Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $24.415 (pesos veinticuatro mil cuatrocientos quince) equivalente a 1,19 (uno con 19/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $61.036 (pesos sesenta y un mil treinta y seis) equivalente a 2,96 (dos con 96/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos, conforme Ley 27.423, Acordada N°29/2023 (22/09/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-152124004-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 22 de Diciembre de 2023 (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2023-94602954—APN- SGAI#TFN, caratulado “VERGARA ELIANA DEL MILAGRO s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Mediante RE-2023-84435147-APN-SGAI#TFN, la Sra. Eliana del Milagro Vergara interpone recurso de apelación contra la resolución dictada el 29 de junio de 2023 por la Dirección Regional Salta de la AFIP- DGI por la que se le impuso una multa equivalente al 200% del IVA atribuido como omitido por los períodos 1 a 12/2020, ello con sustento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 45 de la ley de rito fiscal (RE-2023-84438363-
APN-SGAI#TFN).
La actora expresa que nunca tuvo intención de defraudar al Fisco Nacional y que la confección de la liquidación errónea fue realizada por un profesional contratado.
Pone de relieve que se adhirió al régimen moratorio de la RG 5361, en un plan de pagos que se encuentra vigente, debiendo la sanción –según la recurrente- ser alcanzada por el beneficio de condonación en tanto no se encontraba firme al momento de la regularización invocada. Puntualiza que no se encuentra incurso en ninguna causal de exclusión para acceder al mentado beneficio indicado.
Por su parte, niega ser reincidente respecto a infracciones tributarias, remarcando que los antecedentes expuestos por el Fisco Nacional datan de más de cinco años.
Acompaña documental y ofrece prueba informativa. Solicita se condone la sanción o, en subsidio, se reencuadre en el artículo 39 de la ley de rito fiscal. Con costas.
II. A través del IF-2023-126902061-APN-DTD#JGM contesta traslado el Fisco Nacional.
Rechaza la condonación solicitada, toda vez que la Resolución 5361 no contemplaba beneficios de ese tipo. Sostiene que la inspección detectó una errónea liquidación del IVA, practicando ajustes que fueron aceptados y conformados por la contribuyente – reconocido ello en su escrito de apelación-, presentándose las declaraciones juradas rectificativas correspondientes por los periodos fiscales enero a diciembre de 2020. Aduce que el ilícito sancionado por la norma del art. 45 se comete en forma instantánea, quedando consumado en este caso en el momento de la presentación de la declaración jurada primitiva inexacta, no resultando eximente haber subsanado dicha omisión.
Subraya que resulta ajustada a derecho la graduación del 200% dispuesta, toda vez que se verifica el supuesto de reincidencia previsto por el artículo 45 de la ley de rito fiscal.
Se opone a la producción de prueba. Hace reserva del caso federal. Solicite se confirme el acto apelado. Con costas.
III. Por PV-2023-133300768-APN-VOCX#TFN se hace lugar a la oposición del Fisco Nacional.
Mediante PV-2023-138339083-APN-VOCX#TFN se eleva la causa a conocimiento de la Sala “D”. Finalmente, por IF-2023-151859323-APN-VOCX#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. En primer lugar, cabe referirse a la condonación solicitada por la adhesión a un plan de facilidades previsto por la RG 5361.
Dicha norma prevé expresamente en la última parte de su artículo 1 que: “La regularización mediante el presente régimen no implica reducción de intereses, así como tampoco la liberación de las pertinentes sanciones”. En efecto, cuando la norma no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del (Fallos: 323:620; 325:830).
A mayor abundamiento, se advierte que las condiciones para acceder a beneficios como el solicitado se corresponden con requisitos de admisibilidad a un régimen facultativo y excepcional de facilidades de pago en materia tributaria, siendo la interpretación que pueda darse a una norma de este tenor restrictiva y nunca por analogía a casos no contemplados en la misma (cfr. Sala “C” de este Tribunal in re “Galilea Hnos. S.A.”, sentencia del 3 de agosto de 1979).
Conforme lo expuesto, se rechaza la condonación pretendida.
V. Sentado ello, corresponde resolver sobre la procedencia de la multa aplicada.
Surge de las constancias de autos, que la inspección iniciada por el Fisco Nacional detectó la omisión de declarar ingresos que repercutió en la falta de exteriorización de débitos fiscales en las declaraciones juradas de IVA por los períodos 1 a 12/2020; ante ello, la contribuyente rectificó lo declarado originariamente, consintiendo el ajuste del organismo.
Que no es motivo de debate que el recurrente aceptó el ajuste fiscal a instancias de la inspección y conforme lo establece el art. 13 de la ley N° 11683, el declarante es responsable en cuanto a la exactitud de los actos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad. Ello así, corresponde tener por materializado el aspecto objetivo de la sanción de multa aplicada.
Por su parte, si bien es correcto que las infracciones deben ser imputables tanto objetiva como subjetivamente para justificar la imposición de una sanción (doctrina de Fallos 271:297; 303:1548; 322:519), el artículo 45 de la ley Nº 11.683 no exige una intención dolosa, sino que resulta suficiente la culpa del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (conf. CNACAF, "Velocidad Tiempo Cero S.A. c/ DGI", Sala II, del 28/06/2007; "La Rueca Porteña SA c/ AFIP – DGI", Sala IV, del 27/10/1998). En consecuencia, es la apelante quien debe demostrar la falta del elemento subjetivo requerido para tener por configurado el ilícito que se le imputa, en atención a la inversión de la carga de la prueba que se produce en las infracciones tributarias y ésta no ha ofrecido ante este Tribunal prueba idónea tendiente a acreditar la falta de culpa que alega. Cabe señalar que la actora se limita a invocar en su defensa que la liquidación originaria fue efectuada por un profesional contratado.
Que ello no resulta válido para justificar un supuesto error excusable, habida cuenta que según lo establecido por la ley de procedimiento tributario y la ley del gravamen la responsabilidad en la presentación de las declaraciones juradas y pago del tributo bajo examen recae en cabeza del aquí recurrente. Que las circunstancias que pudieron llevar a que el profesional que intervenía confeccionar y presentar las declaraciones juradas con datos inexactos, llevando a que el monto a ingresar en concepto de IVA por los períodos que originan la sanción apelada por un monto que no respondía a la realidad, sin perjuicio de no encontrarse acreditadas en autos, constituyen en su caso una cuestión ajena a la que este Tribunal está llamado a resolver y que atañe exclusivamente al invocado profesional y su cliente respecto del cumplimiento o no de las funciones que se le habrían encomendado. Además, la rectificación de las declaraciones juradas fue a instancias de dicha fiscalización, es decir que de no haber sido por el accionar fiscal las omisiones constatadas no habrían sido incorporadas a las declaraciones juradas del recurrente, lo que demuestra una negligencia respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias de parte de la recurrente.
Ello así, resulta aplicable la doctrina que establece que quien pretenda exculpar una conducta, que resulta violatoria de los mandatos impuestos por las normas jurídicas, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de aquella, deberá acreditar fehacientemente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta.(CSJN in re “Krill Producciones Gráficas S.R.L.” del 8/6/1993, voto de los Dres. Belluscio y Petracchi), lo que atento la reseña efectuada no se concreta en los presentes autos.
V. Resta referirse al agravio del actor en cuanto a la graduación del 200% aplicada por el Fisco Nacional. En su parte pertinente el artículo 45 de la ley de rito (texto conforme ley 27.430) dispone que cuando mediara reincidencia en la comisión de las conductas tipificadas en el primer párrafo de este artículo, la sanción por la omisión se elevará al doscientos por ciento (200%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir. En tal sentido, el artículo 50 de la dicha ley establece que: "Se entenderá que existe reincidencia, cuando el infractor condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley cometiera, con posterioridad a dicha sentencia o resolución, una nueva infracción de la misma naturaleza. La condena no se tendrá en cuenta a los fines de la reincidencia cuando hubieran transcurrido cinco (5) años desde que ella se impuso".
Según surge de las constancias administrativas y el acto apelado, la Sra. Vergara registraba sanción firme en el S.M. N° 030/546971/2018 en el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2018, aplicada en la Resolución N° 1454/18 (DV JSAL) del 2 de agosto de 2018, obrando también en las actuaciones el comprobante de pago del el 11 de septiembre posterior (vide cuerpo adjunto al IF-2023-126921215-APN-DTD#JGM), resultando este antecedente para el organismo recaudador como causal de reincidencia.
Toda vez que ello resulta ajustado a lo dispuesto por el artículo 50, remarcando además que al momento del dictado del acto aquí cuestionado no habían transcurrido los cinco años fijados como límite por dicha norma, corresponde confirmar la graduación aplicada.
VI. Por lo expuesto corresponde, confirmar la resolución apelada en todas sus partes. Con costas. La Dra. O'Donnell y el Dr. Martín dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $24.415 (pesos veinticuatro mil cuatrocientos quince) equivalente a 1,19 (uno con 19/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $61.036 (pesos sesenta y un mil treinta y seis) equivalente a 2,96 (dos con 96/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos, conforme Ley 27.423, Acordada N°29/2023 (22/09/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA. Regístrese y notifíquese.
Date: 2023.12.22 09:33:27 -03:00 Date: 2023.12.22 14:39:55 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.22 14:46:14 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.22 14:46:15 -03:00
Fin de la sentencia