Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 33.641-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de repetición intentado, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-28518468-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 25 de Marzo de 2022 En la Ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Rubén Marchevsky (Vocal titular de la 3° Nominación), Laura Guzmán (Vocal titular de la 2° Nominación) y Edith Gómez (Vocal subrogante de la 1° Nominación) a efectos de resolver la causa N° 49.513-I caratulada: "VERONICA S.A.C.I.A.F.E.I. s/ recurso de apelación”.
El Dr. Marchevsky dijo:
I. Que a fs. 68/94vta. la actora interpone recurso de apelación contra el art. 1° de la resolución N°26/2018 (DV RR1P) de fecha 20/11/2018 en tanto el Fisco Nacional resolvió no hacer lugar a la repetición requerida por la actora respecto de la suma de $4.613.567,43 con más los intereses.
Funda su presentación en el art. 81 de la ley 11.683 y analiza los antecedentes del caso. Informa que es una marca láctea muy conocida en el país que atraviesa una grave crisis como todo el sector lácteo del mismo territorio. Indica que la compañía teniendo en cuenta la legislación vigente y en total tiempo y forma, ingresó el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por los períodos fiscales 2015 y 2016 en pago en efectivo y en compensaciones, pero las mismas fueron rechazadas por lo que la actora al evaluar la situación económica, el monto de compensaciones rechazadas y el inminente inicio de un proceso de ejecución fiscal para perseguir dicho cobro, decidió ingresar con fecha 20/09/2016 los conceptos de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y parte del anticipo 1/2016 mediante Plan de Pagos n°1711558 y posteriormente interpuso reclamo administrativo de repetición por las sumas ingresadas sin causa en concepto del impuesto antes mencionado.
Además resalta que frente a esto el organismo recaudador dictó la resolución apelada, rechazando el reclamo de repetición respecto de los períodos fiscales 2015 y del período fiscal 2016 (exclusivamente anticipo 1). Ello, bajo el argumento de que no son susceptibles de ser reclamadas en repetición toda vez que su inclusión en dicho plan implicó per-se la renuncia a toda acción y derecho, incluso el de repetición, al tratarse del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias dispuesto en el Título II de Libro II de la ley 27.260 (B.O.22/7/2016). Por otra parte aclara que el monto que persigue en devolución es la suma de $4.613.567,43 por considerar las cuotas efectivamente canceladas del plan de pagos N° I711558, el que sigue vigente. Sostiene asimismo el cumplimiento de los requisitos del reclamo de repetición y desarrolla la conformación del monto objeto del mismo.
Por otra parte analiza el funcionamiento del Impuesto a la Ganancia Mínima presunta, su naturaleza, su normativa y la inconstitucionalidad de dicho impuesto y específicamente del Título V de la ley 25.063. Considera que está en franca violación con los principios de razonabilidad y de capacidad contributiva. Cita el Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Hermitage S.A. C/ Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos- Título 5- ley 25.063” y analiza el alcance de la Instrucción General (AFIP) 2/2017. Desarrolla la situación de la aplicación de los intereses resarcitorios y de la tasa de interés aplicable al caso. Solicita medida cautelar. Fundamenta su solicitud.
Finalmente ofrece prueba documental. Cita jurisprudencia en apoyo de sus dichos, hace reserva del caso federal y solicita al Tribunal se haga lugar al recurso de repetición ordenando la devolución de las sumas requeridas, con intereses y costas.
II. Que a fs. 104/116 obra la contestación del recurso por parte de la representación fiscal. Primero analiza el origen de las actuaciones en virtud del pedido de repetición interpuesto por la actora por la suma de $14.872.322,70 en concepto de impuesto a la ganancia mínima presunta respecto de los períodos fiscales 2015 y 2016 más los accesorios, con el argumento de considerar que la suma fue ingresada indebidamente teniendo en cuenta la jurisprudencia de la “Corte Suprema de Justicia de la Nación “ Hermitage S.A. C/ Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos- Título 5- ley 25.063”. Desarrolla las etapas del procedimiento administrativo. Cita la parte resolutiva de la resolución apelada. Respecto de los agravios de la actora contesta rechazándolos palmariamente. Aclara que es la consecuencia de que las sumas regularizadas en el plan de facilidades de pago no son susceptibles de ser reclamadas por cuanto al registrarse en el mismo la actora renunció a toda acción y derecho – incluso el de repetición- máxime si se tiene en cuenta que dicho plan fue establecido por una ley de orden nacional. Cita los arts. 53 de la ley 27.260 y 11 de la R.G. 3920. Agrega que considerar una solución diferente implica ir contra el principio del derecho de la teoría de los actos propios. Desarrolla la misma citando doctrina y jurisprudencia en apoyo de sus dichos.
Por otra parte, defiende la forma en que el resolutorio apelado dispuso el cálculo de la tasa de interés. Expresa que es acorde legalmente a lo dispuesto en los arts. 179 de la ley 11.683 y 768 del Código Civil y Comercial vigente, en tanto existe una ley especial en el caso que determina los intereses aplicables. Cita jurisprudencia en apoyo de sus dichos.
Por último solicita el rechazo de la medida cautelar requerida por la actora.
Finalmente ofrece prueba, hace reserva de la cuestión federal y solicita se confirme en todas sus partes la resolución apelada con costas.
III. Que por medio de la PV-2022-20112289-APN-VOCIII#TFN se eleva la causa a consideración de la Sala “A”, y finalmente a través del IF-2022-25779921-APN-VOCII#TFN pasan los autos a sentencia IV- Que se inician las actuaciones N° 13289-18092-2017 mediante el reclamo administrativo efectuado por la actora previo al recurso de repetición. Específicamente reclama la devolución de $14.872.322,7 respecto de los períodos fiscales 2015 y 2016 de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, amparándose en el fallo “Hermitage S.A. c/ P. Ejecutivo Nacional”.
A fs. 101 obra el informe de la División Recaudación del cual surgen los montos de impuestos determinados, el Plan Mis Facilidades conforme la ley n°27.260 N° 1711558, el pago efectuado no bancario respecto del P.F. 2016. A fs. 174 informa la División de Recaudación que el plan se encuentra vigente y a esa fecha se habían cancelado 23 cuotas de un total de 61. A fs. 187/200 obra planilla registral.
A fs. 175/185 se encuentra agregado el informe final de inspección en el cual se manifiesta que respecto del P.F. 2015, el monto de $5.799.628,33 requerido, fue incluido en el plan de facilidades con fecha 20/9/2016 y respecto del P.F. 2016, se encuentra incluido en dicho plan la suma de $130.283,83. Asimismo se agrega que no se ha utilizado como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias el Impuesto a la ganancia mínima presunta cuya repetición se pretende. Por otra parte también debe resaltarse el análisis sobre el estado contable y las conclusiones que obran a fs. 181/185.
V. Que de la lectura de las actuaciones administrativas y los argumentos de las partes y fundamentos de la resolución apelada surge específicamente que:
El Fisco nacional luego de un análisis de las declaraciones juradas de los períodos fiscales 2015 y 2016 relacionadas con el Impuesto a las Ganancias, de los estados contables, tanto en el informe de inspección como en los fundamentos de la resolución apelada y la nota 32/2019 (DV REGN) concluyen que ha existido resultado contable negativo y quebranto impositivo de manera concurrente en los períodos 2015 y 2016 y que dichos quebrantos se encontraban pendientes de utilización ya que en 2017 también arrojó quebranto. Por ello la Administración hace lugar al reclamo efectuado respecto del período fiscal 2016, exclusivamente respecto al impuesto ingresado sin haberse adherido al Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias establecido por la ley 27.260, en virtud de que “…no ha existido la renta presumida por la Ley del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta en dicho período por lo que su ingreso carece de causa…” con fundamento en el Fallo Hermitage S.A. ya citado anteriormente.
Debe dejarse en claro que efectivamente la recurrida no hizo lugar, en la resolución apelada, al reclamo de repetición respecto del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta del período fiscal 2015 y el anticipo N° 1, por el mismo tributo, correspondiente al año 2016 ($130.283,83), en virtud de haberse adherido la actora al Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias establecido por la ley 27.260, con el argumento de que ha renunciado a toda acción y derecho, incluso el de repetición, lo que implica adentrarse en la doctrina de los actos propios. Que si bien la doctrina de los actos propios no está legislada expresamente, la misma tiene su origen en la interpretación de todo el plexo normativo más la interpretación jurisprudencial y doctrinaria. Como ya se ha desarrollado ampliamente en la jurisprudencia y doctrina su fundamento “…reside en que el mismo ordenamiento jurídico es el que no puede tolerar que un sujeto pretenda ejercer un derecho en abierta contradicción con una conducta suya previa que engendra confianza respecto del comportamiento que iba a observar en la relación jurídica; en otras palabras, nadie puede alegar un derecho que está en pugna con su propio actuar…” “Ramazotti, Raúl Enrique” TFN –Sala A- 24/4/98.
Por otra parte debemos tener en cuenta que nos encontramos ante un caso extremadamente particular, en el que, en primer lugar, el fundamento por el cual no se le hizo lugar a la actora por el reclamo de repetición intentado, fue porque al haberse acogido al Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias dispuesto por la ley 27.260 necesariamente renunció a toda acción incluido el reclamo por repetición de las sumas allí incluidas; pero por otra parte, el mismo Fisco Nacional, en sus actuaciones, concluyó que no había existido la renta presumida por la Ley del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta en los períodos en cuestión.
Que ya el Procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó en “Municipalidad de Monte Cristo (TF 18706-I) c/ DGI” en el Considerando 4 que “cabe destacar que en el precedente de Fallos 297:500. “SA. Petroquímica Argentina P.A.S.A.” ….sostuvo que la acción para repetir el tributo pagado indebidamente encuentra fundamento superior en el principio del derecho natural de que nadie debe enriquecerse sin causa a costa de otro”, regla ética de proyección patrimonial que no solamente alcanza a las personas privadas sino también al Estado (cons 5°), ….y que jurídicamente el derecho de repetir un pago sin causa o por causa contraria a las leyes corresponde a quien lo hizo siendo su devolución a cargo de la persona pública o privada que lo exigió”; y prosigue “… a mi modo de ver y tal como esta postura lleva a sacralizar una situación que resulta doblemente injusta: por un lado, un enriquecimiento indebido – ilícito- de una persona, y por otro, que esa persona injustamente beneficiada sea, precisamente, el propio Estado, quién actuó en su triple carácter de legislador, acreedor de la obligación inexistente y juez de la controversia suscitada.”
Que en igual sentido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala IV, ha dispuesto en el Fallo “Devotto Solari, Oscar N” del 4/5/2006 que “…Se ha sostenido que el poder tributario de que goza el Estado tiene limitaciones, no sólo para crear las fuentes de renta sino también para aplicar la ley fiscal. Cuando en uno u otro caso excede aquellas, el patrimonio del contribuyente puede verse ilegítimamente disminuido para una prestación pecuniaria- espontánea o compulsiva- carente de causa. Para estos supuestos, precisamente, la ley acuerda la acción de repetición de pago, mediante la cual el contribuyente pone en movimiento el contralor jurisdiccional tendiente a establecer la legalidad o constitucionalidad del tributo. Si en alguna forma se privara o restringiera ese derecho y el Fisco pudiera retener lo indebidamente ingresado a sus arcas, incurriría en una abierta violación de la constitución, tan grave como si se apropiara de un bien sin observar las garantías esenciales que ésta establece” (Fallos: 297:500 CNFed.Cont.Adm-Sala IV -1/11/2001 “Djalma Boechat SAIFei y otros c/ Estado Nacional- Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos-“) De ello se infiere que, en el caso de la repetición de tributos, la protección de la garantía constitucional del derecho de propiedad y de la legalidad tributaria prima sobre los efectos que puedan acordarse a la doctrina jurisprudencial y doctrinaria de los actos propios.”
Que aunque resulte de entendimiento básico, vale decir, que la Hacienda Pública se nutre, entre otras fuentes, de parte de las rentas del sector privado con el fin de asegurar el cumplimiento de las funciones encomendadas por la sociedad.
Que Alberdi sostuvo que la tendencia natural de la renta pública es a ser grande y copiosa pero que ésta depende del respeto asegurado a los derechos naturales del hombre y que esos derechos en los cuales reposa el sistema rentístico, el plan de hacienda o de finanzas, que es parte accesoria del sistema económico del país, y comprenden al de la propiedad; y que la Constitución quiere que la ley fiscal o rentística respete y proteja esos derechos, lejos de atacarlos llevando la contribución más allá de los límites de la renta.
Que las teorías contractualistas, aun reconociendo en sus vertientes clásicas como Hobbes, Locke y Rousseau diferencias conceptuales pero asumiendo que son la base de los modernos estados de derecho, o las vertientes contemporáneas con Rawls, a pesar de las fuertes críticas a su pensamiento, entre otros, buceando en las motivaciones sociales para lograr esos acuerdos, todos ellos receptan la idea de un contrato social, generalmente hipotético aunque sostenido por un andamiaje legal y que perdura en el tiempo, con adecuaciones contextualizadas, normalmente, a la evolución de la sociedad y los cambios externos.
Que dando por sentado, los derechos y obligaciones de los ciudadanos, que se someten “voluntariamente” a ese contrato social, son cláusulas de ese mismo contrato, siendo el Estado en quien se delega velar por su cumplimiento pero quienes lo “firman” tienen también el derecho a hacerlo cumplir o de decidir cambiar sus términos, habitualmente a través de sus representantes en los parlamentos o asambleas constituyentes. Y es en el marco de ese contrato social que se inscribe el derecho a la propiedad y las garantías de equidad, proporcionalidad e igualdad de las cargas públicas esperándose que sea el Estado el primer garante de su cumplimiento. Es el propio Estado el que rompería el contrato al intentar apropiarse de una porción de la renta o patrimonio privado de manera espuria.
En lo que puede ser considerado un “Hecho del Príncipe”, es el propio Estado el que impone “voluntariamente” al contribuyente una cláusula que le impide ejercer sus derechos para luego, en el caso puntual, apropiarse en forma indebida del producto de un gravamen al que, bajos las condiciones que el propio Fisco reconoce en los antecedentes administrativos, no tendría acceso sino fuera por la mentada cláusula y estaría, así, exigiendo que se cumpla ese contrato social, en su cláusula contributiva, de manera abusiva y más gravosa que lo convenido originalmente afectando así el derecho de propiedad y el de igualdad de las cargas públicas.
El estado de derecho exige de nuestra parte una valoración ética y la ética no es sólo un conjunto de fundamentos y principios de las normas morales de la sociedad sino que es un concepto vivo que se pone a prueba a cada instante en que entran en colisión dos derechos, dos preceptos, dos formas de actuar que se contradicen y revulsionan entre sí, poniendo al individuo en el dilema de tener que elegir entre una u otra.
Que en consecuencia, si debo preservar un instituto o un derecho por sobre el otro, nunca podría hacerlo so pretexto de la aplicación de un principio que permita el enriquecimiento sin causa del Estado, ya que esto comprometería el valor de los intereses en juego y pondría en crisis el mismo estado de derecho. Que si bien no estamos frente a un conflicto normativo, sino que entran en colisión dos derechos de igual rango - en el caso incompatibles entre sí- que no pueden ser satisfechos al mismo tiempo, debo decidir por aquél que no permita consumar un daño irreparable a terceros y por ello resultaría inadmisible que el Estado pueda enriquecerse de manera espuria, sin causa, porque eso sería admitir que la doctrina de los actos propios puede llevar a convalidar un enriquecimiento ilícito por parte del Estado.
En definitiva y frente a este caso tan específico, y teniendo en cuenta que es el propio Organismo Fiscal quien reconoció la inexistencia de la renta presumida por la Ley de Impuesto a la Ganancia Mínima presunta, en función de los antecedentes de la Corte en la causa “Hermitage S.A C/ Poder Ejecutivo Nacional”, no existe causa en el reclamo fiscal, correspondiendo revocar la resolución apelada y hacer lugar al reclamo de repetición interpuesto por la actora, en todas sus partes, con costas.
VI. Que resta resolver el pedido de dictado de la medida cautelar planteado por la actora a fs. 85/92 (capítulo XI) a fin de que se ordene a la AFIP a suspender el devengamiento de las cuotas pendientes en el plan de pagos I711558 en lo que respecta al porcentaje acogido en concepto de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, en los términos del art. 230 del CP.C.C.N.
Que si bien no posee este Tribunal facultades expresas otorgadas por la ley 11.683 para el dictado de las medidas cautelares, una reciente corriente jurisprudencial, en materia aduanera, ha hecho lugar a la solicitud de las mismas considerando que este Tribunal goza de amplias facultades para dictar medidas cautelares en los procesos sometidos a su jurisdicción por aplicación de los artículos 197 de la ley citada y 1174 del código citado, que disponen la aplicación supletoria del C.P.C.C.N. Y C.P.P. de la Nación Argentina. (confr. “Acegame S.A. c/ D.G.A. dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal el 09/09/2010). Que debe recordarse que es criterio pacífico de la C.S.J.N. que la interpretación de las normas debe armonizar con el ordenamiento jurídico restante.
“Que admitir lo contrario implicaría cercenar, injustificadamente, la posibilidad amplia y efectiva de los administrados de acceder de modo pleno a un órgano jurisdiccionalmente apto para reclamar el reconocimiento de derechos fundamentales en toda su extensión, conculcando, en definitiva, la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria, que se encuentra tutelado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” -Paniagua Morales vs. Guatemala -, Consid. 149 y ss, del 8/3/1998; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-, Consid. 66 y ss, del 31/1/2001; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, Consid. 129 y ss., del 2/2/2001; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, Consid. , 100 y ss, del 6/2/2001; “Gelman c/ Uruguay”, Consid. 193, del 24/2/2011), que deviene vinculante -confr. art. 68 de la CADH- para los distintos poderes del Estado Nacional. (Confr. Considerando IV de la sentencia “Maersk Argentina S.A. c/ D.G.A. - medida cautelar- expte n°33.641-A del 27/09/2013).”
Que, por lo demás, este Tribunal Fiscal de la Nación, ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal, las mismas resultan sustantivas o materialmente judiciales, en tanto es un órgano de justicia en el caso tributaria, imparcial e independiente de la administración activa , y resulta el único tribunal del país especializado en esta materia, por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades -por ejemplo, para el dictado de medidas cautelares- que las que ostentan por definición los tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia; máxime cuando inveterada jurisprudencia en la materia ha resaltado que los requisitos relativos a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente, imparcial e independiente, “se exhibe plenamente satisfecha por la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación” (v. CNApCAF menc., Sala I, sent. del 12.5.00 in re: “Colfax S.A. c/Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/ medida cautelar (autónoma), y “Telesud S.A.”, Sala IV, sent. del 18.4.85)
Que fue la propia Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal en su Sala I que expresó en la causa N° 38979/2014 “Maesk Argentina S.A. c/DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo” en el considerando VII “que tampoco la medida dictada puede considerarse como una intromisión en facultades de otro poder, en tanto corresponde enmarcarla dentro de la potestad de control que tiene el Poder Judicial- o en este caso el Tribunal Fiscal de la Nación cuyas atribuciones no fueron objetadas-, siempre y cuando, se reúnan los requisitos que establece la ley 26.854 para el dictado de las medidas cautelares contra el Estado Nacional.”
VII. Que admitida la competencia de este Tribunal Fiscal para dictar la medida cautelar peticionada en autos, es del caso recordar que "las medidas cautelares tienden a impedir que, durante el lapso que inevitablemente trascurre entre la iniciación del proceso y el pronunciamiento de la decisión final, sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne inoperantes los efectos de la resolución definitiva" (conf. CNACAF, "Canop Nazar", del 13/12/90, y muchas otras).
A pesar de este entendimiento cabe resolver que, en el caso concreto, la medida cautelar solicitada deviene abstracta en esta instancia en tanto en el presente fallo se ha resuelto la cuestión de fondo por lo cual el Tribunal ha perdido jurisdicción respecto de los planteos posteriores, debiendo la actora en caso de considerarlo necesario solicitar la misma ante la Alzada.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos y al Considerando IV del voto del Dr. Marchevsky.
II. Que tal como surge del relato efectuado, en autos se impugna el artículo 1° de la resolución de fecha 20/11/2018, que no hizo lugar a la devolución de la suma de $ 4.613.567,43.- ingresados en concepto de impuesto a la ganancia mínima presunta correspondiente al período fiscal 2015. El ente fiscal reposa su rechazo en que dichos conceptos fueron regularizados mediante un plan de pagos obtenido por acogimiento al régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias dispuesto en el Título II, del Libro II de la ley 27.260, que exigió para su otorgamiento, la renuncia a toda acción y derecho, incluso el de repetición. Por su parte, la recurrente, luego de analizar el impuesto en trato, invoca su inconstitucionalidad y considera que la resolución del ente fiscal violenta los principios de razonabilidad y capacidad contributiva, amén de la doctrina emanada del precedente de nuestro máximo Tribunal recaído in re “Hermitage S.A.”, de fecha 15 de junio de 2010.
En su voto, el Vocal preopinante, considera que en su decisión ha de primar aquel principio que impida el enriquecimiento ilícito del Estado, que se encuentra probado y acreditado, en tanto se ha concluido que existió resultado contable negativo y quebranto impositivo de manera concurrente en los dos períodos involucrados en el acto cuyo punto 1°) del resolutivo se impugna.
III. Que, de lo expuesto, se extrae que la cuestión nuclear a resolver radica en determinar si resulta procedente la repetición intentada por el período 2015, correspondiente al impuesto a la ganancia mínima presunta, cuyo único fundamento para su rechazo radica en que dichos conceptos fueron incluidos en un régimen de regularización impositiva, entre cuyas condiciones para su adhesión, los contribuyentes debían renunciar a toda acción y derecho incluso el de repetición.
Determinados así los hechos y el derecho aplicable, adelanto que no puedo compartir el voto del Vocal preopinante en tanto no advierto la alegada existencia de principios en pugna que obligue a elegir el menos dañino.
En efecto. Cabe recordar que el nervio central que prima en el ámbito del derecho tributario, es el principio de legalidad. Nuestra Constitución Nacional lo contempla en numerosos artículos, empezando por la norma general del artículo 19, en cuanto a que “…Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”, y los específicos del artículo 4, que refiere a “…las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso Nacional”, del artículo 17 que dispone que “Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el art. 4°”, el 52 que pone en cabeza de la Cámara de Diputados la iniciativa de las leyes tributarias y los incisos 1° y 2° que regulan las atribuciones del Congreso de la Nación en materia de competencia tributarias y del artículo 99, inciso 3° que veda la materia tributaria del ámbito normativo de los Decretos de Necesidad y Urgencia.
De allí que la obligación tributaria nace por la sola voluntad del Estado, porque es quien posee la facultad para someter la voluntad particular con la imposición tributaria, voluntad que se expresa en una ley, que impide toda posibilidad de acuerdo entre la Administración y los contribuyentes que deje de lado aquella voluntad. En ese sentido, la ley no solo es el instrumento adecuado para establecer la obligación tributaria, regula su nacimiento, los sujetos, el momento y la forma de su extinción, sino que fundamentalmente a partir de los principios generales del derecho tributario, tales como legalidad, capacidad, generalidad y de igualdad, determina su indisponibilidad. Esta indisponibilidad sería, por tanto, no sólo una regla general legalmente establecida, sino una característica consustancial a las obligaciones tributarias, como obligaciones legales de derecho público (vid. Zorzona Pérez, Juan, ¿“Que podemos aprender de las experiencias comparadas? Admisibilidad de los convenios, acuerdo y otras técnicas transaccionales en el derecho tributario español”, Crónica Tributaria N° 77, 1996, ps. 121-134 y sus citas).
Esta regla, de la indisponibilidad de la obligación tributaria, es elevada internacionalmente a categoría de principio absoluto, ni siquiera la propia ley “puede conceder constitucionalmente facultades de disposición de la Administración pública sobre los elementos esenciales de la obligación tributaria” porque “no se trata solo de que la Administración no puede actuar sobre tales elementos discrecionalmente, sino que tampoco puede disponer de la obligación…” (vid. Zorzona Pérez, op. Citada).
IV. Que de consuno con estos principios, el legislador, en ejercicio de una potestad constitucional, al establecer un Régimen de Regularización de Obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras mediante la ley 27.260, fijó una serie de beneficios, entre ellos la condonación de intereses y multas, amén de la posibilidad de pagar las obligaciones mediante un plan de pagos. Ahora bien, estableció como condición para su acogimiento, la renuncia a toda acción y derecho, incluso el de repetición (conf. Art. 53 de la ley).
Así las cosas, dicha disposición estableció la regularización de las obligaciones que no se encontraren firmes, exigiendo de los contribuyentes y responsables que opten voluntariamente por acogerse a ese régimen de excepción, el cumplimiento de los requisitos exigidos, que obsta a su ulterior impugnación (Fallos - 255:216; 307:1582, entre otros). La norma implica inexorablemente la renuncia a la acción y al derecho -si existe discusión administrativa o judicial- y a la repetición de las deudas fiscales en todos los casos en los que se optó por el acogimiento.
En esa dirección, a mi criterio, en la especie no se produce el alegado enriquecimiento ilícito del Fisco en tanto “el voluntario sometimiento de los interesados a un régimen jurídico, sin reservas expresas, determina la improcedencia de su impugnación con base constitucional. Las garantías constitucionales atinentes a la propiedad privada pueden ser renunciadas por los particulares expresa o tácitamente. Ello sucede cuando el interesado realiza actos que según sus propias manifestaciones o el significado que se atribuye a su conducta, importan acatamiento de las disposiciones susceptibles de agraviar a dichas garantías” (Vid. Fallos 255:216). (el destacado es propio). Circunstancia que se da en el caso bajo examen en tanto el propio contribuyente, resolvió voluntariamente, someterse al régimen establecido y aceptó renunciar a su derecho a repetir, aún cuando hubiere pagado mal.
Por otra parte, acoger el planteo de la recurrente implicaría violentar un principio de inobjetable ética tributaria, en tanto los contribuyentes morosos para obtener el beneficio de regularizar ventajosamente sus deudas con el Fisco, deben - se entiende que después de efectuar el examen particular analizando los costos y beneficiosformular su acogimiento aceptando las condiciones que el legislador dispone.
Finalmente, no escapa a la suscripta que el fundamento de la repetición es un precedente de la Suprema Corte del año 2010, es decir, emitido cinco años antes del período fiscal que se repite, de lo que sólo cabe colegir que se tuvo en cuenta en oportunidad de formularse el acogimiento.
En mérito a lo expuesto, voto por rechazar el recurso de repetición intentado, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que esta juzgadora adhirió a la solución propiciada por el Dr. Buitrago in re “"Black & Blue S.R.L. S/ Apelación” (sentencia del 7 de marzo de 2014 de esta Sala “A”, en la que actué como Vocal subrogante de la 2da Nominación), decisorio en que se rechazaron los recursos por retardo en repetición interpuestos, no admitiéndose la posición de la recurrente que originariamente había acogido voluntariamente a un régimen de facilidades de pago reconociendo la obligación impositiva, para después pretender repetir esos montos; tal como sucede en este caso.
Con fecha 15 de marzo de 2016, la Sala V de la Alzada confirmó tal criterio. En efecto, concluyó que la conformación de la deuda realizada por la actora implicó el allanamiento de la pretensión fiscal, como así también la renuncia a la acción de repetición deducida.
En esta línea, se expuso que no resultaba aplicable la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que el requisito de protesta previa no procede cuando existen normas expresas que reglan procedimientos para la repetición de tributos (Fallos: 300:1019; 302:1223 y sus citas). Ello, toda vez que si bien el artículo 81 de la Ley Nº 11.683 (T.O. 1998) prevé la acción de repetición el régimen al que se acogió la actora no contempla esa posibilidad, lo cual también ocurre en el caso de marras respecto al Título II de la Ley 27.260. En este sentido, se dijo que resultaba irrazonable la pretensión de escindir un sistema de excepción preservando de él sólo los beneficios y eliminando las contrapartidas que aquél contenga (conf. Fallos: 314:1824) y que la ausencia de una reserva expresa de su derecho a repetir, determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional (Fallos: 149:137; 170:12; 175:262; 184: 361; 202:284; 205:165; 241:162; 271:183; 279:350; 297:236; 300:147; 304:1180; 316:1802; 322:523; 325:1922, entre muchos otros).
Por su parte, el Cimero Tribunal ha sostenido que los contribuyentes que optan por acogerse a un régimen de regularización de las obligaciones fiscales con dicho acto formulan, por su parte, la autoimpugnación de la liquidación del tributo efectuada anteriormente, a los fines de revelar en la declaración requerida, una modificación de la situación patrimonial con relación a la cual había sido omitido el pago del gravamen correspondiente (Fallos - 308:682, consid. 5, 2do. párrafo). Asimismo, ha puesto de relieve que aquellas normas legales que permiten ajustar con carácter general la situación de los contribuyentes o responsables que prefieran acogerse al régimen de excepción, lo cual sucede en este caso, importa el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tales efectos, y obsta a su impugnación ulterior (CSJN in re Medefín SA Compañía Financiera c/DGI s/repetición, sentencia del 1 de octubre de 1991).
En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de repetición interpuesto, con costas.
Por ello, en atención a la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Rechazar el recurso de repetición intentado, con costas.
Se deja constancia que el presente pronunciamiento se dicta de conformidad a lo dispuesto por el art. 59, primer párrafo, del Reglamento de Procedimiento de este Tribunal Fiscal de la Nación.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2022.03.25 10:59:37 -03:00 Date: 2022.03.25 11:43:29 -03:00 Ruben Alberto Marchevsky Laura Amalia Guzman Vocal Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.03.25 13:41:37 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.25 13:41:38 -03:00
Fin de la sentencia