Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2023-113543234-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución RESOL-2023-292-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada el 05/09/2023, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 17494-67-2017, en cuanto impone la pena de multa, la que asciende a la suma de pesos TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 39/100 CTVS ($ 318.689,39). Costas a cargo del Fisco Nacional (DGA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-18035591-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 20 de Febrero de 2026 Reunidos los Sres. Vocales de la Sala “F”, para resolver el expediente EX-2023-113543234- -APN- SGASAD#TFN, caratulado “VICENTÍN SAIC c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que, mediante IF-2023-113543208- -APN-SGASAD#TFN, se presenta, por apoderado, la firma VICENTÍN SAIC e interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2023-292-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el SIGEA 17494-67-2017 el 05 de septiembre de 2023, por la que se condena a la referida firma al pago de una multa de $ 318.689,39, por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 954, ap. 1, incisos a) y c), del CÓDIGO Aduanero, en relación al despacho de importación temporal 17 057 IT15 000075 Y. Relata los antecedentes del caso e indica que ingresó materia prima (porotos de soja), de países vecinos como Paraguay y Brasil, para someterla a un proceso de industrialización en las plantas que la importadora posee en la provincia de Santa Fe; detalla que una vez obtenido el producto final, se lo comercializaba en el mercado internacional, mediante su exportación desde los puertos en el litoral del río Paraná.
Señala que, dado que desarrolla su actividad en un mercado que presenta una importante competencia con sociedades multinacionales, Vicentín buscó internacionalizarse constituyendo otras empresas en la región con las que entabló relaciones comerciales. Revela que, entre dichas empresas, se encuentra la sucursal “Vicentín Uruguay”, la cual tiene la función de operar como un “trader internacional”, asumiendo riesgos propios del descalce temporal entre la oferta de granos y sub-productos y la demanda del mercado internacional. Agrega que la operatoria de Vicentín Uruguay no consiste en una mera “intermediación” comercial, sino que presta servicios de alto valor agregado a Vicentín atento a que (i) coordina la logística de los fletes para toda la campaña anual, (ii) opera en distintas monedas, (iii) compra y vende mercaderías de distintos orígenes (iv) realiza la coordinación temporal de la compra y de la venta en el mercado internacional.
Por otra parte, exterioriza que el servicio aduanero cuestiona las operaciones celebradas con Vicentín Uruguay atento a que se trataría de “compras teóricas” en razón de que, al ser una mera extensión de la sociedad constituida en el país, no podría celebrar contratos de compraventa con Vicentín Argentina. En primer lugar, se agravia de que la DGA formula una interpretación anárquica del ordenamiento jurídico en pos de justificar la imposición de la multa apelada. En efecto, se vale de la carencia de personalidad jurídica de la sucursal, de acuerdo al derecho privado argentino, para negar virtualidad a las operaciones que esta realiza en los ámbitos tributario (aduanero) y cambiario. De esta manera, prescinde de la consideración del derecho federal, en cuanto reconoce, en forma pacífica, la posibilidad de que la casa matriz y su sucursal realicen transacciones y operaciones jurídicas entre sí.
En segundo lugar, resalta que la DGA insistió en que no existía “venta”, pretendiendo sustituir al Banco Central en el control del ingreso de divisas al país. En tercer lugar, afirma que las operaciones entre casa matriz y sucursal son operaciones absolutamente válidas y con trascendencia jurídica de acuerdo al derecho federal. Por lo tanto, considera que no resulta objetable que, para el derecho federal, existan relaciones comerciales entre la sucursal y la casa matriz. En cuarto lugar, indica que la Resolución, al pretender que Vicentín declare como precio, el de la “compra” original de Vicentín Uruguay con su proveedor del exterior, contradice la realidad económica y comercial involucrada.
Asimismo, destaca la falta de configuración de la infracción tipificada en el artículo 954, ap. 1, inc. a) y c), del Código Aduanero y la inexistencia de perjuicio fiscal. Resalta que no existe diferencia entre lo declarado y el resultado de la comprobación. En la misma idea, sostiene que el hecho de haber declarado un valor de importación distinto del que fuera declarado en el país de exportación no resulta, por sí mismo, un elemento suficiente para desestimar el valor declarado como valor de transacción. Afirma que el precio consignado en las importaciones coincide con las facturas emitidas por Vicentín Uruguay, con lo que le fue pagado y con la registración contable efectuada. Plantea la falta del elemento objetivo y subjetivo del tipo infraccional, arguye la arbitrariedad de la imputación infraccional y de la reconstrucción del valor de transacción.
En subsidio solicita la aplicación del principio indubio pro reo. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución, con costas a la contraria.
II. Que, mediante IF-2024-20386990-APN-DTD#JGM, se presenta el Fisco Nacional y contesta el traslado que le fuera conferido. Efectúa un breve resumen de lo acontecido en sede aduanera y formula una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por su contraria. En primer lugar, observa un esquema de ventas internacionales sucesivas, en el cual se evidencia un proceso de subfacturación, toda vez que el valor FOB de la exportación brasilera (costo afrontado por Vicentín Uruguay) es un 6,44% superior al valor de ingreso a la Argentina. Asimismo, señala que - sobre la información extraída del sistema INDIRA - verificó que el precio de exportación de Brasil no era coincidente con el de la importación en Argentina.
En segundo lugar, sostiene que Vicentín Uruguay es una mera y simple extensión de la sociedad constituida en nuestro país, por lo que considera que no resulta jurídicamente posible que entre ellas haya contratos de compraventa. Insiste en que Vicentín Uruguay - sucursal de Vicentín Argentina- estableció un valor de transacción influido por la vinculación, declarando un precio que no recupera el costo de la mercancía en cuestión. Además, indica que no existió compraventa internacional, toda vez que no resulta lógica ni jurídicamente aceptable que una persona jurídica pueda celebrar tal contrato consigo misma. Así, afirma que la sucursal carece, a diferencia de la filial, de personalidad jurídica.
En tercer lugar, indica que la actora no ha demostrado que funciones y riesgos asume Vicentín Uruguay, y plantea que no hay más que “una única venta”, que es la concertada con el destinatario final de la mercadería y es, por tanto, la que debía consignarse ante la Dirección General de Aduanas de nuestro país. En cuarto lugar, señala que la carga probatoria recae sobre la actora y que ésta no ha logrado demostrar la diferencia detectada en los valores declarados. Luego, destaca el concepto de “despacho en confianza” e indica que este sistema descansa sobre el principio de autodeterminación de los tributos aduaneros que implica la obligación grave de veracidad del exportador o el importador en su declaración, sobre la que tiene que dar cuenta de modo cabal ante el fisco.
En quinto lugar, sostiene que la acción cometida por la actora se encuentra regulada en el artículo 954 de la ley 22.415, apartado 1, incisos a) y c), y destaca que existe una transgresión al principio de veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones presentadas ante la Aduana. Por último, en cuanto al principio indubio pro reo, destaca que no resulta de las actuaciones administrativas que exista posibilidad de duda alguna respecto a la comisión de la infracción en trato. Cita doctrina y jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del Caso Federal. Peticiona se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 17494-67-2017 se inician con la Nota n° 159/17 elaborada por el jefe de la “Sección de Inspección simultanea”, mediante la cual se detecta una situación irregular sobre el valor de la solicitud de destinación de importación temporaria para transformación de Poroto de soja oficializada n° 17057IT15000075Y. A fs. 7/14 luce el DIT en trato y la documentación complementaria correspondiente. A fs. 18/26 obra el informe de la “División Empresas Vinculadas” n° 803/17 en el cual se concluye que existe un perjuicio fiscal potencial por haberse declarado valores en aduana inferiores a los que hubieran correspondido. A fs. 27/28 luce el acta de denuncia por declaración inexacta. A fs. 34 mediante Nota n° 373/2021 se procede a realizar el cálculo de la multa. En fecha 24/11/2021 (ver fs. 38/41 de las actuaciones administrativas), se dispone la instrucción de sumario y se ordena correr vista de lo actuado a la importadora, notificada en fecha 26/11/2021 (a fs. 42). A fs. 45/78 luce el descargo presentado por la firma actora y a fs. 79/225 ref. la documentación acompañada. A fs. 230/239 la actora presenta el Recurso de Revocatoria ante el rechazo de la prueba ofrecida, el cual es denegado a fs. 240/241. A fs. 250/268 luce el Dictamen n° 207/2023 (DV RJU2). A fs. 271/275 vta. luce la Resolución N° RESOL-2023-292-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, aquí apelada.
IV. Que, en primer término, corresponde recordar que, a fin de resolver las cuestiones sometidas a la consideración de la alzada por la vía recursiva, no es preciso que este Tribunal considere todos y cada uno de los planteos y argumentos esgrimidos por las partes, bastando que lo haga únicamente respecto de aquellos que resulten esenciales y decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa. En efecto, tal como lo ha establecido el más Alto Tribunal Federal, los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino solo aquellos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 278:271).
V. Que corresponde entonces dilucidar si la resolución apelada en autos, por la que se condena a la recurrente al pago de una multa por la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, incisos a) y c), del Código de rito, se ajusta a derecho, en cuanto ha sido materia de recurso.
Que, a los efectos de la configuración de la infracción en trato, es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, y que dicha inexactitud haya producido o podido producir alguno de los efectos previstos en la norma de referencia. Que, el citado artículo 954, apartado 1, de la ley 22.415 señala: "El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho perjuicio; (…) c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia".
VI. Que, en el caso de autos, se documentó el ingreso temporario para transformación de 990,45 toneladas de mercadería declarada como “Las demás a granel, con hasta 15% embolsado (Ley 21.453) – Los demás HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOJA (SOYA), INCLUSO QUEBRANTADAS” de origen Brasileño, clasificados bajo la P.A. 1201.90.00.190C, las cuales fueron adquiridas por la importadora a VICENTIN SAIC SUCURSAL URUGUAY, que a su vez las encargó a ITAHUM EXPORT COMERCIO DE CEREAIS LTDA., para que sean entregados a VICENTÍN ARGENTINA.
Que la Aduana argentina, en su función de control aduanero, endilgó la mencionada infracción a la importadora en virtud de que el valor FOB de la exportación brasilera (costo afrontado por VICENTÍN URUGUAY) resultaba superior al valor de ingreso a la Argentina, y por ende, concluyó que existía un perjuicio fiscal por haberse declarado valores en aduana inferiores a los de origen.
Que la firma actora sostiene que no existe diferencia entre lo declarado y el resultado de la comprobación, y que el hecho de haber declarado un valor de importación distinto del que fuera declarado en el país de exportación no resulta, por sí mismo, un elemento suficiente para desestimar el valor declarado como valor de transacción.
VII. Que, sentado ello, de la compulsa de la documental de las actuaciones administrativas (fs. 7/14 de las actuaciones administrativas) surge que:
· En la DIT 17 057 IT15 000075 Y, se declaró un valor total de importación de U$S 345.064,28 por 990,454 toneladas de “soja” de origen brasilero.
· En la factura N° A-20, emitida por VICENTÍN URUGUAY a VICENTÍN ARGENTINA, se declaró un valor total de U$S 345.064,27 por la cantidad de 990,454 toneladas de mercadería descripta como “BRAZILIAN SOYABEANS, IN BULK, CIF SAN LORENZO”.
· En el Conocimiento de Embarque (“Bill of Lading”), se declaró la cantidad de 990,454 Toneladas de mercadería de origen brasilero descripta como “BRAZILIAN SOYABEANS, IN BULK, CIF SAN LORENZO” con destino de descarga en el puerto de San Lorenzo-Argentina.
VIII. Que, sentado lo que antecede, corresponde analizar la diferencia advertida, en relación al precio de la mercadería, entre la factura de origen emitida por la firma Vicentín Uruguay a Vicentín Argentina y la destinación; el Fisco Nacional argumenta que debió haberse tomado el valor declarado en la operación celebrada entre la exportadora brasilera y Vicentín Uruguay.
Que lo cierto es que corresponde circunscribir el análisis a la última venta realizada – es decir, entre Vicentín Uruguay y Vicentín Argentina –, respaldada por la ya citada Factura N° A-20, independientemente de cuál ha sido el precio pagado en la venta anterior concretada entre las dos firmas extranjeras.
Que, en efecto, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, al analizar el mentado artículo 954, ap. I, inc. c, del Código Aduanero, determinó que corresponde circunscribir el examen de la discordancia entre el precio declarado y el importe egresado a la última venta en supuestos de ventas sucesivas (confr. doctrina de Fallos: 347:83).
Que esta interpretación del artículo de referencia coincide con la interpretación realizada por el Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Aduanas, órgano encargado de asegurar, a nivel técnico, la uniformidad de la interpretación y aplicación del “Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994” (en adelante, “Acuerdo de Valoración”), aprobado por la ley 24.425 (conf. art. 18 y Anexo II, art. 1).
Que, asimismo, corresponde recordar lo dispuesto en el artículo 1.1 del Acuerdo de Valoración, que establece que “el valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación…”; además, y en lo que aquí interesa, el Comentario 22.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana establece que “en el caso de una serie de ventas es necesario establecer cuál de las ventas determina el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación. La serie de ventas implica una última venta que se efectúa en la cadena comercial antes de la introducción de las mercancías en el país de importación (la última venta) y una primera venta (o venta anterior) en la cadena comercial”. Por último, el citado Comentario concluye en que “el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas cuando éstas se venden para su exportación al país de importación es el precio pagado en la última venta que se produce antes de la introducción de las mercancías en el país de importación, y no en la primera venta (o venta anterior)”.
Que, del análisis de la documentación del Considerando VII, surge - tal como lo indicó la actora - que la declaración comprometida guarda total y absoluta concordancia con la documentación de respaldo; esto es, que los montos concertados en la Factura N° A-20 son coincidentes y concordantes con los montos informados en la DIT n° 17 057 IT15 000075 Y.
Que, en consecuencia, no advirtiéndose inexactitud alguna corresponde revocar la sanción impuesta en la especie.
IX. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho revocar la infracción tipificada en la referida normativa, dejando a salvo mi criterio – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes ("Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación", Expte. N° 24.840, del 02/12/13; "Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación", Expte. N° 24.553-A, del 03/12/13 y "Nutribras SA c/ DGA si Apelación", Expte. N°36.507-A, del 06/03/12; entre muchos otros).
Por ello, VOTO por:
Revocar la Resolución RESOL-2023-292-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada el 05/09/2023, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 17494-67-2017, en cuanto impone la pena de multa, la que asciende a la suma de pesos TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 39/100 CTVS ($ 318.689,39). Costas a cargo del Fisco Nacional (DGA).
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere a la propuesta desvinculatoriadel Dr. Garbarino.
Por ello, SE
Revocar la Resolución RESOL-2023-292-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada el 05/09/2023, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 17494-67-2017, en cuanto impone la pena de multa, la que asciende a la suma de pesos TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 39/100 CTVS ($ 318.689,39). Costas a cargo del Fisco Nacional (DGA).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2026.02.20 17:16:50 ART Date: 2026.02.20 18:01:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.20 18:01:51 -03:00
Fin de la sentencia