Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa V-1.955/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la codemandada a fs. 702/708 vta. -quienes invocan ser la Comisión Directiva de SMATA Delegación Santa Cruz y Tierra del Fuego cuyo Secretario dice ser el Sr. David Raúl Cárdenas- y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 710 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: V-1.955/14-TSJ Interlocutorio N°: 3.067.-
Actor: VERMAZ S.R.L Y OTRO Demandado: SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y OTRO Objeto: PAGO POR CONSIGNACIÓN Fecha: 15-8-14 Texto: TOMO XXV – INTERLOCUTORIO – T.S.J..- REGISTRO Nº 3.067.-
FOLIO Nº 4.986/4.989.-
PROT. ELECT. TSS1 037 I.141
Río Gallegos, 15 de agosto de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “VERMAZ S.R.L. Y OTRO c/ SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y OTRO s/ PAGO POR CONSIGNACIÓN”, Expte. Nº V-9.852/08 (V-1.955/14-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 702/708 vta. por los Dres. Héctor Fabián Farías y Oscar Said Bujer, en su carácter de apoderados de la codemandada -quienes invocan ser la Comisión Ejecutiva del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) Seccional Provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego, cuyo Secretario General pretende ser el Sr. David Raúl Cárdenas-, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 694/698.- Que sucintamente, en lo que interesa a esta etapa, el caso se presenta en los siguientes términos:
La firma VERMAZ S.R.L., Enrique Eduardo Verde y Juan José Mazquiarán, por intermedio de su apoderado, Dr. Yamil Chain, promueven demanda por consignación contra el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) Seccional Pcia. de Santa Cruz y Tierra del Fuego, en su delegación sita en la calle Richieri N° 110 de Río Gallegos; y contra el mismo Sindicato (SMATA), con su delegación en calle Alcorta 246 de Río Gallegos. Ante la existencia aparente de dos conducciones sindicales, solicita que se resuelva a quién y en qué cuenta bancaria debe depositar las retenciones de carácter gremial que, como empleadora, le efectúa a sus dependientes afiliados al gremio referido (confr. fs. 25/27 vta.).-
A fs. 87/92, quienes dicen ser la Comisión Directiva de la Seccional Santa Cruz y Tierra del Fuego de SMATA, con domicilio real denunciado en calle Santiago del Estero n° 43 de Río Gallegos (confr. fs. 170), siendo su Secretario General el Sr. Marcelo Argüello, contestan la demanda. En este escrito solicitan que se ordene realizar los depósitos de marras en su cuenta y a orden de la Comisión Ejecutiva de la Seccional que resulte facultada (confr. fs. 92).- A fs. 156/159 vta., el Sr. David Raúl Cárdenas, quien afirma ser el Secretario General de SMATA Seccional Santa Cruz y Tierra del Fuego, contesta la demanda. Allí denuncia como domicilio real a calle José Crema 215 de Río Gallegos; y solicita que se lo declare legitimado para recepcionar y administrar las retenciones depositadas por la actora en concepto de cuota sindical (confr. fs. 156 y 159 vta.).- En la sentencia de primera instancia (obrante a fs. 595/598 vta.) se decide: “¼Tener por consignada la suma de pesos Doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos doce con treinta y cuatro centavos ($ 275.412,34) a favor de la Seccional SMATA con domicilio en calle Santiago del Estero n° 43 de Río Gallegos [cuyo Secretario General es el Sr.
Marcelo Rubén Argüello]¼ (confr. fs. 598 vta.). A tal solución se arriba en atención a que con fecha 16 de noviembre de 2006 la XXXV Asamblea General extraordinaria de delegados Congresales del Sindicado SMATA dispone la expulsión como afiliado de dicha entidad gremial del Sr. David Raúl Cárdenas. Asimismo sostiene que de prueba informativa, glosada a fs. 197/209, surge que el Sr. Marcelo Argüello es quien ejerce el cargo de Secretario General de la seccional de marras (confr. fs. 598). Estas constancias llevan al Juez de Primera Instancia a concluir que quien ejerce la representación gremial local es el Sr. Argüello. Se impone las costas “…a la co-demandada vencida, atento a como ha sido resuelta la cuestión (art. 68 y cctes. del CPCC)¼ (confr. fs. 598 vta.).
Esta sentencia es apelada por el casacionista (confr. fs. 606 y 610/614 vta.).- La sentencia de Cámara confirma el pronunciamiento de primera instancia, con excepción del ítem costas. Estas son impuestas en la instancia de grado a SMATA y en la segunda instancia por el orden causado (confr. fs. 694/698). Para desestimar los agravios del casacionista entiende que quien ejerce la representación de SMATA a nivel local es el Sr. Marcelo Rubén Argüello. Llega a esta conclusión apoyándose en el informe del Ministerio de Trabajo de la Nación (agregado a fs. 679/688) donde se consigna que el antedicho es el Secretario General de SMATA Seccional Santa Cruz y Tierra del Fuego. También tiene en cuenta que el Sr.
Cárdenas inició una acción judicial para continuar en su función de Secretario General y obtuvo un resultado desfavorable (confr. fs. 668/671 vta.). En razón de lo expuesto, la Cámara considera que el Sr. Cárdenas carece de representación sindical suficiente para percibir el pago, por lo que desestima su agravio (confr. fs. 696 vta.).-
II. En el memorial recursivo afirman los recurrentes que se interpone el recurso de casación contra la sentencia de Cámara por haberse dictado “…en violación de la ley y doctrina legal…” (confr. fs. 702 vta.). Añaden que: “…la resolución atacada produce un quebrantamiento de las reglas legales, violando las garantías al debido proceso y defensa en juicio, vulnerando derechos garantizados por la Constitución Nacional¼ (confr. fs. 703). Agregan que: “…la Excma. Cámara… omite resolver la litis con los documentos y pruebas existentes acompañadas por las partes en el estadio procesal oportuno, violando el derecho de esta parte al debido proceso y defensa en juicio, en el mismo momento que introduce pruebas a fs. 673/678 que no guardan ninguna relación con el caso, en tratamiento desde los primeros meses del año 2008, por tanto, el recurso de apelación interpuesto por esta parte fue desnaturalizado y resuelto de la peor manera, esto es, convalidando un procedimiento asociacional realizado al margen de la ley y violando garantías consagradas por la Constitución Provincial y Nacional…” (confr. fs. 705).
Luego aducen que el Consejo Directivo de SMATA no podía reconocer representatividad gremial a la codemandada (conducción gremial liderada por Sr. Marcelo Argüello) (confr. fs. 705 vta.). Expresan que: “…la sentencia recurrida mediante una incorrecta interpretación de la ley e incorrecta aplicación del Código de Procedimiento que permitió la introducción de terceros en autos sin títulos que los habiliten y ajenos a la litis, violando los Derechos de raigambre Constitucional de mis representados, adoptándose un criterio arbitrario para evitar resolver un planteo legal de puro derecho…” (confr. fs. 706). Dicen que: “…me agravia la sentencia de la Excma. Cámara… toda vez que resolvió el recurso de apelación sin tener en cuenta lo que prescribe el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Cruz, que establece claramente en el artículo 34° inc. 4°, que las sentencias definitivas o interlocutorias deben ser fundadas bajo pena de nulidad respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia¼ (confr. fs. 706 vta.).
Sostienen que se violó la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y la ley 23551 (en lo relativo al procedimiento judicial que se debe seguir para proceder a la exclusión y baja del padrón de afiliados del Sindicado SMATA a un dirigente gremial). También plantean que no se respetó el Estatuto Social de SMATA (confr. fs. 706/707).-
III. De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 1687 y en oportunidad de efectuar este Tribunal el examen preliminar a los fines de decidir si ha sido bien o mal admitido el recurso de casación, se adelanta que el mismo no alcanza a cumplimentar con los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.- Analizado el recurso, se constata que los argumentos del recurrente se circunscriben a cuestiones de hecho y prueba, no obstante que se invoquen para ello normas de fondo, pero respecto de las mismas no se hilvana una crítica concreta y razonada respecto de lo resuelto en la Alzada, lo cual hace inviable el recurso. Ello así, porque para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso asuma su condición de suficiente motivación impugnativa, sus argumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia.
Esta función no es cumplida -como en el caso de autos- con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa en determinadas normas legales si en esa operación se sustrae justamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo I, Interlocutorio, Reg. 86, Folio 143/144; y Tomo XXIV, Interlocutorio, Reg. 2960, Folio 4761/4764). Es aplicable al sub lite lo ya dicho por este Alto Cuerpo: “¼No se observa más que la enumeración de prerrogativas supuestamente lesionadas, lo que no basta para abrir la vía extraordinaria (confr. TSJSC, Tomo XII, Interlocutorio, Reg. 1632, Folio 2348/23800; Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2619, Folio 3918/3920; Tomo IX, Sentencia, Reg. 303, Folio 1637/1641).- Que, sobre el particular, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la sola mención de preceptos no basta para abrir la vía extraordinaria (Fallos: 165:62; 181:290; 266:135; 310:2306; entre otros), correspondiendo, por todo ello, desestimar tal pretenso agravio¼ (confr.
Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3042, Folio 4927/4930).- Nos encontramos ante un débil planteo sobre revalorización de cuestiones de hecho reservadas prima facie a los jueces de grado (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXIV, Interlocutorio, Reg. 2906, Folio 4616/4618; Tomo XXIV, Interlocutorio, Reg. 2960, Folio 4761/4764, entre muchos otros), revisable sólo en esta instancia si media arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se presenta en autos.- Los cuestionamientos del recurrente se dirigen, en definitiva, a aspectos fácticos del decisorio: se objeta la valoración de la prueba llevada a cabo por la Cámara al tener por acreditado que el representante gremial de SMATA -Seccional Santa Cruz y Tierra del Fuego- habilitado para percibir los montos consignados por la actora es la Comisión Directiva encabezada por el Sr.
Marcelo Rubén Argüello; también se alega que la Cámara resolvió la litis omitiendo considerar documentos y pruebas acompañadas por las partes (confr. fs. 705); pero no indica de qué modo una valoración probatoria distinta alteraría lo decidido en la instancia ordinaria. La instancia extraordinaria en relación a las cuestiones de hecho y prueba exige la tajante demostración de que el criterio del juzgador constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado contra las leyes de la lógica, lo que en el caso no se observan. Así las cosas, la impugnación del recurrente se traduce en una apreciación y opinión diferente a la de la Alzada, sin demostrar la pretendida sin razón de ésta, por lo que deviene inadmisible su impugnación.
Sobre este punto es pertinente traer a colación lo resuelto por este Alto Tribunal, a saber: “…que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio¼ (confr. Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3034, Folio 4906/4909).- El recurrente también basa su disenso en cuestiones de naturaleza procesal. Objeta la incorporación de un tercero al proceso y alega la violación del principio de congruencia, sin ensayar ningún tipo de argumentación que respalde sus objeciones (confr. fs. 706 y vta.).
Inclusive en el sub lite ni siquiera se incorporó un tercero en el proceso, sólo nos encontramos en presencia de un litisconsorcio pasivo en atención a la naturaleza de la acción: pago por consignación en razón de que el actor duda sobre quién representa al acreedor. Se presenta el supuesto que prevé el artículo 757, inciso 4° del CC. Concurren varias personas a exigir el pago, aduciendo la representación de la acreedora -SMATA Delegación Santa Cruz y Tierra del Fuego-, y el deudor invoca una duda razonable sobre quién debe recibir el pago (confr. BUERES, Alberto -dirección- y HIGHTON, Elena -coordinación-, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 1998, T. 2 B, ps. 127/128).
Existe desde el origen del proceso un actor y dos demandados. En cambio, la citación de terceros -categoría con que pretende el recurrente calificar la intervención del otro codemandado- implica la incorporación de alguien que originariamente era ajeno al proceso, lo que no se da en el caso sub examine. En este sentido se ha dicho en doctrina que: “¼La intervención de terceros tiene lugar cuando, durante el desarrollo del proceso, y sea en forma espontánea o provocada, se incorporan a él personas distintas a las partes originarias con el objeto de hacer valer derechos o intereses propios, aunque vinculados a la causa o al objeto de la pretensión¼ (confr. PALACIO, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1987, T.
III, ps. 225/226). En efecto los pretensos agravios se agotan en su simple formulación, sin desarrollarse, siquiera mínimamente, una crítica concreta y razonada que demuestre de qué manera se ha producido la incorrecta aplicación de la ley que insinúa el recurrente. No se observa más que la enumeración de prerrogativas supuestamente lesionadas, lo que no basta para abrir la vía extraordinaria (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXV, Reg. 3042, Folio 4927/4930). Desde otro cuadrante se debe señalar que estos planteos tampoco logran habilitar el acceso al ámbito de la casación, toda vez que las apreciaciones de índole procesal quedan normalmente detraídas de ella, salvo cuando se demuestre que la valoración intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia carece de bases aceptables que por tal circunstancia puedan afectar el derecho de defensa o del debido proceso, extremo que no ha acontecido en el sub lite.
Por lo tanto el planteo es irrevisable en la instancia extraordinaria provincial (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Interlocutorio, Reg. 1063, Folio 1311/1315).- En lo atinente a la alegada violación de la doctrina legal el recurrente ni siquiera menciona la doctrina de la sentencia -emanada por un Tribunal Colegiado de única o última instancia provincial- que se habría vulnerado con el fallo. Motivo por el cual es inadmisible el pretenso agravio (confr. art. 4, inc. a, ley 1687) (confr. fs. 702 vta.).- La denuncia de “no respeto” a la Constitución, a los Tratados Internacionales con rango constitucional, la ley 23551, ni el Estatuto de SMATA (confr.
fs. 706 vta.) no es idónea para habilitar la instancia casatoria cuando, como en el sub lite, la mención de esas normas no hace referencia de su aplicación concreta al caso y no explica de qué manera se habrían afectado las garantías y derechos que ellas tutelan (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXV, Reg. 3042, Folio 4927/4930; SCJBA, Ac. 57.103, “Castaño, Feliciano y otra contra Garrote, José María y otros. Daños y perjuicios”, del 4 de junio de 1996; e ídem, “Quiroga, Alberto y otros contra La Colorada Sociedad Anónima Comercial e Industrial. Daños y perjuicios”, del 16 de febrero de 1998).- Así pues, el pronunciamiento de la Excma. Cámara derivado del análisis de los hechos relatados por las partes y de acuerdo a la postura asumida por cada una de ellas, no puede ser objeto de censura en la instancia extraordinaria de casación porque es producto del ejercicio de una facultad propia de los jueces de mérito, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo o violación de la ley, circunstancia esta que no ha ocurrido, máxime cuando la sentencia atacada, se encuentra debidamente fundada, y constituye un acto jurisdiccional válido, más allá del acuerdo, o no, que se pueda tener con el criterio sustentado (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3034, Folio 4906/4909; Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3035, Folio 4910/4912).- En mérito a las consideraciones expuestas, el recurso de casación articulado a fs. 702/708 vta. no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 710 y vta..-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la codemandada a fs. 702/708 vta. -quienes invocan ser la Comisión Directiva de SMATA Delegación Santa Cruz y Tierra del Fuego cuyo Secretario dice ser el Sr. David Raúl Cárdenas- y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 710 y vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1037I.141 Tomo: XXV Interlocutorio: 3.067.-
Folio N°: 4.986/4.989.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia