Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 31256-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y revocar el pronunciamiento del 14/02/2022, en cuanto es materia de agravio, con costas de ambas instancias a la actora vencida (arts. 279 del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.).
14.123/2022 VIREYES Agropecuaria SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo Buenos Aires, 23 de septiembre de 2022.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 14/02/2020 el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad del cargo número 87/08 y de todo lo actuado en consecuencia respecto de la actuación SIGEA 14517-354-2008. Por mayoría de sus integrantes, impuso las costas por su orden, con excepción de la tasa de actuación, la que estableció íntegramente a cargo de la actora.
Para así resolver, a título preliminar, ponderó que, con fecha 18/9/2018, la Corte Suprema de Justicia había declarado inadmisible el recurso extraordinario presentado por el Fisco en autos caratulados “VIREYES AGROPECUARIA SA C/ EN - LEY 26.351 - ONCCA c/resol 543/2008 s/Proceso de Conocimiento” y “VIREYES AGROPECUARIA SA c/EN -M Economía resol 953/12 s/Proceso de Conocimiento”, lo que implicó que pasara en autoridad de cosa juzgada la sentencia dictada por la sala III de esta Cámara, mediante la cual se confirmó el pronunciamiento del Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 7, a través del cual se hiciera lugar a la demanda interpuesta por la actora admitiendo la impugnación de la resolución n° 1487/2008.
En tales condiciones, señaló que conforme surgía de las constancias de autos, en sede judicial se había hecho lugar a la impugnación formulada por la actora respecto de la resolución ONCCA n° 1487/08, en base a la cual se había formulado el cargo 87/08 involucrado en la presente causa. En dicho contexto, apuntó que la ley 21.453 que regula la exportación de productos agrícolas estableció un sistema de Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior siendo aplicables los regímenes tributarios vigentes a la fecha de cierre de cada venta.
Indicó que, por su parte la ley 26.351 en su art. 1° estableció que cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la ley n° 21.453 en el período comprendido entre el Registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior y el de la oficialización de la correspondiente destinación de exportación, los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento. Expuso que el decreto n° 764 del 12/05/2008, reglamentario de la ley 26.351 en su art. 2° estableció que: “[l]as disposiciones de la ley 26.351 serán aplicables a las operaciones de ventas al exterior debidamente registradas en los términos de la ley 21.453 cuando la oficialización de las respectivas destinaciones de exportación sea posterior al 9 de noviembre de 2007”.
Manifestó que luego se dictó la resolución ONCCA n° 1487/08 mediante la cual se hizo saber a la AFIP un listado con las declaraciones juradas respecto de las cuales las empresas exportadoras no habrían acreditado oportunamente la adquisición o tenencia de la mercadería registrada en los términos de la ley 26.351.
Puntualizó que en el detalle de ese listado se encontraba entre otras la firma Vireyes Agropecuaria, lo que motivó el cuestionamiento de dicha resolución.
Reseñó que la actora había iniciado demanda contra el Estado Nacional con el objeto de impugnar la resolución n° 953 dictada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, mediante la cual se rechazara “in limine”, por improcedente el recurso de alzada interpuesto contra la resolución n° 3407/09 la que a su vez rechazara el recurso de reconsideración contra la resolución ONCCA n° 1487/08, solicitando en subsidio la inconstitucionalidad de la ley 26.351.
Precisó que el juzgado n° 7 hizo lugar a la demanda de la recurrente admitiendo la impugnación de la resolución ONCCA n 1487/08, lo que fue confirmado en segunda instancia por la Sala III del Fuero.
Ponderó que el Estado Nacional planteó recurso extraordinario ante la Corte Suprema, el que fue desestimado con fundamento en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por lo que quedó firme el decisorio dictado en Cámara.
En tales condiciones resaltó que fue la actora en autos quien interpuso la demanda precedentemente relatada en sede judicial habiendo obtenido sobre el particular un fallo favorable a su pretensión respecto de la cuestionada Inclusión de la DJVE n° 56429, involucrada en autos, en el Anexo I de la resolución n° 1487/08.
De este modo y teniendo en cuenta que dicha resolución había hecho viable la pretensión tributaria exigida por la Aduana mediante la formulación del cargo apelado en autos, consideró que, devenía innecesario evaluar ante esa instancia la validez de dicha resolución ONCCA, en relación a la firma Vireyes Agropecuaria.
En consecuencia, consideró que correspondía dejar sin efecto el cargo 87/08, aquí involucrado, por carecer de sustento jurídico, atento haber quedado firme el pronunciamiento judicial que hiciera lugar a la pretensión de la recurrente admitiendo la impugnación de la resolución ONCCA 1487/08, en cuanto incluyó a la actora en su Anexo I y de todo lo actuado en su consecuencia.
Finalmente, impuso las costas por su orden, en atención a las particularidades del caso y a la decisión en sede judicial.
II. Que contra dicho pronunciamiento, con fecha 14/10/2021 la actora interpuso recurso de apelación y expresó agravios (concedido el 1/11/2021), los que fueron contestados por la contraria a fs. 452/453.
Sostiene la recurrente que el fallo apelado dispuso declarar la nulidad del cargo n° 87/08 y de todo lo actuado en consecuencia, tal como fuera solicitado por su parte, sin embargo resolvió imponer las costas por su orden. Efectúa una reseña de lo dispuesto por el artículo 1163 del Código Aduanero y concluye que, en función de lo allí establecido, el organismo jurisdiccional administrativo debió imponer las costas al vencido ya que obligó con su conducta a la promoción del recurso de apelación. Aduce que el principio de la imposición de costas al vencido que prevé el artículo 1163 del Código Aduanero no debe ser abandonado ya que la norma expresamente indica una forma de regular las costas exactamente opuesta a la dispuesta por el a quo mediante un razonamiento inconsistente con la ley aplicable.
Asevera que la Aduana tuvo en sede aduanera todos los elementos necesarios para resolver la causa conforme a derecho sin necesidad de obligar a la empresa a acudir al Tribunal Fiscal para enervar un acto administrativo arbitrario ilegítimo.
Indica que en el recurso de apelación no se presentó ninguna argumentación nueva pues, no debe confundirse el dictado de la resolución de nulidad con la nulidad de la resolución, ya que si aquélla es nula desde el momento de su creación es como si nunca hubiera existido.
Añade que su parte obtuvo una medida cautelar que tramitó como expediente n° 22.750/08 en el que la Sala III del Fuero el 14/11/2008 resolvió: “… hasta tanto se resuelva el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución ONCCA 1487/2008 la Aduana dispondrá (…) b) la suspensión de todo acto de ejecución administrativa y oficial llevado a cabo contra la actora con motivo de los derechos de exportación pendientes de cancelación relativas a las destinaciones de exportación antes citadas…”. Finalmente, concluyó que no existen motivos legales fácticos que justifiquen la exhibición del pago de las costas a cargo de la parte vencida.
III. Que el artículo 1163 del C.A. establece que “[l]a parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición (…) Cuando en función de las facultades que otorga el artículo 1143, el Tribunal Fiscal de la Nación recalifique la conducta o reduzca la sanción a aplicar, las costas se impondrán por el orden causado. No obstante, el Tribunal podrá imponer las costas al Fisco Nacional, cuando la tipificación o la cuantía de la sanción recurrida se demuestre temeraria o carente de justificación”.
Es decir que, el principio general es que las costas se impondrán al vencido, por aplicación del principio objetivo de la derrota. Por lo tanto, su eximición debe ser excepcional y de carácter restrictivo.
En el sub examine, el a quo declaró la nulidad del cargo n° 87/08 y de todo lo actuado en consecuencia.
En tales condiciones, no hay duda alguna de que la demandada ha resultado perdidosa, en su totalidad, en el asunto llevado a conocimiento del organismo jurisdiccional administrativo por lo que corresponde que cargue con los accesorios por ser la consecuencia necesaria, teniendo en cuenta la forma en que se ha dirimido la cuestión planteada.
No modifica el criterio expuesto la circunstancia del dictado de la sentencia de la Sala III en los autos caratulados “VIREYES AGROPECUARIA SA C/ EN - LEY 26.351- ONCCA c/resol 543/2008 s/Proceso de Conocimiento”, y “VIREYES AGROPECUARIA SA c/EN - M Economía resol 953/12 s/Proceso de Conocimiento”, pues fue la actora en autos quien interpuso la demanda en el mencionado proceso judicial, habiendo obtenido sobre el particular un fallo favorable a su pretensión respecto de la inclusión de la DJVE n° 56429, involucrada en autos, en el Anexo I de la resolución n° 1487/08.
En este sentido, corresponde recordar que, la activación del mecanismo jurisdiccional generó gastos a la firma exportadora (interpuso el presente recurso de apelación), los cuales en virtud del principio de la derrota adoptado por nuestro ordenamiento procesal, deben ser soportados por el perdidoso (conf. esta Sala, "De Elizalde, Diego Agustín c/ EN- SC- Resol 100/10 s/amparo ley 16.986", del 28/6/11; "Mena Gelvez, Lisa M. c/EN - H. Cámara Senadores de la Nación s/amparo ley 16.986", del 15/12/16, entre otros).
Así las cosas, no advirtiéndose en el caso que exista una circunstancia objetiva que justifique la exoneración, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y revocar el pronunciamiento del 14/02/2022, en cuanto es materia de agravio, imponiendo las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 279 y 68, 1º parte del C.P.C.C.N.).
En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y revocar el pronunciamiento del 14/02/2022, en cuanto es materia de agravio, con costas de ambas instancias a la actora vencida (arts. 279 del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.). Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia