Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75571
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.571, "Benamo, Víctor contra Ministerio de Economía (Instituto de Previsión Social). Vía de hecho administrativa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, admitió la pretensión de cesación de vía de hecho promovida contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) -ver fs. 101/111-.
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 10 de junio de 2018).
Dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en lo que al recurso extraordinario interesa, rechazó la pretensión de cesación de vía de hecho deducida por el señor Víctor Benamo contra el Instituto de Previsión Social con motivo de los descuentos practicados en sus haberes identificados con el código 6H FONDO IPS.
Luego de referirse a la doctrina y jurisprudencia de la vía de hecho administrativa concluyó que, en el caso, la actividad material desplegada por el instituto demandado no constituye un supuesto de los previstos en el art. 109 del decreto ley 7.647/70.
Para ello señaló que de las constancias documentales agregadas a la causa (v. fs. 7/19 y 24) surge que los descuentos efectivizados por la entidad previsional se encuentran amparados por una norma legal que le sirve de suficiente fundamento jurídico.
En efecto, indicó que el art. 4 de la ley 13.807 establece que para los casos en que los beneficiarios de las pensiones graciables perciban retribuciones del Estado o beneficios de la seguridad social, el monto del haber será el que corresponda como diferencia hasta alcanzar el nivel remunerativo del Personal sin Estabilidad, categoría Director Provincial o General de la ley 10.430.
Paralelamente, refirió que el citado artículo dispone que en ningún supuesto el beneficio será acumulable a salarios a cargo del Estado nacional, provincial o municipal, o a beneficios de la seguridad social.
Agregó que el art. 8 del decreto 2.387/01 reglamentario de la ley, establece para el caso en que el beneficiario o derechohabiente perciba alguna de las retribuciones referidas en el artículo citado en el párrafo anterior, la obligación de comunicar dicha situación a la autoridad de aplicación al momento de la solicitud del beneficio o dentro de los treinta días de producida la percepción, a efectos de que el organismo encargado de otorgarlo liquide el monto que corresponda como diferencia graciable.
En definitiva -con cita en precedentes de este Tribunal- afirmó que, siendo los descuentos efectuados por la entidad demandada una consecuencia directa de la aplicación de la normativa precedentemente mencionada, en virtud del beneficio jubilatorio que el actor percibe de la Caja de Previsión Social para Abogados, mal puede invocarse en la especie una vía de hecho, toda vez que la actuación cuestionada ha sido llevada a cabo con el soporte de una norma legal que le sirve de suficiente fundamento jurídico (conf. causas B. 64.200, "Chacur", sent. de 27-XI-2002 y B. 61.541, "Lazarte", sent. de 2-IV-2003).
Con base a ello, el juez que previno rechazó la pretensión articulada e impuso las costas en el orden causado (v. fs. 75/79).
II. Apelada la sentencia por el accionante a fs. 80/86, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar al recurso deducido y revocó la sentencia de grado (v. fs. 101/111).
Para así decidir señaló que, sin perjuicio que los descuentos aplicados por el Instituto de Previsión hayan tenido por finalidad ajustar el haber a lo normado por el art. 4 de la ley 13.807, el modo de proceder de la Administración va a contramano de lo reglado por el art. 109 del decreto ley 7.647/70, pues, en cualquier caso, la reducción en el haber pensionario debió ser precedida de un acto administrativo que así lo disponga, en el que se expresen los motivos y alcances de la decisión y se asegure la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio en sede administrativa (art. 15, Const. prov.).
Afirmó -contrariamente a lo sostenido por la sentencia de grado- que los descuentos practicados al actor identificados en los recibos de haberes con el código 6H FONDO IPS sin plasmar previamente dicha decisión en un acto ni -menos aún- comunicarla al beneficiario afectado, constituye una vía de hecho que afecta derechos individuales.
Analizó el marco normativo que origina el haber del actor (ley 13.807), el cual prevé para el caso que sus beneficiarios perciban retribuciones del Estado nacional, provincial o municipal o beneficios de la seguridad social que, el monto del haber se efectivizará como diferencia graciable hasta alcanzar el nivel retributivo de Director Provincial o General de la ley 10.430 (art. 4, ley cit.). Asimismo, indicó que en ninguno de estos supuestos el beneficio será acumulable (art. 4 in fine , ley cit.).
Entendió que la norma contempla dos supuestos para que el Instituto de Previsión proceda a la adecuación ex nunc de los beneficios que abona en el marco de la ley 13.807 en el caso que se den las circunstancias previstas en el art. 4. El primero de ellos, a partir de la declaración jurada que, en cumplimiento del deber legalmente impuesto, el propio beneficiario debe brindar (art. 8, dec. reglamentario 2.387/08). En el segundo supuesto, indicó, la Administración determina de oficio el importe del descuento a realizar en concepto de ajuste, partiendo de información no ya aportada por el administrado, sino detectada por otros medios o recabada oficiosamente.
Sostuvo que -en principio- podría admitirse que el órgano competente para liquidar el beneficio pueda proceder en forma directa a ajustar el haber pensionario al quantum que fija el art. 4 de la ley 13.807 ante la declaración jurada presentada por el beneficiario; pues si la materialización de los correspondientes descuentos no implica más que una mera operación aritmética consistente en detraer exclusivamente el monto de las restantes prestaciones que a ese fin el propio beneficiario declaró en forma voluntaria, la adecuación del haber podría equipararse a una derivación ex lege de la normativa que rige el caso.
Ahora bien, respecto del segundo supuesto entendió que, si la Administración decide practicar un reajuste en una medida mayor respecto de lo declarado por el administrado con sustento en datos que exceden la información consignada en la declaración jurada, debería cuanto menos dictar un acto administrativo que exponga los antecedentes fácticos y jurídicos, la motivación y los alcances y contenido de la decisión, notificándole la misma al interesado a fin de garantizar un adecuado ejercicio del derecho de defensa frente al accionar estatal.
Puntualizó que el art. 8 in fine del decreto 2.387/08 dispone que en los casos de percepción indebida se formulará el cargo deudor correspondiente, notificándose en forma fehaciente al beneficiario para su cancelación.
Entendió que tal previsión legal resulta aplicable tanto para los cargos deudores que la Administración pretenda formular ante la existencia de pagos indebidos como para los que se detecten en los supuestos antes referidos.
Advirtió que de las constancias del expediente administrativo surge que el Instituto de Previsión Social hizo descuentos en forma directa sobre los haberes del actor a partir del mes de noviembre de 2016 -inclusive- y al menos hasta la fecha de la promoción de la presente demanda en una medida mayor que a la correspondiente a la pensión mensual establecida por ley 14.402 que el actor declaró percibir, prescindiendo de dictar y comunicar al interesado acto administrativo alguno.
Concluyó que el proceder de la demandada cae bajo la órbita del art. 109 del decreto ley 7.647/70, configurándose en el caso una vía de hecho cuyo cese debe disponer la judicatura.
Por su parte estableció una distinción entre la causa "Chacur" (B. 64.200, sent. de 27-XI-2002) y el supuesto debatido en el sub lite . En el primero de ellos, el accionar de la Administración derivaba ex lege de la norma que suprimió de pleno derecho una bonificación, mientras que, en el presente, la aplicación de los descuentos en los haberes por un monto determinado de oficio por la entidad previsional exige ponderar situaciones fácticas, circunstancia que requiere necesariamente el dictado de un acto administrativo previo y su notificación al interesado a fin de asegurarle la defensa de su derecho.
En consecuencia, ordenó a la Administración a que cese en la aplicación de los descuentos identificados en los recibos de haberes con la nomenclatura 6H FONDO IPS en la medida en que tales detracciones excedan el quantum que en cada período corresponda deducir por la percepción simultánea del beneficio n° 48-0-4070758-1 informada por el beneficiario en su "Declaración Jurada ley 13.807" el 11 de mayo de 2016 (v. fs. 2 del expte. 21557-148168-10-001) y, asimismo, a la restitución de las sumas retenidas indebidamente a través de los descuentos efectuados en exceso, con más los intereses devengados desde la fecha en que se materializó cada detracción calculados a la tasa más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación (conf. doctr. causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016). Impuso las costas de ambas instancias a la parte demandada en su condición de vencida (arg. art. 51 inc. 1, CCA).
III. Contra dicho pronunciamiento la representación fiscal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 10 de junio 2018) en el cual denuncia la violación de los arts. 4 de la ley 13.807 y 8 del decreto reglamentario 2.387/08.
Asimismo, acusa que la sentencia impugnada transgrede la doctrina legal de la causa "Chacur" (antes cit.).
Sostiene que la actuación del Instituto de Previsión Social en los términos previstos por la ley aplicable al caso no puede considerarse alcanzada por el art. 109 del decreto ley 7.647/70.
III.1. Alega que a los fines de hacer operativa la previsión del art. 4 de la ley 13.807, en cuanto prevé la reducción del beneficio en caso de percibirse otra retribución del Estado o beneficio de la seguridad social, la reglamentación (art. 8, dec. 2.387/08) le impuso al beneficiario la obligación de comunicar dicha circunstancia en la oportunidad de solicitar la pensión graciable o dentro de los treinta días de producirse la percepción, con la finalidad de que se contemple dicho monto al liquidar el beneficio.
Puntualiza que tanto la ley como el decreto reglamentario establecen la diferencia entre retribuciones del Estado nacional, provincial o municipal y los beneficios de la seguridad social para enunciar los casos en los que debe reducirse la pensión.
En este sentido señala que en ambas normas se califica el carácter estatal de las retribuciones; requisito que no es exigido respecto de los beneficios de la seguridad social, los que pueden ser concedidos por entes estatales como por entes no estatales, tal como sería el caso de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
III.2. Advierte que, si bien el proceder del Instituto puede aparecer prima facie como una aparente reducción del haber pensionario, en rigor de verdad constituye una readecuación del mismo conforme las disposiciones legales aplicables.
Refiere a que el propio actor manifestó en su demanda que en el mes de abril del año 2011 comenzó a percibir la jubilación de la Caja de Abogados, advirtiendo el Instituto de Previsión Social dicha circunstancia en el año 2016 con las constancias de sus recibos jubilatorios.
Afirma que la actuación del organismo demandado tuvo por finalidad readecuar el haber pensionario al monto que por derecho corresponde que el beneficiario perciba.
Indica que el régimen aplicable en forma expresa consagra el modo de cálculo, determinando que, en el caso de percibirse un beneficio de la seguridad social, se efectivizará "el monto que corresponda como diferencia graciable, hasta alcanzar el nivel retributivo establecido..." (art. 4, ley 13.807).
Desde este punto de vista, entiende que para proceder a la readecuación del haber en cuestión, no es menester el dictado de un acto administrativo, desde que dicha facultad debe emerger de la normativa aplicable y, su ejercicio no implica más que la sujeción al principio de legalidad, adicionando a ello que las pautas legales en las que se funda tal proceder fueron comunicadas oportuna y reiteradamente al accionante, imponiéndole el consecuente deber de informar la percepción de otros beneficios.
Entiende que el Tribunal de Alzada ha violado de ese modo lo establecido en los arts. 4 de la ley 13.807 y 8 del decreto 2.387/08 que establecen claramente que el monto de las pensiones graciables creadas por la ley citada se readecuará cuando el beneficiario perciba otro beneficio de la seguridad social.
Rebate la interpretación efectuada por la Cámara, en cuanto a que de la ley derivarían dos supuestos fácticos distintos: la declaración jurada del beneficiario, que permitiría la readecuación del haber sin el dictado de acto administrativo; y la existencia de información relevante no aportada por el beneficiario sino detectada por otros medios, en cuyo caso debería dictarse un acto administrativo.
Afirma que ello no constituye una exégesis lógica ni razonable de la normativa vigente y aplicable al caso.
Agrega que, además, la distinción efectuada por el Tribunal de Alzada es injusta en tanto el incumplimiento por parte del administrado de las obligaciones legalmente impuestas de declarar la percepción de beneficios de la seguridad social, lo colocaría en una situación más favorable que la de aquel que cumpliera en tiempo y forma con dicha imposición.
Resalta que la ley impone la reducción del monto de la pensión graciable, en caso de que el beneficiario goce de otra prestación de la seguridad social, circunstancia que obliga al beneficiario a declarar en tiempo y forma la misma.
III.3. Por su parte denuncia la violación de la doctrina legal de este Tribunal en relación a los contornos y alcances del instituto de la vía de hecho administrativa sentada en la causa B. 64.200, "Chacur", sentencia de 27-XI-2002.
En tal sentido, indica que una actuación material sólo puede calificarse como vía de hecho cuando es producto del mero capricho del organismo o del funcionario y no goza del respaldo normativo correspondiente y, por el contrario, si la actuación puede encuadrarse en una normativa específica, tal como sucede en el caso, ya no existe una vía de hecho sino una vía jurídicamente válida.
Destaca que este Tribunal sostuvo que "...la vía de hecho administrativa se presenta cuando la administración pública incurre en un grosero atentado [...] a los derechos de la persona [...] no susceptible de imputarse a un poder jurídico de la administración pública, por tratarse de operaciones materiales cercenadoras de aquellas situaciones subjetivas, desplegadas sin base de sustentación en un acto o en una norma jurídica habilitadora..." (causa B. 64.200, cit.).
Afirma que el plexo normativo que habilita la actuación del Instituto de Previsión, permite concluir que no se requiere, en el caso, el dictado de acto administrativo alguno.
Refiere que para que se configure la vía de hecho, la actuación material de la Administración debe estar desprovista de todo fundamento jurídico, motivo que impide considerar que se ha incurrido en dicho supuesto, en los casos en que la actividad desarrollada por la misma constituye aplicación o derivación de un texto legal o reglamentario.
III.4. Por último, se agravia que la sentencia dictada por la Cámara excede los límites de la misma en cuanto alcanza efectos jurídicos anteriores a su dictado.
Resaltó que la pretensión que se dedujo en autos consiste en lograr la cesación de una vía de hecho, agraviándose que el a quo la resolvió como una pretensión anulatoria.
Ello así desde que se desprende del art. 12 inc. 5 del Código Contencioso Administrativo, así como del título dado al art. 21 del mismo cuerpo que la pretensión bajo análisis sólo puede estar encaminada a obtener "la cesación de una vía de hecho administrativa", resultando de toda evidencia que, en el caso, dicha "cesación" sólo podrá implicar el cese de la readecuación en el haber, más de ningún modo el reintegro de las sumas retenidas con anterioridad.
IV. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
IV.1. Esta Suprema Corte ha sostenido que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el aludido art. 279, esto es, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia cuestionada (causas Ac. 79.513, sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, sent. de 2-IV-2003; C. 100.718, sent. de 25-II-2009; C. 95.790, sent. de 23-XII-2009; C. 78.278, sent. de 18-VIII-2010; C. 100.285, sent. de 14-IX-2011; e.o.).
Así, es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz a las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (conf. doctr. causas Ac. 70.613, "Fortuna", sent. de 17-VIII-2011; Ac. 71.500, "Minho", sent. de 27-VI-2012; Ac. 71.152, "Formoso", sent. de 12-IX-2012; e.o.) dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (conf. doctr. causas Ac. 91.522, sent. de 15-III-2006; Ac. 90.916, sent. de 28-VI-2006; C. 94.419, sent. de 27-VI-2007; Ac. 77.230, cit.; A. 70.136, "Trillo", sent. de 21-IV-2010; e.o.).
En la especie, el Tribunal de Alzada consideró que la conducta de la accionada encuadraba en lo expresamente reglado por el art. 109 del decreto ley 7.647/70, constituyendo una vía de hecho cuyo cese debía ser dispuesto por la judicatura.
Estimó que en el sub judice el IPS practicó descuentos sobre el haber pensionario mensualmente percibido por el accionante, a partir del mes de noviembre de 2006 y al menos hasta la fecha de promoción de la demanda, en una medida sensiblemente mayor a la correspondiente al quantum de la pensión mensual establecida por la ley 14.402 que el beneficiario declaró percibir simultáneamente acompañando los recibos pertinentes.
Asimismo, sostuvo que tales detracciones se aplicaron en forma directa y prescindiendo de dictar y comunicar al administrado acto alguno que exprese una decisión en tal sentido, sus fundamentos y alcances, a fin de permitirle ejercer una adecuada defensa de sus derechos afectados por dicha actuación, falencia que lejos estaría de verse suplida por la mera comunicación entre reparticiones del IPS a través del correo agregado a fs. 24 por el demandante explicando ex post y ante la consulta de e
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