Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2023-98327482-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N°127/2023, dictada en las Actuaciones N°17114-8301-2016 por el Sr. Jefe del Departamento Aduana de Campana.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-108474216-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 30 de Septiembre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala "G", Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: "VÍA BARILOCHE S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación", Expediente Electrónico N° EX-2023-98327482--APN- SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el caso que se presenta a consideración se impuso una multa y sanción de comiso a una empresa cuya actividad comercial en apariencia consiste en prestar un servicio de encomiendas por medios terrestres. El servicio aduanero consideró que la empresa transportó mercadería importada con fines comerciales en transgresión a las disposiciones legales que exigen recaudos identificatorios relativos a su ingreso en debida forma. El recurrente cuestiona la validez de la resolución apelada por considerar que la misma carece de causa y motivación. Explica que los bultos se encontraban debidamente identificados con los datos relativos a los remitentes y los destinatarios. Alega vicios en el procedimiento administrativo y afectación al derecho de defensa. Indica que la empresa se encuentra vedada por el secreto postal de abrir las encomiendas enviadas, recibiendo el bulto cerrado y desconociendo su contenido. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque el fallo aduanero, con costas.
II. De su lado, en su responde, el representante del organismo fiscal solicita el rechazo de la apelación planteada por la actora. Luego de efectuar una breve reseña de los hechos, destaca un vacío de argumentos en los agravios de la apelante, los que solamente se basan en atacar la validez de la resolución y el procedimiento, sin efectuar mención alguna sobre la infracción investigada por el servicio aduanero. Descarta las nulidades opuestas. Menciona que la resolución aduanera es acertada, dado que se encuentran cumplidos en autos todos los presupuestos requeridos para tener por configurada la comisión de la infracción prevista en los arts. 986 y 987 del Código Aduanero (CA). Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
III. Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros). Este criterio resulta de aplicación más rigurosa en supuestos como el presente en que los agravios se encuentran vinculados a la revisión del ejercicio de la potestad sancionadora administrativa.
IV. De acuerdo con la índole de las cuestiones planteadas, en primer lugar, corresponde tratar el agravio relativo a la nulidad de la resolución. En tales condiciones, es preciso resaltar que el análisis de las circunstancias en relación con la nulidad, no puede efectuarse en forma mecánica, sino sopesando la gravedad de la irregularidad y la posibilidad de su subsanación en cada caso en concreto.
Es así que, en el caso de autos, no se constata que en sede aduanera haya existido error o vicio alguno que causare a la actora una indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia. En este sentido, conforme lo establece pacífica jurisprudencia respecto del asunto, si quien solicita la nulidad no especifica las defensas de las cuales se vio privado como resultado del acto u omisión que alega, su solicitud carece de finalidad práctica y su declaración no procede, pues no existe la nulidad por la nulidad misma.
Así las cosas, es claro que la actora contó con la suficiente oportunidad para ofrecer y producir toda la prueba que evaluare pertinente en esta sede a fin de ejercer su derecho de defensa.
En ese marco interpretativo, la CSJN ha sostenido en reiteradas oportunidades que la violación de la garantía constitucional contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa judicial posterior (Fallos, 205:549, 247:52, 267:393, entre otros).
En consecuencia, conforme a lo expuesto, no corresponde hacer lugar a la nulidad planteada.
V. Ahora bien, con relación al fondo de la cuestión, la empresa ha sido sancionada por el servicio aduanero debido a que se consideró que transportó mercancías importadas con fines comerciales sin cumplir con los requisitos legales necesarios para su ingreso en debida forma.
En esas condiciones, encuentro que resulta crucial para determinar la legitimidad de la sanción aplicada si la empresa realmente prestaba un servicio de encomiendas o si, por el contrario, estaba involucrada en la importación de mercancías con fines comerciales. Si se demuestra que la empresa no se dedicaba exclusivamente al servicio de encomiendas, sino que también estaba involucrada en la importación de mercancías, entonces estaría sujeta a las regulaciones y sanciones aplicables a dicha actividad. Es que, en efecto, la figura infraccional aplicada no podría ser realizada por cualquier sujeto. Una razonable y discreta interpretación de la norma permite colegir que requiere, para poder ser autor, una específica cualificación en el agente.
VI. A mayor abundamiento procede hacer notar que el propósito comercial que tiene el transportista no es sobre la mercadería en sí, sino el transporte de la misma hacia su destino final, cobrando un monto establecido previamente por dicha operación. El mero transporte a título oneroso de la mercadería no constituye el fin comercial que la normativa exige que debe tenerse sobre la propia mercadería. Sobre este punto, queda acreditado mediante las actas labradas, que la actora no vendía las mercaderías en ocasión de ser transportadas, sino que se encontraban en bultos cerrados, individualizándose, a través de los documentos obrantes desde fs. 8 hasta fs. 13 de las Actuaciones Administrativas, tanto a los remitentes como a los destinatarios.
En efecto, se debe ponderar que la recepción de mercadería en bultos cerrados impide al receptor apreciar las características intrínsecas de la mercadería a transportar (por ejemplo, no podrá apreciar si son nacionales o extranjeras, y en este último caso –y si fueran de las sujetas a medios identificatorios- si tienen o no aplicados o adheridos esos medios). Sobre este punto debemos recordar que las empresas de transporte se encuentran sujetas a las disposiciones de la Ley de Correos N°20216 y sus modificatorias, a través de la cual se establece la inviolabilidad de los envíos postales en su art. 6: “La inviolabilidad de los envíos postales, importa la obligación de no abrirlos, apoderarse de ellos, suprimirlos, dañarlos o desviarlos intencionalmente de su curso, ni tratar de conocer su contenido, así como de no hacer trascender quienes mantienen relaciones entre sí o dar ocasión para que otros cometan tales infracciones. Todo empleado o persona afectada al servicio, está obligada a prestar juramento de guardar estrictamente el secreto postal”. En tal entendimiento del asunto, se infiere la irrazonabilidad de exigirle al transportista –con carácter previo a la efectiva recepción y al transporte- que los abra para verificar su contenido. Por lo demás, este último no podría analizar si las mercaderías que fuesen de origen extranjero han sido legalmente introducidas al país, sino que tampoco se encuentra reglado por nuestro ordenamiento jurídico que el remitente o cargador que le entrega las mercaderías deba consignar en documento alguno la individualización del o de los despachos de importación de tales mercaderías.
VII. En precedentes anteriores he hablado de que la responsabilidad en materia sancionatoria administrativa no se basa en la intención o culpa del sujeto, sino en el hecho de no cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa. La imputación no requiere una evaluación moral del sujeto, sino una evaluación de su cumplimiento de las obligaciones. Además, la magnitud de la sanción no debe estar relacionada con la culpa, sino con el cumplimiento de las obligaciones. En este sentido, se diferencia de la teoría del delito y su enfoque en la acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. El principio de culpabilidad no se aplica en la misma forma en la materia sancionatoria administrativa.
Para simplificar podría decir que, en el ámbito administrativo, el enfoque se centra en el cumplimiento de la obligación y no en la moralidad o la intención del sujeto. En lugar de evaluar la culpa o el dolo, la administración evalúa si la conducta del sujeto cumple con las normas establecidas y, en caso contrario, puede imponer sanciones. Además, en la materia sancionatoria administrativa, también se puede responsabilizar por hechos realizados por terceras personas, estableciéndose una forma de responsabilidad objetiva. Así pues, en materia sancionatoria administrativa es posible responsabilizar por hechos que escapan a la consciencia, voluntad o control del sujeto, como los realizados por terceras personas e introducir una forma de responsabilidad objetiva. En rigor, sucede que, en el ámbito administrativo, encuadrado una conducta en una norma sancionadora, no corroborándose ninguna causa de justificación, no es menester preguntarse si el agente obligado actuó con dolo o culpa.
Considerados así sumariamente, la sanción administrativa se enfoca más en el cumplimiento de la obligación y en la protección del interés público, en lugar de centrarse en la responsabilidad moral del sujeto. Además, el castigo administrativo no debe ser excesivo y no debe estar relacionado con la intensidad de la culpa o responsabilidad moral del sujeto. La finalidad de la sanción administrativa es garantizar que se cumplan las normas y regulaciones establecidas, y no castigar al sujeto por su conducta. De acuerdo con los criterios antes señalados, son elocuentes los problemas que depararía la incorporación plena de los elementos de la teoría del delito y sus categorías analíticas de acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en la materia administrativa sancionadora.
Abreviando: en el ámbito sancionador administrativo, la responsabilidad es diferente a la responsabilidad penal. En este ámbito, la responsabilidad se basa en la violación de una norma administrativa y no se requiere una evaluación moral del comportamiento del sujeto sino una evaluación sobre su cumplimiento de la obligación. Además, en la imputación de responsabilidad, no se requiere investigar la persona física que tenía el control del hecho. La sanción administrativa no tiene como objetivo castigar por la culpa o el dolo del sujeto, sino por su incumplimiento de una obligación. En consecuencia, la magnitud de la sanción no debe ser proporcionada a la culpa del sujeto para evitar un exceso de punición.
Este punto se puede destacar observando que la obligación de cumplir con las normas administrativas recae sobre la persona que se encuentra en posición de hacerlo, independientemente de su conocimiento o intención de incumplir con dichas normas. En este sentido, el principio de culpabilidad no es un requisito para imponer una sanción administrativa, aunque esto no significa que no se puedan tomar en cuenta factores como la culpa o el dolo en la determinación de la magnitud de la sanción.
VIII. Sin embargo, es importante destacar que esta forma de entender la responsabilidad administrativa está sujeta a limitaciones y excepciones. Precisamente, en este caso se pone de manifiesto dos excepciones a los principios generales que rigen la materia sancionadora administrativa.
Por un lado, la figura aplicable demanda inequívocamente la presencia de un factor subjetivo de atribución. Sin una actuación dolosa por parte del acusado, la figura endilgada resulta inaplicable, ya que solamente puede ser sancionado aquel que posee la mercadería con un propósito "comercial y/o industrial”.
Por otro lado, a todo evento, la normativa específica que se aplica hace imposible achacar una falta de diligencia debida a la empresa de encomienda. Permitidme que insista respecto de la recepción de mercadería en bultos cerrados. Como subyace, existen situaciones en las que el cumplimiento de la norma administrativa resulta imposible, como cuando existe una circunstancia de fuerza mayor que lo impide. En estos casos, la sanción administrativa no sería aplicable.
Hemos de realzar que existen dos formas de responsabilidad objetiva en el ámbito sancionador administrativo: la imputación objetiva y la responsabilidad objetiva expresa. La imputación objetiva se basa en hechos objetivos, pero aun así se permite al sujeto imputado el derecho a la defensa y a demostrar causales eximentes de su responsabilidad. Por otro lado, la responsabilidad objetiva expresa, no garantiza la presunción de inocencia ya que no permite al sujeto imputado demostrar causales eximentes de su responsabilidad.
En ese contexto, deseo subrayar que la relación de imputación no podría ser de una normatividad absoluta, lo que significaría que la persona responsable sería garante absoluto del cumplimiento de la orden administrativa, habida cuenta de que estas sanciones deben ser proporcionadas y estar sujetas a los límites y garantías establecidos en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico. Además, es importante destacar que la responsabilidad objetiva no implica que el sujeto sancionado sea considerado culpable de forma automática. La imputación objetiva de una conducta sancionable solo significa que el hecho se considera como un incumplimiento de un deber u obligación establecido en la ley, y que, por lo tanto, es posible aplicar una sanción. Sin embargo, el sujeto sancionado tiene derecho a defensa y a alegar circunstancias o causales que lo eximan de responsabilidad, como cuando el hecho imputado es imposible de cumplir por cualquier persona en cualquier momento y lugar debido a circunstancias superiores. En otras palabras, si existiese una situación legítima y superior que justificase el incumplimiento, entonces no se consideraría una infracción y, por lo tanto, no se aplicaría la sanción prevista. Esto podría ocurrir, por ejemplo, en situaciones de fuerza mayor o en casos donde la conducta impuesta resulte de imposible cumplimiento para cualquier persona en tiempo y lugar. Es importante destacar que el establecimiento de estas causales eximentes es responsabilidad del legislador y su aplicación dependerá del análisis de cada situación en particular. Pero, no siempre es menester que el sentenciante ahonde en si ha existido dolo o culpa si la norma sancionatoria administrativa prescinde de ese recaudo. Efectivamente, en el ámbito administrativo, la responsabilidad sancionatoria puede estar basada en un criterio objetivo, independiente de las circunstancias personales del responsable, como el incumplimiento de una obligación impuesta por la ley o la comisión de una conducta prohibida. Por lo tanto, el éxito de la regulación administrativa sancionatoria se logra cuando se evita la necesidad de evaluar la intención o el grado de culpa del responsable, y se enfocan en métodos estandarizados para determinar su responsabilidad.
Importa dejar sentado además que la imposición de sanciones por responsabilidad objetiva no es de carácter excepcional en el derecho administrativo sancionador si bien está sujeta a ciertos requisitos. En efecto, las sanciones por responsabilidad objetiva se ajustan a la Constitución siempre y cuando carezcan de finalidad eminentemente retributiva, es decir, sanciones que no solamente comprometen de manera específica la función administrativa, sino que se imponen en razón del desdén que exhibe el encartado respecto del cumplimiento de la norma.
Permitidme ahora que insista en que, dadas las circunstancias señaladas, resultan evidentes las notables diferencias con el campo punitivo, donde las condiciones personales son decisivas para determinar la responsabilidad sancionatoria. Realmente, bajo la perspectiva que se considera adecuada, en gran medida, el éxito de la regulación administrativa sancionatoria depende de evitar la introspección en las cuestiones personales y profundizar en métodos estandarizados de responsabilidad. Desde el punto de vista institucional, esa situación contribuye a la eficacia del sistema y al evidente ahorro de recursos en la determinación de la responsabilidad sancionatoria administrativa. En esta situación, es importante tener en cuenta que se espera del obligado que, al conocer los elementos de riesgo que encierra el ejercicio de su actividad, evite cualquiera de los previsibles.
La imposición de sanciones por responsabilidad objetiva tiene intrínseca relación con el hecho de que el éxito regulatorio depende el ahorro de recursos para determinar la responsabilidad sancionatoria. Sin embargo, existen situaciones previsibles que pueden estar justificadas por el regulador y en las que se tolera un margen de riesgo. Bajo la modalidad de imputación susceptible de ser establecida por el derecho administrativo sancionador, es posible que se haga responsable al obligado por las acciones de la víctima que termina dañando sus propios bienes jurídicos. La culpa de la víctima debe ser la única causa del hecho y tener las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o la fuerza mayor.
IX. En tales condiciones, de conformidad con los lineamientos señalados precedentemente, puede concluirse que no corresponde atribuir responsabilidad a la empresa encartada. Esto es así, a poco que se repare que la sindicada actuó con estricta sujeción a las normas que rigen su actividad. Es que, en efecto, la empresa no se encontraba en condiciones de revisar los paquetes ni verificar su contenido y, por consiguiente, el reproche que se le formuló es, a todas luces, improcedente. Basta con advertir lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Correos N° 20.216: “La inviolabilidad de los envíos postales, importa la obligación de no abrirlos, apoderarse de ellos, suprimirlos, dañarlos o desviarlos intencionalmente de su curso, ni tratar de conocer su contenido, así como de no hacer trascender quienes mantienen relaciones entre sí o dar ocasión para que otros cometan tales infracciones. Todo empleado o persona afectada al servicio, está obligada a prestar juramento de guardar estrictamente el secreto postal” (el resaltado me pertenece).
Por todo lo expuesto, corresponde revocar la resolución apelada, con costas.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N°127/2023, dictada en las Actuaciones N°17114-8301-2016 por el Sr. Jefe del Departamento Aduana de Campana.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N°127/2023, dictada en las Actuaciones N°17114-8301-2016 por el Sr. Jefe del Departamento Aduana de Campana.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.09.29 13:38:20 ART Date: 2025.09.29 15:54:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.30 11:11:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.30 11:12:22 -03:00
Fin de la sentencia