Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 35.594-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución 824/14 (AD SALO) y, en consecuencia, los cargos Nros.1939 a 1941 del año 2011, con costas a la demandada (art. 1163 del C.A.)
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-89484532-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 14 de Septiembre de 2026 recurso de apelación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Claudia B. Sarquis –por encontrase excusado el Dr. Juan Manuel Soria y vacante la Vocalía de la 14ª Nominación -, con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “VICENTIN S.A.I.C. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente Nro. 35.594-A.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 25/36 y vta. se presenta, por apoderado, la firma VICENTIN S.A.I.C. e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 824/14 (AD SALO), recaída en el expediente Nro. 13289-27246-2011, en cuanto confirmó los cargos Nros. 1939 a 1941 del año 2011, por la suma total de U$S 3.007,70 más intereses, formulados por diferencias de derechos de exportación resultantes de los ajustes al valor declarado respecto de los PE Nros. 06 057 EC01 004463 Y, 06 057 EC01 003612 J y 06 057 EC01 001597 T. Efectúa una reseña del procedimiento desarrollado en sede aduanera. Sostiene que el art. 748 del C. A. supedita la posibilidad de apartarse del precio pactado por el exportador, mediante la utilización del método de valoración que resulte más idóneo, a la existencia de razones que permitan concluir que el precio pagado o por pagar no constituye una base apta para determinar correctamente el valor imponible.
Afirma que corresponde al servicio aduanero invocar y acreditar las circunstancias que demuestren la falta de idoneidad del precio declarado a los fines de la valoración de exportación, presupuesto indispensable para acudir a un método alternativo y sustitutivo de valoración. Señala que la Aduana se limitó a confrontar los valores declarados por Vicentín con los precios promedio consignados en el Informe Técnico Nro. 19/2009, sin cuestionar el cumplimiento de las condiciones previstas en el art. 742 del C. A. Deduce que el servicio aduanero no acreditó el presupuesto fáctico que habilitaba el apartamiento del valor declarado y la aplicación de métodos alternativos de valoración, circunstancia que, a su juicio, torna ilegítimo el proceder fiscal.
Manifiesta que el fundamento del ajuste efectuado por la Aduana radica en la aplicación del método de valoración alternativo contemplado en el art. 748 inc. c) del C.A. de cuya letra se deduce la exigencia de la utilización de precios preestablecidos, es decir precios fijados para ciertas mercaderías y para períodos determinados por organismos oficiales, publicados con anterioridad al registro de la destinación para consumo analizada, como resultado de procesar y promediar precios declarados por otros exportadores para la misma mercadería o similar. Advierte que el Informe Técnico Nro. 19/2009, en cuyos valores se basó el ajuste, fue emitido con posterioridad a las fechas de registro de las destinaciones de exportación para consumo impugnadas (2006 y 2007).
Hace referencia al a las características de los pellets de cáscara de soja y su proceso productivo. Indica que los pellets de cáscara de soja, al no ser un commodity, no son susceptibles de apreciarse o depreciarse en el lapso transcurrido entre la concertación de la venta y la exportación, como ocurre con la soja, por lo que a pesar que el momento imponible está determinado por la oficialización del embarque, el valor de la mercadería será siempre el fijado en el momento de la venta. Considera que el ajuste efectuado por la DGA resulta abiertamente ilegítimo al sustentarse en un promedio de precios técnicamente deficiente y jurídicamente insuficiente. Alega que la inexistencia de vinculación entre las partes y la falta de prueba del fisco sobre la verificación de alguno de los supuestos del art. 742 del C.A. torna inobjetable el valor imponible declarado.
Ofrece prueba, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita se revoque la resolución apelada, con expresa imposición de costas.
II. Que a fs. 58/62, se presenta la representación del Fisco y contesta el traslado conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones de la actora y la documentación por ella acompañada. En primer lugar, da por reproducidos todos los argumentos que surgen de la resolución aduanera apelada y de los informes técnicos. Recuerda que el valor de transacción contenido en la factura comercial correspondiente a la operación documentada, puede ser revisada por el servicio aduanero. Cita jurisprudencia. Indica que que los motivos de la duda respecto a los valores declarados que tuvo el servicio aduanero son razonables y, en una primera aproximación, parecen fundados, en tanto observó todos los pasos establecidos por la normativa vigente en relación al análisis y determinación de valor en aduana para la exportación. Destaca que el Código ha adoptado la noción teórica de valor en materia de exportaciones, cuya sistematización permite asignar valores a todas las mercaderías que se despachan por las aduanas con destino al extranjero. Indica que se dio cumplimiento a la Resolución General AFIP 620/99. Sostiene que del juego armónico de los arts. 745 a 748 del C.A., surge que dichas disposiciones no solo regulan la facultad de la Aduana de efectuar ajustes mediante la adición de conceptos no incluidos en el precio declarado que, conforme a la definición del valor parametral, deban integrarlo, sino también la potestad de aceptar o rechazar el precio pagado o por pagar documentado. En tal sentido, afirma que la desestimación del precio declarado constituye un ajuste en un sentido más amplio que el derivado de la mera incorporación de rubros omitidos. Cita jurisprudencia. Entiende que la recurrente no logró demostrar en forma clara y contundente a través del aporte de elementos objetivos, la improcedencia de la liquidación practicada. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se rechace el recurso interpuesto, con costas.
III. Que a fs. 65 se tiene por contestado el traslado, por acompañadas las actuaciones administrativas y se abre la causa a prueba. A fs. 382 se certifica la prueba producida, por lo que a fs. 389 (refoliado) se declara cerrado el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 395 (refoliado) el Dr. Juan Manuel Soria –Vocal titular de la Vocalía de la 13ª Nominación– solicita la excusación para intervenir en la presente causa, la que es aceptada a fs. 396 (refoliado). A fs. 401 (refoliado) se designa como Vocal sustituto a la Dra. Claudia B. Sarquis –Vocal titular de la Vocalía de la 20ª Nominación–, notificada a fs. 402 (refoliado). A fs. 403 (refoliado) se ponen los autos para alegar. A fs. 408/421 (refoliado) obra el alegato de la actora y a fs. 422/423 (refoliado) el de la demandada. A fs. 425 (refoliado) se pasan los autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas Nro. 13289-27246-2011 se inician a fs. 1/127 con el recurso de impugnación interpuesto, el día 08/11/11, por la firma VICENTÍN S.A.I.C. contra los cargos Nros. 1939 a 1941 del año 2011. A fs. 13/33 se agrega la documental acompañada por la aquí actora. A fs. 34 se deja constancia del agregado de los antecedentes de los cargos cuestionados. A fs. 35 se glosa copia del la Actuación Nro. 12539- 148-2011. A fs. 36/37 obra copia del Informe Técnico Nro. 19/09 (SE FVEX). A fs. 38/39 luce copia del resumen de documentos liquidados. A fs. 40/45 (refoliado)se glosan los cargos Nros. 1939/11, 1940/11 y 1941/11, por las sumas de U$S 1.432,90, U$S 1.432,90 y U$S 141,90, en concepto de diferencia de derechos de exportación respecto de los PE Nros. 06 057 EC01 004463 Y, 06 057 EC01 003612 J y 06 057 EC01 001597 T, respectivamente –notificados el 25/10/11 cfr. constancias de fs. 46/49–. A fs. 50/52 se glosan impresiones de correos electrónicos internos solicitando se informe si se realizaron descargos en los preajustes publicados en el Boletín Oficial. A fs. 53 se tiene por deducido el procedimiento de impugnación en tiempo y, a su vez, se rechazan las medidas de pruebas ofrecidas. Se acumula la Actuación Nro. 13289-18036-2013. A fs. 57/58 y vta. (refoliado) la firma interpone recurso de revocatoria la cual es rechazada a fs. 61/62 (refoliado) por Resolución Nro. 1370/2013 (AD SALO), en conformidad con el Dictamen 645/2013, obrante a fs. 59/60 (refoliado). A fs. 68/70 (refoliado) se emite el Dictamen Nro. 336/2014. A fs. 71/73 se dicta la Resolución Nro. 824/2014 (AD SALO) apelada en la especie. A fs. 79/106 la recurrente adjunta copia del recurso de apelación y, a fs. 107/108 (refoliado), comunica la interposición del mismo ante este Tribunal.
V. Que corresponde decidir a este Tribunal si se ajusta a derecho la resolución Nro. 824/14 (AD SALO), en cuanto rechaza la impugnación interpuesta por la recurrente contra los cargos Nros. 1939 a 1941 del año 2011, mediante los cuales se intimó a la firma Vicentín S.A.I.C. la suma total de U$S 3.007,70 en concepto de derecho de exportación, con motivo del ajuste de valor efectuado en relación a los PE Nros. 06 057 EC01 004463 Y, 06 057 EC01 003612 J y 06 057 EC01 001597 T.
Que la actora documentó mediante las mencionadas destinaciones –oficializadas el 10/05/06, 19/04/06 y 16/02/06, respectivamente–, la exportación para consumo de 2.625; 2.625 y 316 toneladas de mercadería ubicada en la posición SIM 2302.50.00.000V: “De leguminosas SALVADOS, MOYUELOS Y DEMÁS RESIDUOS DEL CERNIDO, DE LA MOLIENDA O DE OTROS TRATAMIENTOS DE LOS CERALEAS O DE LAS LEGUMINOSAS, INCLUSO EN “PELLETS”, con destino a Italia y Reino Unido, por un valor FOB total de U$S 147.000, U$S 147.000 y U$S 116.116 y un valor unitario de U$S 56, U$S 56 y U$S 51 por tonelada, respectivamente.
Que, en lo que aquí interesa, en el Informe Técnico 19/09 la Sección Fiscalización y Valoración de Exportación indicó que: “(...) se llevó a cabo un relevamiento de los valores documentados en el transcurso del año 2005 y primer semestre del 2006, para la mercadería nomenclada en la posición arancelaria NCM 2302.50.00.000V – Pellets de cáscara de soja. Dicho relevamiento (…) habla a las claras de la congruencia de los valores Promedio, Modas y Máximos documentados por los documentantes en todo el país. De esta congruencia, llama la atención la cuasi similitud existente entre los valores promedios y Modas, discriminados en trimestres de manera que reflejen eventuales variaciones estacionales en la cotización de la mercadería bajo estudio. Los valores Máximos también están muy próximos a los Promedios, convalidando sus movimientos según se aprecia en las curvas de precios. Esta congruencia de valores no se ve reflejada en los valores Mínimos documentados documentados (sic) en el primer semestre del 2005.
(…) Por lo expuesto, esta instancia entiende procedente proceder a publicar en Boletín Oficial de la República Argentina, los preajustes de valor para aquellas destinaciones en trato que documentaran valores unitarios inferiores a los nuevos valores promedios alcanzados por aplicación del artículo 748 inc C del Código Aduanero.”
Que, corresponde aclarar que en el Anexo II de la Resolución General A.F.I.P. 620/99 (B.O. 28/06/99) referido a los ajustes de valor para las destinaciones de exportación, vigente al momento en que se practicó el ajuste, aunque derogada en la actualidad, en el art. 2.1.2.1., se prevé que, en caso de no aceptarse el valor documentado, el servicio aduanero deberá confeccionar y publicar en el Boletín Oficial un listado de los ajustes efectuados, a fin de que los interesados -dentro de los quince días de su publicación- suministren elementos y/o explicaciones que permitan al servicio aduanero determinar la base de valoración aplicable, ya sea ratificando o modificando su posición original.
Que, si bien no luce en las actuaciones administrativas la publicación en el B.O. del listado de operaciones de exportación con preajustes de valor de fecha 15-8-11, la actora hace referencia al mismo tanto en esta instancia como en sede aduanera.
VI. Que la valoración de la mercadería en aduana en materia de exportación debe realizarse con sujeción a lo dispuesto en el Código Aduanero. En tal sentido, el art. 735 de dicho cuerpo legal determina que para la aplicación del derecho de exportación ad valorem, el valor imponible de la mercadería que se exportare para consumo es el valor FOB, FOT o FOR, dependiendo del medio de transporte que se utilice, entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro, en el momento en que determinan los arts. 726, 727 ó 729 en cada supuesto, como consecuencia de una venta al contado.
Que el legislador, en materia de exportación, ha adoptada la noción teórica del valor imponible, en base a un precio al que cualquier vendedor podría entregar la mercadería que se exportare -art. 745-, como consecuencia de una venta efectuada entre un comprador un vendedor independiente uno del otro -arts. 735 y 742-. En los artículos subsiguientes -hasta el art. 750- se precisan los elementos o condiciones que integran el concepto o noción teórica de valor imponible, como son el precio, la cantidad, el tiempo, el lugar y el nivel comercial. Que la facultad de la aduana para observar y ajustar el valor documentado surge del art. 747 del CA, que dispone que “Se aceptará el precio pagado o por pagar, y en tal caso de valorará la mercadería de conformidad con lo previsto en el art. 746, ap. 1, si el exportador demostrare que dicho precio no difiere sustancialmente de alguno de los valores corrientes y resultante de tomar en consideración el art. 748, incs. a), b) o c). No obstante, si el servicio aduanero dispusiere igualmente de antecedentes, tomando en consideración los mismos criterios, que difieren notoriamente del precio pagado o por pagar, podrá exigir del exportador que justifique su precio de transacción bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable”.
Que surge de lo expuesto, que las facultades de desestimación del valor imponible documentado, se dan legalmente en materia de exportación, principalmente en los supuestos de vinculación -art. 746- y, en sentido mucho más amplio, cuando por las posibilidades de valor comparable que resultan de los métodos previstos en el art. 748 del CA el precio documentado presentara ostensibles diferencias con el precio comparable, que será el resultante de los precios corrientes o en su caso de determinados precios de venta de la mercadería que se exportare, o del costo de producción. Dichos precios corrientes son básicamente los valores que resultan de los parámetros de los incisos a), b) y c) del art. 748, los señalaos precios de venta son los previstos en los incisos d) y f) del mismo artículo y el valor a partir del costo de producción está previsto en el inc. e).
Que los ajustes cuestionados en la causa se efectuaron por aplicación del art. 748 inc. c) del CA, el cual establece que: “cuando el precio pagado o por pagar no constituyere una base idónea de valoración a los fines de determinar el valor imponible en forma correcta, el servicio aduanero podrá apartarse del mismo, en cuyo caso, corresponderá utilizar como base de valoración la que mejor se adecuare de las previstas a continuación: (...)” “c) el valor obtenido mediante la aplicación de precios preestablecidos para períodos ciertos y determinados, resultantes de procesar y promediar precios usuales de mercadería idéntica o, en su defecto, similar competitiva, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación”.
Que cabe destacar que los ajustes previstos en el art. 748, incs. a), b) y c) del C.A. corresponden cuando conforme al art. 747 de ese Código, el servicio aduanero dispusiere de antecedentes "que difirieren notoriamente del precio pagado o por pagar", pudiendo exigir del exportador que justifique su precio de transacción "bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable".
Que la valoración en exportación es teórica y no implica impugnar los importes facturados, sino establecer una base imponible razonable cuando se demostrare que los antecedentes con que cuenta la D.G.A. “difirieren notoriamente del precio pagado o por pagar”.
Que, en tal sentido, la referida Resolución General A.F.I.P. 620/99, en el Anexo II, artículo 2.1.2.1 señala, que una vez concluida la etapa de consulta entre el Área de Valoración y el exportador “...para el caso en que se considere procedente el ajuste de valor, se remitirá la carpeta del permiso de embarque (…) con un informe donde consten las fundamentaciones técnicas de tal decisión”.
Que la normativa apuntada, al exigir que se agregue un informe en el que “conste la fundamentación técnica”, está indicando, sin duda, que el mismo debe sustentarse, razonablemente, en los precedentes que lleven a la conclusión vertida en el dictamen, y que los mismos deben exhibirse en el procedimiento, a efectos de respetar el sistema de valoración previsto en el Código Aduanero.
Que conforme resulta del Informe Técnico Nro. 19/2009 (SE FVEX), que sirvió de fundamento al ajuste practicado en el presente caso y a la Resolución apelada, ni siquiera se hizo mención de los antecedentes utilizados para llegar a los valores de referencia allí informados -ver fs. 36/37 de las act. adm.-. Es decir, básicamente el fisco se limita a informar que: “se llevó a cabo un relevamiento de los valores documentados en el transcurso del año 2005 y primer semestre del 2006, para la mercadería nomenclada en la posición arancelaria NCM 2302.50.00.000V – Pellets de cáscara de soja”.
Que, la aduana realiza simplemente una síntesis de los datos recabados –sin indicarlos y sin adjuntar la documental en la que se basa– e indica los valores de referencia, de acuerdo a lo normado por el art. 748 inc. c) del C.A. Es decir:
“(…) Ene 06 / Mrz 06: U$S 57,55 por tonelada Abr 06 / Jun 06: U$S 64,25 por tonelada”
Que, a su vez se advierte que no se encuentra agregado el anexo efectuado respecto del relevamiento de los valores documentados en el año 2005 y primer semestre del año 2006, contrario a lo sostenido en el mencionado informe. Es decir, en ningún momento de las actuaciones administrativas se glosa la documental que respalda los dichos de la aduana.
Que, recién en oportunidad de la medida para mejor proveer dictada por este Tribunal, a fin de que el fisco acompañe el listado de las operaciones tenidas en cuenta para la elaboración de los promedios trimestrales de valor de las exportaciones de pellets de cáscara de soja, utilizados en la confección del referido informe, a fs. 310/335 se informa que el mencionado informe técnico no se encuentra en el área por lo que adjunta -solamenteuna planilla con los datos recolectados del sistema Discoverer WEB respecto de las operaciones de exportación a consumo destinadas durante el año 2005 y primer semestre del año 2006.
Que, en la planilla referida se indica las operaciones efectuadas en dicho período – sin que exista certeza que sean las analizadas para efectuar el ajuste de valor–, la fecha de oficialización, P.A. 2302.50.00.000V, monto FOB, precio unitario, y peso neto en toneladas.
Que, a fin de justificar el ajuste efectuado, el fisco debió adjuntar los permisos de embarque, es decir la documentación aduanera pertinente, toda vez que del listado no surge el nivel comercial en que se pactaron las operaciones, ni el destino de la mercadería, ni el exportador, ni otros datos necesarios para efectuar una comparación válida, teniendo en cuenta que el valor de la mercadería en trato puede variar en grandes proporciones de acuerdo con los factores de oferta y demanda, así como por las propias características intrínsecas de la misma.
Que, claramente, la falta de agregación de las destinaciones respectivas impide constatar datos esenciales relativos a ellas y determinar si las mercaderías exportadas mediante ellas se corresponden en calidad, valor, embalaje, tiempo y nivel comercial, modalidad de transporte, financiación, etc, rubros que inciden en la determinación del valor de la mercadería La información que resulta de las planillas acompañadas por el servicio aduanero no resulta suficiente para efectuar un cotejo de todos los datos necesarios para evaluar la pertinencia del ajuste, si bien del estudio de tal detalle se puede conocer la fecha de oficialización, la cantidad de mercadería objeto de cada operación y el precio unitario en cada caso, no se pueden cotejar los datos mencionados con las facturas comerciales respaldatorias que habrían antecedido las operaciones referidas. Tampoco puede conocerse la descripción exacta de la mercadería, circunstancia esta determinante a la hora de decidir sobre la pertinencia del ajuste.
Que, también, corresponde señalar que los valores tenidos en cuenta por el fisco no cumplen con la condición legal de haber sido preestablecidos, lo que resulta exigido por el art. 748, inc. c), del C.A. Al respecto se ha dicho que “...estos promedios deben haber sido objeto de una publicación en los términos del art. 7 del decreto 618/1997, dado que la norma en comentario se refiere a precios preestablecidos. Es necesario que la resolución determine el tiempo de duración de la disposición…” (ver Código Aduanero Comentado, obra de los Dres. Alsina, Mario A., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Cotter Moine, Juan Patricio, y Vidal Albarracín, Héctor G.; completada y actualizada por los Dres. Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Vidal Albarracín, Héctor G., Cotter, Juan P., Sumcheski, Ana L., y Vidal Albarracín, Guillermo (h), tomo II, pág. 782, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011).
Que, en este sentido, el servicio aduanero no ha invocado norma alguna que fijase el valor preestablecido de la mercadería objeto de marras, limitándose a indicar que el valor imponible ha sido definido a partir del art. 748 inc. c).
Que, en definitiva, del Informe Técnico en el que se basa el fisco para realizar el ajuste resulta un “promedio de precios” cuyo fundamento se desconoce, el que, además, no coincide con la exigencia prevista en el art. 748 inc. c) del CA.
Que en consecuencia, no resultando ajustada a derecho la recomposición de valor realizada por el fisco, corresponde revocar la Resolución apelada en cuanto le exige a la actora diferencia de derechos de exportación más intereses.
VII. Que, sin perjuicio de lo expuesto, y a mayor abundamiento, de la contestación de oficio de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina surge que: “(…) Los pellets de cáscara de soja no tienen mercado continuo como los demás derivados de la molienda de poroto de soja. Al tratarse del derivado residual de un proceso que no siempre realizan las fábricas de aceite, su valor está ligado a factores vinculados con la logística del fabricante (disponibilidad de las bodegas, espacio en silos -que podría ser utilizado, por ejemplo, para almacenar harina de soja-, etc.) En cuanto a su demanda, puede considerarse como un producto utilizable en alimentos balanceados para aportar fibra, pero es fácilmente reemplazable y, por lo tanto, sensible al precio. Atendiendo a las particulares características reseñadas, resulta usual en el comercio que la venta de los pellets de cáscara de soja se concierte con anterioridad a la exportación.” a su vez agrega que por las razones expuestas “(...) no existe cotización internacional de los pellets de cáscara de soja” -ver fs. 71/72 de autos- Que, asimismo, de la pericia contable realizada en esta instancia surge que: “(...) b) La fecha del contrato es la que determina el valor de la transacción y se relaciona con el aprovisionamiento de la materia prime; c) El pellet de cáscara no demuestra ser un producto con demanda propia; representa un desperdicio del proceso de molienda en la obtención de aceite y harina; el mismo deviene de la necesidad de descascarar previamente el grano para la obtención de harina con los niveles de proteína requeridos internacionalmente. La cáscara tiene colocación como fibra, a determinados valores o puede ser requerida para su consumo en calderas, para producir vapor.” Asimismo, ante la consulta “si del universo de operaciones tomadas en cuenta por el Informe Técnico 19/2009 comprende (i) las propias operaciones cuestionadas; (ii) exportaciones concertadas entre empresas vinculadas; (iii) operaciones a distintos destinos; y (iv) exportaciones de distintos volúmenes”, el perito designado de oficio considera que resulta pertinente que la Aduana “(...) aporte al expediente el listado de operaciones tenidas en cuenta para la elaboración de los promedios trimestrales utilizados en la confección del Informe Técnico 19/2009”, el cual como se expuso no fue acompañado a requerimiento de este Tribunal -ver fs. 189/192 de autos-.
Que, a su vez, ante la pregunta: “Si el criterio del Informe Técnico 19/2009 de realizar promedios “trimestrales” y no de una extensión mayor o menor responde a un criterio técnico razonable”, el perito responde: “(...) - Conforme el material a disposición, no pudieron ser encontrados los respectivos precios de referencia, pudiendo este hecho suceder -en principio- por no constar el producto en cuestión como un commodity.” (fs. 192 de autos). Que, los argumentos expuestos descalifican el ajuste de valor practicado, por lo que corresponde revocar la Resolución 824/14 (AD SALO) y, en consecuencia, los cargos Nros.1939 a 1941 del año 2011.
Por ello, VOTO POR:
Revocar la Resolución 824/14 (AD SALO) y, en consecuencia, los cargos Nros.1939 a 1941 del año 2011, con costas a la demandada (art. 1163 del C.A.)
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juárez De conformidad con el acuerdo que antecede, por unanimidad SE
Revocar la Resolución 824/14 (AD SALO) y, en consecuencia, los cargos Nros.1939 a 1941 del año 2011, con costas a la demandada (art. 1163 del C.A.)
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Héctor Hugo Juárez y Claudia B. Sarquis –Vocal sustituta–, por encontrarse excusado el Dr. Juan Manuel Soria y vacante la Vocalía de la 14ª Nominación (cfr. arts. 52 R.P.T.F.N. y 1162 del C.A.)
Date: 2026.09.14 14:21:33 ART Date: 2026.09.14 20:00:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Tribunal Fiscal de la Nación Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.14 20:00:48 -03:00
Fin de la sentencia