Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 29636-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada con los alcances indicados en los considerandos VIII y IX. Costas de ambas instancias por su orden (artículos 68, segundo párrafo, y 279 del Código Procesal).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
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CAUSA Nº 3685/2024 “VICENTIN SAIC (TF 29636-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de Agosto de 2024. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La firma Vicentin SAIC, dedicada a la producción de productos primarios de exportación, oficializó un permiso de embarque luego de la fecha de vencimiento. Ante dicha situación la Dirección General de Aduanas le impuso la multa prevista en el artículo 954, apartado I, incisos a) y b) del Código Aduanero, la cual fue recurrida por la empresa actora ante el Tribunal Fiscal de la Nación. El mencionado Tribunal no hizo lugar a lo solicitado.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia obrante a fs. 118/121 del expediente en soporte papel resolvió: i) revocar parcialmente el artículo 1 de la Resolución N° 300/11 (AD SALO), y dejar sin efecto la sanción aplicada a la despachante de aduana Sra. Alicia V. Fanjul, con costas a la demandada; ii) modificar el artículo 1 de la Resolución N° 300/11 (AD SALO), reencuadrando la sanción impuesta a la firma Vicentin SAIC en los términos del artículo 969 del Código Aduanero y declarando que la multa asciende a la suma de $187.648,13.-, con costas a la co-actora Vicentin SAIC.
Para decidir de este modo, luego de efectuar un análisis de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, señaló que no se encontraba controvertido en la causa bajo estudio que por medio de la declaración DJVE N° 06 052 DJVE 000068 B, la firma Vicentin SAIC se había comprometido a la venta de 5.000 toneladas, de la mercadería “A granel (Ley 21.453) –Aceite en bruto, incluso desgomado ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE”, acogiéndose al régimen de la Ley N° 21.423, lo cual había implicado que quedara determinado el régimen tributario, la alícuota y la base imponible vigente al momento del registro de las DJVE, y el compromiso a exportar la mercadería correspondiente en cantidad y en el plazo estipulado.
A continuación, puntualizó que mediante el despacho N° 06 057 EC01 004196 R, la aquí actora había exportado una cantidad de 145 toneladas de la mercadería de trato, sin embargo, al momento de efectuarse la exportación, la DJVE se encontraba vencida. Así las cosas, la Dirección General de Aduanas consideró que la situación fáctica se encontraba encuadrada en la infracción prevista en el artículo 954, apartado I, incisos a) y b) del Código Aduanero, por lo que condenó solidariamente a la firma actora y a la despachante de aduana. Seguidamente, el Tribunal Fiscal de la Nación señaló que el exportador había optado por el régimen opcional previsto en el artículo 729 del Código Aduanero y regulado a través de la Ley N° 21.453, motivo por el cual la situación planteada se encuadraba en la figura prevista en el artículo 969 del Código Aduanero, el cual expresamente sanciona con pena de multa al exportador que hubiere optado por el régimen opcional de liquidación de derechos de exportación, previsto en el artículo 729 del Código Aduanero y regulado a través de la Ley N° 21.453, y que no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones.
En concordancia, indicó que no se encontraba acreditada la imposibilidad de exportar de conformidad con los plazos, las formas y las condiciones contempladas en el artículo 730 del Código Aduanero, por razones de caso fortuito o fuerza mayor, y que tampoco se habían cumplido las exportaciones documentadas en la declaración jurada DJVE 68 B dentro del plazo estipulado, motivo por el cual debía tenerse por configurada la infracción prevista en el artículo 969 del Código Aduanero.
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En este orden de ideas, expresó que respecto al monto de la multa impuesta debía aplicarse el porcentaje mínimo de la multa en un 10% conforme lo establecido en el artículo 969 del Código Aduanero y no del 15% previsto en el artículo 9 de la Ley N° 21.453.
Por último, respecto de la responsabilidad de la despachante de aduana, determinó que frente a las circunstancias de la causa, la mencionada no resultaba responsable en forma solidaria con la firma Vicentin SAIC por la infracción cometida (artículo 954, apartado I, incisos a y b), cómo así tampoco por la infracción del artículo 969 del Código Aduanero.
III. Agravios de la actora Contra la sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación el 23/10/2023 –confr. fs. 124– y expresó agravios el 23/10/2023 –confr. fs. 126/131vta.–, los cuales fueron contestado por la contraria el 23/11/2023 –confr. fs. 126/131vta.–.
En primer lugar, plantea que el litigio se generó exclusivamente respecto del permiso 06 057 EC01 004196R, en tanto las 145 toneladas allí exportadas se habían documentado fuera del plazo de embarque previsto por la DJVE.
Al respecto, puntualiza que nunca existió controversia sobre las exportaciones documentadas en los permisos 06 057 EC01 001331F y 001780N, las cuales habían sido documentadas y cumplidas dentro del plazo de embarque de las DJVE y por las cuales se habían exportado 4.855 toneladas. Ello así, sostiene que la DJVE, con independencia del litigio generado en torno al último permiso documentado, ya se encontraba debidamente cumplida en un 97,1% del volumen declarado, motivo por el cual el servicio aduanero no efectuó ningún cuestionamiento respecto del cumplimiento de la DJVE. En concordancia, postula que la cuestión que se llevó a conocimiento del Tribunal Fiscal de la Nación se encontraba circunscripta a la mercadería documentada en el permiso 06 057 EC01 004196R y si su documentación tardía respecto del plazo de embarque previsto en la DJVE asociada constituía la infracción aduanera prevista en el artículo 954 del Código Aduanero.
Así las cosas, sostiene que si bien el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió que respecto de la mercadería en cuestión no se configuraba la infracción imputada por la Aduana, se apartó de los hechos controvertidos, en tanto le imputó a la aquí actora la comisión de otra infracción, es decir, aquella prevista en el artículo 969 del Código Aduanero.
En este orden de ideas, manifiesta que en la causa bajo análisis solamente se discutió la presunta configuración de una infracción en relación a la mercadería documentada en el permiso 06 057 EC01 0041196R, por lo cual lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación excede el contenido fáctico de la causa. Ello así, expresa que el mencionado tribunal se apartó de los términos en que había quedado trabada la litis y se extendió en su jurisdicción, por lo que violó el principio de congruencia.
Al respecto, destaca que el principio de congruencia es un derivado de la garantía constitucional del debido proceso y la de defensa en juicio, y que la firma actora no tuvo oportunidad de efectuar alegaciones u ofrecer prueba tendiente a acreditar el cumplimiento efectivo de la DJVE y, con ello, la inexistencia de la infracción prevista en el artículo 969 del Código Aduanero.
En esta línea, refiere que la debida exportación de al menos el 90% del volumen declarado en la DJVE, es una cuestión que nunca fue materia de controversia.
También, manifiesta que reconoce la vigencia del artículo 1143 del Código Aduanero y la posibilidad de reencuadre jurídico, pero sostiene que su interpretación no puede avasallar el principio de congruencia constitucionalmente consagrado, porque al obviar las circunstancias planteadas por las partes e introducir otras cuestiones no CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 3685/2024 “VICENTIN SAIC (TF 29636-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
planteadas, se estaría desconociendo el derecho de debida defensa en juicio consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Por último, plantea que la resolución dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación se encuentra viciada de nulidad en su origen por cuanto se aparto de las alegaciones vertidas y, en concreto, de los hechos ventilados por las partes, violando el principio de congruencia.
IV. Alcances del pronunciamiento.
De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
V. Circunstancias fácticas del caso Previo a abordar los agravios esbozados por la recurrente, y con el propósito de lograr un mejor análisis de la problemática involucrada en autos, conviene reseñar las circunstancias fácticas del caso atendiendo a las pruebas que se tienen a la vista. Bajo esta perspectiva, de las actuaciones administrativas Nº 12517-212-2006 surge que:
i) Se inician el 6/5/2006 con el informe nº 195/6 mediante el cual el Sr. Jefe de la Sección “V” informó que al haber realizado el control documental de la destinación 06 052 DJVE 00068 B se detectó que la misma estaba vencida para la fecha declarada como fin de embarque así como también para el vencimiento de la prórroga automática, motivo por el cual puntualizó que se estaría ante una presunta infracción prevista en el artículo 954 del Código Aduanero (confr. fs. 1/6).
ii) El 24/5/2006 el Sr. Jefe de la Sección “V” informó que el importe mínimo de la multa por presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 954 apartado I, inciso b) del Código Aduanero, ascendía a la suma de $187.648,19.- (confr. fs. 8).
iii) El 6/7/2006 mediante Resolución Nº 422/2006 (AD SALO) el Administrador de la Aduana de San Lorenzo dispuso la apertura del sumario contencioso contra la firma Vicentin SAIC y contra la Sra. Alicia Victoria Fanjul por la presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 954 incisos a) y b) del Código Aduanero. También, se dispuso el pase a la Sección “V” a fin de que estableciera en pesos el importe mínimo de la multa para el artículo 954 inciso a) del Código Aduanero, y el de los tributos traducidos en dólares estadounidenses (confr. fs. 10/11).
iv) El 10/11/2006 la Dirección General de Aduanas – San Lorenzo informó, respecto del importe mínimo de la multa prevista en el artículo 954, inciso a) del Código Aduanero, que no existía diferencia tributaria, y respecto de la multa prevista en el inciso b) de la mencionada norma, que el importe mínimo ascendía a la suma de $187.648,13 (confr. fs. 16).
v) El 12/2/2007 se ordenó correr vista de todo lo actuado a la firma Vicentin SAIC y a la Sra. Alicia Victoria Fanjul, de lo cual se CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 3685/2024 “VICENTIN SAIC (TF 29636-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
notificaron el 20/2/2007 y el 19/2/2007 respectivamente (confr. fs. 17, 19/22).
vi) El 5/3/2007 se presentaron y contestaron vista Vicentin SAIC y la Sra. Alicia Victoria Fanjul (confr. fs. 23/29vta.).
vii) El 24/5/2011 se emitió el Dictamen Nº 66/2011 mediante el cual se concluyó que correspondería condenar a la firma Vicentin SAIC y a la Sra. Alicia Victoria Fanjul por la infracción prevista y penada en artículo 954 apartado I, incisos a) y b) del Código Aduanero (confr. fs. 36/39).
viii) El 30/5/2011 el Administrador de la Aduana de San Lorenzo dictó la Resolución Nº 300/2011 (AD SALO) en la cual resolvió condenar a la firma Vicentin SAIC y a la Sra. Alicia Victoria Fanjul por la comisión de la infracción tipificada por el artículo 954 apartado I, incisos a) y b) del Código Aduanero, al pago de una multa solidaria de una vez el valor en aduana de la mercadería en infracción, la cual asciende a la suma de $187.648,13.- (confr. fs. 47/50).
ix) El 3/6/2011 la firma Vicentin SAIC y la Sra. Alicia Victoria Fanjul se notificaron de la Resolución Nº 300/2011 (AD SALO) (confr. fs. 51/54).
VI. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho. Inexistencia de error manifiesto En primer lugar, corresponde recordar que de acuerdo a lo previsto en el artículo 1180 del Código Aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta, siempre que del ejercicio del a quo de sus facultades propias de apreciar los hechos no surja que hubiera mediado un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (confr. CSJN, Fallos 300:985; y esta Sala, in rebus: “Baxter Argentina SA TF 34662-A c/ DGA s/ Recurso Director de Organismo Externo”, Causa Nº 14652/2019, del 16/12/2020; “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/1984; y esta Cámara, Sala I, in re: “Scioli”, del 14/12/1993; Sala V, in rebus: “Aspitarte y Cía S.A.”, del 14/8/1995; “Seysu S.R.L.”, del 25/3/1996; “Zeneca S.A.”, del 26/8/1998 y “DGA (en autos Procter & Gamble Soc. Col TF 19609-A)”, del 21/9/2006, entre otras).
Así, no corresponde, por principio, revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión (confr. CSJN, Fallos: 300:985; y esta Sala, in rebus: “Renault Argentina SA”, del 7/3/1995, y “SIAT SA (TF 16680-A) c/ DGA”, del 14/11/2009). Puesto que, en virtud de lo normado por el artículo 1180 del Código Aduanero, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (confr. esta Sala, in re: “Agencia Marítima Tagsa (TF 18034-A) c/ DGA”, Causa Nº 25.245/2005, del 20/10/2011), supuesto que se encuentra configurado en el caso bajo análisis.
Al respecto, cabe señalar que la Dirección General de Aduanas mediante la Resolución N° 300/100 (AD SALO) condenó a la firma Vicentin SAIC por la presunta comisión de la infracción tipificada por el artículo 954 apartado I, incisos a) y b) del Código Aduanero. Sin embargo, el Tribunal Fiscal de la Nación, valora los hechos y reencuadrar la multa en el supuesto previsto en el artículo 969 del Código Aduanero. Por lo tanto, y como seguidamente se expondrá, corresponde analizar las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior de conformidad con lo expuesto por la recurrente en su expresión de agravios.
VII. Violación al principio de congruencia De este modo, cabe expedirse respecto de los agravios de la parte actora relativos a que el Tribunal Fiscal ha resuelto extra petita al reencuadrar la multa en el supuesto previsto en el artículo 969 del Código Aduanero.
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Al respecto, esta Sala ya ha tenido oportunidad de declarar que si bien el Código Aduanero otorga al Tribunal Fiscal de la Nación “amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes” (artículo 1143 del Código Aduanero), el ejercicio de esas atribuciones tiene como valladar la existencia del recurso, los hechos que se hayan probado en la causa y el respeto al principio de la reformatio in pejus.
Por ello, la decisión del Tribunal Fiscal, al resolver sobre cuestiones que no habían sido materia de agravio, se apartó del principio de congruencia, con mengua del derecho de defensa en perjuicio de la recurrente, lo que la hace pasible de la tacha de arbitrariedad (CSJN, Fallos: 326:1027; y esta Sala, in rebus: “C Y A SRL – TF 28517-A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 44401/2023, del 25/4/2024; “Jaime Bernardo Coll S.A. (TF 14047- A) c/ DGA”, Causa Nº 147.191/02, del 8/8/2006; “Volkswagen Argentina SA (TF 20417-A) c/ DGA”, Causa Nº 37.679/2006, del 17/4/2012; “La Holando Sudamericana Compañía de Seguros SA c/ DGA”, Causa Nº 6.164/2016, del 13/10/2016; “FEMSA SA c/ DGA”, Causa Nº 6.554/2016, del 22/11/2016, entre otros).
En ese sentido, y en tanto lo acontecido comporta una frontal vulneración del principio de congruencia –establecido en los artículos 34 inciso 4) y 163 inciso 6) del Código Procesal–, puesto que para arribar a la decisión recurrida el Tribunal Fiscal ha debido apartarse de los términos en que ha quedado planteada la litis –definidos por la propia recurrente–, tal proceder es determinante de la invalidez del fallo cuestionado en cuanto consideró que mediante el permiso de embarque involucrado –el cual se había efectuado una vez vencido el plazo– se había configurado el supuesto sancionado por el artículo 969 del Código Aduanero.
En este sentido, cabe señalar que la Dirección General de Aduanas al imponer la multa aquí cuestionada, en la Resolución Nº 300/2011 (AD SALO) valoró que la firma actora había solicitado exportar mercadería al amparo de una declaración jurada de venta al exterior cuyo período de embarque con su respectiva prórroga se encontraba vencida. Así las cosas, puntualizó que “la firma exportadora con intervención de su despachante registró la declaración jurada de venta al exterior 06 052 DJVE 000068 B en la que se obligó a embarcar la mercadería comprometida para exportar con antelación al 1º de Mayo de 2006, hecho que en autos no ocurrió, en consideración a que la solicitud de destinación de exportación 06 057 EC01 004196 R comprometió mercadería para exportación con imputación a la declaración jurada antes referida”. Asimismo, y en lo que aquí interesa, en la resolución individualizada se determinó que “…en el campo ‘DOCUMENTOS A PRESENTAR’, correspondiente al formulario OM- 1993-A SIM se manifestó que la cantidad de 145 tn de aceite de soja se encontraban amparados con la declaración de venta al exterior 06 052 DJVE 000068 B, la cual asumen la calidad de declaración comprometida ante el servicio aduanero en tanto resultan relevantes para asignar el tratamiento aduanero de la mercadería y constituyen elementos necesarios para su clasificación y valoración (…) la mercadería declarada resultó contar con un tratamiento arancelario distinto al declarado, pues el régimen no era el del Art. 729 sino el del Art. 726 ambos del Código Aduanero, circunstancia que de haber pasado desapercibida hubiese producido un perjuicio fiscal de contar con un valor FOB unitario oficial destino por aplicación del Art. 956 inc. ‘b’ del Código Aduanero”.
Por su parte, el Tribunal Fiscal de la Nación en su sentencia sostiene que la parte actora no solo documentó la destinación Nº 06 057 EC01 004196 R de manera extemporánea sino que también señala que lo hizo en una cantidad menor a la declarada en la DJVE 68 B, ante lo cual manifiesta que aun previamente a documentar el despacho de exportación, la recurrente ya se encontraba en incumplimiento al régimen de la Ley Nº 21.453, en tanto el 1/5/2006 debía haber exportado CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 3685/2024 “VICENTIN SAIC (TF 29636-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
el 90% de la mercadería documentada en la declaración jurada de venta al exterior. Sin embargo, en ningún momento de la Resolución Nº 300/2011 (AD SALO) aquí impugnada, surge que se hubiera cuestionado la cantidad de la mercadería exportada, sino que lo único que se advirtió es que la exportación se efectuó cuando ya se encontraba vencido el plazo registrado en la declaración jurada de venta al exterior. De lo expuesto se advierte que los hechos alegados por el Tribunal Fiscal de la Nación en su sentencia no habían sido alegados por ninguna de las partes, y, en consecuencia, no integran la litis, por lo que corresponde dejar sin efecto la sentencia recurrida en cuanto decide sobre esta cuestión.
VIII. Sobre la procedencia de la multa prevista en el artículo 954, apartado I, incisos a) y b) del Código Aduanero. En este orden de ideas, respecto de la multa aplicada por la Dirección General de Aduanas, cabe señalar que el artículo 954, apartado I, incisos a) y b) del Código Aduanero, prevé que: “[E]l que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho perjuicio; b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción…”. Por su parte, el artículo 956 del referido cuerpo normativo dispone, a los fines de la aplicación del artículo previamente transcripto, que “…las declaraciones relativas a operaciones o destinaciones de exportación –se considerarán–…como si fueran de exportación para consumo” y que “…se entiende por perjuicio fiscal a la falta de ingreso al servicio aduanero del importe que correspondiere por tributos cuya percepción le estuviere encomendada, el ingreso de un importe menor al que correspondiere por tal concepto o el pago por el Fisco de un importe que no correspondiere por estímulos a la exportación…” (confr. artículo 956 incisos a y b del Código Aduanero).
Sin embargo, conforme surge de las constancias obrantes en la causa, las que se encuentran detalladas en el considerando V, no surge de autos que la firma Vicentín SAIC, mediante la exportación aquí involucrada, hubiera ocasionado un perjuicio fiscal y/o que hubiera transgredido una prohibición a la exportación. La falta que cometió se debió a que exportó la mercadería al amparo de una declaración jurada de venta al exterior cuyo período de embarque, junto con su prórroga, se encontraba vencido, circunstancia que fue reconocida por la parte actora al interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (confr. fs. 10/16vta.).
Ello así, no puede perderse de vista que de la declaración DJVE 06 052 DJVE 000068 B, surge que la misma vencía el 1/5/2006 y que la mercadería declarada era “A granel (Ley 21.453) Aceite en bruto, incluso desgomado ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE”, que de la destinación de exportación surge que la misma se efectuó el 3/5/2006 y que la mercadería declarada era “A granel (Ley 21.453) Aceite en bruto, incluso desgomado ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE” (confr. fs. 3/4 y 5 de las actuaciones administrativas Nº 12517-212-2006).
En esta línea, también cabe señalar que mediante la Nota Nº 300/06, de fecha 10/11/2006, la Dirección General de Aduanas – San Lorenzo, determinó que no existía diferencia tributaria (confr. fs. 16 de las actuaciones administrativas Nº 12517-212-2006).
Asimismo, en el Dictamen Nº 66/2011 efectuado por la División Aduana San Lorenzo, se señaló que la denuncia del servicio CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 3685/2024 “VICENTIN SAIC (TF 29636-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
aduanero se había efectuado debido a que al realizarse el cruce documental se encontraba vencida para la fecha declarada como fin de embarque así como también el vencimiento de la prórroga automática (confr. fs. 26/39 de las actuaciones administrativas Nº 12517-212-2006). A su vez, en la Resolución Nº 300/2011 (AD SALO) se puntualizó que la destinación de exportación 06 057 EC01 004196 R se había oficializado con posterioridad a la fecha de vencimiento de la prórroga de la declaración jurada 06 052 DJVE 000068 B. También, se indició que se había violado el principio de veracidad y exactitud en la declaración (confr. fs. 47/50 de las actuaciones administrativas Nº 12517- 212-2006).
De lo expuesto, surge que no se encuentra demostrada una declaración inexacta ni tampoco un perjuicio fiscal, sino el hecho de que el aquí accionante efectúo el permiso de embarque una vez vencido el plazo otorgado –y prorrogado– por la declaración jurada de venta al exterior 06 052 DJVE 000068 B, motivo por el cual su conducta no puede ser susceptible de ser encuadrada como declaración inexacta en los términos del artículo 954 apartado 1) inciso a) y b) del Código Aduanero.
IX. Procedencia de la multa prevista en el artículo 995 del Código Aduanero Por otro lado, al interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, la firma Vicentin SAIC manifestó que de manera subsidiaria, el error incurrido y por ella reconocido, “en la aplicación de la DJVE al embarque documentado mediante el permiso 4196 R, sólo pudo constituir la infracción formal y genérica del artículo 995 del Código Aduanero”.
Ello así, cabe señalar que el artículo 995 del Código Aduanero dispone que “[E]l que transgrediere los deberes impuestos en este Código o en la reglamentación que en su consecuencia se dictare, será sancionado con una multa de PESOS UN MIL ($ 1.000) a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) cuando el hecho no tuviere prevista una sanción específica en este Código y produjere o hubiere podido producir un perjuicio fiscal o afectare o hubiere podido afectar el control aduanero”. En este entendimiento, teniendo en consideración las constancias obrantes en el expediente, que la firma actora reconoció el error incurrido, y que el permiso de embarque se efectuó con el plazo vencido por dos días, corresponde imponer la multa prevista en el artículo 995 del Código Aduanero, por el monto mínimo legal establecido en la mencionada normativa, es decir, por la suma de pesos un mil ($1.000.-).
X. Costas Por último, atento al resultado del recurso, y teniendo en cuenta las particularidades de la causa, corresponde imponer las costas de ambas instancias por su orden (artículos 68, segundo párrafo, y 279 del Código Procesal).
Por las razones expuestas, SE RESUELVE: hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada con los alcances indicados en los considerandos VIII y IX. Costas de ambas instancias por su orden (artículos 68, segundo párrafo, y 279 del Código Procesal).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia