Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa V-2175/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 506/511 vta..-
2Casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 485/498 vta., revocando parcialmente el punto 2º) de la parte dispositiva, exclusivamente en cuanto a los intereses.-
3Componer positivamente la litis y en consecuencia, disponer que al capital de condena se le aplicarán los intereses conforme a la tasa pasiva pro- medio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: V-2175/17-TSJ Interlocutorio N°: 675 Actor: VERAS ENRIQUETA MARGARITA Demandado: PARDO ANTONIO BALOIS Y OTRO Objeto: LABORAL - COBRO DE PESOS Fecha: 25-02-2021 Texto: TOMO XX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 675 FOLIO Nº 3916/3921 PROT. ELECT. TSS1003S.211
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 25 días del mes de febrero de dos mil veintiuno, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, y Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos “VERAS ENRIQUETA MARGARITA c/ PARDO ANTONIO BALOIS Y OTRO s/ LABORAL - COBRO DE PESOS”, Expte. Nº V-15.196/11 (V-2175/17-TSJ). Se fijan las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 506/511 vta.?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión los Dres. Mariani, Peretti, Mercau y Ludueña Campos dicen:
I. Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte demandada, Sr. Antonio Balois Pardo, por intermedio de su letrado apo- derado Dr. Paulo Luis Schmidt, a fs. 506/511 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 485/498 vta., que revocó el fallo de Primera Instancia; hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la parte recurrente al pago de diversos rubros indemnizatorios laborales por despido, más intereses y costas.- La sentencia de Primera Instancia había rechazado la demanda articulada por la parte actora en contra del Sr. Antonio Balois Pardo por no surgir de autos la existencia de vínculo laboral, con costas (cfr. fs. 443/ 448 vta.).-
Por su parte, como se adelantó, el fallo de Cámara revocó en to- das sus partes la sentencia de Primera Instancia. Además admitió parcialmente la de- manda promovida por la Sra. Veras. En consecuencia condenó al demandado a abonar a la actora dentro de los diez días de aprobada la liquidación, las sumas que surjan de ella por: “…diferencias de haberes si la hubiere, vacaciones proporcionales del año 2011, Indemnización por antigüedad por tres años y fracción mayor de tres meses, integración mes de despido con SAC; Preaviso con SAC; SAC proporcional año 2011, indemnización art. 15 de la ley 24.013; incremento de indemnización art. 2 ley 25.323, rubros a calcular por el Gabinete Pericial Contable…” (cfr. fs. 498 y vta.). Con más los intereses que se calcularán desde que cada suma debió abonarse y hasta el efectivo pago a la tasa activa promedio mensual que utiliza el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento comerciales, imponiéndose las costas a la vencida (cfr. foja 498 vta.).-
II. Que en el recurso de casación, el demandado plantea que la sentencia de Segunda Instancia ha incurrido en violación de la doctrina legal de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia. Por lo cual solicita que se componga positi- vamente la litis y se revoque parcialmente el punto 2º) in fine de aquel resolutorio en tanto y en cuanto ordena que los intereses sean calculados conforme la tasa activa promedio mensual que utiliza el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento comerciales. En consecuencia, peticiona que se aplique la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (cfr. fs. 506 y vta.).- Entiende que se ha pasado por alto el criterio de este Alto Tri- bunal en materia laboral, que utiliza la mencionada tasa pasiva (cfr. foja 510). Con- cretamente hace referencia a los precedentes “Villagra Sergio H. c/ Empesur S.A. s/ Laboral”, Expte. Nº V-713/09 (V-1829/11-TSJ) y “Catalán Isaias c/ Empesur S.A. s/ Laboral”, Expte. Nº 694/08 (C-1843/12-TSJ), ambos de fecha 2 de septiembre de 2014 (cfr. foja 510 vta.).-
Agrega que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha aplicado la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina en las causas “Ramundo Juvenal c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior y otro s/ Personal Militar y otro s/ Personal Militar y Civil de las FF.AA. y de Seg.”, del 27 de diciembre de 2006 (cfr. foja 511).-
Formula reserva del caso federal (cfr. fs. 511 y vta.).-
Declarado formalmente admisible el recurso de casación por la Alzada a fs. 513/514, este Alto Cuerpo lo declara bien concedido a fs. 528 y vta.; y poniendo los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, ninguna hizo uso de ese derecho (cfr. certif. de foja 532).-
A fs. 533/536 vta., dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo quien por los fundamentos que esgrime y a los cuales nos remitimos por razo- nes de brevedad, concluye que se debe hacer lugar al recurso de casación.-
A foja 538 se llaman autos para sentencia y a foja 539 pasan los presentes a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordi- naria provincial articulada por la parte demandada, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 3, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto las impugnaciones se fundamentan en violación de la doctrina legal.-
En primer término, es menester determinar cuál es la legislación aplicable al sub lite en función a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Co- mercial.-
Las normas jurídicas tienen una vigencia limitada en el tiempo. Las mismas regulan hechos, situaciones y relaciones jurídicas que tienen una ubica- ción temporal. En función a las particularidades del caso se debe determinar la legis- lación que las disciplinará. En el caso bajo análisis los momentos críticos se desarrollan entre marzo de 2008 (cuando ingresó a trabajar la actora en el comercio del de- mandado) hasta el 19 de agosto de 2011, cuando se produjo el distracto (tal como considera la Excma. Cámara de Apelaciones y no fue motivo de agravio -cfr. foja 492 vta.-).- Lo tocante a la aplicación de la ley en relación al tiempo lo resuelve el artículo 7 del Código Civil y Comercial, el que dispone que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situa- ciones jurídicas existentes.
Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.”.- En atención al texto trascripto se sigue que las leyes, en principio, sólo operan hacia el futuro y que no tienen efecto retroactivo (cfr. art. 7 del CC y C) (cfr. Herrera Marisa, Caramelo Gustavo y Picasso Sebastián (Directores): “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo I. Título Preliminar y Libro Prime- ro.
Artículos 1 a 400”, Ed. Infojus, Buenos Aires, 2015, págs. 25/27 (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 601, Folio 3444/3452). Es decir que tienen aplicación inmediata. Pero ¿qué quiere decir aplicación inmediata?, la Profesora Aída Kemelmajer de Carlucci nos ilustra al respecto: “El efecto inmediato es el efecto propio y normal de toda ley: ella se aplica inmediatamente después de haber sido sancionada. Es el sistema que ya tenía el Código Civil argentino. Consiste en que la nueva ley se aplica a: (i) las relaciones jurídicas y situaciones jurídicas que se constituyan en el futuro; (ii) las existentes, en cuanto no estén agotadas; (iii) las consecuencias que no hayan operado todavía.
O sea, la ley toma a la relación ya constituida (por ej., una obligación) o a la situación (por ej., el matrimonio) en el estado en que se encontraba al tiempo en que la ley nueva es sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos. Los cumplidos, en cambio, están regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron. Del mismo modo, si antes de la vigencia de la ley nueva se han producido ciertos hechos aptos para comenzar la gestación de una situación según la vieja ley, pero insuficiente para constituirla (o sea, la situación o relación está in fieri, entonces rige la nueva ley).” (cfr. aut. cit. “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situacio- nes jurídicas existentes”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, págs. 29/30) (cfr.
TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIX, Reg. 654, Folio 3759/3767).- Por lo tanto la legislación de fondo que regula la cuestión de los intereses es, por una parte, el derogado Código Civil y la legislación complementaria vigente entre marzo de 2008 hasta el 19 de agosto de 2011. Ahora bien, como los intereses son una de las consecuencias de la relación laboral de marras, debemos complementar lo antedicho; pues una porción de los mismos se devengaron mientras regía el derogado Código y parte con el nuevo Código Civil y Comercial. Entonces para calcular los intereses devengados hasta el 31 de julio de 2015 se utilizará el derogado Código Civil, pues era la ley que imperaba hasta ese momento; ya que el nuevo Código Civil y Comercial no tiene aplicación retroactiva.
Pero para los intereses que corren a partir del 1º de agosto de ese año se empleará el Código Civil y Comercial (en razón de su aplicación inmediata), ya que la nueva ley rige los tramos del desarrollo de la relación jurídica aún no cumplidos: los intereses por la mora del deudor desde la última fecha indicada (cfr. art. 7º del CC y C).- Esta solución es avalada por lo decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a saber: “ ‘Al respecto, cabe observar que la entrada en vigor del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha posibilitado su aplicación tanto a las relaciones y situaciones jurídicas futuras, como a las existen- tes a la fecha de su entrada en vigencia, tomándolas en el estado en que se encontraban -rigiendo los tramos de su desarrollo no cumplidos-, así como también a las con- secuencias no consumadas de relaciones y situaciones jurídicas constituidas bajo el amparo de la antigua ley (conf. art. 7 y concs., Cód.
Civ. y Com.). En materia de inte- reses, ello importa el empleo de las nuevas tasas legales para calcular los accesorios del capital, devengados en períodos posteriores a su entrada en vigencia, en tanto no se encuentren cancelados…Se trata de consecuencias no agotadas de tales relaciones jurídicas habidas entre acreedor y deudor, respecto de las cuales la aplicación de la nueva norma resulta inmediata. Así, ante la persistencia de la mora a la fecha de la entrada en vigencia de la nueva ley, la distinta regulación que ésta contiene -captando las consecuencias de la situación pendiente- resulta aplicable respecto del tramo ulte- rior de ésta...’ (cfr. SCBA: ‘D., E. M. contra L., P. S.. Incidente de aumento de cuota alimentaria’, del 29/08/2017.
Causa LP C120103 S).” (cfr. fallo cit).- En síntesis, los intereses devengados hasta el 31 de julio de 2015 se deben estimar conforme al viejo Código Civil. En cambio, desde esta fecha hasta la del efectivo pago, con el nuevo Código Civil y Comercial.-
Consecuentemente, sirviéndonos de la legislación apuntada es que se resolverá el sub lite.-
Desde que cada uno de los rubros indemnizatorios es debido, el demandado debe a la actora los intereses moratorios. Estos son: “...aquellos que se deben en caso de mora del deudor en el cumplimiento de su obligación. El deudor, con su incumplimiento, priva ilegítimamente al acreedor de su derecho a percibir un capital y, como consecuencia de ello, se encuentra obligado a reparar el perjuicio oca- sionado. Los intereses moratorios, en consecuencia, constituyen la indemnización de tal daño y requieren para su admisión que el incumplimiento le sea imputable al deu- dor. En el Código de Vélez se encontraban regulados en el art. 622, y en el CC y C por el art. 768…” (cfr. Herrera Marisa, Caramelo Gustavo y Piccaso Sebastián (Directores), ‘Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo III. Libro Tercero. Artículos 724 a 1250’, Ed. Infojus, Buenos Aires, 2015, pág. 59). (cfr. fallo cit.).- Por consiguiente se deben determinar los intereses moratorios que deberá soportar el condenado. En el viejo Código Civil están previstos en el ar- tículo 622, el que establece en lo que aquí interesa que: “El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hu- biesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar.”.-
En el caso que nos ocupa, indemnizaciones y demás deudas laborales, no existe interés legal ni convencional que discipline la cuestión, por lo tanto quien es llamado a fijar la tasa de interés es el Tribunal de la causa.-
Por su lado, el Código Civil y Comercial regula el tema en el artículo 768, que reza: “Intereses moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.”.-
Sobre los intereses moratorios en el Código Civil y Comercial se ha dicho: “El art. 768 del Cód. Civ. y Com. de la Nación mantiene en términos generales análoga redacción al antiguo art. 622 del Código de Vélez, en los incs. a) (convenio de partes) y b) (ley especial). El inc c) introduce una modificación: Ante la falta de previsión de tasa de interés moratorio fijada por norma (convencional o legal) la misma se determina ‘por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central’. Este inciso ha suscitado dudas en la doctrina y la jurisprudencia en tanto podría interpretarse que las tasas judiciales son ahora fijadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Tal interpretación no resulta acertada -a mi modo de ver- y ello encuentra explicación en los Fundamentos del Anteproyecto donde se lee: ‘No se adopta la tasa activa como se propiciara en el Proyecto de 1998 porque se considera que hay supuestos de hecho muy diversos y es necesario disponer de mayor flexibilidad a fin de adoptar la solución más justa para el caso’ (Zannoni, Mariani de Vidal, Zunino, Shina, Ramos, Kemelmajer de Carlucci; ‘Código Civil y Comercial de la Nación Concordado con el régimen derogado y referenciado con legislación vigente.
Exégesis de los fundamentos de la Comisión Redactora y las modificaciones del Poder Ejecutivo Nacional’, Ed. Astrea, Bs. S., 2015, p. 245). Va de suyo, que quien adopta la solución más justa para el caso sólo pueden ser los jueces. Otro fundamento puede encontrarse en el art. 767 Cód. Civ. y Com. de la Nación en cuanto faculta a los jueces a establecer la tasa de intereses compensatorios, a falta de tasa fijada por las partes o por los usos y costumbres. La doctrina mayoritaria entiende que es el juez quien fija la tasa pero limitada -ahora, por el nuevo Código- al amplio abanico de las diversas tasas que fija el BCRA (Así, se dictaminó en la XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca, 2015, cuya Comisión 2 sostuvo, por mayoría el siguiente despacho ‘la previsión del art. 768 inc. c) no implica la delegación al Banco Central de la fijación de la tasa, sino que siempre será el juez el que la determinará.
Las tasas fijadas por las reglamentaciones del Banco Central servirán como pauta que podrá ser utilizadas por el juez en esta tarea’). En igual sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Buenos Aires (‘Cabrera, Pablo David’, 15/06/2016) y también el Tribunal Superior de Córdoba (‘Masi, Alberto c. Rosli’; 01/11/2016).” (cfr. SCJ Mendoza, en pleno: “Lencinas Mariano c/ Citibank N.A. s/ Despido”, del 30/10/2017, www.información-legal.com.ar, Cita Online AR/JUR/77894/2017). Voto del Dr. José V. Valerio). Compartimos este último criterio, por lo tanto, nos serviremos de una tasa bancaria del Banco Central de la República Argentina para aplicar a las sumas adeudadas a la actora por la mora en el pago de las indemnizaciones que le son debidas.- También utilizaremos la misma tasa de interés respecto del período anterior a la vigencia del Código Civil y Comercial, en función de la potestad que tienen los jueces de determinar los intereses moratorios según el artículo 622 del Código Civil.-
Puestos en la tarea de fijar los intereses que se deben, estimamos que se debe mantener el criterio postulado por este Alto Cuerpo en los siguientes precedentes: Sentencia, Tomos XVI, Reg. 559, Folio 3163/3171, del 18/12/2013; y XVII, Reg. 579, Folio 3303/3311, del 02/09/2014 que determinaron que debía aplicarse la tasa de interés pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina en casos de indemnizaciones a raíz de la finalización de una relación laboral. Tasa que además es una de las posibles a aplicar dentro del abanico de opciones que permite el artículo 768, inciso c) del CC y C. Recuérdese asimismo que los mencionados precedentes, atendiendo a su antigüedad y al tema que resolvían, constituían doctrina legal para la Excma.
Cámara de Apelaciones conforme lo estatuido en el artículo 3 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Re-curso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.- Otro fundamento para optar por la tasa pasiva, en vez de la acti- va, lo explicita el Cimero Tribunal Bonaerense, el que sostuvo que: “…la denominada tasa ‘activa’ tiene incorporado -además de lo que corresponde al ‘precio del dine- ro’- un plus constituido por el costo financiero propio de las entidades que se dedican a la intermediación de capitales y que obviamente no pesa sobre la actora. Costo que, en nuestra economía, resulta desproporcionado por el sobredimensionamiento del sis- tema bancario y financiero.
En sustancia, si el interés previsto en el art. 622 del Có- digo Civil tiende a resarcir al acreedor el daño patrimonial causado por la falta de cumplimiento oportuno de la obligación, no debe perderse de vista que necesariamente habrá que tener en cuenta cuál podría haber sido la inversión ordinaria al alcance del acreedor si hubiese recibido la acreencia en término. Desde este ángulo es induda- ble que cualquier institución bancaria le hubiese abonado única y exclusivamente la tasa pasiva vigente al momento de la inversión o sus sucesivas renovaciones. La apli- cación de otra tasa alteraría inexorablemente el fin propuesto alterando esa finalidad.” (cfr. SCBA: “Cardozo, Félix María y otra c/ Crudo, Vicente Pascual y otras s/ Daños y perjuicios”, del 31/08/1993.
Causa LP Ac. 49439). Hacemos nuestras estas reflexio- nes.- La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha ratificado su criterio de optar por la tasa pasiva en litigios de naturaleza laboral (cfr. SCBA: “Lombardi, Natalia Eleonor c/ Distribuidora Regional S.R.L. s/ Despi- do”, del 28/11/2018. Causa LP L 118800 S y “Trofe, Evangelina Beatriz c/ Fisco de la Provincia de Bs. As. s/ Enfermedad profesional”, del 15/06/2016. Causa LP L 118 587 S).-
Traemos a colación lo decidido por este Tribunal Superior de Justicia en la causa “Bilbao” al inclinarse también por la tasa pasiva. Asimismo en relación a dicha tasa se ha dicho: “Si el interés previsto en el antiguo artículo 622 del Código Civil y actual 768 del Código Civil y Comercial de la Nación, tiende a resarcir al acreedor el daño patrimonial causado por la falta de cumplimiento oportuno de la obligación, necesariamente habrá que tenerse en cuenta cuál podría haber sido la inversión ordinaria al alcance del acreedor si hubiese recibido la acreencia en término. Desde este ángulo es indudable que cualquier institución bancaria le hubiese abonado única y exclusivamente la tasa pasiva vigente al momento de la inversión o sus sucesivas renovaciones.
La aplicación de otra tasa alteraría inexorablemente el fin propuesto alterando esa finalidad’ (cfr. SCBA, ‘Ginossi Carlos c/ Asociación Mutual UTA s/ Despido’, causa L 94.446, del 21-10-2009 y ‘Organtini, Liliana y otro c/ Hilal, Diego y otros s/ Daños y perjuicios’, Causa C 105756, del 29-06-2011, opinión del Juez Eduardo Julio Pettigiani). Esto último ocurriría, a nuestro entender, por la aplicación de la tasa activa determinada en las instancias de grado. En tal sentido no debe perderse de vista que, al contrario de lo que ocurre con las tasas pasivas, las activas -que son aquellas que las entidades financieras cobran por los prestamos que otorgan-, tienen incorporado, además de lo que corresponde al precio del dinero, un plus constituido por el costo financiero propio de las entidades que se dedican a la intermediación de capitales el que obviamente no puede beneficiar a la acreedora, que no reviste el carácter de entidad financiera, en desmedro de la deudora.
Costo que, en nuestra economía, resulta desproporcionado por el sobredimensionamiento del sistema bancario y financiero (cfr. SCBA: ‘Cardozo, Félix María y otra c/ Crudo, Vicente Pascual y otras s/ Daños y perjuicios’, Ac 49.439, del 31-08-1993 y ‘Jotafí Computación Interactiva S.A. c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa’, causa B 58.903, del 18-06-2014, opinión del Juez Eduardo Luis Pettigiani). La activa, al no ser una tasa pura, lleva incluida en su monto una serie de ‘escorias’ (cfr. Molinario Alberto D. ‘Del interés lucrativo contractual y cuestiones conexas’, ED, Tomo 43, pág. 1155), como ser: el costo de captación o fondeo; el costo operativo y administrativo; el costo técnico (encaje); costo sistémico (expectativas del mercado); costo de morosidad (previsiones); costo impositivo; margen de beneficio (cfr.
Kabas de Martorell, ‘María E. Tratado de Derecho Bancario’, Ed. Rubinzal Culzoni, Tomo II, pág. 53), todo esto es lo que tiene el banco en cuenta para obtener la tasa activa. Es por ello que para re- chazar su aplicación la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha entendido que esos componentes en nada se compadecen con los intereses que debe afrontar el incumplidor moroso.’ (cfr. SCBA: ‘Ginossi’ cit.).” (cfr. Sentencia, Tomo XX, Reg. 669, Folio 3870/3879).- En consecuencia, en base a los rubros admitidos, la liquidación deberá practicarse en la instancia de grado; debiendo al monto resultante adicionarse intereses desde que cada rubro es debido, los que se calcularán en base a la tasa pasi- va promedio mensual del Banco Central de la República Argentina.-
En razón de lo antedicho, el agravio del demandado tiene resultado favorable, conforme el criterio sentado en este considerando.-
Por todo lo expuesto, a la primera cuestión votamos por la afirmativa.-
A la primera cuestión la Dra. Fernández dijo:
I. Adhiero al voto de mis distinguidos colegas preopinantes. Como jueza de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial me expedí en diversas oportunidades propiciando la aplicación de la tasa activa que publica el Banco de la Nación Ar- gentina, por lo que estimo apropiado formular una serie de precisiones al respecto.-
La viabilidad de fijar una tasa judicial por parte de este Alto Cuerpo responde a razones de alta política judicial, ya que se halla en juego una de las piezas claves de las relaciones patrimoniales.-
La materia objeto de decisión desborda lo estrictamente jurídico, lo que hace necesario adoptar enfoques multidisciplinarios y abrevar en otras ciencias, como la economía. Desde este cuadrante, Augusto M. Morello y Pedro R. De la Colina sostienen que: “La existencia de vasos comunicantes que estrechan flui- dos puentes entre el derecho (desde el vértice de la regulación legal de los aspectos patrimoniales de la interacción humana) y la economía (que queda gobernada por le- yes no escritas), aflora -como en tantos otros- en el tema de la tasa de interés, como irrefutable demostración de la inescindible interrelación que existe entre ambas ramas del saber. El acaecimiento de súbitas oscilaciones que emergen de crónicas crisis y estados de emergencia producen ese conocido corrimiento entre la realidad económica y su espejo jurídico, que en tales ocasiones refleja al Derecho persiguiendo a aque- lla ciencia en desesperado intento por gobernarla y contenerla…” (cfr. aut. cit.: “Los jueces y la tasa de interés”, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/ 1446/2004).- Bajo este orden de ideas entiendo que el carácter fluctuante que puede llegar a exhibir la temática exige un ejercicio prudente de parte de los juzgado- res, quienes debemos reparar con especial cuidado en la renovada fisonomía que ha adquirido la determinación judicial del interés en los juicios, la cual no puede concre- tarse con un criterio atemporal o absoluto sino que, por el contrario, es esencialmente provisional, ya que responde a las fluctuantes condiciones de la economía de un país, en donde las mismas no permanecen estáticas, sino que con el transcurso del tiempo, por el influjo de distintos factores, varían considerablemente lo que puede -en cual-quier momento- obligar a revisar los criterios establecidos, para adaptarlos a nuevas realidades económicas.- Desde esta perspectiva, entiendo que la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina cumple actualmente con el objetivo de tutelar el crédito adeudado, compensando adecuadamente la indisponibili- dad del capital durante el transcurso de la mora sin que, por otro lado, se produzca un detrimento excesivamente oneroso en el patrimonio del deudor.-
Por ello, a la primera cuestión voto por la afirmativa.-
A la segunda cuestión los Dres. Mariani, Peretti, Mercau, Fernández y Ludueña Campos dicen:
Atento la forma en que nos hemos pronunciado respecto de la Primera Cuestión, proponemos se dicte sentencia haciendo lugar al recurso de casa- ción articulado por la parte demandada a fs. 506/511 vta., y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción judicial obrante a fs. 485/498 vta., revocando parcialmente el punto 2º) de la parte resolutiva exclusiva- mente en cuanto a los intereses. Componer positivamente la litis y disponer que se aplicará al capital de condena los intereses conforme a la tasa pasiva promedio men- sual del Banco Central de la República Argentina.- En atención a que lo resuelto fue favorable al demandado, Sr. Antonio Balois Pardo, las costas en la presente instancia serán impuestas a la actora perdidosa, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 68 del CPC y C, al que remite el artículo 121 de la Ley Nº 1444, difiriendo la regulación de honorarios de los letra- dos intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/ 1999) y sean regulados en las anteriores instancias; teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 511 y vta..- En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 25 de febrero de 2021.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Er- nestina Ludueña Campos; el voto por sus propios fundamentos de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 506/511 vta..-
2. Casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 485/498 vta., revocando parcialmente el punto 2º) de la parte dispositiva, exclusivamente en cuanto a los intereses.-
3. Componer positivamente la litis y en consecuencia, disponer que al capital de condena se le aplicarán los intereses conforme a la tasa pasiva pro- medio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.-
5. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1003S.211 Tomo: XX Interlocutorio: 675 Folio N°: 3916/3921 Secretaría: 1
Fin de la sentencia