Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa V-851/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. Eduvije del Carmen Vera Navarro en PE209113-2021 contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, declarando la nulidad del Acuerdo Nº 0810/20; tal decisión conlleva además la nulidad del Acuerdo Nº 0892/21, en cuanto no hizo lugar al recurso de reconsideración interpuesto contra el primero.-
2Disponiendo que la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz dicte un nuevo acto administrativo, en el término de sesenta (60) días hábiles, conforme a lo establecido en la presente sentencia.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: V-851/21-TSJ Sentencia N°: 1136 Actor: VERA NAVARRO EDUVIJE DEL CARMEN Demandado: CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 23/10/23 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1136 FOLIO Nº 3672/3680 PROT. ELECT. TSS1 023 C.231
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 23 días del mes de octubre de dos mil veintitrés, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y Fernando Miguel Basanta, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos: “VERA NAVARRO EDUVIJE DEL CARMEN C/ CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº V-851/21-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dra. Reneé Guadalupe Fernández, 2º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 3º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 4º) Dr. Fernando Miguel Basanta, 5º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión la Dra. Fernández dijo:
I. Que mediante PE209113-2021 la Sra. Eduvije del Carmen Vera Navarro, con el patrocinio letrado de la Dra. Ingrid O. Martínez, promueve demanda contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz (en adelante CPS), solicitando se declare la nulidad del Acuerdo de la CPS Nº 0810/20, que no hizo lugar al beneficio de pensión peticionado (cfr. PE cit., pág. 1).-
Relata que en el año 2020 inició un trámite de pensión en razón del fallecimiento de su esposo el Sr. Santiago Navarro Navarro y que la CPS le denegó el beneficio previsional peticionado, con sustento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley N° 1782. Dice que luego de ello, presentó recurso de reconsideración y pedido de pronto despacho e, inclusive, remitió cartas documentos e interpuso demanda de amparo por mora, tras lo cual la autoridad administrativa ratificó su resolución originaria (cfr. PE cit., págs. 1/2).- Sostiene que en esas instancias no hubo notificación previa ni asesoramiento por parte de la CPS, a efectos de realizar un descargo, vulnerándose su derecho de defensa (cfr. PE cit., pág. 2).-
Asevera que el acto denegatorio del beneficio previsional deviene nulo, por no haberse aplicado el derecho vigente, esto es, el Código Civil y Comercial de la Nación. En tal sentido, expresa que los argumentos empleados por la CPS no resultan aplicables, dado que el matrimonio ya no contiene a la convivencia como una exigencia objetiva, ni a la culpa de uno o ambos cónyuges como factor de atribución de responsabilidad en el divorcio. Postula que, según el artículo 431 del cuerpo normativo indicado, la cohabitación debe ser considerada un deber moral y no existe posibilidad de obtener su cumplimiento coactivo ni sanción para el cónyuge que rompe la convivencia (cfr. PE cit., pág. 3).- Afirma que la autoridad administrativa no tuvo en cuenta la situación particular de los cónyuges -con más de cincuenta y tres (53) años de casados- y que influyeron para que el causante se trasladara de su hogar al domicilio de una enfermera que asistía a personas de edad avanzada. Sobre esto último, detalla que su esposo se encontraba atravesando un cuadro terminal y que en razón de su edad ella no podía atenderlo. En este contexto, aduce que su hijo mayor tomó actitudes arbitrarias en su contra, responsabilizándola de la falta de cuidado del Sr. Navarro Navarro e inventando circunstancias de maltrato que fueron tomadas como ciertas por el organismo previsional (cfr. PE cit., págs. 3/4).- Crítica la decisión administrativa, sosteniendo que carece de sustento normativo y que bajo ningún punto de vista hubo separación de hecho ni se ha constatado que exista culpa suya o de ambos y, además, enfatiza que no existió cambio de domicilio del Sr. Navarro Navarro e, inclusive, en su certificado de defunción consta el domicilio donde ambos vivían (cfr. PE cit., págs. 6/8).-
Finalmente, solicita que se deje sin efecto el Acuerdo Nº 0810/2020 dictado por la CPS, otorgándose el beneficio de pensión, con los retroactivos correspondientes, a partir de la fecha en que se recepcionó el trámite (cfr. PE cit., pág. 9).-
II. En PE301984-2021 la CPS por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Mariana Isak contesta demanda, solicitando su rechazo con costas.-
Explica que en las actuaciones administrativas se presentaron los hijos del causante y de la Sra. Vera Navarro, repudiando que su madre sea acreedora al beneficio de pensión, debido a la falta de convivencia durante los últimos tiempos de vida de su padre así como también a una serie de hechos de violencia de los cuales habría resultado víctima el fallecido. Enuncia, igualmente, la documentación adjuntada por aquellos. Entre ellas, describe una serie de exposiciones policiales efectuadas por su hijo el Sr. Eduardo Javier Navarro, por la Sra. Norma del Valle Correa (enfermera) y por el propio causante, de las cuales surge que este último se habría instalado en la casa de la segunda, para su cuidado (cfr. PE cit., págs. 4/5).- Asevera que a través de su área legal justificó su decisión en la totalidad del texto contemplado en el artículo 76 de la Ley N° 1782 y no únicamente en su inciso a) como lo denuncia la actora (cfr. PE cit., pág. 7).-
Sostiene que el sistema de la seguridad social sólo se reconoce a los causahabientes, cuando ocurre la muerte de una persona a cuyo cargo se encontraban o de quien contribuía a la economía familiar. Desde este vértice, dice que en el caso de autos la demandante no convivía con el causante y que las declaraciones vertidas por los hijos y el propio occiso nos alejan de la idea de la necesidad de sustituir algún ingreso (cfr. PE cit., págs. 7/8).-
En contraposición a lo indicado por la actora, dice que no es necesaria una sentencia de divorcio para que el ente previsional estime que al momento del fallecimiento del Sr. Navarro Navarro, este no compartía el mismo hogar con aquella (cfr. PE cit., pág. 8).-
Por último, señala que la separación de hecho fue determinada con base en la documentación y, especialmente, por la relevancia de la nota emitida por los hijos del jubilado fallecido (cfr. PE cit., págs. 8/9).-
En PE332006-2021 contesta vista el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia, dictaminando que la demanda entablada es formalmente admisible (cfr. PE cit., pág. 2).-
En PE348479-2021 se declaró la cuestión de puro derecho y se ordenó correr traslado en los términos del artículo 78 del CPCA, Ley N° 2600, no haciendo uso de ese derecho ninguna de las partes (cfr. certificación de PE388529-2022).-
Se llaman autos para sentencia en PE cit., pasando a estudio en PE405035-2022.-
III. De conformidad con los antecedentes reseñados, la controversia gira en torno a determinar si le corresponde o no el beneficio la pensión a la actora, a raíz del deceso de quien fuera su cónyuge.-
El artículo 72 de la Ley Provincial Nº 1782 (texto según Ley Nº 3189) enumera de modo taxativo la nómina de parientes del causante (jubilado, afiliado en actividad o con derecho a jubilación) que pueden acceder al beneficio de pensión, incluyendo -entre otras personas- a la viuda o al viudo (inc. 1°). En punto a ello, se ha sostenido que: “…la viuda y el viudo […] son de aquellos que la ley -supone- han vivido bajo el amparo económico del causante, de manera que para la obtención del beneficio, en principio, solo les es menester acreditar el vínculo que los liga al afiliado o jubilado fallecido…” (cfr. Crocilla, Esteban D.: “El comportamiento de los esposos durante la separación de hecho y su incidencia en el beneficio de pensión”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/2766/2020).- La viuda o el viudo son, en definitiva, los titulares primarios del beneficio de pensión, teniendo derecho a un goce vitalicio en la medida en que no incurran en alguna de las causales de pérdida o extinción del beneficio (cfr. Lodi-Fé, María Delia, Cipolleta, Graciela, Llana, Gloria , Pawlowski de Pose, Amanda Lucía “Régimen Previsional Argentino”, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2007, pág. 200).-
Para sustentar el rechazo del beneficio previsional pretendido, la CPS precisó que en el caso concreto no se avizoraba el carácter sustitutivo de los ingresos que en vida aportaba el causante. Ello, con base en: (i) la ausencia de convivencia entre los cónyuges y (ii) las manifestaciones vertidas por sus hijos y por el propio causante (cfr. Acuerdo Nº 0810/20 obrante a fs. 33/34 del Expte. Adm. Nº V-232.760/20, adjunto en PE230594-2021).-
IV. En relación a la falta de convivencia de los cónyuges al momento del fallecimiento del Sr. Navarro Navarro, es menester poner de relieve que el artículo 76 de la Ley Provincial Nº 1782 (texto según Ley Nº 3189) prescribe que no tendrá derecho a pensión: “El cónyuge separado de hecho o que por su culpa o culpa de ambos, estuviere divorciado o separado legalmente al momento de la muerte del causante, salvo que el causante hubiere estado contribuyendo, mediante sentencia judicial, al pago de alimentos al supérstite.” (inc. a).- De este texto legal se colige que la sola separación de hecho hace perder el derecho a pensión, sin importar si ella se produjo por culpa de uno o de ambos cónyuges.-
En tal sentido, este Alto Cuerpo ha sostenido que: “…de la atenta lectura de la norma local (transcripta), surgen dos supuestos de denegatoria del beneficio: por una parte, los separados de hecho, y por la otra, los divorciados o separados legalmente por su culpa o culpa de ambos, siempre y cuando el causante no estuviere contribuyendo con el pago de alimentos al posible beneficiario. La segunda causal exige para su configuración el elemento subjetivo de la atribución de culpa en la separación [personal] o el divorcio, empero no ocurre lo mismo con la primera en donde la circunstancia objetiva de la separación de hecho es suficiente para excluir al cónyuge supérstite como beneficiario del derecho a pensión. Es decir que según las normas citadas, para el órgano previsional provincial sólo es necesario acreditar los supuestos fácticos de la separación de hecho y la no prestación alimentaria, sin que interese la atribución de culpa…” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1097, Folio 3512/3521).- La demandante postula que el acto administrativo bajo estudio no aplicó el derecho vigente y que la normativa previsional comentada ha quedado derogada tras la sanción del Código Civil y Comercial, por cuanto la convivencia ya no aparece como una exigencia objetiva (cfr. PE209113-2021, pág. 3).-
Bajo la vigencia del Código Civil derogado, se establecía que: “Los esposos deben convivir en una misma casa, a menos que por circunstancias excepcionales se vean obligados a mantener transitoriamente residencias separadas. Podrán ser relevados judicialmente del deber de convivencia cuando ésta ponga en peligro cierto la vida o la integridad física, psíquica o espiritual de uno de ellos, de ambos o de los hijos. Cualquiera de los cónyuges podrá requerir judicialmente se intime al otro a reanudar la convivencia interrumpida sin causa justificada bajo apercibimiento de negarle alimentos.” (cfr. art. 199, texto según Ley N° 23.515). La sanción por incumplimiento traía consigo la posibilidad de ser demandado por divorcio vincular o separación personal fundada en la causal de abandono voluntario y malicioso del hogar previsto en el artículo 202, inciso 5° de ese régimen.- Ciertamente, el Código Civil y Comercial de la Nación introdujo cambios significativos en la regulación de los derechos y deberes matrimoniales. En tal sentido, el artículo 431 establece: “Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua.”.-
En el marco de un régimen como el vigente de divorcio incausado, la convivencia no es un deber jurídico sino moral, ya que su incumplimiento no trae consigo ninguna sanción civil. Además, la quita de la convivencia como derecho-deber jurídico responde a la necesaria amplitud o flexibilidad de formas de organización familiar que observa la realidad social actual (cfr. Herrera, Marisa, De la Torre, Natalia, Fernández Silvia -Colaboración-: “Manual de Derecho de las Familias”, 2ª ed., CABA, Abeledo Perrot, 2019, pág. 197).- No obstante, la carencia de obligatoriedad jurídica de la convivencia en el matrimonio no conlleva -sin más- la abrogación del artículo 76, inciso a), de la Ley N° 1782, tal como lo postula la accionante. La lectura propuesta adelgaza la riqueza que arroja la interconexión del sistema normativo, por cuanto ante la pluralidad de fuentes, la ley debe interpretarse evitando darle un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto en una armónica integración. Ello, a la luz de la decisiva influencia de los artículos 1° y 2° del Código Civil y Comercial de la Nación.- A diferencia de lo que sucedía bajo la vigencia del régimen civil derogado, la ausencia de cohabitación entre los cónyuges no es asimilable, lisa y llanamente, a la separación de hecho.-
Nora Lloveras explica que: “Los cónyuges pueden o no vivir bajo el mismo techo, apartándose esta opción de la conceptualización clásica de la separación de hecho, que respondía a deberes jurídicos de los cónyuges -entre otros, cohabitar bajo el mismo techo-, cuyo incumplimiento permanente e injustificado configuraba la figura de la separación de hecho […] La convivencia o ausencia de convivencia, en la vida matrimonial, no da como resultado una predefinición de la separación de hecho […] En la amplitud de formas de organización familiar receptadas en el nuevo ordenamiento, que responde al derecho constitucional convencional que ilumina el CCyC, aparece el deber de convivencia de índole moral, por lo que si los cónyuges deciden no convivir, no existe sanción en el plano jurídico […] Estar separados de hecho para los cónyuges expresa que ya no se comparte un proyecto de vida en común, habiéndose quebrado la unión matrimonial fácticamente...”.
La destacada jurista aclara, igualmente, que: “La elaboración de la doctrina y la jurisprudencia en el Derecho anterior en general identificaba la separación de hecho de los cónyuges con la quiebra del deber de cohabitar o convivir. Esta interpretación anterior ya no es posible en el Derecho vigente desde el 1º de agosto de 2015: i) por un lado, los cónyuges no están obligados jurídicamente a convivir; ii) por el otro, la separación de hecho importa que no se sostiene ni se desarrolla un proyecto de vida en común entre los cónyuges […] La ‘nueva’ separación de hecho ostenta caracteres diferentes a la que podía describirse en el Derecho derogado, en tanto responde a un nuevo paradigma de la unión matrimonial, fundado en el compromiso de desarrollar un proyecto de vida en común...” (cfr. aut. cit., “Convivencia, separación de hecho y matrimonio”, en “Revista de Derecho Privado y Comunitario.
Derecho de Familia II. Relaciones entre adultos”, 2016-2, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, págs. 424/425 y 427/428).- Una recta interpretación del plexo jurídico en su conjunto lleva a concluir que la separación de hecho como causal de exclusión del beneficio de pensión contenida en el artículo 76, inciso a), de la Ley N° 1782 debe ser asimilada, entonces, a la ruptura del proyecto de vida en común al que alude el artículo 431 del Código Civil y Comercial. Así ya lo había establecido este Tribunal Superior de Justicia al consignar que la separación de hecho “…‘…se origina con la decisión de los cónyuges de interrumpir la vida en común…’…” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1097, Folio 3512/3521 cit.).- De consuno con ello, corresponde verificar si medió un verdadero quiebre en el proyecto de vida en común durante la relación matrimonial entre el Sr.
Navarro Navarro y la actora, resultando insuficiente -por sí sola- a tales efectos la falta de convivencia que enuncia la autoridad administrativa en su Acuerdo Nº 0810/20.-
Aparece como un dato insoslayable que envuelve la cuestión litigiosa el hecho de que la relación de matrimonio entre la Sra. Vera y el Sr. Navarro Navarro tuvo una extensión superior a los cincuenta y dos (52) años hasta el deceso de este último (cfr. surge del cotejo entre la partida de matrimonio de fs. 6 y vta. y del certificado de defunción de foja 9 del expte. adm. cit.).-
De los relatos exhibidos en las diversas exposiciones policiales (cfr. fs. 17, 20/22 y 24 del expte. adm. cit.) y del acta contenida en PE209113-2021, IND00004577.pdf, se desprende que el Sr. Navarro Navarro se mudó al inmueble de la enfermera Correa en el mes de febrero de 2020, dado que padecía diversos problemas de salud, especialmente, de motricidad. Para aquél entonces el mismo tenía 86 años y su esposa 71 años (conforme se deduce de los datos emergentes de fs. 1 y 3 del expte. adm. cit.).- Sobre esta vicisitud en su vida, el Sr. Navarro Navarro sostuvo: “…decido quedarme al cuidado de la señora Correa Norma del Valle…la cual cumple la función de servicio de cuidado de gente de edad avanzada, la misma me cuidará hasta que yo mismo pueda moverme por mis propios medios, ya que mi movilidad es reducida…” (cfr. foja 24 del expte. adm. cit.). Por su parte, la Sra. Vera Navarro expuso: “… el Sr. Navarro vivía con ella, pero por su edad avanzada (87 años) y debido al estado de salud en que se encuentra, con una movilidad reducida…es que le resultaba dificultoso proveerlo de los cuidados necesarios dado a que por su edad ella tampoco puede realizar grandes esfuerzos físicos. Por este motivo es que ha tomado la decisión de manera momentánea de trasladar al Sr. Navarro al Domicilio de la Sra. Correa hasta tanto ella se fortalezca y él puede regresar a su hogar…” (cfr. acta contenida en PE209113-2021, IND00004577.pdf cit.).- Cuatro (4) meses después de esta vicisitud el Sr. Navarro Navarro falleció (cfr. certificado de defunción de foja 9 del expte. adm. cit.).-
El escenario empírico descripto en modo alguno traduce una ruptura en el proyecto de vida en común que ambos cónyuges mantuvieron durante su matrimonio. La falta de convivencia durante los últimos cuatro (4) meses de vida del jubilado respondió, más bien, a una dinámica social atravesada por la fragilidad. Es evidente aquí que el avance en la mayor edad de las personas involucradas impactó a nivel de su autogestión diaria, generando situaciones de dependencia; todo lo cual, a su vez, se agudizó ante las patologías padecidas por el causante. Este panorama, sin dudas, repercutió en el gobierno de sus propios comportamientos. La consecuencia natural del crecimiento y desarrollo humano lleva a etapas de la vida donde existe un mayor grado de vulnerabilidad, en los que se encuentran severas dificultades en torno al ejercicio de los derechos derivados de la autonomía personal, tales como el derecho a vivir en familia y definir su lugar de convivencia o a elegir las relaciones personales que se desean mantener o no.- En suma, el confronte de la realidad hasta aquí exhibida con el esquema normativo anteriormente descripto lleva a concluir que en la presente controversia no se ha configurado el supuesto de hecho enunciado en el artículo 76 de la Ley Provincial Nº 1782 (texto según Ley Nº 3189) que autorizara a excluir a la accionante del beneficio de pensión por el fallecimiento del Sr. Navarro Navarro.-
Lo expuesto conduce a determinar que el Acuerdo Nº 0810/20 dictado por la CPS se encuentra viciado en su causa (cfr. art. 7°, inc. b), de la Ley Provincial Nº 1260). Al respecto, este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que, si la Administración valora incorrectamente los antecedentes de hecho, el acto administrativo: “…adolece de un vicio en la causa, lo que lo torna inválido como tal…” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XII, Reg. 795, Folio 2252/2255).- Cada vez que una norma condiciona el ejercicio de una facultad de la Administración a la existencia de algunas circunstancias de hecho, la autoridad competente debe verificar si esas condiciones efectivamente se cumplieron. Necesariamente entonces, el acto administrativo se debe respaldar siempre en la efectiva concurrencia de los hechos descriptos por el presupuesto de hecho previsto en la norma aplicable (en nuestro caso, el art. 76, inc. a), de la Ley Provincial Nº 1782, texto según Ley N° 3189). De allí que un acto administrativo dictado sobre la base de presupuestos fácticos irregulares determina su nulidad absoluta (cfr. art. 14, inc. b), de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1260).-
V. Adicionalmente, la CPS refiere lacónicamente en su Acuerdo Nº 0810/20 a las manifestaciones vertidas por tres (3) de los hijos del causante vinculadas con circunstancias de maltrato de parte de la cónyuge supérstite hacia su marido durante el año 2012.-
Frente a este discurrir argumental, es preciso advertir que aún si por vía de hipótesis se aceptara que las circunstancias de hecho enunciadas se encontraran corroboradas, no puede pasar desapercibido el deficiente encuadre jurídico que exhibe la decisión administrativa, lo que denota un vicio adicional en otro elemento esencial del acto administrativo: la motivación (cfr. art. 7°, inc. e) de la Ley Nº 1260 cit.).-
Este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “…la motivación del acto no se satisface con un mero formulismo o apelando a explicaciones vagas, sino que, por el contrario, requiere la efectiva y concreta exteriorización de la causa que lleva al dictado de esa resolución.” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1075, Folio 3419/3429).-
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que: “…la obligación de motivar el acto administrativo como modo de reconstrucción del iter lógico seguido por la autoridad para justificar una decisión de alcance particular que afecta situaciones subjetivas, a más de comportar una exigencia inherente a la racionalidad de su decisión, así como a la legalidad de su actuar y ser, también, derivación del principio republicano de gobierno es postulada prácticamente con alcance universal por el moderno derecho público...” (cfr. “Verdier Luis Alberto c/ Provincia de Bs. As. (Mrio. de Justicia) s/ Demanda Contencioso Administrativa”, del 06/11/2019, causa LP B 62.843 S, entre otros).- En el caso bajo examen, la autoridad previsional no explicó acabadamente el encuadre jurídico que condujera a la denegación del beneficio previsional requerido con base en los hechos de maltrato supuestamente proferidos; por el contrario, la decisión se limitó a realizar una genérica cita del artículo 76 del régimen provincial de jubilaciones y pensiones.-
La motivación debe indicar la norma aplicable y exhibir con claridad que la decisión que se adopta, esto es, el contenido del acto, está tipificado en aquélla.-
Desde este vértice, es dable advertir que el primero de los incisos enunciados en dicho texto legal -referido a la separación de hecho, divorcio o separación personal de los cónyuges- no guarda conexión alguna con el supuesto ahora analizado.-
De su lado, la formulación contenida en el inciso b) no fue invocada de manera detallada y reflexiva por parte de la entidad previsional. En esa parcela normativa, el legislador estipula que: “Los derechoshabientes en caso de indignidad para suceder o desheredación de acuerdo con las disposiciones del Código Civil.”. La administración no aportó argumento alguno tendiente a subsumir el cuadro fáctico en esta hipótesis normativa. Menos aún, construyó fundamentación alguna con ajuste a la normativa civil y comercial vigente (cfr. arts. 2281/2285). Resulta imperativo advertir, en este punto, que: “Las causales de indignidad no operan de pleno derecho y se requiere de una acción judicial y prueba de la causal tipificada por la ley, más una sentencia que declare la exclusión del indigno.” (cfr. Arianna, Carlos A. y Ocampo, Guillermo C., “La acción de indignidad”, del 17/09/2020, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/2546/2020).- En resumidas cuentas, por lo expuesto, el Acuerdo Nº 0810/20 dictado por la CPS que rechazó el beneficio de pensión solicitado por la actora a raíz del fallecimiento de quien fuera su esposo, Sr. Santiago Navarro Navarro resulta nulo. Esta decisión conlleva además la nulidad del Acuerdo Nº 0892/21 emanado de dicho organismo, en cuanto no hizo lugar al recurso de reconsideración interpuesto contra el primero (cfr. fs. 57/58 del expte. adm. cit.).-
VI. Asimismo, se advierte que en la presente causa concurren circunstancias que merecen especial mención a la luz del corpus iuris de los derechos humanos vinculados a los derechos de la mujer.-
Así debe ponderarse la conducta desplegada por la administración, más allá de los vicios detectados que acarrean, ineludiblemente, la nulidad del Acuerdo N° 0810/2020 de la CPS, durante el trámite administrativo iniciado con la solicitud de pensión articulada por la actora durante el año 2020 a causa del fallecimiento de su esposo Santiago Navarro Navarro.-
Al respecto, la jurisprudencia sostiene que: “Por corpus iuris, se alude al conjunto de instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones de los organismos supranacionales competentes) relativos a esos derechos de las mujeres en relación a la violencia…De este conjunto se desprende el nexo entre discriminación y violencia contra la mujer. En tal sentido, la discriminación en contra de la mujer, materia específica de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), incluye, según el Comité ‘la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada’ (Recomendación General Nº 19, 11º período de sesiones, 1992), esa violencia de género es una forma de discriminación ‘que inhibe seriamente la capacidad de la mujer de gozar y ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en pie de igualdad con el hombre’ (Recomendación General N° 28, párrafo número 19).
El nexo discriminación/violencia aparece claramente en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (‘Convención de Belém do Pará’, de fecha 9 de junio de 1994), pues el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado (art. 3), también incluye ‘el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación’ (art. 6, a).” (cfr. TSJ Córdoba, Sala Penal, “T. S. D. p.s.a. amenazas -Recurso de Casación-”, del 15/04/2016, Sentencia Nº 140, www.justiciacordoba.gob.ar).- Sigue diciendo que: “Asimismo, cabe destacar que estas convenciones se vinculan con el derecho a la igualdad que en el sistema interamericano está consagrado por los arts. 1.1 y 24 de la CADH, y que, conforme a la Corte IDH, remite a una noción que ‘se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad’ (Opinión Consultiva 4/84, citado en CIDH.
Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de derechos humanos: desarrollo y aplicación. Doc. 60, 3 noviembre 2011, P. 80). Por ello, la violencia a la que refieren estos instrumentos jurídicos internacionales, tiene como rasgo identitario central el de configurar una manifestación de la discriminación por la desigualdad real entre varón y mujer, pues es ejercida contra la mujer ‘porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada’ (Comité CEDAW, Recomendación General n° 19), ‘basada en su género’ (Convención Belem do Pará, art. 1).” (cfr. Sentencia cit.).- Sentado el plexo convencional aplicable al caso, debo señalar que los postulados de ambas convenciones (CEDAW y Belém do Pará) exigen a los estados parte, vale recordar que la República Argentina es uno de ellos, su aplicación efectiva, tanto en el ámbito público como privado, debiendo estos implementar los mecanismos necesarios a fin de amparar a las mujeres de cualquier tipo de violencia.-
Esta noción de amparo efectivo de los derechos de las mujeres se encuentra íntimamente emparentada con el deber de “debida diligencia” de los estados parte. En efecto, se ha dicho que: “Conforme a la Recomendación n° 28 del Comité CEDAW, los Estados que han suscripto la Convención están obligados a proceder con la diligencia debida para prevenir, investigar, enjuiciar y castigar esos actos de violencia por motivos de género. Específicamente la Convención Interamericana de Belem do Pará, establece el deber estatal de actuar ‘con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer’ (art. 7, b). Y en la primera aplicación, la CIDH enfatizó que la obligación estadual va más allá de la investigación y en su caso condena del responsable, porque incluye la ‘obligación de prevenir estas prácticas degradantes’ (CIDH, Informe de Fondo n° 54/01, María da Penha Maia Fernandes, 16/4/2001, cit. en Oficina de la Mujer.
El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Instrumentos normativos para su protección. Ed. Justicia Córdoba, 2015, PP. 133/134). Estas obligaciones de ‘debida diligencia’ adquieren una connotación especial en relación a la violencia de género reflejado en la Convención interamericana, por la preocupación en el hemisferio de la gravedad del problema de la violencia y su relación con la discriminación, destacando la jurisprudencia interamericana la importancia de una investigación que debe efectuarse con seriedad y no como una mera formalidad destinada de antemano al fracaso (CIDH. Acceso a Justicia para las Mujeres Víctimas de violencia en las Américas. Doc. 68, 20/1/2007, P. 15 párraf. 32, P. 19 párraf. 40).” (cfr.
Sentencia cit).- Ahora bien, en lo tocante al caso en análisis, la materia de la seguridad social no escapa de las mencionadas convenciones con especial perspectiva de género. Así, el artículo 11 de la CEDAW, en su parte pertinente, prescribe que: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular: [...] e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar…”.- En ese mismo andarivel, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en su artículo 17 establece: “Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna.
Los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social.”.- De las actuaciones administrativas que motivaron la demanda impetrada, como así también de los escritos de las partes, surge que, en principio, la CPS no desplegó un accionar positivo en pos de garantizar los derechos tutelados a la Sra. Vera Navarro por el bloque convencional precedentemente citado, por el contrario, se advierte la existencia de factores de vulnerabilidad en la actora (v. g. persona mayor de edad, no instruida, con indicios se sufrir violencia de género, etc.) que magnifican en el caso la omisión de la administración.- Así en el libelo de inicio consta que la actora: “…‘…es una persona que no sabe leer, ni escribir…’…mujer de avanzada edad, septuagenaria […] en este caso Santiago Navarro Navarro, tuvo que trasladarse fuera de su domicilio debido a que su esposa al ser una persona mayor septuagenaria no podía atenderlo, situación lógica dentro del cuadro terminal en el que se encontraba, situación que duró aproximadamente tres meses…” (cfr.
PE209113-2021, págs. 2/4).-
Por su parte, respecto a las sucesos vividos por la actora que, en el modo por ella postulados, configuran situaciones de violencia surge que: “…su hijo mayor tomó una serie de actitudes arbitrarias contra su madre, responsabilizándola de la falta de cuidado llegando al extremo de inventar una serie de situaciones, que lamentablemente la Caja de Previsión Social, es decir su asesora letrada tomó como ciertas y fueron anexadas al expediente a partir de una exposición que presentó ante dicho Ente Previsional, Eduardo Navarro hijo de Eduvije del Carmen Vera, donde firmaron dicha exposición dos de sus hijos, no participando los otros hijos porque no fueron convocados por Eduardo Navarro; pero equivocadamente la Caja de Previsión Social, tomó esta exposición como cierta, el mencionado Eduardo Navarro presentó a su madre como una persona maltratadora, con acusaciones maliciosas que nada tienen que ver con la realidad, con total premeditación por su parte, donde queda claro que la violencia de genero la ejerció el, contra su madre al realizar dichas injurias y protagonizar estos hechos, no obstante ello, los otros hermanos no logran entender cuál fue la circunstancia que lo movilizó para realizar tan desdeñable actitud, piensan que puede ser el factor económico, e inclusive antes de realizar dicha denuncia en contra de la madre el mencionado se había apoderado de la tarjeta de débito del padre en forma autoritaria , imponiéndose con violencia ante su madre.” (cfr. PE cit., pág. 4).- Teniendo presente todas las circunstancias señaladas, la CPS debió actuar con la máxima diligencia en miras de prevenir cualquier tipo de discriminación, emparentada en este caso con situaciones de violencia (v. g. institucional) respecto a la actora, deber este que en el devenir de los actuados administrativos no surge como satisfecho por el Organismo Previsional.-
En lo atinente a las exposiciones policiales acompañadas por la administración en su escrito de conteste (cfr. PE301984-2021, COD00002153.pdf), a partir de las que se intenta desvirtuar el derecho de la peticionante, amén de la errónea interpretación jurídica verificada respecto del artículo 431 del CCyCN, se debe recordar que la jurisprudencia, pacíficamente, considera que: “Las actas o exposiciones levantadas ante la autoridad policial resultan ineficaces como elementos de prueba acerca de las manifestaciones allí vertidas, toda vez que se trata de expresiones unilaterales del interesado, sin la debida comprobación por parte de la autoridad policial receptora y sin la posibilidad de ejercer contralor por la contraria…” (cfr.
Sum. CNCiv. y Com. La Plata, Sala 2, “Timossi Miguel Ángel c/ Figueroa Carlos Omar y otro s/ Daños y perjuicios”, del 08/02/1994, www.saij.gob.ar. Cita Online: FA94010971).- Del análisis de las actuaciones a luz de las convenciones internacionales citadas y normativa local aplicable, considero que la actora ha sido objeto de violencia indirecta, en su modalidad institucional. Dicho accionar, por cierto, disvalioso y enrostrable a la Administración surge nítidamente de su mismo escrito de conteste de demanda: “…Correspondientemente se notificó a la pretendiente de dicho instrumento -con fecha 24/09/2020- en el cual la Jefa del Área de Prestaciones Previsionales dejó asentado que ‘En el día de la fecha se citó y se hizo presente en esta institución la Sra.
Vera Navarro Eduvije del Carmen. La misma manifestó no saber leer, ni escribir...’ […] Que el hecho de que la titular de autos no convivía con el causante al momento del fallecimiento y las manifestaciones vertidas por sus propios hijos, registradas en las exposiciones policiales, más aun la realizada por el mismo occiso nos alejó de la idea de la necesidad de sustituir el ingreso […] esta Caja de Previsión Social…rectifica (sic) su decisión de no hacer lugar a la solicitud de pensión emitida por la Sra. Eduvije del Carmen Vera Navarro, porque de la tramitación del mismo expediente por las diferentes Áreas que componen esta Institución, al valorarse la documentación adjuntada, la separación de hecho no está determinada por cuestiones de arbitrariedad, sino más bien que fue determinada por la misma documentación, por las exposiciones policiales y sobre todo por lo relevante de la nota emitida por los hijos del occiso…” (cfr.
PE301984-2021, COD00002151.pdf, págs. 6 y 8/9).- En ese sentido, la Ley N° 26.485, modificada por Ley N° 27.533, en su artículo 4º, segundo párrafo, reza: “Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.”.-
En cuanto a sus modalidades, el artículo 6°, inciso b), del mismo dispositivo legal establece: “…A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes:…Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley…”.- Sumado a lo dicho, también debo señalar que el arduo trajín al que se vio sometida la actora en sede administrativa (v. g. interposición de recurso de reconsideración, pronto despacho, cartas documento y amparo por mora de la administración) a fin de obtener un pronunciamiento que habilite la instancia judicial -agotamiento de la vía administrativa-, también colisiona con el comentado bloque convencional.-
Al respecto, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que: “…el Poder Judicial es responsable de cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que la Argentina es parte, pues su inobservancia podría acarrear su responsabilidad internacional.” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1098, Folio 3522/3528).-
Como colofón de todo lo expuesto, la valoración interseccional de los factores de vulnerabilidad que confluyen en la situación de la actora, sumado a la violencia por ella sufrida, bien podrían aparejar en este caso una solución basada en el enfoque protectorio de los derechos humanos de las mujeres, es decir, con perspectiva de género.-
Atento lo expresado en el presente caso, considero que la actora cumple los recaudos exigidos por la Ley Provincial Nº 1782 para acceder al beneficio de pensión, debiendo la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz dictar un nuevo acto administrativo en el término de sesenta (60) días hábiles, conforme lo establecido en la presente sentencia.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la afirmativa.-
A la primera cuestión la Dra. Mercau dijo:
Que comparto el relato de los antecedentes de la causa efectuado por nuestra distinguida colega preopinante, como asimismo a la solución arribada. Sin embargo estimo oportuno efectuar algunas reflexiones sobre el accionar de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz en relación a lo desplegado en el considerando VI.-
Más allá que estimo desacertada la negativa de dicho organismo previsional de no otorgarle la pensión a la actora, no se advierte la configuración de violencia mencionada por parte de la Institución en contra de la Sra. Vera Navarro, sino más bien un celo excesivo en la custodia de los fondos públicos y un sesgado análisis de las cuestiones controvertidas del caso.-
Recordemos que fueron los tres (3) hijos de la actora (Sr. Fabián Navarro, Sra. Karina Navarro y Sr. Eduardo Navarro) quienes declararon que la actora no convivía con el causante al momento de su fallecimiento. También expresaron que la cuidadora del Sr. Santiago Navarro Navarro, Sra. Norma del Valle Correa, con quien convivió los últimos cuatro (4) meses de su vida, habría dado cuenta del mal estado en que se encontraba el causante. Textualmente manifestaron: “...la señora Norma me informo (sic) en el estado que el se encontraba, estaba todo golpeado (brazos, piernas y espalda), estado famélico y deshidratado con escaras en los genitales y hongos en diferentes partes del cuerpo en total abandono, siendo que él tenía un buen ingreso de su sueldo y al que no debería faltarle nada ni estar ahí. Adjuntamos fotos del estado a mi padre cuando fue golpeado por esta mujer, rompiéndole una tasa de cerámica en la cara (mi papá le confesó a la señora Norma que le había ocurrido eso), fotos de mi padre tirado en el suelo porque a ella se le dio gusto y gana y al no poder levantarse se orinaba y defecaba encima, también adjunto foto de la ropa (su pantalón) en el estado que quedó por el orín de días y días sin cambiarlo (que él también se lo declaró a la enfermera)…” (cfr. foja 15 del expte. adm. cit.).- También agregan, los hijos de la accionante, que la actora hizo abandono de su padre su último año de vida (cfr. foja 16 del expte. adm. cit.).-
Abonando lo dicho por los hijos del causante, obra Descargo Policial N° 050-QUINTA/20 LETRA "V", del 6 de marzo de 2020, en el cuál la Sra. Norma del Valle Correa expresó que se encontraba al cuidado del Sr. Santiago Navarro Navarro desde hacía aproximadamente un mes para quedar “internado”. También refiere que el Sr. Navarro Navarro presentaba lesiones visibles, como así también que se encontraba en mal estado de alimentación e hidratación, y en un estado de abandono (cfr. foja 22 del expte. adm. cit.).- Por su parte, el Acuerdo N° 0810/20 dictado por la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz tiene presente las declaraciones de los hijos del causante de que no convivía con la actora y, en consecuencia, no otorgó la pensión por aplicación del artículo 76 de la Ley N° 1782. Para llegar a esta solución tuvo en cuenta lo declarado por los hijos de ambos y lo manifestado por el Sr. Navarro Navarro, quien dijo: “...quiero dejar [a]sentado por este medio que decido quedarme al cuidado de la Sra. Correa Norma del Valle…domiciliada en Alejandro Bonani N° 436 B° Gaucho Rivero la cual cumple la función de servicio de cuidado de gente de edad avanzada, la misma me cuidará hasta que yo pueda moverme...” (cfr. foja 24 del expte. adm. cit.).- Al respecto ya en los considerandos de la presente sentencia se analizó en profundidad la falta de idónea motivación del acto administrativo, fundada en la presentación de los hijos de la actora, en una hipótesis normativa (cfr. art. 76, inc. b) de la Ley Provincial N° 1782) no debidamente profundizada para denegar la pensión. Esta circunstancia contribuye para declarar la nulidad del Acuerdo N° 0810/20 dictado por la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.- Por lo expuesto, a la primera cuestión voto por la afirmativa.-
El Dr. Daniel Mauricio Mariani, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto de la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau.-
El Dr. Fernando Miguel Basanta, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
La Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto de la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau.-
A la segunda cuestión la Dra. Fernández dijo:
Atento las consideraciones desarrolladas en la primera cuestión, propongo se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. Eduvije del Carmen Vera Navarro en PE209113-2021 contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, declarando la nulidad del Acuerdo Nº 0810/20; tal decisión conlleva además la nulidad del Acuerdo Nº 0892/21, en cuanto no hizo lugar al recurso de reconsideración interpuesto contra el primero; disponiendo que dicho organismo dicte un nuevo acto administrativo, en el término de sesenta (60) días hábiles, conforme lo establecido en la presente sentencia; imponiéndose las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP N° 689/1999).- A la segunda cuestión la Dra. Mercau dijo:
Atento lo expresado en la primera cuestión, propongo se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. Eduvije del Carmen Vera Navarro en PE209113-2021 contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, declarando la nulidad del Acuerdo Nº 0810/20; tal decisión conlleva además la nulidad del Acuerdo Nº 0892/21, en cuanto no hizo lugar al recurso de reconsideración interpuesto contra el primero; disponiendo que dicho organismo dicte un nuevo acto administrativo, en el término de sesenta (60) días hábiles, conforme lo establecido en la presente sentencia; imponiéndose las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP N° 689/1999).- El Dr. Daniel Mauricio Mariani, adhiere al pronunciamiento propuesto por la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau.-
El Dr. Fernando Miguel Basanta, adhiere al pronunciamiento propuesto por la Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
La Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, adhiere al pronunciamiento propuesto por la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 23 de octubre de 2023.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; el voto de los Sres. Vocales, Dres. Reneé Guadalupe Fernández y Fernando Miguel Basanta y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Haciendo lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. Eduvije del Carmen Vera Navarro en PE209113-2021 contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, declarando la nulidad del Acuerdo Nº 0810/20; tal decisión conlleva además la nulidad del Acuerdo Nº 0892/21, en cuanto no hizo lugar al recurso de reconsideración interpuesto contra el primero.-
2. Disponiendo que la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz dicte un nuevo acto administrativo, en el término de sesenta (60) días hábiles, conforme a lo establecido en la presente sentencia.-
4. Difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1023C.231 Tomo: XIX Sentencia: 1136 Folio N°: 3672/3680 Secretaría: 1
Fin de la sentencia