Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 14006665-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) desestimar el recurso de apelación interpuesto por la actora, con costas (art. 68, primera parte del CPCCN) y 2) reducir, confirmar y regular los honorarios de los profesionales del Fisco, de conformidad con lo resuelto en el considerando 14.
Expte. CAF 15175/2024/CA2 Vicentin SAIC (TF 65440530-i) C/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo Buenos Aires, marzo de 2026 VISTOS Y
1. Que, el 4 de junio de 2025 el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar la resolución apelada por la que se había determinado de oficio el IVA, períodos fiscales 6/2017 a 8/2018 y 4/2019, con costas.
Para así resolver efectuó las siguientes consideraciones:
a- En cuanto a la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar el impuesto, el plazo que comenzó el 1/1/2018 quedó suspendido por un año el 26/8/2020 (ley 27.562), reanudándose el 26/8/21, habiendo cumplido hasta allí un plazo para contar la prescripción de dos años y ocho meses. Es decir que, a la luz de las normas analizadas, la resolución emitida el 14/12/23 fue dictada cuando aún no había operado la prescripción, correspondiendo rechazar el planteo formulado por la actora.
b- Con respecto a la nulidad, no se advierte que la resolución carezca de fundamentación ni que no se hayan evaluado las pruebas ofrecidas, por lo que resultan una mera discrepancia con el criterio fiscal y que además integran el fondo de la cuestión.
c- En el caso de marras la inspección actuante había desconocido que los proveedores cuestionados hubieran intervenido en la operatoria, y que, por lo tanto, se hubiese generado en cabeza de ellos el débito fiscal referido a los créditos que la actora pretendía hacer valer.
d- Correspondía a la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditar la veracidad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de sus proveedores y simultáneamente la acreditación de la sustantividad de las operaciones rechazadas por la inspección actuante, en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de pruebas fehacientes en tal sentido.
e- La sola presentación de facturas, cuya apariencia extrínseca no ofrecía reparos, y el mero cumplimiento de los requisitos exigidos por las resoluciones aplicables no resultaban suficientes para que procediera el cómputo del crédito fiscal y la deducción del gasto, sino que, para ello, debía exigirse además que tales instrumentos se encontraran avalados por la existencia real y comprobable de las operaciones efectuadas.
f- El informe pericial ordenado en autos no aportaba elementos que sustentasen la posición de la actora, no resultando hábil para demostrar fehacientemente que los sujetos objetados por el Fisco hayan sido quienes efectivamente intervinieron en las operaciones cuestionadas.
g- No se ha dilucidado debidamente el circuito de pagos, atento las resultas del informe contable analizado.
h- Además, correspondía traer a colación que para tener por acreditada la veracidad de las operaciones comerciales y con ello la viabilidad del cómputo de los créditos fiscales o gastos deducibles, correspondía demostrar la capacidad económica de los proveedores.
i- Surgía de las constancias de autos que la mayoría de las sociedades intervinientes fueron incorporadas en la base e-Apoc como con irregularidades en la cadena de comercialización y/o falta de capacidad económica y financiera, sin que pudieran justificar el origen de los granos movilizados, ya sea por falta de espacio de acopio, no haber recibido stock previamente, o no poder justificar mediante documentación el arrendamiento de las superficies necesarias para producir los granos que declararon o transportaron. j- En efecto, la incapacidad fáctica para desarrollar las actividades facturadas impide considerar a los pretendidos proveedores como generadores genuinos del crédito fiscal. k- Por otro lado, si bien la actora puso especial énfasis en que habría cumplido con la verificación de los requisitos formales acerca de la inscripción del proveedor en la AFIP, lo que reflejaría, a su entender, su diligencia, lo cierto es que ello no prueba por sí solo que los comprobantes observados respondieran a operaciones realmente concretadas. Por otra parte, el hecho de que los proveedores fueran incluidos en la base e- Apoc del organismo con posterioridad a la fecha en que se realizaron las operaciones, tampoco invalida el accionar del Fisco en el procedimiento seguido al aquí recurrente, como así tampoco lo releva de aportar mayores pruebas a fin de acreditar la veracidad de las operaciones que el organismo ha puesto en duda.
l- Respecto de las retenciones solicitadas por la parte actora, también correspondía su rechazo, atento la falta de veracidad de los comprobantes y la imposibilidad de ubicar a los destinatarios. En tal sentido los Dres. Gómez y Martin remitieron al respecto al fallo “Golden Peanut” resuelto por ese Tribunal el 26 de junio de 2018.
2. Que, contra ese pronunciamiento, la actora dedujo recurso de apelación, y lo fundó el 25/8/25, cuyo traslado fue contestado el 17/9/25. Los agravios de la apelante se traducen en los siguientes:
a) En cuanto a la prescripción: sostiene que la causal de suspensión prevista en el art. 17 de la ley 27.562 resulta aplicable únicamente a los contribuyentes que optaron por acogerse al régimen, quienes constituyen los únicos beneficiarios de la normativa. Intentar extender su aplicación al resto de los contribuyentes, que nada tienen que ver con la ley, constituiría, a su entender, una aplicación contraria a su finalidad.
b) Con respecto al fondo del asunto: sus críticas apuntan, en definitiva, a cuestionar la interpretación del a quo sobre las circunstancias de hecho y de derecho obrantes 26/03/2026 Expte. CAF 15175/2024/CA2 Vicentin SAIC (TF 65440530-i) C/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo producida que, según su entendimiento, daría cuenta de la existencia y veracidad de las operaciones impugnadas.
Al respecto sostiene que su parte pudo acreditar, en los términos del art. 12 de la ley de IVA la efectiva realización de las operaciones con los proveedores y corredores, mediante el aporte de la prueba correspondiente a cada una de las mentadas operaciones.
Afirma al respecto que las operaciones en cuestión fueron realizadas antes de que se hayan incorporados los proveedores en la Base Apoc. y que los incumplimientos de éstos no pueden trasladarse a su parte.
Sostiene que la prueba producida demuestra la existencia de las operaciones, la entrega de los productos y que se efectuaron los pagos y las retenciones pertinentes.
Manifiesta también que la pericia contable producida confirmó que todos los comprobantes involucrados resultaron válidos al momento de su emisión por contener la factura o liquidación asignada por el organismo fiscal. Todas las operaciones contaban también con su carta de porte y los contratos pertinentes. Además, fueron canceladas a través de transferencias bancarias a la respectiva cuenta del proveedor y se efectuaron las retenciones pertinentes.
Sobre dicha base concluye en que se encuentra demostrado el circuito económico de las operaciones, con la respectiva individualización de cada uno de los sujetos intervinientes y la documentación respaldatoria de cada operación, la cual ––agrega–– se ajusta a las disposiciones fiscales y contables sobre la materia.
Como corolario de lo expuesto, sostiene que la tesitura fiscal, receptada por el a quo, no resulta ajustada a derecho en tanto pretende impugnar operaciones reales creando un nuevo supuesto fáctico —capacidad operativa/patrimonial— que no prevé la normativa federal.
Agrega que la falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias o laborales por parte de sus proveedores no enerva la circunstancia de que las operaciones comerciales efectivamente se hayan realizado y, por ende, que esté acreditada la existencia del crédito fiscal pretendido. Cita jurisprudencia en apoyo a su postura.
Aduce, asimismo, que la resolución apelada confunde la falta de ingreso del impuesto por parte de los proveedores con la inexistencia de las operaciones en cuestión. Describe respecto de cada uno de los proveedores las pruebas que refutarían las conclusiones a las que arribó el Fisco con relación a la existencia de las operaciones.
Por su parte, el 11 de junio de 2025 los profesionales del Fisco apelan los honorarios que les regularon por considerarlos bajos.
3. Que, en primer lugar, a los fines de dar una adecuada respuesta a los agravios traídos a conocimiento de esta Alzada, cabe señalar que la fiscalización observó que la contribuyente habría computado créditos fiscales por compras y/o servicios vinculados a operaciones celebradas con los siguientes proveedores: Aceitera Rauch SRL; Agrocomercial Buck SRL; Bohacec, Rolando; Crosmar Cereales SRL; Dure, Sergio Ariel; El Algarrobo SRL; García, Marcela Vanesa; Gomez, Claudio Martin; Labrar SA; Mon Gi Héctor; NAB&C SRL; Ortigoza, Verónica Graciela; Planicies SA; Virden SA; Zarco, Mauro Fabián; Cybart, Jorge Adolfo y Praderas Cereales SRL respecto de los cuales se detectaron indicios graves que llevaron a inferir su condición de apócrifos.
Estas irregularidades son las siguientes: 1) no poseer inmuebles, rodados, maquinarias agrícolas ni bienes registrables a su nombre; 2) no registrar empleados en relación de dependencia, 3) acreditaciones bancarias inferiores a las declaradas, 4) inconsistencias entre las presentaciones de los impuestos a las ganancias y al valor agregado, 5) no haber podido ser localizados en los domicilios declarados, 6) encontrarse excluidos del Registro Fiscal de Operadores de Granos, 7) encontrarse registrados en la base e-Apoc del organismo sin capacidad económica o con irregularidades en la cadena de comercialización o como usina de facturas, entre otras.
4. Que, ante todo, cabe señalar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse sobre aquéllas que estimen conducentes para la resolución de la causa (Fallos: 258:304; 262:222; 301:970, entre muchos otros).
Por otro lado, tampoco es obligación de los juzgadores ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estimen apropiadas para resolver el conflicto (Fallos: 274:113; 280:320; 321:1776).
5. Que, en primer lugar, y en cuanto a la defensa de prescripción, cabe aclarar que el art. 17 de la ley 27.562 –ampliatoria de la moratoria dispuesta por la ley 27.541- dispuso la suspensión con carácter general por el término de un año del curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la AFIP, como asimismo de las multas. Las referidas leyes dispusieron la suspensión con carácter general, es decir que alcanza a la totalidad de los contribuyentes o responsables, tal como ya lo resolvió este Tribunal en situaciones análogas a las aquí planteadas (“TRV6 SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 12/11/19, y “INC SA -TF 44098-I- c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 18/05/21 y “Rayen Cura SAIC -TF 37799-I- c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 24/8/23, entre otros).
Por lo expuesto, corresponde desestimar los agravios esgrimidos al respecto.
6. Que, sentado lo anterior, la cuestión de fondo requiere dilucidar si las operaciones Expte. CAF 15175/2024/CA2 Vicentin SAIC (TF 65440530-i) C/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo veraces —fundamento medular de los cargos fiscales, en los que se apoyó la decisión de grado — o si, por el contrario, son legítimas y, por ende, el accionante resultaría ser acreedor del crédito fiscal reclamado.
7. Que, sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley del IVA), como respecto de su reintegro en casos de vinculación con operaciones de exportación (art. 43 de la ley del IVA), resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de los bienes (confr. causa CSJ 685/2013 (49-F) /CS1 "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-1) c/ DG1", sentencia del 10 de marzo de 2015) o, en otras palabras, mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. causa CSJ 119/2013 (49-A) "ADM Argentina S.A. c/ EN - AF1P - DG1 - Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/ Dirección General Impositiva", fallada en la misma fecha), extremo que no se cumple en el caso de autos, pues como surge de lo antes expuesto, el tributo cuyo reintegro pretende la actora, no proviene de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas” (CSJN 848/2014 (50-M)/CS1, “Molinos Río de la Plata SA c/ EN - AFIP - DGI - resol. 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 25/8/2015, énfasis añadido). En este mismo sentido, se ha pronunciado esta Sala en reiteradas oportunidades, al sostener que, para la acreditación de la veracidad de las operaciones generadoras del crédito fiscal pretendido, se requiere demostrar la capacidad económica y operativa de los proveedores (cfr. causas 19848/2021 “Blue Films SRL - TF 26745-I c/ Direccion General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 27/09/2022; 17360/2021 “Avital SA - TF 32754-I c/ DGI s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 24/02/2022, 10.193/2009 “Cofco International Argentina SA. c/ EN – AFIP DGI resol 61/08 (dr2) s/DGI”, sentencia del 10/11/2020; 39748/2019 “Juan Bautista Ricciardi e Hijos SA c/ DGI s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 17/12/2019; entre muchas otras).
8. Que, en lo que refiere a cada proveedor en particular, de las actuaciones surge que el Fisco detectó las siguientes irregularidades:
a- Pradera Cereales SRL: se encuentra incluido en la base del “operativo granos”, como operador de venta sin justificación de origen, no presentando indicios de capacidad patrimonial, económica ni financiera. Los fiscalizadores no encontraron a ninguna persona responsable en los domicilios declarados, y en algunos casos quienes estaban desconocieron a la sociedad o sus integrantes. Además, se detectó que de las órdenes incluían las facturas del proveedor Cybar, que también está incluido en la base Apoc. No se encuentra justificada la relación entre ambos proveedores y su inclusión en las facturas, como tampoco que tenga varias cuentas y diferencias entre las acreditaciones y las ventas.
b- Rolando Ezequiel Bohacec: declara como actividad cultivo de algodón y de cereales, no pudo ser ubicado en ninguno de los domicilios declarados. Durante los períodos 2016 y 2018 se emitieron sólo 15 facturas electrónicas por servicios variados que no se condicen con su actividad principal. Fue ingresado en la base apoc. por falta de capacidad operativa y económica. Habría arrendado maquinaria agrícola en forma gratuita a la Sra. García, quien no cuenta con esas máquinas y se halla incluida en la Base e-Apoc. No posee bienes ni empleados.
c- Jorge Adolfo Cybart: según lo verificado por la inspección se requirieron al menos 18 silo-bolsa para almacenar la cantidad de cereal, ello por cuanto el proveedor no posee instalaciones para acopiar esa cantidad declarada, además la posición georeferencial del stock se corresponde con un lugar del Océano Pacífico. Se detectó que este proveedor adquirió conjuntamente con el Sr. Lucas Cabra el 50% de la firma Briks SA, siendo también el Sr. Bionardi Cabra socio de NAByC SRL, sociedades objetadas también en estas actuaciones. Se encuentra en la base Apoc. por irregularidades en la cadena de comercialización.
d- Mauro Fabián Zarco: Se encuentra en la base apoc. por falta de capacidad económica. Presenta alquiler de inmuebles, aunque el propietario de uno de ellos tendría CUIT inactiva y sin capacidad económica. Las compras declaradas fueron realizadas a proveedores apócrifos en gran porcentaje. No posee empleados en relación de dependencia declarados. Si bien respondió a los requerimientos efectuados no pudo justificar los contratos que surgen del Registro Fiscal de Operadores de Granos, el primero en Santiago del Estero, cuyo propietario es Chamigo SRL, con CUIT inactiva y sin capacidad económica y otro con los Sres. Alejandro y Rafael Revello Bertello y Mónica Revello de los que surge que ninguno de ellos informó el arrendamiento de un inmueble rural. Por otra parte, la casi totalidad de las operaciones efectuadas durante 2017 y 2018 fueron con sujetos incluidos en la base e- Apoc.
e- Virden SA: declaró ante el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria que explotaba una planta de acopio con una capacidad limitada de 2001 tn y que al 10/7/17 no contaba con stock de granos. A partir del 14/7/17 y bajo la condición de acopiador la empresa movilizó 11844 tn sin recibir previamente granos que justifiquen tales movimientos, lo que hizo presumir un origen marginal y su inclusión en la base Apoc. No posee bienes inmuebles ni rodados.
f- Planicies SA: Está en la base apoc bajo la condición “sin capacidad económica”, no pudo justificar su condición de productor en el Registro Fiscal de Operadores de Granos por la totalidad de los contratos vencidos que posee al no figurar ninguno de los integrantes como propietarios de los inmuebles rurales ni haber justificado el origen Expte. CAF 15175/2024/CA2 Vicentin SAIC (TF 65440530-i) C/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo de los granos entregados en destino. Pendiente de justificar las 4059 hectáreas arrendadas al Sr. Campos.
g- NAB&C SRL: Declara varias actividades distintas. Presenta irregularidades en la cadena de comercialización. No posee empleados ni registra inmuebles. En cuanto a la explotación de uno de los campos, cuyos propietarios serían socios de la firma (entre ellos Cybart), de los registros no surge que éstos sean propietarios de inmuebles. Por otra parte, surge la explotación de un campo cuyo propietario es el Sr. Gauchant, que tampoco sería propietario. Respecto de la explotación de casi 4500 hectáreas, no posee empleados para tal fin y no se aportó documentación que acredite la forma de trabajo. No pudo justificar el stock de granos ni el origen.
h- Claudio Martín Gómez: declaró como actividad la siembra de algodón y la comercialización de granos, si bien fue ubicado en su domicilio que posee características humildes. No pudo acreditar su condición de productor ni la capacidad económica para ello. Se encuentra en la base apoc. bajo la condición sin capacidad financiera.
i- Sergio Ariel Dure: respecto de este proveedor primario de granos se detectó que ciertos proveedores negaron haber tenido relación comercial con él. No declaró empleados en relación de dependencia. Se incrementaron las compras y acreditaciones bancarias en los períodos 2017 y 2018. No se pudo determinar el origen del cereal. Acompañó documentación referida a su actividad y contratos de arrendamiento de lotes para la explotación agrícola con el Sr. Márquez, quien negó haber suscripto los contratos con él y dijo desconocerlo. Tampoco aportó documentos que acrediten la explotación y transporte de cereales que dice haber realizado con terceros. Se encuentra en la Base Apoc., por irregularidades en la cadena de comercialización. j- El Algarrobo SRL: se detectó respecto de este proveedor primario que posee diversas actividades disímiles entre si, además de constatar la inspección que movilizó granos por fuera de los períodos de cosechas, que no registra pagos ni efectuó retenciones. Tampoco declaró empleados en relación de dependencia. Consultados algunos de los propietarios de los inmuebles rurales explotados por la cuestionada empresa, éstos declararon que se encontraban sujetos a inversión pero no a arrendamiento. En el año 2016 la proveedora movilizó 3,29 toneladas de trigo, contrastando con las 22.706,29 tns. de soja, maíz y girasol del año 2017, sin que se haya modificado su estructura operativa. Según el relevamiento efectuado por personal fiscalizador, de la información obrante en las bases de la Administración, sólo figuran las patentes de cuatro camiones de propiedad de la proveedora implicados en los traslados de los granos, insuficientes para transportar la cantidad comercializada en 2016/7. No figura como propietario de maquinarias agrícolas. Está en la base apoc. sin capacidad económica.
k- Marcela Vanesa García: Se trataría de una proveedora primaria con actividad declarada de cultivo de algodón y cereales. No posee bienes propios, salvo una moto. Declaró desarrollar la actividad en campos arrendados con bienes dados en comodato. No obstante, no se pudieron ubicar a las partes de los contratos que dijo celebrar. Los terceros circularizados negaron haber operado con ella. La fiscalización consideró que se trataba de una presta nombres o interpósita persona para la comercialización de granos y cereales adquiridos marginalmente por terceros y está en la base apoc.
l- Agrocomercial Buck SRL: Declaró como actividades cultivo de cereales, venta en comisión al por mayor, acopio y acondicionamiento de cereales y transporte automotor. No disponen de maquinarias. No cuenta con bienes registrables ni empleados. Con relación a la superficie declarada, capacidad productiva, declaró una explotación de 8200 hectáreas, cuando sólo podría justificar 2500 arrendadas a terceros, ya que los socios tampoco cuentan con inmuebles rurales. No se aportaron elementos que acrediten la condición de productor ni que justifiquen el movimiento de granos. Más allá de lo manifestado en el escrito de apelación acerca de que en esa cantidad de hectáreas se podría justificar la producción comercializada con la actora, y los errores reconocidos en las cartas de porte, lo cierto es que tampoco se logró acreditar el circuito de las operaciones cuestionadas.
m- Crosmar Cereales SRL: Actividad declarada venta al por mayor en comisión o consignación de cereales. Incluido en la Base Apoc bajo la condición con irregularidades en la cadena de comercialización. De los elementos aportados por el socio a la fiscalización se concluyó que del total de operaciones de intermediación que realizó el 86% fueron contribuyentes ingresados en la base Apoc y en más de un 12% con empresas observadas en el denominado operativo granos con personas que no poseen capacidad económica. De las copias de los contratos de compra-venta de cereales registrados en la Bolsa de Comercio de Rosario y de las facturas emitidas surge que la proveedora le facturó comisiones por compra de poroto de soja a los proveedores Virden SA, Nab&C SRL y Labrar SA, todos ellos observados e incluidos en la Base Apoc.
Tuvo como socios o empleados a personas que no tienen capacidad económica. Tampoco aportó documentación de los medios con los que hizo frente a la compra de la cuota parte. Durante el año 2017 emitió 72 comprobantes y en 2018 53, que no coinciden con las ventas declaradas ni con los débitos informados en el IVA. n- Verónica Graciela Ortigoza: actividad declarada servicio de transporte automotor de cargas, servicios personales y relacionados con la construcción. Surge de lo informado por el Fisco que el 14/9/17 se presentó el contador de la referida responsable y aportó una multinota manifestando su voluntad de eliminar de los registros toda documental dudosa y acogerse a un plan de pago, no obstante no presentó los elementos requeridos ni las rectificativas.
Posteriormente, personal del organismo se constituyó en el domicilio de la proveedora, siendo atendido por la Sra. Ortigoza, quien ante las Expte. CAF 15175/2024/CA2 Vicentin SAIC (TF 65440530-i) C/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo preguntas efectuadas por los funcionarios, respondió que estaba iniciando un emprendimiento de papas bastón, que tenía un camión y que anteriormente hacía transporte de cereal con distintos camiones y contrataba fleteros para Vicentin, pero que a esa fecha no trabajaba más para esa empresa. Aportó facturas electrónicas de los fletes contratados durante el período 2017. Se verificó que la proveedora Ortigoza operó con el Banco Coinag SA durante el período fiscal 2017, el que fue circularizado, aportando dicha entidad resúmenes bancarios, de los que se observa que las principales acreditaciones las realizó la firma Vicentin SA, quien la habría contratado para llevar acopio desde su planta de Santa Fe al puerto, lo que no coincide con la carga de combustible para todos los puntos del país.
Según lo observado por el Fisco se debió contar con camiones de gran porte, no obstante a esa fecha sólo poseía uno y el resto de los vehículos de su propiedad eran de tamaño pequeño. Se detectó irregularidades en sus presentaciones de IVA y Ganancias. Declaró entre junio 2016 a enero de 2017 entre 4 y 6 empleados, varios con remuneración en cero. De los proveedores circularizados de la Sra. Ortigoza 17, de los 24, respondieron no haber operado con ella. También se detectaron varios cheques rechazados. En lo que refiere al oficio del Registro de la Propiedad Automotor que fue librado a fin de que informe si durante el período junio/noviembre de 2017 era titular de automotores a su nombre, la entidad informa que como titular actual (al 2/12/24) registra distintos vehículos entre los que se encuentra un chasis con cabina, un semirremolque, un semiacoplado y un acoplado tanque, lo cual no resulta relevante frente a todas las irregularidades señaladas. o- Sr.
Héctor Mon Gi: el responsable fue incluido en la Base Apoc. con irregularidades en la cadena de comercialización, con fecha de detección octubre de 2017. No respondió a los requerimientos efectuados por personal de la AFIP. No registra empleados en relación de dependencia, no posee bienes inmuebles, registra un solo rodado, fue bloqueado en su posibilidad de sacar cartas de porte. Declaró el cultivo de 3.132 hectáreas de soja y 100 de maíz y un stock de granos al 31/8/18 de 14.192 toneladas, ubicadas en Santiago del Estero, información que resulta inverosímil ya que no cuenta con RENSPA en esa provincia ni justifica la explotación de predios allí. Del stock de granos al 31/8/18 declaró 5.230 tn., no obstante no informó su cultivo ni producción.
p- Aceitera Rauch: actividad declarada, elaboración de aceites y grasas sin refinar, servicio de transporte automotor de cargas y venta al por mayor de aceites y grasas. Cargado en la base Apoc. el 1/1/2016 bajo la condición de usina sin capacidad operativa, económica y financiera. No se pudo ubicar a nadie ni se observó actividad actividad, no obstante no dio a conocer con exactitud la ubicación de la planta ni aportó pruebas al respecto. No cuenta con empleados ni bienes registrables. q- Labrar SA: actividad declarada venta al por menor de flores, plantas, semillas abonos y otros productos de vivero, venta al por mayor en comisión de cereales y oleaginosas, cultivo de soja, trigo y cereales. La responsable fue incluida en la base Apoc por constatarse irregularidades en la cadena de comercialización, contribuyente no confiable. El Sr. Faccio informó a la fiscalización que realizaba tareas de acopio en dos inmuebles alquilados de la Prov. de Santa Fe, contando con dos empleados. De la circularización a terceros Agro Cereales y Semillas Noroeste desconoció a la firma. Lo mismo sucedió con el Sr. Delucía. Se registraron que ingresaron granos respaldados todos con el mismo comprobante de remito. De la consulta al movimiento de soja, campaña 2016/17 del Registro Sistémico de Movimientos y Existencias de Granos se observó el ingreso de 9.549.490 Kgrs. de granos a partir del 1/2018 respaldados con remitos, sin carta de porte. No justificó haberlos tenido en stock.
9. Que, teniendo en cuenta el criterio jurisprudencial a que se hizo referencia en considerandos anteriores, cabe anticipar que los agravios incoados no resultan suficientes para enervar la decisión del Tribunal Fiscal.
Ello es así, en la medida en que el memorial de agravios no ha logrado desvirtuar las conclusiones del fisco, relativas a la falta de capacidad operativa y económica de los proveedores impugnados, que es, en definitivita, el argumento medular en el que se sustentó el ajuste.
En efecto, no puede perderse de vista que la cuestión central que aquí se debate no refiere a las formalidades de los comprobantes examinados sino a la concreta verificación de la aptitud de los sujetos para disponer de la mercadería que se dijo objeto de las respectivas transacciones comerciales y que habrían generado el derecho al cómputo del crédito fiscal reclamado.
La actora aportó, además de la documental, prueba informativa y pericial contable.
En cuanto a la informativa ella concretamente está referida a la registración de los contratos e inscripción de los proveedores en los registros correspondientes. En cuanto al informe contable producido ante el Tribunal Fiscal, en este caso dicha prueba se ha limitado a analizar los libros y los registros de la actora que no han sido cuestionados por la fiscalización en cuanto a su forma sino con relación a la materia declarada, por las inconsistencias detectadas al investigar cómo se dieron las operaciones en la realidad de los hechos. Tal circunstancia no resulta irrelevante, toda vez que, en la especie, no se requiere del contribuyente la demostración del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de sus proveedores, sino la constatación de la efectiva realización de las operaciones por él denunciadas (cfr. en sentido similar, esta Sala, causa 32.804/2010 “COFCO International Argentina S.A c/ EN – AFIP – DGI – RESOL 14/09 y Otros s/ Dirección General Impositiva”, considerando 9°, sentencia del 29/10/2019).
Expte. CAF 15175/2024/CA2 Vicentin SAIC (TF 65440530-i) C/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo Concretamente, de dicha prueba se puede observar que allí se informa acerca de la registración de las operaciones en la contabilidad de la actora, la fecha de incorporación de los proveedores en la base apoc, la fecha de las operaciones e irregularidades detectadas. El respaldo en las facturas observadas y el cumplimiento de requisitos formales. Resulta relevante señalar al respecto que, según lo informado allí, las operaciones fueron canceladas mediante transferencias bancarias y si bien la actora puso a disposición los comprobantes de dichas transferencias no se presentaron los extractos bancarios correspondientes.
Cabe señalar que ambas partes efectuaron objeciones a las respuestas que fueron dadas por los perito en los puntos 1; 2; 3; 4 y 6, en lo que refiere a las registraciones, la fecha de incorporación de los proveedores en la Base Apoc, la documentación de respaldo (contratos, cartas de porte, ticket balanza) y en cuanto a los comprobantes de las transferencias, lo que fue tratado en el voto del vocal preopinante, al cual adhirieron los restantes vocales.
Al respecto se debe señalar que no está discutida la registración de los comprobantes. En lo que refiere a la fecha de incorporación de los proveedores en la Base Apoc., ello surge de las actuaciones administrativas agregadas a la causa.
En cuanto a las restantes cuestiones referidas a la documentación de respaldo y el modo de cancelación de las operaciones, dicho informe no logra acreditar de modo concluyente que los cuestionados proveedores hayan sido quienes intervinieron efectivamente. Cabe recordar al respecto que aquéllos fueron incorporados en la base Apoc por distintas irregularidades y por falta de capacidad contributiva, lo que impide considerarlos como generadores de crédito fiscal. Por lo demás, no puede soslayase que varios de ellos fueron incluidos en una causa penal iniciada a la aquí actora por infracción a la ley 24.769 en el Juzgado Federal de Reconquista. A ello cabe agregar que si en algunos casos los proveedores fueron incorporados en la base Apoc con posterioridad a la fecha en que se realizaron las operaciones, ello no invalida, en principio, el procedimiento seguido por el Fisco basado no sólo en esta circunstancia sino en la cantidad de irregularidades detectadas que obligan a la actora a acreditar las operaciones que se cuestionaron.
10. Que, en efecto, cabe destacar al respecto que la investigación efectuada por el Fisco comprobó no sólo los incumplimientos de los proveedores a sus deberes fiscales sino irregularidades que permitieron poner en duda la veracidad de las operaciones declaradas con esos proveedores, habida cuenta de la ausencia de capacidad económica y de la carencia de estructura que le permitiera justificar las operatorias declaradas.
11. Que, en suma y bajo los parámetros expuestos, no se advierte que el económica y operativa de los proveedores impugnados. Por tales motivos, corresponde confirmar el pronunciamiento de grado y desestimar la pretensión de la actora. Cabe también señalar que no resulta de aplicación al caso lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en la causa “La Segunda” (Fallos: 346:1039), en tanto en aquel supuesto se analizó el instituto de las salidas no documentadas, es decir que se trata de otro tributo (Impuesto a las Ganancias).
En efecto, cabe recordar al respecto que en el presente caso no se consideró procedente la deducción del crédito fiscal por no conocerse al verdadero responsable del ingreso del débito fiscal. No se puede soslayar, que la ley de IVA impide computar el crédito fiscal cuando quien generó el débito fiscal no lo haya ingresado. En este sentido, es dable señalar que el IVA exige que el hecho imponible se haya perfeccionado en cabeza del vendedor para que sea procedente el cómputo del pertinente crédito fiscal, pero no se trata de cualquier vendedor sino sólo de aquel respecto del cual se perfeccionó el hecho imponible.
No puede dejar de considerarse en tal sentido que el art. 12 de la ley de IVA subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto de los vendedores de bienes, extremo que no se cumple en el caso ya que no se acreditó que los proveedores en cuestión tengan la capacidad para efectuar las operaciones impugnadas.
12. Que, con relación a la detracción de las retenciones practicadas por la actora en concepto de IVA del monto del crédito fiscal impugnado, cabe tener presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re 848/2014 (50-M) ICS1, “Molinos Río de la Plata S.A.”, op. cit.; oportunidad en la que se rechazó un reclamo de repetición en función de la falta de legitimación de la apelante, toda vez que las retenciones ingresadas constituían un anticipo de gravamen en cabeza de su proveedor (en igual sentido, esta Sala en “LDC Argentina SA c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 23/4/2019; “Frigorífico Lamar SA c/ EN-AFIP DGI resol 51/10 s/Dirección general Impositiva”, sentencia del 17/08/2017; entre otros).
13. Que, en definitiva, la valoración del Tribunal Fiscal respecto de la prueba y su suficiencia es una cuestión de hecho, reservada a ese organismo, que excede, en principio, el conocimiento que compete a esta Cámara y, en el caso, no se ha probado que dicho tribunal hubiese incurrido en arbitrariedad.
Por ello, y por considerar que no hubo error en la apreciación que se hizo en la sentencia apelada de los hechos, corresponde rechazar los agravios de la actora pues, en última instancia, sólo trasuntan su discrepancia respecto del criterio de selección y valoración de la prueba utilizada en el caso, y el hecho de que el Tribunal Fiscal haya acordado preferencia a determinados elementos probatorios respecto de los que invoca la recurrente no configura arbitrariedad (Fallos: 273: 205; 274:35; 276:311, entre otros). Por todo lo expuesto corresponde desestimar el recurso de la actora y confirmar, en consecuencia, la sentencia apelada, con costas (art. 68, primera parte del CPCCN).
Expte. CAF 15175/2024/CA2 Vicentin SAIC (TF 65440530-i) C/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo 14) En atención a la naturaleza del asunto, el resultado obtenido y la trascendencia económica de la cuestión en debate y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada durante las tres etapas cumplidas ante el Tribunal Fiscal, corresponde REDUCIR a la suma de $3.010.512,50, equivalente a 33,5 UMA, los honorarios regulados a la dirección y representación letrada del Fisco, apelados por altos y por bajos (arts. 16, 19, 20, 21, 29, 44, inc. a, 51 y ccdtes. de la ley 27.423 y resol SGA nº 235/26). Cabe señalar al respecto que, contrariamente a lo manifestado por el Fisco en su contestación de agravios, la apelación de la parte actora contra la regulación de los honorarios de los profesionales de ARCA fue interpuesta en término, ya que para el caso rige el plazo de treinta días dispuesto en el art. 192 de la ley 11.683, en tanto dichos emolumentos integran la resolución que resolvió el fondo de la cuestión.
Por los trabajos realizados en la Alzada SE REGULAN los honorarios de la representación letrada de la parte demandada en la suma de $1.054.133,75, equivalente a 11,73 UMA.
En atención a la calidad y eficacia de las labores desarrolladas y la importancia de la cuestión sobre la que debió expedirse el perito contador del Fisco, como así también la adecuada proporción que deben guardar los emolumentos de los expertos con el resto de los letrados que intervinieron durante la sustanciación del proceso, corresponde CONFIRMAR los honorarios regulados a su favor (arts. 1º, 3º, 16 inc, g, 19 y 21 de la ley 27.423 y SGA 2910/24).
Se deja constancia que los emolumentos deberán cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27423, y que no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que —en su caso— deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales intervinientes frente al citado tributo. ASÍ SE RESUELVE.
Por todas las razones expuestas SE
a) desestimar el recurso de apelación interpuesto por la actora, con costas (art. 68, primera parte del CPCCN) y 2) reducir, confirmar y regular los honorarios de los profesionales del Fisco, de conformidad con lo resuelto en el considerando 14.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia