Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2023-94621602-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución 621/2023, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 18005-2-2021, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954.1 inc. c) del CA, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-78843408-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 14 de Agosto de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “VICENTIN SAIC c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente EX-2023-94621602- -APN- SGASAD#TFN El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que, en IF-2023-94621581-APN-DTD#JGM se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución 621/2023, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 18005-2-2021, mediante la cual se le exige el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954.1 inc. c) del Código Aduanero (“CA”). Relata que la aduana objeta las ventas realizadas por la actora a VICENTIN URUGUAY en el período 2015-2019, toda vez que entiende que se tratan de “ventas teóricas” por ser una sucursal de la recurrente. Alega que según el fisco el valor declarado en los permisos de embarque (“PE”) documentados ante la Aduana Argentina debería ser el acordado por VICENTIN URUGUAY con sus compradores del exterior –léase: el precio de reventa- y no el consignado en los PE documentados en la Aduana de Argentina. En primer término, sostiene que la imputación infraccional carece de sustento jurídico, en razón de que el derecho federal habilita a la casa matriz y sucursal a realizar transacciones entre sí, siempre que se ajustaran a las reglas de mercado. Asimismo, alega que la casa matriz y la sucursal pueden realizar transacciones entre sí. Sostiene que no se configura la infracción que se le imputa porque no existe una falta de correspondencia entre lo declarado y las operaciones efectivamente concretadas por la firma toda vez que el precio declarado coincide con el facturado, cobrado y registrado contablemente. Hace referencia a los riesgos y funciones efectuadas por VICENTIN URUGUAY. Asimismo, alega que existen múltiples resoluciones previas de la Aduana que reconocieron la existencia de ventas entre la actora y VICENTIN URUGUAY. Remite a la teoría de los actos propios. En subsidio, solicita la aplicación de lo dispuesto en el art. 959 inc. a) y 898 del C.A. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas.
II. Contestación del fisco: En IF-2023-132306159-APN-DTD#JGM el fisco contesta el traslado que le fuera conferido. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una breve reseña de los hechos. Aduce que la introducción de VICENTIN URUGUAY a la cadena comercial fue al solo efecto de realizar una mera refacturación a los diferentes compradores del exterior para radicar las divisas en el exterior. Alega que el verdadero precio de transacción lo constituía el pagado por parte de quienes resultaron ser los compradores de las mercaderías – es decir, los destinatarios finales-. Sostiene que siendo VICENTIN URUGUAY una sucursal de la actora, no hay pluralidad de sujetos; por lo que no pudo haber contrato de compraventa. Hace hincapié en que la mercadería es exportada desde Argentina al destino final sin pasar por Uruguay. Aduce que debe desestimarse cualquier pretensión de considerar el accionar de la exportadora como un esquema de “ventas sucesivas”, dado que no hay más que una única venta, que es la concertada con el destinatario final de la mercadería y es, por tanto, la que debía consignarse ante la Dirección General de Aduanas de nuestro país. Hace referencia a la diferencia de valor declarado en la Aduana Argentina y el consignado en las aduanas de otros países. Alega que la inexactitud que combate el legislador no es la meramente documental; por el contrario, resulta esperable que el precio inexacto o falso de una declaración aduanera sea el mismo que el exportador/importador factura, contabiliza y transfiere. Adjunta las actuaciones administrativas. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
III. Que, con posterioridad, se tiene por contestado el traslado que le fuera conferido al fisco. En PV-2023-146487652- APN-VOCXVIII#TFN se abre la causa a prueba; la que luce en IF-2024-15552023-APN-DTD#JGM, IF-2024-11770979- APN-SGASAD#TFN, IF-2024-11773562-APN-SGASAD#TFN, IF-2024-20175703-APN-SGASAD#TFN, IF-2024-
23513297-APN-SGASAD#TFN, IF-2024-38285038-APN-SGASAD#TFN, IF-2024-47556089-APN-SGASAD#TFN, IF- 2024-59259095-APN-SGASAD#TFN, IF-2024-59259095-APN-SGASAD#TFN, IF-2024-87228861-APN- SGASAD#TFN, IF-2025-15668825-APN-DTD#JGM e IF-2026-02469657-APN-DTD#JGM. En PV-2026-34739022-
APN-VOCXVIII#TFN se certifica la prueba. Se declara la clausura del período probatorio. Se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen a alegar. Después luce el alegato del fisco. La actora no hizo uso del derecho que le fuera conferido. Se ponen autos a sentencia.
IV. Que, las actuaciones administrativas 18005-2-2021 se inician con la Nota 151/20, de donde surge que la aduana observa operaciones de exportación documentadas por la actora, donde interviene un tercer operador vinculado a la firma, que refactura la venta al comprador final. Nota: los PE se indican en el Anexo I. A fs. 70/77 la actora adjunta documental –pericia contable, PE, factura-. A fs. 1153/1162 luce la Nota 56/21. A fs. 1171 se labra acta de denuncia por la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A. A fs. 1176/1180 el 26-4-21 se instruye sumario por la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A. y se corre vista a la firma. La actora se notifica el 17-5-21 a fs. 1195. A fs. 1196/1211 la actora contesta la vista que le fuera conferida. A fs. 1265/1266 se tiene por presentada a la firma y por contestada la vista. A fs. 1276 luce el dictamen. A fs. 1279/1280 se ratifica la denuncia. A fs. 1283/1298 la actora solicita el sobreseimiento, el que es rechazado a fs. 1320. A fs. 1322/1323 se glosa la contestación de oficio de IGJ. A fs. 1327/1345 luce el Dictamen y a fs. 1346/1359 la Resolución 621/23, apelada.
V. Que, corresponde resolver si resulta ajustada a derecho la Resolución 621/23, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 18005-2-2021, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954. 1 inc. c) del CA.
Que, en el marco de los controles ex-post asignados al servicio aduanero por el art. 348 del CA, la División Empresas Vinculadas emitió la Nota 56/21 por la cual informa las operaciones de exportación con supuestas ventas sucesivas documentadas por la empresa VICENTIN S.A.I.C. durante el período 2015-2019, para lo cual se tuvo en cuenta la información obtenida en los sistemas informáticos, la cual fuera cotejada con la documentación aportada por la propia exportadora.
Que, sobre la base de la información obtenida a raíz de la consulta informática en el “Sistema Oracle Discoverer Plus”, “E-FISCO” y la visualización de la documentación obrante en el sistema “Depositario Fiel”, se observó que las ventas relacionadas con las operaciones de exportación relevadas –indicadas en el Anexo I-, la Compañía de Argentina consigna como cliente a “VICENTIN S.A.I.C. SUCURSAL URUGUAY” con la particularidad que las mercaderías exportadas son expedidas desde el territorio aduanero argentino con destino a un país diferente a Uruguay, sin ingresar a dicho país. Que, la Aduana entiende que, en este esquema de teóricas ventas sucesivas Vicentín Uruguay simplemente refactura a otros compradores a precios diferentes –en algunos casos mayores, y en otros menores- a los declarados y documentados por Vicentín SAIC ante la Aduana Argentina.
En estos términos, la Aduana concluyó que no resulta jurídicamente posible que Vicentín SAIC y Vicentín sucursal Uruguay realicen operaciones de compraventa, por lo que no se trataba en realidad de ventas sucesivas, sino de una única venta que da lugar a las operaciones de exportación involucradas, determinando que el precio que correspondía declarar en las exportaciones oficializadas ante la Aduana Argentina es el precio FOB facturado por Vicentín sucursal Uruguay a sus compradores del exterior.
En definitiva, el fisco determinó que las diferencias entre los precios declarados por Vicentín Argentina y los facturados por Vicentín Uruguay resultaban constitutivas de la infracción en el art. 954.1 inc. c) del CA.
V.1. Sentado lo que antecede, se observa que la Aduana, para realizar la imputación de marras, parte de descartar el precio declarado en las exportaciones oficializadas por Vicentín SAIC Argentina, por el solo hecho de que el importador –Vicentín Uruguay- es una sucursal del exportador, atento a que, según refiere, las empresas se encuentran legal y jurídicamente impedidas de contratar con sus sucursales.
No obstante, debe destacarse que no existe norma legal alguna –y de hecho la Aduana no la invoca- que impida a una empresa argentina realizar operaciones de exportación en las cuales el importador sea una de sus sucursales del exterior. Por el contrario, la existencia de triangulaciones comerciales como las verificadas en autos resulta ser una praxis comercial lícita, siempre y cuando se respete el principio de plena competencia (arm´s lenght) y se demuestre la inexactitud de los precios declarados.
Asimismo, debe señalarse que, tratándose la importadora de una sucursal de la exportadora, los potenciales efectos nocivos que podrían verificarse sobre el impuesto a las ganancias en operaciones como las aquí involucradas, quedan de plano descartados, toda vez que los resultados económicos de la sucursal se incorporan a los de la casa matriz al cierre de cada ejercicio.
V.2. Sobre tal base, corresponde analizar si se configura o no la infracción tipificada en el art. 954.1 inc. c), del CA. El artículo 954 del CA señala en su apartado 1 que: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir (...)”, completando la base fáctica en tres incisos. En cuanto aquí interesa, el inc. c), del ap. 1, señala: “c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia”.
En este caso, la imputación de la Aduana se basó en la supuesta comprobación, por medio de la utilización de los sistemas Oracle, Discoverer, E-Fisco y Depositario Fiel y la documental adjuntada por la propia actora, de que en las destinaciones de exportación oficializadas en Argentina se declaró un valor diferente –en algunos casos mayor y en otros menor- al declarado en las operaciones que involucran a Vicentín Uruguay con los compradores del exterior. Lo expuesto encuentra como único sustento el cuadro comparativo que puede verse a fs. 1163/1170 de las act. adm.
Sin perjuicio de ello, se observa del mencionado cuadro comparativo que el servicio aduanero no ha realizado un adecuado análisis de la situación de los hechos del caso. En efecto, véase que para arribar a la pretendida diferencia de $587.269.582,72, la Aduana analiza conjuntamente 501 destinaciones de exportación oficializadas por Vicentín Argentina, siendo que las diferencias entre el precio allí declarado y el precio facturado por Vicentín Uruguay llegan a representar, en algunos casos, un insignificante 0,02%, verificándose una diferencia máxima de 27,49% (le sigue una diferencia de 23,96%; superando el 20% solo en 8 PE, sobre un total de 501). Asimismo, se aprecia que las diferencias de precio no respetan parámetro alguno, en cuanto a determinar si se tratarían de sobrefacturaciones o subfacturaciones, toda vez que en 251 operaciones se verifica un precio superior y en 250 un precio inferior.
Ante esto, cabe mencionar que el hecho de que haya existido una venta posterior -esto es: entre VICENTIN URUGUAY y los compradores del exterior- por un precio diferente al de las anteriores ventas –P.E. que involucran a VICENTIN S.A.I.C. SUCURSAL URUGUAY y VICENTIN SAIC ARGENTINA-, no implica por sí solo que el precio declarado en las anteriores ventas no sea el precio de transacción, y se trate por ende de una maniobra fraudulenta tendiente a generar un diferente ingreso de divisas del país.
V.3. Finalmente, en los términos apuntados, corresponde señalar que corresponde aplicar al caso de autos lo resuelto por la CSJN en la causa “Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, de fecha 29 de febrero de 2024 en cuanto se sostuvo que “(...) el texto del art. 954, ap. I, inc. c, del Código Aduanero, al no contemplar el supuesto de ventas sucesivas de una misma mercadería, tampoco prevé que –a los efectos de establecer el precio que “efectivamente correspondiere”– deba prescindirse del precio de la última venta y atenderse a los precios de las ventas anteriores. Aún más, no surge de dicha norma presunción alguna que, para el caso de ventas sucesivas entre partes vinculadas, establezca que la diferencia de precios que pudiese existir obedezca a dicha vinculación, imponiendo por tal razón la inversión de la carga de la prueba y colocando en cabeza del importador o del exportador la demostración de que la vinculación no incidió en el precio o que tal precio es propio de una transacción celebrada entre partes independientes. En defecto de tales previsiones en el tipo infraccional del art. 954, ap. I, inc. c), del Código Aduanero, el hecho de que la última de las ventas sucesivas entre partes vinculadas hubiese venido precedida por una venta a un precio menor, o incluso sustancialmente menor, no alcanza para desplazar la carga de la prueba hacia el importador a fin de que éste demuestre que se trató del precio que efectivamente correspondía a las mercaderías importadas”.
VI. Que por la forma en que se resuelve no corresponde tratar los demás agravios.
Por ello, voto por:
Revocar la Resolución 621/2023, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 18005-2-2021, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954.1 inc. c) del CA, con costas.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Soria.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Hago propio el relato de los hechos y de la prueba acollarada efectuado por el Sr. Vocal preopinante, a cuyas constancias me remito en merito a la brevedad.
Comparto la solución propiciada en cuanto concluye que corresponde revocar la resolución apelada; sin embargo, estimo necesario formular ciertas precisiones respecto del encuadre jurídico que corresponde otorgar al caso, pues considero que la cuestión excede largamente la mera existencia de una diferencia de precios entre operaciones sucesivas de comercialización internacional.
I. El núcleo de la controversia no reside, a mi juicio, en determinar si la operatoria triangulada desarrollada por la exportadora resultaba económicamente razonable, conveniente o incluso sospechosa desde una perspectiva fiscal o cambiaria. El verdadero punto de análisis consiste en establecer si, en el marco específico del art. 954, apartado 1, inciso c), del Código Aduanero, el servicio aduanero logró acreditar el presupuesto estructural indispensable para la configuración de la infracción; esto es: la existencia de una declaración que difiera de lo efectivamente comprobado. Y es precisamente allí donde la imputación fiscal evidencia su principal insuficiencia.
Porque la Aduana, en rigor, jamás comprobó un valor distinto al declarado.
Lo que efectivamente verificó —mediante el sistema INDIRA y la documentación obtenida en destino— fue la existencia de operaciones posteriores celebradas a precios diversos respecto de aquellos documentados en la exportación desde la República Argentina.
Pero una diferencia de precios entre ventas sucesivas no equivale, por sí sola, a la comprobación de una declaración inexacta.
Mucho menos cuando la operatoria involucraba un trader internacional formalmente constituido, documentalmente identificado y cuya existencia jurídica jamás fue desconocida ni desestimada por autoridad competente alguna.
II. En este punto corresponde distinguir cuidadosamente dos planos conceptuales que el desarrollo fiscal tiende a superponer.
El art. 954, apartado 1, del Código Aduanero exige, como presupuesto estructural del tipo, la existencia de una declaración que difiera de lo que resultare de la comprobación.
Recién a partir de allí cobra relevancia el inciso c), esto es, la posibilidad de que dicha diferencia hubiera podido producir el ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe distinto del que efectivamente correspondiere. Sin embargo, en el caso de autos, la Aduana pretendió construir directamente la consecuencia prevista en el inciso c) sin haber acreditado previamente —de manera concreta y técnicamente sustentada— el presupuesto básico contenido en el apartado 1 de la norma.
Porque lo cierto es que el organismo no comprobó:
• un precio efectivamente distinto al declarado;
• un flujo financiero clandestino;
• una simulación contractual;
• una sobrefacturación o subfacturación concreta;
• ni un valor en aduana diverso del documentado.
Comprobó únicamente que existieron ventas posteriores a precios diferentes.
Y esa circunstancia, aun cuando pudiera justificar mayores facultades de fiscalización o investigación, no resulta suficiente para tener por configurada la figura infraccional.
III. En rigor, el propio desarrollo argumental del servicio aduanero pone en evidencia la dificultad conceptual que presenta la imputación.
Porque la tesis fiscal oscila constantemente entre dos hipótesis sustancialmente distintas:
• por un lado, la mera existencia de una diferencia entre el valor FOB declarado en origen y el precio de reventa en destino;
• y, por otro, la sospecha de una maniobra compleja de triangulación nociva, simulación comercial, fuga de divisas o deslocalización artificiosa de rentabilidad.
Pero si verdaderamente la hipótesis sostenida por la Aduana era esta última —esto es, la existencia de una maniobra fraudulenta compleja instrumentada mediante un trader sin sustancia económica real—, entonces el carril adecuado no era el estrecho marco infraccional del art. 954 del Código Aduanero.
Porque en tal supuesto el objeto de investigación ya no sería una mera diferencia entre lo declarado y lo comprobado, sino la eventual existencia de una operatoria dolosa compleja susceptible de proyectarse sobre el plano penal, cambiario o tributario.
Y ello exigía, naturalmente, la intervención de la jurisdicción competente y una investigación acorde con la gravedad de la hipótesis sostenida.
IV. En este sentido, la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Pioneer Argentina” no sólo acota el alcance del art. 954, apartado 1, inciso c), del Código Aduanero, sino que además obliga a distinguir cuidadosamente entre:
• la existencia de operaciones sucesivas a precios diversos, • y la efectiva comprobación de una maniobra ilícita susceptible de alterar el verdadero valor en aduana de la mercadería.
Porque, ventralmente, el Máximo Tribunal no sostuvo que la simple existencia de una triangulación comercial habilite automáticamente la configuración de la infracción, sino que enfatizó la necesidad de verificar concretamente cuál es la operación relevante y qué valor corresponde efectivamente atribuirle.
Y es precisamente allí donde la imputación fiscal exhibe su principal insuficiencia: la Aduana jamás logró determinar ni comprobar cuál era —a su juicio— el verdadero valor en aduana de la mercadería objeto de autos.
La sospecha acerca del eventual carácter artificioso del trader extranjero, aun cuando pudiera justificar una investigación de mayor profundidad, no sustituye la carga de acreditar técnicamente el elemento estructural del tipo infraccional. Porque el art. 954, apartado 1, del Código Aduanero no reprime sospechas de deslocalización económica ni hipótesis genéricas de planificación societaria internacional; sanciona declaraciones que difieran de lo efectivamente comprobado. Y aquí, precisamente, lo que permaneció incierto fue aquello que debía encontrarse acreditado: el verdadero valor en aduana de la operación.
V. En este contexto, cobra particular relevancia la doctrina sentada por la Corte Suprema en “De la Rosa Vallejos”, en cuanto delimita adecuadamente la relación entre el plano infraccional y el penal.
Porque si la hipótesis fiscal realmente consistía en afirmar la existencia de una maniobra compleja de simulación comercial, utilización fraudulenta de traders, ocultamiento del verdadero comprador o manipulación deliberada de valores con impacto cambiario o tributario, entonces el carril adecuado era, primeramente, la investigación penal correspondiente. Y recién una vez descartada la hipótesis delictiva —o delimitado con precisión su alcance— y determinado de manera concreta el verdadero valor en aduana de la mercadería, podría eventualmente analizarse la viabilidad de una imputación infraccional sustentada en el art. 954 del Código Aduanero.
Lo contrario importaría admitir que la Administración pueda degradar una sospecha de maniobra delictiva compleja a una mera infracción aduanera, prescindiendo de las garantías, estándares probatorios y ámbitos jurisdiccionales que el propio ordenamiento establece para cada supuesto.
Y ello no sólo debilita la consistencia jurídica de la imputación, sino que además corre el riesgo de tornar ineficaz la persecución de aquellas conductas que, según la propia hipótesis fiscal, revestirían una gravedad sustancialmente mayor.
VI. Lo expuesto adquiere todavía mayor relevancia cuando se advierte que la propia Corte Suprema, en “Maltería Pampa S.A. c/ DGI”, reconoció la legitimidad jurídica de la operatoria de ventas sucesivas instrumentada mediante la sociedad uruguaya interviniente, descartando que se tratara de una mera ficción carente de sustancia jurídica.
De allí que pretender, en el limitado marco infraccional del art. 954, apartado 1, inciso c), del Código Aduanero, desarticular esa realidad negocial sin una comprobación técnica suficiente acerca del verdadero valor en aduana de la mercadería importaría introducir una conclusión incompatible con el propio desarrollo jurisprudencial del Máximo Tribunal.
VII. En definitiva, el procedimiento infraccional terminó funcionando como un sustituto degradado de una investigación que, según la propia hipótesis fiscal, debió haber transitado otros carriles jurídicos.
Y ello no constituye una cuestión menor.
Porque al intentar encuadrar directamente la operatoria en el art. 954, apartado 1, inciso c), del Código Aduanero, el servicio aduanero terminó debilitando su propia pretensión, prescindiendo de los estándares probatorios y de investigación que una hipótesis de fraude complejo internacional necesariamente exigía.
En consecuencia, no habiéndose acreditado en autos la existencia de una declaración que difiera de lo efectivamente comprobado, corresponde revocar la resolución apelada.
Así lo voto.-
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución 621/2023, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 18005-2-2021, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954.1 inc. c) del CA, con costas. Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2026.08.12 18:04:51 ART Date: 2026.08.14 15:26:28 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.14 18:19:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.14 18:20:18 -03:00
Fin de la sentencia