Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello se encuentra vedado al Tribunal admitir el planteo desarrollado en agravios por la empeñosa representación de la demandada.
Esta razón es suficiente para rechazar los agravios vertidos por la recurrente.
Sin perjuicio de ello cabe señalar que los usos y costumbres (art. 1 inc. e de la LCT o art. 1 del CCyC), que se invocan en agravio como fuente de derechos, determinan que el pago de los haberes se realiza en la forma que utilizó la sentencia. Es por otro lado la forma que hacía el pago de los haberes de la actora. Ellos se efectuaron o bien el último día de cada mes o en los primeros días del siguiente como se desprende del examen de los recibos acompañados lo que pone de resalto la existencia de usos y costumbres aceptadas. Ello se hace extensivo a la liquidación final habida cuenta por otro lado que no es razonable que el trabajador dependiente de la Municipalidad aceptada su renuncia un primero de agosto deba percibir el importe de la liquidación final en octubre y el resto en mazo del año siguiente como se desprende que se realizó en forma incompleta. Resta agregar que por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC) corresponde imponer las costas de la instancia a la demandada.
VI. Que por estas razones entiendo que los agravios en examen no conmueven la sentencia que, tras este examen, surge como como justa. Por ello respondo en forma afirmativa a la primera cuestión sometida al Acuerdo. Es mi voto.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8409 Sentencia: Definitiva Actor: Verasay Mirta Luisa Demandada: Municipalidad de Caleta Olivia Objeto: Laboral- Cobro de Pesos.
Fecha: 29-07-2.024 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil veinticuatro, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “VERASAY, Mirta Luisa c/ MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA s/ laboral- Cobro de pesos” Expte. V-15.020 del año 2011 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, Secretaría Nº 2 que ingresaron en eta instancia bajo el Nº 8409. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que en el lejano 1º de junio de 2011 el Dr. Ramón César Amaya en representación de la Sra. Mirta Luisa Verasay, promueve, con la documental de fs. 1/27 y escrito de fs. 28/31, demanda laboral por cobro de pesos en contra de la municipalidad de Caleta Olivia, en concepto de diferencias salariales por incorrecto pago de adicionales salariales establecidos en decretos y ordenanzas del municipio demandado mientras desempeñó funciones jerárquicas al servicio de Tesorería y secretaria de Hacienda y por la mora en el pago de su designación final luego de su renuncia. Relata los hechos, enumera decretos y ordenanzas que hacen nacer su derecho a los adicionales que se le adeudan con sus respectivos intereses desde que casa suma es fuera exigible. Dice que lamentablemente no cobró esa suma e incluye otra deuda que surge de la falta de pago oportuno de su liquidación final y las diferencias en la misma que la vuelven insuficiente. Hace referencia a la intimación mediante telegrama que identifica y que no fue respondido. Practica un resumen de lo reclamado y ofrece prueba. Pide que oportunamente se haga lugar a la demanda incoada con costas.
II. Que a la audiencia del art. 47 no concurre la demandada quien no contesta la demanda, ni siquiera para oponer la prescripción, por lo que se resuelve darle por decaído el derecho que dejó de usar a la Municipalidad de Caleta Olivia (Ver fs. 39). Por providencia de fs. 40 se abre la causa a prueba proveyéndose la considerada conducente. Como sabemos y es de público conocimiento el Dr. Amaya fallece y es reemplazado por varios letrados. La Municipalidad también se presenta sucesivamente con varios letrados. Producida la prueba en forma parsimoniosa durante estos años, siguiendo el expediente dentro del sistema informático en forma digital como se informa a fs. 221 hasta el 21 de septiembre de 2022 en que se dicta la sentencia obrante en PE 644430/2022.
Este pronunciamiento judicial resuelve: 1) Hacer lugar a la demanda articulada por la Sra. Mirta Luisa Verasay en contra de la municipalidad de Caleta Olivia, por diferencias salariales devengadas, respecto de los siguientes ítems: 1º) suplemento remunerativo especial del decreto 887/06 desde el 5 de mayo de 2006 hasta el 29 de noviembre de 2007 equivalente al 85% del total de remuneraciones del módulo 7 del escalafón municipal; 2)suplemento remunerativo especial establecido en la ordenanza 5186/07 desde el 29 de noviembre de 2007 hasta la fecha de renuncia de la actora equivalente al 95% de remuneraciones del módulo municipal; pago del adicional por función jerarquizada de la ordenanza 1575/94 cap.
IX at. 45 desde el 29 de agosto de 2006 hasta la fecha de la renuncia de actora equivalente al 60% de la asignación del módulo 7 del escalafón municipal; 4º intereses por mora en el pago de la liquidación final ordenada por decreto 1226/MCO desde el día 6 de agosto de 2010 hasta la fecha de su cancelación en noviembre de 2010 y marzo de 2011; condenando a la demandada a pagar a la actora, en el término de diez (10) días de notificada, firme y liquidada la presente sentencia los rubros que progresan conforme lo establecido en los considerandos respectivos, debiendo estarse a los montos finales que resulten de la liquidación contable que se ordena en este acto, en el considerando respectivo, con costas a cargo de la demandada en su condición de vencida (art. 68 del CPCC). 2º) Pasen los autos al Gabinete Contable a los fines de determinar los montos definitivos según las indicaciones dadas en el considerando respectivo. 3º) Diferir la regulación de honorarios profesionales y la determinación de la tasa de justicia hasta tanto obre suma líquida en autos, conforme a las cautas dadas en los considerandos. 4º) Regístrese, notifíquese con copia íntegra del presente fallo a cada contendiente.
Oportunamente, remítanse los actuados a la A.F.I.P. por espacio de 72 hs. en virtud de lo dispuesto por la ley 25.345. Archívese.
III. Que disconforme con este pronunciamiento el Dr., Ramiro Esteban Castillo apoderado de la demandada interpone y funda recurso de apelación en PE 667670/2022 que se le concede libremente y con efecto suspensivo y ordena correr traslado de los agravios que no son contestados. Un año más tarde el citado profesional solicita la elevación a Cámara en PE 1159050/2023, pedido que se atiende en PE 714289/2023 ordenando la elevación. En PE 761032/2024 se presenta la demandada representada ahora por el Dr. Juan Pablo Sulaiman. Los autos se elevan con la certificación de estilo en PE 1290491/2024 y recibidos se intima al Dr. Díaz a constituir domicilio quien no lo constituye y se integra Cámara con el Dr. Mario A. Albarrán. Se dispone notificar por nota a la actora por PE 1316952/2024. Los autos pasan definitivamente a despacho para el dictado de sentencia conforme proveído en PE 1357809/2024.
IV. Que la demandada en sus agravios ataca la sentencia por no establecer en forma precisa cual es la fecha de inicio de la mora, o en su caso, para el punto IV fijándose en forma errónea y contraria a derecho la fecha de la mora que no se encuentra legalmente prevista.
Con relación a los puntos I, II y II (querrá decir III del apartado 1 del fallo) se queja por cuanto no se ha establecido la fecha de inicio de la mora. Argumenta que no resulta aplicable el art. 128 de la LCT por lo establecido en el art. 2 inc. a) de la LCT y, por lo tanto, que al no existir plazo en el ámbito municipal para abonar los salarios, la mora debe comenzar a correr desde la interpelación efectuada por la actora el 6 de mayo de 2011 fecha de la carta documento en que intimaba el pago. Cita doctrina del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Rio Negro. Se agravia con relación al pago de intereses por mora en el pago de la liquidación final punto IV al haberse determinado que se los adeuda a partir del 6 de agosto en que se le aceptó la renuncia sin haber fundado fáctica y jurídicamente la razón de haberlo establecido así.
Cita el art. 255 bis LCT remite al art. 128 LCT que establece que la empleadora tiene 4 días para abonar las remuneraciones e indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo. Pero argumenta y reitera que dicha norma no se aplica a los trabajadores municipales conforme lo previsto en el art. 2 inc. a de la LCT.
Por ello hace hincapié en que se debe establecer en forma concreta la fecha de inicio de la mora conforme lo establecen los usos y costumbres locales y explica que una vez que el empleado presenta su renuncia existe un mecanismo administrativo para instrumentar la baja del empleado y para que la Secretaría de Hacienda realice la liquidación final y emita la aceptación de la renuncia. Afirma que no es posible realizar esos trámites en el mismo día y por ello debe establecerse el plazo del pago, y al no existir el mismo la mora comenzaría a correr desde la interpelación del 6 de mayo de 2011. Estos agravios no han sido contestados.
V. Que debo tener presente al comenzar el examen de los agravios que la demandada incurrió en la incontestación de la demanda al no comparecer a la audiencia del art. 47 de la ley 1444. Ello permite presumir como ciertos los hechos expuestos en ella, salvo prueba en contrario (art. 50 de la ley 1444).
Ergo se ha operado la preclusión para oponer defensas o realizar invocaciones pues se privaría a la contraria de la oportunidad de discutirlo en la instancia, y el magistrado de primera instancia resolverlo. Aceptarlos nos introduciría en un terreno de incongruencias.
Estamos de acuerdo en que la actora era dependiente de la Municipalidad de Caleta Olivia y que esa relación se encuentra excluida en principio del ámbito de aplicación de la LCT conforme lo determina el art. 2 inc. a) de dicha ley y se rige por estatutos especiales tal el Escalafón para el Personal de la Municipalidad de Caleta Olivia (aprobado por Ordenanza Municipal 1575/94) y el Estatuto para el Personal de la Municipalidad de Caleta Olivia (ordenanza Municipal 1524/2015), que fueron materia de textos ordenados aprobados el 30 de abril de 2015 por el HCD por decretos 005/2015 y 006/2015. No se acompañó a autos el texto ordenado del escalafón. El recurrente plantea que, en el ámbito administrativo, no existe plazo para el pago de los haberes o para la liquidación final. Así sostiene que por dicha razón se debe establecer en forma concreta la fecha de inicio de la mora, conforme lo establecen los usos y costumbres locales. Este argumento, como se explicó más arriba, como surge de la incontestación de la demanda, no se invocó en la oportunidad procesal en que se debió plantear, para permitir a la contraria rebatirlo o producir prueba en contrario. Ni siquiera se esgrime ese argumento en el alegato de la demandada obrante en PE 563615/2022. El art. 276 del CPCC aplicable en el proceso laboral conforme art. 121 de la ley 1444 establece claramente.
“El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia….”
Por ello se encuentra vedado al Tribunal admitir el planteo desarrollado en agravios por la empeñosa representación de la demandada.
Esta razón es suficiente para rechazar los agravios vertidos por la recurrente.
Sin perjuicio de ello cabe señalar que los usos y costumbres (art. 1 inc. e de la LCT o art. 1 del CCyC), que se invocan en agravio como fuente de derechos, determinan que el pago de los haberes se realiza en la forma que utilizó la sentencia. Es por otro lado la forma que hacía el pago de los haberes de la actora. Ellos se efectuaron o bien el último día de cada mes o en los primeros días del siguiente como se desprende del examen de los recibos acompañados lo que pone de resalto la existencia de usos y costumbres aceptadas. Ello se hace extensivo a la liquidación final habida cuenta por otro lado que no es razonable que el trabajador dependiente de la Municipalidad aceptada su renuncia un primero de agosto deba percibir el importe de la liquidación final en octubre y el resto en mazo del año siguiente como se desprende que se realizó en forma incompleta. Resta agregar que por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC) corresponde imponer las costas de la instancia a la demandada.
VI. Que por estas razones entiendo que los agravios en examen no conmueven la sentencia que, tras este examen, surge como como justa. Por ello respondo en forma afirmativa a la primera cuestión sometida al Acuerdo. Es mi voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VII. Coincido con el primer votante en que los agravios consisten en capítulos no propuestos en la instancia de grado y por ende nos está vedado fallar sobre ellos. Adhiero pues al voto del primer votante.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VIII. Que por las razones expuestas al responder a la primera cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios vertidos por la parte demandada como recurrente. 2º) Imponer las costas de la instancia a la demandada en su condición de vencida conforme el principio objetivo de la derrota. (art. 68 del CPCC). 3º Diferir la regulación de honorarios del Dr. Ramiro Esteban Castillo hasta tanto obre en autos regulación en la instancia de grado. 4º Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
IX. A mi juicio es justa y equitativa la propuesta sometida a consideración del Acuerdo que antecede. Adhiero pues al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 29 de julio de dos mil veinticuatro.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar los agravios vertidos por la parte demandada como recurrente.
2. Imponer las costas de la instancia a la demandada en su condición de vencida conforme el principio objetivo de la derrota. (art. 68 del CPCC).
3. Diferir la regulación de honorarios del Dr. Ramiro Esteban Castillo hasta tanto obre en autos regulación en la instancia de grado.
4. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Albarrán no firma por no existir disidencia a dirimir. FDO: Humberto Eduardo Monelos- Juez de Cámara -Presidente; Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Carolina M. Lima- Secretaría de Cámara.
Protocolización: A201027S.241 Tomo: C Sentencia: 3067 Folio Nº: 182/185 Secretaria: 1
Fin de la sentencia