Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2020-52748298-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad de los cargos 1999 a 2043, 2171 y 2172, todos del año 2012, y de todo lo actuado a posteriori, y en consecuencia, de la Resolución 103/2020, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12539-52-2012/22, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-134129392-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 3 de Diciembre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “VICENTIN S A I C c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente nº EX-2020-52748298- -APN- SGASAD#TFN El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Decidir si resulta ajustada a derecho la Resolución 103/2020, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12539-52-2012/22, mediante la cual se rechaza la impugnación efectuada por la actora contra los cargos 1999 a 2043, 2171 y 2172, todos del año 2012; y en consecuencia, se los confirma y se le reclama diferencia de derechos de exportación más intereses.
II. Fundamentos del recurso de apelación: En IF-2020-52748223-APN-DTD#JGM se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución indicada ut supra. Relata que importa temporariamente porotos de soja –al amparo del Decreto 1330/04- y que, como consecuencia del proceso de transformación o industrialización, se obtienen subproductos de dicha oleaginosa -principalmente, harina y aceite- que finalmente son exportados dentro del plazo reglamentario. Sostiene que se cancelaron en forma oportuna los derechos correspondientes. Hace referencia a lo establecido en el punto 4 del Anexo IV de la Resolución General 2147/06 para “mermas, residuos y sobrantes con valor comercial”.
Se agravia porque la aduana formula los cargos con fundamento en el Informe Técnico N° 31/2012 que, al momento de explicar cómo debe calcularse el Factor de ponderación, omite considerar el rendimiento de los insumos por cada producto final, según el CTIT. La actora sostiene que esto es erróneo toda vez que implica una aplicación mecánica e irrazonable de la Resolución General 2147/06. Alega que el fisco obtiene un Factor de ponderación artificial que no respeta la real utilización del insumo en el proceso de transformación. Hace hincapié en el art. 25 del Decreto 1330/04 que manda a deducir “el valor CIF de la mercadería importada temporariamente contenida en el producto a exportar”. Alega que la finalidad de la norma es que el exportador no pague derechos aduaneros sobre el valor de dichos insumos –léase: incentivar las exportaciones con agregado nacional.- Plantea la nulidad de los cargos por no estar motivados toda vez que no se explica adecuadamente los criterios que permitieron al servicio aduanero arribar a los montos presuntamente adeudados por la firma.
Aduce que la actora no ha podido conocer, con certeza, cuáles fueron las operaciones aritméticas efectuadas por la aduana para la determinación del tributo. Sostiene que el fisco realiza afirmaciones dogmáticas que de ninguna manera permiten al contribuyente saber efectivamente el método que la Aduana utilizó para determinar el ajuste. Asimismo, alega que se liquidaron y pagaron los tributos conforme a derecho. Sostiene que la aduana -al prescindir de la incidencia de los rendimientos de los subproductos en el Factor de Ponderaciónsubvalora el valor CIF a descontar de la base imponible; y consecuentemente sobreestima el tributo a ingresar. Concluye que la DGA realizó un cálculo arbitrario y erróneo del Factor de Ponderación, omitiendo considerar los correspondientes Certificados de Tipificación que indican la relación específica insumo/producto.
En subsidio, plantea la inconstitucionalidad del art. 8 del decreto 1177/92 por contravenir el principio de reserva de ley. A su vez, se agravia del ajuste efectuado por el fisco con fundamento en la incorporación del tercer párrafo del art. 25 del decreto 1330/04. Aduce que la aduana no puede realizar ajustes en forma retroactiva por operaciones que fueron oficializadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma. Concluye que el accionar del fisco se traduce en una vía de hecho, careciendo su pretensión de sustento normativo, implicando ello una violación a las garantías constitucionales de legalidad, seguridad jurídica e inviolabilidad de la propiedad privada. Asimismo, sostiene que canceló íntegramente los derechos de exportación.
Invoca el efecto liberatorio del pago, toda vez que la aduana pretende ajustar con base en una norma que entró en vigencia con posterioridad. Entiende que al incrementar desmesuradamente la base imponible de los derechos de exportación, ha creado un “valor agregado nacional” ficticio que no se corresponde con el real afrontado en el proceso de transformación que culminó con los productos finales exportados. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas.
III. Contestación del fisco: En IF-2020-68560134-APN-DTD#JGM el fisco contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una breve reseña de los hechos. En cuanto al planteo de nulidad, aduce que la Resolución apelada no tiene un vicio de tal envergadura que amerite la declaración de nulidad. Agrega que la actora no indica el perjuicio que le ocasiona los vicios alegados en el trámite de las actuaciones administrativas. Alega que de la tramitación de las mismas surge que se dio cumplimiento al procedimiento establecido para formular los cargos. Hace referencia a los informes y dictámenes que lucen en las actuaciones administrativas. Entiende que no hace falta explicar cuáles fueron los algoritmos matemáticos utilizados en cada caso concreto sino que alcanza con identificar el criterio legal aplicado en el caso particular. Sostiene que los agravios de la actora evidencian que la Resolución se encuentra debidamente motivada. Alega que la DGA tiene asignada como función la de fiscalizar los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales respectivas que gravan la importación y la exportación. Entiende que el espíritu del Decreto 1330/04 no es convalidar metodología alguna que admita una base imponible negativa cuya consecuencia práctica derive en no gravar el valor agregado nacional de los subproductos a exportar, resultantes del proceso productivo. Concluye que la norma madre se instituye a los fines de condenar operaciones como la de autos. Hace referencia a los diferentes informes obrantes en sede aduanera. Respecto al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la actora, alega que este Tribunal no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas -lo que no ocurre-. Efectúa reserva de caso federal. Adjunta las actuaciones administrativas. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
IV. Que, se tiene por contestado el traslado y se abre la causa a prueba. En IF-2020-80101776-APN-DTD#JGM e IF- 2020-80045248-APN-SGASAD lucen las contestaciones de oficio del INTI. En IF-2021-14616603-APN-DTD#JGM se agrega el informe del consultor técnico de la actora. En RE-2021-15772759-APN-DTD#JGM se glosa la pericia en comercio exterior. En IF-2021-15065389-APN-SGASAD#TFN, IF-2021-15068611-APN-SGASAD#TFN e IF-2021-
18856536-APN-SGASAD#TFN lucen las contestaciones de oficio de la DGA. En IF-2021-61728096-APN-DTD#JGM se glosa la pericia contable, la que es impugnada por el fisco en IF-2021-76673114-APN-DTD#JGM. En IF-2021- 85819002-APN-DTD#JGM la perito contadora formula aclaraciones. En IF-2022-71330464-APN-SGASAD#TFN e IF- 2022-71426185-APN-SGASAD#TFN lucen las contestaciones de oficio del Ministerio de Desarrollo y Producción. En PV-2023-33613802-APN-VOCXVIII#TFN se certifica la prueba. Con posterioridad, se declara cerrado el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “F”. Después, se ponen autos a alegar. Se glosan los alegatos. Se ponen autos a sentencia.
V. Que las actuaciones administrativas SIGEA 12539-52-2012/22 se inician con la impugnación de los cargos 1999 a 2043, 2171 y 2172, todos del 2012. A fs. 32/34 se glosa copia del informe técnico 31/12. A fs. 35/134 luce el Resumen de Documentos liquidados y resultado de liquidación. A fs. 142/145 se notifica la actora de los cargos referidos el 10-10-12. A fs. 146 se tiene por presentada a la firma y por deducida la impugnación. Asimismo, no se hace lugar a la prueba ofrecida. A fs. 148/149 la firma plantea la nulidad del proveído de fs. 146, la que es rechazada a fs. 152/153. Se ordena como medida para mejor proveer agregar los PE y los DIT. A fs. 155/159 se glosan print de pantalla de los algunos P.E. A fs. 177 se agrega la Nota 115/17, emitida en el marco de las actuaciones administrativas 12539-141-2012, a través de la cual se concluye que, dada la naturaleza de los cargos, deberá examinarse caso por caso para establecer la procedencia de los cargos. A fs. 179/180 se agrega la Nota 276/19, por la cual se procede a elaborar el recalculo de los derechos de exportación de los P.E. allí indicados, adjuntándose un cuadro resumen de los casos analizados –no siendo los de autos-. A fs. 182/183 se agrega el Dictamen relativo a la determinación de la base imponible, en donde se detalla la normativa del Régimen especial de importación temporaria para perfeccionamiento industrial. A fs. 183/184 se glosa la Nota 38/20 mediante la cual la Sección Inspección Simultánea entiende que debería perseguirse el cobro de los cargos. Con posterioridad luce la Resolución 103/20, apelada en autos.
VI. Que, en primer término, corresponde analizar el planteo de nulidad de los cargos, opuesto por la actora, con fundamento en la falta de causa y motivación de los mismos.
Que, puntualmente, la recurrente se agravia porque no luce en las actuaciones administrativas los cálculos efectuados por la aduana para reclamar la diferencia de derechos de exportación.
Que, en lo que aquí interesa, la determinación tributaria se origina a partir del relevamiento realizado por el área de fiscalización respecto de las operaciones de exportación concretadas al amparo del Subrégimen EC03 –Exportación a Consumo con DIT para Transformación-, tratándose de productos y subproductos obtenidos a partir del procesamiento de “porotos de soja” -NCM 1206.00.90.190N- ingresados temporalmente a territorio aduanero al amparo del Decreto Nº 1330/2004, cuyas bases imponibles arrojaban valores negativos y, por ende, no susceptibles de determinación tributaria. Que, en virtud de ello, la aduana formula los cargos 1999 a 2043, 2171 y 2172, todos del año 2012, en concepto de diferencia de derechos de exportación.
Que contra los cargos referidos, la actora interpuso recurso de impugnación.
Que, finalmente, la aduana dicta la Resolución apelada, mediante la cual rechaza la impugnación interpuesta; y en consecuencia, confirma los cargos referidos y le exige a la firma el pago de diferencia de derechos más intereses.
VII. Que, sentado lo expuesto, corresponde aclarar que si bien la aduana fundamenta los cargos en la Resolución AFIP 2147/06, la recomposición de la base imponible declarada que realiza no viene acompañada de una liquidación que permita corroborar la exactitud del monto al que arriba respecto de los P.E., tal como sostiene la actora. Que, en efecto, el fisco se limita a formular los cargos e indicar los P.E. sin detraer siquiera los montos de los derechos de exportación efectivamente cancelados respecto a las exportaciones aludidas.
Que, no luce en las actuaciones administrativas un listado de los DIT y de los P.E. de los respectivos subproductos vinculados a las referidas DIT, con indicación de los procedimientos, metodología y cálculos matemáticos realizados para cada P.E.
Que, tampoco se glosan los P.E. Notése que simplemente a fs. 155/159 de las actuaciones administrativas lucen los print de pantalla de algunos de los P.E. involucrados en autos.
Que, esto es imprescindible para fundar, de modo adecuado y visible, las diferencias de derechos de exportación determinadas y exigidas por la aduana.
Que, estas omisiones no permiten conocer la metodología de cálculo utilizada para arribar a los cargos e imposibilitan verificar el ajuste por derechos de exportación y la validez de las determinaciones tributarias practicadas por la aduana. Que, precisamente, el servicio aduanero debe demostrar en el acto que motivó el ajuste, el error o incumplimiento en que incurrió la actora al declarar la base imponible –lo que no hace-.
Que, claramente, la ausencia de los cálculos de la aduana para cuantificar los cargos impide el control, toda vez que no puede obviarse que los mismos deberían contener, en concreto, las cifras numéricas emergentes de las destinaciones originales de importación y exportación.
VIII. Que, asimismo, no escapa a la vista del suscripto que la propia aduana reconoció en sede administrativa la falta de fundamento de los cargos.
Que, en efecto, en la Nota 115/17, emitida en el marco de las actuaciones administrativas 12539-141-2012 –de igual objeto que la presente- se concluye que: “(…) dada la naturaleza de los cargos, deberá examinarse caso por caso para establecer su procedencia, siendo necesario para ello el informe técnico de quien originó el cargo, los fundamentos técnico-jurídicos y el correspondiente desarrollo de la metodología de cálculo utilizada.” -ver fs. 177 de las actuaciones administrativas, el resaltado me pertenece-.
Que, si bien con posterioridad, luce la Nota 276/19 agregada en las actuaciones administrativas, por la cual se procede a elaborar el recalculo de los derechos de exportación de los P.E. allí indicados, adjuntándose un cuadro resumen, lo cierto es que las cifras consignadas no cumplen con las exigencias de la nota referida ni aplican la fórmula de la Resolución General AFIP 2147/06 respecto de los P.E. involucrados en autos y sus respectivas DIT. Notése que, incluso, en el cuadro se hace referencia a otros P.E.
Que, tampoco cumple dicho extremo el dictamen del Departamento de Asesoramiento Aduanero y la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero relativo a la determinación de la base imponible toda vez, que simplemente se indican las normas que regulan el régimen especial de importación temporaria para perfeccionamiento industrial. Que, en definitiva el servicio aduanero solo se limitó a explicar en forma genérica como sería el criterio final aplicable para este tipo de operaciones que se encuentran sujetas a la RG 2147/06, sin embargo no realizó los cálculos concretos de los P.E. de autos, con las fórmulas específicas para la determinación del valor imponible, conforme el Anexo IV de la Resolución referida a los fines de justificar la reconstrucción del valor FOB de exportación.
Que, en consecuencia, no hay en las actuaciones administrativas ningún elemento de prueba suficiente que permita evaluar la procedencia de las determinaciones tributarias practicadas por el servicio aduanero respecto de los P.E. involucrados que justifique los ajustes.
Que, en virtud de lo expuesto, se concluye que los cargos carecen de causa y motivación jurídica –conforme art. 7, inc. b) y e) de la ley 19.549, aplicables supletoriamente, art. 1017.1 del C.A.-.
Que, entonces, se debe declarar la nulidad de los mismos; y de todo lo actuado a posteriori, y en consecuencia de la Resolución apelada.
IX. Que, sin perjuicio de lo expuesto y a mayor abundamiento, corresponde destacar que de la pericia en comercio internacional producida en esta instancia surge que: “(…) la DGA no utilizó para su fórmula de cálculo el Factor de Ponderación en función de los rendimientos que surgen del CTIT, conforme lo establece la Resolución General 2147/06”.
Que, asimismo, dice: “(…) no ha encontrado justificación técnica alguna para desconocer lo estipulado por CTIT. (…) En consecuencia, (…) nos encontraríamos prima facie frente a una base imponible que al no haber considerado descargar la totalidad de los insumos importados, es decir, el valor CIF total, estaría gravando con derechos de exportación a los insumos importados, algo que está totalmente vedado por las normas y disposiciones vigentes, en particular la vigente al momento de oficialización de los Permisos de Embarques, es decir el Decreto 1330/04”. Que, asimismo, de la pericia contable efectuada en esta instancia surge que: “La metodología de ajuste utilizada por la DGA al no considerar la cantidad de insumo utilizado en el proceso de industrialización, según los rendimientos del CTIT, arriba a un valor CIF a detraer menor, por lo que la base imponible para el cálculo de los derechos de exportación resulta mayor.”
X. Que, por la forma en que se resuelve, no corresponde tratar los demás agravios.
Por ello voto por:
Declarar la nulidad de los cargos 1999 a 2043, 2171 y 2172, todos del año 2012, y de todo lo actuado a posteriori, y en consecuencia, de la Resolución 103/2020, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12539-52-2012/22, con costas.
Los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo dijeron:
Que adhieren al voto del Dr. Segura.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
Declarar la nulidad de los cargos 1999 a 2043, 2171 y 2172, todos del año 2012, y de todo lo actuado a posteriori, y en consecuencia, de la Resolución 103/2020, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12539-52-2012/22, con costas.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.12.02 18:51:40 ART Date: 2025.12.02 18:57:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.03 15:40:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.03 15:41:58 -03:00
Fin de la sentencia