Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 31646-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la apelación deducida por Vicentín SAIC, revocar la resolución apelada y, en consecuencia, declarar que la multa aplicada por resolución AD SALO 604/2021, se encuentra alcanzada por el régimen de condonación bajo examen, conforme lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 27.260, ello supeditado a lo establecido en el Considerando X;
2Declarar inoficioso pronunciarse respecto de los restantes argumentos vertidos por Vicentín SAIC, así como del recurso intentado por el Fisco Nacional; y
3Distribuir por su orden las costas relativas a la actividad desplegada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como también ante esta instancia judicial.
///nos Aires, 12 de noviembre de 2021.-
VISTOS estos autos 31.009/2019 caratulados “Vicentín SAIC (TF 31.646-A) y otro c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y
I. Por resolución AD SALO 604/2012 el administrador de la Aduana de San Lorenzo condenó en forma solidaria a Vicentín SAIC y a la despachante de aduana señora Alicia Victoria Fanjul al pago de una multa de $69.914,59 por comisión de la infracción tipificada en el artículo 954, apartado primero, inciso c), del Código Aduanero.
Para así decidir, en síntesis, destacó que mediante la oficialización de la destinación de exportación “07 057 EC01 005224 L”, que tramitara por canal naranja de selectividad, la firma en cuestión, con intervención de la nombrada despachante de aduana, consignó en la declaración post-embarque, como mercadería exportada, la cantidad de 504 toneladas, cuando la embarcada fue de 540 toneladas.
Resaltó que en la especie, además de la errónea cantidad declarada como embarcada, se manifestó indebidamente el valor FOB y en Aduana de la mercadería involucrada; por manera que interpretó que el error no resultaba ser únicamente material, sino también en lo que respecta a los valores involucrados.
Explicó que lo acontecido, de pasar inadvertido, hubiera podido producir un ingreso de divisas distinto al correspondiente, configurándose de tal modo la infracción prevista en el artículo 954, apartado primero, inciso c), del Código Aduanero, contrariando el principio de veracidad y exactitud en la declaración consagrado normativamente.
Agregó que, en la especie, no se verificaban los extremos normativos que justificaban la aplicación del artículo 917 del Código Aduanero, en tanto el aviso al servicio aduanero por parte de la despachante fue llevado a cabo luego de que se concluyera la carga y que el guarda aduanero dejara constancia de la misma en el reverso del “OM-1993 SIM”, constituyendo ello el supuesto del “proceso en curso de inspección aduanera” contemplado en el apartado 2° del dispositivo bajo referencia en este párrafo. Así las cosas, el funcionario decisor concluyó que los imputados resultaban responsables por aplicación del artículo 907 del Código Aduanero; ello bajo el entendimiento de que no resultaba excusable la despachante de aduanas por el hecho que medió una actuación personal que habría determinado el “error involuntario”, lo que impedía acudir al principio del cumplimiento de los deberes normado por el artículo 902 del Código Aduanero.
Resta señalar que, a efectos de establecer el castigo, la autoridad aduanera sostuvo que la multa ascendía a una vez y media el valor de la diferencia constatada.
II. Recurrido dicho acto, el 28/11/2018, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución AD SALO 604/2012, con costas a cargo del Fisco Nacional.
Para así resolver, en sustancial síntesis, destacó que de la lectura de la declaración post-embarque se desprendía un evidente error de tipeo (entre 540.000 y 504.000 kilogramos), correspondiendo aplicar el criterio sentado por el Alto Tribunal en autos “Petrobras Energía SA” y, consecuentemente, revocar la resolución aduanera atacada.
Luego, en atención a la forma en que se resolvía, consideró que no correspondía analizar los agravios de la despachante de aduana ni el pedido de condonación efectuado por la exportadora.
III. Cuestionado dicho pronunciamiento, el 29/8/2019, esta Sala admitió el recurso intentado por el Fisco Nacional y, en consecuencia, revocó la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto había dejado sin efecto la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1°, inciso c), del Código Aduanero, disponiendo la remisión de los autos a dicho organismo a efectos de que se expidiera respecto de las demás cuestiones articuladas tanto por Vicentín SAIC como por la despachante de aduanas (pedido de condonación y, eventualmente, el planteo articulado por la exportadora en su recurso), difiriendo el tratamiento de los cuestionamientos respecto de la regulación de honorarios y la imposición de costas. Así se resolvió tras considerar que:
-mediante la oficialización de la destinación “07 057 EC01 005224 L”, la firma Vicentín SAIC, con intervención de su despachante de aduana, la señora Alicia Victoria Fanjul, declaró que exportaría la cantidad de 805 toneladas de aceite de girasol a un valor FOB total de U$S 513.590, embarcando finalmente 540 toneladas, por lo cual el guarda aduanero consignó “conforme declarado: NO. Rectificar: SI”, difiriendo esta cantidad de la consignada en la declaración post-embarque, oportunidad en la que manifestara 504 toneladas a un valor FOB U$S 321.552; y -mediante la multinota 120/2007 requirió la anulación del postembarque, con sustento en el error cometido al ingresar la cantidad de unidades, lo que habría determinado que en el campo valor FOB y valor en aduana resultara un importe menor al que correspondía, por lo cual procedió a cancelar mediante liquidación manual “07 057 LMAN 005128 X” dicha diferencia, todo lo cual fue autorizado por la Aduana de San Lorenzo.
Por ello, el Tribunal concluyó que la infracción al artículo 954 inciso c), del Código Aduanero se encontraba acreditada, mal pudiendo eximirse de responsabilidad a la firma en los términos del artículo 959, inciso a), del Código Aduanero, pues las inexactitudes en cuestión no se desprendían de la simple lectura de la declaración, sino que su verificación requería de mayor comprobación, resultando necesario acudir al cotejo de documentación complementaria.
Al punto, se precisó que, en atención a los claros y precisos términos del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde acatar la doctrina allí sentada, en materia de interpretación de normas federales.
IV. El 14/11/2019, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, por unanimidad, desestimó la solicitud de condonación de la multa y admitió el pedido de reducción, fijándola en $55.930, e impuso las costas correspondientes al importe que se confirmaba a cargo de la firma actora y, en lo restante, por su orden.
En cuanto a la condonación, consideró que no resultaba susceptible de condonación, en tanto la infracción prevista en el artículo 954, inciso c), del Código Aduanero no se encuentra expresamente contemplada en las normas que rigen en la materia (ley 27.260, resoluciones 3920/2016 y 4007/2017).
Explicó que la multa impuesta en autos no se encontraba alcanzada por el beneficio de la condonación, dado que la conducta tipificada en el artículo 954, inciso c), del Código Aduanero, no puede ser considerada como formal, sino de fondo y, por tanto, excluida de las expresamente alcanzadas por el instituto bajo examen.
Luego, sostuvo que no se configuró el supuesto de autodenuncia previsto en el artículo 917 del Código Aduanero, atento a que la multinota fue presentada ante el servicio aduanero el 26/6/2007, con relación al post-embarque del PE oficializado el 1/6/2007, que tramitó con el canal de selectividad naranja (que implica el control documental de la operación), cuya mercadería fue embarcada el 11/6/2007.
Finalmente, en los términos de los artículos 915 y 916, ambos del Código Aduanero, teniendo en consideración las constancias de la causa (esp. fs. 37/46 de las actuaciones administrativas), consideró procedente reducir en un 20% el importe de la multa impuesta.
V. Disconforme con lo resuelto, Vicentín SAIC apeló, fundando oportunamente su pretensión recursiva.
Consideró que, en la especie, correspondía tener por condonada la multa aplicada por resolución AD SALO 604/2012, en los términos del artículo 56 de la ley 27.260.
Al punto, refirió que al haber cancelado la “obligación sustancial” (esto es, el pago de los tributos por la cantidad correcta) y que la resolución general AFIP 4007/2017 no tenía aptitud ni legitimidad como para restringir el alcance del artículo 56 de la ley 27.260; por lo que el pago de los conceptos asociados y la rectificación del post-embarque erróneo, posibilitaba la condonación de la multa en cuestión.
Resaltó que el artículo 55 de la ley 27.260 no distinguía respecto de los incisos del artículo 954 del Código Aduanero.
Destacó que, en la especie, se verificaban todos los recaudos normativamente exigidos a efectos de proceder a la condonación de la multa, esto es: que la infracción por la que recibiera el castigo fue cometida con anterioridad al 31/5/2016, que no se encontrara firme ni abonada y que se hubiera cumplido la obligación principal antes del 31/3/2017.
Citó jurisprudencia que, a su entender, avalaba su postura.
Postuló que la norma resultaba clara y no merecía mayores interpretaciones, correspondiendo su aplicación.
Explicó que ni la ley 27.260 ni la resolución general AFIP 4007/2017 limitaban la condonación de las multas a las infracciones previstas en el artículo 954, inciso a), del Código Aduanero exclusivamente y, consecuentemente, tampoco excluían a las previstas en el inciso c) de dicho precepto.
Razonó que la resolución general AFIP 4007/2017 refería “no taxativamente” que se consideraban infracciones sustanciales/materiales, las que se encontraban tipificadas, entre otros, en los artículos 954, inciso a) del Código Aduanero.
Apuntó que el propio servicio jurídico aduanero avaló la procedencia de la condonación en casos en los que la imputación infraccional involucrara el encuadre conjunto de los incisos a) y c) del artículo 954 del Código Aduanero.
Sin perjuicio de ello, a todo evento, sostuvo que en la especie se habría verificado un supuesto de autodenuncia en los términos del artículo 917 del Código Aduanero.
Al respecto, explicó que la comunicación efectuada al servicio aduanero una vez librada la mercadería y antes que la autoridad administrativa iniciara proceso alguno de inspección sobre la operación de referencia permitía la aplicación al caso del supuesto de autodenuncia. Explicó que el hecho que la destinación hubiera tramitado por canal naranja en el sistema de control selectivo no quitaba espontaneidad a la denuncia; máxime si se tenía presente que de dicha fiscalización no surgió irregularidad alguna, que fue detectada recién al ser liberada la mercadería a plaza.
Así las cosas, verificándose el supuesto previsto en el artículo 917 del Código Aduanero, correspondía aplicar la reducción de la pena en un 25% a su importe mínimo.
Por lo expuesto, la exportadora solicitó que se tuviera por condonada la multa en cuestión conforme la ley 27.260 o bien, se redujera su monto en los términos del artículo 917 del Código Aduanero.
Dicha presentación fue replicada por el Fisco Nacional.
VI. La AFIP - DGA también apeló la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal de la Nación, expresando agravios en esa misma oportunidad. Cuestionó la reducción de la multa dispuesta.
Al respecto, explicó que por la resolución cuestionada no se explicó el motivo ni el fundamento en el que se basaba tal decisión, lo que reflejaba la arbitrariedad incurrida.
Asimismo, refirió que el poder represivo y la función preventiva de la pena en materia de infracciones aduaneras se veía altamente perjudicada por la vigencia del artículo 10 de la ley 23.928, que obligaba a establecerlas en valores fijos y en pesos argentinos.
Recordó el principio de proporcionalidad de la pena.
Luego, refirió que tratándose de la sanción más gravosa que prevé el ordenamiento aduanero y dada la entidad de la falta verificada, la autoridad administrativa, aplicando el artículo 915 del Código Aduanero, graduó el castigo dentro de los límites allí previstos; encontrándose imposibilitado de reducirlas el Tribunal Fiscal de la Nación.
Postuló que tratándose ello de una actividad discrecional, debía estarse a lo decidido por la autoridad aduanera, quien se limitó a aplicar la consecuencia normativamente prevista ante la consumación del hecho que justificara su seguimiento.
Finalmente, sostuvo que, a los fines de graduar una multa, debían considerarse los antecedentes de infracción, más no las multas previas y que, lo relevante a los fines de la reincidencia -eventualmente- no se relacionaba con la fecha de comisión de la infracción sino con la fecha del dictado de la resolución aduanera; oportunidad en la que ha de evaluarse si existía una condena firme por infracciones aduaneras respecto de la cual no hubieran transcurrido cinco años.
En este sentido, explicó que ninguna virtualidad tenía el artículo 928, inciso a), del Código Aduanero, puesto que solamente indicaba que la condena anterior no se tendría en cuenta a los efectos de considerar al imputado como reincidente cuando se tratara de una infracción aduanera y hubieran transcurrido cinco años a partir de la fecha en que quedara firme la resolución definitiva que la impusiera.
Por lo expuesto, la AFIP - DGA solicitó que se modificara, en cuanto fue materia de agravios, la resolución apelada.
Dicha presentación mereció réplica de su contraria.
VII. Razones de orden lógico imponen expedirse, en primer término, respecto de los agravios vertidos por la exportadora en punto a la pretendida condonación de la multa aplicada por resolución AD SALO 604/2012, en los términos de la ley 27.260.
A tal fin, conviene recordar que:
*) los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encontrara a cargo de la AFIP podrían acogerse por las obligaciones vencidas al 31/5/2016, inclusive, o infracciones cometidas relacionadas con dichas obligaciones con excepción de los aportes y contribuciones con destino al sistema de obras sociales y las cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones previsto en el Título II de la norma bajo referencia (conf. artículo 52, primer párrafo, de la ley 27.260); *) se encontraban comprendidas en el régimen bajo examen, entre otros conceptos, los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación, las liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones conforme lo previsto por la ley 22.415 y sus modificaciones; no resultando alcanzadas por el mismo las obligaciones o infracciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios (conf. artículo 52, segundo párrafo, de la ley 27.260); *) el acogimiento debía formularse entre el primer mes calendario posterior al de la publicación de la reglamentación del régimen en el Boletín Oficial y hasta el 31/3/2017, inclusive (conf. artículo 52, tercer párrafo, de la ley 27.260);
*) se encontraban incluidas en el régimen en cuestión aquellas obligaciones que se encontraran en curso de discusión administrativa o fueran objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación de la ley en cuestión en el Boletín Oficial, en tanto el particular se allanara incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desistiera y renunciara a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos (conf. artículo 53, primer párrafo, de la ley 27.260);
*) el allanamiento y/o, en su caso, desistimiento podría ser total o parcial y procedería en cualquier etapa o instancia administrativa o judicial, según corresponda (conf. artículo 53, segundo párrafo, de la ley 27.260);
*) se estableció, con alcance general, para los sujetos que se acogieran al régimen de regularización excepcional previsto en el Título II de la ley 27.260 y mientras cumplieran con los pagos previstos en el artículo 54, la exención y/o condonación, entre otros conceptos, de las multas y demás sanciones previstas en la ley 11.683 y sus modificaciones, en la ley 17.250 y sus modificaciones, en la ley 22.161 y sus modificaciones y en la ley 22.415 y sus modificaciones, que no se encontraran firmes a la fecha del acogimiento al régimen de regularización previsto en el Título II de la ley bajo referencia (conf. artículo 55, inciso a), de la ley 27.260);
*) el beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31/5/2016, que no se encontraran firmes ni abonadas, operaría cuando con anterioridad a la fecha en que finalizara el plazo para el acogimiento al presente régimen, se hubiera cumplido o se cumpliera la respectiva obligación formal (conf. artículo 56, primer párrafo, de la ley 27.260);
*) cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta hubiera sido cometida con anterioridad al 31/5/2016, inclusive (conf. artículo 56, tercer párrafo, de la ley 27.260); y *) las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31/5/2016, quedarían condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraran firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha (conf. artículo 56, cuarto párrafo, de la ley 27.260). Por resolución general 3920/2016, se reglamentó el régimen bajo referencia.
En cuanto aquí interesa, se dispuso que a los fines de la condonación de las multas y demás sanciones previstas en los artículos 55, inciso a), 56 y 60, todos de la ley 27.260, se entenderían por “firmes” a las emergentes de actos administrativos que a la fecha de acogimiento o a la fecha de entrada en vigencia de la mencionada norma, según correspondiera, se hallaran consentidos o ejecutoriados, de conformidad con las normas de procedimiento aplicables, cualquiera sea la instancia en que se encontraran (conf. su artículo 21).
Finalmente, por resolución general 4007-E/2017, se complementó la reglamentación de la ley 27.260 en lo concerniente a las obligaciones y sanciones derivadas del régimen aduanero.
En lo que interesa específicamente al supuesto configurado en autos, cabe destacar que la norma estableció:
-el beneficio de condonación de sanciones en materia tributaria aduanera respecto del régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias de la seguridad social y aduaneras, establecido en el Título II del Libro II de la ley 27.260 y reglamentada por la resolución general 3920 y sus modificatorias, se ajustaría a lo dispuesto en el artículo 55, inciso a), y en los artículos 56, 57 y 62 de la ley citada, así como lo indicado en los artículos siguientes de la resolución bajo referencia (conf. su artículo 3º); -se encontraban alcanzadas por el beneficio de condonación las sanciones previstas en la ley 22.415 y sus modificaciones, correspondientes a infracciones -formales o sustanciales/materialescometidas hasta el 31/5/2016, inclusive, que no se encontraran firmes ni abonadas (conf. su artículo 4°);
-la condonación de sanciones formales, que no se encontraran firmes ni abonadas al 31/5/2016, operaría cuando se hubiera cumplido o se cumpliera con la respectiva obligación formal hasta el 31/3/2017, inclusive (conf. su artículo 5°, primer párrafo);
-cuando el deber formal transgredido no fuera, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedaría condonada de oficio (conf. su artículo 5°, segundo párrafo);
-se considerarían como infracciones formales las que se encontraban tipificadas, entre otros, en los artículos 218, 220, 222, 320, 395, 968, 972, 991, 992, 994 y 995 de la ley 22.415 y sus modificaciones (conf. su artículo 5°, tercer párrafo);
-cuando se tratara de sanciones, que no se encontraran firmes ni abonadas, correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria, el beneficio de condonación se aplicaría cuando se verificara alguna de las siguientes condiciones: a) la obligación sustancial se encontrara íntegramente cancelada al 23/7/2016 -inclusive- y la sanción no se encontrara firme ni abonada a dicha fecha; en cuyo caso, los intereses también quedarían condonados; b) la obligación sustancial y la porción de intereses no exentos se encontraran regularizados mediante pago al contado o plan de facilidades de pago, en los términos de la RG 3920 y sus modificatorias, y la sanción no se encontrara firme a la fecha de acogimiento al régimen de regularización o del pago de contado; c) la obligación sustancial y su respectivo interés estuvieran incluidos en planes de facilidades de pago dispuestos con anterioridad al 23/7/2016, que se encontraran vigentes, y la sanción no estuviera firme ni abonada a la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.260 (conf. su artículo 6°, primera parte); y -se considerarían como infracciones sustanciales/materiales las tipificadas, entre otros, en los artículos 954, inciso a), 965, inciso b), 966, cuando el beneficio fuera una excepción tributaria, 970, 971, 973, 985, 986 y 987 de la ley 22.415 y sus modificaciones (conf. su artículo 6°, última parte).
VIII. Referida la normativa imperante, en pos de revisar la decisión apelada, resulta necesario reiterar que la negativa del Tribunal Fiscal de la Nación a tener por condonada a la multa aplicada por resolución AD SALO 604/2012 en los términos de la ley 27.260, se sustentó en la falta de previsión expresa por parte de la resolución general 4007-E/2017 del supuesto infraccional por el cual fuera castigada la actora (artículo 954, apartado 1°, inciso c), del Código Aduanero).
Evaluada la normativa previamente referida, se advierte que la disquisición formulada por Tribunal Fiscal de la Nación entre los supuestos infraccionales pasibles de ser alcanzados por el régimen de condonación en cuestión, no se ajusta a derecho.
Ello resulta así, en la medida en que la ley 27.260 no distinguió y por lo mismo, tampoco formuló exclusiones o restricciones en lo relativo al tipo de sanciones previstas en el Código Aduanero a los fines de su condonación, supeditando su aplicación a determinadas circunstancias fácticas (como ser, la fecha de comisión de la infracción, cancelación de la obligación principal, etc.).
Por su parte, la resolución general reglamentaria 4007-E/2017, antes apuntada, en cuanto aquí interesa destacar, con la intención de “simplificar la lectura, interpretación y aplicación de las normas a efectos de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales” (sic; ver sus Considerandos previos), ejemplificó qué tipo de castigo quedaba subsumido en cada categoría.
Así las cosas, los supuestos referidos en los artículos 5° y 6° de la resolución 4007-E/2017 no pueden sino ser considerados ejemplificatorios de distintas categorías de infracciones, mas en modo alguno excluyente de otras que no se encontrasen específicamente contenidas en la enumeración. El uso de la locución “entre otros” en ambos casos da cuenta de ello.
En sentido contrario a lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación, se considera que el castigo cuya condonación fuera solicitada en autos no ha sido expresamente excluido de su aplicación según el texto del artículo 56 de la ley 27.260, y tampoco autoriza a extraer tal conclusión la reglamentación del régimen, en la medida en que la enumeración contenida en la resolución general AFIP 4007-E/2017, que adecuó y complementó la resolución general 3920/2016 con relación a la materia aduanera, no resulta taxativa, sino que considera como infracciones sustanciales y formales a las que se encuentran tipificadas “entre otros” en los artículos que allí se mencionan (conf. en este sentido, Sala IV del Fuero, en autos 76.089/2018 “Embotelladora del Atlántico SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 16/4/2019).
Por tanto, el razonamiento del Tribunal Fiscal de la Nación en orden a la imposibilidad de disponer la condonación de la multa impuesta con base en que no se trata de una de las infracciones sustanciales respecto de las cuales se previó ese beneficio, pasa por alto el hecho que la enumeración establecida por la resolución general AFIP 4007-E/2017 no resulta taxativa, ya que expresa “entre otros” (conf. -en este sentido- Sala V del Fuero, en autos 80.094/2018 “Klabin Argentina SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 6/8/2019).
De esta manera, se concluye -en lo que al punto refiere- que los términos empleados tanto por la ley 27.260 como por su resolución reglamentaria, impiden validar el criterio seguido por el Tribunal Fiscal de la Nación por el pronunciamiento apelado.
Resta señalar que, en sentido coincidente, la señora Procuradora Fiscal de la Nación, opinó el 28/2/2019 en autos CAF44.314/2017 "YPF SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo" (causa en la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se ha pronunciado aún), ante la postura del Fisco Nacional en cuanto a que el artículo 5° de la resolución general AFIP 4007-E/2017 no mencionaba a la infracción prevista en el artículo 954, inciso c), del Código Aduanero, que el empleo de los términos "entre otros" impedía concluir que la enumeración de las infracciones incluida en dicho precepto tuviera el carácter taxativo que pretendía atribuirle la AFIP.
Al efecto, la mencionada representante del Ministerio Público Fiscal recordó que la primera fuente de interpretación de las leyes resulta ser su letra y las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, en el que tienen en la vida diaria, y cuando la ley emplea varios términos sucesivos, es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir los conceptos (CSJN, Fallos: 200:176; 307:928, entre otros).
IX. Descartada la postura adoptada por el Tribunal Fiscal de la Nación, cuadra examinar si se verifican los recaudos previstos normativamente para admitir la condonación solicitada.
En esa tarea, el Tribunal considera que -en la especie- se verifican los recaudos que justifican considerar a la multa aplicada por resolución AD SALO 604/2012 como alcanzada por el beneficio establecido por la ley 27.260; ello en tanto el incumplimiento tributario generado por la deficiencia contenida en la declaración aduanera que a la vez, constituye el antecedente de la sanción, fue cancelado con anterioridad a la fecha tope establecida al efecto (23/7/2016) y la infracción, que no se encuentra firme ni abonada, fue cometida antes del límite temporal previsto (31/5/2016). En efecto, en forma previa a que la multa fuera aplicada, la exportadora habría hecho frente a la diferencia de tributos vinculada al suceso que habría determinado la aplicación del castigo cuya condonación fuera requerida; pago que fue tenido por válido por la Administración.
Así las cosas, corresponde admitir la apelación deducida por Vicentín SAIC en lo que al punto refiere, revocar la resolución apelada y, en consecuencia, declarar que la multa aplicada por resolución AD SALO 604/2021, se encuentra alcanzada por el régimen de condonación bajo examen, conforme lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 27.260.
X. Se deja constancia que el reconocimiento que se acaba de efectuar queda supeditado al hecho que Vicentín SAIC no se encuentre alcanzada por alguna de las causales de exclusión del régimen previstas en el artículo 84 de la ley 27.260; cuestión que excede el alcance de la presente contienda y cuya consideración se encuentra bajo la órbita de la autoridad administrativa correspondiente.
XI. En atención a lo decidido precedentemente, resulta inoficioso expedirse respecto de los restantes planteos efectuados por la exportadora, así como en punto al recurso intentado por el Fisco Nacional.
XII. Resta pronunciarse en punto a las costas.
Al efecto, cuadra referir que el artículo 14, inciso a), de la ya mencionada resolución general AFIP 3920/2016, dispone que cuando la causa versara exclusivamente sobre la aplicación de multas que resultaran condonadas de oficio por aplicación de la ley 27.260, no corresponderá la percepción de honorarios por parte de los apoderados y/o patrocinantes del Fisco Nacional.
Por tal razón, subsumiéndose la decisión aquí adoptada en tal supuesto, corresponde que las costas relativas a la actuación desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como las de esta Alzada, sean distribuidas por su orden (conf. -análogamente- arg. artículos 1163 y 1182, ambos del Código Aduanero, y artículos 68, segunda parte, y 279, ambos del CPCCN).
Por las razones que anteceden, este Tribunal RESUELVE:
1. admitir la apelación deducida por Vicentín SAIC, revocar la resolución apelada y, en consecuencia, declarar que la multa aplicada por resolución AD SALO 604/2021, se encuentra alcanzada por el régimen de condonación bajo examen, conforme lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 27.260, ello supeditado a lo establecido en el Considerando X;
2. declarar inoficioso pronunciarse respecto de los restantes argumentos vertidos por Vicentín SAIC, así como del recurso intentado por el Fisco Nacional; y 3º) distribuir por su orden las costas relativas a la actividad desplegada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como también ante esta instancia judicial.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia