Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa V-2653/25-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar bien concedidos los recursos de casación interpuestos, por la parte actora en PE1708582-2025, y por la parte demandada en PE1714151-2025.-
2Ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8° del Libro I, Titulo IV, Cap. IV, Sec. 6°, Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley 3453/15 -Decreto N° 2228/15- y por el término allí establecido.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: V-2653/25-TSJ Interlocutorio N°: 3934 Actor: VEPEZ S.A.
Demandada: ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ORDINARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS)
Fecha: 13-08-2026 Texto: TOMO XXXVII -INTERLOCUTORIO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 3934 FOLIO Nº 7331/7340 PROT. ELECT. TSS1 025 I.261
Río Gallegos, 13 de agosto de 2026.-
Los presentes autos caratulados: “VEPEZ S.A. c/ ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ ORDINARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS)”, Expte. Nº V-16.278/14 (V-2653/25-
TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de los recursos de casación interpuestos, por la parte actora por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Eugenio Gómez Carrasco (cfr. PE1708582-2025), y por la parte demandada por intermedio del Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz y por su letrada apoderada, Dra. Paula Analía Hernández (cfr. PE1714151-2025) contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial. Esta última revocó la sentencia de Primera Instancia que había rechazado en todas sus partes la demanda promovida, condenando a la accionada a abonar una suma de dinero por daños materiales y pérdida de chance con más intereses (cfr.
PE1620104-2024).-
II. La parte actora acusa violación o errónea aplicación de la ley en los términos del artículo 3º inciso a) Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-; dado que, a su entender, el decisorio cuestionado incurre en error grave y manifiesto respecto de la aplicación de las normas constitucionales que consagran el principio protectorio del derecho de propiedad y del debido proceso (arts. 17, 18 y 31 CN) (cfr. PE1708582-2025, pág. 1).-
Funda su recurso sosteniendo que: “…la errónea interpretación del alcance de la reparación integral que por derecho le corresponde a la actora, vulnerando sus derechos constitucionales (art. 17 Const. Nacional), mediante el empleo de un razonamiento incongruente para arribar a una indemnización paupérrima, haciendo uso de una interpretación reñida con la ley y, dan cuenta de un fallo desprovisto del plexo normativo de insoslayable aplicación y, por ende, susceptible de revisión en este instancia excepcional.” (cfr. PE cit., pág. 2).-
Añade que: “La crítica del acto jurisdiccional, que lo torna descalificable categóricamente…se vislumbra de la contradicción existente en el fallo que deja por fuera de la consideración de los daños materiales ocasionados por el Estado de la Provincia de Santa Cruz, en el marco de una relación contractual frustrada por su exclusiva culpa…a la real y acreditada ganancia… como lucro cesante se pretendía y que surge de las mismas conclusiones que sostiene el pronunciamiento judicial en su mayor parte. En igual sentido se otorga una paupérrima suma como compensatoria de la pérdida de la chance de explotación que no guarda ninguna relación con los parámetros objetivos y ciertos de la causa.” (cfr. PE cit., pág. 2).-
Considera que: “El fallo, al sostener enfáticamente que la pérdida de la chance para Vepez S.A. en el caso comporta un 'daño potencial', a partir de una certeza 'relativa', está abiertamente apartándose de las previsiones legales e, inclusive, de las propias constancias de la causa, dado que la frustración económica reclamada es perfectamente cuantificable y justificable a la luz del derecho vigente y, por ende, se trata de una probabilidad cierta de obtención de una ganancia que ha dejado la actora de percibir durante el plazo de ejecución de los contratos y como único móvil para la suscripción de los mismos.” (cfr. PE cit., págs. 2/3).- Aprecia en la sentencia recurrida que: “…una aplicación indebida de las normas que debieron operar con relación al material fáctico puesto en análisis ante la Excma. Cámara de Apelaciones; pues bien, se ha realizado en la especie una subsunción incorrecta, insuficiente de las normas jurídicas que se encuentran vigentes, que guardan relación con las particularidades del caso sometido a juzgamiento, afectando de esta forma el debido proceso legal y, por añadidura, trastocando elementales derechos y garantías constitucionales de la actora (arts. 16, 17, 18, 28 y ccs. Constitución Nacional y 8, 15, 17 y ccs. Constitución Provincial).” (cfr. PE cit., pág. 3).-
Reconoce que la Cámara dictó un fallo acertado al determinar el accionar ilegal de la administración y, en virtud de ello, condenar al pago del daño material, gastos de mantenimiento y pago de quincena de los trabajadores durante el proceso, no obstante sostiene que: “…incurrió en un yerro al analizar el lucro cesante reclamado en la demanda, al señalar que el perjuicio no reviste la categoría de 'daño cierto', considerando que no se puede cuantificar con precisión las ganancias que ha dejado de percibir Vepez S.A. con motivo de la imposibilidad de explotación comercial de ambas embarcaciones, sobre la base de una apreciación jurídica errónea, causando un agravio irreparable a la actora.” (cfr. PE cit., págs. 3/4).-
Afirma que: “…si los contratos suscriptos respecto de los dos buques estaban perfeccionados, como se sostiene en la sentencia, correspondía entonces, consecuentemente, estimar el lucro cesante, vale decir, el pago de la ganancia de la cual fue privada la actora por el claro incumplimiento contractual de la demandada.” (cfr. PE cit., pág. 4).-
Pone en consideración que: “…al tener principio de ejecución los contratos de arrendamiento de los barcos pesqueros… habiendo la actora abonado íntegramente el precio de la locación con la posibilidad de explotación económica por cinco años, no puede quedar supeditado ni limitado la indemnización por lucro cesante y/o pérdida de la chance, a la esfera del incumplimiento de la contraria, porque precisamente la actora no pudo llevar a cabo el proceso de aprovechamiento económico de las embarcaciones por exclusiva responsabilidad del Estado Provincial y, por ende, dicho incumplimiento no puede surtir el efecto de morigerar el momento de condena, privilegiando el actuar ilegal de la Administración.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Hace un análisis de los informes incorporados en autos (cfr. PE y pág. cits.).-
Refiere que: “…el art. 1738 del Código Civil resulta de plena aplicación al caso de marras, dado que no estamos en presencia de una mera probabilidad de ganancias futuras o…'pérdidas de chance de oportunidad' sino, que las ganancias dejadas de percibir por la actora se pueden perfectamente cuantificar como un daño cierto o probable, resultando írrito que, sobre el daño material propiamente dicho por lo efectiva y oportunamente desembolsado, se reconozca por pérdida de chance la suma de Pesos cuatro millones seiscientos ochenta mil…y ninguna suma por lucro cesante.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Cita jurisprudencia.-
Afirma que: “…la Cámara yerra -y se contradicepor cuanto culpabiliza a mi mandante por los incumplimientos de la propia Administración transformando el lucro cesante en perdida de chance, lo que resulta un razonamiento incorrecto, pero demagógicamente suficiente para revindicar (sic) parte del derecho del que se vio frustrada mi mandante sin afectar en demasía el interés de todos por el buen funcionamiento de la res publica por el irresponsable actuar de funcionarios…” (cfr. PE cit., pág. 5).- Entiende que: “…la norma que correspondía aplicar emana del Código Civil según Ley 340, y no del Código Civil y Comercial de la Nación, por lo que corresponde aplicar los artículos 519 y 1069 de ese ordenamiento…” (cfr. PE y pág. cits.).- Añade que: “Resulta un sinsentido jurídico que la utilidad que otro efectivamente percibió mediante el uso productivo de dos navíos, para mi representada es sólo una aspiración futura, un deseo. La pesca VV.EE. ocurrió, y las constancias de esos hechos obran en marras, descartándose en el sub lite que de un daño futuro cuya certeza era relativa, parafraseando, con probabilidad de no ocurrencia; siendo este el mayor de los absurdos pues se sostiene que lo Ocurrido Probablemente No Ocurriera, y por ello sólo debe resarcirse como pérdida de chance y no como lucro cesante.” (cfr. PE cit., pág. 6).-
Agrega que: “…el razonamiento sostenido por la Cámara de Apelaciones resulta errónea, por cuanto una empresa distinta a la de mi representada efectivamente utilizó las embarcaciones, durante el plazo de vigencia del contrato, obtuvo utilidad y con ello, resulta esperable, que accedió al beneficio del que Vepez S.A. se vio privada por el actuar estatal y por las elucubraciones de los magistrados votantes que en nada guardan relación con la realidad objetiva acreditada en marras.” (cfr. PE cit., pág. 7).-
Adiciona que: “…la apreciación de la chance en este proceso, a tenor de la prueba aportada y de la indemnización resultante, ha sido claramente improcedente. igual (sic) e irrazonablemente el Tribunal A Quo limitó 'o recortó' enormemente dicha indemnización, apartándose subjetivamente y arbitrariamente de las constancias, en particular de las prueba pericial, de autos, toda vez que esa cuantía no se compadece con la abultada prueba del daño acompañada al proceso.” (cfr. PE cit., pág. 8).- Aduce que: “…el fallo se erige en apreciaciones netamente subjetivas, en elucubraciones de gabinete que no guardan relación con la real interpretación que debe dotarse al reclamo respecto al lucro cesante y pérdida de chance que ha dejado de obtener la actora, con fundamento en el art. 1738 del Código Civil y Comercial de la Nación…” (cfr. PE y pág. cits.).-
En esa línea de pensamiento adiciona que: “…se encuentra acreditado el lucro cesante ante la imposibilidad de explotación de las embarcaciones 'Miriam y Tabeiron', a partir que el Estado Provincial, por intermedio de la Subsecretaría de Pesca dependiente del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Cruz, no otorgó los permisos de pesca y, por lo tanto, dichos barcos pesqueros que se encontraban amarrados en el 'Muelle Vieira' del recinto portuario de Puerto Deseado…pese a haberse entregado la posesión a Vepez S.A.…no pudieron ser económicamente explotados…” (cfr. PE y pág. cits.).-
Afirma que: “Ese periodo de utilidad del que se vio privada la reclamante, con los antecedentes claros de la causa, debe ser objeto de resarcimiento por resultar un lucro cesante que se deriva del daño como consecuencia inmediata del actuar del Estado Provincial. Por su parte, como he expuesto, la pérdida de la chance debe resarcir el daño que se produce por la merma de la oportunidad de obtener esa ganancia durante el periodo indicado y la posibilidad de prórroga, y no por la ganancia en sí misma.” (cfr. PE y pág. cits.).- Sostiene que: “…corresponde condenar a la demandada a abonar el lucro cesante calculado sobre la totalidad del periodo lógico de vigencia de ambos contratos y no supeditar dicha pérdida al 27 de noviembre del año 2014, fecha en que se derogó la ley provincial 3.287…” (cfr. PE y pág. cits.).-
III. Que en su recurso de casación, la Provincia de Santa Cruz plantea que la sentencia impugnada ha quebrantado las formas y solemnidades prescriptas para su dictado e incurrido en arbitrariedad (cfr. PE1714151-2025, INR00000211.pdf, pág. 1).- Funda su recurso sosteniendo que: “…el quebrantamiento de las formas resulta evidente: la Cámara de Apelaciones ordenó el pago de intereses de acuerdo a la Tasa Pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina cuando la actora peticionó expresamente en el escrito de demanda la aplicación de la tasa activa de (sic) Banco de la Nación Argentina.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 4/5).-
Añade que: “La tasa de interés expresamente peticionada por la actora en el escrito de demanda (y después ratificada en la expresión de agravios) fijaron el límite sobre el cual la Cámara de Apelaciones se encontraba facultada a decidir, toda vez que es sobre tal pretensión sobre la que esta parte tuvo oportunidad de oposición.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 5).-
Insiste en que: “El tribunal de la causa no se encuentra autorizado para infringir el principio de congruencia, concediendo a una de las partes algo que el propio interesado había resignado, incurriendo así en un apartamiento de los términos de la relación procesal que desconoce la vigencia real de la garantía constitucional de defensa en juicio…” (cfr. PE y pdf cits., págs. 5/6).- Respecto a la arbitrariedad considera que la decisión importa un apartamiento de lo que fue sometido a consideración de la judicatura por las partes, sin embargo, en la sentencia objeto de este recurso la Cámara no explicó las razones por las que decidió desviándose del modo en que quedó fijada la cuestión sometida a su conocimiento, de manera tal que el decisorio deviene arbitrario y debe ser casado por incurrir en una falta absoluta de fundamentación (cfr. PE y pdf cits., págs. 6/7).- La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible los recursos en PE1876075-2025.-
Los presentes pasan al Acuerdo en PE1129849-
2025.-
IV. Estimo pertinente efectuar algunas consideraciones en torno al alcance del examen preliminar que corresponde realizar a este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en los términos del artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15.-
Ello así, pues la cuestión no se agota en la suerte del recurso aquí examinado, sino que compromete una definición institucional de mayor alcance: determinar si, al momento de controlar si el recurso ha sido bien o mal concedido, este Alto Cuerpo debe limitarse a una constatación puramente externa de recaudos rituales o si, por el contrario, conserva la potestad de verificar también la existencia de una crítica casatoria mínimamente idónea, la pertenencia de la materia al ámbito propio del recurso extraordinario y la ausencia de defectos técnicos que impidan la apertura de la instancia.-
Adelanto que comparto esta última interpretación, por ser la que mejor se adecua a la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, a la función institucional de este Tribunal Superior de Justicia y a la doctrina consolidada en la materia.-
V. El artículo 7º del régimen casatorio dispone que, recibidos los autos, el Tribunal Superior de Justicia examinará en Acuerdo -en forma preliminar- el escrito de presentación, al solo efecto de determinar si ha sido interpuesto con arreglo a las disposiciones que rigen el plazo y demás requisitos formales previstos en los artículos anteriores, para establecer si el recurso ha sido bien o mal concedido.-
La norma no puede ser interpretada de manera aislada ni con prescindencia del régimen en el que se inserta. En efecto, el examen preliminar allí previsto debe armonizarse con los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y concordantes del mismo cuerpo normativo, que delimitan el objeto del recurso, sus causales, los motivos habilitantes y las cargas técnicas que pesan sobre quien pretende abrir la instancia casatoria.-
Así, cuando el artículo 7º alude a los “demás requisitos formales”, no puede entenderse que reduce la intervención de este Tribunal a verificar únicamente el plazo, la constitución de domicilio, el depósito previo o la mera invocación nominal de alguna causal casatoria. También corresponde controlar si el escrito satisface las exigencias mínimas que el propio régimen impone para que exista, en sentido técnico, un recurso de casación.- En ese sentido, el artículo 4º, inciso a), impone al recurrente una carga técnica precisa: expresar el alcance de su impugnación y lo que desea que se anule, indicando concretamente las formas quebrantadas, las disposiciones violadas, erróneas o falsamente aplicadas, y manifestando cuál es la ley o la doctrina que ha debido aplicarse. Además, exige que cada motivo se exprese separadamente.-
De allí se sigue que la suficiencia técnica del escrito no constituye una exigencia extraña al juicio de admisibilidad ni una creación jurisprudencial desvinculada del texto legal. Por el contrario, deriva de modo directo de la regulación positiva del recurso de casación. Si la ley exige indicar concretamente el vicio, individualizar la norma o doctrina aplicable y separar cada motivo, el Tribunal que realiza el examen preliminar del artículo 7º no puede quedar reducido a verificar la fecha de presentación, el domicilio o el depósito previo, sino que debe controlar si esas cargas formales fueron mínimamente satisfechas.-
VI. En ese orden de ideas, entiendo que la exigencia de crítica concreta, razonada y autosuficiente no pertenece exclusivamente al estadio de procedencia del recurso. Por el contrario, integra el juicio de admisibilidad, en tanto permite determinar si el escrito recursivo contiene una impugnación técnicamente reconocible como tal.-
La diferencia entre admisibilidad y procedencia debe mantenerse con nitidez. En esta etapa, el Tribunal no decide si el recurrente tiene razón, ni si la sentencia debe ser casada. Sólo verifica si el recurso contiene una crítica idónea para habilitar el examen posterior. Es decir, se controla si el agravio existe, si fue formulado de modo concreto, si confronta con los fundamentos dirimentes del fallo y si se vincula con alguna causal casatoria legalmente prevista. La determinación acerca de si esa crítica es fundada corresponde, recién, al juicio de procedencia.-
En otros términos, la crítica concreta y razonada no es sinónimo de fundabilidad del recurso. La fundabilidad supone decidir si el agravio es correcto; la admisibilidad, en cambio, exige constatar si el agravio fue formulado con la técnica mínima que la ley requiere para abrir la instancia. Esta última verificación integra los “demás requisitos formales” a los que alude el artículo 7º y, por ende, puede y debe ser realizada por este Tribunal en el examen preliminar.-
De allí que no pueda compartirse una lectura que reserve toda evaluación de suficiencia técnica para la sentencia definitiva del recurso. Si el escrito no individualiza adecuadamente el error jurídico atribuido al pronunciamiento, si se limita a reeditar los agravios de la apelación, si discurre por carriles paralelos a la ratio decidendi del fallo o si sólo exterioriza una discrepancia subjetiva con la valoración probatoria realizada por los jueces de grado, no existe un recurso formalmente apto para abrir la competencia extraordinaria.-
Esta conclusión no importa desnaturalizar el examen preliminar ni convertirlo en una decisión anticipada sobre el fondo. Por el contrario, supone respetar la estructura propia del recurso de casación, cuya apertura requiere una técnica impugnativa mínima, sin la cual el Tribunal quedaría obligado a sustanciar recursos manifiestamente inhábiles, con grave afectación de la economía procesal, de la celeridad y de la función nomofiláctica que justifica esta instancia.-
VII. La doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta concordante con esta inteligencia. El Máximo Tribunal ha sostenido que el escrito recursivo debe contener una crítica prolija de la sentencia impugnada y rebatir todos y cada uno de los fundamentos en los que se apoya el pronunciamiento recurrido, de manera concreta y razonada, sin que baste una nueva crítica general a las líneas principales de la argumentación ni la sola exposición de un criterio interpretativo distinto al seguido en la sentencia. (Fallos: 310:1465; 323:1261; 326:2575; 328:110; 344:81; 347:329).-
También ha señalado que la invocación genérica y esquemática de agravios resulta insuficiente para fundar el recurso, ya que no basta la aserción de una determinada solución jurídica si ella no aparece razonada con referencia a las circunstancias del expediente y a los términos del fallo que lo resuelve. (Fallos: 312:587).-
Tales pautas, aunque elaboradas en torno al recurso extraordinario federal, resultan útiles como criterio interpretativo general en materia de vías extraordinarias, pues reafirman que la apertura de una instancia excepcional exige algo más que la mera enunciación nominal de una causal: requiere una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento impugnado.-
VIII. La interpretación que aquí se propicia, además, no constituye una singularidad de este Tribunal Superior de Justicia. Otros Superiores Tribunales provinciales han sostenido criterios concordantes al controlar la admisibilidad de los remedios extraordinarios locales.-
Así, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que: “…quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una conclusión cuya demostración debe luego llevar a cabo. La frustración de esta exigencia -tal es lo que aquí se verificaprovoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. C. 119.331, 'Castillo', resol. de 17-XII-2014; C. 119.381, 'Díaz', resol. de 23- XII-2014; C. 119.303, 'Casa Cándido Menica S.A.C.E.I.', sent. de 21- X-2015) […] resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que reproduce similares argumentos a los expuestos al formular la apelación, que ya fueron analizados y resueltos por la Cámara actuante y se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante sin lograr demostrar el error jurídico que justifique la tarea casatoria de esta Suprema Corte (conf. doctr. A. 71.933, 'Braña', sent. de 11-III-2015; C. 119.362, 'Unilever de Argentina S.A.' sent. de 21-X-2015) […] constituye requisito ineludible de una adecuada deducción del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo, siendo insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que parcializa la crítica del fallo y deja incólume un fundamento esencial que por sí solo resulta bastante para mantenerlo (conf. doctr. C. 100.855, 'Zweifel', sent. de 12-III-2014; C. 117.138, 'Banco de La Pampa', sent. de 26-III-2014; C. 118.730, 'Cierres Love S.A.I.C.', sent. de 8- IV-2015) […] resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se desentiende del plano en que la Cámara ha instalado su decisión y deja incólume el fundamento en que descansa (conf. doctr. Ac. 79.466, 'Mendiburu', sent. de 3-X-2001; Ac. 89.197, 'P. A., R. I.', sent. de 11-V-2005; C. 104.485, 'Santoro', sent. de 14-IV-2010; C. 111.993, 'Fisco de la Provincia de Buenos Aires', sent. de 2-V-2013; C. 117.762, 'Giommarini', sent. de 1- VII-2015).” (cfr. SCBA, autos: “Álvarez Sosa, María c/ Valero, Daniel y otros s/ Simulación” y su acumulada “Álvarez Sosa, María Esther c/ Valero, Daniel Félix y otros s/ Daños y perjuicios s/ Incumplimiento contractual”, causa C. 119.753, del 25/10/2017).-
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ha dicho que: “…si bien el principio de la formalidad -particularmente acentuado en los recursos extraordinarios- ha sido atenuado, no ha llegado a receptarse legal ni jurisprudencialmente el denominado 'recurso indiferente', conforme al cual el tribunal podría adecuar la instancia recursiva a los parámetros legales, supliendo los vicios o deficiencias que presenta en su origen. En ese sentido se ha pronunciado este Alto Cuerpo en la causa “Imaz de Maubecin, Ana María c/ Municipalidad de Córdoba- Daños y perjuicios -Recurso directo-", S. N° 75, 2/10/96; temperamento que ha sido reiterado un sinnúmero de veces (Confr. Sent. n.º 121/08; Sent. n.º 261/11; Sent. n.º 67/16, entre muchasotras).”(cfr. TSJ Córdoba, Sala Civil y Comercial, autos: “Zapata Ramón Dionisio c/ Gazquez María Florencia - Picone Patricia Noemí s/ ordinario - daños y perj. Accidentes de tránsito - recurso de apelación - Expte. Nº 4902711. Recurso directo (Expte 6652701). Cordoba, 25 de abril de 2018).- Estos criterios reafirman que el juicio de admisibilidad de un recurso extraordinario no se satisface con la sola invocación nominal de una causal legal. Por el contrario, exige verificar que el escrito impugnativo contenga una crítica técnicamente articulada, que proponga una cuestión propia del ámbito casatorio y que no pretenda transformar la instancia extraordinaria en una tercera revisión ordinaria de los hechos y de la prueba.-
IX. La misma solución corresponde cuando el recurso intenta introducir cuestiones de hecho y prueba bajo la apariencia de violación o aplicación errónea de la ley, quebrantamiento de formas o arbitrariedad.-
Es cierto que el examen preliminar no habilita al Tribunal a decidir si el absurdo o la arbitrariedad efectivamente se configuran, pues ello pertenece al análisis de procedencia. Pero sí autoriza -y exige- verificar si tales vicios fueron invocados y técnicamente articulados de manera suficiente.-
En otras palabras, en la admisibilidad no se decide si existe absurdo; se controla si el recurrente ha formulado un planteo de absurdo idóneo para habilitar el tratamiento posterior. Si el recurso se limita a contraponer su propia interpretación de los hechos, a cuestionar la valoración de la prueba o a reproducir agravios ya examinados por la Cámara, sin demostrar mínimamente un desvío lógico grave, una contradicción palmaria o un apartamiento inequívoco de las constancias de la causa, el remedio resulta formalmente inhábil.-
Tal distinción permite preservar el equilibrio del sistema: evita que el examen preliminar se convierta en una sentencia anticipada, pero también impide que la mera invocación nominal de una causal extraordinaria obligue al Tribunal a abrir una instancia que el propio escrito no logra justificar.-
Desde este cuadrante, la verificación de la materia casable constituye un presupuesto objetivo de admisibilidad. El recurso procede únicamente por quebrantamiento de forma o por violación o errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal. La determinación de los hechos y la valoración de la prueba quedan, por principio, fuera de ese ámbito, por pertenecer a las facultades privativas de los jueces de grado. De modo que, cuando el recurrente, bajo el ropaje de una violación de ley, sólo persigue un tercer juzgamiento de los hechos o una revisión de la apreciación probatoria, propone una materia ajena al objeto del recurso.-
X. Desde esta perspectiva, la posición restrictiva que reduce el examen del artículo 7º a una verificación meramente ritual de temporalidad, domicilio, depósito previo e invocación formal de causales no puede ser compartida.-
Dicha lectura prescinde de la interpretación sistemática del régimen casatorio, debilita la potestad de este Tribunal para controlar la apertura de su propia competencia extraordinaria y transforma al juicio preliminar en un trámite prácticamente automático, aun frente a recursos que carecen de crítica concreta, que reproducen planteos ya tratados en la instancia de grado o que procuran una nueva revisión de cuestiones de hecho y prueba.-
La lectura que reduce el examen preliminar del artículo 7º a una constatación meramente cronológica o ritual prescinde, además, de la conexión necesaria entre dicha norma y el artículo 4º, inciso a), del mismo régimen. El artículo 7º remite al plazo y a los demás requisitos formales previstos en los artículos anteriores; entre ellos se encuentra, precisamente, la carga de expresar técnica y separadamente los motivos de casación. Por ello, controlar si el recurso contiene una crítica casatoria técnicamente articulada no implica introducir un requisito no previsto por la ley, sino aplicar la remisión que el propio artículo 7º efectúa a los artículos que regulan la interposición del remedio.-
Además, esa inteligencia conduce a consecuencias institucionales disvaliosas. En primer lugar, prolonga innecesariamente los procesos, al obligar a sustanciar recursos manifiestamente inhábiles para recién rechazarlos en la sentencia definitiva. En segundo término, recarga indebidamente la labor del Tribunal, desplazando hacia el estadio de mérito objeciones que debieron resolverse en el umbral de admisibilidad. Finalmente, desnaturaliza la casación, aproximándola a una tercera instancia ordinaria y debilitando su función de control jurídico extraordinario.- La admisibilidad del recurso de casación no puede quedar librada a una fórmula sacramental. La mera invocación de violación legal, quebrantamiento de forma, doctrina legal o arbitrariedad no basta para abrir la instancia si no se acompaña de una crítica concreta, razonada y autosuficiente de los fundamentos del pronunciamiento recurrido.-
XI. En el examen preliminar del artículo 7º este Tribunal Superior de Justicia actúa como guardián de la apertura de su propia competencia extraordinaria. La concesión dispuesta por la Cámara no lo vincula ni purga los defectos del recurso, pues el control sobre la habilitación de la instancia casatoria es propio, autónomo e indisponible.-
En ese marco, este Alto Cuerpo puede y debe verificar si el recurso contiene una crítica concreta y razonada, si individualiza debidamente el error jurídico atribuido al fallo, si confronta con los fundamentos decisivos del pronunciamiento recurrido y si propone una materia susceptible de revisión casatoria. Cuando tales extremos no concurren, corresponde declarar mal concedido el recurso, sin que ello importe resolver su procedencia.- De lo contrario, la instancia extraordinaria quedaría abierta por la sola voluntad del recurrente y por la mera utilización de fórmulas genéricas, aun cuando el escrito no satisfaga las cargas mínimas que la ley procesal exige para habilitar el control casatorio. Tal conclusión no se compadece con el carácter excepcional del remedio, ni con la función nomofiláctica que corresponde a este Tribunal.-
XII. Las consideraciones que anteceden permiten reafirmar la doctrina tradicional de este Alto Cuerpo sobre el alcance del examen preliminar de admisibilidad del recurso de casación.- En dicho estadio, corresponde verificar no sólo los recaudos temporales y rituales externos, sino también la existencia de una adecuada crítica casatoria, la individualización concreta del vicio denunciado, la pertenencia de la materia al ámbito propio del recurso y la ausencia de una mera reedición de cuestiones ya examinadas en la instancia ordinaria.-
XIII. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad de los recursos intentados.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir, que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda revisar el mérito de los recursos interpuestos, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inadmisibilidad del planteo casatorio.- A los fines de una mayor claridad, se analizará cada recurso por separado.-
XIV. a).- La actora se agravia respecto de la falta de admisión de la indemnización por lucro cesante, entendiendo que debería haberse ordenado abonar las ganancias de la cual su parte fue privada por el incumplimiento contractual de la demandada (cfr. PE81708582-2025, págs. 3/4).-
En este sentido acusa violación de la ley, sosteniendo que se aprecia una aplicación indebida de las normas que debieron operar con relación al material fáctico puesto en análisis ante la Cámara de Apelaciones; pues bien, se ha realizado en la especie una subsunción incorrecta, insuficiente de las normas jurídicas que se encuentran vigentes, que guardan relación con las particularidades del caso sometido a juzgamiento, afectando de esta forma el debido proceso legal y, por añadidura trastocando elementales derechos y garantías constitucionales de la actora (arts. 16, 17, 18, 28 y ccs. Constitución Nacional y arts. 8º, 15, 17 y ccs. Constitución Provincial) (cfr. PE cit., pág. 3).-
Del estudio de los fundamentos de la casación, se advierte, que los planteos de la recurrente remiten a temas de hecho y prueba, en principio, ajenos al ámbito de la casación. La impugnación está estructurada en torno a circunstancias fácticas extrañas al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial.-
Los términos del recurso traslucen que, no obstante invocarse por la recurrente que la casación se sustenta en la errónea interpretación de la ley, en realidad lo cuestionado es la valoración que han efectuado los jueces de las instancias ordinarias respecto de los hechos y pruebas aportadas a la causa, cuestiones ajenas al ámbito casatorio.-
En efecto, sin perjuicio de que nos encontramos en el análisis de la admisibilidad del recurso interpuesto, se desprende del mismo que la cuestión medular de los presentes autos radica en determinar la procedencia o no del rubro lucro cesante, planteo que, tal como ha sido efectuado, llevaría en su caso a un nuevo análisis de los hechos objetos de la pretensión.-
La controversia recae, pues, sobre una cuestión fáctica, inadecuada, por ende, para habilitar el remedio excepcional de la casación.-
Se ha expresado al respecto que: “Tanto la determinación de los distintos rubros que integran la condena, como su procedencia, constituyen típicas cuestiones de hecho, ajenas por ello al conocimiento de la Corte, salvo el supuesto de absurdo.” (cfr. sum. SCBA, “Padula Francisco c/ Di Modugno, Norma Beatriz y otros s/ Daños y Perjuicios” Ac. 50.510-S, 29-12-92), respecto del cual, como se ha expresado, la recurrente no brinda argumentos suficientes a los fines de intentar demostrarlo, que permitan superar la valla de la admisibilidad.-
En definitiva, se advierte que las conclusiones del “ad quem” no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia un decisivo error de argumentación en el decisorio. Las críticas de la recurrente sólo traduce diferencias de criterio con el Juzgador y no resulta suficiente para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Se esgrimen fundamentos que no competen a este Tribunal revisar. Los agravios remiten a materias propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia casatoria. En estos casos, la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación.-
Así, considerando la decisión que adoptó la Cámara de Apelaciones, la misma no resulta, en principio, revisable ante esta instancia, al haber fundado debidamente su posición, sin encontrarse ésta desprovista de fundamentos, más allá de la discrepancia que pudiera tener la recurrente con la postura asumida por la Cámara de Apelaciones.-
XIV. b).- En cuanto, a la alegada violación del debido proceso legal y de los derechos y garantías constitucionales (arts. 16, 17, 18, 28 y ccs. Constitución nacional y arts. 8º, 15, 17 y ccs. Constitución provincial), no podemos soslayar que la recurrente sólo se ha limitado a efectuar una mención genérica de los mismos, sin indicar concretamente cuáles de ellos fueron vulnerados y sin explicar concretamente de qué manera el fallo de la Cámara produjo esa violación.-
Es sabido que no basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar un planteo en tal sentido. Este Tribunal Superior de Justicia en reiteradas oportunidades ha puntualizado que: “...la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156).-
XV. a).- El recurso de casación de la parte demandada acusa el quebrantamiento de forma, refiriendo que el pronunciamiento dictado por la Alzada viola el principio de congruencia toda vez que ordenó el pago de intereses aplicando la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina y no la tasa activa conforme fuera solicitado por la accionante en su libelo de inicio.-
Este Alto Cuerpo ha considerado procedente el recurso de casación por quebrantamiento de forma en casos de falta total de fundamentación de una sentencia, ausencia de mayoría de opiniones concordante (cfr. Sentencia, Tomos V, Reg. 166, Folio 857/859 y VII, Reg. 229, Folio 1234/1238), incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Sentencia, Tomo III, Reg. 90, Folio 404/408), o autocontradicción entre los considerandos y lo que se decide en la sentencia (cfr. Sentencia, Tomo XII, Reg. 414, Folio 2257/2260).- En el caso bajo juzgamiento, la casacionista no logra evidenciar la configuración de vicio alguno en torno a las formas y solemnidades prescriptas para el acto sentencial. Si bien es cierto que la Cámara de Apelaciones no resolvió conforme la tasa solicitada por la accionante (tasa activa), ésta se expidió respetando el límite impuesto por las partes tanto en el escrito de interposición de la demanda y su respectiva contestación, los escritos de expresión de agravios y sobre todo respetando la doctrina legal emanada de este Alto Cuerpo (cfr. Sentencia, Tomos XIV, Reg. 485, Folio 2635/2645; XV, Reg. 531, Folio 2979/2985, entre otros), por lo que la pieza recursiva denota de forma prístina la ausencia de una crítica certera tendiente a demostrar la infracción a alguna de las reglas básicas del razonamiento por parte de los sentenciantes.- En efecto, no hay transgresión a la congruencia, en la medida en que la actuación del órgano jurisdiccional se circunscribe a los límites impuestos por las partes a la litis y, puntualmente, a los agravios llevados a su conocimiento (cfr. Molina Sandoval, Carlos A.: “Recurso de Casación, Aspectos sustanciales, argumentales y procesales”, 1º edición, Advocatus, 2016, pág. 61).- En el particular caso de autos, resulta indudable que la Cámara se adentró en el tratamiento de todos los agravios propuestos en el recurso de apelación interpuesto por la actora, sin exceder, ni preterir los planteos formulados en esa impugnación.-
XV. b).- Tampoco puede prosperar la admisibilidad del recurso en relación a la denuncia de arbitrariedad de sentencia opuesta, toda vez que la impugnante se limita a mencionar la existencia de vicio sin fundar adecuadamente su procedencia.- Es decir, no ha intentado demostrar que la sentencia impugnada sea de aquéllas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezcan de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (cfr. Germán J. Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino Nueva Edición Ampliada y Actualizada”, Tomo II, Buenos Aires, editorial Ediar, 1995, pág. 441).-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que: “...el apelante no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia ya que sólo se desprende del recurso una exposición reiterada de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho, prueba y a la interpretación asignada a normas de derecho común y procesal...”. (cfr. Fallos: 325:2192. Dictamen del Procurador General que la Corte comparte y al que remite).- A su vez, sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “...'tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación'. Por lo tanto 'debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas'...” (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, 'Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios', del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, 'Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 19-VIII-78; Ac. 25.048, 'Correa de A.A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.).-
De su lado, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que: “...'la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación'...” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458 y VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
En el sub lite, la recurrente no ha logrado fundar adecuadamente su recurso respecto de la arbitrariedad alegada, limitándose a invocarla, sin fundar idóneamente que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con el criterio sustentado por los jueces, éste se encuentra debidamente fundado.-
XVI. Que, en virtud de lo expuesto, los recursos de casación articulados, por la parte actora en PE1708582-2025, y por la parte demandada en PE1714151-2025, no han logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlos mal concedidos, y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1876075-2025 de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así lo voto.-
Las Dra. Reneé Guadalupe Fernández y el Dr. Fernando Miguel Basanta, por compartir los fundamentos adhieren al voto de la Dra. Ludueña Campos.-
Voto del Dr. Juan Lucio de la Vega:
I. Que, si bien concuerdo con el relato de los antecedentes de la causa realizado en los puntos I, II y III del voto que antecede, disiento con la solución que se propicia en él, por los fundamentos que desarrollo a continuación.-
II. El análisis de las condiciones de admisibilidad del recurso de casación, reglado en los artículos 5° y 7° del Libro I, Capítulo VI, Sección 6°, Parágrafo 2° -Recurso de Casación-, del Código Procesal Civil y Comercial (CPCyC), no debe ser confundido con el estudio de su procedencia. Si bien la falta de cualquiera de las condiciones en cuestión produce el fracaso de la impugnación, se trata de cuestiones esencialmente diversas.-
En el régimen vigente, la admisibilidad se vincula con los extremos meramente formales previstos en el código de rito y su análisis corresponde sucesivamente al Tribunal a quo y al Tribunal ad quem. Así lo disponen los artículos 5° y 7° respectivamente.-
Por el contrario, el análisis de la procedencia hace a la fundabilidad del embate e involucra el juicio sobre el acierto de la pretensión recursiva. Su decisión corresponde sólo y exclusivamente al Tribunal ad quem (cfr. art. 13).-
El primer juicio de admisibilidad ya fue realizado por la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial al declarar formalmente admisibles los recursos interpuestos por las partes (cfr. PE1876075-2025, del 5 de junio de 2025). El segundo, corresponde sea efectuado por este Tribunal Superior de Justicia. Este “examen preliminar” sólo debe alcanzar a la simple verificación de la temporalidad del recurso y de los demás recaudos formales. Es decir: existencia o no de sentencia definitiva o equiparable a ella (art. 1°); plazo, constitución de domicilio y acreditación del pago del depósito previo (art. 4, incs. c y d); e invocación de alguno de los motivos casatorios taxativamente enumerados (arts. 1°; 2°; 3°; 4°, incs. a y b).-
Así lo señala expresamente el mencionado art. 7º:
“Art. 7º - Examen preliminar: Dentro de los diez (10) días de recibidos los autos, el Tribunal Superior de Justicia examinará en Acuerdo -en forma preliminar- el escrito de presentación, al sólo efecto de determinar si ha sido interpuesto con arreglo a las disposiciones que rigen el plazo y demás requisitos formales previstos en los artículos anteriores para establecer si el recurso ha sido bien o mal concedido. En este último caso se devolverán los autos sin más trámite. Admitido el recurso por el Tribunal Superior de Justicia, se dictará la providencia de “autos”, la que será notificada a los interesados personalmente o por cédula. Las demás providencias quedarán notificadas por ministerio de ley”. (énfasis agregado).-
A su vez, el inciso a) del artículo 4 de la sección 6ª sólo exige expresar el alcance de la impugnación y lo que se desea que se anule, indicando concretamente las formas quebrantadas, las disposiciones violadas, erróneas o falsamente aplicadas, manifestando cuál es la ley o doctrina que ha debido aplicarse. En ningún momento requiere una “adecuada fundamentación”.-
La primera fuente de interpretación de las leyes es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ella (Fallos: 312:2078; 321:1434; 326:4515 y 340:2021), pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su texto o de su espíritu (Fallos: 307:928; 308:1873; 315:1256; 330:2286 y 338:488). De modo concorde se ha subrayado que el principio constitucional de separación de poderes no consiente a los jueces el poder de prescindir de lo dispuesto por la ley respecto del caso, so color de desacierto o injusticia (Fallos: 249:425; 306:1472; 314:1849; 318:785; 329:1586; 333:866; 338:488 y 342:1376).-
Los verbos utilizados resultan claros al respecto, pues de los términos “expresar”, “indicar” y “manifestar” jamás puede concluirse la exigencia de una “adecuada fundamentación” o “suficiencia técnica”, aspectos estos últimos que son propios del examen de procedencia del recurso y no del “preliminar” o de admisibilidad.-
En síntesis, lo que no puede ni debe realizar el Tribunal ad quem en oportunidad de analizar y resolver sobre la admisibilidad del recurso de casación es ingresar en aspectos que involucren la “procedencia” de la vía impugnativa.-
III. Así las cosas, encontrando reunidos -en principio- los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación, proponemos declararlo bien concedido a tenor de lo dispuesto en el art. 7° del Libro I, Titulo IV, Cap. IV, Sec. 6° Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley N° 3453/15 -Decreto N° 2228/15- y, por ende, ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8° de la ley citada y por el término allí establecido. Así lo voto.- Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, José Antonio González Nora, Sergio Edgardo Acevedo y Gabriel Nolasco Contreras Agüero, por los mismos fundamentos, adhieren al voto del Dr. de la Vega.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto minoritario de las Sras. Vocales, Dras. Paula Ernestina Ludueña Campos, Reneé Guadalupe Fernández y del Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, José Antonio González Nora, Sergio Edgardo Acevedo, Juan Lucio R. de la Vega y del Sr. Presidente, Dr. Gabriel Nolasco Contreras Agüero, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar bien concedidos los recursos de casación interpuestos, por la parte actora en PE1708582-2025, y por la parte demandada en PE1714151-2025.-
2. Ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8° del Libro I, Titulo IV, Cap. IV, Sec. 6°, Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley 3453/15 -Decreto N° 2228/15- y por el término allí establecido.-
La presente resolución se dicta con la firma de ocho miembros del Tribunal en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y por la existencia de mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Gabriel Nolasco Contreras Agüero -Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Dr. José Antonio González Nora –Vocal-; Dr. Sergio Edgardo Acevedo –Vocal-; Dr. Juan Lucio Ramón de la Vega – Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1025I.261 Tomo: XXXVII Interlocutorio: 3934 Folio N°: 7331/7340 Secretaría: 1
Fin de la sentencia