Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 131817
Sentencia Definitiva
Causa N° 131817; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº19 - LA PLATA
RODRIGUEZ PEREYRA ELISABET C/ GIACOBONE JORGE S/ VICIOS REDHIBITORIOS
En la ciudad de La Plata, a los catorce días del mes de Julio de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827), para dictar sentencia en la Causa 131817, caratulada: "RODRIGUEZ PEREYRA ELISABET C/ GIACOBONE JORGE S/ VICIOS REDHIBITORIOS", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor HANKOVITS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 12/4/2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
1. La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 19 Departamental dictó sentencia en fecha 12/4/2022 admitiendo la demanda promovida por Elisabet Rodríguez Pereyra contra Jorge Alfredo Giacobone, a quien condenó a pagarle a la actora en el término de diez días de quedar firme el pronunciamiento la suma de $172.010 más intereses. Impuso las costas al demandado y difirió la regulación de los estipendios profesionales para su oportunidad.
2. Contra dicho pronunciamiento se alzaron en apelación tanto la actora como el demandado con los escritos presentados el 20/4/2022 y el 25/4/2022.
3. Elevadas las actuaciones a este Tribunal, por proveído del 29/4/2022 se hizo saber a las partes la intervención de Sala mandándose a expresar agravios en primer término a la actora, quien fundó su recurso mediante el escrito del 2/5/2022.
4. Seguidamente en fecha 3/5/2022 se ordenó lo propio respecto al accionado, quien sostuvo su recurso con la presentación efectuada el 24/5/2022.
5. Conferido por despacho del 26/5/2022 el traslado de rigor, el accionante efectuó su contestación con las piezas presentadas el 9/6/2022, haciendo lo propio el demandado con las enviadas el 13/6/2022.
6. Finalmente en fecha 16/6/2022 se llamaron las actuaciones para el dictado de la sentencia, habiendo quedado esto consentido, por lo que las presentes se hallan en estado para el dictado del pronunciamiento revisor.
Se duele el actor por cuanto a partir de lo que advierte como una injusta tasa de interés establecida en el fallo considera insuficientes la indemnización fijada para atender a los diferentes rubros de condena.
Por su parte el demandado se agravia de lo que: a) entiende supuso un pronunciamiento autocontradictorio y arbitrario que por su conducto condujo a una injustificada atribución de la responsabilidad y b) estima resultó en un acogimiento incorrecto de los rubros “Daños derivados de los vicios”, “Lucro cesante”, “Repetición de las sumas abonadas” y “Daño moral”.
a. La atribución de responsabilidad
Conforme se adelantara se agravió el demandado en torno a lo que reputó como una errónea atribución de la responsabilidad a partir de un pronunciamiento autocontradictorio y arbitrario.
En tal sentido cuestionó que la sentencia hubiere tenido por acreditada la relación contractual y el incumplimiento de su parte, estableciendo de manera arbitraria y antojadiza los términos de esa contratación, los que no surgen de documento alguno ni de la prueba producida en las actuaciones que justifiquen o fundamenten lo decidido por la jueza interviniente.
El agravio no ha de prosperar.
Ello así, pues es el propio accionado el que desde su contestación de demanda de págs. 342/349 refiere -en el apartado “Hechos”- que “con fecha 21 de octubre de 2005 la Sra. Rodríguez Pereira me encomendó el proyecto y dirección para construir un bien ubicado en la calle 473ª entre 21 y 21ª (…) Luego, el 21 de diciembre de 2005 se suscribió el contrato por el cual me encargaba el proyecto y dirección de la otra vivienda designada como parcela 17”.
Por otro lado, las contestaciones efectuadas en la audiencia del 3/12/2008 en ocasión de leérsele al demandado las posiciones puestas por la actora terminan por desacreditar cualquier tipo de planteo al respecto.
De tal modo, conforme surge de lo actuado en págs. 549/550, ante la primera de ellas “Para que jure como es cierto que la Sra. Rodríguez le encomendó la ejecución, proyecto y dirección de dos obras en la calle 473 entre 21 y 21ª de City Bell, el Sr. Giacobone respondió “Sí, es cierto”.
Por su parte ante la requisitoria quinta “Para que jure como es cierto que respecto de la vivienda de la parcela 17 no se obtuvo el final de obra” contestó el referido que sí era cierto, “que no se obtuvo el final de obra porque había que hacer una ampliación que nunca se terminó” y ante la requisitoria sexta “Para que jure como es cierto que respecto de la vivienda de la parcela 18 no se obtuvo el final de obra” respondió “Es cierto” aclarando que “como había una plata adeudada no gestionó el final de la obra”.
Asimismo, ante la posición octava “Para que jure como es cierto que la Sra. Rodríguez le encomendó la gestión de los trámites municipales” el requerido contestó “Sí, es cierto”.
En otro orden, ante la primera de las posiciones ampliatorias “Para que jure cómo es cierto que el contrato acompañado en las actuaciones no reproduce el precio total pactado por las partes” la respuesta resultó “Es cierto”, aclarando a continuación “que se trató de un contrato verbal”.
Consecuentemente, a partir de las propias aseveraciones del accionado es claro que entre las partes existió un contrato, y que esa relación contractual transitó los andariveles de una locación de obra conforme a lo normado en los arts. 1629 y subsiguientes del Código Civil (en adelante CC).
Pues bien, en diferentes segmentos de su expresión el recurrente atribuyó al decisorio en crisis el haberse dictado “sin sustento acorde y en desmedro de la categórica prueba producida” como así también de “descalificar antojadizamente las contundentes pruebas aportadas”, para seguidamente afirmar que de este modo la sentenciante realizó por sí su propia presunción y esbozó consideraciones de índole técnico sin sustento científico que lo corrobore, fulminando intempestivamente, con atribución de responsabilidad a su parte y de modo marcadamente exorbitante a la actuación profesional, en lo que devino notoriamente ilegítimo, disvalioso y antijurídico.
Arguye asimismo que “la falta de fundamentación suficiente implica un avasallamiento a las garantías de defensa en juicio y debido proceso”, que “a partir de la simple lectura de la misma se observa la ausencia de elementos que permitan arribar a conclusiones claras en relación a los motivos en base a los cuales el magistrado ha resuelto haciendo lugar a la demanda” y en definitiva que “la sentencia contiene severas contradicciones que la descalifican como acto jurisdiccional válido”.
Empero, se observa que de la lectura del decisorio atacado no se desprende circunstancia alguna de las sostenidas por el recurrente.
La Sra. Jueza de anterior grado desde el considerando segundo de la sentencia dió cuenta, en un hilo argumental y de fundamentos que no merece reproche alguno, de toda una serie de elementos (documentación presentada en el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, plano remitido por la Dirección de Obras Particulares, informe de la Municipalidad de La Plata, testimonio de la gestora Maurel Lady Gloria Marfil, cartas documentos e informe remitido por Correo Argentino) que abarcan la médula de la prueba arrimada a la causa en torno a la relación que otrora uniera a las partes, sin que se alcance advertir esos yerros, carencias o arbitrariedades que le atribuye el demandado.
El condenado cuestiona en el apartado 3.6 de su expresión que el pronunciamiento haya omitido totalmente los testigos que, según sus dichos, de manera acorde, objetiva, fundada y circunstanciada procedieron a probar cada hecho explicado al momento de contestar demanda, a lo que añade que es inadmisible que la sentencia se haya desentendido de dicha prueba sin siquiera explicar el porqué.
Añadió que los testimonios de los testigos Lady Gloria Marfil Maurel –gestora- y Oscar Armando Barbosa -albañil- eran contestes en su diligencia e idoneidad.
En primer lugar y en concordancia con lo que ha puntualizado este Tribunal en pronunciamientos anteriores, en materia de análisis de la prueba es imposible excluir como eje fundamental de la tarea revisora el hecho de que al apreciar ésta, los jueces de la instancia originaria, salvo disposición legal en contrario, forman su convicción de conformidad con las reglas de la sana crítica, y que no tienen el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para la resolución de la causa (esta Sala Segunda, causa “Cermele Leonardo Fabián c/ Lasala María Isabel y otros s/ Daños y Perjuicios”, sent. del 28/6/2022 RS 139/22, entre otros).
Tal es lo normado expresa y específicamente en la materia por el art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC).
Asimismo, no cabe soslayar un aspecto esencial de la cuestión debatida, cual es que conforme ya fuera decidido por este Tribunal, la responsabilidad del empresario viene derivada de una obligación de resultado asumida por éste (esta Sala Segunda, conf. causa 118.286 “Bagdonas Ezequiel Aníbal c/ Venezia Alejandro s/ Daños y Perjuicios”, RSD 147/19).
En efecto, en la locación de servicios, para imputar responsabilidad hay que demostrar la culpa del locador; en la locación de obra basta el hecho objetivo: la no obtención del resultado.
Vale decir que, lo que pudiera sostenerse o probarse en torno a la diligencia e idoneidad, en principio carece de relevancia.
Con lo cual la parcela del agravio dirigida al modo en que la sentenciante se pronunció en lo relativo al incumplimiento contractual no puede prosperar, sin que pueda preterirse que simples alusiones a “la categórica prueba producida” o “las contundente pruebas aportadas” sin explicitarse concretamente qué elementos la componen, en modo alguno satisfacen la carga impuesta a los impugnantes de expresar la crítica concreta y razonada. Corresponde pues el rechazo del planteo recursivo abordado (art. 260 del CPCC).
b. Rubros de condena
b.1. Reparación de los daños
El accionado esgrimió a tal respecto que le agraviaba la estimación del monto fijado para el rubro daños derivados de los vicios de la sentencia “por no ser atribuible a su persona vicio alguno relacionado con mi intervención profesional en las viviendas de propiedad de la actora”.
En tal dirección, arguyó que “no surge acreditado en la causa que los presuntos vicios existentes fueran producto de la defectuosa ejecución de la obra por mi parte, ni que la Sra. Rodríguez hubiera reclamado en tiempo y forma al momento de la entrega de la obra por mi persona”, y que la sentencia dispuso la procedencia del rubro sin mencionar documental ni otra prueba que no sea pericial, achacando al pronunciamiento el que para arribar a la responsabilidad por los daños se hubiere apoyado en una pericia realizada años después de la entrega de la cosa y omitiendo por otra parte la circunstancia de haber intervenido también otros profesionales y el uso de la vivienda.
Mas, conforme surge claro desde el relevamiento efectuado y plasmado en el informe pericial de págs. 605/607 y su ampliatorio de págs. 653/657 efectuado por el Perito Arquitecto Felipe Rumbo, los daños claramente reflejados en las fotografías de págs. 609/632 y 658/690 son defectos que indudablemente hacen a la estructura y las bases de los inmuebles en cuestión.
De modo coadyuvante, el informe técnico adjunto a la demanda elaborado por el arquitecto Jorge Graber también dio acabada cuenta de las serias deficiencias estructurales que presentaban los inmuebles (v. págs. 101/103).
Siendo pues que, conforme a las constancias de la causa, el argumento de que no surge acreditado que los presuntos vicios existentes fueran producto de la defectuosa ejecución de la obra y que se estaría ante la inexistencia de un nexo causal adecuado no tiene sustento (art. 384 del CPCC).
Por su parte, lo postulado en relación a que la Sra. Rodríguez Pereyra no hubiere efectuado el reclamado en tiempo y forma merece la siguiente consideración. El CC previó durante su vigencia un régimen que diferenciaba los supuestos según cuál fuera el tenor de las deficiencias en materia de obras constructivas. Así, el art. 1646 establecía que “Tratándose de edificios u obras en inmuebles destinados a larga duración, recibidos por el que los encargó, el constructor es responsable por su ruina total o parcial, si ésta procede de vicio de construcción o de vicio del suelo o de mala calidad de los materiales, haya o no el constructor proveídoéstos o hecho la obra en terrenos del locatario. Para que sea aplicable la responsabilidad deberá producirse la ruina dentro de los diez años de recibida la obra y el plazo de prescripción de la acción será de un año a contar del tiempo en que se produjo aquella”.
A su turno, el art. 1647 bis prescribía: “Recibida la obra, el empresario quedará libre por los vicios aparentes, y no podrá luego oponérsele la falta de conformidad del trabajo con lo estipulado. Este principio no regirá cuando la diferencia no pudo ser advertida en el momento de la entrega, los defectos eran ocultos. En este caso, tendrá el dueño sesenta días para denunciarlos a partir de su descubrimiento”.
Ello así, resulta claro que el ordenamiento anteriormente vigente contempló en el juego armónico de ambos artículos un sistema de responsabilidad que abarcaría todas las posibilidades posibles. Los casos, por ende, serían tres: a) vicios aparentes, b) defectos ocultos y c) ruina total o parcial.
Según surge de su argumentación la impugnante pretende subsumir el presente reclamo en alguno de los dos supuestos contemplados en el art. 1647 bis CC.
Sin embargo, dicha tesitura no es de recibo a partir de las constancias de la causa.
Las numerosas imágenes contenidas en las fotografías ya señaladas dan cuenta de la cantidad y entidad de las fallas constructivas de los inmuebles en cuestión, y en tal sentido, no resulta plausible suponer que tales deficiencias hubiesen estado presentes al momento de la entrega y recepción de la obra y tampoco existen elementos para poder aseverarse que siendo los mismos ocultos no se los hubiese denunciado dentro del plazo de sesenta días, circunstancia que en todo caso debió haber sido probada por el accionado (art. 375 CPCC).
b.2. Lucro cesante
En cuanto al presente rubro cabe puntualizar que a diferencia del daño emergente -que constituye un menoscabo a los valores económicos ya existentes-, el lucro cesante se genera cuando lo que se pierde es una ventaja económica esperada, un enriquecimiento patrimonial previsto (art. 1069 del C.C.; Orgaz, El Daño Resarcible, 1952, pág. 45).
De tal manera, para que sea procedente la indemnización por lucro cesante no basta probar la simple posibilidad de haber obtenido una ganancia sino que es necesario demostrar la privación de un acrecentamiento patrimonial cierto, que el actor hubiera podido obtener verosímilmente, conformando de este modo una daño cierto (conf. Santos Briz, “La Responsabilidad Civil”, 2da. edición, pág. 228 a 230; esta Sala, causas 102.290 del 10-6-2004, rsd-138/2004 y 103.351 del 1º-3-2005. rsd-25/2005).
Asimismo, se ha dicho que todo daño cierto debe ser indemnizado (arts. 519, 520, 1068, 1069 CC) y que la certeza o realidad del perjuicio atañe no solamente a su existencia sino también a su composición, es decir, a las circunstancias, modalidades y gravedad que puede revestir (Trigo Represas, Felix A., “La Prueba del daño emergente y del lucro cesante”, en “Revista Derecho de Daños, La Prueba del Daño I”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, pág. 42).
Del testimonio del Sr. Omar Ricardo Cattoni de profesión martillero y corredor público plasmado en págs. 513/515 se desprende que éste intervino en el ofrecimiento y posterior concreción de la locación de ambos inmuebles, y que ésta se concretó recién en abril de 2008.
Ello así, se encuentra probado que el destino de las construcciones encargadas oportunamente al Sr. Giacobone era su entrega en locación para vivienda con la consiguiente contraprestación dineraria y que a raíz de las deficiencias que con posterioridad a la entrega fueron manifestándose la actora vio necesariamente impedida, por el lapso de tiempo que duraron las reparaciones, la concreción de las locaciones previstas.
Por otro lado, del informe del Martillero Público Claudio Lavarra obrante en pág. 600 surgen valores de referencia con cuyo antecedente se puede obtener sin esfuerzo una pauta numérica cierta del ingreso que por la entrega de los inmuebles en locación la actora se privó de percibir (art. 375 CPCC).
De todo lo cual se colige que, contrariamente a lo pretendido por el accionado, se halla acreditado en la causa el perjuicio alegado a este respecto desde la demanda, por lo que el agravio no ha de prosperar.
b.3. Repetición de sumas abonadas
A continuación el condenado se agravió que la sentenciante hubiere acogido el reclamo articulado en torno a la repetición de las sumas que la actora dijo haber abonado a sus vecinos por perjuicios que las obras les irrogaron en su vivienda, achacando al decisorio que la recepción de este rubro se basó en las manifestaciones de la misma y en el testimonio de los presuntos damnificados como que no existe prueba alguna que vincule su responsabilidad profesional con daño alguno a los vecinos de la actora y menos aún que justifique el monto de condena.
En relación a la admisión o no del presente, o cualquier otro rubro en reclamo, rige inexorablemente la regla que viene sentada desde el art. 375 del rito en orden a la necesidad, tanto para el actor como para el demandado, de probar lo que se considere hace a su pretensión, defensa o excepción.
Y en tal entendimiento, no admite duda que la accionante ha aportado lo propio al respecto con el testimonio de la Sra. Marcela Fabiana Núñez (art. 456 del CPCC; v. págs. 522/523).
No hallándose razones que lleven a dudar sobre la idoneidad de la nombrada y advirtiendo por otra parte que los dichos de ésta se encuentran por demás corroborados por otros elementos probatorios obrantes en la causa (informe técnico de págs. 101/103, informe pericial de págs. 637/639 y 653/654, fotografías de págs. 658/690) a lo que se suma que el demandado no ha contrapuesto elementos que pudieran desvirtuar lo antedicho, el agravio no procede.
b.4. Daño moral
En lo que hace al siguiente cuestionamiento el accionado arguye que el actor debió fundar y probar el rubro objeto de agravio, sin que haya cumplido con dicha carga al no haberse acreditado daño moral alguno, a lo que agrega que de tal modo el acogimiento de aquel se sostuvo exclusivamente en una suposición del decisor.
El agravio prospera.
Más allá de la creciente flexibilidad a que alude el pronunciamiento recurrido con cita del Máximo Tribunal, no empece esta circunstancia al hecho de que, por regla, en materia contractual el daño moral no se presume y debe mínimamente probarse, circunstancia que no ha acontecido en la especie (art. 522 CC).
El dolor humano debe considerarse como agravio concreto a la persona, y más allá de que se entienda que lo padecido no es susceptible de ser enmendado, es lo cierto que la tarea del juez es realizar "la justicia humana" y con ello no hay enriquecimiento sin causa ni se pone en juego algún tipo de comercialización de los sentimientos.
No hay "lucro" porque este concepto viene de sacar ganancia o pro
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.