Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2024-65440530-APN-TFN#MEC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas.
2Intimar al incidentista que en el plazo de cinco (5) días ingrese la suma de $ 269.583,48 (pesos doscientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y tres con 48/100),en concepto de tasa de actuación debida con más los intereses, bajo apercibimiento de librar la correspondiente boleta de deuda, en caso de incumplimiento la que incluirá los intereses resarcitorios devengados (conf. arts. 5, 6 y 7° de la ley 25.964).
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 23.723 (pesos veintitrés mil setecientos veintitrés) equivalente a 0,34 (cero con 34/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $59.308 (pesos cincuenta y nueve mil trescientos ocho) equivalente a 0,86 (cero con 86/100) UMA, los que quedan a cargo de la incidentista, teniendo en cuenta a tales fines el monto de la tasa, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°936/2025 (22/5/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4Regular los honorarios de la contadora Gattorronchieri María Angélica por su actuación en autos en el carácter de perito contadora designada a propuesta del Fisco Nacional, en la suma de $20.000 (pesos veinte mil), equivalente a 0,28 (cero con 28/100) UMA la que queda a cargo de la …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-61990091-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 9 de Junio de 2025 SENTENCIA (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2024-65440530- -APN- TFN#MEC, caratulado “VICENTIN SAIC s/incidente- beneficio de litigar sin gastos”.
La Dra. Gómez dijo:
I-Que mediante IF-2024-65937736-APN-DTD#JGM, Vicentin SAIC mediante apoderado solicita beneficio de litigar sin gastos previsto en el art. 78 CPCCN alegando que no puede cumplir con el pago de la tasa de actuación que corresponde ingresar, argumentado que se encuentra atravesando una delicada situación económica y financiera que la llevó a solicitar la formación de su concurso preventivo en el año 2020, lo que le impide hacer frente al pago de la tasa de actuación ($ 269.583,48), además de las costas y gastos judiciales que podrían derivarse de las presentes actuaciones. Formula diversas consideraciones acerca del instituto que solicita y plantea que de no concedérselo se vería afectando el derecho de defensa en juicio y de igualdad ante la ley. Expone que si bien en el juicio concursal, con fecha 6 de marzo de 2024 se resolvió homologar la propuesta concordataria presentada por la firma, plantea que dicho decisorio no se encuentra firme dado que algunos acreedores plantearon recursos en su contra. Alega que el pago de la tasa de actuación afectaría el cumplimiento de compromisos salariales y que si bien a pesar del concurso la empresa se mantiene operativa, aduce que no genera los niveles de rendimiento generados en el desarrollo pleno de sus funciones.
Por las razones que expone y la prueba que ofrece pide que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos.
II. Que por medio del F-2024-88222518-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado conferido, solicitando el rechazo del mentado beneficio, exponiendo que los eventuales inconvenientes financieros alegados por la peticionante no resultan suficientes para otorgarlo. Expone que el análisis de indices de liquidez y solvencia, no son aptos para acreditar un estado de pobreza que no le permita cumplir con el pago de la tasa; agregando que tampoco son indicadores de pobreza si la empresa distribuyó dividendos, si posee inversiones financieras, si realizó donaciones, los costos financieros que debe abonar, la composición de su pasivo ni mucho menos el tratamiento dispensado por Vicentin SAIC en el pago de otros impuestos. Considera que las pruebas ofrecidas no resultan hábiles para demostrar la situación de pobreza alegada, oponiéndose a su producción y solicita que se rechace el beneficio de litigar sin gastos.
III. Que por medio de la PV-2024-95522766-APN-VOCX#TFN se abre a prueba el incidente haciéndose lugar a que se incorporen piezas del expediente donde tramita el concurso iniciado por la incidentista, debiendo además infomar el estado actual del trámite de la causa, en su caso, de haberse resuelto acompañe copia de tal resolución y, en caso de existir acuerdo de acreedores homologado, informe si el mismo se encuentra firme; además se admite la informativa dirigida al Banco Central de la República Argentina y a la Sindicatura del proceso concursal de la incidentista y se admiten los puntos 1) a 10), 13), 15) apartado i) y 16) de la pericia contable y los propuestos como pericia técnica financiera. Que con posterioridad, por PV-2025-13212231-APN-VOCX#TFN se hace lugar al libramiento de un oficio a la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y otro a la Sindicatura del proceso concursal.
Que a mediante PV-2025-50110776-APN-VOCX#TFN se procede a clausurar el período probatorio y se corre vista de la prueba producida en autos en los términos del art. 81 del C.P.C.C.N., la que es contestada por la representación fiscal por IF-2025-53432646-APN-DTD#JGM y por la incidentista mediante RE-2025-53937512- APN-DTD#JGM, solicitando en esta oportunidad que, en su caso, se le otorgue la reducción del 50% de la tasa , en los términos del art. 9 de la Ley N° 25.964.
Que a través de la PV-2025-54000046-APN-VOCX#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”.
IV. Que el beneficio solicitado tiene como fin evitar la erogación del pago de la tasa establecida por la Ley 25.964.
Que la ley mencionada, en su art 9°, establece la exención del pago de la tasa de actuación a las “personas que actuaren con beneficio de litigar sin gastos” y este beneficio que contempla el artículo 78 del C.P.C.C.N., se acuerda a aquellas personas que “carecieren de recursos” esto es, que se encuentren en una situación de pobreza que al no poder afrontar el pago de la tasa, afectaría su derecho a estar en juicio.
Que cabe aclarar que la falta de ingreso de la tasa de actuación, no obsta a la continuación del juicio ante este Tribunal, por lo que de ninguna manera es posible argumentar que el rechazo del pedido de beneficio de litigar sin gastos puede violentar o limitar de modo alguno el derecho de defensa en juicio.
Que así las cosas, la concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas. Vale aclarar que el legislador ha omitido referencias basadas sobre el concepto de pobreza, pues éste, por ser contingente y relativo, presenta insalvables dificultades para ser definido con un alcance genérico que abarque la totalidad de las diferentes circunstancias que puedan caracterizar a los distintos casos para resolver; y es por ello que en cada situación, el Tribunal deberá efectuar un examen particularizado a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión (Fallos: 311:1372; Considerando 1° y sus citas; 315:276 y 1025).
De tal manera, como lógica consecuencia de lo destacado en el párrafo precedente, es posible observar la notable relevancia que adquieren las pruebas que pueda aportar la peticionante de un beneficio de litigar sin gastos, dada la particularidad que cada caso puede representar y principalmente debido al riesgo que implicaría conceder un privilegio tal como lo es el de litigar sin la carga de soportar algún tipo de costo, sin fundamentos y bajo ningún sustento fáctico. Aquella situación no haría más que colocar a una de las partes del litigio en una clara situación de ventaja por sobre la otra afectándose, de manera indudable, el principio constitucional de igualdad que debe regir para todo litigio.
Que a la luz de la solidez probatoria que la concesión del beneficio de litigar sin gastos exige, cabe analizar las pruebas documental, informativa, pericial contable y pericial financiera ordenadas en el presente incidente. Que entre la profusa documental aportada por la incidentista, se encuentran distintas resoluciones dictadas por el Banco Central de la República Argentina referidas a temas de operaciones cambiarias, que según indica “importó una contracción importante de su actividad” (sic), pero no se advierte que ello haya impedido su continuidad empresaria; también acompaña copias relativas a causas iniciadas por cuestiones laborales, juicios contra resoluciones emanadas de entes recaudadores provinciales, detalle confeccionado por la incidentista sobre causas en trámite por ante este Tribunal Fiscal y los montos que por tasa le correspondería abonar por ellas, como así también copias de sentencias dictadas en expedientes por medidas cautelares con relación al anticipo extraordinario siendo esas cuestiones ajenas a la que se debe resolver en estas actuaciones.
En cuanto a las piezas relacionadas con la causa judicial en la que tramita el concurso preventivo de la firma, de ellas surge que el mismo fue homologado con fecha 6 de marzo de 2024 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, disponiendo que el a-quo requiera por las vías correspondientes el levantamiento de las medidas cautelares que afecten el cumplimiento del acuerdo homologado (vide anexo VI, RE-2024-65933021-APN-DTD#JGM); y si bien la actora expone que tal decisorio no se encuentra firme y ello impide que se cumpla con lo allí estipulado, lo que se complementa con lo expuesto por la Sindicatura interviniente en la presentación incorporada mediante RE-2025-23302672-APN-DTD#JGM y RE-2024-
141964578-APN-DTD#JGM, lo cierto es que dicha circunstancia en nada obsta a que la actividad de la empresa siga su curso, situación ésta que ha sido expresamente reconocida por la propia incidentista en su escrito de inicio al exponer que: “si bien le ha permitido mantenerse operativa, no genera si quiera niveles similares de rendimiento en comparación con el generado en el desarrollo pleno de sus funciones” (sic, página 9), agregando luego que “la intención de Vicentín siempre fue la de hacer frente a la crisis por la que atraviesa manteniendo la empresa en marcha (lo cual se refleja en el aumento de los resultados del ejercicio 2023 por sobre los generados en 2022)” (sic, página 28).
Que de los informes realizados por la Sindicatura interviniente -vide Anexos VII -RE-2024-65933021-APN- DTD#JGM- fechados antes de la sentencia antes mencionada- se hace especial mención a las deudas post concursales y a la contingencia prevista a tales fines, además de indicar que se celebraron contratos de fazón para asegurar la operatividad de las plantas, poniendo de resalto que en 2024 espera una mejora en los márgenes de producción, aumento de costos e insumos, resultado de negociaciones paritarias, a lo que agrega el posible levantamiento de la cautelar despachada en favor del BCRA (lo que así ocurrió según surge del informe posterior de esa Sindicatura incorporado como Anexo X, IF-2024-65934468-APN-DTD#JGM), entre otros factores, además del detalle de integración de caja, fondos líquidos de rápida conversión en efectivo, cuentas por cobrar, la existencia de productos valorizados según la estimación que hace.
Por otro lado, de las certificaciones contables del ejercicio 2023 también se observa que la firma tiene inversiones, participación accionaria en otras empresas y dinero en el activo corriente, además de poner de relevancia -entre otros- “la suscripción de contratos de fazón respecto del total de las capacidades industriales de las unidades de producción, por un plazo de 12 años”, indicando que ello permitirá el funcionamiento pleno de los activos de la sociedad, sin que allegara el balance del último ejercicio (Anexo IX, IF-2024-65934180-APN- DTD#JGM).
Sobre la informativa producida, el Banco Central de la República Argentina pone en conocimiento la calificación crediticia de la incidentista que resulta acorde con el estado concursal invocado (vide IF-2024-107003668-APN- SGAI#TFN); mientras que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación del Ministerio de Capital Humano acompaña toda la documentación relativo al estado del procedimiento preventivo de crisis presentado por Vicentin SAIC con el fin de preservar la continuidad de la empresa y las fuentes de trabajo (ver documentación embebida al PV-2025-28040173-APN-VOCX#TFN), lo que demuestra la intención de la firma por seguir con las actividades productivas y por ende comerciales.
Que de la prueba pericial contable (vide IF-2025-41289555-APN-DTD#JGM) surge que la empresa tiene escaso dinero en pesos pero sí en moneda extranjera en efectivo, que posee fondos en las cuentas bancarias tanto en el país como en el exterior, lo que evidencia que, de acuerdo con el monto de la tasa adeudada en autos -esto es de 269.583,48-, no se evidencia una incapacidad económica tal que no le permita abonarla. Que las referencias que hacen los expertos en cuanto a los diferentes índices de liquidez y de solvencia, de endeudamiento sobre activos, de endeudamiento sobre patrimonio y de prueba ácida, para los ejercicios cerrados al 31 de octubre del 2018, del 2019, del 2020, del 2021, del 2022 y del 2023, si bien denotan dificultades, éstas son representativas de las que pueden presentarse en aquellas empresas que se encuentra atravesando un proceso concursal, máxime que en el caso, la firma aún no pudo renegociar su deuda con los distintos grupos de acreedores.
Asimismo, cabe destacar que la perito designada por el Fisco Nacional señaló, que a pesar de que la sociedad atraviesa una la situación financiera endeble, “los Resultados de los ejercicios continúan arrojando Ganancia, lo cual revela que el actor posee capacidad intacta de generar ingresos. Es decir que a pesar de su problema de orden financiero, el actor continúa como una empresa en marcha, como lo revelan sus resultados económicos. El patrimonio neto se ha negativizado desde el cierre 31/10/2019 y se ha incrementado a lo largo de los siguientes ejercicios en ese mismo sentido; esta situación contrasta con la Ganancia que se obtiene desde el ejercicio 2021, lo cual revela que la Ganancia trasladada al Patrimonio neto se ve neutralizada por decisiones del Directorio, como ser la desafectación de reserva por revalúo por $ 62.788.089.758.- en el ejercicio 2021. La evolución del flujo de fondos (obtenido de los Estados Contables) revela que la disponibilidad de Caja es siempre superior al inicio que al cierre del ejercicio (desde cierre 2019), lo cual revela un problema de liquidez que está directamente relacionado , según mi opinión, con su situación incierta respecto al cierre del concurso preventivo” (sic, pericia financiera agregada en autos como IF-2025-41290741-APN-DTD#JGM).
Asimismo, en la pericia contable se expone las distintas inversiones en moneda local y extranjera -fondos comunes de inversión, títulos y valores y otras- que posee la incidentista, indicándose que los resultados financieros y por tenencia tanto en 2023 como en 2024 son positivos. A ello se suma un detalle de donaciones que realizó la incidentista -conforme a un planillado con datos que extrajo de su sistema administrativo /contablemencionándose en el informe bajo análisis, que en los Estados Contables, las donaciones no se exponen como tales, sino que se encuentran refundidas o incluidas en otra cuenta en el cuadro de gastos de los ejercicios analizados, poniendo de relevancia la perito designada por el ente fiscal que “...en el ejercicio 2024 existieron Donaciones por : $ 33.474.865.-Y también se pudo tomar conocimiento – de esa planilla – que desde el 01/ 11/ 2024 al 31 /12 2024 el monto de las Donaciones fué de $ 298.600.-”, cifras éstas que exceden notablemente el importe que por tasa de actuación adeuda por la causa en trámite por ante esta Vocalía Instructora, dejando entrever que la misma si posee de fondos para afrontar el pago de la tasa de actuación, pero opta por destinarlos a otros fines.
En cuanto a proyecciones que se hacen en la pericia con relación a cómo se pagarían las cuotas concordatarias “De haberse arribado a un acuerdo” con los acreedores concursales, no corresponde hacer mérito de ello en tanto -tal como lo expone la perito del Fisco- la Corte Suprema de Justicia de Santa Fé resolvió en contra del mismo, debiendo el tribunal de primera instancia volver a tomar intervención y efectuar un nuevo tratamiento de la situación de los acreedores a fin de proponer un nuevo acuerdo concursal, por lo que en razón de ello, dichas apreciaciones devienen irrelevantes.
Que los informes presentados merecieron objeciones tanto por parte de la representación fiscal por medio sus presentaciones incorporadas mediante IF-2025-47069039-APN-DTD#JGM e IF-2025-47091294-APN- DTD#JGM como de la incidentista conforme surge de su presentación identificada como IF-2025-47107485-
APN-DTD#JGM.
En lo que hace a las observaciones que formulan ambas partes al informe pericial financiero, en el caso de la incidentista se limita a objetar la opinión y centra sus argumentaciones en explicar y hacer conclusiones sobre la obtención de beneficios o perdidas en base al funcionamiento de la firma por el estado de situación en que se encuentra, tratándose así de una mera discrepancia de la que –cabe indicar- no se han aportado datos de naturaleza técnico científica equivalentes a los que los peritos señalan que permitan desvirtuar lo expuesto en el informe bajo examen.
En igual sentido cabe referirse a las impugnaciones efectuadas por el Fisco Nacional de las cuales adelanto no corresponde hacer tampoco mérito de ellas en virtud de la amplitud de la impugnación, esto es la falta de una crítica concreta.
Ello así, entiendo que conclusiones del peritaje efectuado se encuentran debidamente fundadas no existiendo motivos para apartarme de las mismas, ello por cuanto las observaciones realizadas por ambas partes no tienen en este caso entidad suficiente para conmover las conclusiones allí vertidas.
Respecto del informe pericial contable, la apoderada fiscal impugna varias de las respuestas brindadas por el perito de la incidentista en la pericia contable. Que una parte de las observaciones tiene como fundamento que las opiniones vertidas por el citado experto no identifica la fuente documental de los montos expuestos, no pudiendo así dar garantías de la integridad y veracidad de los mismos y que en otro caso, intenta explicar o justificar la evolución de los montos informados como costos financieros teniendo en cuenta que el postulado pericial únicamente solicitaba exponer los citados montos. En este sentido, y si bien considero atinadas las acotaciones efectuadas a los puntos indicados, debo remarcar también que tal como fuera expuesto no corresponde hacer merito en lo que respecta a las características de un nuevo acuerdo y el monto de las cuotas concordatarias, por lo que a falta de un nuevo acuerdo, dichas observaciones resultan inconducentes.
Por otro lado, el apoderado de la recurrente impugna las manifestaciones vertidas por la perito propuesta por la parte contraria, en cuanto a las aclaraciones que formula, pero lo cierto es que ello en nada invalida los registros contables de la firma ni tampoco se observa que este no incluya ni se haya apartado de lo requerido en los puntos de pericia como expone, haciendo notar que las respuestas brindadas se basan en documentación aportada por la propia incidentista, que fue debidamente identificada por la perito del ente fiscal, a lo que se agrega que no fue desconocida o negado por el apoderado de la incidentista en su impugnación.
Si bien, ambas partes impugnan las respuestas efectuadas por los peritos propuestos a los puntos periciales referidos a ingresos y gastos de la firma, siendo el objeto de dichos puntos el demostrar si la aquí incidentista poseía ingresos para afrontar el pago de la tasa de actuación, no puede pasarse por alto que -como se dijera- la Sociedad ha seguido operativa conforme surge del listado de ingresos y gastos indicados por los peritos designados, aunque con las limitaciones que derivan de la situación concursal referida, es por ello que resulta razonable que tenga dificultades para pagar sus deudas post concursales en el corto plazo pero de la prueba producida no surge de manera fehaciente que no pueda hacer frente al pago de la tasa de actuación dado que estamos frente a una sociedad comercial en marcha cuyo fin es la obtención de lucro (Fallos: 326:4319); “De otro modo, se arribaría a una interpretación extrema y ciertamente arbitraria si se asimilara una “situación financiera crítica” a la “imposibilidad”, que constituye uno de los requisitos esenciales de la institución en análisis”(confr. C. Nac.Apel.Civ.yCom.Fed., Sala II in re “Alas del Sur S.A. C/ Estado Nacional Fuerza Aérea Argentina s/ Beneficio de Litigar sin Gastos, del 13/09/12). Que ello así, habiendo quedado demostrado que no surge de manera fehaciente que no pueda hacer frente al pago de la misma, las observaciones efectuadas en sus respectivas presentaciones sobre la fecha del informe pericial o de los estados contables entre otros, devienen en irrelevantes. En este sentido es necesario remarcar que la situación de pobreza, no debe confundirse con dificultades financieras por las que podría haber atravesado la empresa, en tanto el beneficio de litigar sin gastos persigue amparar a quien no dispone de recursos para solventar los gastos que irroga el juicio, pero no a quien carece de liquidez, pues éste es un problema financiero que encuentra remedio por caminos ajenos a la tutela de la defensa en juicio. En tal inteligencia, el estado concursal alegado por la incidentista, si bien ello podría representar un desequilibrio económico financiero por el que pudo atravesar, lo cierto es que “La circunstancia de encontrarse la sociedad peticionante concursada, no habilita per se el otorgamiento del beneficio” (Cámara Nacional Comercial -Sala A- “Supercanal Holding S.A.c/ Multicanal S.A.”, sentencia del 16/06/2009), puesto que ello no afecta la continuidad de la empresa.
Así se ha sostenido que la iliquidez no es una circunstancia que habilite -por sí sola- la concesión de la dispensa impetrada, en tanto la eventual falta de liquidez constituye -en última instancia- un problema financiero que puede encontrar solución por otras vías alternativas que posibiliten acceder a condiciones económicas de litigar en reconocimiento o defensa de sus derechos, y que no involucren trasladar necesariamente sus consecuencias al sistema judicial o la eventual contraparte en el juicio (cfr. esta CNCom., Sala A, 04.08.11, "Acristal SA c/ Fundación p/ Lucha contra enfermedades neurológicas de la infancia s/ beneficio de litigar sin gastos"; íd., 18.04.2012, “Food Cleaning SRL c/ Pirelli Energía Cables y Sistemas de Argentina SA s/ beneficio de litigar sin gastos”; en igual sentido: Sala C, "Forte, Miguel c/ Rabino, Jaime", ED 132-150).
En efecto, la exención que contempla el art. 78 CPCC no está prevista para asistir a empresas con "dificultades" en su giro, pues quienes asumen los riesgos de un negocio deben prever las consecuencias de sus emprendimientos, dentro de los cuales queda comprendida la de la necesidad de litigar en defensa de sus intereses y derechos (esta CNCom. Sala C, 28.09.77, "Salva, Eduardo c/ Ruiz Montes, Julio s/ ordinario"; 1511.99, "Dulce Hogar SA c/ Carrefour Argentina S.A.").-
Ello así, considero que la prueba rendida en autos lejos está de demostrar de manera fehaciente que el incidentista no pueda solventar la tasa de actuación que tramita bajo el EX-2024-14006665-APN-SGAI#TFN.
Además, no puede soslayarse que la incidentista así como debió prever los honorarios del profesional que lo representa, también debió considerar el arancel correspondiente a la tasa que establece la Ley Nº 25.964, puesto que ninguno de esos gastos surgió en forma intempestiva sino que son consecuencia de la decisión adoptada en el momento de acudir ante esta instancia jurisdiccional. Que si bien, pesar de que la ley de Procedimiento Tributario (art. 160 t.o. vigente) prevé que “en la instancia ante el Tribunal Fiscal de la Nación los interesados podrán actuar personalmente, por medio de sus representantes legales, o por mandatario especial...”, la incidentista concurre a esta instancia con 2 letrados que asumen el carácter de apoderado y patrocinante cada uno de ellos, lo que es un argumento más para tener en cuenta de que no se encuentra “carente de fondos”, ya que debe entenderse que la labor desarrollada por dichos profesionales se presume onerosa, ya que no obran constancias en autos que permitan sostener lo contrario.
Que en tal caso, el rigorismo con que debe ponderarse la declaración de pobreza se maximiza cuando el peticionante pudo contratar los servicios de dos letrados pues es dable inferir que ha podido afrontar erogaciones, lo que demostraría cierta disponibilidad patrimonial, que al menos, le ha permitido desenvolverse frente a los primeros gastos del juicio (conf. “Beprea S.A. c/Edesur” – CNCom. – Sala B – 09/05/2006).
Por otro lado, si bien la ley 25.964 prevé en su art. 9, último párrafo una reducción de la tasa cuando el litigante se encuentre concursado civil o comercialmente, corresponde aclarar que el texto legal es claro en punto a que la tasa podrá ser reducida hasta en un cincuenta por ciento (50%), siendo al Vocal a quien le cabe la facultad discrecional de otorgar (y en qué porcentaje) o denegar dicha reducción. Ello así, y en virtud de lo manifestado por la propia accionante que continua con las actividades de la compañía; ello representa un indicio que no se encuentra en una total carencia de medios y recursos (conf. CNACAF, Sala I, “in re” “SIDEC, Compañía Industrial del Cuero SA c. DGI, s/ beneficio de litigar sin gastos”, del 19/12/1996).
Ello así, cabe concluir que “No se halla, -pues-, la actora, en la situación de quien por verse circunstancialmente privado de recursos, es merecedor de una franquicia que le permite litigar en defensa de sus derechos, hasta tanto su situación cambie. Es que la peticionante no ha demostrado una mínima intención de superar la indigencia, antes bien, pretende prevalerse de ella para eximirse de las erogaciones que a todo litigante le son impuestas” (ED Tº 135, pág.144).
Por todo lo expuesto y no encontrándose acreditada la hipótesis de pobreza argumentada por la incidentista, presupuesto ineludible a los fines que el beneficio de litigar sin gastos solicitado pueda prosperar, corresponde resolver su denegación, con costas.
Como consecuencia de lo decidido, procede intimar al incidentista que en el plazo de cinco (5) días ingrese la suma de $ 269.583,48 (pesos doscientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y tres con 48/100), en concepto de tasa de actuación debida con más los intereses, bajo apercibimiento de librar la correspondiente boleta de deuda, en caso de incumplimiento la que incluirá los intereses resarcitorios devengados (conf. arts. 5, 6 y 7° de la ley 25.964).
La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiere a la decisión propuesta en el voto que antecede.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas.
2. Intimar al incidentista que en el plazo de cinco (5) días ingrese la suma de $ 269.583,48 (pesos doscientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y tres con 48/100),en concepto de tasa de actuación debida con más los intereses, bajo apercibimiento de librar la correspondiente boleta de deuda, en caso de incumplimiento la que incluirá los intereses resarcitorios devengados (conf. arts. 5, 6 y 7° de la ley 25.964).
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 23.723 (pesos veintitrés mil setecientos veintitrés) equivalente a 0,34 (cero con 34/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $59.308 (pesos cincuenta y nueve mil trescientos ocho) equivalente a 0,86 (cero con 86/100) UMA, los que quedan a cargo de la incidentista, teniendo en cuenta a tales fines el monto de la tasa, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°936/2025 (22/5/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4. Regular los honorarios de la contadora Gattorronchieri María Angélica por su actuación en autos en el carácter de perito contadora designada a propuesta del Fisco Nacional, en la suma de $20.000 (pesos veinte mil), equivalente a 0,28 (cero con 28/100) UMA la que queda a cargo de la incidentista, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y las labores periciales realizadas conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Resolución SGA N°936/2025 (22/5/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
5. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el Impuesto al Valor agregado.
Regístrese, notifíquese al incidentista, y a ARCA- Dirección General impositiva- Sección Coordinación de Impuestos Sellos y Varios y al Departamento Contencioso Judicial.
Date: 2025.06.09 11:30:32 -03:00 Date: 2025.06.09 11:47:54 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.09 12:08:19 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.09 12:08:20 -03:00
Fin de la sentencia