. 68 de la Ley 11683 establece que: “La prescripción de la acción para aplicar multa y clausura o para hacerla efectiva se interrumpirá:
a) Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1º de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible...” En el caso, en la propia resolución apelada se aplicó multa respecto de los períodos subsiguientes, esto es 12/2011 a 6/2012, verificándose la comisión de nuevas infracciones, que produjeron la interrupción del término de prescripción en materia sancionatoria, de conformidad con el artículo 68 citado. Cabe tener presente que el art. 68, inc. a) de la ley 11.683 establece que la prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones y siguiendo el razonamiento expuesto por la Sala B en su anterior constitución, in re “Club Atlético Newell's Old Boys” de fecha 24/04/2003, “debe considerarse interrumpido el plazo de prescripción en curso tantas veces como el infractor vuelva a repetir la misma conducta, debiendo contarse el nuevo término de prescripción de la forma prevista en la norma citada en el párrafo precedente...”
Tal como lo sostuvo la Sala V de la Alzada, para que opere la interrupción que se discute no es menester que la infracción haya sido juzgada por la autoridad fiscal, “pues en esta materia, como en lo penal ordinario, el efecto interruptivo deriva del acto ilícito en sí mismo, de su comisión, y no de la decisión judicial acerca de su punibilidad” (cf. “Parque Interama S.A. del 04/09/2002). A idéntica conclusión arriban doctrinarios prestigiosos en la materia, como ser Giulliani Fonrouge y Navarrine (ver comentario al art. 68 en “Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social”, Novena Edición, pág. 45). Que por lo expuesto, las facultades del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos por los períodos fiscales citados precedentemente y aplicar sanciones, no se encontraban prescriptas a la fecha del dictado de la resolución en materia de Impuesto al Valor Agregado.
Que toda vez que el planteo de prescripción no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino con el fondo de la cuestión, no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N, in re "Colorín- IMSSA (T.F.N 24.123-I) c/DGI" sentencia del 2 de Julio de 2013).
Por ello se resuelve, no hacer lugar al planteo de prescripción incoada por la actora.
VIII. Que debe este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo con los términos en que ha quedado trabada la litis. Ello así, la materia a considerar en el caso sub examine recae en los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del recurrente. En consecuencia, corresponde determinar si la responsabilidad personal y solidaria atribuida a los apelantes se ajusta a derecho. Que, la materia a analizar en el caso sub examine recae en los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del recurrente, ya que carecen de aptitud aquellos enderezados a cuestionar la legitimidad de la determinación de oficio efectuada por el Fisco respecto del deudor principal, toda vez que este Tribunal Fiscal debe acotar su examen a los aspectos que permitan clarificar la actuación del hoy recurrente en orden a su eventual responsabilidad tributaria solidaria. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que tampoco el recurrente de autos ha aportado elementos probatorios hábiles que permitan desvirtuar las conclusiones a las que arribara el Organismo Fiscal y que diera lugar a los ajustes determinados, quedando sus manifestaciones como meras afirmaciones dogmáticas sin respaldo probatorio alguno.
Que, para un mejor esclarecimiento de la cuestión, cabe detenerse sobre la naturaleza jurídica de la responsabilidad solidaria, para de ello extraer los presupuestos a los que la ley subordina el nacimiento de la categoría del deudor solidario. Al respecto, sabido es que la doctrina tradicional, al delinear la figura del responsable, tuvo en cuenta que en las diversas legislaciones además del sujeto pasivo del impuesto, se declara obligado al pago del tributo (o también, al cumplimiento de otros deberes fiscales) a una persona diversa, en razón de una relación de hecho o derecho del "responsable" con el contribuyente (en este sentido, y entre muchas otras, véanse las obras de Gianninni "Istituziuni di Diritto Tributario" y Martínez "Estudios de Derecho Fiscal")."
Que, como lo señala Jarach ("El hecho imponible", p.177/179), sólo el sujeto pasivo principal (el deudor por título propio o "contribuyente") puede ser determinado sin necesidad de alguna norma expresa por parte de la ley, porque se deduce de la naturaleza del hecho imponible. Todos los demás sujetos pasivos, agrega, se distinguen de aquél porque, aunque tengan alguna relación con la hipótesis de incidencia de la obligación tributaria, esta relación no es tan estrecha como para significar que para ellos existe la causa jurídica del tributo. De ello, extrae la importante consecuencia de que sólo el criterio de atribución del hecho imponible al contribuyente es necesariamente un criterio económico; para los otros obligados, el criterio de atribución debe resultar explícitamente de la ley y puede ser de cualquier naturaleza.
Que, se agrega que el mecanismo legal antes descripto fue así trazado por la ley de procedimiento tributario. De acuerdo con la norma del art. 6 de la Ley Nº 11.683 están obligados a pagar el tributo al Fisco con los recursos que administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representantes, mandantes, acreedores titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables, bajo pena de las sanciones de esta ley, entre otros, los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el art. 5 en sus inc.2° y 3° (incisos b) y c) del artículo 5, texto según Ley Nº 27.430) Que, a su vez, el art. 8 de la ley dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo si los hubiere, y con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, amen de otros sujetos, todos los responsables enumerados en los primeros cinco incisos del art. 6 (puntos a) a e) del inciso 1 del artículo 6º, según texto Ley Nº 27.430) cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus deberes tributarios no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar la situación fiscal.
Que, debe advertirse que la responsabilidad no es objetiva -esto es, impuesta por el mero hecho de haber sido apoderado o representante de una entidad- ni que deriva de la simple vinculación existente entre los responsables y el deudor del tributo. Por el contrario, el presupuesto legal de la responsabilidad a título personal de los apoderados es el incumplimiento de sus deberes; en otros términos, no basta que haya incumplimiento; es menester, además, que éste le sea imputable. Esta es la recta hermenéutica que cabe asignar al art. 8° de la Ley Nº 11.683, t.o. en 1998, en cuanto establece que no existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que no les es imputable subjetivamente.
Ahora, si bien no se advierte obstáculo legal alguno para que el Organismo Recaudador comience el procedimiento de determinación de oficio con el objeto de verificar la eventual responsabilidad personal y solidaria aludida en el art. 8, inc. a), de la ley 11.683, de la lectura del artículo 8° de la citada norma, se evidencia que la responsabilidad del deudor solidario nace sólo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por el organismo recaudador. En consecuencia, el Fisco sólo puede dictar la responsabilidad del deudor solidario una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena (conf. “Brutti, Stella Maris c/ D.G.I.” - C.S.J.N., de fecha 30/03/2004).
Que, en este contexto, corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de las sociedades, es decir, desde el plano de la imputación subjetiva.
Que cabe señalar que de acuerdo a los antecedentes administrativos cuyo detalle se efectuó en el considerando V de la presente, en lo atinente a la vinculación de la Señora Carmen Rosa Beatriz Vella con la deudora principal Patagonia Asador Criollo SRL, surge que es su Representante Legal.
Que, sentado ello, cabe advertir que la carga probatoria de los aspectos o circunstancias en las cuales el presunto responsable solidario pretende hacer recaer en las causales exonerativas de dicha responsabilidad, recae en el propio contribuyente, debido a que así resulta también de la clara letra de la ley cuando en el art. 8, inc. a) de la Ley N° 11.683 se establece que no existirá responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Dirección General que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales; esto es que el onus probandi se coloca en cabeza de quien pretende eximirse de responsabilidad, como lo intenta sin éxito la recurrente.
Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal in re “Escobar, Roberto Ricardo” (9/12/2008) confirmó el acto apelado, pues concluyó que el recurrente no logró demostrar que tuvo voluntad de pagar los impuestos y que no lo pudo hacer debido a la oposición de los otros integrantes de la sociedad, a lo que cabe agregar que no se ha alegado que no tuviera manejo de los fondos de la sociedad que debían destinarse al pago del impuesto en el momento en que se le imputa la responsabilidad, ni que carecía de facultades de decisión en la materia tributaria (sumario Errepar on line). Que, a mayor abundamiento, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal in re “Méndez, Ernesto Juan” (9/3/2010), textualmente dijo: “Que tal como fue resuelto por el a-quo, decisión que se mantiene en esta instancia, se confirmaron las resoluciones dictadas por el Fisco Nacional en cuanto determinaron de oficio la obligación de las empresas involucradas atento las inexactitudes detectadas respecto de las declaraciones juradas presentadas, como así también la determinación de los saldos de impuesto a ingresar por aquellos períodos en que no hubo presentación.
En esas condiciones, resulta de aplicación lo previsto en el artículo 7° de la ley 11.683 t.o. en 1998 cabiendo pues, imponer a los Sres. Méndez, Cabariti y Arraña la responsabilidad solidaria frente al cumplimiento de la obligación, de la que sólo se hubiera podido desligar si hubiese demostrado debidamente ante la administración que su representante lo colocó en la Imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales (art. 8º, ley cit.). Que esta responsabilidad solidaria no resulta más que la aplicación del principio general en materia de sociedades contenido en la ley 19.550, que en su artículo 59 establece que los administradores y representantes de aquéllas "que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión" .Los matices que contienen cada una de las normas no modifican el análogo tratamiento que se le acuerda, tanto en la ley comercial como en la tributaria a la conducta de quienes representan a la sociedad (conf. esta Sala, 10-12-2002, "Petrone, Juan Antonio".).
Además, los señores Méndez, Cabarlti y Arraña en ningún momento han intentado demostrar, la Imposibilidad de cumplir la obligación que sobre ellos pesaba de pagar el tributo correspondiente con los fondos de la empresa, teniendo en cuenta, asimismo, que aceptaron ser apoderados de la sociedad con todas las consecuencias, societarias y fiscales que de tal acto se derivaban.”
En tal sentido, la doctrina que surge de nuestro máximo tribunal in re "Bozzano, Raúl José (TF 33.056 1) c/ DGI", señaló que surge del artículo 8 inciso a) de la ley procedimental, la responsabilidad del solidario nace sólo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por el organismo recaudador, es decir que la falta de cumplimiento por parte del deudor principal a la intimación es el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad del actor. La determinación de oficio cumplida respecto de aquel a quien se quiere hacer efectiva la responsabilidad solidaria sólo se puede dictar una vez vencido el plazo de intimación de pago cursada al deudor principal, ya que solamente a su expiración se podrá tener por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad al responsable por deuda ajena, sin que se advierta obstáculo legal alguno para que el Fisco comience el procedimiento de determinación de oficio con el objetivo de verificar la eventual responsabilidad personal y solidaria aún antes de intimar de pago al deudor principal (Fallos: 327:769, del dictamen del Procurador al que remitió la Corte).
Asimismo, la Corte manifestó "....6) Que en lo relativo al modo como debe interpretarse la mencionada disposición resultan aplicables las pautas de hermenéutica que establecen que cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo no cabe sino su directa aplicación (Fallos: 320:2145, considerando 60 y su cita), y que la primera fuente de exégesis de la leyes su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 323:620; 325:830)". Que en función de lo expuesto, no habiendo cuestionado la recurrente haberse desempeñado como socia gerente de la deudora principal, habiendo ésta incumplido la intimación de pago realizada por el Organismo Fiscal en las determinaciones de oficio que le fueran practicadas, y que la recurrente de autos no han producido prueba hábil en la presente causa tendiente a demostrar que ha sido colocada por la contribuyente principal en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales; corresponde confirmar los actos recurridos en cuanto determinan la responsabilidad solidaria de la señora Carmen Rosa Beatriz Vella.
IX. Que corresponde tratar los agravios relativos a los intereses resarcitorios en relación al ajuste confirmado. En materia de los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Respecto de los agravios vinculados a los intereses resarcitorios, en donde se aduce la ausencia de mora culpable, cabe señalar que, en forma reciente, la CSJN ha revisado la doctrina de fallos “Ika Renault” en donde se expuso que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283, 316:42 y 321: 2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del código civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con presindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo expuesto, corresponde confirmar los intereses resarcitorios calculados en la medida que de la liquidación a practicarse surja impuesto a ingresar.
X. Que corresponde ahora analizar el aspecto infraccional de las resoluciones en crisis.
Que en el caso de autos se le aplicó a la contribuyente multas con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental respecto al Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2012 graduada en el 50% del impuesto dejado de ingresar y en el Impuesto al Valor Agregado periodo fiscal 01/2011 al 06/2012 graduada en el 50% del impuesto dejado de ingresar.
Dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago de impuestos y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”.
Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”.
Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación”.
En tales condiciones, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, toda vez que la recurrente omitió ingresar el impuesto no presentando la declaración jurada correspondiente y, ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde confirmar la multa aplicada.
XI. Asimismo, se le aplicó a la contribuyente una multa con sustento en el artículo 46 de la ley procedimental respecto al Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2011, graduada en tres veces en el impuesto dejado de ingresar.
Que con relación a la multa por defraudación, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco. Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido, lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. - SALA V – 29/3/1999).
No obstante ello, con relación al quantum de la multa aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así se observa que el Juez Administrativo fijó la misma en el 300% del tributo determinado, sin dar mayores fundamentos para justificar esa graduación por encima del mínimo contemplado en la norma legal, sumado ello al hecho de que no surge de las actuaciones administrativas que corren por separado que el recurrente tenga antecedentes sumariales previos, razón por la cual se estima procedente reducir la misma al mínimo legal previsto por el artículo 46 de la ley ritual.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos y a la solución propuesta por el Dr. Pérez en el Considerando VI. En lo que refiere a la defensa de prescripción articulada con relación al impuesto al valor agregado, períodos fiscales 1 a 11 del 2011, adhiero a lo resuelto por el Dr. Pérez, salvo en lo que respecta a la prescripción de las facultades del Fisco para aplicar sanciones.
En efecto. Como sostuve en numerosas oportunidades, de acuerdo con la doctrina actual no existen diferencias entre la naturaleza de las infracciones fiscales y penales, ya que como lo ha dicho nuestro Mas Alto Tribunal "...el eventual y secundario interés fiscal que puede existir en su percepción no altera la naturaleza sustancialmente punitiva de las multas tributarias y aduaneras que llevan a la aplicación a su respecto de los principios del Código Penal..." (Fallos 267:457). Ello, claro está, en la medida que la propia ley no disponga lo contrario o exista una derogación implícita del Código por ser incompatible la norma de la ley penal fiscal o la finalidad del objeto tutelado por ella con los principios generales de aquella rama del derecho (Fallos 211:1567; 287:74, entre muchos otros).
En este sentido, como con acierto lo señaló el Dr. Buitrago. “...si se toma como criterio decisivo la índole de la reacción prevista por el ordenamiento jurídico para cada tipo de ilícito (fiscales y penales) se debe convenir que el correspondiente a las primeras tienen un carácter fundamentalmente represivo o punitivo, que hace que ambas tengan idéntica sustancia ... la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido carácter penal a las multas de la ley de impuestos internos, así como a las figuras de omisión y defraudación fiscal (Fallos 200:340; 211:1381; 212:240) (cfr. "Apache SA", Tribunal Fiscal de la Nación, Sala "A" 29/05/00).
En ese contexto y reconocido el carácter punitivo de las multas tributarias, resulta de aplicación el principio que impide la aplicación retroactiva de leyes que impliquen empeorar las condiciones de los infractores, en cuyo concepto claramente debe incluirse las que establezcan un mayor tiempo de prescripción (vid, entre muchos otros, C.S.J.N., "Fisco Nacional c/César Demarco s/ejecución fiscal", 19/2/76). En efecto, debe tenerse presente que las leyes penales no son solo aquellas que contienen precepto y sanción, sino también las que se relacionan con el derecho penal de fondo, y que, por ello, la complementan, como son por ejemplo las disposiciones relativas a la extinción de las acciones penales, la probation, etc.
Sentado lo que antecede, la suspensión de la prescripción contenida en la ley 26.860, en tanto implica la aplicación retroactiva de normas que colocan al contribuyente en una situación más gravosa, violatoria por ello de la garantía contenida en el art. 2 del C.P.N., resultan incompatibles en la especie". (Vid, entre muchos otros, "Avícola La Pecosa S.A.", 28/12/2023).
Ahora bien, la representación fiscal entiende aplicable la causal de interrupción de la prescripción contenida en el artículo 68, inciso a) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). En atención a dicho planteo, se adelanta que a los efectos de la configuración de dicha causal interruptiva no es suficiente —a mi criterio- la mera comisión de una infracción, sino que resulta necesario una decisión firme a su respecto. Ello por cuanto, cuando la norma menciona una nueva "infracción" hace referencia justamente a su configuración como figura de naturaleza penal de la que se trata, la que, para considerarse configurada, debe estar firme.
En esa línea argumental, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ha indicado que "en atención al indiscutido carácter pena de las sanciones tributarias, no es posible sino concluir que por la expresión "comisión de nuevas infracciones" debe entenderse en sentido técnico el de una conducta posterior, típica, antijurídica y culpable, es decir que, para que surta efecto la causal interruptiva en análisis, resulta necesaria la declaración de existencia de una ulterior infracción y de la responsabilidad del encartado mediante una resolución condenatoria firme —administrativa y/o judicial-".- (CNACAF, Sala IV, 14/9/2015, "Sol Naciente Seguro de Personas S.A." (TF 34.442-I) c/DGI"
Sentado lo que antecede, el plazo de prescripción de las acciones del Fisco Nacional para aplicar multa por el impuesto al valor agregado, períodos fiscales 1 a 11/2011, comenzó a correr el 1/1/2012, finalizando el término de cinco años que establece el artículo 58 de la LPT, el 31/12/2016.
Ello así, el acto sancionatorio fue dictado cuando se encontraban prescriptas las facultades del Fisco Nacional, lo que así corresponde resolver.
II. Que, con respecto al fondo, a mi modo de ver, tal como han sido planteados los agravios, dos son los planteos efectuados por la recurrente. Por un lado, la procedencia del ajuste y por el otro, la de su responsabilidad solidaria.
Por un lógico orden de preeminencia, debe analizarse en primer término, ésta última, para luego establecer si se ajusta a derecho la deuda intimada.
III. Que aclarado ello, corresponde analizar la procedencia de la responsabilidad solidaria determinada, a los recurrentes, quienes alegan que no aquella no les puede ser imputada en tanto su vinculación como miembros de la sociedad se limitaba a la realización de actos tendientes a cumplir con el objeto concreto y técnico de la sociedad y no con su administración. Efectúan un análisis de la naturaleza jurídica de la responsabilidad solidaria en el ámbito del derecho tributario.
En ese contexto, entiendo que a fin de resolver la procedencia de la atribución de responsabilidad solidaria corresponde esclarecer su naturaleza jurídica, para extraer los presupuestos a los que la ley subordina el nacimiento de aquella responsabilidad.
Nos enseña D'Amati que "la doctrina tradicional había en diversas ocasiones precisado que "además de al sujeto pasivo del impuesto, la ley tributaria muchas veces declara obligado al pago del tributo o, también, al cumplimiento de otros deberes fiscales, a una persona diversa que puede denominarse responsable del impuesto" (D'Amati, Nicola, "Derecho Tributario, Teoría y Crítica", Editorial de Derecho Financiero, Editoriales de derecho reunidas, Madrid, 1985, pág. 363 y sgtes. y sus citas). El ordenamiento jurídico tiene particular interés en regular —dentro de los sujetos pasivos- una figura con clara función de tutela del crédito fiscal, justificación de la existencia de la solidaridad en materia tributaria.
En efecto, como señalan los Dres. Buitrago y Gamberg “la norma tributaria para tutelar el interés fiscal en la recaudación segura y rápida de los tributos, involucra con vínculos solidarios en la obligación, a sujetos a los cuales, con seguridad, no es referible la capacidad contributiva evidenciada por el presupuesto de hecho. En estos casos, la ampliación de los sujetos implicados la realiza la norma tributaria, aplicándola a sujetos pasivos de los efectos ulteriores de un presupuesto de hecho diverso en el cual, a aquellos efectos propios del hecho imponible, se agregan otros elementos" (Vid. Ley 11.683 de Procedimiento Tributario Comentada, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2019, pág. 49 y sgtes.).
Es así que el legislador traza un mecanismo por el cual el impuesto es, por ley puesto a cargo de una determinada persona, que coincide con el partícipe directo de la situación base del impuesto y por otra norma, distinta, se establece la obligación de otro sujeto, a la vez y junto al primer obligado. En esa dirección, explica Jarach, sólo el sujeto pasivo principal (el deudor por título propio o contribuyente) puede ser determinado sin necesidad de alguna norma expresa por parte de la ley, porque se deduce de la naturaleza del hecho imponible. Todos los demás sujetos pasivos, agrega, se distinguen de aquél porque, aunque tengan alguna relación con la hipótesis de incidencia de la obligación tributaria, esta relación no es tan estrecha como para significar que para ellos existe la causa jurídica del tributo.
De ello, extrae la importante consecuencia de que sólo el criterio de atribución del hecho imponible al contribuyente es necesariamente un criterio económico, para ¡os otros obligados el criterio de atribución debe resultar explícitamente de la ley y puede ser de cualquier naturaleza (El hecho imponible, pág. 177/9). Dicho mecanismo fue receptado por nuestra legislación tributaria, pues de acuerdo con lo que disponía el artículo 6 de la ley 11.683 (Lo. en 1998y sus modificaciones, texto vigente a la sazón) "están obligados a pagar el tributo, con las recursos que administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables bajo pena de las sanciones de esta ley... entre otros los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonio a que se refiere el artículo 5°, en sus incisos b) y c)".
Por su parte, el artículo 8 disponía —en lo que aquí interesa- que "Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco incisos del artículo 6° cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17. No existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc. , los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales...".
Como concurriera a sostener tiempo atrás, en el régimen de solidaridad previsto en nuestra legislación se destacan dos figuras, no de diversa estructura, sino que son colocadas en grado diverso: una, obligación principal y la otra, garantía de aquélla y dependiente por tanto de ella. "En consecuencia no se trata de la existencia de una obligación única a cargo de diversos deudores cuyo cumplimiento pueda el acreedor exigir indistintamente a cualquiera de ellos, sino la de una obligación principal o primaria y otra u otras, accesorias o subsidiarias, de tal modo que el acreedor, es decir el Fisco Nacional, puede hacer valer sus derechos siguiendo un orden preestablecido. Así, la obligación de garantía resulta solidaria toda vez que éstos no responden como -deudores directos de la obligación de pagar el impuesto sino como responsables de la deuda ajena, no quitando la solidaridad a esta obligación de garantía su carácter subsidiario" (Vid.
Buitrago y otras, "Procedimiento Fiscal", Errepar, Buenos Aires, 2001, pág, 76 y sgtes y sus citas).
IV. Que aclarado ello, deben precisarse cuáles son los requisitos necesarios para que dicha responsabilidad pueda determinarse en cabeza del recurrente.
En ese sentido, tengo para mí que la responsabilidad descripta no es del tipo objetivo ni deriva de la simple vinculación entre los responsables y el deudor del tributo, circunstancia que se desprende del último párrafo del inciso a) del artículo 8 en tanto dispone que aquélla no existirá si se demuestra debidamente " que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales...".
En ese sentido, debe destacarse que no se trata de una responsabilidad formal sino a título represivo, en tanto responde a los fundamentos de dolo o culpa a cuyos efectos deberá valorarse la conducta del responsable. Como con justeza explicara el Dr. Martínez "la responsabilidad solidaria en cuanto al impuesto... importa responsabilidad a título represivo desde que se funda en la violación del deber que la ley fiscal pone a su cargo de pagar el impuesto al Fisco con los recursos que administran o de que disponen" ("Quatrocchi, Antonio Serafín" (27/9/1966).
V. Que, en ese contexto, como señala el Dr. Pérez en su voto, se encuentra probado que la recurrente se desempeñó como socia gerente de la deudora principal. Elemento hábil para derribar la alegada falta de injerencia en la administración de la sociedad, pues ha quedado acreditado que en su calidad de socia gerente, se encontraba habilitada para actuar como representante legal. Es dable destacar que no acompañó elemento probatorio alguno que coadyuve a probar la alegada imposibilidad de cumplir con las obligaciones a su cargo, carga que le competía en el ejercicio de su derecho de contradicción. Con sustento en lo expuesto no cabe más que confirmar las resoluciones venidas en recurso en cuanto atribuyen responsabilidad solidaria.
VI. Que sentado lo que antecede, corresponde analizar la procedencia de la deuda determinada, toda vez que disiento con la postura expuesta en el voto precedente en tanto limita la defensa del responsable solidario en el entendimiento que no tiene aptitud para cuestionar la legitimidad de la determinación de oficio efectuada al deudor principal, debiendo este Tribunal limitar su examen a los aspectos que permitan clarificar su eventual responsabilidad solidaria.
En efecto, sobre la cuestión en debate, comparto lo expuesto en un antiguo fallo de este Tribunal —citado precedentemente- por el Dr. Francisco Martínez, en el que, explicó que en este caso, "lo que interesa verdaderamente para llegar a la solución correcta es la naturaleza del derecho a la relación jurídica que ha sido controvertida, ya que "la eficacia refleja del juzgamiento no pertenece al campo procesal, sino que se determina y se regula según las diversas normas que rigen las relaciones singulares y establecen sus vínculos recíprocos" ".... Si la pretensión del Fisco Nacional contra los exdirectores de aquellas entidades supone, entre otras cosas, la existencia de la relación jurídica impositiva respecto de la entidad social, la declaración de esta última a través del acto administrativo o el reconocimiento de su existencia por ente social, no autoriza al Fisco a pretender, "sin más, existe su relación" con los ex directores de la sociedad. Para decirle con el ejemplo de Chiovenda, respecto del fidejusor, aquella declaración "importa sólo que A debe 100 a B; pero respecto de C, ya sea justa o injusta la sentencia entre A y 6, la relación debe volver a examinarse exnovo" (Quatrocchi, Antonio Serafin, 27/9/66).
Por tal razón, el legislador estableció la obligación de seguir el procedimiento de determinación de oficio "respecto de aquellos en quienes se quiera efectivizar la responsabilidad solidaria del artículo 8", no restringiendo las defensas que estos puedan oponer.
VII. Que, con respecto a la procedencia de las obligaciones determinadas, que también discute, cabe afirmar que el debate sobre la procedencia de los ajustes efectuados, que se sustenta en depósitos bancarios e información sobre ventas declaradas, que el ente fiscal ha justificado con elementos obtenidos tanto de sus bases de datos como de información de terceros, ha sido cuestionada por la recurrente sin aportar elemento alguno que destruya aquella probanza, limitándose a efectuar una defensa dogmática, que no puede ser atendida favorablemente.
VIII. Que la falta de extensión de responsabilidad por no encontrarse notificado el deudor principal fue materia de trato en la defensa de nulidad.
IX. Que con respecto a la procedencia de los intereses resarcitorios y de las sanciones aplicadas en los impuestos al valor agregado (períodos fiscales 12/2011 a 6/2012) y a las ganancias (períodos fiscales 2011 y 2012), adhiero a lo resuelto por el Dr. Pérez en los Considerandos IX, X y XI de su voto. En mérito a lo expuesto, voto por: 1) rechazar la defensa de nulidad; 2) rechazar la defensa de prescripción de las facultades del Fisco Nacional para determinar la obligación de la recurrente frente al impuesto al valor agregado (períodos fiscales 1/2011 a 11/2011); 3) declarar prescriptas las facultades del fisco nacional para aplicar sanción en el impuesto al valor agregado, períodos fiscales 1/2011 a 11/2011); 4) confirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan impuesto al valor agregado e impuesto a las ganancias, liquidan intereses y aplican multas en los impuestos al valor agregado (período fiscal 12/2011 a 6/2012) y a las ganancias (períodos fiscales 2011 y 2012) reduciendo la correspondiente al impuesto a las ganancias (período fiscal 2011) a su mínimo legal. Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
El Dr Porporatto dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Pérez.
Por ello, por mayoría, SE
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos e intereses resarcitorios y multas, reduciendo la graduación de la correspondiente al Impuesto a las Ganancias del período 2011 a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, devuélvase las actuaciones administrativas y oportunamente archívese. Date: 2025.07.11 13:28:08 ART Date: 2025.07.11 13:32:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.07.11 15:00:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.07.11 15:00:53 -03:00
Fin de la sentencia