Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resoluciones apeladas en autos, con costas; y reducir las multas aplicadas a dos tantos de los gravámenes dejado de ingresar en su justa medida, con costas, en la parte que se confirma, y por su orden en relación a la reducción de las mismas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-53719132-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 23 de Mayo de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) y Armando Magallón (Vocal Subrogante de la Primera Nominación), a fin de resolver el expediente N° 39.215-I, caratulado: “Vialmaq GG S.A. s/apelación”.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fojas 70/83 se interpone recurso de apelación contra dos resoluciones de la AFIP-DGI, fecha 23/01/2014, mediante las que se determinó de oficio la obligación tributaria de la actora frente a los impuestos a las ganancias, períodos fiscales 2008, 2009 y 2010, y al valor agregado, por los períodos fiscales 02/2008 a 01/2011. En ambos casos se liquidaron intereses resarcitorios y se aplicaron sendas multas de conformidad con los arts. 46 y 47 incs. b) y c) de la ley 11.683 (períodos fiscales 02/2008 a 06/2008, 08/2010 y 10/2010 a 01/2011 IVA).
En primer término se agravia que el acto sostiene que como los clientes pagaron con cheques, las acreditaciones bancarias corresponden a otras ventas no declaradas. En ese sentido, añade que no hay ningún elemento que avale la presunción, sino el mero depósito efectivo como único indicio y la inferencia que del mismo hizo el organismo fiscal.
Al respecto, remarca como contradicción, que si todos los clientes pagaron con cheques, no puede presumirse por tal razón que el efectivo provenga de ventas, sino, dice, todo lo contrario. Agrega que no existe además ningún cliente detectado, ni obra realizada, ni gasto, ni compra, ni contratación de personal, ni ningún otro indicio que permita suponer que el dinero que un socio deposita en la cuenta de la firma provenga de ventas omitidas. En cambio, dice, sí existen circunstancias que demuestran que obtenía fondos en el circuito informal, cuestión que fue destacada en el informe final de inspección y que, según ella, las resoluciones omitieron mencionar o considerar.
Afirma que no hay indicios de actividad marginal sino que hubo ventas no declaradas, pero que sí estaban facturadas. Sostiene que únicamente se consideraron para ello depósitos en efectivo, sin advertir que no fueron realizados por terceros sino siempre por el mismo socio y que no se corresponden con indicios de ventas omitidas.
En cuanto al origen de los fondos, destaca que si bien el socio debió recurrir al sistema informal de crédito, lo que dificulta la prueba, de las actuaciones surgen elementos que avalan aquella operatoria, esto es, que las acreditaciones provienen del canje de cheques, que refutan el mero indicio de la acreditación de efectivo que es todo el sustento de la presunción simple invocada en las resoluciones apeladas.
Remitiéndose al informe final de inspección advierte que los tres proveedores considerados en las resoluciones, informaron haber cobrado con cheques propios de ella, es decir, que no recibieron cheques de sus clientes y que ninguno de los sujetos circularizados en razón del cobro o endoso de cheques recibidos de clientes, informó haber sido su proveedor.
Reitera que quedó demostrado que la presunción simple sustentada en un único indicio –depósitos bancarios hechos por un socio- sin la concurrencia de otros hechos, sumado a que todos los clientes recibieron factura y pagaron con cheque, no es sostenible. Tal afirmación, agrega, se sostiene en el informe final de inspección.
En subsidio plantea que parcialmente se duplicó la base imponible presunta. En punto a ello considera que las resoluciones duplican las ventas presumidas al considerar, por un lado, los cobros con cheque, y por otro, presumiendo otro origen, el efectivo resultante del canje de tales cheques.
En ese sentido, advierte que tan sólo dos de los ciento doce cheques recibidos de clientes, fueron depositados; los tres proveedores computados informaron haber cobrado con cheques propios de ella y que ninguno de los sujetos circularizados en razón del cobro o endoso de cheques, informó haber sido su proveedor; hubo una operatoria de “descuento de cheques en el circuito informal”; existieron cheques que se cobraron por caja por parte del socio que hacía los depósitos bancarios.
En punto a ello razona que de lo contrario se sumarían dos presunciones, primero, dice, que los depósitos bancarios realizados por un socio provienen de ventas marginales, y segundo, que los cheques recibidos de clientes por operaciones facturadas, se destinaron a pagar proveedores marginales, cuando no hay ninguna prueba que permita sostener ello.
Plantea, en subsidio, que se detraigan de las ventas presumidas los montos de cheques canjeados y cobrados en ventanilla. Solicita que en la liquidación se detraigan de los montos depositados considerados como ventas netas, las sumas correspondientes a los cheques entregados al Sr. Ferdman y a Basso Hnos SA y a los cobrados por ventanilla, que según dice, de acuerdo a lo expuesto, deben considerarse cheques canjeados por efectivo.
Como otro planteo subsidiario explica que se presume sin explicación ni sustento probatorio que los depósitos realizados por el socio son ventas marginales netas de IVA, es decir, presume que esa venta fue sin impuesto. Conclusión esta que a su criterio no concuerda con la normativa aplicable. Con cita de los artículos 10 de la ley del gravamen y 41 del DR, el débito fiscal no integra la base imponible y la falta de discriminación no importa la presunción de que el vendedor no ingresó el impuesto sino que justamente demuestra que se considera que lo percibió y que todo el precio es monto imponible.
De hecho, agrega, la presunción legal del artículo 18, inc- g) de la LPT tampoco habilita tal conclusión. Solicita que se compute el crédito fiscal no considerado.
Con respecto a las sanciones aplicadas, luego de exponer su teoría acerca de la naturaleza penal de las infracciones tributarias, manifiesta que le causan agravio porque están basadas en presunciones. Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 96/111 contesta el recurso la representación fiscal y por las razones de hecho y derecho que expone, solicita se confirmen los actos venidos en recurso, con costas.
Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 118 se abre la causa a prueba. A fs. 141 se clausura el período de instrucción y se elevan los autos a conocimiento de la Sala A.
A fs. 142 se ponen los autos para alegar obrando a fs. 149/153 el alegato de la apelada no habiendo hecho uso de ese derecho la recurrente.
Finalmente a fs. 155 pasan a sentencia.
IV. Que según surge del informe final de inspección (vid. fs. 113/117 vta.), de la información colectada, suministrada por clientes y proveedores con los que operó la recurrente, se pudo constatar que desarrolló la actividad en la que se encuentra inscripta, esto es, “Demolición y voladura de edificios y de sus partes”. Para así concluir se consideró que: a) registra importantes depósitos en su cuenta corriente en el Banco Patagonia S.A.; b) adquirió maquinaria para el desarrollo de la actividad declarada; c) se comprobó en base a la información de terceros que las ventas de servicios fueron realizadas con la maquinaria adquirida (incluso existen servicios de obras públicas llevadas a cabo por esos terceros con dicha máquina); d) se verificó parcialmente el circuito financiero de la empresa; e) los servicios prestados incluyen mano de obra por lo que se podría inferir que había contratado personal sin realizar los respectivos aportes previsionales.
De la consulta a las bases de datos se observó que la sociedad únicamente informó personal en relación de dependencia en los meses de julio/2008 y agosto 2008, aportó declaraciones juradas de IVA entre los meses de febrero de 2008 y abril de 2010, sin declarar ingresos desde diciembre de 2008 a abril de 2010. No presentó declaraciones juradas en el impuesto a las ganancias ni registra pago alguno por ningún concepto. Ante los incumplimientos a los requerimientos formulados una vez iniciada la fiscalización se procedió a circularizar a bancos, clientes y proveedores de la recurrente.
El Banco Patagonia informó que la mayor parte de los depósitos de la cuenta corriente bancaria fueron efectuados con dinero en efectivo por caja, infiriendo que se trató de disminuir descubiertos.
Señala el informe que a pesar de que los clientes informaron que en general los servicios fueron abonados con cheques propios y cruzados a nombre de la recurrente y otros innominados, adjuntando constancia documental, se observa que pocos cheques de sus clientes fueron depositados en su cuenta bancaria, de lo que se infirió que fueron utilizados para pagar a sus proveedores y a vender los cheques de pago diferido “descuento de cheques” en el circuito financiero informal a efectos de obtener el dinero necesario para cubrir los descubiertos de su cuenta bancaria.
En agosto de 2011, mediante multinota contesta el requerimiento formulado el Sr. Ferdmann, Gustavo Adolfo y en puntual contestación explica que “la operatoria comercial que existió con la firma Vialmaq GG S.A….data del año 2006, donde realizaba operación de gestión de negocio y cobranza bancarias y estos cheques (refiere a los que obran en el requerimiento) vienen renovándose de operaciones de esa fecha que aún no han podido acreditarse por falta de dinero de la mencionada empresa” y aclara que como siguen rechazándose por falta de fondos “al no acreditarse siguen generando más valores y todos incobrables”. Aclara que todas las operaciones fueron detalladas y regularizadas mediante el acogimiento al blanqueo de capitales según Ley 26.476, el día 1/7/2009 (vid. fs. 563/568 del cuerpo Circularización III).
Se circularizó a clientes con los que tuvo relación comercial según la información sistémica CITI Compras, obteniéndose información sobre las operaciones realizadas y los cheques con que se pagaron. Con esos datos se solicitó información a los bancos.
Con sustento en la información y documentación aportada por el Banco Patagonia S.A. consistente en los anversos y reversos de los cheques librados por la recurrente contra su cuenta corriente, se procedió a circularizar a una serie de contribuyentes que figuraban al dorso de dichos cheques como endosantes, cobradores o depositantes de los cartulares, a efectos de verificar si eran proveedores. Se observó que casi la totalidad de los cheques fueron librados en forma innominada, en otros se observa que se nominaron con un sello con el nombre o razón social del depositante.
Asimismo, y en atención a la información aportada por la entidad bancaria mencionada, se emitieron requerimientos a los emisores de los cheques que fueron depositados en la cuenta corriente de la actora. Estos manifestaron no haber realizado operaciones con Vialmaq GG S.A.
Ante el incumplimiento a los requerimientos formulados y con sustento en la información de terceros y de las bases de datos de la administración, de la que pudo obtenerse: 1) las retenciones y percepciones sufridas por la recurrente en los impuestos a las ganancias y al valor agregado. Esta información se cruzó con las facturas de venta informadas por los clientes circularizados; 2) CITI Ventas: de donde se obtuvo la información sobre los proveedores que le facturaron a la actora, alguno de los cuales fueron circularizados; 3) Citi Compras: con la información reflejada en esa base de datos, se realizó el cruce con las facturas de ventas informadas por los clientes de Vialmaq GG S.A., obteniéndose el monto de ventas omitidas.
Así, las ventas omitidas sobre base cierta se determinaron a partir de las mencionadas circularizaciones efectuadas a los clientes, que aportaron –como quedó dicho- órdenes de pago, cheques entregados, extractos bancarios, copias de los registros de IVA Compras, etc. A dichas ventas se sumaron también las realizadas a tres firmas que surgían de las bases de datos del organismo fiscal. Respecto del débito fiscal computable, se tuvieron en cuenta los importes consignados en las facturas y en las bases de datos del organismo.
En tanto las ventas omitidas sobre base presunta se determinaron a partir de los depósitos bancarios correspondientes a la recurrente y teniendo en consideración que los clientes mencionados pagaron sus operaciones con la entrega de cheques, se presumió que los depósitos en efectivo (previamente depurados y que no fueron justificados) obedecían a ventas realizadas a clientes indeterminados. Se aplicó la alícuota del 21%. Es dable reiterar que a fin de calcular el crédito fiscal se recurrió a la información aportada por los proveedores de la recurrente, computándose en cada período fiscal correspondiente.
Con sustento en esos elementos se procedió a calcular el correspondiente impuesto al valor agregado. Con respecto al impuesto a las ganancias, de la información obtenida, se determinaron los ingresos, a los que se les aplicó un índice de resultado neto/ventas para arribar a la ganancia imponible de cada uno de los ejercicios. Índices que fueron elaborados surgieron de las ventas informadas por los terceros circularizados y por los montos de acreditaciones bancarias que no tienen origen comprobado con dichas ventas y fueron elaborados con base en los ingresos declarados y los resultados netos obtenidos por contribuyentes con igual actividad e ingresos similares a los de la recurrente y que prestan servicios en la misma zona geográfica.
Puesto en conocimiento de los ajustes efectuados y ante la falta de conformidad, se iniciaron sendos procedimientos determinativos que concluyeron en los actos venidos en recurso.
V. Que en ese contexto fáctico, corresponde examinar en primer lugar si la metodología empleada por el organismo recaudador, se adaptó a la preceptiva legal, aspecto cuestionado por la recurrente. Cabe precisar que si bien la ley impone al contribuyente o responsable la obligación de declarar la existencia y medida de su obligación tributaria, puede suceder que éste no lo haga o lo haga defectuosamente, ya sea por errores de interpretación o por la realización de maniobras tendientes a eludir o evadir el tributo correspondiente. Es por ello que el legislador previó el procedimiento de determinación de oficio, que habilita a la administración fiscal a determinar la obligación tributaria en forma cierta o directa o estimativa o presunta, cuando se verifiquen dos supuestos: a) cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o b) cuando las presentadas resulten impugnadas. De allí que este procedimiento, como lo tiene dicho reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia, resulta excepcional y subsidiario, pues deben darse alguna de aquéllas circunstancias para que el ente fiscal actúe.
De la misma manera, la ley tributaria establece un orden cronológico que deberá seguir la administración, pues sólo podrá recurrir a la estimación de la obligación tributaria sobre base presunta cuando no cuente con elementos ciertos que le permitan conocer la existencia y magnitud de la materia imponible. Ello conlleva que, en primer término, deberá agotar los medios que le permitan reconstruir la materia imponible de modo directo y sólo podrá recurrir al método indirecto o presuncional cuando no cuente “con pruebas lo suficientemente representativas de la existencia y magnitud de la relación jurídica tributaria a través de libros y demás documentación que lleve el contribuyente” (vid. esta Sala en su anterior integración, entre muchos otros, “Cafiero y Pollio S.A.”, 28/6/2001). Como enseña el Profesor Dino Jarach, “cualesquiera que sean las circunstancias que muevan a la Dirección a determinar el impuesto –ausencia de declaración jurada o equivocación por parte del contribuyente en sus declaraciones juradas-, la Dirección General Impositiva…debe, en primer término tratar de determinar el impuesto sobre bases ciertas, o sea, sobre un conocimiento directo y cierto de todas las circunstancias de hecho que la ley ha considerado relevantes para el nacimiento de la obligación tributaria….Puede ocurrir que falten elementos de juicio o que los que existan no sean suficientes para que la Dirección General Impositiva –el fisco, en una palabra- determine sobre bases ciertas. Solamente en este caso…puede acudir, en nuestro sistema legal, a una determinación sobre base presuntiva o, como dice la ley 11.683, a una estimación presuntiva…” (Jarach, Dino, “Determinación Impositiva. Naturaleza, Formas y Efectos”, en “Estudios de Derecho Tributario”, Ediciones Cima, 1998, pág. 219 y sgtes.).
Es decir que la ley estableció una metodología precisa a seguir con el objeto de evitar decisiones alejadas de la realidad, en tanto que el método indiciario permite fijar con “probabilidad” (más que con certeza) la existencia y magnitud del hecho imponible. Para ello el legislador establece reglas de valoración o índices que serán empleados como signos objetivos de que su sola presencia sea reveladora de la riqueza que está sometida a tributación. La utilización de estos índices se traduce en un método de determinación indirecta, pues si bien no nos suministran un conocimiento cierto de sus dimensiones, nos permiten “presumirlas”.
Como con acierto explicara Sala B de este Tribunal en el conocido precedente “Dadea, Marta Elisa”, “…debe advertirse que toda determinación sobre base presunta, como modalidad subsidiaria de comprobación y valoración que se acuerda al Fisco Nacional, debe reposar en ciertos indicios que, a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requiere la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes, que analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados” (22/12/83).
En la misma dirección, la Sala V de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa “Diagnóstico por Imágenes SRL c/DGI s/recurso directo” de fecha 21/06/17 sostuvo que “...la atribución del ente recaudador para proceder a la estimación de oficio ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia, ‘sin perjuicio del derecho del contribuyente para probar fehacientemente en juicio -como corresponde- los errores que atribuye a la liquidación practicada por la autoridad administrativa (Fallos: 268:514; y sus citas en consid. 12; Fallos: 197:210; 205:31; 210:107)’, y que si bien ello no significaba edificar un criterio general que importe prescindir del procedimiento de determinación sobre base cierta previsto en la ley, ‘tampoco permiten descartar ab-initio la aplicación de métodos indiciarios (en razón de calificarlos como meramente subsidiarios), cuando su utilización viene justificada tanto por la naturaleza y características de la explotación investigada, como por la necesidad de cumplir con el propósito tenido en cuenta por el legislador para establecerlos. De ahí que, en todo caso, su validez dependerá de que ‘su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción colectados en la causa’ (doc. Sala II del Fuero in re: ‘Verón, Teresa Argelia’, del 13/4/93)” (conf. Sala I in rebus: “Beraja, Alberto David y Dwed, José Roberto (TF 9904-I) c/ DGI”, del 20/09/99, y sus citas; y “Candle SA -TFN Nº 13.855-I c/ DGI” del 22/02/01, y sus citas). Asimismo, “en algunos casos, las presunciones se caracterizan por configurar bases alternativas de medición de riqueza que pueden no guardar relación exacta con el impuesto en las que se aplican, respecto a las cuales -cabría añadir- basta con que el contribuyente demuestre una realidad distinta a la prevista como presupuesto para la proyección de aquellas, para que entonces carezca de sustento el criterio fiscal que las tuvo en cuenta para ajustar la materia imponible” (conf. Sala I en causas: “Chieza SA”, del 23/04/98, “Beraja, Alberto David”, op. cit. y “Candle SA”, op. cit.).
VI. Que bajo tales pautas cabe analizar el accionar fiscal y los agravios expuestos por la recurrente. En primer término, a mi criterio, en atención al relato de la fiscalización llevada adelante, el ente fiscal actuó conforme a derecho toda vez que, a pesar de la falta de colaboración evidenciada por la recurrente, recurrió a los datos con los que contaba en sus bases y a partir de ellos, circularizó a sus clientes y proveedores, obteniendo elementos para efectuar la determinación sobre base cierta.
Por otra parte, con sustento en el primer párrafo del artículo 18, procedió a determinar la obligación de la recurrente, tomando como base los importes depositados en efectivo.
Los agravios de la recurrente en este aspecto se limitan a manifestar que esos importes son producto de préstamos obtenidos en el circuito informal, que habría quedado incluso acreditado por la presentación efectuada por el Sr. Ferdmann, quien justamente manifestó que cambió cheques por efectivo para la actora. A ello, agrega que el ente fiscal debió determinar su obligación haciendo uso de la presunción prevista en el inciso g) del artículo 18 y no en el primer párrafo, como finalmente hizo.
Ahora bien, el proceder fiscal no se advierte violatorio de norma alguna. En efecto, el inciso g) refiere a “los depósitos bancarios, debidamente depurados, que superen las ventas y/o ingresos declarados del período”, por lo que la aplicación de la presunción –a mi modo de ver- exige la presencia de declaraciones de ventas y/o ingresos, lo que no se da en la especie, pues como se explica en el Considerando IV, la recurrente no presentó declaraciones juradas en el impuesto a las ganancias y en el impuesto al valor agregado las presentó en cero. Ello así, el ente fiscal se encontraba habilitado a la utilización de las presunciones establecidas en el primer párrafo del artículo 18 de la ley procesal, norma que remite al juzgador a la utilización de razonamiento lógico para fijar la medida del hecho imponible (conf. Navarrine y Asorey, “Presunciones y ficciones en el derecho tributario”, Depalma, 2000, pag. 68 y sgtes).
Explican los mencionados autores que la “…redacción del artículo 18 en cuanto a la referencia de los índices es sólo enunciativa, por lo que pueden ser modificados, sustituidos y complementados por otros, siempre que tengan vinculación o conexión normal con las circunstancias del caso…La utilización de este método indiciario para conocer la magnitud del hecho imponible, con facultades amplias del fisco en la averiguación y fijación de los elementos idóneos, ha recibido de la jurisprudencia las condiciones que se debe cumplir en la apreciación del juzgador…los indicios tienen que ser razonables, y no responder a apreciaciones subjetivas del funcionario interviniente, cuidando que la elección de los indicios básicos y del procedimiento a emplear no se discrecional, pues una determinación impositiva válida implica un método adecuado, indicios representativos para el caso particular y congruencia con los resultados”.
De tal forma, a fin de reconstruir la materia gravada se requiere una serie de circunstancias correlativas y concordantes que, analizadas en una articulación coherente, evidencien que la probanza colectada guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados, sin perjuicio de que el contribuyente aporte elementos probatorios que ayuden a destruir los datos de los que se valió el ente fiscal.
En ese contexto resulta aplicable en la especie la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, que la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, Código Procesal Civil y Comercial, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrara los préstamos efectuados que sostiene, son el origen de los depósitos en efectivo.
Frente a su inactividad probatoria, tanto en sede administrativa como ante este Tribunal, no cabe más que confirmar el ajuste fiscal, tanto en el impuesto al valor agregado como a las ganancias. Con costas.
VII. Que sentado lo que antecede, corresponde tratar los agravios que en forma subsidiaria articula la recurrente.
En primer término, plantea que existe una duplicación de operaciones gravadas presumidas, pues no se efectuó una correcta depuración bancaria al no contemplarse el efectivo que era resultante del canje de los cheques. Tal circunstancia, a su criterio, se encuentra probada pues la mayoría de los cheques librados no fueron depositados sino que fueron cobrados por uno de los socios por caja. Entiende probada la existencia de una operatoria de descuento de cheques.
En puntual contestación a sus argumentos cabe señalar que la fiscalización efectuó una meticulosa circularización a sus proveedores, clientes y bancos con los que operaban estos.
Sus clientes informaron las operaciones que realizaron y los medios de pago, acompañando copias de facturas, recibos y órdenes de pago así como los resúmenes bancarios en donde obraban los débitos de los cheques con los que se cancelaron las operaciones (vide en cuerpo de circularización las contestaciones a los requerimientos realizados por: Coarco S.A. (fs. 57, 77, 78/82 y 89/124); Sol de Pueyrredón S.A. (FS. 216/225); Pedro Moscuzza e Hijos S.A. (fs. 233/239); Anconra Construcciones S.A. (fs. 247, 274/291 e informe del BBVA de fs. 293/303); Ingeniero Miconi y Asociados S.A. (fs. 323/385); Romera Hnos. S.A. (fs. 389/406); Plantel S.A. (fs. 425/442); Consca S.A. (fs. 447/455); Desafío S.A. (FS. 464/401, 500/508 y 511/525). De esta información puede colegirse que los cheques fueron presentados al cobro por la actora.
Con respecto a los cheques emitidos por la recurrente para hacer frente a las operaciones con sus proveedores, la circularización pudo constatar –en numerosos casos- que fueron tercerizados y finalmente presentados al cobro por personas que no tuvieron relación con Vialmaq S.A (vid. fs. 690, 697). En otros casos, cancelaron operaciones con sus proveedores.
Finalmente, cabe señalar que el Sr. Ferdman manifestó que su operatoria comercial data del año 2006, es decir, un período que no se encuentra en discusión, y alude sólo a dos cheques, que aclaró, aún no han podido cobrarse.
En ese contexto fáctico, la recurrente no ha logrado vincular que los depósitos en efectivo obedecieron a operaciones de canje de cheques, destacándose que la única prueba producida no aportó elementos hábiles a tal fin, por lo que corresponde rechazar sus agravios en este aspecto.
Igual suerte debe otorgarse a su petición dirigida a que se detraigan los importes correspondientes a los cheques canjeados y cobrados en ventanilla pertenecientes a Basso Hnos. S.A. y Ferdman, en virtud de que –como se dijo- no ha quedado acreditado el vínculo entre esos cartulares y los depósitos o cobros en efectivo.
VIII. Que tampoco resultan atendibles sus agravios dirigidos a que se considere el impuesto al valor agregado en las operaciones presumidas.
En efecto. Debe tenerse presente que el ente fiscal consideró acreditado, con sustento en elementos de prueba que –como quedó dicho no han sido destruidas por la acción probatoria de la recurrente- la existencia de depósitos bancarios que se tradujeron en ventas omitidas.
Ello así, no corresponde colegir que existe débito fiscal englobado en dichas operaciones, pues tratándose de una presunción de ventas omitidas, no puede concluirse que las mismas incluyen el impuesto no declarado ante la DGI (conf. TFN, Sala A, “Guilbuj, Tonia”, 13/4/98, entre otros).
En mérito a lo expuesto, solo corresponde confirmar el criterio fiscal en este aspecto. Con costas.
IX. Que resta tratar las sanciones aplicadas, que el ente fiscal subsume en los artículos 46 y 47, inc. b) y c) de la ley 11.683, t.o. en 1998 y sus modificaciones.
La recurrente entiende que no procede la aplicación de sanción alguna en tanto son improcedentes las determinaciones y porque estas se sustentan en presunciones.
Cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
Con respecto, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Bajo esas premisas, sólo resta afirmar que será el ente fiscal el encargado de comprobar la existencia de ambos elementos.
X. Que en el caso sub examine, el Fisco Nacional recurrió para encuadrar la conducta del recurrente, al artículo 47 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) que presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas, cuando se verifiquen algunas de las situaciones que se describen en sus cinco incisos.
Dos características son comunes a todo tipo de presunciones, cualquiera sea su clase: por un lado la estructura lógica de su juicio en que se basan; por otro, y como consecuencia, el hecho de que no son juicios orientados a la certeza, sino razonamientos simplemente probabilísticos. La doctrina las ha definido como aquélla operación lógica tendiente a fijar la existencia o dimensión de un hecho desconocido a partir de uno conocido, que según la experiencia le sigue o precede.
En el caso de las presunciones contenidas en el artículo citado, el legislador, a partir de un hecho cierto (hecho inferente, comprobado o fundante, que son los descriptos en sus incisos) y que debe ser probado por el ente fiscal, elabora a partir de él una regla de experiencia que nos indica cómo es -generalmente- el orden natural de las cosas y a partir del cual deriva una afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (inferido, presumido, fundado). En la especie, deriva la afirmación de que existió la voluntad de producir declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, que posibilita tener por cierto que existió un obrar en fraude al Fisco.
Según Bielsa, la presunción jurídica no es una fórmula legal puramente artificial o imaginaria, sino una disposición legislativa que tiene fundamento en la realidad, pues la ley funda la presunción en el hecho de que en general eso casi siempre ocurre (“presumtio sumitir ex so quo prelumque fit”), aunque en algunos casos no suceda así (Bielsa, Rafael, “Metodología Jurídica”, Librería y Editorial Castellvi, Santa Fe, 1961, pag. 580). Al amparo de lo expuesto, analizadas las actuaciones administrativas, los informes finales de inspección y en atención a lo resuelto en Considerandos precedentes, el Fisco Nacional actuó correctamente al encuadrar la conducta de la recurrente. En efecto, imputa a la apelante la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultacion ocultaciones maliciosas toda vez que en los libros, registros y demás antecedentes “se consignan datos inexactos que ponen una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible”.
Frente a ello, los argumentos que ensaya no tienen entidad para enervar la ausencia de una conducta dolosa. Baste para ello destacar que sus declaraciones juradas originales no reposaban en documentación fidedigna, pues se encontraban declarados créditos fiscales y gastos que no contaban con el debido respaldo documental que significaron un importante ajuste en su determinación de la obligación tributaria. Asimismo, no resulta atendible su petición sobre la improcedencia de las sanciones por sustentarse en presunciones, pues a mi modo de ver, si bien nuestro Máximo Tribunal ha dicho que las presunciones del artículo 18 de la ley 11.683 resultan suficientes para fundar la determinación impositiva, tales conclusiones no pueden extenderse al campo del ilícito tributario, debe deducirse que ello será así si, además, no se cuenta con el necesario sustento de otros elementos que acrediten la existencia de una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del Fisco.
Como señalara esta Sala en su anterior integración en numerosos pronunciamientos (vid. por todos, Cometa S.A., 3/12/97), “tanto la Cámara en los autos "Metalúrgica Tadema SCA" (17/9/1982) y "Lerma SA" (13/11/1980) coincidió con tal criterio, al sostener que si bien cabía deslindar el ámbito sustantivo con el represivo, aclaró inmediatamente que la improcedencia de extender esa responsabilidad en el campo del ilícito lo era "sin el necesario sustento en otros elementos de prueba que permitan acreditar la existencia de una actitud dolosa".
Por otra parte, en el caso de autos, el Fisco Nacional no efectuó una interpretación automática de la conducta del contribuyente por el hecho de haber estimado su obligación, sino que la atribución penal fiscal deviene de atribuir actos fraudulentos, claramente definidos y que quedan patentizados en los ajustes efectuados, que conlleva a considerar que el comportamiento observado por la entidad ha asumido el carácter de fraudulento. En mérito a lo expuesto, corresponde confirmar las sanciones aplicadas. Con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán, pero no con la graduación de las sanciones aplicadas en autos.
II. Que en relación a las multas impuestas comparto los argumentos expuestos por la Vocal preopinante en cuanto confirma las mismas, no obstante, no surge del Informe Final de Inspección ya mencionado en este decisorio que la recurrente presentara antecedentes infraccionales, lo cual conduce a reducir las sanciones a su mínimo legal en dos tantos de los gravamenes dejados de ingresar en su justa medida, con costas en la parte que se confrima y por su orden en relación a la reducción de las mismas.
El Dr. Magallón dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
Por ello, por mayoría, SE
Confirmar la resoluciones apeladas en autos, con costas; y reducir las multas aplicadas a dos tantos de los gravámenes dejado de ingresar en su justa medida, con costas, en la parte que se confirma, y por su orden en relación a la reducción de las mismas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2024.05.22 15:53:54 -03:00 Digitally signed by Armando Magallon Date: 2024.05.22 18:34:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Subrogante Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.23 12:36:02 -03:00 Laura Amalia Guzman Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.23 12:36:03 -03:00
Fin de la sentencia