Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2026-68456191--APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de amparo por mora deducido por Vibrantz Argentina S.A., con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $204.152, equivalente a 2 UMA, y por el patrocinio letrado en la suma de $510.380, equivalente a 5 UMA, los que quedan a cargo de Vibrantz Argentina S.A., teniendo en cuenta a tales fines lo dispuesto por el art. 44, inc. b), último párrafo de la ley 27.423.
Los honorarios regulados no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-78187060-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 13 de Agosto de 2026 Amparo En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente EX- 2026-68456191--APN- SGAI#TFN caratulado "Vibrantz Argentina SA s/amparo"
La Dra. O´Donnell dijo:
I. Vibrantz Argentina S.A. interpone el recurso de amparo previsto en el art. 182 de la ley 11.683 invocando la demora excesiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en finalizar el trámite de devolución del saldo a favor de libre disponibilidad del impuesto al valor agregado del período 01/2024, solicitado en los términos de la RG (AFIP) N° 2224.
En su presentación ante este Tribunal manifiesta que el saldo de libre disponibilidad fue convalidado por la Agencia el 18 de diciembre de 2025, mediante el Certificado de Convalidación Nro. 26766598/2025 por la suma de $600.000.000, más intereses, pero afirma que el trámite se encuentra aún pendiente de culminación por falta de pago.
Por eso, deja constancia de que su recurso de amparo no tiene por finalidad discutir la procedencia sustancial de la obligación de devolución, sino de exigir al organismo fiscal que lo finalice mediante la transferencia de los montos adeudados a la CBU que oportunamente declaró.
Relata que el 27 de febrero de 2024, solicitó la devolución de acuerdo al procedimiento establecido en la RG N° 2224, la que fue aceptada formalmente el mismo día y convalidada, sin objeciones, el 18 de diciembre de 2025. Sin embargo, luego de 5 meses, como aún no se había transferido el importe a su cuenta, el 9 de abril de 2026 presentó un pedio de pronto despacho a fin de que se cumpla con dicha diligencia.
Señala que el 16 de abril de 2026 la Agencia le comunicó el rechazo de su presentación, indicándole que “No deberá realizar ningún trámite más, sólo aguardar la autorización del pago para la transferencia a su cbu.”, lo que según afirma, pone de manifiesto que existen diligencias administrativas concretas y pendientes de ejecución, tales como liquidación, autorización, e inclusión en el proceso de pago por lotes, que exceden la mera trasferencia bancaria, ya que son actos que preceden y condicionan cualquier acreditación de fondos.
Invoca así, que existe una demora excesiva e injustificada de la Administración, que le causa un perjuicio grave y evidente, ya que se ve privada de disponer de $600.000.000 de capital de trabajo desde hace más de 27 meses transcurridos desde la fecha de la solicitud, lo que afecta el normal desarrollo de su actividad.
Por ello, considera que se dan los requisitos previstos en la ley para la procedencia del recurso interpuesto, y pide que se haga lugar al mismo, con costas.
II. Por su parte, en ocasión de contestar el requerimiento previsto en el art. 183 de la ley 11.683, la representación fiscal manifiesta que según lo informado por la División Gestiones y Devoluciones interviniente y tal como señala Vibrantz Argentina S.A. en su recurso, el 18 de diciembre de 2025 se emitió el Certificado de Convalidación, de acuerdo al procedimiento previsto en la RG (AFIP) N°2224 por la suma de $600.000.000, notificado el 19 de diciembre de 2025.
Agrega allí que dicha dependencia informó que “…, se realizó el cierre del trámite y la disposición a Finanzas el 22 de diciembre de 2025, concluyendo la actuación de esta División en dicho trámite”.
Explica a continuación que una vez que se dicta el acto de convalidación, “…la información para el Pago al contribuyente migra de forma automática y sin tener que mediar intervención alguna del personal, al Departamento de Devoluciones a Contribuyentes (DE DEVO)”. Por dicho motivo, ante el pronto despacho presentado por Vibrantz Argentina S.A. se le comunicó que no quedaban tareas pendientes de realización y que de su presentación se dio intervención a la División de Pagos Tributarios la que informó que “…la liquidación se encuentra en proceso de tramitación a la espera de autorización para su cancelación”.
En virtud de lo expuesto, afirma que la vía intentada por Vibrantz Argentina S.A. no es la correcta ya que lo que pretende es urgir el pago, lo que excede el objeto del recurso de amparo por mora y obsta a su procedencia, pues el trámite iniciado por ésta ha concluido con la emisión del Certificado de Convalidación. Solicita, entonces, el rechazo del recurso, con costas.
III. Por PV-2026-77738553-APN-VOCXI#TFN , se elevan los autos a consideración de la Sala. IV. Debe recordarse, en primer lugar, que el recurso de amparo reglado en el art. 182 de la ley 11.683 exige para su procedencia los siguientes requisitos: un trámite o diligencia a cargo de los empleados/as de la Administración Tributaria, una demora excesiva, es decir de tal magnitud que justifique la intervención de este Tribunal y, por último, el perjuicio hacia la persona que lo inició; además, previo a su interposición debe haberse instado a ésta a pronunciarse a través de un pedido formal de pronto despacho y debe haber transcurrido el plazo de 15 días allí establecido, sin lograr su propósito.
Además, cabe recordar que queda excluido del objeto de este remedio la posibilidad de que se condene a la Administración a pronunciarse en un determinado sentido o a resolver de una manera determinada (Fallos 313:1706, entre otros) puesto que no es su objeto sustituirla en sus funciones sino, de darse los supuestos antes indicados, proteger los derechos de los contribuyentes.
En efecto, el recurso de amparo reglado en la ley 11.683 ha sido instituido para proteger los derechos o intereses de los administrados obstaculizados por la demora excesiva de dependientes de la Administración Tributaria en la realización de un trámite, es decir que se trata de un remedio frente a la pasividad de éstos en el marco de un expediente administrativo o petición concreta.
En el caso, como se relató y según surge tanto de las manifestaciones de ambas partes, así como de las constancias agregadas por ellas al Expediente, el 18 de diciembre de 2025 la Agencia de Recaudación y Control Aduanero emitió el Certificado de Convalidación N° 26766598/2025 en el que aceptó y autorizó la devolución del saldo de libre disponibilidad solicitado por Vibrantz Argentina S.A. por $600.000.000, más sus intereses.
Por ello, asiste razón a la representación fiscal cuando señala que, de acuerdo al procedimiento previsto en la RG (AFIP) N° 2224 y sus modif., dicho acto implicó la aprobación de su solicitud y con ello la emisión del acto administrativo que concluyó el trámite iniciado. Por dicho motivo, en su actuación del 16 de abril de 2026 ante el pedido de pronto despacho de Vibrantz Argentina S.A., le hizo saber que el crédito ya reconocido se encontraba en proceso de pago, que el sistema calcularía automáticamente los intereses y que no debía realizar ningún otro trámite.
En definitiva, en cuanto a los requisitos de procedencia del recurso previsto en el art. 182 de la ley 11.683, que es lo que aquí interesa, debe decirse que es el propio Certificado de Convalidación debidamente notificado a la empresa el que da cuenta que al interponer dicho remedio ante este Tribunal, el trámite ya estaba finalizado, en los términos de la normativa antes citada.
En ese sentido, cabe señalar que ante planteos similares, el criterio de la Cámara que ejerce como Tribunal de Alzada es que “…la vía de la acción contemplada en el art. 28 de la ley 19549 –análoga a la instituida en el ya citado art. 182 de la LPT-, sólo resulta aplicable ante la morosidad de la autoridad administrativa en emitir un dictamen o resolución; mientras que en la petición destinada a urgir un pago –más allá de su forma-, al no estar contemplada en los referidos supuestos, queda fuera de tales supuestos” (conf. “Adblick Granos SA, sentencia del 25.8.2021, entre otros).
Asimismo, ha expresado que “…tampoco puede considerarse al pago requerido como un “trámite o diligencia” en los términos del artículo 182 de la ley 11.683, si se tiene en cuenta que los conceptos antedichos refieren a pasos o gestiones administrativas que deben ser orientadas para resolver el fondo de un asunto (como lo fue el iter seguido por la Administración Pública a efectos de dictar las Resoluciones Nº…) que se genera a raíz de una petición de un particular y no a la acción (o el hecho) de pagar, que –en su carácter de obligación prestacional– excede el cauce formal de la vía intentada.” (conf. “Patagonia Meat SA, sentencia del 15.6.2021). En otro orden de cosas, el mismo Tribunal en más de una oportunidad ha señalado que la orden de pronto despacho que implica hacer lugar al recurso de amparo por mora en modo alguno puede ser entendido, como una condena al pago de suma alguna de dinero, ya que dicho planteo debe ser articulado por las vías procesales pertinentes (conf. “Grupo Simpa S.A.”, sentencia del 19.5.2026); ni tampoco puede ser un medio para urgir un pago (conf. “Llorente, Federico”, sentencia del 28.8.2025), ya que en ambos casos, en palabras de la Cámara, se excedería el restringido marco cognoscitivo que el art. 183 de la ley 11.683 impone para el proceso del recurso de amparo por mora ante este Tribunal.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de amparo, con costas, tal lo dispuesto en las sentencias antes citadas también.
El Dr. Martín y la Da. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso de amparo por mora deducido por Vibrantz Argentina S.A., con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $204.152, equivalente a 2 UMA, y por el patrocinio letrado en la suma de $510.380, equivalente a 5 UMA, los que quedan a cargo de Vibrantz Argentina S.A., teniendo en cuenta a tales fines lo dispuesto por el art. 44, inc. b), último párrafo de la ley 27.423.
Los honorarios regulados no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2026.08.12 16:57:20 ART Date: 2026.08.13 10:38:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.13 11:46:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.13 11:47:45 -03:00
Fin de la sentencia