Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 33.853-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción efectuado por la actora para aplicar multas en Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2004 y Salidas No Documentadas por el mes de diciembre 2004, en virtud de lo expuesto en el considerando VII del Vocal Instructor, con costas.
2Hacer lugar el planteo de prescripción efectuado por la recurrente para aplicar multa en Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas por los meses abril a noviembre de 2004, atento lo dispuesto en el considerando VII del Vocal Instructor, con costas
3Confirmar parcialmente las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas, excepto la multa sobre Salidas No Documentadas por los meses abril a noviembre 2004, la que se declara prescripta conforme pto. 2°) precedente.
4Ordenar a la AFIP-DGI para que en el plazo de treinta (30) días proceda a reliquidar la obligación tributaria de acuerdo con lo decidido en la presente sentencia. A tales fines, por Secretaría General de Asuntos Impositivos remítanse los antecedentes administrativos al organismo fiscal por el plazo acordado precedentemente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-62115526-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 12 de Junio de 2024 45.084-I caratulados “VERTRAUEN AUTOMOTORES S.A. s/recurso de apelación”.-VOCXII- En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 33.853-I y sus acumulados Nº 33.854-I, 33.855-I, 45.083-I, 45.081-I, 45.084-I caratulados “VERTRAUEN AUTOMOTORES S.A. s/recurso de apelación”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 208/235, 655/685vta., 944/971, 1132/1160vta., 1237/1260 y 1336/1363vta. VERTRAUEN AUTOMOTORES S.A. (“Vertrauen” en adelante) interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones N° 45/2010, 47/2010, 46/2010 (28 de mayo 2010) 396/2015, 397/2015 y 398/2015 (11 de septiembre de 2015), todas ellas dictadas por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Región Mercedes de la A.F.I.P.- DGI, a través de las cuales:
a) Se determinó de oficio la obligación frente al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2004 a 05/2006, con más accesorios, quedando diferido el juzgamiento de la conducta según lo ordenado en el art. 20 de ley N° 24.769 (hoy ley N° 27.430, TÍTULO IX - RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO art. 279).- Resolución 45/2010-
b) Se estableció su obligación frente al Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas - por los períodos fiscales 04/2004 a 12/2005, con más intereses resarcitorios, quedando diferido el juzgamiento de la conducta al igual que en el inciso anterior. -Resolución 47/2010-
c) Se determinó de oficio en conjunto con los accesorios el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2003, 2004 y 2005, quedando diferido el juzgamiento de la conducta como en sus precedentes.- Resolución 46/2010-
d) Se fijó la multa suspendida en la resolución 45/2010 equivalente a dos veces el tributo omitido atento a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 inc.) a), y b) de la ley de rito.- Resolución 397/2015-
e) Se aplicó una sanción por el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2004 y 2005, conforme lo dispuesto en los artículos 46 y 47 inc.) a), y b) de ley de marras.- Resolución 396/2015-
f) Se estableció una multa en el Impuesto a las Ganancias- Salidas no Documentadas por los períodos fiscales 04/2004 a 06/2004, 08/2004, 11/2004, 12/2004, 06/2005, 08/2005 a 12/2005; de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 46, y 47 incisos a) y b) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.) – Resolución 398/2015- En primer lugar, expone que es una empresa que se dedica a la venta de vehículos automotores, siendo concesionaria oficial de Daimler Chrysler Argentina S.A. (“DCA” en adelante), firma que explota en Argentina las marcas Mercedes Benz Chrysler, Dodge y Jeep.
Explica que a raíz de la grave crisis desencadenada en el año 2001 y luego de una serie de medidas para evitar la entrada en cesación de pagos con la citada firma, propició la realización de operaciones de canje de cereal por automotores. En dicha operatoria, los productores o acopiadores podían acercarse a DCA o cualquiera de sus concesionarias y luego de ser auditados por Lois Dreyfus Ltda. S.A., concretaban el canje facturando el cereal que entregaban y recibiendo el vehículo que era debidamente facturado por DCA. Por su parte, Vertrauen se limitaba a dar a conocer a los potenciales clientes las diferentes unidades disponibles en venta y sus precios, acercándolos a DCA y percibiendo por ello una comisión en virtud de la cual emitía e ingresaba el impuesto generado en consecuencia.
En algunas oportunidades, el cerealista no quería disponer el rodado recibido por lo que le solicitaba a la concesionaria que lo vendiera en su nombre, percibiendo por ello una comisión. Para formalizar la operación se realizaba una cesión de derechos y obligaciones a favor de la sociedad para que éste pudiera facturar el vehículo al comprador final a nombre propio.
En virtud de ello, los cerealistas emitían a la firma una factura de venta por la diferencia entre el valor del bien entregado y el importe final que surgía de la enajenación del vehículo. (sic)
En efecto, el crédito fiscal computado en las declaraciones juradas en el Impuesto al Valor Agregado se encontraba representado por las facturas que las cerealeras emitían y los comprobantes de compra realizados por DCA bajo la modalidad de adquisición anticipada.
Luego de describir la operación comercial de autos, destaca que el Fisco Nacional no cuestiona la materialidad de la misma, es decir, si los granos y cereales fueron recibidos y luego enajenados, sino que el ajuste se centra en evaluar si el dador formal del crédito fiscal es quien efectivamente realizó la operación. En este orden de ideas, expone que el fundamento de las tres resoluciones de fondo apeladas radica en la impugnación de las transacciones respaldadas por las facturas de compra a los proveedores Aquilino Martínez e Hijos, Alejandro Gabriel Castelli, Gre-go SRL, Klimar S.A, Mario Daniel Batista, Maypun S.A, Prato Cereales y Sonia Beatriz Garcia, los que de acuerdo a la investigación llevada a cabo son de carácter apócrifo.
Manifiesta que actuó de buena fe y que las operaciones observadas cumplen con todos los requisitos previstos para el cómputo del crédito fiscal. Sostiene que la pretensión del ente fiscal de trasladar a la contribuyente el impuesto que corresponde al comitente por una operación anterior deviene claramente improcedente, toda vez que al no ser parte de la operatoria no contó con facultades para exigir a los proveedores del cereal a DCA que entregara documentación alguna, pero conoció la existencia de una auditoría realizada por una de las principales empresas del sector, de la cual no surgió observación alguna respecto de los mismos. Resalta a su vez que al momento de la operación los proveedores impugnados no se encontraban comprendidos en las bases de emisores de facturas apócrifas.
Destaca que la existencia de los pagos se encuentra demostrada en las testimoniales rendidas en sede administrativa, la cual fue ratificada por los propios receptores de los mismos. En virtud de ello considera que si la materialidad de la operatoria se encuentra probada y eso no es cuestionado por el Fisco Nacional, el hecho de que los pagos hayan sido realizados en efectivo carece de entidad a los efectos de impedir a Vertrauen el cómputo del crédito fiscal. En cuanto a los cheques endosados por el presidente de la firma, explica que ello no significa que los cedentes no los hayan cobrado.
Respecto de la improcedencia de la deducibilidad de los gastos en el Impuesto a las Ganancias considera erróneo el criterio fiscal adoptado puesto que hace cargar a un sujeto que actuó como consignatario de un vehículo para su venta el total del impuesto generado por la operación, cuando el mismo corresponde al comitente, ya que él no participó de la operación anterior. Resalta que se encuentran presentes la totalidad de los requisitos que habilitan al cómputo del gasto original en lo fondos entregados al cerealista.
Expone que no comparte el método de base presunta empleado por el Fisco Nacional para realizar tales impugnaciones toda vez que considera que la impugnación de las facturas se basa en meras sospechas respecto de la operación realizada en la etapa anterior, no existiendo a su vez indicios graves, precisos y concordantes que permitan impugnar las operaciones en cuestión. En este sentido, destaca que el ajuste se sustenta en la supuesta falta de capacidad productiva del cereal entregado en una operación de la que no formó parte.
Acerca del ajuste en la aplicación de intereses presuntos indica que el organismo fiscal no ha probado la disposición de fondos a favor de terceros y los accionistas no resultan “terceros” en los términos del primer párrafo del art. 73 de la ley del Impuesto a las Ganancias.
Respecto de la improcedencia de las deducciones sobre los gastos del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, sostiene que el Fisco Nacional pretende ajustar la deducción de gravámenes que resultaron una erogación efectiva, y afirma que no existía posibilidad alguna de compensar el impuesto con futuras ganancias. A su vez, invoca la prevalencia del artículo 34 de la ley 11683 por sobre la ley 25.345.
Finalmente, opone la invalidez de las presunciones aplicadas y la nulidad de las actuaciones puesto que a su entender existió una violación del inc. f) de la ley 19.549, el cual consagra el principio de razonabilidad. Que con relación a las multas apeladas, opone la nulidad y la prescripción de las acciones del ente fiscal para proceder a la aplicación de sanciones (Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a las Ganancias Salidas No Documentadas). Señala que en el Impuesto a las Ganancias ejercicio fiscal 2004 y en el Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas por los periodos fiscales 04/2004 y el 12/2004 el término de la prescripción de las sanciones aplicadas se debió computar a partir del 01/2006, habiendo sido efectuada la denuncia penal en fecha 21/09/2010 y quedando firme la sentencia recaída en instancia penal el 17/12/2013 en la cual se confirmó el sobreseimiento, indica que feneció el plazo el 13/12/2014 teniendo en cuenta la extensión del plazo de 180 días. Quedando así, prescriptas las acciones y poderes del organismo fiscal previo al dictado de las resoluciones 396/2015, 397/2054 y 398/2015.
En subsidio, entiende que no se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo de los ilícitos endilgados para poder aplicarlas, por lo que solicita su revocación o en subsidio la recalificación de la conducta. En virtud de lo expuesto, peticiona que oportunamente se haga lugar a los recursos de apelación interpuestos con costas. Ofrece prueba documental, informativa y pericial contable. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 245/275vta., 698/728vta., 982/1015, 1180/1196, 1266/1281 y 1376/1391se presenta el Fisco Nacional contestando los traslados de los recursos deducidos en autos.
En primer lugar, señala que las resoluciones gozan de acabado sustento fáctico y jurídico que las habilita en su validez y efectos y fueron dictadas ajustándose a la normativa vigente y dentro de los parámetros de razonabilidad y legalidad, respetando el derecho de defensa del contribuyente. Por dicho motivo, sostiene que no hay elementos que permitan suponer que las resoluciones apeladas puedan ser consideradas irrazonables. Explica que no existe demostración de un interés jurídico lesionado o de un perjuicio cierto e irreparable, por lo que solicita el rechazo de la nulidad impetrada.
Continúa haciendo una breve descripción de la operatoria detectada, indicando que la misma se inicia con la venta de automotores que efectúa la terminal automotriz a los “cerealistas”, entregándoles unidades-vehículos a cambio de cereales. Posteriormente los productores efectúan una cesión de facturas de las unidades mencionadas a la actora, quien se encargaba de comercializar los rodados a los destinatarios finales. Señala que todos los pagos a los cedentes, fueron realizados en efectivo o mediante cheques que luego eran endosados y cobrados en la ventanilla del banco por el Sr. Ruffolo Jose Luis, presidente de la firma, contraviniendo las normas vigentes. Ello sumado al resto de los incumplimientos que presentaban los proveedores cuestionados indujeron a constatar que la recurrente utilizó en la operatoria una serie de prestanombres para formalizar el intercambio de cereales y automotores, motivo por el cual se impugnó el cómputo del crédito fiscal.
También se procedió a impugnar el cómputo de crédito fiscal de cuatro de los cerealistas apócrifos bajo el concepto de “participación de la venta de unidades” o “comisión” y el crédito fiscal contenido en facturas por pagos de publicidad en un automóvil de carrera por Leandro Iglesias, toda vez que las pruebas colectadas dieron cuenta de su carácter de apócrifas.
Manifiesta que la gran cantidad de irregularidades detectadas respecto de los proveedores cuestionados lo llevó a concluir que las operaciones que se debaten en autos no fueron realizadas por ellos. En este sentido, menciona las inconsistencias que los mismos presentaban entre las que se encuentran: la no localización en sus domicilios fiscales o legales, la falta de registro de alta como empleadores, la no disposición de bienes muebles e inmuebles, irregularidades en la presentación de las declaraciones juradas de los diferentes impuestos, incoherencias relevantes en las acreditaciones de las cuentas bancarias, la falta de capacidad productiva del cereal entregado, entre otras.
Informa que la prueba acompañada por la recurrente no logra desvirtuar la tarea de la fiscalización realizada a fin de constatar el real perfeccionamiento de las operaciones. En este orden de ideas, explica que el hecho de que las facturas cumplan con las formalidades exigidas no impide que las mismas puedan ser impugnadas por apócrifas. Asimismo, señala la inobservancia de la actora de los lineamientos establecidos por la ley 25.345, sosteniendo que las razones apuntadas por la fiscalizada no pueden ser admitidas para dispensarla del cumplimiento del citado plexo legal.
Respecto del cómputo del crédito fiscal contenido en facturas por el presunto pago de publicidad al piloto de carreras Leandro Iglesias menciona que la fiscalización constató que la facturación fue supuestamente emitida por Sonia García, quien manifestó desconocer al Sr. Iglesias concluyendo de esta forma que la Sra. García nunca presto servicio de publicidad alguno a la contribuyente.
Con relación al ajuste efectuado en el Impuesto a las Ganancias sobre los intereses presuntos por disposición de fondos a favor de terceros, sostiene que los directores o accionistas son terceros respecto de la persona jurídica representada y los retiros efectuados por los mismos no pueden considerarse “en interés de la empresa”. En atención a la improcedencia de la deducción como gasto del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, explica que el tributo ingresado no reviste el carácter de un gasto deducible en el Impuesto a las Ganancias, sino que constituye un derecho en expectativa que posee el sujeto pasivo del gravamen, cuyo ejercicio queda subordinado a la existencia de impuesto a las ganancias en los diez años subsiguientes.
Finalmente, en cuanto a las multas aplicadas, señala que la actora no tiene en cuenta la causal suspensiva habilitada por la ley 26.476 de un año, que opera desde el 24/12/2008 hasta el 24/12/2009, motivo por el cual solicita su rechazo. Por otro lado, resalta que son aplicables al caso las presunciones de dolo contenidas en los incisos a) y b) del art. 47 de la ley de rito, siendo debidamente merituadas las conductas desplegadas por la actora. En efecto, se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo.
Por los motivos expuestos, pide que se confirmen las resoluciones apeladas con costas, se opone a las pruebas ofrecidas por la recurrente, acompaña los antecedentes administrativos, y hace reserva del caso federal III.- Que en el caso de marras, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Procedimiento Tributario- Apertura a Prueba- a fs. 292, se hizo lugar a las siguientes pruebas ofrecidas por la recurrente: i) informativa, la cual hace referencia al libramiento de los oficios a las empresas Daimler Chrysler Argentina S.A. Lois Dreyfus Ltda. S.A., Chalero S.A y Petrobras S.A., los cuales fueron contestados a fs. 324, 350/351, 1044/1047, 319 y 388/394, respectivamente, ii) testimonial ofreciendo las declaraciones de los Sres. Hernán Armani (fs. 402), Cristián Agote (fs. 341), Osvaldo Cremona (fs. 355/357) y Leandro Iglesias (fs. 365/382); y iii) prueba pericial contable designando a los Dres. Roberto Daniel Pirrone en representación de la actora y Dr. Maximiliano Queirolo, designado a propuesta del Fisco Nacional, quienes presentaron el informe pericial contable a fs. 403/408. Posteriormente a fs. 1418 se abrió a prueba por los expedientes referidos a las multas en donde se hizo lugar a la prueba informativa, la cual consiste en la sentencia de sobreseimiento dictada por el Juzgado de Mercedes la que luce agregada a fs. 1555/1559. En efecto, a fs. 1052 y 1565 se declaró cerrado el período de instrucción.
IV. Que a fs. 1021, 1203, 1397 y 1405 la Secretaría General de Asuntos Impositivos procedió a acumular al expediente Nº: 33.853-I los expedientes N° 33.854-I, 33.855-I, 45.083-I, 45.084-I, 45.081-I, de igual carátula, de acuerdo a lo dispuesto en la sentencias de Tribunal en Pleno a fs. 1020 y 1404 y de Sala obrante a fs. 1202 y 1396.
V. Que a fs. 1568 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D” y a fs. 1574 se ponen los autos para alegar. A fs. 1603/1606 obran los alegatos del Fisco Nacional y a fs. 1583/1602 lucen agregados los de la recurrente. Finalmente a fs. 1608 se disponen los autos para sentencia.
VI. Que por una cuestión de lógica procedencia, corresponde referirse al planteo de nulidad opuesto por la recurrente.
Que en lo estrictamente formal, las resoluciones recurridas, satisfacen los requisitos estatuidos por el artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, toda vez que tanto de los actos administrativos de apertura del sumario como así también en las resoluciones que se apelan se han consignado de manera concreta la causa y la motivación del procedimiento, no concurriendo así las circunstancias planteadas por el art. 14 de la ley 19.549 ni las causales de nulidad absoluta, por lo que cabe rechazar el planteo bajo trato, no debiéndose imponer costas a su cargo, en virtud que tal defensa fue interpuesta como otro agravio más, sin otorgársele el carácter de previo y especial pronunciamiento.
VII. Que ello así cabe tratar las prescripciones planteadas por la recurrente en los Exptes. N° 45.083-I y 45.084-I. Que la actora opone la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para aplicar sanciones en el Impuesto a las Ganancias ejercicio fiscal 2004 e Impuesto a la Ganancias- Salidas No Documentadas por los meses abril a diciembre 2004. Indica que el vencimiento de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2004 operaba en 2005 y en lo que respecta a las erogaciones efectuadas entre el 04/2004 y el 12/2004 por el Impuesto a las Ganancias Salidas No Documentadas, su vencimiento fue en 01/2005 iniciando el cómputo de la prescripción en 01/2006 (sic).
Asimismo expone que en los términos del artículo 65 inc. d) de la ley de rito el curso de la prescripción se suspendió hasta el 03/10/2014, momento en que se cumplieron los 180 días posteriores a la sentencia penal que quedó firme el 17/12/2013. Sostiene que la causal dispuesta en el artículo sin número agregado a continuación del 65 -120 días del curso de la prescripción desde la fecha de notificación de la vista- no resulta aplicable toda vez que al momento de conceder la vista (31/03/2009) faltaba más de un año para que se cumpliera la prescripción. (sic).
En virtud de lo expuesto la actora considera que las acciones y poderes del ente fiscal para aplicar sanciones prescribieron el 13/12/2014, por lo que al momento en que se produjo la notificación de las sanciones, 11/09/2015, el organismo fiscal no se encontraba facultado para efectuar tarea alguna.
Que por su parte el Fisco Nacional, manifiesta que existió una causal suspensiva no contemplada por la recurrente, habilitada por la ley 26.476 -artículo 44- que operó entre el 24/12/2008 y el 24/12/2009, por lo que teniendo en cuenta la aplicación del artículo 68 inc. a) y que la sentencia de sede penal quedó firme el 17/12/2013, al adicionar a dicha fecha los 180 días que dispone el artículo 65 inc. d) de la ley de rito, el momento en la cual operaba la prescripción de las acciones y poderes del ente fiscal fue el 20/12/2015.
Que el artículo 56 de la ley de rito establece que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley, y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella previstas, prescriben por el transcurso de CINCO (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS o que, teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación. Por su parte el artículo 58 dispone que comenzará a correr el término de la prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras desde el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible. Sobre dicha base, teniendo en cuenta que el cierre de ejercicio opera el 31 de diciembre de cada año, el curso de la prescripción para el Impuesto a las Ganancias 2004 y el Impuesto a las Salidas No Documentadas periodo fiscal diciembre 2004, inició el 01/01/2006 y para los meses de abril a noviembre de 2004 de este último gravamen operó a partir el 01/01/2005, venciendo el plazo, para ejercer las facultades por parte del Fisco Nacional, el 01/01/2011 y 01/01/2010, respectivamente.
Teniendo en cuenta que los actos administrativos fueron dictados el 11/09/2015, corresponde considerar si resulta aplicable alguna causal de suspensión y/o interrupción del curso de la prescripción.
Que el artículo 44 de la ley 26.476 estableció la suspensión con carácter general por el término de un (1) año del curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales. Que allí se dispuso que dicha normativa entrara en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, es decir el 24 de diciembre de 2008, por lo que en virtud de lo expuesto, el término de la prescripción se extendió un año más hasta el 01/01/2012 y 01/01/2011, respectivamente.
Que en ese ínterin, cuando aún restaban un año, tres meses y diez días, el organismo fiscal efectuó la denuncia penal -21/09/2010-, la que quedó firme por la sentencia de sobreseimiento en sede penal el 17/12/2013, a los que se adicionaron 180 días hábiles por aplicación del artículo 65 inc. d) de la ley 11.683, mas el periodo pendiente de un año, tres meses y diez días la fecha en la cual operó la prescripción de las acciones y poderes del Fisco Nacional fue el 20/12/2015, por lo tanto respecto del Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2004 y Salidas No Documentadas por el mes de diciembre 2004, se evidencia que al momento de la notificación de las resoluciones aquí en trato -11/09/2015- el ente fiscal se encontraba plenamente facultado para la aplicación de las sanciones fijadas, por lo que corresponde rechazar los planteos de prescripción efectuados por la recurrente respecto de los impuestos y periodos citados, con costas Que resta tratar la prescripción acerca del Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas por los períodos fiscales abril a noviembre 2004.
Que el Fisco Nacional entiende que el plazo de prescripción inició el 01/01/2006 en atención a lo dispuesto en el artículo 68 inciso a) –interrupción-, el cual establece que ante la comisión de posteriores infracciones, el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1º de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible. En este sentido, explica que a la sanción en el gravamen bajo trato por los periodos abril, mayo, junio, agosto, noviembre y diciembre 2004 luego se le adicionaron junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2005, por lo que en los términos del citado artículo considera que el período de prescripción inicia a partir del 01/01/2006.
Que a mayor abundamiento cabe mencionar que el concepto de “comisión de nuevas infracciones” debe ser entendido en los términos del artículo 67 inciso a) del Código Penal, en el sentido que la prescripción se interrumpe por la comisión de otro delito, siendo preciso que el nuevo hecho haya sido dictado dentro del término de la prescripción aplicable al primer hecho. Ello ha sido sostenido por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, la CSJN y la Cámara Federal de Casación Federal en numerosos pronunciamientos.
Que por su parte, el Tribunal de Alzada manifestó recientemente que en la causa “Bonavia, Horacio Julio (TF 48.409-I) c /DGI” de fecha 15/09/2022, que “para que surta efecto la causal de interrupción de la prescripción, resulta necesaria la declaración de la existencia de una infracción ulterior y de la responsabilidad de la persona mediante una resolución condenatoria firme, administrativa y/o judicial”
Que del caso de marras surge que el 21 de septiembre de 2010 el Fisco Nacional interpuso la denuncia penal ante el Juzgado Federal de Mercedes, conforme surge a fs. 1/13 de los antecedentes administrativos cosidos por cuerda (Expte Nº 45.801-I)
Posteriormente, el 11 de abril de 2013 tal como obra a fs. 1555/1559 el citado Juzgado resolvió sobreseer parcialmente a José Luis Ruffolo y a Julia Alicia Ruffolo del delito previsto en el artículo 1º de la ley 24.769 (sustituido por la ley 26.735) en orden a la presunta comisión del delito evasión del Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas e Impuesto a las Ganancias ambos correspondientes al período fiscal 2004. Que dicha resolución fue apelada por las partes y remitida a la Alzada, emitiendo su pronunciamiento el 17/12/2013, confirmando el procesamiento de ambos imputados y, entre otras cosas, recomendó avanzar con la producción de ciertas medidas probatorias tendientes al esclarecimiento de la adjudicación delictiva sostenida (fs. 1076/1083), pero excluyendo los meses de abril a noviembre 2004.
Que por lo tanto, encontrándose firme la sentencia mencionada ut-supra debido a que la misma no se encuentra apelada ante la CSJN y toda vez que las nuevas infracciones invocadas por el Fisco Nacional no se encuentran firmes, ya que se recurren en esta instancia, corresponde hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora respecto del Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas periodos fiscales abril a noviembre 2004, con costas.
VIII. Que ello así cabe establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho, analizando los ajustes en el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias.
Que de los antecedentes administrativos y del informe final de inspección que se desprende de él surge que la actividad principal de Vertrauen es la venta de vehículos automotores, siendo concesionaria de DCA. Que la operatoria de autos se centra en la realización de operaciones de canje de cereal por automotores. En la misma, los productores o acopiadores podían acercarse a DCA o cualquiera de sus concesionarias y luego de ser auditados por Louis Dreyfus Ltda. S.A., concretaban el canje facturando el cereal que entregaban y recibiendo el vehículo que era debidamente facturado por DCA. Por su parte, Vertrauen se limitaba a dar a conocer a los potenciales clientes las diferentes unidades en venta disponibles y sus precios, acercándolos a DCA y percibiendo por ello una comisión en virtud de la cual emitía e ingresaba el impuesto generado en consecuencia. En algunas oportunidades, el cerealista no quería disponer el rodado recibido por lo que le solicitaba a la concesionaria que lo vendiera en su nombre, percibiendo por ello una comisión. Para formalizar la operación se realizaba una cesión de derechos y obligaciones a favor de la sociedad para que éste pudiera facturar el vehículo al comprador final a nombre propio.
En consecuencia, el crédito fiscal computado en las declaraciones juradas en el Impuesto al Valor Agregado se encontraba representado por las facturas que las cerealeras emitían y los comprobantes de compra realizados por DCA bajo la modalidad de adquisición anticipada.
Que en las presentes actuaciones se realizaron tareas tendientes a verificar las operaciones efectuadas con Prato Cereales S.A., Aquilino Martínez e hijos S.A., Klimar S.A., Gre-go S.R.L., Mario Daniel Batista, y Alejandro Gabriel Castelli, los cuales atento a las irregularidades que presentaban fueron declarados como apócrifos. En efecto, el ente fiscal impugnó los créditos fiscales computados en el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales enero 2004 a mayo 2006 así como también el gasto deducido en el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios 2003 a 2005.
Que resulta oportuno mencionar las irregularidades detectadas con relación a los proveedores impugnados: • PRATO CEREALES S.A.: Se dedica a la venta al por mayor en comisión o consignación de cereales. Se encuentra incluido en la base e-Apoc bajo la condición “Empresa Desactivada”. El adquirente del 99% de las acciones de la sociedad es el Sr. Domingo Osvaldo Chaves, quien manifestó no tener relación con la firma Prato Cereales S.A. y no recuerda haber firmado documentación alguna que lo involucre en la formación de una sociedad siendo su actividad jornalero eventual bajo relación de dependencia. La sociedad aludida no posee inmuebles, automotores, ni maquinaria agrícola a su nombre; no dispone acreditaciones bancarias en el período enero de 2003 a diciembre de 2005; no registra retenciones sufridas en el Impuesto al Valor Agregado, en el período fiscal enero de 2003 a diciembre de 2005. En el Impuesto a las Ganancias, la última DDJJ presentada corresponde al ejercicio 2003, mientras que en el Impuesto al Valor Agregado, durante el ejercicio fiscal 2004 registra débitos y créditos fiscales por importes similares. Desde 12/2004 a 09/2005 presenta DDJJ sin movimientos. La operatoria –cesión de facturas- con el citado proveedor fue efectuada durante los períodos 01/2004 a 11/2004, tal como obra en las facturas acompañadas a fs. 178/187.
• AQUILINO MARTINEZ E HIJOS S.A.: Su actividad es el cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas. Realizó operaciones con Vertrauen en los periodos julio 2005 a marzo 2006, por un total de 205 vehículos, conforme luce en las facturas acompañadas a fs. 167/176. Su Presidente es Julio C. Borromeo Castignani, quien, a su vez, integra otra empresa perteneciente a uno de los cerealistas objetados (Klimar S.A.). La otra socia es su hermana, María Amanda Borromeo Castignani quien manifestó desconocer la existencia de la firma en la que figura como accionista, así como también a una serie de sociedades vinculadas a la misma. Indicó que se desempeña laboralmente como secretaria en un consultorio médico No registra alta como empleador ni posee bienes registrables. Su última declaración jurada del Impuesto a las Ganancias presentada corresponde al ejercicio 2004, y en el Impuesto al Valor Agregado presentó declaraciones juradas sin movimientos durante los meses de 01/06 a 03/06. Se observa que los débitos fiscales declarados son inferiores a los estimados en función de las retenciones del Impuesto del Valor Agregado sufridas informadas por los agentes de retención y las compras informadas en el marco de la R.G: N° 78 (AFIP).
• KLIMAR S.A.: Su actividad es el cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas. Se encuentra incluido en la base E-Apoc, por la condición de “Usina. Empresa desactivada”. No registra alta como empleador, no es titular de inmuebles ni automotores, no tiene acreditaciones bancarias. El presidente de la firma, Sr. Julio Cesar Borromeo Castignani, es también presidente y accionista de Aquilino Martínez e Hijos S.A. Comercializó con la recurrente durante los períodos 04/2006 y 05/2006 un total de 40 vehículos. • GRE-GO SRL: Su actividad es el cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas. Realizó operaciones con la contribuyente durante los periodos enero a mayo 2005, conforme surge en las facturas aportadas a fs. 158/162. El socio gerente, Germán Alfredo Goyena, manifestó que la sociedad dejó de dedicarse a la actividad de arrendamiento de inmuebles rurales a comienzos del año 2005 y que trabaja en relación de dependencia en Juven Sport, de la ciudad de Junín. No posee libros de IVA. Señala que no fue propietario de ningún inmueble rural y que no tiene en su poder ningún contrato de arrendamiento, no recordando a las personas que le arrendaba los campos, entre otras cosas. No registra alta como empleador ni posee bienes registrables.
• MARIO DANIEL BATISTA: Se dedica al cultivo de soja. Declaró que trabajó en un estudio contable donde el Sr. Fernando Molinar le propuso prestar su nombre para actuar como productor agropecuario a cambio de una suma de dinero que nunca recibió. Desconoció haber celebrado operaciones con la firma DCA. La última declaración jurada presentada en el Impuesto a las Ganancias corresponde al ejercicio 2005 y en el Impuesto al Valor agregado presenta declaraciones juradas entre 03/2006 al 08/2006. No registra alta como empleador. El domicilio registrado, -España N° 463, Bragado- es además domicilio fiscal de la firma Klimar S.A.La operatoria con este proveedor fue durante los períodos 03/2006 y 04/2006, por un total de 46 vehículos comercializados.
• MAYPUN S.A.: Se dedica al cultivo de soja. Comercializó 14 automotores con la sociedad de autos durante junio y julio 2005, conforme obra en las facturas aportadas a fs. 164/165. Firma no localizada que se encuentra dada de baja del Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas, por no responder los requerimientos solicitados. Se contactó a la presidenta y accionista de la sociedad, quien manifestó desconocer a la firma. Señala que nunca fue integrante, ni directora, ni accionista de la misma, que desconoce la actividad de la empresa, que nunca realizó operaciones de venta de cereal y que jamás fue productora agropecuaria A su vez, Marco Javier, director suplente de la sociedad y hermano de la citada presidenta de la sociedad, también desconoció a Maypun S.A. La última declaración jurada de Impuesto a las ganancias corresponde al ejercicio fiscal 2004, mientras que en el impuesto al Valor Agregado la última declaración jurada presentada corresponde al período fiscal 08/2005. No registra alta como empleador ni posee bienes registrables • ALEJANDRO GABRIEL CASTELLI: Se dedica al cultivo de soja y trigo. Su concubina, la Sra. Ana Asunción Moldovan, manifestó que el Sr. Castelli hace nueve años que sufre depresión y es imposible que haya realizado las operaciones comerciales que se investigan en autos. No registra alta como empleador. La última declaración jurada de Impuesto a las Ganancias corresponde al ejercicio fiscal 2004 y la última del Impuesto al Valor Agregado al período 03/2005. La operatoria observada transcurre durante los períodos 04/2005 a 06/2005, por un total de 33 vehículos, tal como obra en las facturas aportadas a fs. 189/191.
Que en efecto, los proveedores Aquilino Martínez e Hijos, Alejandro Gabriel Castelli, Gre-go S.R.L, Klimar S.A, Mario Daniel Batista, Maypun S.A. y Prato Cereales S.A., no evidencian capacidad económica y financiera para operar, registrando numerosas irregularidades en torno a los presidentes, accionistas y socios los cuales negaron su participación en las mismas o bien desconocían su existencia. A ello se le adiciona la ausencia de presentación de declaraciones juradas en el Impuesto al Valor a Agregado en los períodos en que comerciaron con la actora y que muchos de ellos fueron excluidos del Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de granos y legumbres secas, mientras que otros no pudieron ser localizados o no poseen bienes registrables así como tampoco registran el alta como empleador, todos ellos aspectos de trascendencia para la actividad desplegada. Que frente a esta circunstancia, la recurrente sostiene en su defensa que las facturas que instrumentan las operaciones cumplen con la normativa vigente y que ninguna norma impone a su cargo el deber de constatar el cumplimiento que los proveedores den a sus obligaciones fiscales. En esta línea de pensamiento, expone que no le resultan imputables los incumplimientos de un tercero.
Que cabe destacar que el argumento del organismo fiscal para impugnar el cómputo del crédito fiscal radica en sostener que los elementos reunidos permiten cuestionar la realidad de las transacciones comerciales, al carecer los proveedores de capacidad operativa y financiera para realizar las operaciones.
Que ello así, debe resaltarse que los agravios esgrimidos por la actora corresponden a aspectos formales, al hacer referencia únicamente a las facturas, a los recibos aportados y a los comprobantes que verifican la validez de las facturas extendidas, extremos que por sí solos no logran demostrar la realidad de las operaciones contenidas en dicha facturación, al no acreditar que los bienes/servicios hayan sido reales y sean efectuados por los proveedores cuestionados en autos. En efecto la circunstancia de que un proveedor no se encuentre incluido en la base de datos apoc no implica que posea capacidad operativa para operar debido a que la sola inclusión no constituye por sí misma el motivo del cuestionamiento de la validez de su facturación, sino que a ello se agregan las restantes constataciones efectuadas por el personal fiscalizador, las que deben ser rebatidas por la recurrente. Por consiguiente, no resulta suficiente el cumplimiento de los recaudos formales, sino que también es necesario la consumación del aspecto material referido a la existencia de las operaciones. (Stop Car S.A. (TF 26.815-I) c/ DGI".).
Que en este orden de ideas, cabe agregar que algunos de los cheques emitidos por Vertrauen Automotores a los proveedores Prato Cereales S.A., Alejandro Gabriel Castelli, y Aquilino Martínez e Hijos S.A., fueron cobrados por el presidente, Ruffolo José Luis o un empleado de la concesionaria habiendo incluso tres cheques en blanco cobrados nuevamente por personal de dicha sociedad y por otra parte se efectuaron pagos en efectivo, situación que no permite la trazabilidad del dinero pagado.
Que en el caso bajo trato, no se cuestiona si los granos y cereales fueron recibidos y luego enajenados; sino si el dador formal del crédito fiscal es quien efectivamente realizó la operación y luego cedió el derecho otorgando un crédito fiscal a Vertrauen, por lo que los oficios contestados a fs. 324, 350/351, 1044/10417, 319, 388/394 al hacer referencia al circuito físico de la operación de canje, no aportan probanzas a los fines de desvirtuar el criterio fiscal.
Por otra parte los pagos a los servicios de publicidad del Sr. Leandro Iglesias fueron realizados a través de cheques emitidos a la orden, sin embargo del análisis efectuado por el ente fiscal no surge que los mismos hayan sido depositados en su cuenta bancaria. Asimismo debe señalarse que la facturación se encontraba a nombre de Sonia Iglesias, quien desconoce a Leandro Iglesias.
Que la pericial contable agregada a fs. 403/408 hace referencia a los requisitos formales de la firma y nada dice respecto de las operaciones cuestionadas en autos, por lo que tampoco acredita la existencia del verdadero proveedor de cereal.
Que es preciso mencionar que de la propia respuesta brindada por DCA a fs. 324 surge que dicha firma también recibió impugnaciones al crédito fiscal por parte del Fisco Nacional por las operaciones efectuadas con los proveedores observados, sin que se precise el resultado y el condicionamiento para el crédito fiscal facturado por los cerealistas.
Que asimismo, de los comprobantes acompañados en autos y que surgen de las actuaciones administrativas se desprende que las facturas de venta en toda la operatoria donde han intervenido DCA, Vertrauen y los cerealistas fueron efectuadas al contado y en todas ellas figura un certificado donde el contribuyente cede los derechos a Vertrauen, hecho que resulta sospechoso e incoherente ya que muchos de los proveedores cuestionados desconocen haber realizado operaciones con la actora.
Que respecto a los pagos a los cedentes, los mismos fueron efectuados en efectivo o mediante cheques, hecho que se confirma con las declaraciones testimoniales de los Sr. Cristian Agote (fs. 341) y Osvaldo Luis Cremona (fs. 355/357). En este punto cabe resaltar que gran parte de los cheques emitidos por la concesionaria fueron endosados y cobrados por el Sr. Ruffolo Jose Luis, presidente de Vertrauen, o por los empleados de la misma, no permitiendo de esta forma constatar el real receptor de los montos involucrados en cada cesión de factura. Que no se debe olvidar que la operación realizada por la recurrente es la venta de los vehículos automotores a los destinatarios finales y la mayoría de sus pagos se hicieron en efectivo, a través de sumas de gran monto. Que en consecuencia, resultan insuficientes los elementos probatorios reunidos en la instancia administrativa para demostrar la existencia y procedencia de las operaciones, así como la prueba pericial contable, informativa y testimonial producida en esta instancia, lo que evidencia la ausencia de pruebas categóricas y conducentes para desvirtuar la postura fiscal.
Que por lo tanto, teniendo en cuenta la prueba colectada, cabe concluir que la recurrente no aportó elementos de convicción que permitan descalificar las objeciones realizadas por el Fisco Nacional con relación a los proveedores impugnados, en particular respecto a la falta de capacidad económica y operativa constatada. Dicha convicción conduce a sostener que los proveedores bajo análisis no resultaban hábiles para ser generadores de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado, así como tampoco procedería la deducción íntegra del gasto en el Impuesto a las Ganancias.
Que en este punto, cabe resaltar que si bien las operaciones de compra del cereal, tal como han sido instrumentadas, fueron calificadas acertadamente como apócrifas, ya que no fueron efectivamente realizadas por los emisores de las facturas, el Fisco Nacional procedió a impugnar el crédito fiscal en el IVA pero mantuvo las deducciones por costos de adquisición por las unidades automotores adquiridas, no así los conceptos de participación en la venta de unidades en el Impuesto a las Ganancias, cuestión que se verá desarrollada más adelante.
Tampoco resulta aplicable la jurisprudencia citada por la recurrente (fallo Mera) ya que la violación a la ley 25.345, se encuentra complementada con la ausencia de sustancia en las operaciones involucradas.
IX. Que corresponde analizar los ajustes realizados en el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2003, 2004 y 2005.
Que respecto a dicho impuesto el Fisco Nacional efectuó tres ajustes: i) impugnación de la deducción de los gastos en concepto de “participación en la venta de unidades” o “comisión”, y de “publicidad”, facturados por proveedores apócrifos, ii) “intereses presuntos por disposición de fondos a favor de terceros”, a la luz de lo normado por el art. 73 de la ley de Impuesto a las Ganancias, en relación a los saldos deudores correspondientes al Sr. Ruffolo Jose Luis y la Sra. Ruffolo Julia Alicia – directores de la firma- y iii) deducción improcedente como gasto del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
Que el primer ajuste se efectúa debido a que Vertrauen abonó a Prato Cereales S.A., Aquilino Martinez e hijos S.A, Castelli Alejandro Gabriel y Maypun S.A importes facturados por estos últimos en concepto de participación en la venta de unidades o comisiones y a Sonia García las facturas realizadas por ella en concepto de servicios de publicidad y propaganda, deduciendo dichos gastos en las declaraciones del impuesto bajo trato.
Que frente a dicho accionar el ente fiscal efectuó un análisis de las siguientes cuentas contables: a) comisiones de terceros, b) comisiones sobre bonificaciones y c) publicidad, requiriéndole a la contribuyente que presente toda la información respaldatoria que justifique la composición del saldo en las citadas cuentas.
Que luego del análisis de las mismas se detectó que las facturas realizadas por los proveedores apócrifos y abonadas por Vertrauen no responden a una contraprestación probada, es decir los proveedores cuestionados, es decir de autos no surge que Prato Cereales S.A., Aquilino Martinez e hijos S.A, Castelli Alejandro Gabriel y Maypun S.A hayan prestado servicios en la participación en la venta de unidades.
Que respecto de los servicios de publicidad y propaganda cabe resaltar que en la etapa administrativa la fiscalización constató que la facturación fue supuestamente emitida por Sonia García, quien manifestó desconocer al Sr. Iglesias concluyendo de esta forma que la Sra. García nunca presto servicio de publicidad alguno a la contribuyente; hecho que justifica la postura Que debe señalarse que los pagos efectuados por Vertrauen a los citados proveedores fueron realizados en su mayoría en efectivo, conforme se expuso en las declaraciones testimoniales obrantes a fs. 341, 355/357, 365/382. Que si bien hubo pagos realizados con cheques en nombre propio cabe resaltar que del análisis de los antecedentes administrativos surge que los mismos fueron cobrados por el presidente de Vertrauen, José Luis Ruffolo.
Que por lo tanto le asiste razón al criterio fiscal adoptado en lo que hace a la impugnación del gasto por las operaciones comprendidas con sujetos sin capacidad económica.
Que el segundo ajuste se aplica sobre “intereses presuntos por disposición de fondos a favor de terceros”, a la luz de lo normado por el art. 73 de la ley de Impuesto a las Ganancias, en relación a los saldos deudores correspondientes al Sr. Ruffolo Jose Luis y la Sra. Ruffolo Julia Alicia – directores de la firma-. Respecto del mismo, la recurrente alega que la disposición de fondos a favor de los directores fue en favor de la sociedad, expresando que intentaron proteger parte del capital social, razón por la cual entiende que esos retiros deben considerarse “en interés de la empresa”.
Que el mencionado artículo dispone que "toda disposición de fondos o bienes efectuados a favor de terceros por parte de los sujetos comprendidos en el artículo 49, inciso a) – texto vigente-, y que no respondan a operaciones realizadas en interés de la empresa, hará presumir, sin admitir prueba en contrario, una ganancia gravada equivalente a un interés con capitalización anual no menor al fijado por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para descuentos comerciales o una actualización igual a la variación del índice de precios al por mayor, nivel general, con más el interés del OCHO POR CIENTO (8 %) anual, el importe que resulte mayor." Que a su vez, el art. 103 del decreto reglamentario especifica que "a los efectos de la aplicación del artículo 73 de la ley –texto vigente-, se entenderá que se configura la disposición de fondos o bienes que dicha norma contempla, cuando aquéllos sean entregados en calidad de préstamos, sin que ello constituya una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa o deben considerarse generadoras de beneficios gravados." "Se considerará que constituyen una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa, las sumas anticipadas a directores, síndicos y miembros de consejos de vigilancia, en concepto de honorarios, en la medida que no excedan los importes fijados por la asamblea correspondiente al ejercicio por el cual se adelantaron y siempre que tales adelantos se encuentren individualizados y registrados contablemente."
Que en tenor de lo expuesto, debe señalarse que la presunción establecida en el artículo 73 de la ley del Impuesto a las Ganancias opera cuando se verifica una disposición de fondos a favor de terceros, que no responde a operaciones realizadas en interés de la empresa, con sustento en que para la ley toda deuda devenga intereses, por lo que obliga a computar aun los presuntos. En este sentido, el objetivo de la norma es evitar que con la figura de la disposición de fondos se generen rentas gravadas que estén fuera del alcance del tributo.
Que por lo tanto y en contraposición a lo manifestado por la actora al referirse a la figura de los directores en la sociedad, debe destacarse que el hecho de que los destinatarios de los fondos sean sus directores, los que, a su vez, son accionistas, no enerva la aplicación del artículo en cuestión, tratándose de terceros respecto de la sociedad, resultando evidente la diferenciación entre la sociedad y los socios, atento la separación de personalidades existentes, establecida tanto en el derecho privado como en la legislación tributaria. (Pihue SA s/apelación- TF 28/03/2017).
Que durante la etapa administrativa se analizó la cuenta particular de los Sres. Ruffolo José Luis y Ruffollo Julia Alicia las cuales evidenciaban un importante saldo deudor en el curso de los ejercicios cerrados en los años 2004 y 2005, por lo que en virtud de lo expuesto corresponde confirmar el criterio adoptado por el Fisco Nacional. Que finalmente resta referirse al último ajuste efectuado en el en el Impuesto a la Ganancias el cual considera improcedente la deducción como gasto por el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, toda vez que entiende que no corresponde el cómputo del gravamen.
Que con relación al mismo la actora sostiene que el citado tributo constituyó una erogación efectiva, por lo que considera que no debe ser ajustado al momento del balance impositivo, y la empresa no tuvo posibilidad alguna de compensar el impuesto con futuras ganancias.
Que por su parte el Fisco Nacional impugna su cómputo al entender que el gravamen en cuestión no es un gasto necesario para mantener y conservar las ganancias gravadas.
Que ello así, cabe mencionar que el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta fue creado por el Título V de la ley 25.063 y alcanza la totalidad de los activos del país y del exterior de las empresas, aplicándose el mismo por un período de 10 (diez) años.
Que el artículo 13 de la citada norma establece que los pagos efectuados por el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta habilitan, para los diez ejercicios siguientes, su cómputo como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias.
Que del informe final de inspección (fs. 33/49 tercer cuerpo de los antecedentes administrativos- Impuesto a las Ganancias) se desprende que del análisis del cuadro de gastos consignado en los estados contables de los ejercicios 2003, 2004 y 2005, se observó el cómputo como tal del monto correspondiente al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, no hallándose su corrección en los ajustes al resultado contable en oportunidad de presentar las declaraciones juradas del impuesto que nos ocupa.
Que en este orden de ideas resulta evidente que el gravamen ingresado no reviste el carácter de un gasto deducible en el Impuesto a las Ganancias, sino que constituye un derecho cuyo ejercicio queda subordinado a obligaciones impositivas futuras, por lo que le asiste razón al criterio fiscal adoptado, por lo que cabe confirmar el presente ajuste.
X. Que resta tratar el ajuste en relación al Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas. Que el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias (“t.o en 1998) Dto 649/97) establece que “cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento (35%) que se considerará definitivo”; mientras que el art. 38 de dicha ley dispone que "no se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior, en los siguientes casos: a) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes, b) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos -por su monto, etc,- no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario”.
Que con relación a la jurisprudencia, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver la causa “Red Hotelera Iberoamericana” del 26/8/2003 señaló: “18) Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.
19. Que lo aseverado se apoya en conocidos criterios, establecidos desde antiguo por el Tribunal, en el sentido de que la proscripción de la aplicación analógica o extensiva de la ley -como ocurre en el campo penal y en el tributario- no excluye la hermenéutica que cumpla el propósito legal, con arreglo a los principios de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 254:362; 256:277) o, dicho en otras palabras, ‘las normas impositivas no deben necesariamente entenderse con el alcance más restringido que su texto admite, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación’ (Fallos: 243:204 y su cita, entre otros).
20. Que, en ese mismo sentido, debe ponerse de relieve que de acuerdo con lo prescripto por la ley 11.683 (artículos 1 y 2 en el t.o. 1998), en materia de interpretación de las leyes impositivas debe atenderse al fin de ellas y a su significación económica, lo que impide otorgar relevancia a la mera existencia de un instrumento si se demuestra que éste no refleja la realidad económica.
21. Que, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que tanto en uno como en el otro supuesto mencionado en el considerando 18, la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta - en lo relativo al propósito de la ley- que, como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos: 323:3376, el instituto de las “salidas no documentadas” ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos: 275:83, citado en el mencionado precedente).
23. Que, por lo demás, la doctrina del precedente de Fallos: 323:3376 lleva a descartar que el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias revista el carácter de una norma sancionatoria…”
Que en igual sentido se pronunció dicho Tribunal con fecha 27 de septiembre de 2011 in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” donde al remitirse al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, sostuvo en su parte pertinente que “....ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado)....”, reiterando dicho criterio en la causa “Antu Aplicaciones Industriales Integradas S.A. - TF 20958-I c/ DGI” de fecha 31 de julio de 2012.
Que ello así, a tenor de lo apuntado corresponde valorar los elementos de prueba colectados durante la fiscalización y ante esta instancia, debiendo evaluarse si se ha logrado la efectiva individualización de los beneficiarios.
Que de los antecedentes administrativos y de los relatos efectuados por la recurrente en su escrito recursivo se desprende que los pagos de la actora a los cedentes fueron realizados en efectivo o mediante cheques, hecho que se confirma con las declaraciones testimoniales de los Sr. Cristian Agote (fs. 341) y Osvaldo Luis Cremona (fs. 355/357).
Que cabe resaltar que gran parte de los cheques emitidos por la concesionaria fueron endosados y cobrados por el Sr. Ruffolo Jose Luis, presidente de Vertrauen, o por los empleados de la misma, no permitiendo de esta forma constatar el real receptor de los montos involucrados en cada cesión de factura.
Dicho accionar se verifica en los cheques emitidos por Vertrauen Automotores a los proveedores Prato Cereales S.A., Alejandro Gabriel Castelli, y Aquilino Martínez e Hijos S.A., Por su parte los pagos a los servicios de publicidad del Sr. Leandro Iglesias fueron realizados a través de cheques emitidos a la orden, sin embargo del análisis efectuado por el ente fiscal no surge que los mismos hayan sido depositados en su cuenta bancaria Que para aplicar el instituto de las Salidas no Documentadas, el Fisco Nacional cuestiona que las sumas no fueron percibidas por los proveedores, ya que éstos no fueron quienes llevaron a cabo las operaciones facturadas, y si bien en algunos de los casos ha sido individualizado quien resultó perceptor de los montos involucrados en las órdenes de pago con motivo de los distintos endosos realizados, éstos no resultan ser los sujetos que facturaron las operaciones aquí cuestionadas. Por lo que, de esta manera el beneficiario del pago de la operación reflejada en ese comprobante permanece oculto, generando una salida de fondos no documentada al carecer dicho instrumento de aptitud para individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario. Que a ello cabe agregar, que de admitirse que el beneficiario se encuentra identificado por el hecho de que una persona física o jurídica -distinta a la que emitió la factura- figure como perceptor en el cheque endosado, llevaría a neutralizar la aplicación de la figura de la salida no documentada.
Que por lo tanto, al verificarse el presupuesto que hace a la aplicación del impuesto previsto en el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias, es decir un beneficiario oculto, procede la confirmación de este ajuste respecto de los periodos fiscales diciembre 2004 y enero a diciembre 2005. Las costas se imponen a la actora.
XI. Que resta referirse a las multas aplicadas con sustento 46 y 47 inc. a) y b) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.). Que de los antecedentes administrativos que se agregan por cuerda (Expte Nº 45.801-I), surge que el 21 de septiembre de 2010 el Fisco Nacional interpone la denuncia penal al Juzgado Federal de Mercedes, conforme surge a fs. 1/13 de los antecedentes administrativos cocidos por cuerda.
Que el 11 de abril de 2013 y conforme surge a fs. 1555/1559 el citado juzgado resolvió sobreseer parcialmente a José Luis Ruffolo y a Julia Alicia Ruffolo del delito previsto en el artículo 1º de la ley 24.769 (sustituido por la ley 26.735) en orden a la presunta comisión del delito evasión del Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas, Impuesto a las Ganancias correspondientes al período fiscal 2004. Dicho pronunciamiento fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal de San Martín tal como obra a fs. 1076/1083 Posteriormente, el 21 de abril de 2015 el referido juzgado dictó sentencia de sobreseimiento total por extinción de la acción penal ante el fallecimiento de José Luis Ruffolo y por entender que el hecho investigado no fue cometido por la imputada Julia Alicia Ruffolo con respecto al Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales 01/2004 a 05/2006 y el Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas por el ejercicio fiscal 2005.
Que a raíz de lo establecido en el art. 20 de la ley 24.769 y ante la sentencia firme planteada en el párrafo anterior el 11 de septiembre de 2015 la División Revisión y Recursos de la Región Mercedes resuelve mediante las resoluciones 396/2015, 397/2015 y 398/2015 aplicarle al contribuyente las multas apeladas en marras. Que el artículo 46 de la mencionada ley (texto vigente) dispone que “el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”.
Que en el caso en autos, el elemento objetivo requerido por la norma del art. 46 queda acreditado mediante la omisión de impuesto siendo el mismo declarado en menor medida, hecho que implica un daño al bien jurídico protegido que es la recaudación fiscal.
Que respecto al elemento subjetivo, se ha interpretado que para su configuración se requiere no sólo la intención (dolo) de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima del mismo. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, "Depetris Lelio C. y Depetris Marcelo C SH (TF 24.412-I)", Expte. 26.495/06, sentencia del 11/03/08).
Que el considerando VIII demuestra la actitud dolosa de la recurrente al declarar impuesto en menor medida, advirtiendo a su vez que la prueba ofrecida en autos nada dice acerca del verdadero destinatario de dichas operaciones, motivo por el cual corresponde tener por configurado el elemento subjetivo de la sanción. Que en lo que respecta a las presunciones establecidas en el artículo 47, debe mencionarse que las mismas admiten prueba en contrario y en tal sentido es resorte de la actora proponer y ofrecer las pruebas que hagan a su derecho a fin de desvirtuar las afirmaciones vertidas por el ente recaudador. Por su parte, dicho artículo dispone que “Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: b) la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible.”
En efecto, se verifica que la actora no acompañó los elementos probatorios suficientes que permitan acceder al convencimiento de que la misma ha procedido conforme a derecho, sino que, por el contrario, las irregularidades pueden considerarse como maniobras tendientes a ocultar al Fisco Nacional la verdadera magnitud de la operatoria comercial que lleva a cabo.
Que, por lo tanto, al no haberse aportado elementos que justifiquen apartarse del encuadre jurídico dado por el juez administrativo a la conducta de la aquí apelante, corresponde disponer la confirmación de las multas aplicadas. Las costas se imponen a la vencida.
Respecto a la Resolución N° 398/2015 por la que se aplicó multa en el Impuesto a las Ganancias –salidas no documentadas-, ordénese a la AFIP-DGI para que en el plazo de treinta (30) días proceda a reliquidar la obligación tributaria de acuerdo con lo expuesto en el considerando VII. A tales fines, por Secretaría General de Asuntos Impositivos remítanse los antecedentes administrativos al organismo fiscal por el plazo acordado precedentemente.
XII. Finalmente acerca de los intereses resarcitorios reclamados, cabe señalar que los mismos han sido liquidados en conformidad con lo prescripto en el art. 37 de la Ley de Procedimiento Tributario y que la recurrente no planteo agravios concretos al respecto. En consecuencia corresponde disponer su confirmación. XIII.-Por los motivos enunciados en los considerandos VII a XII corresponde rechazar parciamente los recursos planteados por la recurrente, confirmando las resoluciones apeladas, con costas, excepto la multa sobre Salidas No Documentadas por los meses abril a noviembre 2004 la que se declara prescripta, de acuerdo a lo dispuesto en el considerando VII, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que adhiere en lo sustancial a los argumentos del Dr. Martín para rechazar los planteos de nulidad, y los que llevan a confirmar los ajustes efectuados en las resoluciones determinativas de IVA –períodos enero de 2004 a mayo 2006-, Impuesto a las Ganancias –períodos 2003 a 2005- y Salidas no Documentadas – operaciones atribuidas a los períodos abril a junio, agosto, noviembre y diciembre de 2004 y junio, agosto a diciembre de 2005 vide fs. 546/547-. con más sus intereses resarcitorios.
II-. Sentado ello, corresponde referirse a los agravios vertidos respecto de las multas impuestas.
1. En primer lugar adhiero a la solución propiciada por el Vocal Instructor en cuanto desestima el planteo de prescripción para aplicar multas referidas al Impuesto a las Ganancias del período 2004 y Salidas no Documentadas de diciembre de 2004.
2. Que sobre la defensa de prescripción opuesta por la actora respecto de la facultad del Fisco Nacional para aplicar multa en Salidas no Documentadas por los períodos abril a junio, agosto y noviembre de 2004, cabe señalar previo a todo que es la misma recurrente quien, conforme surge de fs. 1342, expone que “las acciones y poderes del organismo para aplicar una sanción respecto del Impuesto a las Ganancias- Salidas no Documentadas 04/2004 a 12/2004 comenzó a computarse con fecha 01/01/2006”.
Ello así y de acuerdo con lo establecido por los arts. 56 y 58 de la Ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y modif.) las acciones y poderes del Fisco para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en el caso de contribuyentes inscriptos prescriben por el transcurso de cinco (5) años, término que comienza el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible.
A partir del cómputo efectuado por la actora, la prescripción habría operado el 13 de diciembre de 2014, teniendo en cuenta como causal suspensiva la fijada por el inciso d) del art. 65 de la ley N° 11.683, que a partir de la modificación introducida por la N° Ley 25.795 -con vigencia desde el 17/11/03-, dispone que: “se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales: ...d) Igualmente se suspenderá la prescripción para aplicar sanciones desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecida en el artículo 29 de la ley N° 24.769, por presunta comisión de alguno de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los ciento ochenta (180) días posteriores al momento en que se encuentre firme la sentencia judicial que se dicte en la causa penal respectiva.” En este caso, tal causal debe computarse desde la denuncia penal efectuada el 21 de septiembre de 2010 hasta los 180 días hábiles posteriores a quedo firme la sentencia recaída en la instancia penal el 17 de diciembre de 2013.
Sin embargo, la actora omite el año de suspensión que, con carácter general estableció el art. 44 de la ley 26.476, el que se computa a partir del 24/12/2008 (fecha de su publicación en el Boletín Oficial y fecha de vigencia conforme art. 50 de la citada ley).
Que el art. 44 de la ley 26.476 dispone expresamente que el curso de la prescripción se suspenderá por el término de un año con carácter general, desprendiéndose -con total claridad-, la intención del legislador, la cual ha sido extender los efectos de la suspensión a todos los contribuyentes sin excepción, esto es, hayan o no acogido sus deudas a los beneficios conferidos por dicha ley. Ello así, teniendo en cuenta los agravios expuestos por la actora en el punto IV de su recurso y a la luz de las normas analizadas, cabe concluir que al momento del dictado de la resolución apelada, esto es el 11 de septiembre de 2015, todavía se hallaba en curso el término la prescripción por los periodos abril a noviembre de 2004 de Salidas No Documentadas, con lo cual el Fisco estaba habilitado para aplicar las sanciones objeto de la presente litis.
A mayor abundamiento, y en el entendimiento que debe aplicarse al caso lo establecido por el art. 68 inciso a) de la ley de rito fiscal tal como lo plantea el Vocal Instructor en el Considerando VII de su voto, debo señalar que no comparto la interpretación que allí se hace. En tal sentido, cabe recordar que dicha norma dispone que ante la comisión de nuevas infracciones el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1º de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible. Frente a ello, la Alzada tiene dicho que “no es menester que la infracción haya sido juzgada por la autoridad fiscal, 'pues en esta materia, como en lo penal ordinario, el efecto interruptivo deriva del acto ilícito en sí mismo, de su comisión, y no de la decisión judicial acerca de su punibilidad'” (cfr. criterio de Sala V de la Alzada in re “ Sindicato Petrolero de Córdoba, sentencia del 29 de marzo de 2016 y de la suscripta in re “Fhiex S.R.L.” sentencia del 27 de agosto de 2018, entre otros). Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de prescripción formulado por la recurrente.
3. Que no corresponde la imposición autónoma de costas por las defensas tratadas en los puntos precedentes, toda vez que no fueron sustanciadas como de previo y especial pronunciamiento.
4. En virtud de lo decidido en el punto precedente, resta referirse sobre la procedencia de las sanciones aplicadas en IVA, Ganancias y Salidas no Documentadas (Resoluciones N° 396, 397 y 398/2015).
Con relación a la facultad para imponer multas en concepto de Salidas No Documentadas, en virtud de la doctrina emanada de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (vg. entre otros Radio Emisora Cultural SA c/DGI”, del 9 de noviembre de 2000, “Red Hotelera Iberoamericana SA c/DGI”, del 26 de agosto de 2003; “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, del 27 de septiembre de 2011; “Antu Aplicaciones Industriales Integradas SA (TF 20958-I) c/DGI”, sentencia del 31 de julio de 2012), la falencia de la documentación que respalda la erogación es la que da nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, y cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley N° 11.683.
Que para el pago del tributo en concepto de Salidas no Documentadas para los períodos determinados debe tomarse en consideración lo establecido por la Resolución General N° 893/00 (B.O. 13/10/2000), que prevé la forma y plazo para el pago de este gravamen. Que ello así, en el caso de autos no se ingresó el impuesto correspondiente, como tampoco se presentó el volante de pago, el que según la Nota Externa (AFIP) 8/2007 constituye la comunicación de pago a que hace referencia el art. 15 de la ley 11.683. Dicha norma prevé que las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte, tienen el carácter de declaración jurada, pudiendo aplicar el Fisco sanciones en concepto de Salidas no Documentadas.
Que en autos se resolvió que la actora efectuó erogaciones de dinero, correspondientes a operaciones cuya autenticidad no probó. Por lo tanto, en relación a las mismas, el ingreso del tributo debió efectuarse siguiendo la pauta temporal consagrada en la RG 893, lo que no sucedió. Ello se traduce en la omisión de ingreso del impuesto, y justifica la aplicación de sanción (cfr. Sala III de la Alzada in re “La Fuente Combustible SRL”, sentencia del 28 de abril de 2021).
En tal sentido, cabe recordar que sobre el art. 46 de la ley de rito, la Sala IV de la Alzada in re “MG Promociones SRL” (sentencia del 9/09/2014) ha dicho que: “... la configuración del ilícito tipificado en el art. 46 de la ley 11.83 requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de los siguientes tres elementos: a- la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b- un error de la víctima del ilícito; y cla existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito.”
“De manera tal que la figura tipificada en el art. 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco” “Ese elemento intencional se debe exteriorizar en una acción antijurídica por comisión o por omisión y necesariamente se debe acompañar con un elemento material que se traduce en engaño”.
Por su parte, el artículo 47 de ley 11.683, establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consisten en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa; ello así se utilizaron las presunciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 47 de la ley de rito fiscal. En el caso concreto las circunstancias reseñadas en el voto del Vocal Instructor dan cuenta de la existencia grave contradicción entre lo declarado y la información recolectada por el Fisco sumado a que las declaraciones juradas inexactas presentadas en IVA y Ganancias inicialmente tuvieron una grave incidencia en la determinación de la materia imponible, siendo que la recurrente no acreditó ninguna circunstancia que la eximiera de responsabilidad por dichas inexactitudes (cfr. criterio de la Sala V de la Alzada in re “Proms S.A.”, sentencia del 2 de julio de 2019).
En materia de Salidas no Documentadas, el organismo ha demostrado a través de elementos de prueba asertivos y contundentes que la recurrente ha realizado maniobras tendientes a engañar y falsear la realidad de los hechos (esencialmente el uso de facturación apócrifa) y con el propósito de perjudicar Fisco Nacional, lo cual de no mediar la labor de inspección no hubieran sido descubiertas, no existiendo prueba en contrario de la cual pueda inferirse que haya existido error excusable.
Que en esta línea, el Cimero Tribunal sentenció in re “Industrias Delta S.A.I.C. y Otros”, sentencia del 11/09/84: “de la frase referida a la "inversión de la carga de la prueba", no debe inferirse la posibilidad de obligar al procesado a demostrar la falsedad de toda imputación huérfana de apoyo que se le formule, sino la necesidad de acreditar que las defensas que alegue tienen visos de seriedad suficientes para desvirtuar la presunción legal basada en hechos que corresponde probar a la parte acusadora”.
Por lo expuesto y dado que las presunciones de dolo contempladas en los incisos a) y b) del art. 47 citado no fueron debidamente desvirtuadas por la apelante y no advirtiendo razones para reencuadrar o reducir el monto de las sanciones impuestas en los términos del artículo 46 de la ley de rito, corresponde su confirmación.
III. Por ello, voto por confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes. Con costas.
La Dra. O´Donnell dijo:
I. Adhiero en lo sustancial a la decisión propuesta en el voto del Vocal Instructor, toda vez que los antecedentes de hecho difieren de los tenidos en cuenta al fallar en la causa “Dimler Chrysler S.A.” en sentencia de esta Sala del 5 de mayo de 2022, revocada por la Cámara el 5 de octubre de 2023.
II. Sin embargo, respecto al tratamiento del planteo de prescripción desarrollado en el Considerando VII del voto, sobre las facultades del Fisco Nacional para imponer a la recurrente las multa por omisión por las obligaciones determinadas en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2004. Ello, por aplicación del criterio sobre la incidencia del principio de ley penal más benigna sobre las leyes que establecen regímenes excepcionales de regularización de obligaciones fiscales adoptado por la Cámara que ejerce como tribunal de alzada al fallar en la causa “Acifer S.A.”, sentencia del 14 de septiembre de 2004, reiterado en fecha reciente en “Alvarez Hnos. S.A.”, del 23 de diciembre de 2021, entre otros. Por ello, debe entenderse que en el caso particular el plazo de prescripción no fue incidido por la suspensión de un año del art. 44 de la ley 26.476 y, por ende, aún computando la suspensión que sí produjo la suspensión de la promoción de la causa penal –entre el 21.9.2010 y el 17.1.2014-, a la fecha del dictado de las Resoluciones en las que se impusieron las sanciones, el 11.9.2015, el plazo ya se había agotado.
Por ello, con alcances antes indicados, corresponde confirmar parcialmente las Resoluciones recurridas, con costas según los respectivos vencimientos.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de prescripción efectuado por la actora para aplicar multas en Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2004 y Salidas No Documentadas por el mes de diciembre 2004, en virtud de lo expuesto en el considerando VII del Vocal Instructor, con costas.
2. Hacer lugar el planteo de prescripción efectuado por la recurrente para aplicar multa en Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas por los meses abril a noviembre de 2004, atento lo dispuesto en el considerando VII del Vocal Instructor, con costas 3º) Confirmar parcialmente las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas, excepto la multa sobre Salidas No Documentadas por los meses abril a noviembre 2004, la que se declara prescripta conforme pto. 2°) precedente.
4. Ordenar a la AFIP-DGI para que en el plazo de treinta (30) días proceda a reliquidar la obligación tributaria de acuerdo con lo decidido en la presente sentencia. A tales fines, por Secretaría General de Asuntos Impositivos remítanse los antecedentes administrativos al organismo fiscal por el plazo acordado precedentemente. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos al Organismo Fiscal y archívese. – Date: 2024.06.12 11:54:19 -03:00 Date: 2024.06.12 15:51:59 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.12 17:18:08 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.12 17:18:09 -03:00
Fin de la sentencia