Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal deducido a fs. 133/153 por la Dra. María Elizabeth Gasaro, defensora de Lázaro A. Báez, con costas por su orden.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA OTROS RECURSOS Nº:006 OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
FECHA: 04 de diciembre de 2019 AUTOS: “VICTOR E. HORTEL Y LEONARDO A. FHUR S/ PROMUEVEN INHIBITORIA”, Expte. Nº 6126/18 (V-1135/19/T.S.J.).-
I.-) Llega la presente causa a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia para analizar la admisibilidad del recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 133/153 por la Dra. María Elizabeth Gasaro, defensora de Lázaro A. Baéz, contra el pronunciamiento dictado por este Alto Cuerpo a fs. 124/127 que resuelve: “...1º) DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto a fs. 35/52 vta., contra el rechazo in limine de fs. 16 del pedido de inhibitoria y de declaración de cosa juzgada...".-
II.-) Se agravia el recurrente expresando: “... Entiendo que el fallo recurrido incurre en un error de aplicación del derecho sustantivo y procesal que causan una gravedad institucional suficiente para requerir la intervención del Alto Tribunal del mismo modo que un (sic) cuestión federal simple, al lesionar frontalmente en autos cuestiones de índole federal introducidas oportunamente (lesión a las garantías de juez natural, debido proceso y derecho de defensa en juicio y afectación al sistema federal de gobierno, entre otras) con entidad tal para equiparar dicho pronunciamiento a uno de carácter definitivo y habilitar así la instancia casatoria...” (fs. 134).- Asimismo, luego de efectuar citas jurisprudenciales in abstracto, aludiendo a la primitiva resolución de fs. 16 y, omitiendo razonadamente analizar los fundamentos de la resolución ahora impugnada manifiesta: “... En efecto, sin perjuicio de lo que resuelva sobre el fondo del asunto, considero que corresponde descalificar como acto judicial válido la decisión que se limitó a declarar mal concedido el recurso, pues de esa forma se vedó definitivamente el acceso a la instancia superior, sin atender a los argumentos expuestos por el recurrente tendientes a lograr la revisión en la instancia casatoria de la condena impuesta. La falta de tratamiento de esos agravios, podría así acarrear una seria restricción a los derechos constitucionales invocados, sobre todo si se repara en que la calidad de los sujetos imputados y la gravedad institucional del caso...” (fs. 136 vta.).-
Por último, luego de resumir in extenso lo acontecido en el sub examine, bajo el nomen de: “Crítica razonada de la resolución que denegó el recurso de casación”, concluye: “... VVEE decidieron declarar mal concedido el recurso de casación recurriendo a una formula genérica y abstracta de que no se daban en el caso una sentencia definitiva o equiparable a tal.
En dicha resolución en primer lugar omitieron realizar un análisis sobre el recurso de casación analizado.
No solo en cuanto que dicho recurso fue interpuesto contra una resolución que rechazaba in limine la inhibitoria y no sobre la que rechaza la reconsideración que sustanció la Cámara Oral. Esta decisión de elevar el expediente con un “recurso de casación en subsidio” no contemplado por el ordenamiento legal, dejó sin defensa al imputado frente a las nuevas argumentaciones del tribunal en la reconsideración sustanciada.
En segundo lugar, violó la doble instancia toda vez que la misma no fue controlada por el tribunal superior violando la doctrina en el fallo “Casal” y el art. 8.2 de la CADH ya citada.
En tercer lugar, se omitió con esta falta de tratamiento planteos esenciales introducidos oportunamente por esta defensa los cuales no solamente no fueron revisados sino tratados en ninguna de las instancias...” (fs. 153).-
III.-) A fs. 154 se corre vista al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo.-
Así, a fs. 155/156 y vta., dictamina que: “... no se encuentran cumplimentados en la pieza recursiva extraordinaria en análisis todos los requisitos de admisibilidad que tal vía recursiva exige, pues como tiene dicho la Corte en numerosos fallos “Las resoluciones que deciden cuestiones de competencia no revisten, en principio, el carácter de sentencia definitiva a los fines del remedio extraordinario federal, y la ausencia de definitividad no puede ser suplida aunque se invoque un supuesto de arbitrariedad o de desconocimiento de garantías constitucionales, admitiendo por vía de excepción que los pronunciamientos sobre competencia resultan equiparables a sentencias definitivas cuando estos deniegan la intervención del fuero federal” (“Acosta, Jorge E. y otros”)...” (fs. 155 y vta.). “... De lo expuesto se concluye que en manera alguna la naturaleza de la cuestión traída a decisión implica la conclusión del pleito, por cuanto las cuestiones de competencia son insuceptibles de reemplazar por sí solas el concepto de sentencia definitiva, careciendo por lo tanto la cuestión planteada de un requisito mínimo de admisibilidad...” (fs. 155 vta.).
“... Esta exigencia consiste en que el escrito mediante el cual se articula el remedio federal, demuestre la presencia de una cuestión Federal, cuya solución no ha logrado satisfacer las expectativas de los recurrentes.
Por ende no basta refutar una a una las cuestiones ni la decisión que los recurrentes estimen correctas, deben rebatirse los fundamentos de la sentencia cuestionada con agravios razonados y sin omitirse ningún fundamento de carácter decisivo. En especial la cuestión federal que debe guardar con lo debatido y decidido, relación directa e inmediata pues lo contrario conduce a la no procedencia del recurso...”.
“... En el sub lite, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el ensayo recursivo esbozado no alcanza a ser una crítica capaz de revertir la decisión atacada, y la enunciación de las normas constitucionales supuestamente vulneradas no logra demostrar configuración de ésta en el concreto caso de autos.
En virtud de todo lo expuesto, considero que el recurso interpuesto no supera el pertinente juicio de admisibilidad, por las razones invocadas, por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado...” (fs. 156 vta.).-
IV.-) En principio, corresponde realizar a este Tribunal Superior de Justicia, un análisis mínimo y provisional del recurso extraordinario deducido a la luz de la acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada el 21/3/2007, tendiente a definir si la cuestión federal invocada guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso, pues es deber de los órganos judiciales competentes resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional de competencia para la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 323:3081).- En dicha tarea, se evidencia que se han cumplimentado en parte los requisitos del primero de los artículos del reglamento, al igual que de los restantes. En efecto, la presentación no supera las 40 páginas, pero se evidencia que, en más de una, ha superado los 26 renglones (Pág. 13 a 17), siendo escrita en dichas páginas, con letra de tamaño menor a 12 (art. 1), cuenta con la carátula en hoja aparte pero sin contener todas las exigencias establecidas en el artículo 2.-
Se suma el manifiesto yerro que, al estar a la lectura del recurso interpuesto, se afirma que se interpone contra la resolución de la: “Excma. Sala IV de la CFCP”, en realidad, el órgano jurisdiccional que dictó la resolución contra la cual se intenta recurrir es este Excmo. Tribunal, este grosero error determina que formalmente se interpone el recurso extraordinario contra una órgano jurisdiccional nacional. Esta sola circunstancia determina la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario federal interpuesto.-
Asimismo, continuando con la revisión de los requisitos exigidos se establece que, el escrito recursivo, no logra poner de manifiesto la observancia de los requerimientos del artículo 3º, de dicha acordada, conforme se detallará a continuación.-
Es dable recordar que "la cuestión federal" que el recurrente confunde con la reserva del caso federal, tiene una definición propia. No sin ánimo docente, diremos que las cuestiones federales presentan dos grandes campos: a) las llamadas cuestiones constitucionales "simples" (vinculadas con la interpretación directa de normas o actos de naturaleza federal que ponen en crisis a disposiciones de la Constitución Nacional (art. 14, inc. 3º ley 48), y b) las cuestiones constitucionales "complejas" (referidas a los denominados "conflictos de constitucionalidad", es decir, al enfrentamiento entre normas o actos de carácter infraconstitucional con la Constitución Federal (art. 14, incisos 1º y 2º de la ley 48). Como fácil puede advertirse el planteo del recurrente no encuadra en esta regla.- Al respecto, adviértase que los motivos mencionados en el recurso extraordinario federal de fs. 133/153, están referidos netamente a la aplicación de derecho común. Fácil resulta advertir que tales causales devienen improcedentes para un remedio federal –por tratarse de netas cuestiones de derecho común-, constituyendo motivo suficiente para declarar inadmisible la presentación en estudio.-
Se observa claramente, que no existe cuestión federal suficiente, toda vez que no se advierte que con la decisión adoptada por este Tribunal Superior, respecto al conflicto de competencia, se haya conculcado alguna garantía constitucional, ya que sólo se pronunció este Tribunal sobre una norma de derecho común. Se ha dicho que la aplicación de las normas procesales vigentes, constituyen un obstáculo insalvable para dar el tratamiento pretendido por el recurrente. Más allá de que el recurrente ponga énfasis en argumentar sus agravios sobre la base de conculcación a derechos y garantías constitucionales, concretamente, recurre por disconformidad con la fijación de la competencia.- V.-) Sobre la inadmisibilidad del remedio federal cuando el recurrente no plantea una cuestión federal en forma razonada y clara, se han expedido numerosos Tribunales Superiores de Provincia: “...
La cuestión federal debe introducirse en oportunidad de trabarse la litis y, excepcionalmente, en la primera oportunidad procesal posible, debiendo formularse de manera inequívoca y explícita, ya que el carácter genérico de la misma no es suficiente para habilitar el recurso extraordinario, como tampoco lo es la única expresión del apelante de que reserva el caso federal...” (Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, “G.T., C. c/ L.B., R.”, 14/II/2000, LLC 2000, pág. 923); “... Es insuficiente a los efectos de la procedencia del recurso extraordinario federal la sola expresión del apelante 'Reserva Caso Federal', pues si bien no se requieren términos sacramentales es necesario que exista un correcto planteamiento mediante la invocación expresa y categórica del derecho federal del que pretende valerse, demostrando su conexión con la materia del pleito...” (Superior Tribunal de Justicia de Misiones, “C., L. c/ Cooperativa Agrícola Monte Carlo Ltda.”, 16/X/2001, LLLitoral 2001).- Incluso, el Máximo Tribunal de la Nación ha revalidado la exigencia del tópico: "...
En principio, el requisito de la introducción oportuna de la cuestión federal a los fines del recurso extraordinario, sólo rige respecto de las cuestiones federales previstas en el art. 14 de la ley 48, que deben ser resueltas de modo previo por los jueces de la causa a fin de dar lugar a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, último intérprete de las mismas...(dictamen del procurador general que la Corte hace suyo)” (C.S.J.N., “González, Eduardo c/ Trenes de Buenos Aires S.A.”, 07/XII/2004, DJ 18/V/2005, pág. 176; Fallos 327:5528).- VI.-) En numerosos precedentes este Tribunal ha expresado que adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de vedar la habilitación del recurso extraordinario a cuestiones que se muestran típicamente vinculadas al derecho común, las que por vía de principio se encuentran marginadas de la instancia extraordinaria (T.S.J.
Santa Cruz, Tº I, Sentencias, Rº 9, Folio 15/18; Fallos 310:927; 310:2114; 311:1171, entre otros).-
Las razones que sustentan el criterio apuntado para vedar la viabilidad del recurso extraordinario son: a) Esa especie de disposiciones normativas, interpretación del derecho común, son de hermenéutica privativa de los jueces de la respectiva instancia; b) Ese tipo de disposiciones no afecta el orden de prelación normativo consagrado en el artículo 31 de la Carta Magna, principio de supremacía constitucional (Lino Enrique Palacio, “El recurso extraordinario federal”, pág. 161, Abeledo Perrot, 1997). A ello debemos adunar un tercer motivo: que el recurso extraordinario federal está destinado a preservar el principio que inviste a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como intérprete final de la Constitución Nacional, pero no como intérprete final del derecho común.- Reiterada también es la doctrina de la Corte Suprema de Justicia Nacional en el sentido que las cuestiones de derecho común, aún regidas por leyes de naturaleza federal, son propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia extraordinaria (Fallos 281:67; 284:483; 289:355; T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Interlocutorio, Rº 23, Fº 36/40; Tº I, Otros Recursos, Rº 8, Fº 12/14; Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45, entre otros), pues “... La interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho local efectuadas por los tribunales provinciales son ajenas a la instancia extraordinaria...” (Fallos 312: 2110), salvo que el tribunal superior de la causa prescinda de dar un tratamiento adecuado a la controversia, supuesto excepcional no verificado en autos.- VII.-) Debe advertirse que los autos que resuelven cuestiones de competencia no constituyen sentencias definitivas a los efectos del recurso extraordinario, en tanto no medie una efectiva privación de justicia (Fallos: 274:424, 288:95, 298:212, 301:615, 303:802, 305:502, 311:525, entre otros).-
La solución que en esta oportunidad se consagra en la presente, guarda coherencia, con lo ya expuesto por este tribunal en la resolución objeto del recurso de casación intentado, cuando expresó: “... no encontrándose acreditado el requisito de "definitividad", corresponde precisar los conceptos referidos al tema. Ahora bien, la impugnabilidad objetiva es definida por la doctrina como la posibilidad de recurrir en casación determinados pronunciamientos jurisdiccionales, enumerando taxativamente la ley aquellas decisiones que pueden ser objeto de tal recurso, configurando ello una limitación para el acceso a ésta instancia extraordinaria, reservándola para aquellas acciones impugnativas con un interés jurídico relevante, al evaluar el contenido y la entidad del gravamen que invoca el recurrente, con relación a las decisiones de las instancias ordinarias...” (fs. 126 vta.).- En este sentido, cabe destacar el ayuno de precisa fundamentación del recuro sub examine, pues carece de la debida conexión entre la materia del pleito y el derecho federal que estima desconocido, siendo aplicable la opinión doctrinaria que reza: “... No basta hacer referencias genéricas; se requiere citas concretas, que fijen con precisión el derecho federal cuestionado y desconocido...” (Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T° I, pág. 803), no verificándose en autos que al reclamante se le hubiere cercenado derecho alguno garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional.- Por lo expuesto, no encontrándose configurados los extremos que justifiquen la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de un planteo ajeno a los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 48, y no cumplir con lo establecido con la Acordada de la CSJN 04/2007, corresponde rechazar el recurso articulado, con costas por su orden, en razón de la naturaleza y finalidad institucional del mismo.-
Por todo ello, y oído que fuera el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, por aplicación de las normas legales, doctrina y jurisprudencia antes citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. NO CONCEDER el recurso extraordinario federal deducido a fs. 133/153 por la Dra. María Elizabeth Gasaro, defensora de Lázaro A. Báez, con costas por su orden.-
2. Regístrese, Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los presentes autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dra. Paula E. Ludueña -Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Dra. Reneé Guadalupe Fernández - Vocal. Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz -Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2010O.191 TOMO: V– OTROS RECURSOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:006 FOLIO Nº: 033/036 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia