Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.701-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución 466/17, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 13289-7021-2012, y por ende, los cargos 512/12 al 532/12 con costas al fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-46657205-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 5 de Mayo de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “VICENTIN S.A.I.C. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente 38.701-A El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Decidir si resulta ajustada a derecho la Resolución 466/17, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 13289-7021-2012, mediante la cual se rechaza la impugnación deducida por la actora contra los cargos 512/12 al 532/12, y en consecuencia, se los confirma y se la intima a pagar el importe de u$s271.909,24 más intereses en concepto de diferencia de derechos de exportación.
II. Fundamentos de apelación: A fs. 12/34 se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución indicada ut supra. Relata que el fisco fundamenta el ajuste de valor efectuado en la mera invocación del art. 748, inc. c), del C.A. Aduce que el mismo no se encuentra motivado. Explica que el valor de transacción es la primera base para determinar el valor de las mercaderías exportadas. Alega que la inexistencia de vinculación entre las partes y la falta de prueba del fisco sobre la verificación de alguno de los supuestos del art. 742 del C.A. torna inobjetable el valor imponible declarado. Explica que el hecho de que otros exportadores hayan consignado para la misma mercadería valores superiores a los de autos no es razón suficiente para descartar el valor de transacción. Asimismo, se agravia porque los valores promedio adoptados por el fisco no se publicaron con anterioridad a las fechas de registro de las destinaciones de exportación para consumo. Explica que no se cumple con la exigencia legal de utilizar exclusivamente “precios preestablecidos”, esto es valores conocidos por los exportadores con anterioridad al registro de las operaciones. Concluye que el método para descartar el valor de transacción es arbitrario. Hace referencia a las características de la industria del biodiesel en Argentina en el 2008. Aduce que la mayoría de las transacciones son privadas y no existe un precio internacional. Asimismo, se agravia porque los precios promedio a los que arribó el fisco se formularon en base a operaciones no comparables. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas.
III. Contestación del fisco: A fs. 44/48 el fisco contesta el traslado que le fuera conferido. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una breve reseña de los hechos. Alega que el ajuste de valor efectuado se encuentra debidamente fundamentado. Sostiene que el exportador no justificó el valor de transacción. Explica que en exportación rige una noción teórica de valor y que se dio cumplimiento a la Resolución General AFIP 620/99. Detalla que al realizar el ajuste, se tuvieron en cuenta los valores documentados de todas las destinaciones de exportación de biocombustibles del año 2008, para luego realizar un análisis de la congruencia de los valores correspondientes a las destinaciones documentadas por la Dirección Regional Aduanera de Rosario. Agrega que los datos obtenidos fueron trimestralizados. Explica que el método aplicado es el del art. 748, inc. c), del C.A. Adjunta las actuaciones administrativas. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
IV. Que a fs. 65 se tiene por contestado el traslado que le fuera conferido al fisco. Se abre la causa a prueba. A fs. 72/82 luce la contestación de oficio de la Cámara Argentina de Biocombustible y a fs. 119, 138 y 164 las de la Cámara Argentina de Energías Renovables. A fs. 168/196 se glosa la pericia contable y a fs. 210/212 la contestación de oficio del fisco. A fs. 215 se certifica la prueba. Después se declara la clausura del período de prueba, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen a alegar. A fs. 250/253 luce el alegato del fisco y a fs. 254/264 el de la actora. A fs. 266 se ponen autos a sentencia.
V. Que las actuaciones administrativas 13289-7021-2012 se inician con la impugnación de los cargos 512 al 532, todos del año 2012. A fs. 22 luce el Informe Técnico 19/2011, de donde surge que el método utilizado por el fisco para realizar el ajuste es el del art. 748, inc. c), del C.A. A fs. 23/24 luce el print de pantalla del resumen de documentos liquidados - cargos notificados el 16-3-12-. A fs. 76 se tiene por presentada a la actora y por promovido el procedimiento de impugnación, se tiene presente la documental y se rechaza la prueba ofrecida. A fs. 78/79 la firma interpone recurso de revocatoria contra el proveído referido, el que es rechazado con posterioridad. A fs. 89/90 luce el Dictamen 206/17 y a fs. 91/96 la planilla en la que se basa el fisco para fundamentar el ajuste -esto es: listado de operaciones de exportación efectuadas en el primer y cuarto trimestre del año 2008 para la posición arancelaria 3824.90.29.100P-. A fs. 97/117 lucen los print de pantalla de los P.E. 08057EC03000011D, 08057EC03000166Y, 08057EC03000012E, 08057EC0300043X, 08057EC03000042H, 08057EC03000010C, 08057EC03000409Y, 08057EC03000406L, 08057EC03002578A, 08057EC03000407M, 08057EC03000174N, 08057EC03000167P, 08057EC03000165N, 08057EC03000044J, 08057EC03000057N, 08057EC03000041G, 08057EC03000013F, 08057EC03000038M, 08057EC0300014G, 08057EC03002581R y 08057EC03002583T y a fs. 120/121 la Resolución apelada.
VI. Que, corresponde resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución 466/17, en cuanto rechaza el recurso de impugnación interpuesto por la actora contra los cargos 512/12 al 532/12 referidos a los P.E. 08057EC03000011D, 08057EC03000166Y, 08057EC03000012E, 08057EC0300043X, 08057EC03000042H, 08057EC03000010C, 08057EC03000409Y, 08057EC03000406L, 08057EC03002578A, 08057EC03000407M, 08057EC03000174N, 08057EC03000167P, 08057EC03000165N, 08057EC03000044J, 08057EC03000057N, 08057EC03000041G, 08057EC03000013F, 08057EC03000038M, 08057EC0300014G, 08057EC03002581R y 08057EC03002583T; y en consecuencia, los confirma y le exige el pago de diferencia de derechos de exportación con más intereses. Que, en lo que aquí interesa, en el Informe Técnico 19/11 el fisco dice: “Se procedió a un relevamiento de los valores documentados de todas las destinaciones de exportación de biocombustibles -3824.90.29.100P- Biodiesel Purodocumentadas en el país correspondientes al año 2008, para luego realizar un análisis de la congruencia de los valores correspondientes a las destinaciones documentadas por la Dirección Regional Aduanera Rosario.
Los datos obtenidos fueron trimestralizados para atender razones de carácter estacional inherentes a eventuales modalidades de comercialización del producto (…) Por lo expuesto, esta instancia entiende procedente llevar a cabo un análisis de valor de las destinaciones, tomando como referencia lo normado por el artículo 748 inc “c” de la Ley 22415, seleccionándose dicha pauta de valoración ante la ausencia de precios oficiales de la mercadería en trato y la suficiente atomicidad de exportadores intervinientes”
Que, a fs. 91/96 de las actuaciones administrativas luce el listado de las operaciones analizadas por el fisco correspondientes al año 2008 -primer y cuarto trimestre-.
Que, corresponde aclarar que en el Anexo II de la Resolución General A.F.I.P. 620/99 (B.O. 28/06/99) referido a los ajustes de valor para las destinaciones de exportación, vigente al momento en que se practicó el ajuste, aunque derogada en la actualidad, en el art. 2.1.2.1., se prevé que, en caso de no aceptarse el valor documentado, el servicio aduanero deberá confeccionar y publicar en el Boletín Oficial un listado de los ajustes efectuados, a fin de que los interesados - dentro de los quince días de su publicación- suministren elementos y/o explicaciones que permitan al servicio aduanero determinar la base de valoración aplicable, ya sea ratificando o modificando su posición original.
Que, si bien no luce en las actuaciones administrativas la publicación en el B.O. del listado de operaciones de exportación con preajustes de valor de fecha 15-8-11, la actora hace referencia al mismo tanto en esta instancia como en sede aduanera.
VII. Que, en lo que aquí interesa, a los efectos de la valoración de mercaderías en aduana en materia de exportación, el art. 735 del CA establece que para la aplicación del derecho de exportación ad valorem, el valor imponible de la mercadería que se exportare para consumo es el valor FOB, FOT o FOR dependiendo del medio de transporte que se utilice, entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro, en el momento en que determinan los arts. 726, 727 ó 729 en cada supuesto, como consecuencia de una venta al contado.
Que se determina el valor imponible en base a un precio al que cualquier vendedor podría entregar la mercadería que se exportare – art. 745 –, como consecuencia de una venta efectuada entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro –arts. 735 y 742 –. En los artículos subsiguientes – hasta el art. 750 – se precisan los elementos o condiciones que integran el concepto de valor imponible, como son el precio, la cantidad, el tiempo, el lugar y el nivel comercial. Que la facultad de la Aduana para observar y ajustar el valor documentado surge del art. 747 del CA, que dispone que se aceptará el precio pagado o por pagar, si el exportador demostrare que dicho precio no difiere sustancialmente de alguno de los valores corrientes y resultante de tomar en consideración el art. 748, incs. a), b) o c). No obstante, “si el servicio aduanero dispusiere igualmente de antecedentes, tomando en consideración los mismos criterios, que difieren notoriamente del precio pagado o por pagar, podrá exigir del exportador que justifique su precio de transacción bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable”.
Que, ello así, se desprende que las facultades de desestimación del valor imponible documentado en una destinación de exportación, se dan principalmente en los supuestos de vinculación – art. 746 –, y, en un campo más amplio cuando el precio documentado presentara ostensibles diferencias con el precio comparable, resultante de los métodos previstos en el art. 748 del CA.
Que el precio comparable será el resultante de los precios corrientes o, en su caso, de determinados precios de venta de la mercadería que se exporte, o del costo de producción. Dichos precios corrientes son básicamente los valores que resultan de los parámetros de los incisos a), b) y c) del aludido art. 748, los referidos precios de venta son los previstos en los incisos d) y f) del mismo artículo y el valor a partir del costo de producción está previsto en el inc. e).
VIII. Que según resulta de las actuaciones administrativas, la Aduana fundamenta los cargos en el método del art. 748 inc. c) del CA, atento a lo expuesto en el ya referido Informe Técnico 19/2011.
Que el art. 748 del CA dispone que “cuando el precio pagado o por pagar no constituyere una base idónea de valoración a los fines de determinar el valor imponible en forma correcta, el servicio aduanero podrá apartarse del mismo en cuyo caso corresponderá utilizar como base de valoración la que mejor se adecuare de las previstas a continuación: (...) c) el valor obtenido mediante la aplicación de precios preestablecidos para períodos ciertos y determinados, resultantes de procesar y promediar precios usuales de mercadería idéntica o, en su defecto, de similar competitiva, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación”.
Que cabe reiterar que los ajustes previstos en el art. 748, incs. a), b) y c) del CA corresponden cuando, conforme al art. 747 de ese Código, el servicio aduanero dispusiere de antecedentes “que difirieren notoriamente del precio pagado o por pagar”, pudiendo exigir del exportador que justifique su precio de transacción “bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable”.
Que la valoración en exportación es teórica y no implica impugnar los importes facturados, sino establecer una base imponible razonable cuando se demostrare que los antecedentes con que cuenta la D.G.A. “difirieren notoriamente del precio pagado o por pagar”.
Que, en tal sentido, la referida Resolución General A.F.I.P. 620/99, en el Anexo II, artículo 2.1.2.1 señala, que una vez concluida la etapa de consulta entre el Área de Valoración y el exportador “...para el caso en que se considere procedente el ajuste de valor, se remitirá la carpeta del permiso de embarque (…) con un informe donde consten las fundamentaciones técnicas de tal decisión”.
Que la normativa apuntada, al exigir que se agregue un informe en el que “conste la fundamentación técnica”, está indicando, sin duda, que el mismo debe sustentarse, razonablemente, en los precedentes que lleven a la conclusión vertida en el dictamen, y que los mismos deben exhibirse en el procedimiento, a efectos de respetar el sistema de valoración previsto en el Código Aduanero.
Que conforme resulta del informe técnico referido ut supra, que sirvió de fundamento al ajuste practicado en el presente caso y a la Resolución apelada, ni siquiera se hizo mención de los antecedentes utilizados para llegar a los valores de referencia allí informados -ver fs. 22 de las actuaciones administrativas-. Es decir, básicamente el fisco se limita a informar que: “procedió a efectuar un relevamiento de los valores documentados de todas las destinaciones de exportación de combustibles documentadas en el país correspondientes al año 2008”.
Que, la aduana realiza simplemente una síntesis de los datos recabados -reitero: sin indicarlos y sin adjuntar la documental en la que se basa- e indica los precios promedios de los trimestres del año 2008. Es decir: “-1º trimestre 2008: 988,17 -2º trimestre: 1013,42 -3º trimestre: 1.101,48 -4º trimestre 2008: 1.044,37”.
Que, con posterioridad, a fs. 91/96 de las actuaciones administrativas el fisco adjunta -solamente- la planilla de los datos recolectados correspondientes a operaciones de exportación efectuadas en el primer y cuarto trimestre del año 2008. Es decir, en ningún momento de las actuaciones administrativas se glosa la documental que respalda los dichos de la aduana. Que, en la planilla referida se indica las operaciones analizadas, la fecha de oficialización, P.A. 3824.90.29.100P, monto FOB, precio unitario, unitario sin derechos y peso neto en kilos.
Que si bien el listado de antecedentes referido, pudo ser empleado como parámetro a fin de recabar información y determinar la inicial inverosimilitud de los precios declarados y servir de fundamento para dudar de los precios declarados por encontrarlos razonablemente disminuidos, dicha duda inicial debió justificarse posteriormente en una investigación complementaria de valor que acredite que los utilizados resultan no aceptables.
Que, en efecto, a fin de justificar el ajuste efectuado, el fisco debió adjuntar los permisos de embarque, es decir la documentación aduanera pertinente, toda vez que del listado no surge el nivel comercial en que se pactaron las operaciones, ni el destino de la mercadería, ni el exportador, ni otros datos necesarios para efectuar una comparación válida, teniendo en cuenta que el valor de la mercadería en trato puede variar en grandes proporciones de acuerdo con los factores de oferta y demanda, así como por las propias características intrínsecas de la misma.
Que, claramente, la falta de agregación de las destinaciones respectivas impide constatar datos esenciales relativos a ellas y determinar si las mercaderías exportadas mediante ellas se corresponden en calidad, valor, embalaje, tiempo y nivel comercial, modalidad de transporte, financiación, etc, rubros que inciden en la determinación del valor de la mercadería. Que, obviamente, tratándose de documentación que se encuentra en poder de la Aduana, dicho organismo debió extremar los recaudos de la investigación.
Que, asimismo, corresponde aclarar que, no escapa a la vista del suscripto que, de los print de pantalla de los P.E. sobre los que el fisco realiza el ajuste de valor, no surge ni la cantidad de mercadería exportada ni el valor FOB unitario; por lo que resulta imposible conocer si el promedio de precios determinado por el servicio aduanero difiere o no de manera sustancial del precio unitario declarado en los P.E. -ver fs. 97/117 de las actuaciones administrativas-. Notése que no se glosaron ni original ni copia de los PE de autos.
Que, también, corresponde señalar que los valores tenidos en cuenta por el fisco no cumplen con la condición legal de haber sido preestablecidos, lo que resulta exigido por el art. 748, inc. c), del C.A. Al respecto se ha dicho que “...estos promedios deben haber sido objeto de una publicación en los términos del art. 7 del decreto 618/1997, dado que la norma en comentario se refiere a precios preestablecidos. Es necesario que la resolución determine el tiempo de duración de la disposición…” (ver Código Aduanero Comentado, obra de los Dres. Alsina, Mario A., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Cotter Moine, Juan Patricio, y Vidal Albarracín, Héctor G.; completada y actualizada por los Dres. Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Vidal Albarracín, Héctor G., Cotter, Juan P., Sumcheski, Ana L., y Vidal Albarracín, Guillermo (h), tomo II, pág. 782, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011).
Que, en este sentido, el servicio aduanero no ha invocado norma alguna que fijase el valor preestablecido de la mercadería objeto de marras, limitándose a indicar que el valor imponible ha sido definido a partir del art. 748 inc. c). Que, en definitiva, del Informe Técnico en el que se basa el fisco para realizar el ajuste resulta un “promedio de precios” cuyo fundamento se desconoce, el que, además, no coincide con la exigencia prevista en el art. 748 inc. c) del CA. Que en consecuencia, no resultando ajustada a derecho la recomposición de valor realizada por el fisco, corresponde revocar la Resolución apelada en cuanto le exige a la actora diferencia de derechos de exportación más intereses.
IX. Que, sin perjuicio de lo expuesto, y a mayor abundamiento, de la contestación de oficio de la Cámara Argentina de Biocombustible surge que: “(…) Como se ha puesto de resalto, y haciendo referencia a los años 2007 y 2008, las transacciones de biodiesel eran privadas y no existía precio internacional. Por ello, resultaba perfectamente factible que los valores de exportación del biodiesel difieran en función del mercado o destino de embarque (...)” -fs. 81/82 de autos-. Que, asimismo, de la pericia contable realizada en esta instancia surge que: “(...) las cifras utilizadas por la Dirección General de Aduanas para realizar los promedios referidos supra contienen errores ya que las exportaciones estarían sobre-representadas, y existirían instancias de doble conteo. Esto último en razón de que los datos de exportación del biodiesel puro entran a su base de datos al registrarse la intención de hacer un embarque de exportación; sin embargo, un cierto porcentaje de estos registros no se embarcan finalmente, o se embarcan más tarde de lo previsto, quedando registrado como dos embarques cuando, en realidad, se trata de uno solo. (...)” -ver fs. 191-.
Que, asimismo, a la pregunta de si pueden entenderse o afirmarse que los promedios contenidos en el Informe Técnico 19/2011 surgen de la consideración de operaciones comparables el perito dijo: “La respuesta a esta pregunta queda supeditada a que el servicio aduanero proporcione los papeles de trabajo de los cálculos relacionados en el Informe Técnico 19/2011.” -documental que, como ya se dijo, no se adjuntó ni en esta instancia ni en sede aduanera-. Que, en efecto a fs. 210 el fisco informa que no dispone del Informe Técnico 19/11 ni de los antecedentes en los que se basó para efectuar el ajuste de valor.
Que, asimismo, el perito informa que: “(…) Puede sostenerse que no existen elementos para sostener que las operaciones cuestionadas no cumplen con las condiciones establecidas en el art. 742 del Código Aduanero.” -fs. 193-. Que, incluso el perito dice: “(...) en función de la metodología descripta y el análisis de costos formulado, puede afirmarse que el costo de producción y comercialización de biodiesel, en relación al margen de ganancia de la empresa se ajusta a los precios de mercado de empresas dedicadas al rubro”.
Que, a su vez, a la pregunta: “Si, de acuerdo a las conclusiones arribadas en el punto precedente, puede sostenerse que el valor declarado por Vicentín, impugnado por DGA, es genuino y respeta las previsiones del art. 735 del C.A.” Respuesta: “De acuerdo al análisis efectuado en el punto precedente y teniendo en cuenta las previsiones del art. 748, inc. e), del Código Aduanero, puede sostenerse que los valores declarados por Vicentin SAIC se corresponden con los precios que hubieren concertado partes independientes como consecuencia de una venta al contado.”
X. Que, por la forma en que se resuelve no corresponde tratar los demás agravios.
Por ello, voto por:
Revocar la Resolución 466/17, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 13289-7021-2012, y por ende, los cargos 512/12 al 532/12 con costas al fisco.
El Dr. Garbarino dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Sr. Vocal Instructor.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución 466/17, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 13289-7021-2012, y por ende, los cargos 512/12 al 532/12 con costas al fisco.
Regístrese y notifíquese.
Firme que quede la presente, devuélvanse las actuaciones administrativas y oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
ROUGES 20326771024
Date: 2025.04.30 17:13:45 -03:00 Date: 2025.05.05 18:03:34 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.05 18:10:33 -03:00 Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.05 18:10:35 -03:00
Fin de la sentencia