Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2023-114318708-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución RESOL-2023-262-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17494-102-2020, mediante la cual se le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A., con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-79809025-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 19 de Agosto de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “VICENTIN SAIC c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente EX-2023-114318708- -APN- SGASAD#TFN El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que, en IF-2023-114318626-APN-DTD#JGM se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2023-262-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17494-102-2020, mediante la cual se le exige el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A., respecto de los DIT 18057IT15000230X, 18057IT15000231J, 18057IT15000232K, 18057IT15000233L, 18057IT15000234M, 18057IT15000235N, 18057IT15000236Y, 18057IT15000238Z, 18057IT15000239R y 18057IT15000251L. Relata que todas las compras fueron realizadas por VICENTIN SAIC a VICENTIN URUGUAY. Aduce que existen razones válidas, justificadas por las características propias del mercado internacional de agro-commodities, que obligaban a comercializar con un trader, ubicado fuera de nuestro país, para que la actora pudiera cumplir con los compromisos de exportación asumidos y mantenerse competitiva en el mercado. Hace referencia a las funciones y riesgos asumidos por VICENTIN URUGUAY. Se agravia porque el servicio aduanero entiende que se tratan de “compras teóricas”, en razón de que Vicentín Uruguay es una mera extensión de la actora. Alega que el derecho federal habilita a la casa matriz y sucursal a realizar transacciones entre sí, siempre que se ajustaran a la regla de mercado. Asimismo, aduce que el precio declarado coincide con el facturado, pagado y registrado contablemente. Hace referencia a que las firmas realizaron gran cantidad de operaciones de comercio exterior, durante más de 15 años, sin que la Aduana ni la Secretaría de Agricultura formularan objeciones al respecto. En subsidio, solicita la aplicación de lo dispuesto en el art. 898 del C.A. Concluye que no se configura la infracción que se le imputa. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas.
II. Que, en IF-2024-30467800-APN-DTD#JGM el fisco contesta el traslado que le fuera conferido. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una breve reseña de los hechos. Aduce que la actora no niega la operación vinculada ni tampoco desconoce los valores declarados; lo que evidencia la maniobra fraudulenta. Alega que ninguno de los argumentos ofrecidos por la contraria puede justificar la diferencia del valor entre las operaciones documentadas ante la Aduana Argentina y las registradas en las aduanas de otros países. Relata que basándose en la información existente en los sistemas informáticos de datos disponibles en el organismo, se detectó operaciones bajo la modalidad ventas sucesivas, donde la firma importadora VICENTIN S.A.I.C de la República Argentina, declara como vendedor a VICENTIN S.A.I.C. Sucursal Uruguay, con la particularidad que las mercaderías son expedidas desde la República de Paraguay hacia territorio aduanero argentino, sin ingresar a Uruguay. Concluye que VICENTIN Sucursal Uruguay simplemente re-factura las compras internacionales a los efectos de fugar divisas al exterior. Hace hincapié en que no existe pluralidad de sujetos. En resumen, sostiene que VICENTIN S.A.I.C. declaró un precio inexacto, vulnerando el principio de veracidad y exactitud de la declaración de la mercadería, con el objetivo de girar divisas al exterior. Concluye que se configura la infracción tipificada en el artículo 954, ap. 1, inc. c) del C.A. Hace referencia al principio de realidad económica. Aduce que debe desestimarse cualquier pretensión de considerar el accionar de la importadora como un esquema de “ventas sucesivas”, dado que no hay más que una única venta. Sostiene que la actora no demostró la veracidad del valor declarado. Hace referencia al principio de despacho en confianza. Aduce que se declaró que la vinculación de las empresas no incidía en el precio de las mercaderías importadas, y de la comprobación efectuada por el fisco, se ha demostrado lo contrario. En cuanto a la solicitud de aplicación de lo dispuesto en el art. 898 del C.A., alega que no hay dudas en cuanto a la configuración de la infracción que se le imputa. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Adjunta las actuaciones administrativas. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
III. Que se tiene por contestado el traslado. En PV-2024-47997255-APN-VOCXVIII#TFN se abre la causa a prueba, la que luce en IF-2024-66463029-APN-SGASAD#TFN, IF-2024-66461568-APN-SGASAD#TFN, RE-2024-136066006-
APN-DTD#JGM, RE-2025-27249434-APN-DTD#JGM, IF-2025-31434680-APN-DTD#JGM, IF-2025-91632071-APN- SGASAD#TFN, IF-2025-107590583-APN-SGASAD#TFN, IF-2025-137305272-APN-SGASAD#TFN e IF-2025-
120818322-APN-SGASAD#TFN. En PV-2026-39016940-APN-VOCXVIII#TFN se certifica la prueba. Con posterioridad, se declara la clausura del período probatorio, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen a alegar. Lucen los alegatos. Después, se ponen autos a sentencia.
IV. Que, las actuaciones administrativas SIGEA 17494-102-2020 se inician con el Acta de Denuncia por la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A. toda vez que del control realizado en DIT documentados por VICENTIN SAIC se observa diferencia de valor FOB de exportación –Paraguay- y el declarado en las DIT. A fs. 2/3 luce el informe. A fs. 5/6 se glosa el print de pantalla del P.E. 18004EC0100107A –documentado en la Aduana de Paraguay- y a fs. 7/55 los DIT 18057IT15000230X, 18057IT15000231J, 18057IT15000232K, 18057IT15000233L, 18057IT15000234M, 18057IT15000235N, 18057IT15000236Y, 18057IT15000238Z, 18057IT15000239R y 18057IT15000251L y facturas. A fs. 56/60 el 3-12-20 se instruye sumario por la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A. y se corre vista a la firma, la que se notifica el 5-3-21. A fs. 77/101 contesta la vista conferida la actora. Adjunta documental. A fs. 187/189 luce la Nota 18/22. A fs. 190 se tiene por presentada a la recurrente, por contestada la vista y se tiene presente la prueba documental. A fs. 226/227 se glosa la contestación de oficio de la IGJ. A fs. 228/246 luce el Dictamen y a fs. 247/256 la Resolución 2023-262, apelada.
V. Que, corresponde resolver si resulta ajustada a derecho la Resolución RESOL-2023-262-E-AFIP- ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17494-102-2020, mediante la cual se le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A.
Que, de la lectura de las actuaciones administrativas surge que, en el marco de los controles ex-post efectuados por el servicio aduanero, la Sección Inspección Simultánea efectuó un análisis de trazabilidad de distintas solicitudes de destinaciones de importación temporaria bajo el régimen de perfeccionamiento industrial.
Que, sobre la base de la información obtenida -la que surgió de los sistemas informáticos disponibles en el organismo y la documentación aportada por la propia firma importadora- se observó que la firma “VICENTIN S.A.I.C” de Argentina consignó como vendedor a “VICENTIN S.A.I.C Sucursal Uruguay” en las DIT 18057IT15000230X, 18057IT15000231J, 18057IT15000232K, 18057IT15000233L, 18057IT000234M, 18057IT15000234M, 18057IT15000235N, 18057IT15000236Y, 18057IT15000238Z, 18057IT15000239L y 18057IT15000251L con la particularidad que las mercaderías importadas en forma temporaria resultaron expedidas desde Paraguay hacia el territorio aduanero argentino, sin ingresar en ningún momento a Uruguay.
Que, en efecto, la aduana detectó que:
a) Respecto a la Destinación Temporal 18057IT15000230X:
-el valor FOB unitario declarado en la importación a Argentina es de u$s 427,06.
-el valor FOB unitario declarado en la exportación desde Paraguay es de u$s 398,00.
Así, la diferencia de valor FOB entre ambas operaciones resulta en un total de u$s 43.625,07 b) Respecto del DIT 18057IT15000231J - el valor FOB unitario declarado en la importación a Argentina es de u$s 427,06.
- el valor FOB unitario declarado en la exportación desde Paraguay es de u$s 398,00.
Así, la diferencia de valor FOB entre ambas operaciones resulta en un total de u$s 46.144,03 c) Respecto al DIT 18057IT15000232K:
- el valor FOB unitario declarado en la importación a Argentina es de u$s 427,06.
- el valor FOB unitario declarado en la exportación desde Paraguay es de u$s 398,00.
Así, la diferencia de valor FOB entre ambas operaciones resulta en un total de u$s 51.972,27 d) Respecto al DIT 18057IT15000233L:
- el valor FOB unitario declarado en la importación a Argentina es de u$s 427,60 - el valor FOB unitario declarado en la exportación desde Paraguay es de u$s 398,00 Así, la diferencia de valor FOB entre ambas operaciones resulta en un total de u$s 49.372,21.
e) Respecto al DIT 18057IT15000234M:
- el valor FOB unitario declarado en la importación a Argentina es de u$s 427,60 - el valor FOB unitario declarado en la exportación desde Paraguay es de u$s 398,00 Así, la diferencia de valor FOB entre ambas operaciones resulta en un total de u$s 42.528,69.
f) Respecto al DIT 18057IT15000235N -el valor FOB unitario declarado en la importación a Argentina es de u$s 427,60 - el valor FOB unitario declarado en la exportación desde Paraguay es de u$s 398,00 Así, la diferencia de valor FOB entre ambas operaciones resulta en un total de u$s 50.509,44.
g) Respecto al DIT 18057IT15000236Y:
- el valor FOB unitario declarado en la importación a Argentina es de u$s 427,60 - el valor FOB unitario declarado en la exportación desde Paraguay es de u$s 398,00 Así, la diferencia de valor FOB entre ambas operaciones resulta en un total de u$s 41.504,53.
h) Respecto a la Destinación Temporal 18057IT15000238Z:
- el valor FOB unitario declarado en la importación a Argentina es de u$s 427,60 - el valor FOB unitario declarado en la exportación desde Paraguay es de u$s 398,00 Así, la diferencia de valor FOB entre ambas operaciones resulta en un total de u$s 40.053,83 i) Respecto a la Destinación Temporal 18057IT15000239R:
- el valor FOB unitario declarado en la importación a Argentina es de u$s 427,60 - el valor FOB unitario declarado en la exportación desde Paraguay es de u$s 398,00 Así, la diferencia de valor FOB entre ambas operaciones resulta en un total de u$s 42.303,43.
j) Respecto al DIT 18057IT15000251L - el valor FOB unitario declarado en la importación a Argentina es de u$s 427,60 - el valor FOB unitario declarado en la exportación desde Paraguay es de u$s 398,00 Así, la diferencia de valor FOB entre ambas operaciones resulta en un total de u$s 42.788,58 Que, en definitiva, la aduana observa un esquema de ventas internacionales sucesivas, efectuadas por “Vicentin S.A.I.C sucursal Uruguay” la cual re-factura a su casa matriz “Vicentin S.A.I.C” a un precio superior, siendo este último el declarado en las DIT documentadas en Argentina.
Que, en otras palabras la aduana detecta una sobrefacturación en las operaciones de DIT documentadas ante la Aduana Argentina a los efectos de egresar más divisas en el exterior.
Que, entonces, el fisco entiende que el valor declarado al importar en forma temporaria la mercadería en Argentina no es el real; sino que lo es el declarado en la aduana de origen, al exportar –léase: en Paraguay-.
Que, en estos términos, la Aduana concluyó que no resulta jurídicamente posible que VICENTIN SAIC y VICENTIN sucursal Uruguay realicen operaciones de compraventa, por lo que no se trataba en realidad de ventas sucesivas, sino de una única venta que da lugar a las operaciones de importación temporaria involucradas, determinando que el precio que correspondía declarar en las importaciones temporarias oficializadas ante la Aduana Argentina es el establecido por el vendedor de Paraguay.
Que, en consecuencia, la aduana le imputa a la actora la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A., y finalmente, la condena.
V.1. Que, sentado lo que antecede, se observa que la aduana, para realizar la imputación de marras, parte de descartar el precio declarado en las DIT oficializadas por VICENTIN SAIC ARGENTINA, por el solo hecho de que el exportador –VICENTIN URUGUAY- es una sucursal del importador, atento a que según refiere, las empresas se encuentran legal y jurídicamente impedidas de contratar con sus sucursales.
Que, no obstante, debe destacarse que no existe norma legal -y de hecho la aduana no la invoca- que impida a una empresa argentina realizar operaciones de importación en las cuales el exportador sea una de sus sucursales del exterior. Por el contrario, la existencia de triangulaciones comerciales como las verificadas en autos resulta ser una praxis comercial lícita, siempre y cuando se respete el principio de plena competencia (arm´s length) y se demuestre la inexactitud de los precios declarados.
V.2. Que, sobre tal base, corresponde analizar si se configura o no la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A.
Que, el artículo 954 del C.A. señala en su apartado 1 que: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir (...)”, completando la base fáctica en tres incisos. En cuanto aquí interesa, el inc. c), del ap. 1, señala: “c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia”.
Que, en este caso, la imputación de la aduana se basó en la supuesta comprobación, por medio de la utilización del sistema INDIRA y la documental adjuntada por la propia actora, que en las DIT oficializadas en Argentina se declaró un valor diferente –esto es: mayor- al declarado en la destinación de exportación de Paraguay 18004EC01000107A. Lo expuesto encuentra como único sustento el cuadro comparativo de fs. 3 de las actuaciones administrativas. Que, sin perjuicio de ello, se observa que en el referido cuadro comparativo no se ha efectuado un adecuado análisis de la situación de los hechos del caso. En efecto, véase que para arribar a la pretendida diferencia de $450.802,08, la aduana analiza conjuntamente las 10 DIT oficializadas por Vicentín Argentina en comparación con la operación documentada por ante la Aduana de Paraguay –léase: P.E. 18004EC01000107A-, de donde surge que la diferencia del valor declarado en la Aduana de Paraguay y el consignado en la Aduana de Argentina es del 6,92%. Es decir, no es una diferencia significante. Que, ante esto, cabe indicar que el hecho de que haya existido una venta anterior –oficializada ante la Aduana de Paraguay- por un precio diferente al de las últimas ventas -DIT que involucran a VICENTIN S.A.I.C. SUCURSAL URUGUAY y VICENTIN SAIC ARGENTINA-, no implica por sí solo que el precio declarado en las últimas ventas no sea el precio de transacción, y se trate de una maniobra fraudulenta tendiente a generar un mayor egreso de divisas del país. Tal afirmación del organismo, dado los porcentuales de diferencias constatadas, exigía, al menos, un estudio de precios que fundara su posición.
VI. Que, ello así, corresponde aplicar al caso de autos lo resuelto por la CSJN en la causa “Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, de fecha 29 de febrero de 2024 en cuanto se sostuvo que “(...) el texto del art. 954, ap. I, inc. c, del Código Aduanero, al no contemplar el supuesto de ventas sucesivas de una misma mercadería, tampoco prevé que –a los efectos de establecer el precio que “efectivamente correspondiere”– deba prescindirse del precio de la última venta y atenderse a los precios de las ventas anteriores. Aún más, no surge de dicha norma presunción alguna que, para el caso de ventas sucesivas entre partes vinculadas, establezca que la diferencia de precios que pudiese existir obedezca a dicha vinculación, imponiendo por tal razón la inversión de la carga de la prueba y colocando en cabeza del importador o del exportador la demostración de que la vinculación no incidió en el precio o que tal precio es propio de una transacción celebrada entre partes independientes. En defecto de tales previsiones en el tipo infraccional del art. 954, ap. I, inc. c), del Código Aduanero, el hecho de que la última de las ventas sucesivas entre partes vinculadas hubiese venido precedida por una venta a un precio menor, o incluso sustancialmente menor, no alcanza para desplazar la carga de la prueba hacia el importador a fin de que éste demuestre que se trató del precio que efectivamente correspondía a las mercaderías importadas”.
VII. Que por la forma en que se resuelve no corresponde tratar los demás agravios.
Por ello, voto por:
Revocar la Resolución RESOL-2023-262-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17494-102-2020, mediante la cual se le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A., con costas.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Soria.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que hago propio el relato de los hechos y de la prueba acollarada efectuado por el Sr. Vocal preopinante, a cuyas constancias me remito.
Que comparto la solución propiciada en cuanto concluye que corresponde revocar la resolución apelada; sin embargo, estimo necesario formular ciertas precisiones respecto del encuadre jurídico que corresponde otorgar al caso, pues considero que la cuestión excede largamente la mera existencia de una diferencia de precios entre operaciones sucesivas de comercialización internacional.
I. Que el núcleo de la controversia no reside, a mi juicio, en determinar si la operatoria triangulada desarrollada por la exportadora resultaba económicamente razonable, conveniente o incluso sospechosa desde una perspectiva fiscal o cambiaria. El verdadero punto de análisis consiste en establecer si, en el marco específico del art. 954, apartado 1, inciso c), del Código Aduanero, el servicio aduanero logró acreditar el presupuesto estructural indispensable para la configuración de la infracción; esto es, la existencia de una declaración que difiera de lo efectivamente comprobado. Que conviene recordar, en este punto, que el bien jurídico tutelado por el art. 954 del Código Aduanero es el principio de veracidad y exactitud de las declaraciones comprometidas ante el servicio aduanero —directriz que la Corte Suprema ha sostenido de modo constante y que reafirmó recientemente in re “Pioneer Argentina S.R.L.”—. La norma no reprime la irregularidad comercial, la conveniencia del negocio ni la sospecha de planificación: reprime, estrictamente, la falta de correspondencia entre lo declarado y lo comprobado. De allí que la comprobación de ese desajuste no constituya un elemento accesorio del tipo, sino su presupuesto lógico y estructural, sin el cual el análisis del inciso c) carece de todo objeto.
Y es precisamente allí donde la imputación fiscal evidencia su principal insuficiencia.
Porque la Aduana, en rigor, jamás comprobó un valor distinto al declarado.
Lo que efectivamente verificó —mediante el sistema INDIRA y la documentación obtenida en destino— fue la existencia de operaciones posteriores celebradas a precios diversos respecto de aquellos documentados en la exportación desde la República Argentina.
Pero una diferencia de precios entre ventas sucesivas no equivale, por sí sola, a la comprobación de una declaración inexacta.
Mucho menos cuando la operatoria involucraba un trader internacional formalmente constituido, documentalmente identificado y cuya existencia jurídica jamás fue desconocida ni desestimada por autoridad competente alguna.
II. Que en este punto corresponde distinguir cuidadosamente dos planos conceptuales que el desarrollo fiscal tiende a superponer.
El art. 954, apartado 1, del Código Aduanero exige, como presupuesto estructural del tipo, la existencia de una declaración que difiera de lo que resultare de la comprobación. Recién a partir de allí —verificado ese desajuste— cobra relevancia el inciso c), esto es, la posibilidad de que dicha diferencia hubiera podido producir el ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe distinto del que efectivamente correspondiere. La estructura de la norma es, pues, secuencial, y no puede invertirse: primero, la comprobación de la diferencia; sólo después, la ponderación de su eventual efecto. Así lo destaca, por lo demás, la doctrina especializada, en cuanto subraya que el perjuicio descripto en los incisos del apartado 1 presupone necesariamente la previa acreditación de la inexactitud, y no a la inversa (conf. Vidal Albarracín, Héctor G., “Delitos y contravenciones aduaneras”; Cotter, Juan P., “Las infracciones aduaneras”). Sin embargo, en el caso de autos, la Aduana pretendió construir directamente la consecuencia prevista en el inciso c) sin haber acreditado previamente —de manera concreta y técnicamente sustentada— el presupuesto básico contenido en el apartado 1 de la norma.
Porque lo cierto es que el organismo no comprobó:
• un precio efectivamente distinto al declarado;
• un flujo financiero clandestino;
• una simulación contractual;
• una sobrefacturación o subfacturación concreta;
• ni un valor en aduana diverso del documentado.
Comprobó únicamente que existieron ventas posteriores a precios diferentes.
Y esa circunstancia, aun cuando pudiera justificar mayores facultades de fiscalización o investigación, no resulta suficiente para tener por configurada la figura infraccional.
III. Que, en rigor, el propio desarrollo argumental del servicio aduanero pone en evidencia la dificultad conceptual que presenta la imputación, pues la tesis fiscal oscila constantemente entre dos hipótesis sustancialmente distintas: • por un lado, la mera existencia de una diferencia entre el valor FOB declarado en origen y el precio de reventa en destino;
• y, por otro, la sospecha de una maniobra compleja de triangulación nociva, simulación comercial, fuga de divisas o deslocalización artificiosa de rentabilidad.
Pero si verdaderamente la hipótesis sostenida por la Aduana era esta última —esto es, la existencia de una maniobra fraudulenta compleja instrumentada mediante un trader sin sustancia económica real—, entonces el carril adecuado no era el estrecho marco infraccional del art. 954 del Código Aduanero.
Porque en tal supuesto el objeto de investigación ya no sería una mera diferencia entre lo declarado y lo comprobado, sino la eventual existencia de una operatoria dolosa compleja susceptible de proyectarse sobre el plano penal, cambiario o tributario. Y ello exigía, naturalmente, la intervención de la jurisdicción competente y una investigación acorde con la gravedad de la hipótesis sostenida.
IV. Que, en este sentido, la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Pioneer Argentina S.R.L. (TF 38.718-A) c/ DGA” (del 29 de febrero de 2024) resulta decisiva. Al hacer suyos los fundamentos y las conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, el Máximo Tribunal puso orden en una práctica que, de otro modo, quedaría librada a la sola detección de diferencias: estableció que el hecho de que la última de las ventas sucesivas entre partes vinculadas hubiera estado precedida por una venta a menor precio no alcanza para desplazar sobre el administrado la carga de la prueba, y que el art. 954, apartado 1, inciso c), del Código Aduanero, al no contemplar el supuesto de ventas sucesivas de una misma mercadería, tampoco prevé que deba prescindirse del precio de la última venta.
Que, sin perjuicio del acierto de esa conclusión, cabe formular una precisión de orden técnico que —lejos de restarle valor— la completa desde la perspectiva aduanera y previene un equívoco. En efecto, al razonar sobre el precio de la “última venta”, el precedente discurre sobre nociones tomadas del Acuerdo relativo a la aplicación del art. VII del GATT (Acuerdo de Valoración), y es aquí donde conviene no superponer los planos: dicho Acuerdo —incorporado por las leyes 23.311 y 24.425— rige exclusivamente la valoración de las importaciones. La operación de autos, en cambio, es una exportación para consumo, gravada con derechos de exportación en los términos del art. 724 del Código Aduanero, cuyo régimen se despliega en el capítulo que se inicia en esa norma: el hecho gravado es la exportación para consumo (art. 725), y su base imponible es el valor en aduana de exportación, que se determina conforme a los arts. 734 a 749, con los métodos de recomposición enumerados en el art. 748. Ese —y no el del GATT— es el plexo normativo que gobierna el caso. Trasladar sin más a una exportación los criterios valorativos concebidos para la importación importa un deslizamiento conceptual que este voto no puede convalidar.
Que la distinción precedente no es académica: decide la suerte del caso. No cabe confundir dos institutos que el Código mantiene separados. El art. 954 reprime una infracción —la falta de correspondencia entre lo declarado y lo comprobado—; el art. 748, en cambio, provee el procedimiento técnico de recomposición del valor de exportación, esto es, el instrumento idóneo para establecer, cuando corresponde, un valor en aduana distinto del declarado. Y lo cierto es que “Pioneer”, “Maltería Pampa” y el caso en estudio son, todos ellos, meros supuestos infraccionales: en ninguno se practicó un ajuste de valor. Aún más: en autos la Aduana ni siquiera intentó recomponer el valor de exportación por los métodos sucesivos del art. 748 del Código Aduanero —estimación comparativa con mercadería idéntica o similar competitiva, cotización internacional, precio deductivo del país de destino, valor reconstruido a partir del costo de producción, entre otros—, que era la vía por la que pudo y debió transitar si pretendía sostener que el valor documentado no era el correcto. Al prescindir de esa recomposición, se privó del único término de comparación admisible; y sin valor recompuesto no hay inexactitud comprobable, sino apenas una diferencia de precios elevada, indebidamente, a la categoría de infracción.
Que la enseñanza que se desprende del citado dictamen es tan sencilla como dirimente: no basta con proclamar la inexactitud; es menester comprobar cuál es el valor exacto que la desmiente. Y es precisamente allí donde la imputación fiscal exhibe su insuficiencia estructural, porque la Aduana jamás logró determinar ni comprobar cuál era —a su juicio— el verdadero valor en aduana de la mercadería objeto de autos. Se afirmó una inexactitud sin contrastarla contra ningún valor efectivamente establecido; de modo que, en rigor, ni siquiera se sabe cuál sería el valor inexacto. La sospecha acerca del eventual carácter artificioso del trader extranjero, aun cuando pudiera justificar una investigación de mayor profundidad, no sustituye la carga de acreditar técnicamente el elemento estructural del tipo infraccional. Porque el art. 954, apartado 1, del Código Aduanero no reprime sospechas de deslocalización económica ni hipótesis genéricas de planificación societaria internacional; sanciona declaraciones que difieran de lo efectivamente comprobado. Y aquí, precisamente, lo que permaneció incierto fue aquello que debía encontrarse acreditado: el verdadero valor en aduana de la operación.
V. Que, en este contexto, cobra particular relevancia la doctrina sentada por la Corte Suprema in re “De la Rosa Vallejos, Ramón” (Fallos: 305:246), en cuanto delimita adecuadamente la relación entre el plano infraccional y el penal. Porque si la hipótesis fiscal realmente consistía en afirmar la existencia de una maniobra compleja de simulación comercial, utilización fraudulenta de traders, ocultamiento del verdadero comprador o manipulación deliberada de valores con impacto cambiario o tributario, entonces el carril adecuado era, primeramente, la investigación penal correspondiente. Y recién una vez descartada la hipótesis delictiva —o delimitado con precisión su alcance— y determinado de manera concreta el verdadero valor en aduana de la mercadería, podría eventualmente analizarse la viabilidad de una imputación infraccional sustentada en el art. 954 del Código Aduanero.
Lo contrario importaría admitir que la Administración pueda degradar una sospecha de maniobra delictiva compleja a una mera infracción aduanera, prescindiendo de las garantías, los estándares probatorios y los ámbitos jurisdiccionales que el propio ordenamiento establece para cada supuesto. Y ello no sólo debilita la consistencia jurídica de la imputación, sino que además corre el riesgo de tornar ineficaz la persecución de aquellas conductas que, según la propia hipótesis fiscal, revestirían una gravedad sustancialmente mayor.
VI. Que lo expuesto adquiere todavía mayor relevancia cuando se advierte que la propia Corte Suprema, in re “Maltería Pampa S.A. c/ DGI”, reconoció la legitimidad jurídica de la operatoria de ventas sucesivas instrumentada mediante la sociedad uruguaya interviniente, descartando que se tratara de una mera ficción carente de sustancia jurídica. De allí que pretender, en el limitado marco infraccional del art. 954, apartado 1, inciso c), del Código Aduanero, desarticular esa realidad negocial sin una comprobación técnica suficiente acerca del verdadero valor en aduana de la mercadería importaría introducir una conclusión incompatible con el propio desarrollo jurisprudencial del Máximo Tribunal. Que, por lo demás, la solución que aquí propicio no hace sino reiterar el criterio que ya he sostenido, en el marco de esta misma Sala, al pronunciarme en anteriores causas promovidas por la propia actora donde señalé que la mera diferencia entre el valor FOB declarado en origen y el precio de reventa en destino, desprovista de toda comprobación acerca del verdadero valor en aduana de la mercadería, resulta inidónea para configurar la infracción prevista en el art. 954 del Código Aduanero.
VII. Que, en definitiva, el procedimiento infraccional terminó funcionando como un sustituto degradado de una investigación que, según la propia hipótesis fiscal, debió haber transitado otros carriles jurídicos. Y ello no constituye una cuestión menor, porque al intentar encuadrar directamente la operatoria en el art. 954, apartado 1, inciso c), del Código Aduanero, el servicio aduanero terminó debilitando su propia pretensión, prescindiendo de los estándares probatorios y de investigación que una hipótesis de fraude complejo internacional necesariamente exigía.
En consecuencia, no habiéndose acreditado en autos la existencia de una declaración que difiera de lo efectivamente comprobado, corresponde revocar la resolución apelada.
Así lo voto.-
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución RESOL-2023-262-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17494-102-2020, mediante la cual se le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A., con costas.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2026.08.18 21:55:46 ART Date: 2026.08.19 11:04:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.19 11:52:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.19 11:53:17 -03:00
Fin de la sentencia