Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 28.306-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución 45/10 (AD POCI), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12731-32- 2007, y por ende los cargos 987/07, 988/07, 989/07, 990/07, 991/07, 992/07, 993/07, 994/07, 995/07, 996/07, 997/07, 998/07, 999/07, 1000/07, 1001/07, 1002/07, 1003/07, 1004/07, 1005/07, 1006/07, 1007/07, 1008/07, 1009/07, 1010/07, 1011/07, 1012/07, 1013/07, 1014/07, 1015/07, 1016/07, 1017/07, 1018/07 y 1019/07.
2Imponer las costas a la Aduana.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-55133528-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Mayo de 2024 28.306-A.
Reunidos los Vocales titulares de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez (la Vocalía 14a. Nominación se encuentra vacante), con la presidencia del vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “VICENTE URBA E HIJOS S. DE H. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, Expte. N° 28.306-A. El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: La firma VICENTE URBA E HIJOS S. DE H. interpone recurso de apelación contra la resolución 45/10 (AD POCI), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12731-32-2007, mediante la cual se resolvió rechazar las impugnaciones oportunamente deducidas, confirmándose en consecuencia los cargos 987 al 1019, todos del año 2007, formulados por el ajuste de los valores FOB declarados en las destinaciones de importación a consumo 06045IC03000134X, 06045IC03000138M, 06045IC03000147M, 06045IC03000156M, 06045IC03000162J, 06045IC03000167Y, 06045IC03000173L, 06045IC03000180J, 06045IC03000182L, 06045IC03000193N, 06045IC03000196Z, 06045IC03000203F, 06045IC03000212F, 06045IC03000220E, 06045IC03000224X, 06045IC03000232H, 06045IC03000236L, 06045IC03000246M, 06045IC03000250H, 06045IC03000252J, 06045IC03000259Z, 06045IC03000270J, 06045IC03000273M, 06045IC03000280K, 06045IC03000282M, 06045IC03000297S, 06045IC03000303G, 06045IC03000315J, 06045IC03000317L, 06045IC03000330G, 06045IC03000331H, 06045IC03000333J y 06045IC03000335L.
Explica que al documentar las importaciones acompañó la totalidad de la documentación complementaria, especialmente la factura comercial que indica el precio realmente pagado, con la cláusula de venta FOB Yacuiba declarado, el que debe ser tomado como base para la determinación de los tributos a pagar. Manifiesta que los cargos notificados son nulos, toda vez que el acto administrativo no cumple el requisito de ser completo, ya que para tomar conocimiento de la infracción y la situación imputada se remitió al informe 124/07, que trata de la misma situación descripta en el informe 35/07 (DV FOCO) y la operatoria del expediente SIGEA 12733-1015-2005, que no fueron acompañados a los cargos, lo que le impidió conocer los motivos de la imputación y ejercer debidamente su derecho de defensa.
Señala nuevamente que en los despachos consta el precio del flete internacional pagado y el valor FOB Yacuiba en que se adquirió la mercadería, siendo esos los valores que debe considerar la Aduana, quien no puede fundarse en un informe formulado para otra causa particular, en este caso el informe 35/07, que fuera utilizado para las operaciones de la firma BORREGUITO S.A. Agrega que hacer extensivo dicho informe a todas las operaciones de importación sobre la misma mercadería resulta arbitrario e incierto, dado que las condiciones de contratación son diferentes para cada operación, y que si la Aduana sostiene que el precio declarado difiere del realmente pagado debe demostrarlo fehacientemente.
Cita la Decisión relativa a los casos en que las administraciones de Aduana tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado y el Acuerdo relativo a la aplicación del art. VII del GATT, para concluir que la Aduana ha aplicado incorrectamente tal normativa, ya que nunca solicitó explicación o información sobre el precio de la mercadería, no comunicó al interesado los motivos de las dudas previo a la decisión, no dio plazo alguno para brindar información y adoptó luego una resolución definitiva a través de la formulación de los cargos aquí discutidos. Luego se expresa sobre el informe adjunto a los cargos, indicando que carece de fundamentación y se limita a hacer mención al informe 35/07 (DV FOCO) y a la operatoria descripta en el expediente SIGEA 12733-1015-2005, sin acompañarlos, a la vez que comete errores como referirse al flete interno de Bolivia como flete internacional.
Manifiesta que la resolución apelada no es una resolución concreta, ya que no se confirman ni se revocan los cargos, por lo que se trata de un evidente error procesal y una resolución carente de sustento legal. Por último, realiza un detalle de cada uno de los cargos, indicando el despacho de importación al que corresponde y su monto. Ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (fs. 36/41). Realiza la negativa de rigor y repasa lo actuado en sede administrativa. Procede luego a contestar el traslado, indicando que la Aduana ajustó el valor de transacción adicionándole los gastos del flete desde el lugar en que se originó el flete internacional hasta el lugar más próximo a la frontera donde se puede descargar materialmente la mercadería, tal cual manda la norma. Respecto al planteo de nulidad, señala que se cumplieron todas las etapas procesales para el procedimiento de impugnación, por lo que la parte contó con su correspondiente derecho de defensa y que las quejas se remiten a cuestiones meramente formales. Asimismo, indica que los planteos de nulidad se encuentran vinculados con los agravios que sustentan la apelación, por lo que se encuentran alcanzados por el principio de absorción y solicita su rechazo. Luego se expresa sobre la cuestión de fondo, indicando que en función de lo establecido por el art. 8 punto 2 del Acuerdo relativo a la aplicación del art. VII del GATT cada país puede incluir la totalidad o parte de los gastos de transporte, de cargo y costo del seguro, lo que en nuestro país se hizo efectivo a través de los artículos 5 y 6 del decreto 1026/08, los que cita y transcribe. Refiere que la situación de autos es idéntica a la que se describiera en el informe 35/07 (DV FOCO), es decir, se adquiere mercadería en la zona de Chapare, Cochabamba, Bolivia y se la transporta con destino final a nuestro territorio consignándose un valor FOB Yacuiba-Salvado Maza, Salta, simbólico, omitiéndose adicionar al valor en aduana el concepto de flete internacional desde Cochabamba hasta Yacuiba. Por último, acompaña como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva de caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: A fs. 42 se tiene por contestado el traslado conferido y se abre la causa a prueba. A fs. 54/57 obra respuesta al oficio de parte de la DGA. La documentación de fs. 56 se encuentra desglosada por cuerda, conforme proveído de fs. 100. A fs. 94/96 el perito contador presenta su informe pericial y a fs. 101 la actora contesta la vista del informe. A fs. 104 se clausura el período probatorio. El 26.04.2024 se elevan los autos a la Sala “E”, y se ponen los autos para alegar. A fs. 115/116 obran agregados los alegatos de la representación fiscal, y a fs 117/120vta los de la parte actora. A fs 123 se llaman los autos a sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: Las actuaciones administrativas SIGEA 12731-32-2007 se inician con el informe 124/07 (SE FVIC), a través del cual se concluye que corresponde realizar un ajuste en los términos del art. 8.2 del Acuerdo del GATT, por no incluirse la totalidad de los gastos de transporte en el valor FOB (Yacuiba) declarado. Adjunto al mismo lucen planillas de cálculos para cada uno de los despachos de autos (fs. 1/4). A fs. 5/6 se informa el listado de despachos a los que deberá efectuarse los cargos. A fs. 8/43 lucen las cédulas de notificación de cada uno de los cargos objeto de autos, que fueran recibidas conjuntamente el día 20.12.07. A fs. 44/199 y 203/441 la actora impugna separadamente cada uno de los cargos -987 al 1019, todos del 2007- esgrimiendo idénticos argumentos y acompañando la misma documentación. En el medio de las impugnaciones presentadas por la actora, a fs. 200/202, se agrega el informe 35/07 (SE FVIC), relativo a las actuaciones administrativas SIGEA 12733-1015-2005, emitido sobre los despachos de importación 04045IC03000528N y 04045IC03000400C correspondientes a la firma BORREGUITO S.A., a través del cual se concluye que correspondería realizar un ajuste en los términos del art. 8.2 del Acuerdo del GATT. A fs. 442 se tiene por iniciado el procedimiento de impugnación de la totalidad de los cargos. A fs. 445 obra el informe 24/10 (SE FVIC), a través del cual se ratifican los cargos formulados. A fs. 446/449 obra análisis de valor de bananas y fletes. A fs. 450 se agrega nuevamente el informe 35/07 (SE FVIC), relativo a las actuaciones administrativas SIGEA 12733-1015-2005. A fs. 452/453 luce el dictamen 187/10 (AD POCI), que concluye que correspondería no hacer lugar a la impugnación y continuar el trámite de los cargos. A fs. 454/455 obra la resolución 45/10 (AD POCI), apelada en autos y por la cual no se hace lugar a la impugnación interpuesta por la actora.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la resolución apelada –45/10-, en cuanto dispone rechazar la impugnación incoada por la firma VICENTE URBA E HIJOS S. DE H. y confirmar en consecuencia los cargos 987 al 1019, todos del 2007, se ajusta a derecho.
Los cargos fueron formulados a través del ajuste de valor efectuado en los términos del art. 8.2 del Acuerdo relativo a la aplicación del art. VII del GATT, por la diferencia de tributos resultante de incluir la totalidad de los gastos de transporte internacional en el valor FOB (Yacuiba) declarado, que según la Aduana habrían sido omitidos por la actora al oficializar los despachos de autos.
La actora centra su defensa indicando que los cargos formulados son nulos, toda vez que no cumplen con el requisito de ser completos, ya que para tomar conocimiento de la situación imputada se remitió al informe 124/07, que trataría de la misma situación descripta en el informe 35/07 (DV FOCO) y la operatoria del expediente SIGEA 12733-1015-2005, los que no fueron acompañados a los cargos, viéndose impedida de conocer los motivos de la imputación y ejercer debidamente su derecho de defensa. Asimismo, sostiene que el precio del flete declarado coincide con el abonado, y que el valor FOB declarado se corresponde con el valor en que efectivamente se adquiere la mercadería.
V.1. Resulta procedente recordar, en primer lugar, que la ley 24.425 aprueba el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las decisiones, declaraciones y el Acuerdo de Marrakech por el que se crea la OMC, y, entre otros, el Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del GATT. Incorpora además la Decisión del Comité de Valoración en Aduana relativa a los casos en que las administraciones tengan motivo para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.
El Acuerdo Relativo a la aplicación del Art. VII del GATT establece que el Valor de transacción, tal como se define en el art. 1, es la primera base para la determinación del valor en aduana. El referido art. 1 dispone: “El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación ajustado de conformidad con lo dispuesto en el art. 8…”. En la Introducción General del Acuerdo se señala que el Valor de transacción, tal como se define en el art. 1, es la primera base para la determinación del valor en aduana de conformidad con el presente acuerdo.
El art. 1 debe considerarse en conjunción con el art. 8, que en su punto 2 establece que cada miembro dispondrá, en la elaboración de su legislación interna, que se incluya en el valor en aduana o se excluya del mismo, la totalidad o una parte de los elementos siguientes: a) los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación; b) los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación; y c) el costo del seguro. Sobre esta base la Aduana procedió a realizar el ajuste que se discute en autos. Asimismo, debe señalarse que la norma ampliatoria del Código de Valor del GATT, “Decisión relativa a los casos en que las aduanas tengan motivo para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado", permite a la Aduana, en concordancia con lo dispuesto en el art. 17 del Acuerdo, investigar la veracidad o exactitud de cualquier información, documento o declaración que le sean presentados a efectos de la valoración y pedir al importador que proporcione una explicación complementaria, documentos u otras pruebas de que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercaderías importadas ajustadas (conf. art. 8).
Si una vez recibida la información complementaria (o a falta de respuesta) la Aduana todavía tiene dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir teniendo en cuenta las disposiciones del art. 11, que el valor de las mercancías importadas no se puede determinar con arreglo a las disposiciones del art. 1. Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración comunicará al importador por escrito si le fuera solicitado sus motivos para dudar de la veracidad y exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva la administración la comunicará por escrito al importador indicando los motivos que la inspiran.
Para rechazar el valor declarado por motivos diferentes a los establecidos en el art. 1 del Acuerdo, cuando no concurran las situaciones previstas en los inc. a), b), c) y d) y art. 8, la inexactitud o falta de veracidad de los valores debe estar debidamente fundada por la Aduana.
Así, con fundamento en la aplicación de la noción positiva de valor, las posibilidades de la Aduana para desestimar el valor de transacción son limitadas, lo que no implica que deba aceptarse lisa y llanamente como base de valoración el precio facturado o valor de transacción cuando haya motivos para dudar de su veracidad. Cabe puntualizar que el art. 17 del Acuerdo expresamente señala que ninguna de sus disposiciones podrá interpretarse en un sentido que ponga en duda el derecho de las aduanas de comprobar la veracidad o exactitud de la información o documentos presentados a efectos de la valoración de las mercaderías. Por último, el Acuerdo prohíbe que los valores que se determinen por las aduanas sean arbitrarios o ficticios y los criterios razonables a que refiere expresan que el valor en aduana no se basará en el precio de venta en el país de importación de mercaderías producidas en dicho país, en un sistema que prevea la aceptación del más alto de dos valores posibles, ni en valores en aduana mínimos.
V.2. Sentado ello, del análisis de las actuaciones administrativas se advierte que la Aduana ha ajustado el valor declarado por la actora a partir de lo expuesto en el informe 124/07 (SE FVIC), a través del cual la Sección Fiscalización y Valoración de Importación se limita a mencionar que estaríamos ante la misma situación descripta en el informe 35/07 (DV FOPO), que habría sido emitido en el marco de las actuaciones SIGEA 12733-1015-2006, pero sin acompañar, al momento de notificar los cargos, el informe y las actuaciones administrativas en las cuales se habría producido. El informe base de las presentes actuaciones -124/07- señala que para las operaciones en trato la mercadería se adquiere en la zona de Chapare, Cochabamba, Bolivia y se transporta con destino final a Santa Fe, consignándose un valor FOB Yacuiba de U$S3 y el monto declarado en concepto de flete asciende a U$S240. Asimismo, indica que se omite adicionar al valor en Aduana la suma de U$S2.400 en concepto de flete internacional, de conformidad con el mencionado informe 35/07 (DV FOPO) y la operatoria descripta en el expediente SIGEA 12733-1015-2005 (ver fs. 1/2 de las act. adm.). Este fue entonces el fundamento del servicio aduanero para formular los cargos objeto de autos.
Debe destacarse que ni el informe 35/07 (que luce agregado recién a fs. 200/202 y 450 de las act. adm.), ni las actuaciones SIGEA 12733-1015-2005, de la cual solo se acompañaron los sobres contenedores involucrados recién al producirse la prueba ante esta instancia (ver documentación de fs. 56 de autos que se encuentra desglosada por cuerda conforme proveído de fs. 100), fueron acompañados al momento de notificarse los cargos a la actora, lo que le impidió conocer si efectivamente se estaba ante una situación similar a la de autos. En idéntica línea, los despachos de importación aquí involucrados no lucen agregados a las actuaciones administrativas, lo que impide determinar su similitud con los mencionados supra.
Posteriormente, se glosa a la causa un nuevo informe cuyo asunto es “Análisis de valor de bananas y fletes” –fs. 446/449 de las act. adm.-, que hace referencia a importaciones de mercaderías originarias y procedentes de Bolivia, realizado en el año 2005, el cual concluye que “se deben revisar las importaciones a consumo documentadas por esta Aduana –Salvador Maza, Salta- ya que el 90% de las mismas se hallan en la mismas condiciones en cuanto a la aplicación del flete descripta para el ingreso de la banana”.
V.3. Conforme el detalle descripto precedentemente, y teniendo en cuenta el fundamento de la Aduana para formular los cargos de marras, surge clara la imposibilidad de efectuar el debido –o cualquier- examen del ajuste de valor, verificándose que el ajuste de las mercaderías importadas resulta, en el caso, totalmente infundado.
A mayor abundamiento, debe destacarse que la Aduana tampoco ha cumplido con el procedimiento establecido para rechazar el valor declarado, conforme se detalló en el punto V.1.-, toda vez que no obran constancias de intimación o requerimiento de información alguna en relación al valor declarado en los despachos, ni tampoco luce una comunicación previa indicando los motivos que la llevan a dudar de la veracidad y exactitud del valor declarado, tomando conocimiento la actora recién con la notificación del ajuste de valor practicado mediante los cargos aquí discutidos, resolución que como se indicó supra no se encuentra debidamente fundada ni justificada.
V.4. Por último, resta destacar que a pedido de la actora se produjo en autos prueba pericial contable -fs. 94/96-, a través de la cual el perito detalló, a partir del estudio de las copias de los despachos de importación, facturas de proveedores del exterior, liquidaciones bancarias y solicitudes de transferencias al exterior, los precios pagados por el importador en cada una de las operaciones de importación cuyos despachos fueron objetados. La información allí volcada resulta de imposible contrastación, toda vez que, como ya se dijo, no obran agregados al expediente los sobres contenedores de cada una de las destinaciones de autos, pese a los pedidos efectuados por la actora en sede administrativa. Asimismo, corrido el pertinente traslado del informe, la Aduana no realizó manifestación alguna al respecto.
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar el ajuste practicado, revocar la resolución apelada y los cargos formulados, con cosas.
Por ello VOTO POR:
1. Revocar la resolución 45/10 (AD POCI), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12731-32- 2007, y por ende los cargos 987/07, 988/07, 989/07, 990/07, 991/07, 992/07, 993/07, 994/07, 995/07, 996/07, 997/07, 998/07, 999/07, 1000/07, 1001/07, 1002/07, 1003/07, 1004/07, 1005/07, 1006/07, 1007/07, 1008/07, 1009/07, 1010/07, 1011/07, 1012/07, 1013/07, 1014/07, 1015/07, 1016/07, 1017/07, 1018/07 y 1019/07.
2. Imponer las costas a la Aduana.
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
Que adhiero al voto precedente.
En virtud de la votación precedente, por unanimidad, SE
1. Revocar la resolución 45/10 (AD POCI), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12731-32- 2007, y por ende los cargos 987/07, 988/07, 989/07, 990/07, 991/07, 992/07, 993/07, 994/07, 995/07, 996/07, 997/07, 998/07, 999/07, 1000/07, 1001/07, 1002/07, 1003/07, 1004/07, 1005/07, 1006/07, 1007/07, 1008/07, 1009/07, 1010/07, 1011/07, 1012/07, 1013/07, 1014/07, 1015/07, 1016/07, 1017/07, 1018/07 y 1019/07.
2. Imponer las costas a la Aduana.
Regístrese, notifíquese, archívese y firme que quede la presente, remítanse las actuaciones administrativas a la DGA por Secretaría General de Asuntos Aduaneros.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2024.05.27 13:22:35 -03:00 Date: 2024.05.27 16:46:19 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.27 16:46:20 -03:00
Fin de la sentencia