Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 29.636-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar parcialmente el art. 1° de la Resolución n° 300/11 (AD SALO), y dejar sin efecto la sanción aplicada a la despachante de aduana Sra. ALICIA V. FANJUL. Costas a la demandada.
2Modificar el art. 1° de la Resolución n° 300/11 (AD SALO), reencuadrar la sanción impuesta a la firma VICENTÍN SAIC en los términos del art. 969 del CA – ello conforme lo expresado en los Considerandos V y VI – y determinar que la multa asciende a la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 187.648,13). Costas a la co actora VICENTÍN SAIC.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-110140833-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 18 de Septiembre de 2023 Reunidos los Sres. Vocales de la Sala “F”, Dres. Pablo A Garbarino, Christian M González Palazzo y Claudia B Sarquis a fin de dictar sentencia en los autos “VICENTIN S.A.I.C. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expediente N° 29.636-A, y su acumulado “FANJUL ALICIA VICTORIA c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación” expediente N° 29.640-A El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 10/16 vta., se presenta por apoderado la firma VICENTIN S.A.I.C. e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 300/11 (AD SALO), dictada en fecha 30/5/11, por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, recaída en la actuación SIGEA n° 12517-212-2006 en cuanto se lo condena por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a) y b) del CA. En primer término, efectúa una breve reseña de los antecedentes que dieron origen al dictado de la resolución apelada. Manifiesta que no se cometió la infracción de declaración inexacta toda vez que la mercadería amparada en el permiso de embarque declarado fue objeto de comprobación por parte del servicio aduanero. Sostiene que la presunta inexactitud surgía de la propia declaración no siendo esta reprochable por imperio del art. 959 del CA. Expresa que ninguna prohibición de exportación pesaba sobre la mercadería, por lo tanto, nunca podría haberse cometido la infracción del art. 954, ap. 1, inc. b) del CA. Realiza consideraciones del art. 954, ap. 1, inc. a) y b) del CA. Manifiesta que no existieron diferencias en la cantidad, calidad, especie o valor de la mercadería en relación con lo declarado. Sostiene que la declaración es veraz y exacta. Entiende que corresponde se aplique el art. 959, inc. a) del CA habida cuenta de que la inexactitud surge de la propia lectura de la declaración. En cuanto la atribución del art. 954, ap. 1, inc. a) del CA, sostiene la inexistencia de perjuicio fiscal. Agrega que esto es reconocido por el propio servicio aduanero al realizar la liquidación. Hace referencia a la Ley 21.453. Subsidiariamente, solicita la aplicación del art. 995 del CA. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada en autos.
Que, a fs. 28/30 vta., se presenta por derecho propio la Sra. FANJUL ALICIA VICTORIA e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 300/11 (AD SALO). Realiza un breve relato de los hechos. Expresa que cumplió con todos los deberes a su cargo. Se refiere a los arts. 902 y 908 del CA. Sostiene que no existió declaración inexacta. Manifiesta que se realizó una declaración completa y veraz. Considera que no existió diferencias en la comprobación efectuada por la Aduana. Expresa que no se produjeron los efectos previstos por el art. 954, ap. 1, inc. a) y b) del CA. Sostiene que la infracción cometida es la del art. 995 del CA. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada en autos.
II. Que a fs. 44/49, se presenta el representante fiscal y contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido. Por imperativo procesal, niega todas y cada una de las afirmaciones de hecho y derecho esgrimidas por la actora que no fueren objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa una breve reseña de lo actuado en sede administrativa y contesta los agravios de la actora. Se refiere al art. 954, ap. 1, inc a) y b) del CA y a la veracidad y exactitud de la declaración. Considera que no debe confundirse la legislación prevista en la Ley 21.453 y la infracción de art. 969 del CA con la infracción endilgada del art. 954 del CA. Sostiene que la exportación se encuentra alcanzada por la prohibición relativa de carácter económico con fundamento en la ejecución de la política exterior previsto en el art. 609, inc. b) del CA, concordantes con los arts. 608 y 612 del mismo cuerpo legal. En cuanto al despachante de aduana, manifiesta que este declaró una mercadería cuya exportación no se encontraba ampara da en la DJVE de trato, siendo este accionar una conducta negligente. Expresa que no solo es mandatario del exportador, sino que es un auxiliar del servicio aduanero en los trámites de importación y exportación de las mercaderías. Manifiesta que de acuerdo a su obrar se evidencia que no tomó los recaudos necesarios al momento de comprometer su declaración en el permiso de embarque denunciado. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme el decisorio apelado, con costas.
III. Que la actuación SIGEA n° 12517-212-2006 se inicia a fs. 1 con el Informe n° 195/06 de la Sección “V”, a fs. 2/6, obra copia de la destinación n° 06 057 EC01 004196 R y de la DJVE n° 68 B y; a fs. 10/11, se instruye sumario. A fs. 16, obra liquidación de multa. A fs. 17, se corre vista a la firma VICENTIN S.A.I.C. y a la Sra. ALICIA V. FANJUL de todo lo actuado. A fs. 19/22, se notifica a ambas partes (16/2/07). A fs. 23/24 vta. Y 29, las co-recurrentes contestan la vista. A fs. 36/39, obra el Dictamen n° 66/11. Finalmente, a fs. 47/50, con fecha 30/5/11, se dicta la Resolución n° 300/11 (AD SALO) apelada en autos.
IV. Que corresponde resolver en autos si la resolución recurrida por la que se condena a la firma VICENTIN S.A.I.C. y la despachante ALICIA V. FANJUL a la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a) y b) del C.A., al pago de una multa, se ajusta o no a derecho, para lo cual es necesario determinar si se encuentran reunidos los elementos configurativos de la infracción imputada.
Que, primeramente, cabe aclarar que no se encuentra controvertido en autos que, por medio de la declaración DJVE n° 06 052 DJVE 000068 B, la firma VICENTIN S.A.I.C. se comprometió a la venta de 5.000 toneladas, de la mercadería “A granel (Ley 21.453) -Aceite en bruto, incluso desgomado ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE.”, acogiéndose al régimen de la ley 21.453. Esto implicó que quedara determinado el régimen tributario, la alícuota y la base imponible vigente al momento del registro de las DJVE y, como contrapartida, el compromiso a exportar la mercadería correspondiente cantidad y en el plazo estipulado.
Que la mencionada DJVE se documentó el 11/01/06, con fecha límite de exportación el 02/03/06, sin embargo, teniendo en cuenta la prórroga automática de sesenta (60) días corridos del inc. a), art. 20 de la Resolución n° 1791/92, el vencimiento de la DJVE operó el 1/05/06.
Que en fecha 3/05/06, mediante el despacho n° 06 057 EC01 004196 R, la firma exportó una cantidad de 145 toneladas de la mercadería de trato, no obstante, la DJVE en cuestión se encontraba vencida al momento de realizarse la exportación.
Que el servicio aduanero, a través del Informe n° 195/06, consideró que dicha situación fáctica se encontraba encuadrada en la infracción del art. 954 del CA (a fs. 1 de las act. Adm.). Atento a ello, procedió a instruir sumario contencioso por la presunta infracción del art. 954, ap. 1, inc. a) y b) del CA. Se corrió vista a la firma VICENTIN S.A.I.C. y el despachante de aduana interviniente en la destinación y, una vez efectuada sus defensas, dictó la resolución apelada en autos, por la que se condenó solidariamente a la firma y el despachante de aduana. Que la Aduana entendió que la extemporaneidad del plazo había provocando un tratamiento arancelario distinto del declarado, interpretando que no resultaba aplicable el art. 729 sino el art. 726 del CA, ya que tal situación hubiese provocado un perjuicio fiscal de contar con un FOB unitario oficial distinto. Asimismo, estimó que dicha exportación se encontraba alcanzada por una prohibición relativa de carácter económico con fundamento en la ejecución de la política de comercio exterior previsto en el art. 609, inc. b), en concordancia con los arts. 608 y 612 del CA.
V. Que cabe aclarar que el exportador ha optado por el régimen opcional previsto en el art. 729 del CA y regulado a través de la ley 21.453, de allí la declaración jurada presentada y aprobada ante la Dirección de Mercados Agroalimentarios SAGPyA (ver fs. 6 de las act. Adm.).
Que el art. 730 del CA es claro al expresar “Cuando hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729, el exportador deberá, una vez registrado el contrato y dentro de los plazos que al efecto se establecieren, cumplir con la respectiva exportación. Se considerará que se ha cumplido con la exportación cuando la misma comprendiere por lo menos a un NOVENTA (90%) por ciento de la cantidad, peso o volumen declarados en el contrato registrado, de acuerdo a la especie de mercadería de que se tratare.”.
Que, por lo tanto, la situación planteada encuadra en la figura descripta en el art. 969 del Código Aduanero, en cuanto expresamente sanciona con pena de multa al exportador que hubiere optado por el régimen opcional de liquidación de derechos de exportación, previsto en el art. 729 del Código Aduanero y regulado a través de la ley 21.453, y que “...no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones...”.
Que el servicio aduanero entendió que al haberse documentado la destinación n° 06 057 EC01 004196 R, de manera extemporánea y en una cantidad menor a la declarada en la DJVE 68 B, se había vulnerado el principio de veracidad y exactitud de la declaración aduanera habida cuenta de que el tratamiento tributario correspondiente era el del art. 726 del CA –y no el del art. 729-, por lo que ello traía aparejado un valor FOB unitario distinto al documentado que de pasar inadvertido hubiese podido provocar un perjuicio fiscal. En virtud de ello, consideró de aplicación al caso la infracción del art. 954, ap. 1, inc. a) del CA.
Que se debe resaltar que previo a documentarse el despacho de exportación, la recurrente ya se encontraba en incumplimiento al régimen de la Ley 21.453, siendo que a la fecha 1/05/06 debió haber exportado el 90% de la mercadería documentada en la DJVE. Por lo tanto, el encuadre infraccional es sobre la figura tipificada en el art. 969 del CA, puesto que, el efecto previsto por el art. 954 del CA en su inciso a), es decir, el perjuicio fiscal no se da en el caso.
Que de lo contrario habría una alteración sustancial del régimen elegido por el exportador, al cual la Ley 21.453 facultó, mediante la implementación de declaraciones juradas para las ventas al exterior de determinados productos agrícolas, aplicar a los fines de la liquidación los derechos de exportación, reembolsos, reintegros y beneficios, los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible, vigentes a la fecha de cierre de cada venta.
Que, además, tampoco resulta de aplicación al caso concreto la infracción del inc. b), del art. 954 del CA, teniendo en cuenta que las prohibiciones deben ser expresa o surgir de manera inequívoca de la norma, así lo ha dicho la CSJN, en la sentencia del 12/07/12, en autos “Nate Navegación y Tecnología Marítima S.A. (TF 22.220- A) c/ D.G.A.”, en cuanto expresó: “...un régimen de prohibición, implicaría -como lo advirtieron tanto el propio legislador en la exposición de motivos citada más arriba como la cámara- elevar a tal categoría a todas las restricciones y simples condicionamientos para la importación o exportación de mercaderías, dando a los arts. 608 y cc del código de la rama una latitud tan vasta, que llevaría, en la práctica, a desvirtuar el sistema diseñado.”. Que, en consecuencia, no encontrándose acreditada la imposibilidad de exportar en plazos, formas y condiciones contemplados en el art. 730 del C.A. por razones de caso fortuito o fuerza mayor, y no habiéndose cumplido las exportaciones documentadas en la declaración jurada DJVE 68 B dentro del plazo estipulado, corresponde tener por configurada la infracción prevista en el art. 969 del C.A.
VI. Que, con relación al monto de la multa impuesta, corresponde aplicar el porcentaje mínimo de la multa en un 10 % conforme lo establecido en el art. 969 del C.A., y no del 15% establecido en el art. 9° de la ley 21.453 que preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador.
El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada. Para la conversión de divisas a moneda nacional de curso legal a fin de calcular las multas referidas se tomará el tipo de cambio comprador más alto vigente al día del vencimiento de la declaración jurada”.
Que se ha señalado que “ambos tipos infraccionales reprimen la misma conducta: el incumplimiento del compromiso de exportación en los términos y cantidades asumidos. Visto y considerando que en ambas leyes existe un régimen represor previsto para la misma conducta, debemos determinar qué sanción corresponde aplicar al exportador que no exportare al menos el 90% de la cantidad manifestada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior. No existe, entonces, una conducta con pluralidad de tipos, sino una conducta que configura el mismo tipo infraccional definido en dos leyes distintas. Por lo tanto, podemos concluir que no nos encontramos ante un concurso ideal” (Juan Patricio Cotter, “Las Infracciones Aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 265).
Que, consecuentemente, visto que en el caso no se configura un concurso ideal, se debe definir qué norma es aplicable al caso, teniendo en cuenta cuál de ellas es posterior en el tiempo y cuál resulta más específica, analizando dicho resultado con el parámetro del principio de la ley penal más benigna.
Que la norma posterior en el tiempo resulta ser el art. 969 del C.A. (BO 28/03/1981) y no el art. 9 de la ley 21.453 (B.O. 11/11/1976); asimismo, cabe mencionar que el Código Aduanero constituye legislación de base, en tanto que la ley 21.453 consiste en un régimen específico, que debe interpretarse sistemáticamente con aquélla. Que, si bien, la norma del Código Aduanero resulta ser posterior en el tiempo, no obstante, no es la específica, dicho resultado debe analizarse de todos modos de acuerdo con el principio de la ley penal más benigna, por lo que le asiste razón a la actora en dicho sentido.
Que es dable recordar que “el principio de aplicación de la ley penal más benigna constituye una excepción al principio general tutelado por el art. 18 de la C.N., la Convención Americana de Derechos Humanos, el art. 2 del Código Penal y en los art. 899, 900 y 901 del CA. La excepción resulta plenamente justificada, en primer lugar porque el cambio de la ley al quitar, por ejemplo, carácter delictivo a una acción, evidencia que no existe interés de la sociedad en penar o sancionar esta conducta; evidencia una evolución de las conductas que merecen reproche. Surge claro, entonces, que la nueva ley se aplica a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia si sus disposiciones resultan más benignas y se resuelve también la ultraactividad de la ley anterior para los actos realizados durante su vigencia, cuando es más favorable” (Juan Patricio Cotter, “Las Infracciones Aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p.87).
Que, analizando ambas normas, consideramos a la luz del principio de la ley penal más benigna, se impone la aplicación de la sanción prevista en el art. 969 del C.A. y no la establecida en el art. 9 de la Ley de Exportación de Productos Agropecuarios (conf.: Giambastiani, Juan Pablo, “La exportación de productos agrícolas y la transgresión de la obligación impuesta como condición de un beneficio. Análisis comparativo de las sanciones previstas en el Código Aduanero y en la Ley de Exportaciones Agrícolas”, ED, 16/9/2010; Juan Patricio Cotter, “Las infracciones aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 265 y 266; Horacio Félix Alais, “Régimen infraccional aduanero”, Marcial Pons Argentina, 2011, ps. 356 y 357; M. A. Alsina, E. C. Barreira, R.
X. Basaldúa, J. P. Cotter Moine, H. G. Vidal Albarracín, completado y actualizado por E. Barreira, R. Basaldúa, H. Vidal Albarracín, J. P. Cotter (H), A. Sumcheski y G. Vidal Albarracín (H), “Código Aduanero Comentado”, 1° ed., Abeledo Perrot, 2011, t. III, p. 432).
Que, por todo lo expuesto, cabe concluir que la multa aplicada del 15% de la mercadería no exportada no deviene ajustada a derecho, siendo de aplicación la multa mínima del 10% prevista en el art. 969 del CA. Que conforme surge de las act. Adm., el 90% del total de la mercadería no exportada al vencimiento de la DJVE (1/5/06) ascendió a 4500 toneladas, lo que equivalente a U$S 1.912.500; siendo el tipo de cambio de $ 3,060 al momento de la comisión del hecho (fecha de vto. De la DJVE 1/05/06), el valor de la mercadería no exportada asciende a un total de $ 5.852.250, por lo que el 10% de dicho valor, asciende al importe total de $ 585.225. Cabe aclarar que no se ha tenido en cuenta la exportación de las 145 tn de la destinación n° 004196 R ya que esta fue realizada luego del plazo de vencimiento de la DJVE de trato.
Que, asimismo, se observa que a la fecha de la intimación efectuada por el servicio aduanero (3/06/11), la suma total adeudada por la recurrente ascendía a $ 187.648,13 y, atento a que, la pretensión fiscal en la resolución administrativa que se sometió a recurso resulta menor, el pronunciamiento que recaiga en el presente no puede reformarlo haciéndola más gravosa para la recurrente, debido a que se estaría incurriendo en una indebida reformatio in pejus.
VII. Que respecto a la responsabilidad del despachante de aduana la Sra. ALICIA V. FANJUL -co-recurrente en los presentes autos-, cabe señalar que el despachante de aduana no sólo actúa como mandante del importadorexportador, carácter que lo obliga a desenvolverse de conformidad al mandato, sino que también es un profesional que se desempeña como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico internacional de mercaderías y, en este aspecto, debe colaborar eficazmente con la aduana. Es justamente dicha calidad la que determina que exista un mayor deber de obrar diligentemente y una mayor responsabilidad, tanto con respecto a su mandante como con respecto al servicio aduanero.
Que debe tenerse presente que “Dado el interés del Estado en el debido control del tráfico internacional, que descansa en el principio del 'despacho en confianza' y su correlativa 'declaración aduanera previa', es función del auxiliar del comercio colaborar con el Estado en la tarea de un despacho rápido y seguro. Lo que constituye una lógica contrapartida de la confianza que el Estado deposita en él al momento de la declaración aduanera. Esta relación de confiabilidad en la colaboración con el resguardo de los regímenes de restricciones o de facilitación (sea por vía tributaria o no tributaria) de la importación o exportación de ciertas mercaderías le otorga a esta categoría de auxiliar del servicio aduanero una gravitación aún mayor que la mero auxiliar del comercio”(Alsina, Mario A, Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Cotter Moine, Juan P., y Vidal Albarracín, Héctor G., Código Aduanero comentado, completado y actualizado por Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Vidal Albarracín, Héctor G., Cotter, Juan P., Sumcheski, Ana L, y Vidal Albarracín (h), Guillermo, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 2011, t. I, p. 129).
Que la importancia de la actividad desarrollada por estos profesionales fue destacada en el segundo párrafo del punto 1 de la Exposición de Motivos del Código Aduanero, bajo el título II, “Auxiliares del comercio y del servicio aduanero”, Capítulo Primero, “despachantes de aduana” señalando, entre otras cosas que “se evidencia (...) que son varios los intereses comprometidos en la gestión realizada por este profesional. El del Fisco, en la medida en que el despachante colabora a la regular y correcta percepción de los tributos aduaneros, el del servicio aduanero, cuya actividad se ve facilitada por la intervención del profesional y el relativo al comercio de importación y exportación cuyas operaciones aduaneras tramitan”.
Que, debido a la trascendencia, tanto para el importador-exportador como para el servicio aduanero, de la actividad que desarrolla dicho actor en el ámbito del comercio internacional es que se le exige cierto grado de idoneidad, lo que se evidencia, entre otras cosas, en los requisitos que se le exigen para poder desenvolverse como tal. Entre ellos, se destaca -en cuanto aquí interesa- la exigencia de “(...) haber aprobado estudios secundarios completos y acreditar conocimientos específicos en materia aduanera en los exámenes teóricos y prácticos que se establecieren” -cfme. art. 41, inc. b), del C.A.-. En definitiva, no se trata de un simple mandatario, sino de un profesional, que debe reunir requisitos, entre los cuales se encuentra la necesidad de adquirir conocimientos específicos en el ámbito del comercio exterior y es, justamente, su preparación especializada la que lo habilita a actuar en el carácter de mandatario calificado por sus conocimientos en materia aduanera.
Que dicha circunstancia conlleva, como contrapartida, mayores posibilidades de incurrir en responsabilidad jurídica -tanto en el ámbito del Derecho privado, con relación a su mandante (ya sea importador o exportador), como en el ámbito del Derecho público, frente al servicio aduanero-. Ello así, en virtud de que, al exigírsele idoneidad, no actúa como un mero gestor, debiendo poner la mayor prudencia y diligencia en el desarrollo de sus tareas, lo que lo eleva, según se ha señalado en cierto ámbito de la doctrina, a la categoría de “técnico asesor del comercio exterior” (ver “La responsabilidad del despachante de aduana”, Héctor G. Vidal Albarracín, Guillermo Vidal Albarración, Juan M. Sluman, Guía Práctica y Ediciones IARA S.A., Buenos Aires, 2009, p. 47). Que, en esa línea de pensamiento, cabe señalar que de la interpretación de los arts. 902 y 908 del CA, resulta que la solidaridad en el pago de la multa impuesta como consecuencia de una declaración inexacta, nace en cabeza del despachante “salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo”.
Que de ello se desprende que el buen o mal desempeño en su actuación profesional es valorada en función del cumplimiento de los deberes que impone la legislación aduanera. Consecuentemente, ello es lo que debe tenerse presente al tiempo de valorar la actuación del citado profesional, resultando decisivo para la atribución de responsabilidad por la actuación profesional del mismo.
Que conforme reiterada jurisprudencia, el despachante de aduana no es, en principio, penalmente responsable si no se ha apartado de las instrucciones impartidas por el importador/exportador, dicho profesional acreditó en autos haber cumplido con las obligaciones a su cargo como auxiliar del servicio aduanero.
Que cabe concluir que el despachante de aduana, frente a las circunstancias del caso, no resulta responsable en forma solidaria con la firma exportadora por la infracción cometida (art. 954, ap. 1, inc. a) y b), del CA), como así tampoco por la infracción del art. 969 del CA.
Por ello, VOTO por:
1. Revocar parcialmente el art. 1° de la Resolución n° 300/11 (AD SALO), y dejar sin efecto la sanción aplicada a la despachante de aduana Sra. ALICIA V. FANJUL. Costas a la demandada.
2. Modificar el art. 1° de la Resolución n° 300/11 (AD SALO), reencuadrar la sanción impuesta a la firma VICENTÍN SAIC en los términos del art. 969 del CA – ello conforme lo expresado en los Considerandos V y VI – y determinar que la multa asciende a la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 187.648,13). Costas por su orden.
El Dr. González Palazzo dijo:
Estimo que no corresponde la imposición de costas en el orden causado en tanto, más allá de la calificación o encuadre de la figura cuyo incumplimiento se endilga a la co recurrente Vicentín, éste se encuentra acreditado y por ello no encuentro razones para apartarme del principio general de la derrota. Costas a la actora. La Dra. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Garbarino, pero con respecto a la imposición de costas, adhiero al voto del Dr. González Palazzo, por no advertir fundamentos para eximir a la co actora que ha resuelto vencida.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Revocar parcialmente el art. 1° de la Resolución n° 300/11 (AD SALO), y dejar sin efecto la sanción aplicada a la despachante de aduana Sra. ALICIA V. FANJUL. Costas a la demandada.
2. Modificar el art. 1° de la Resolución n° 300/11 (AD SALO), reencuadrar la sanción impuesta a la firma VICENTÍN SAIC en los términos del art. 969 del CA – ello conforme lo expresado en los Considerandos V y VI – y determinar que la multa asciende a la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 187.648,13). Costas a la co actora VICENTÍN SAIC.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y Dr. Enrique Benítez Cruz (20-18110621-3). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.09.18 17:46:24 -03:00 Date: 2023.09.18 18:44:00 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.18 20:01:17 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.18 20:01:17 -03:00
Fin de la sentencia