Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa EX-2022-102562530-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución 511/2022, con costas.
2Regular en la suma de $98.112 (pesos noventa y ocho mil ciento doce) equivalente a 1 UMA los honorarios del Dr. Walter Distel por su actuación como apoderado, y en la suma de $392.448 (pesos trescientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) equivalente a 4 UMA los honorarios de la Dra. María Gabriela Mosqueira por su labor como patrocinante, teniendo en consideración la labor profesional desarrollada, el resultado de la causa, la etapa procesal cumplida y demás pautas de la ley 27.423 Resolución SGA N° 1352/2026 (09/06/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-68306340-APN-VOCIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Julio de 2026 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7ª Nominación), Claudio E. Luis (Vocal Titular de la 8ª Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Subrogante de la 9ª Nominación), para resolver el expediente EX-2022-102562530-APN- SGAI#TFN caratulado “VICUS S.R.L. s/ recurso de apelación”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que por IF-2022-102562445-APN-DTD#JGM VICUS S.R.L., mediante apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 511/2022 (DV JSJU) de fecha 23 de agosto de 2022 mediante la cual se le aplica una multa por el Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales 01/2022 y 02/2022 en los términos del art. 45 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.) equivalente a 200% del tributo supuestamente omitido.
En primer lugar, plantea la nulidad del acto administrativo por considerar que la conducta que se le imputa a su representada no fue fundada ni acreditada, sino que se le aplica una sanción en forma automática, invirtiendo la carga de la prueba en cabeza de la empresa. Asimismo, respecto del encuadre de reincidencia entiende que la resolución recurrida no indica cuál es el tipo penal de la orden de intervención que invoca ni cuál es la conducta que se le atribuye, lo que violenta las garantías del debido proceso adjetivo, defensa y personalidad de la pena.
Alega que no se encuentran reunidos los elementos suficientes de motivación y causa que le permitan conocer con certeza los cargos que se le sindican, impidiendo que su parte conozca los fundamentos jurídicos y fácticos de la infracción y de la pena que se le aplica, limitando así la articulación de su defensa. Asegura que, como consecuencia, la decisión es arbitraria ya que el acto fue emitido en contradicción con los preceptos de la ley 19.549 desconociendo los derechos constitucionales de su representada, por lo que solicita se declare su nulidad.
Seguidamente se agravia en relación a la falta de elementos tipificantes del art. 45 de la ley de procedimiento tributario toda vez que su parte presentó las declaraciones juradas ante el requerimiento del Fisco, por lo que entiende que la demora en la presentación de las mismas no puede considerarse equivalente a una omisión por falta de declaración jurada, no configurándose en consecuencia el elemento objetivo. En este sentido, a su modo de ver, tampoco concurre el elemento subjetivo, ya que éste exige una actitud negligente y culposa por lo que la simple falta de pago en su caso, es insuficiente para su configuración. Resalta que la culpa no se presume y que su representada siempre consideró que actuaba conforme a derecho.
Manifiesta que tampoco se encuentra acreditada la lesión del bien jurídico protegido por la norma, la recaudación de la renta pública. Afirma que no existió daño porque las declaraciones juradas fueron presentadas de forma voluntaria y el tributo fue pagado con accesorios (sic), por lo que considera irrazonable y desproporcionada la aplicación de la sanción siendo ésta una infracción menor. Solicita se revoque la resolución recurrida.
Cita jurisprudencia y doctrina que avalan sus dichos y hace reserva del caso federal.
II. Que en IF-2022-129081126-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado de ley oportunamente concedido.
Hace una reseña de los hechos que originaron la resolución recurrida, e informa que la fiscalización verificó que la recurrente no ingresó el tributo que correspondía mediante la omisión de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales 1 y 2 de 2022 a la fecha del vencimiento general.
Destaca que en el procedimiento de instrucción la actora no hizo uso de su derecho de defensa y que con fecha 23/08/2022 se dictó la resolución sancionatoria que tuvo en cuenta los antecedentes sumariales de una multa material aplicada de acuerdo al art. 45 ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.) OI N° 1566293 sumario SEFI N° 458987, que fue notificada el 14/06/2018 y que quedara firme al no ser recurrida el 23/07/2018.
Que respecto a la nulidad planteada resalta que para que proceda debe existir un vicio o violación de una norma procesal u omisión de un acto que origine un incumplimiento y pueda dar lugar a indefensión, lo que no se advierte en el presente caso, cuando, corrida y notificada la instrucción de sumario, la recurrente no presentó descargo. Que en el Visto del acto recurrido se expuso claramente la omisión del pago mediante la falta de presentación de las declaraciones juradas, citándose el art. 45 en forma completa, incluyendo los tres incisos y no dando lugar a dudas que se dictó por el inciso a) de dicho artículo.
Explica que del cotejo de las actuaciones administrativas no se vislumbra que las garantías se hayan visto menoscabadas, toda vez que pudo presentar sin inconveniente alguno el recurso de apelación ante esta instancia jurisdiccional ofreciendo pruebas y exponiendo los argumentos que hacen a su derecho.
Sostiene que de un correcto análisis de los hechos y del derecho aplicable, la procedencia de la multa y su graduación se encuentran acreditadas y fundamentadas en los antecedentes que se acompañan y que oportunamente se pusieron en forma expresa a disposición de la recurrente. Que la sanción impuesta se encuentra perfectamente motivada, causada y que se ha respetado el derecho a defensa de la recurrente, por lo que solicita que la nulidad opuesta sea rechazada con costas.
En cuanto a la procedencia de la sanción manifiesta que se debe a la constatación de la omisión de las declaraciones juradas por los periodos fiscales 1 y 2 del Impuesto al Valor Agregado de 2022 Si bien la actora cumplió con su obligación de exteriorizar el tributo después de notificado el inicio de la fiscalización, no hubo espontaneidad, corroborándose el elemento subjetivo para tener por acreditado el ilícito.
En ese sentido, expresa que el art. 45 de la ley de procedimiento tributario requiere la comisión de la acción u omisión típica infraccional, que queda consumada en el momento de la presentación de las declaraciones juradas inexactas o en su defecto, al no haberlas presentado en su vencimiento y que la actora no ha aportado elementos, ni en la instancia administrativa ni en este ámbito, que permitan desvirtuar la pretensión fiscal, por lo que solicita se confirme la resolución en crisis, con costas a la actora.
Ofrece como prueba los antecedentes administrativos en formato digital y hace reserva del caso federal. Que por PV-2024-79784121-APN-VOCIX#TFN se intima a las partes para que en el plazo de diez (10) días informen si se ha dado cumplimiento con la obligación sustancial que diera origen a la multa apelada en autos.
Que en IF-2024-80817591-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional informa: “Que vengo a cumplimentar con la intimación efectuada por el Judicante, informando que la recurrente no canceló ni formuló acogimiento respecto del impuesto al valor agregado 1 y 2 de 2022.”
Que por PV-2025-11461662-APN-VOCIX#TFN se reitera la intimación cursada en PV-2024-79784121-APN-DTD#JGM a la actora quien a pesar de estar debidamente notificada no contestó.
III. Que mediante PV-2026-60336051-APN-VOCIX#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “C”.
IV. Que en primer lugar, por una cuestión de lógica procedencia, corresponde referirse al planteo de nulidad opuesto por la recurrente.
Que en lo estrictamente formal, la resolución recurrida, satisface los requisitos estatuidos por el artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, toda vez que tanto del acto administrativo de apertura del sumario, como así también en la resolución sancionatoria, se han consignado de manera concreta la causa y la motivación del procedimiento que culminó con la aplicación de la sanción apelada, no concurriendo así las circunstancias planteadas por el art. 14 de la Ley N° 19.549 como las causales de nulidad absoluta, por lo que cabe rechazar el planteo bajo trato, no debiéndose imponer costas a su cargo, en virtud que tal defensa fue interpuesta como otro agravio correspondiente al fondo, sin otorgársele el carácter de previo y especial pronunciamiento.
V. Que ello así, corresponde analizar la procedencia de la multa aplicada con sustento en el artículo 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.).
Que el artículo 45 de la citada ley, en su parte pertinente, dispone que: “Será sancionado con una multa del ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable, quienes omitieren: a) El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, b) Actuar como agentes de retención o percepción”.
Que, en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos: 271:297 "Parafina del Plata S.A."02/09/1968). Que en el presente caso ha quedado acreditado la configuración del elemento objetivo del ilícito que nos ocupa, toda vez que la omisión derivada de la inexactitud de la declaración jurada presentada originalmente se consuma al presentarse la misma, siendo éste y no otro el aspecto temporal que fija el artículo 45 de la ley, "...omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas...".
Que para ello, cabe tener en cuenta que el Fisco Nacional, conforme las facultades que le son propias, inició un procedimiento de fiscalización a Vicus S.R.L. que fue notificado el 19/04/2022 atento haberse detectado su omisión, y de acuerdo a lo informado por la fiscalización y según consta en informe final de inspección (IF-2022-129641946-APN- DTD#JGM) presentó las declaraciones juradas originales el 21/04/2022 a esa fecha vencidas, que es el sustento de la multa por omisión aplicada en la resolución recurrida. Dicha conducta fue encuadrada por el juez administrativo en la infracción tipificada en el art. 45 de la ley. Que si bien la recurrente invoca en su favor la falta del elemento subjetivo y la ausencia de la acreditación de lesión del bien jurídico porque las declaraciones juradas fueron presentadas de forma voluntaria, lo cierto es que su accionar no ha tenido el carácter de espontáneo, puesto que las mismas fueron realizadas en ocasión de la verificación iniciada por el Fisco Nacional.
En cuanto a lo manifestado respecto del “pago realizado con los accesorios”, la actora no ha arrimado prueba alguna de ello en la presentación del recurso, y ha guardado silencio ante las intimaciones cursadas posteriormente. Por otro lado, la representación fiscal ha informado que se encuentran pendientes de pago.
Que conforme lo ha sostenido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en numerosas oportunidades "si bien la infracción prevista en el artículo 45 de la ley 11.683, es de carácter prevalentemente objetivo -por lo cual, en principio, bastaría el hecho externo de la falta de pago en término para que se la tenga por configurada-, en el supuesto de que la culpabilidad esté excluida, no puede considerarse cometida la infracción omisiva ya que la finalidad de la norma penal es castigar a quien, por su culpa o negligencia no paga, pudiéndolo hacer. De allí es que puedan existir circunstancias que atenúen o, inclusive, eliminen la imputación, tales como el error excusable de hecho o de derecho, la imposibilidad material de pago u otras circunstancias excepcionales debidamente justificadas" (CNACF, Sala IV, "Club Atlético Rosario Central" del 23/05/2006). En este sentido se pronunció la CSJN, señalando que, si bien se ha reconocido en numerosas oportunidades que el principio de culpabilidad rige en el campo del derecho represivo tributario, "...el apelante ni siquiera ha alegado tal como lo exige la doctrina reseñada que, a pesar de haber actuado con la debida inteligencia, no tuvo la posibilidad real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta" (CSJN "Wortman, Jorge Alberto y otros" del 08/06/1999).
Que cabe destacar que no se advierte en autos la configuración de un error excusable, es decir, la existencia de una causal exculpatoria válida que permita al contribuyente eximirse de la responsabilidad endilgada. Por ello queda configurado el elemento subjetivo de la sanción al requerir la existencia de un accionar culposo y habiendo obrado la recurrente de manera negligente.
VI. Queda referirse entonces a la graduación de la multa.
Que el art. 50 de la ley Nº 11.683 (t.o. vigente) estableció que: "Se entenderá que existe reincidencia, cuando el infractor condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley cometiera, con posterioridad a dicha sentencia o resolución, una nueva infracción de la misma naturaleza. La condena no se tendrá en cuenta a los fines de la reincidencia cuando hubieran transcurrido cinco (5) años desde que ella se impuso". En general, la figura de la reincidencia es el fruto de las conductas infraccionales que se repiten y que hacen a la historia sancionatoria del contribuyente durante su vida fiscal y que se exteriorizan con un seguimiento por parte de la Administración Tributaria –mediante registro formal o no- . Esos comportamientos se integran y conforman un ADN del contribuyente y se utilizan (de manera positiva o negativa) para graduar, incluida la reducción, sanciones frente a nuevos comportamientos. Así como la falta de recurrencia en comportamientos contrarios a la ley, benefician a determinados sujetos, al mismo tiempo la reiteración de conductas antijurídicas, empeoran o desmejoran su situación frente al Fisco. Todos esos antecedentes conformando o integrando un registro les han servido y sirven al Organismo Fiscal como herramienta para regular la aplicación de sanciones.
Que en el caso bajo análisis se dan los presupuestos para que la reincidencia resulte operativa, en razón de que la primera infracción fue una multa aplicada mediante la resolución N° 593/2018 por la presentación inexacta de declaración jurada respecto del Impuesto al Valor Agregado periodo 07/2016. Dicha resolución fue notificada el 14 de junio de 2018 y al no ser recurrida por la actora, quedó firme el 23 de julio de 2018. La segunda infracción –ahora cuestionada- por los periodos 01/2022 y 02/2022 presenta similar naturaleza sin que haya trascurrido el tiempo límite fijado por la norma. Por lo motivos enunciados corresponde confirmar la multa aplicada con costas.
VII. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para el patrocinio letrado en la suma de $406.184 (Pesos cuatrocientos seis mil ciento ochenta y cuatro) equivalente a 4,14 UMA- Unidad de Medida Arancelaria- y por la representación fiscal la suma de $162.866 (Pesos ciento sesenta y dos mil ochocientos sesenta y seis) equivalente a 1,66 UMA- Unidad de Medida Arancelaria- los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por la ley N° 27.423, la Acordada N° 28/24 (12/07/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Resolución 1352/26 (09/06/2026) y el Decreto 1077/2017; sin perjuicio de la reducción dispuesta por el artículo 9 de la ley 27.743 y el artículo 38 inciso b) de la Resolución General (AFIP) N° 5525/2024. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen IVA.
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que adhiero al relato de los hechos efectuado precedentemente.
II. Que por una cuestión de lógica precedencia, aunque no fue planteada como cuestión de previo y especial pronunciamiento, procede analizar en primer término la nulidad impetrada por la recurrente.
Al respecto, dicha parte se agravia de la falta de motivación del acto apelado “como necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad de la actuación de los órganos estatales”; asimismo entiende que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en autos deviene a todas luces nulo, toda vez que no se encuentran detallados en él los antecedentes del caso ni la normativa aplicable, los que vinculados a la conducta en cuestión hicieran factible la configuración de la sanción, violándose así las garantías del debido proceso adjetivo.
Que la motivación tiene como finalidad “... que la Administración sometida al derecho de un régimen republicano dé cuenta de sus decisiones, que éstas puedan ser examinadas en su legitimidad por la justicia en caso de ser impugnadas y que el particular afectado pueda ejercer su defensa” (COMADIRA, Julio R; Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Anotada y Comentada , T 1, La Ley); en definitiva, un acto administrativo está motivado cuando expresa su causa , es decir, las razones de hecho y de derecho que lo sustentan.
Que del informe final de inspección que luce en los antecedentes administrativos acompañados se desprende que: .- el 19/4/2022 se notificó a Vicus SRL el inicio de inspección y se le requirió mediante F8600/I N° 0160002022022182804, entre otra documentación, las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales enero y febrero de 2022 .- el 21 de dicho mes y año el contribuyente presenta sendas declaraciones juradas consignando saldo a favor del organismo recaudador por las suma total de $ 1.650.961,01.
.- el 6/6/2022 se dicta la resolución que dispone la instrucción de sumario (notificada el 9/6/2022) en razón que la recurrente …"ha omitido el pago de impuestos mediante la falta de presentación de las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado períodos fiscales 01/2022 y 02/2022, dejando por lo tanto de ingresar el tributo en su justa medida, por aplicación del artículo 45 de la ley 11.683 t.o. dado por la ley 27.430, que se reproduce". Que por tanto, la recurrente no puede invocar desconocimiento respecto de la pretensión fiscal cuando procedió a receptarla en oportunidad de confeccionar las ddjj rectificativas, por lo que su planteo de nulidad no puede ser receptado favorablemente. Ello así, corresponde su rechazo sin imposición de costas, toda vez que dicha defensa no fue planteada como de previo y especial pronunciamiento, ni le atribuyó tal carácter este Tribunal, sino articulada una defensa más frente a la pretensión fiscal (conf. CSJN “Colorín IMSSA (TF 24.123-I) c/ D.G.I.”, 2-7-13).
III.-Respecto de los restantes planteos nulidificantes, esto es, falta de acreditación de la conducta imputada, aplicación automática de la multa en cuestión y desconocimiento de antecedentes, los mismos se encuentran dirigidos a controvertir la cuestión de fondo.
IV. Que resta pronunciarse sobre la procedencia de la multa impuesta a la luz de la normativa invocada por el organismo fiscal, teniendo en consideración que las infracciones tributarias poseen una indiscutida naturaleza penal, por lo que debe analizarse si se han configurado los elementos del tipo penal y el proceder culposo.
El ilícito de omisión de impuesto tipificado en el citado artículo, en su texto vigente aplicable al caso de autos, dispone: “ Será sancionado con una multa del ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable, quienes omitieren: a) El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas…”.
En el caso de autos, la conducta que se le reprocha al apelante es la falta del ingreso del gravamen en cuestión como consecuencia de no haber presentado sus declaraciones juradas originales correspondientes a los períodos enero y febrero de 2022, las que una vez iniciado el proceso de fiscalización fueron acompañadas, por lo que cabe considerar que ha quedado acreditado en autos la configuración del elemento objetivo del ilícito que nos ocupa.
El referido artículo 45 sólo prevé como eximente de responsabilidad la existencia de error excusable, el que ha sido admitido por nuestro Máximo Tribunal en el fallo recaído en la causa: “Astra Capsa”, en el que luego de reiterar el criterio de la personalidad de la pena en el campo represivo tributario, sostuvo: “Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos: 316:1313; 320:2271). Al respecto, cabe señalar que el Tribunal ha admitido el error excusable como eximente de responsabilidad, cuando él resulta de los extremos fácticos del caso, cuya valoración corresponde a los jueces de la causa” (Fallos: 292:195; “García Navarro, José Ramón”, 10/12/1996; Fallos: 327:5345)”. Además se ha aceptado ante una situación de caso fortuito/ fuerza mayor o en caso de mediar una razonable oscuridad de las normas o criterios interpretativos diferentes que coloquen al contribuyente en una situación de confusión que lo lleve a incurrir en tal infracción (conf. CNACAF Sala IV, "Ecohabitat S.A.", 07/05/2009). Esta última circunstancia, queda contemplada expresamente a partir del dictado de la ley 27.430 (segundo agregado a continuación del artículo 50 (50.2).
Como se explicitara en el Considerando II, en el caso de autos la conducta que se le reprocha a la SRL es la falta de ingreso del impuesto al valor agregado como consecuencia de no haber presentado las declaraciones juradas correspondientes a los periodos fiscales 1/2022 y 2/2022, las que una vez iniciado el proceso de fiscalización fueron acompañadas.
Ahora bien, Vicus SRL en oportunidad de referirse al elemento subjetivo, se limita a manifestar que no se demuestra su concurrencia …"puesto que nunca obró con negligencia, atento que siempre consideró que actuaba conforme a derecho”, sin ofrecer probanza alguna en oportunidad de interponer el presente recurso de apelación, tendiente a respaldar dicha manifestación. Ello así, cabe considerar que ha quedado acreditada la configuración del elemento subjetivo del ilícito que nos ocupa.
V. Que, por otra parte, el último párrafo del citado artículo 45 dice que “Cuando mediara reincidencia en la comisión de las conductas tipificadas en el primer párrafo de este artículo, la sanción por la omisión se elevará al doscientos por ciento (200%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir” y en tal sentido dicha reincidencia se configura …“ cuando el infractor condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley, cometiera con posterioridad a dicha sentencia o resolución, una nueva infracción de la misma naturaleza. La condena no se tendrá en cuenta a los fines de la reincidencia cuando hubieran transcurrido cinco (5) años desde que ella se impuso.” (conf primer artículo agregado a continuación del artículo 50).
Según se desprende de las constancias obrantes en los antecedentes administrativos (IF 2025-34777302-APN- DTD#JGN), el 19/4/2018 se dictó la resolución 593 -notificada el 14/6/2018- que aplica a la recurrente, con fundamento en el artículo 45 de la ley 11.683, una multa en relación con el impuesto al valor agregado del período fiscal julio de 2016, por haberse omitido el pago del tributo mediante la presentación inexacta de la declaración jurada.
El Fisco al contestar el recurso, afirma que dicho acto administrativo no ha sido apelado, por lo que ha quedado firme; tal situación, si bien ha sido desconocida por la contribuyente en el punto 4.1 de su apelación, no ha acompañado prueba alguna que contradiga tal afirmación y torne inaplicable la reincidencia aplicada.
Sentado lo que antecede, procede confirmar la resolución 511/2022, con costas.
VI. Que por la forma en que se resuelve, corresponde efecturar la regulación de honorarios a los profesionales del Fisco Nacional aplicando las pautas emergentes de la ley 27.423 y sus modificaciónes.
Así, se regula en la suma de $98.112 (pesos noventa y ocho mil ciento doce) equivalente a 1 UMA los del Dr. Walter Distel por su actuación como apoderado, y en la suma de $392.448 (pesos trescientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) equivalente a 4 UMA los honorarios de la Dra. María Gabriela Mosqueira por su labor como patrocinante, teniendo en consideración la labor profesional desarrollada, el resultado de la causa, la etapa procesal cumplida y demás pautas de la ley 27.423 Resolución SGA N° 1352/2026 (09/06/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
Se deja constancia que los honorarios se encuentran a cargo de la recurrente y no incluyen el impuesto al valor agregado. El Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Marmillon.
En atención a la votación que antecede, por mayoría SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución 511/2022, con costas.
2. Regular en la suma de $98.112 (pesos noventa y ocho mil ciento doce) equivalente a 1 UMA los honorarios del Dr. Walter Distel por su actuación como apoderado, y en la suma de $392.448 (pesos trescientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) equivalente a 4 UMA los honorarios de la Dra. María Gabriela Mosqueira por su labor como patrocinante, teniendo en consideración la labor profesional desarrollada, el resultado de la causa, la etapa procesal cumplida y demás pautas de la ley 27.423 Resolución SGA N° 1352/2026 (09/06/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
Se deja constancia que los honorarios se encuentran a cargo de la recurrente y no incluyen el impuesto al valor agregado. Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2026.07.13 13:23:09 -03:00 Date: 2026.07.14 12:58:07 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.07.14 13:10:18 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Subrogante Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.14 13:10:19 -03:00
Fin de la sentencia