Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios de la parte actora y los de la parte demandada.-
2Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto ha sido materia de agravio.-
3Imponer las costas en el orden causado en esta instancia (art. 68 CPCC por remisión de la ley 1444).-
4Diferir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto se cuantifiquen en la instancia de grado (arts. 16, 30 y ccs. ley 3950.-5º) Registrar, notificar y oportunamente devolverlos autos al Juzgado de origen. El Dr. Humberto E. Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los firmantes y constituir mayoría. Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Horacio M. Fernández- Juez de Cámara- Presidente; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201004S.261 Tomo: CIV Sentencia: 3175 Folio Nº: 197/201 Secretaria: 1
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. N°9077/25 Sentencia: Definitiva Actor: Vera Marisel Roxana Demandada: TDF S.A.
Objeto: Demanda Laboral Fecha: 25-02-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los VEINTICINCO de febrero de 2026 se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “VERA MARISEL ROXANA C/ T.D.F. S.A. S/ DEMANDA LABORAL (EXPTE. Nº 20130)” que tramita en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Pico Truncado, que ingresó en esta instancia, bajo el Nº 9077/25. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard; Horacio Mauricio J. Fernandez y Humberto E. Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?. A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda I. Bard dijo:
I. A fs. 1/8 el Dr. Carlos Toledo Vargas en carácter de apoderado de Marisol Roxana Vera, promueve demanda laboral contra la empresa TDF S.A., para que se la condene al pago de la suma de $ 1.299.815,59, con más intereses y costas, correspondientes a la indemización por despido incausado y los demás rubros que derivan del distracto.
Afirma que Vera se desempeñaba desde mayo de 2006 para la demandada y que revestía el cargo de jefa de departamento al momento del distracto. Relata que en fecha 3/10/2018 recibe carta documento que le notifica el despido, con fundamento en la pérdida de confianza por haber otorgado tarjetas de créditos y planes de financiación a familiares por fuera de lo establecido en la empresa, lo que traduce como pérdida de confianza. Esta CD es contestada por la actora negando la situación, y la demandada guarda silencio. Practica liquidación, funda en derecho su petición, ofrece prueba.-
II. A fs. 134 se celebra la audiencia de conciliación prevista por el art. 47 de la ley 1444 y al no existir acuerdo la parte demandada contesta la acción. A fs. 23/133 se presenta la Dra. Karina Elizabeth Pesoa en representación de TDF S.A y contesta la demanda, niega los hechos, explica el funcionamiento de la firma, da su versión de lo sucedido, ofrece prueba y funda en derecho.-
III. A fs. 140 se ordena la producción de prueba y finalizada la misma, las dos partes acompañan alegato y en PE 1825115-2025 el Juez de Primera Instancia dicta sentencia que admite parcialmente la demanda en cuanto considera el despido incausado y condena al pago de antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso, días trabajados, integración del mes de despido, SAC sobre integración más intereses; rechaza los restantes reclamos, ordena la liquidación, impone las costas a la demandada y regula honorarios.-
IV. La sentencia no satisface las aspiraciones de las partes e interponen recursos de apelación, los que son concedidos libremente y con efecto suspensivo. La parte actora expresa agravios en PE1853245-2025 y la demandada en PE1853306-2025, sólo la actora contesta los agravios de la accionada.-
Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo, se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.
V. La parte actora se agravia por haberse desestimado las indemnizaciones de la ley 25323. Sostiene que el despido careció de justificación, lo que se sostiene en el fallo y por tal razón resulta admisible el recargo del 50% reclamado por aplicación de la Ley 25.323. Se explaya en cuanto a que la trabajadora fue dejada fuera del mercado de trabajo sin causa y que tenía un cargo de gerente.-
Al motivar el recurso la apoderada de la demandada se agravia porque el juez entiende que no se acreditó el perjuicio económico en la firma demandada. Entiende que a partir de los testimonios de Quintana y Albarello y los resúmenes acompañados surgiría la irregularidad en los resúmenes de Haro donde se cargaron débitos aún encontrándose en mora. Agrega que otorgar una tarjeta en forma irregular genera perjuicio económico, porque TDF SA debe asegurar que el usuario cuenta con ingresos para abonar sus resúmenes. Señala que la suegra -Sra. Regalado- se constituyó en una deudora incobrable. Expone que dichas irregularidades sumado al parentesco fue lo que generó la pérdida de confianza. Refiere que Marisel Vera tenía 13 años dentro de la empresa y conocía las modalidades de trabajo, por ello lo que se le cuestiona es la irregularidad en el manejo de las cuentas. Se explaya sobre las formas que pueden tener las auditorías internas dentro de la empresa y concluye que la realizada en el caso dejó en evidencia las irregularidades.
Estos agravios son contestados por la parte actora. En su responde señala que asiste razón al magistrado al señalar que la parte demandada no ha logrado acreditar que haya sufrido un perjuicio económico. Si bien alude a las cuestiones de la deuda de Haro no logró demostrar que la actora realizara dichos cambios ni que daño económico provocó, cuando no surgiría que exista resumen impago por parte de Haro, ni que Vera haya intervenido para cargar débitos en la cuenta del nombrado. Señala que tampoco se acreditó que TDF S.A. abonara impuestos del usuario y que éste no abonara sus resúmenes.- En cuanto a la tarjeta otorgada a la Sra. Regalado, sostiene que tampoco se probó que haya sido otorgada por la actora, ni que se torne incobrable, ni si se realizaron gestiones para su cobro. Refiere que modifica la causa de despido al señalar que no fue el otorgamiento de las tarjetas el problema sino el manejo de la mora, situación que no fue planteada así desde un principio y se encuentra vedado por la legislación. Contesta en cuanto a la falta de responsabilidad de Marisel Vera al tener relaciones comerciales con familiares e insiste en la falta de demostración del perjuicio económico causado así como tampoco se habría acreditado las irregularidades en el manejo de las cuentas que se alega. En otro apartado se refiere a la falta de normativa con relación a la prohibición o limitación de tener vínculos en nombre de la empresa con familiares. Solicita se desestime el recurso.-
VI. Establecido ello corresponde ingresar al examen del recurso a efectos de evaluar la decisión cuestionada por las partes. Por una cuestión de orden habré de tratar en primer término los agravios de la parte demandada. Analizadas las causas invocadas por la empresa para despedir a la actora, se observa que se invoca la pérdida de confianza por haber otorgado una tarjeta a su pareja (Sr. Haro) quien habría realizado gastos que no pagó y se refinanció la deuda y similar situación con relación a la Sra. Regalado quien sería su suegra. De la prueba acompañada por la propia demandada, surge que al pedir explicaciones a la actora señala que ella no le otorgó la tarjeta a la Sra. Regalado, además de las actuaciones internas cuando se pregunta quien refinanció los resúmenes impagos de Haro la declarante señala que no recuerda quien lo hizo, agregando que no se cuestionaban esas decisiones, ni movimientos en la cuenta del usuario, también surge de dichas actuaciones que varias personas hacían manejo del sistema y refinanciaciones.
Se logró acreditar que Mathias Haro era pareja de la actora, tenía una tarjeta de crédito de la firma y varias refinanciaciones de su saldo, también se certificó por Secretaría que TDF S.A. había iniciado una ejecución en sede judicial. Nada más. No puede señalarse que haya sido sólo Marisel Vera quien realizó todas las operatorias, ni tampoco el daño que ello le causó a la empresa, lo que se ve reforzado por el hecho de que al prestar declaración Eugenia Gisel Albarello refiere que ella otorgó las tarjetas de créditos cuestionadas. Si bien existe coincidencia en las demás pruebas testimoniales de que Haro era pareja de la actora, como así también la forma en que se trataba a los clientes en mora, no surge de la prueba brindada de que manera Marisel Vera pudo intervenir en la refinanciación de los pagos, ya que todos coinciden que se realizaban planes de pago, que diferentes personas gestionaban las deudas de los clientes, y como se realizaban posteriormente las intimaciones.
No existe constancia alguna de la normativa o reglamentación interna que prohiba la atención a familiares o el manejo de sus cuentas.- Tampoco se acreditó en autos de que forma la mora de Haro y Regalado afectaron económicamente a la firma. Tengo presente además que TDF S.A. es una empresa que se dedica al giro comercial y extensión de tarjetas de créditos, con una importante cartera comercial en la zona. Por otro lado si bien se tiene recaudos al momento de dar créditos a los clientes no puede dejar de señalarse que en el marco de una amplia gestión existe un álea propia de la actividad en cuanto a los posibles incumplidores en sus pagos, lo que queda acreditado con la prueba testimonial de quienes fueran empleadas en TDF S.A. que refieren que se intimaba a los deudores, se los visitaba en diversas oportunidades, y eventualmente se los ejecuta legalmente; existiendo actualmente un juicio de ejecución contra Mathías Haro, lo que se certificó por secretaría.- En el contexto traído a estudio debe considerarse además que Marisel Roxana Vera llevaba más de diez años laborando para la demandada, que tenía un buen legajo personal, y había llegado a un cargo alto dentro de la firma.
Si bien podría señalarse una desprolijidad en cuanto a la actitud asumida con su pareja, ello no es imputable únicamente a ella, ya que se desempeñaban otras personas en el área, no se pudo acreditar que haya realizado un manejo de dinero perjudicial para la demandada, ni su cuantía, ni se puede dimensionar la pérdida económica que se alega. Ello me lleva a concluir que tratándose una conducta aislada dentro del manejo de un cúmulo importante de clientes, donde no logró acreditarse debidamente que fuera la actora quien otorgó las tarjetas de crédito a su pareja y suegra, que refinanciara los saldos ni el perjuicio económico de la empresa la sanción del despido luce excesiva y carente de proporcionalidad.
Tampoco puedo dejar de observar que la CD por la que se comunica el distracto señala que toma conocimiento por una auditoría interna. Debe ser cautelosa la interpretación de ello, ya que de las actuaciones acompañadas no surge que la actora haya estado asesorada ni informada con relación a sus derechos al momento de requerirle explicaciones por escrito en su oportunidad.- Se ha decidido en este aspecto que "El simple interrogatorio al que fue sometida la trabajadora con carácter previo al despido, por parte de la auditora interna, el síndico titular y el asesor legal de la empresa empleadora, no puede considerarse una 'Actuación Administrativa' válida, por cuanto el proceder consistente en llevar adelante una averiguación sin darle participación a la actora, sin contar con el debido asesoramiento y sin exponer las pruebas existentes, deviene manifiestamente nulo, por cuanto la inobservancia de tales formalidades implicó no sólo la violación de los principios constitucionales mencionados, sino también los básicos del Derecho del Trabajo (arts.7,8,9,10,11,12,13,14,17,63 LCT)." (conf.Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala: V, Arana Romina Soledad c/ Garantizar S.
G. R. s/ despido, 17 de mayo de 2018, Colección: Fallos, Cita: MJ-JU-M- 111042 - AR||MJJ111042).- Por lo que la "auditoría" que se acompaña y se refiere la demandada se interpreta como una prueba más dentro del plexo probatorio de la causa que debe analizarse en forma concatenada con las demás medidas.-
En este contexto ante la carencia de antecedentes de la trabajadora, siendo que no pudo comprobarse fehacientemente los extremos señalados por la demandada, y la normativa tuitiva imperante en la materia, al no haberse demostrado claramente una inconducta de la trabajadora con la gravedad que exige el art. 242 de la L.C.T. - ya que pudo merecer una sanción de menor magnitud-, considero que el despido dispuesto por la empleadora resultó injustificado, por lo que deben desestimarse los agravios de la parte demandada(arts. 232 y 245 LCT).-
VII. Por su parte la actora se agravia por haberse desestimado la indemnización agravada que contempla la ley 25.323. En este aspecto entiendo que no procede la indemnización pretendida del art. 2 de la ley 25323. Tengo presente lo decidido por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia en el punto en los autos “MURUA CARLOS FRANCISCO c/ SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A. s/ LABORAL – COBRO DE PESOS”, Expte.M-10.300/06 (M-1.819/11-TSJ), donde haciendo referencia a que esta norma es de interpretación restrictiva, señala que: "...Conteste con lo señalado, se ha manifestado que dicha excepción resulta aplicable cuando surge de la causa que el empleador pudo considerar un acto del dependiente como causa justificada para el despido pero no pudo probarla en juicio o que existió pero no justificaba el despido (confr. Grisolía, Julio Armando, Régimen Indemnizatorio en el Contrato de Trabajo, 4ª ed., Nova Tesis Editorial Jurídica, Rosario, 2007, pág. 484); y además que “…la indemnización prevista por el art. 2º ley 25.323 debe ser concedida con carácter restrictivo y sólo en aquellos supuestos en que no exista prueba alguna de la causa o la invocada resulte absolutamente improcedente a los fines del art. 242 LCT, pues de lo contrario se produciría una clara limitación del derecho de defensa en juicio para el empleador, quien frente al riesgo de que se incrementen las indemnizaciones, debería abstenerse de someter la cuestión a la consideración de los jueces, pese a que éstos son los únicos que pueden pronunciarse válidamente sobre el tema?” (confr. CNLB, Capital Federal, 21-6-2002, “Aca, Adrián R. c/ Don Battaglia S.R.L.”, JA 2002 IV, 129, citado en RODRÍGUEZ SAIACH, Luis Armando, ‘Cálculo, indemnizaciones laborales: bases, liquidaciones’, ejemplos, topes indemnizatorios, jurisprudencia, 5ª ed., GWA Ediciones Profesionales, Buenos Aires, 2008, págs. 337/338)." (T. XVII – SENTENCIA – T.S.J., REG. Nº 576; FOLIO 3.279/3.288; PROT. ELECT. TSS1 015 S.141, 11 de julio de 2014)- Por tales fundamentos que entiendo adecuados siendo que Marisel Vera pudo haber merecido un llamado de atención en el caso pues su conducta si bien no justificó el despido pudo merecer una sanción menor, considero que este rubro no puede prosperar.-
VIII. En atención a la forma en que me he expedido en el punto anterior debo considerar que la sentencia es justa y debe confirmarse. En atención a la forma en que me expido las costas deben ser soportadas en esta instancia en el orden causado (art. 68 CPCC por remisión de la ley 1444).
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio M. Fernandez dijo:
IX. Que por haber sido debatidos suficientemente los temas traídos al acuerdo, y por los fundamentos expuestos adhiero a la propuesta que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA Dra. Griselda Bard dijo:
X. En mérito a lo expuesto en las cuestiones anteriores propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento 1º) Desestimar los agravios de la parte actora y los de la parte demandada. 2º) Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto ha sido materia de agravio. 3º) Imponer las costas en el orden causado en esta instancia (art. 68 CPCC por remisión de la ley 1444). 4º) Diferir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto se cuantifiquen en la instancia de grado (arts. 16, 30 y ccs. ley 3950). 5º) Registrar, notificar y oportunamente devolverlos autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio M. Fernandez dijo:
XI. Que coincido con la Dra. Bard por considerar justa la propuesta que formula. Adhiero pues a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 25 de Febrero de dos mil veintiséis.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.
1. Desestimar los agravios de la parte actora y los de la parte demandada.- 2º) Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto ha sido materia de agravio.- 3º) Imponer las costas en el orden causado en esta instancia (art. 68 CPCC por remisión de la ley 1444).- 4º) Diferir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto se cuantifiquen en la instancia de grado (arts. 16, 30 y ccs. ley 3950.-5º) Registrar, notificar y oportunamente devolverlos autos al Juzgado de origen. El Dr. Humberto E. Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los firmantes y constituir mayoría. Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Horacio M. Fernández- Juez de Cámara- Presidente; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201004S.261 Tomo: CIV Sentencia: 3175 Folio Nº: 197/201 Secretaria: 1
Fin de la sentencia